Blogs

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre del 2021 la población económicamente activa en el área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

La buena noticia de dicho Informe, dando cuenta de cierta recuperación en la economía nacional sería que al primer trimestre de 2021, la tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia bajó a 8,7% luego de estar en casi 11% el año pasado, y que “el incremento en el número de ocupados, entre el primer trimestre de esta gestión y la gestión pasada, fue incidido más por la actividad económica de comercio y construcción, con un incremento del 15,7% y 3%, respectivamente; así como en servicios de hogares privados y de organismos extraterritoriales, donde la ocupación subió 2,7%. Aunque en otros sectores la ocupación cayó: Servicios de educación (5,8%), alojamiento y comida (4,8%), administración pública, defensa, etc. (3,9%), transporte y almacenamiento (3,3%) e industria manufacturera (1%).

No hay que dejar de lado en el análisis que tal comparación se hace frente a uno de los peores años de la economía en su historia -el 2020- debido a la pandemia y la cuarentena implantada; y, que los datos corresponden exclusivamente a la población urbana.

De que los números mejoraron, es evidente, especialmente cuando en agosto del 2020 el INE, con datos preliminares a julio, indicaba que "...del total de los desocupados cesantes, 434.000 personas, se puede observar que 289.000 fueron afectados directamente por la pandemia”, mientras que hoy se habla de unos 350.000 (dato del mes de marzo).

El drama es que -así sea uno solo- detrás de cada desocupado hay una familia sin recursos; además, entre los “ocupados” hay muchos que habiendo perdido su empleo o no pudiendo emplearse en su profesión se dedican a vender comida, “hacer taxi”, al delivery o al comercio, estando en situación de subempleo o desempleo encubierto/disfrazado, sin olvidar lo precario de los empleos en el sector informal que, según muchos supera el 70%.

No pierdo la esperanza de ver un día a mi Bolivia ofreciendo empleos dignos que lleven a la realización de la gente; empleos sostenibles, de larga duración, basados en la capacidad y productividad; empleos con todos los beneficios sociales, con atención de salud tanto para la prevención como la solución de las enfermedades; empleos que lleven a una mejor calidad de vida al jefe de hogar y su familia; empleos que permitan al trabajador un horizonte de previsibilidad, por ejemplo, para ser sujeto de crédito y contratar un préstamo para un auto, un lote o una casa, algo que en el sector informal no existe.

No solo eso, en el sector informal, así como en el autoempleo de subsistencia, tampoco hay beneficios sociales, horario de entrada y salida, o algún tipo de cobertura por parte del Estado: son empleos inseguros e inestables que no ayudan a la calidad de vida de la gente.

Precisamos sincerar esta situación, porque ello tiene que ver en la mayoría de los casos, con una competencia desleal e ilegal en contra de las empresas que tributan y son respetuosas de sus obligaciones para con sus trabajadores y el Estado.

La solución no es mágica, pero pasa porque se dé las condiciones mínimas de trabajo a los empresarios y a los propios trabajadores, para que se capaciten. 

Seguridad jurídica para la inversión, para quien arriesga, invierte y apuesta por el país, en todos los sectores; garantía de libre exportación de excedentes; recuperación del mercado interno, del contrabando; y, políticas públicas para ser más competitivos y productivos. Nada del otro mundo. Nada de dádivas, solo condiciones para invertir, producir y exportar más y sustituir importaciones. ¿Acaso dándose esto en el sector formal, no beneficiaría a todos los trabajadores?
 

El 26 de marzo, el Ministro de Justicia Licenciado Iván Manolo Lima Magne, había informado a los medios  –con inocultable disgusto pues causaba estragos en varios procesos de interés partidario- sobre la reciente emisión de la flamante Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0012/2021, es decir con número y fecha, por la que el Tribunal Constitucional en ejercicio de su rol de guardián de la CPE, había declarado –por fin, conforme debía para mi gusto- la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. 

Quienes por litigio, interés académico u otros, hacemos seguimiento a esas resoluciones, tratamos de obtenerla para estudio y aplicación, lo que en esos momentos, se volvió misión imposible. Hasta llegué a realizar una oferta pública en mi Facebook de recompensa (libros) a quien tenga a bien enviármela, pues surgieron una serie de rumores de fuentes muy pero muy confiables, en sentido que los Magistrados habían reculado de esa su decisión -¿Les jalaron las patillas o que pasó? - por lo que se soplaba que la ya a esas alturas esa ya famosa SCP, en otro acto de magia del TCP jamás aparecería (al menos en ese sentido) e incluso, la ex legisladora que planteó la acción de inconstitucionalidad, reclamaba vehemente su notificación y entrega de copias legalizadas. Demás está decir pese a ser el sitio oficial de seguimiento de causas, que la página web del TCP no publicó ni dio alguna información útil, lo que hoy dos meses después se mantiene.         

Hasta que un colega, me envío por whatsapp  la famosa SCP en PDF, con rúbricas y firmas y todo de sus Magistrados (hasta en cada página de sus 44, etc), siendo inmediatamente colgada en el Facebook del ICACH y circuló abundantemente en grupos de Abogados de whatsapp, etc. En lo relevante, declaraba pues la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 91 bis (prosecución del juicio en rebeldía) y por conexitud el 344 bis (Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción) del Código Procesal Penal, introducidas por las absurdas contra reformas de la Ley No. 004, recurriendo a un interesante test de razonabilidad de la desigualdad, entre otros. (Por si acaso, cumplí inmediatamente con la recompensa públicamente prometida, según ordena el Cgo. Civil). 

Para variar,  lo muy pero muy extraño del caso, es que hasta el momento, la ya famosa SCP no aparece de manera oficial a través de los canales regulares del TCP y, lo que es aún más inaudito, ayer el mismísimo Presidente del TCP acaba de desmentir olímpicamente al MinJusticia sosteniendo ya también que la causa seguiría en  trámite https://correodelsur.com/seguridad/20210508_paul-franco-desmiente-a-ivan..., aunque en su copia ampliamente compartida en las RRSS, aparece su firma encabezando sus suscribientes, además de los restantes Magistrados, (salvo una excusada, una disidente y otro que no intervino). 

¿Qué sucedió entonces? ¿Estaremos ante una sentencia fantasma? ¿Ante una SCP aparecida y/o luego desaparecida? ¿Se habrá “estido”? ¿Ante el disgusto público del Minjusticia, realmente recularon? O todo eso y algo peor? ¿O que está pasando realmente? Mientras esos misterios se despejan –y la famosa SCP circula ampliamente con más ganas, especialmente en el foro-  lo que asombrosamente está ocurriendo socava aún más –BORGES decía que nunca se sabe hasta dónde se pueda caer más bajo- la imagen de la administración de justicia y especialmente, la seriedad con la que el máximo Tribunal de Justicia Constitucional del país, debiera honrar, pues es el garante de nuestros derechos y garantías, correspondiendo haga gala no sólo de su independencia (muy discutida), sino de transparencia e idoneidad en el manejo de las causas que tramita. Se dice que la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo.          

Más allá del caso concreto y, lo que muestra, esconde y, principalmente implica en términos de seguridad jurídica, transparencia, confiabilidad e idoneidad; lo que sensiblemente está aconteciendo con la SCP No. 012/2021 y este su opaco tratamiento (que no es el único)  probablemente constituya una buena muestra del estado del arte de nuestro sistema de justicia –salvando muchos pero muchos otros casos en los que sus operadores proceden en sentido absolutamente opuesto al ejemplificado- cuando entre otros bienes, especialmente en casos de interés partidario, no nos otorga y muestra seguridad jurídica a los ciudadanos que acudimos con ese fin al sistema. Los Tribunales Constitucionales son ante todo, órganos contra poder, que tienen la feliz misión de sacarle la tarjeta roja a las leyes que vulneran las normas constitucionales y convencionales, lo que exige un tratamiento serio que jamás dé lugar a estos “misterios” de la ya célebre sentencia fantasma. SARTRE escribió al respecto: “Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también”.
 

“Lo peor del coronavirus en Latinoamérica está por venir”, sentencia The New York Times, explicando que “la desigualdad, una tara de larga data que antes de la pandemia se estaba reduciendo, ha vuelto a acentuarse y millones de personas han vuelto a ser arrojadas a la vida precaria que pensaban que habían dejado atrás durante un relativo auge regional” (Semana.com, 30/4/2021).
Es lamentable decirlo, pero un diminuto virus vino a confirmar una indeseada situación, un gran temor.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe del 2016 titulado “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, sin mediar siquiera la premonición de la pandemia en curso, pero tomando en cuenta la fase declinante del ciclo económico que se vivía entonces, se preocupaba ya por las 25 a 30 millones de personas -más de un tercio de la población que salió de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe desde 2003- en el sentido de que corrían el riesgo de recaer en la pobreza, según me dijo Dennis Funes, Representante Adjunto del PNUD en Bolivia, en mi reciente visita a La Paz.

Recordé entonces el Informe Anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dando cuenta del incremento del número de pobres en la región, número que trepó a 209 millones a finales de 2020, con 22 millones de “nuevos pobres” más que el año anterior, haciendo retroceder décadas de avance en materia socioeconómica (“Panorama Social de América Latina 2020”, CEPAL, 4.04.2021).

Grave situación, porque a la preocupación del PNUD de hace 5 años, se suma ahora el desasosiego que provoca la pandemia global, cuya expresión en esta parte del Continente -más allá de la muerte y el dolor que provoca- deja a su paso una profunda pobreza, revirtiendo los avances logrados gracias al macrociclo de precios altos que duró hasta 2014 y que, hay que decirlo con todas sus letras, no fue aprovechado por la región latinoamericana y el Caribe para cambiar estructuras productivas, sociales e institucionales, para poder enfrentar con mayores posibilidades de éxito una situación tan complicada como la que se está viviendo hoy, de manera generalizada.

Volviendo al Informe del PNUD referido supra, Funes reflexiona que más allá del ingreso per cápita que no necesariamente refleja el grado de avance de la población, está el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como un mejor indicador de bienestar, destacando que lo que en verdad incide para la salida de la pobreza, es distinto a lo que previene que las y los latinoamericanos vuelvan a recaer en ella. “En la década pasada, los mercados laborales y la educación fueron los grandes motores para dejar la pobreza. Sin embargo, es fundamental que las políticas públicas de nueva generación fortalezcan los cuatro factores que impiden retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y calificación laboral. Estos elementos clave componen lo que el IDH denomina canastas de ‘resiliencia’, que es la capacidad de absorber shocks y prevenir retrocesos, lo que es fundamental para la región en este momento de ralentización económica”, concluye.

Lamentablemente, el avance en estos cuatro frentes no se ha dado de una manera generalizada, como se hubiera esperado durante los tiempos de la bonanza, de tal manera que “estamos viendo ahora mismo por el impacto del COVID-19, cómo las personas vulnerables están en picada para recaer a la pobreza por estos temas”, indica Funes.
Duele decirlo pero, esta historia no ha terminado, casi comienza, apenas…

Cabe cuestionar, si estamos haciendo lo suficiente para enfrentar los retos de un entorno que se presenta cada vez más amenazador, al no tener que ver ello solo con la vida, sino con la calidad de vida de la gente. Si las políticas públicas no se enfocan en ello, morir por coronavirus hoy, podría resultar menos doloroso, que morir mañana por pobreza.
 

Esta vez (para variar), el latigazo vino desde el Parlamento Europeo cuando oficialmente expresó su preocupación: “por la falta de independencia e imparcialidad” de la justicia “insta(ndo) a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”.

Más allá que coyunturalmente lo resuelto por la Euro Cámara enoje a unos y alegre a otros, aquellos pontifiquen sobre el colonialismo y la soberanía (¿se acuerdan del pirata Matarollo y de su informito?) y éstos sobre la comunidad internacional, la aldea global, etc; seríamos opas con sentencia ejecutoriada para soslayar la extrema urgencia de reformar nuestro sistema de administración de justicia, lo que no interesa sólo los operadores del sistema sino a la ciudadanía y, permite –sin exagerar- lograr niveles de paz y desarrollo, siquiera mínimos.

Resulta imposible ignorar, más allá de los traumas de varios sobre intervencionismo, colonialismo, soberanía, etc que les afloran sólo cuando les conviene, que tenemos un gravísimo problema en nuestra justicia. En la oportunidad, ha sido puesto evidencia por el burdo trato otorgado a la ex Presidente Añez, pero, aplica a muchos otros casos, menos famosos, pero igual o peor de injustos. Eso, sin caer en el vicio de la generalización, puesto que soy de los pocos Abogados que sistemáticamente honra las excepciones, puesto que también me consta que sobreviven muchos operadores que alumbran justicia, pese a todo…    

No obstante, dentro de ese panorama dantesco en que ha caído el sistema, pues como sentenció MONTESQUIEU: “Una injusticia hecha al individuo, es una amenaza hecha a toda la sociedad”, sostengo que entre varias, seguramente la peor por inocultable, es su falta de independencia respecto de poderes fácticos. El principio universal sobre el que se asienta el instituto, proclama que los jueces son independientes y sólo están sometidos a la Constitución, los Instrumentos Internacionales, la ley y, claro, su conciencia. A partir de esa base es que se desarrolla la garantía de independencia que se efectiviza mediante diversos mecanismos: genuinas y confiables carreras de ingreso, permanencia, evaluación y salida y otras; que aquí, son lo que sabemos que son.

Dado ese estado del arte de nuestro sistema, se han gastado teclados y micrófonos censurando esa inocultable falta de independencia, insisto, fundamentalmente cuando se juzga casos del interés de poderes fácticos. Se dice lo obvio pero, advierto no siempre se suele aterrizar en el mecanismo –diría técnico- por el que se vacía de contenido esa garantía. Aprendiendo de mi amigo, colega Doctor en Derecho por la Universidad Complutense Jorge ASBUN: “Constitucionalismo popular y Neo constitucionalismo latinoamericano –estudio crítico” (Plural /ABEC, 2020) y Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, bebo de su fabulosa explicación doctrinal del mecanismo. Nos enseña que a partir de entender la independencia judicial como el derecho de los ciudadanos a ser juzgados exclusivamente de acuerdo con los parámetros establecidos en el Derecho, lo que distingue la función judicial de los otros órganos de gobierno, radica en que al juzgar a los jueces les está vedado (…) utilizar criterios de oportunidad o conveniencia. Un tribunal no puede juzgar con “sabiduría política”, ya que esos criterios de conveniencia y oportunidad están asignados al ejecutivo o legislativo y no al judicial. No significa para mi gusto, que al juzgar no se plasme también lo político –relación estado Vs Ciudadano- pero, esta sagrada función no puede teñirse y peor prostituirse por esas conveniencias y oportunidades, sean partidarias (el partido me hizo nombrar y debo pagarle la factura o, el jefe me hará despedir); económicas (coimas); complejos, prejuicios o hasta venganzas (esa parte me cae mal, su abogado, etc); intereses (mi fallo no caerá bien a los medios), además de cobardía o comodidad (si me equivocó, el superior corregirá) y otros, aún peores, que cuando conviene y aprovecho, le meto no más..

De entre otros males, probablemente el antes descrito, es el que peor daño ha hecho y está haciendo no al sistema, a los Abogados, sino al ciudadano y –como el PE acaba de probarlo- al propio estado; aunque ni los anteriores ni el actual gobierno –más allá de sus demagógicos discursos que ya nadie cree- han puesto genuina voluntad política para reformar de a de veras, ese nuestro sistema de administración de justicia. “Ver una injusticia y no hacer nada, es no tener valor.” CONFUCIO
 

Uno de los cambios significativos de las reformas al sistema de administración de justicia boliviano introducidos los últimos tiempos fue la creación del Consejo de la Judicatura. Doctrinalmente, se justificó en que los jueces debían dedicarse a lo que saben, es decir, administrar justicia, por lo que cabía entregar a un órgano administrativo diferente el gobierno del Judicial. Adicionalmente, se encargó al flamante organismo también el juzgar a los jueces, en la vía disciplinaria administrativa.    

A la vista de los resultados producidos en estos ya más de 20 años de existencia, existen más sombras que luces, pero soy de los que aun sostienen que aquella idea conceptual de liberar a los jueces de tareas que no sean las estrictamente jurisdiccionales sigue siendo acertada, por mucho que el desempeño de quienes han ocupado en distintos momentos el Consejo haya estado frecuentemente signado por la polémica –natural lucha de poderes con los supremos- y recientemente con mayor frecuencia, el escándalo: audios de venta y repartija de pegas, etc además de su vergonzosa sumisión al poder partidario (junto con otros organismos del sistema) y, su inocultable ilegitimidad, producto de la paliza sufrida en las elecciones judiciales. 

Uno de sus mayores déficits radica en el ejercicio de la función disciplinaria, pues más allá que será siempre complejo juzgar a jueces, su desempeño ofrece graves dudas sobre su idoneidad, en términos de haber logrado garantizarles a los administradores de justicia, el Debido Proceso.    

Nadie podría dudar que, si un Juez en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales comete una falta disciplinaria, debe ser juzgado. Se trata de faltas funcionales surgidas en el desempeño de su función, que por la doctrina de las garantías reforzadas que los jueces merecen –acertado producto de la jurisprudencia de la CORTE IDH- complejiza aun más esas tareas disciplinarias. 

En términos generales un primer elemento irresuelto es la manifiesta ilegitimidad de los Consejeros, tanto de la anterior tanda como de la actual: si han perdido en las urnas electorales y pese a todo, ejercen su cargo por respaldo partidario, resulta muy discutible que ejerzan la función disciplinaria sobre jueces de carrera que han ingresado al sistema por méritos, pese a que sensiblemente, el porcentaje de jueces de carrera en el sistema judicial sólo bordea el 20% del total, porfiando el Consejo en tenerlos como transitorios para, incluso, tratarles como seres de segunda categoría.    

Peor aún es el ejercicio mismo de la función disciplinaria, completamente teñida por consideraciones ajenas a su naturaleza, que se traducen entre otros vicios, en persecución selectiva, frecuentemente orientada al escarmiento de quienes no se alinean con intereses y órdenes partidarias. En las últimas semanas, el caso de la Juez Jimena Mendizabal suspendida por 1 mes de sus funciones jurisdiccionales estando aun con secuelas de Covid y luego que resolvió en contra de aquellos intereses, ha patentizado esa deslegitimización de la función disciplinaria, alcanzando niveles grotescos, que el sistema no ha tenido la capacidad de anularlos.

La Juez es juzgada por el retardo de 1 mes y días para providenciar dos memoriales. Alegó que el recargado trabajo en su despacho había generado esa demora, por lo que no era indebida sino estaba justificada (dudo exista algún Juez que no haya caído en lo mismo). Sin embargo, habiendo sido declarada culpable en sentencia, apela y, la resolución de su apelación, demora en el Consejo de la Magistratura cerca de 8 meses y luego, la simple devolución del expediente al juzgado de origen demora 1 año y 5 meses (lo que dura en el peor de los casos una semana). Solicitada la explicación y enmienda del fallo de 2ª instancia, se explica por un Consejero que no emitió el fallo y, nuevamente la devolución, demora otro año y 2 meses. En total, incluyendo la ejecución que demora otros meses –bajas por covid incluidas- el proceso disciplinario por retardación de justicia que debía durar aproximadamente 3 meses, demoró 39 meses a cargo de la administración disciplinaria del Consejo de la Magistratura, con lo que se tornó en arbitrario, irrazonable y arbitrario, pues resulta absurdo que el Consejo castigue a un Juez por una demora de 1 mes y días, tardándose 39 meses. BECARIA hace siglos, ya había sostenido, mutatis mutandis: Me parece absurdo que las leyes, que son expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, cometan ellas mismas también uno, ordenando un homicidio público para alejar a los ciudadanos del asesinato.       
 

Pocas veces me emocionó tanto una Conferencia, como la organizada por la Gobernación de Santa Cruz y la Biblioteca Departamental y ofrecida por la socióloga Ana Carola Traverso-Krejcarek: “Modelo de Desarrollo Cruceño: Historia, impacto y legado”. Este es el resumen que la autora hizo de su Exposición:

“La historia cuenta mucho más que la serie de acontecimientos que explican el presente. En la narración de la historia se encuentra la dirección que tomará el futuro. Las sendas y sus variantes que nos llevarán a la grandeza o la miseria se establecen en cómo se hilvanan los hilos que relatan los hechos. Por eso es importante invertir tiempo y recursos en investigar, analizar y principalmente difundir los elementos de nuestro pasado, para no perder la brújula que nos conducirá a buen puerto.

Al tomar la historia cruceña como caso de estudio, destacan tendencias que nos han marcado como pueblo. La búsqueda incansable por el progreso, la marginación-negación desde el Estado boliviano y el desarrollo de una consciencia regional son trazos que fueron alimentando nuestro sentido de identidad política y social. Estos elementos han sido constitutivos en nuestro pasado y han alimentado generación tras generación el proyecto cruceño, dotándolo de las características que hoy nos definen.

Los logros que conseguimos no son para menos. Saltamos de ser un espacio territorial periférico al epicentro de las actividades económicas y al corazón de los principales cambios sociales en el país. A lo largo del siglo XX perfilamos instrumentos y mecanismos de lucha que nos posibilitaron desarrollar nuestro propio modelo de Estado. Y a pesar de embates históricos temporales, el espíritu de lucha pervive, mutando, adaptándose y sobreviviendo.

Es fundamental reconocer cómo hicimos el salto que hoy nos enorgullece. Los cambios que auspiciamos los cruceños los debemos a nuestra capacidad de crear instituciones modernas y articular relaciones entre instituciones para apalancar desarrollo. Algunos ejemplos de estas instituciones son los extintos Comité de Obras Públicas y Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. Estas entidades público-privadas lograron un manejo óptimo, racional y ejemplar de las regalías petroleras, creando un modelo de gestión que nos permite hoy, la riqueza de la que gozamos.

Pero nuestra historia institucional tiene importantes lecciones que debemos recordar. Sin importar cuán sólidas sean, las instituciones y sus logros son frágiles y pueden fácilmente desaparecer mañana. No podemos tomarlas por sentadas, y debemos entender que nuestra misión es contribuir a su fortalecimiento.

Asimismo, nos marca la cuestión regional en nuestro relacionamiento con el Estado. Obviarlo es un error común, en especial en líderes desprovistos de formación política e histórica. No obstante, es imprescindible entender que el potencial de nuestra grandeza radica en la capacidad de establecer una dinámica de permanente insubordinación con las estructuras estatales bolivianas.

Finalmente, y la más importante de todas las lecciones se refiere a la imaginación moral. Nuestra lucha se debe a nuestro pueblo y a quienes reivindican un futuro con oportunidades equitativas de desarrollo. La belleza de nuestra historia yace en cómo fuimos capaces de soñar con un futuro en consonancia con las vocaciones y necesidades reales de nuestra gente. Nuestra capacidad de proponer soluciones prácticas, usando algo tan simple como el sentido común y el apego a la cuestión regional, así lo demuestran.

Como se puede ver, la historia y cómo la contamos es una labor imprescindible que marcará a quienes nos seguirán en la lucha por un mañana más digno. Porque en sus anales se encuentran cual pasadizos secretos las claves que explican nuestro presente. Por eso, más que nunca, debemos retomarla como práctica y método. Así podremos imbuirnos de la inspiración necesaria en nuestra eterna búsqueda de justicia social.”

Invito a ver la brillante Conferencia del 28.3.2021 en Facebook.com/FundacionCOTAS
 

A menudo solemos escuchar aquello de que en el país las cosas se terminan resolviendo en última instancia en la calle, porque tenemos una sociedad civil fuerte con un Estado débil. Más aún, teniendo en los últimos años movilizaciones sociales importantes cuyo contenido no era popular en las capitales de departamento y que no salían reclamando por un tema económico, que forma parte de nuestra tradición de protestas, sino por un asunto político.

Si nos preguntamos entonces cuáles son los actores con capacidad de veto y poder efectivo en el país a la hora de determinar el curso de la política, nos daremos cuenta de que este campo está constituido por: la Asamblea Legislativa como un actor pasivo formal. Después también se encuentran todos los actores que integran el campo multiorganizacional que tenemos, desde las organizaciones sociales indígenas y campesinas hasta los comités cívicos y plataformas ciudadanas, todos estos como actores activos informales de veto.

En el sector de los actores activos de veto tampoco hay que olvidar a los empresarios del país. Hasta aquí, es tarea del gobierno nacional encarar complejos procesos de negociación constantes con todos estos actores de veto, con la salvedad de entender que todos estos generan escenarios de inestabilidad política que no necesariamente llevan al extremo de desplazar al gobierno nacional del poder político.

En cambio, existen actores de veto que pueden generar escenarios de inestabilidad más comprometedora a nivel de lograr crisis de gabinetes de gobiernos o incluso desplazar del poder al Presidente. En primera instancia encontramos a la policía, esta actúa como un grupo corporativo homogéneo en todos los gobiernos y casi siempre cruzando la frontera entre ser actor activo de veto y actor pasivo de veto, son un grupo que constantemente están negociando sus propios intereses y actuando al mismo tiempo sigilosamente en caso de que la situación lleve al extremo de tener que presionar para la salida del Ministro más cercano a ellos o incluso llegar a la instauración de un motín policial.

Finalmente, se encuentran como un actor pasivo de veto, pero no menos importante, a las fuerzas armadas, no actúan como los policías, pero su papel en cuanto se vuelven actores activos es determinante y definitivo porque su presencia en escenarios de inestabilidad política y social se debe a que el Ejecutivo o se pone a practicar el ejercicio legítimo de la fuerza sobre la población, o las fuerzas armadas deciden retirar el apoyo al gobernante de turno y con eso generar como resultado un punto de quiebre que se traduce en una verdadera crisis de Estado.

Si revisamos los acontecimientos de las últimas semanas en torno al tema del golpe de Estado y su judicialización, veremos que respecto de estos dos últimos actores de veto, policías y militares, se decidió acometer acciones más duras y estrictas contra las fuerzas armadas que con la policía, a día de hoy los miembros de la policía involucrados en este caso tienen a lo sumo detención domiciliaria, frente a los militares que se encuentran con detención preventiva en cárceles. Por supuesto que esto como se dijo antes, obedece a un proceso complejo de negociación y ejercicio del papel del tipo de actor al que pertenece el grupo corporativo, sea pasivo o activo; y está claro que en la medida que seamos conscientes del peso específico político que juegan tanto policías como militares en la política hoy no es neutral, sino que tiene que ver al igual que el resto de actores simplemente con un cálculo de intereses específicos.

Muy orondo, el Ministro de Gobierno con motivo del pescotis a su ex colega Characayo recibiendo el adelanto de una coima de 20.000 whasingtones, en conferencia de prensa ha confesado que con el equipo de inteligencia y la tecnología con la que contaría su despacho, logró desmantelar esa red de corrupción de tierras, recurriendo entre otros medios, a “conversaciones telefónicas” usadas para ese fin.

No es que censure la lucha contra la corrupción pública, la aplaudo y espero sea efectivamente realizada sin importar la ocasión, el cargo o la persona que se trate sea de la oposición o del oficialismo, aunque en el caso y por lo admitido públicamente por el mismísimo MinGobierno, me ha sido mutatis mutandis, imposible no acordarme del célebre escándalo “Watergate” que le costó la pega al Presidente Richard Nixon (1970) precisamente cuando los periodistas Woodward y Bernstein, entre otras perlitas, revelaron ya en aquellas épocas –imagínense lo que ahora habrá disponible- un sistema oficial de escuchas o espionaje a conversaciones privadas, de sus opositores.

Y es que la plausible lucha contra la delincuencia organizada o de cualquier linaje, admite límites, fundados en la dignidad del ser humano. Es lo que los garantistas propugnamos cuando sostenemos que por muy buena que sea la intención, el ejercicio del derecho de castigar o perseguir el crimen, debe enfrentar límites –garantías-  puesto que de lo contrario, no existieran diferencias entre quienes persiguen el delito y los cometen. El estado no puede rebajarse al mismo nivel de la delincuencia.

En el caso boliviano, la Constitución es clarísima: partiendo del principio por el que la dignidad de la persona es inviolable, siendo obligación primordial estatal protegerla, todos tenemos derecho a la privacidad e intimidad; por lo que su art. 25 es taxativo al precisar: “Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”, castigando a continuación a la información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas, pues no producen efecto legal. 

El Código procesal penal declara su principio rector en materia probatoria por el que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como sus presupuestos, los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la CPE e incluso, el Código Penal tipifica como delitos aquellos actos que agreden al bien jurídico de la inviolabilidad del secreto (tipos penales de sus arts. 300, 301 y 302). 

No cabría entonces caer en la ingenuidad de simplificar la lucha contra la delincuencia, pretendiendo que el fin justifique los medios empleados. Todo gobierno genuinamente democrático y su sistema penal deben ser coherentes con los valores  y principios de la CPE y los Instrumentos Internacionales en materia de DDHH y, por mucho que los fines sean loables –tolerancia 0 a la corrupción, se discursea- el estado, más aún cuando se trata de su repartición que en todo gobierno enfrenta las peores tentaciones dada su naturaleza represiva, debieran también ser coherentes con la normativa que, precisamente, fija límites a su proceder. 

Así el estado del arte dada la pública confesión del Ministro, surge para cualquier ciudadano medianamente informado un pequeño gran detalle a modo de interrogante: ¿Si así se procedió en ese caso, no se hará lo mismo tratándose de otras personas? Por ejemplo opositores u otros que no son santos de devoción del gobierno: ¿Tendrán también pinchados sus teléfonos, sus comunicaciones privadas? ¿Será que el Mingobierno está fisgoneando a los ciudadanos bolivianos y al contestar una llamada habrá que también saludar a sus espías? Entonces: ¿La confesión del Ministro fue una metida de pata o una advertencia para infundir miedo al resto de la ciudadanía?  El propio ZAFFARONI en sus buenos tiempos, había advertido: “Gobernar mediante el miedo importa la fabricación de enemigos y la consiguiente neutralización de cualquier obstáculo al poder punitivo ilimitado, supuestamente usado para destruir al enemigo, aunque todos sabemos que es materialmente utilizado para lo que el poder quiera. Siempre el fenómeno es en el fondo una inmensa estafa para distraer la atención de otros riesgos y obtener el consenso para ejercer un poder policial sin control”.                
 

Una vez escribí “nunca es tarde para cambiar, a no ser que ya sea demasiado tarde” y más de uno no entendió la sentencia y hasta criticó mi pensamiento, frente a lo cual puse el ejemplo de una relación deteriorada entre dos personas, la que solo se podrá recomponer mientras ambas estén vivas, pero si una de ellas parte de este mundo, entonces no habrá más, la oportunidad de hacerlo.

Lo mismo aplica a otras áreas de la vida, como en el caso de la salud, cuando una persona admite su adicción y decide cambiar a tiempo y dejar la droga o el alcohol, y gracias a ello su cuerpo no sufre irreversibles consecuencias.

Exactamente igual pasa con quien está presa del vicio del juego, del sexo, la avaricia, el engaño o la corrupción: si en algún momento no toma conciencia de sus actos, las derivaciones de ello pueden resultar dolorosas y nefastas, y no únicamente para esa persona, sino también para su familia.

En realidad, pasa con todas nuestras decisiones. Reconocer un error y solicitar ayuda o consejo a tiempo, puede significar la posibilidad de corregir una situación, pero también para conseguir lo añorado o evitar algo no deseado.

Mucha gente no acepta sus errores, no escucha consejos, persiste en ellos, y la consecuencia de su porfía será su posterior lamento y dolor, al no poder revertir ya, lo que una vez pudo cambiar a tiempo; tarde será su arrepentimiento por no haber tomado las mejores y más correctas decisiones en su debido momento.

La vida es un cúmulo de buenas y malas vivencias, es por eso que más de una vez dije a mis hijos en nuestras diferencias: “Créanme, tengo más experiencia que ustedes, porque me equivoqué más veces que ustedes y no quiero que pasen por los mismos errores que yo cometí, y sufran por ello”. Eso en lo particular, pero pasa también en lo colectivo.

¿No se confrontan, acaso, los aciertos y errores en diferentes países a lo largo de la historia? Algunas naciones, habiendo sido pobres por mucho tiempo, decidieron por mano de sus gobernantes dejar de hacer lo que venían haciendo y tomaron la decisión de cambiar e implementar buenas políticas con el resultado de ser hoy países avanzados, con una población que disfruta de una mejor calidad de vida, pero además, de posibilidades ciertas para su desarrollo futuro, porque dieron el correcto “golpe de timón” a tiempo, y no se equivocaron.

Pero también los hay aquellos que habiendo tenido una gran prosperidad en el pasado, hoy sufren de pobreza e inestabilidad social, y su población carga no solo con las consecuencias de las malas decisiones de sus gobernantes en el pasado, sino además, con la insistencia de seguir haciendo lo mismo en el presente, comprometiendo su futuro por no haber cambiado a tiempo.

Conozco a una persona temerosa de Dios que está viviendo una segunda oportunidad y ha decidido poner las cosas en orden, lo cual es bueno pues nadie sabe en qué momento partirá de este mundo; luego de haber estado al borde de la muerte el pasado año decidió cambiar muchas cosas. La cama es buena consejera para ver lo que se estaba haciendo bien o mal en el campo espiritual, familiar, laboral, etc.

Viendo el mundo que le rodea, esa persona cuestiona: ¿De qué vale vestir una costosa corbata, una camisa impecable, un grandioso terno o un polo “de marca”, si internamente las cosas van mal? No vale tampoco hacerse el humilde, disfrazarse o hacer las cosas por aparentar: si no hay un amor verdadero por el prójimo, de nada vale si no hay integridad…

Cuando Dios le dé una segunda oportunidad, no la desaproveche. Si la vida le da la posibilidad de hacer las cosas bien, aprovéchela, pues más temprano que tarde cosechará el fruto de su siembra.

Como dijo el sabio Salomón, luego de sus tantos consejos y desatinos: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. Esta recomendación va tanto para gobernantes como gobernados.
 

Ayer domingo, l@s ciudadanos Chuquisaqueños, Chapacos, Pandinos y Paceños habremos acudido a sufragar en segunda vuelta para Gobernadores. ¿Cuántos habrán acudido obligados sólo para tener la papeletita que les permita realizar trámites? ¿Cuántos habrán querido elegir entre las dos opciones y ejercer su derecho?  ¿Cuántos, si podrían, habrían también elegido no hacerlo? 

Recordemos que en Bolivia, el sufragio es obligatorio pues de lo contrario, el estado te castiga, impidiéndote realizar trámites y otros, algunos hasta desproporcionados. Es también evidente, que además de ser una obligación, paralelamente es un derecho que tiene que ver con la participación en la conformación de los poderes públicos y para los candidatos, en su dirección. 

Dada la especial naturaleza del “ballotage” (del francés batoller: "elegido por vot ") estimo –escribo domingo por la mañana- que los porcentajes de ausentismo serán altos, pues percibo en el ciudadano cansancio electoral, muy poca confianza en la administración y justicia electoral, multiplicado por el riesgo por la pandemia y la vergonzosa inexistencia de vacunas accesibles a los ciudadanos (sólo circulan virus, discursos y pretextos).

¿Qué pasaría si como ocurre en otros lares, el sufragio no fuera obligatorio? No es un dislate lo que les indago, pues así como es un derecho, podría también elegir el ciudadano ejercerlo o no; por ejemplo, dentro del mismo rango, cumpliendo ciertos requisitos, todos tenemos derecho a candidatear, más la mayoría elegimos (afortunadamente, en mi caso), no ejercer ese nuestro derecho.       

Ocurre que como es la clase política la que hace las leyes, para dotarse de algún baño de legitimidad (que en muchos casos ni así lo logra), obliga al soberano a votar, aunque frecuentemente al final del día, su voto no importa nada. Acuérdense en Bolivia, por ejemplo, si ha servido de algo en la práctica en las dos elecciones judiciales la decisión del soberano cuando ganaron –por tunda además- los votos blancos y nulos, pero los perdedores orondos ejercieron y ejercen su cargo, pese a ese su avanzado e inocultable grado de ilegitimidad.    

Efectivamente, el derecho a elegir constituye un derecho político (arts. 26 y sgtes de la CPE y 23 de la CADH) que forma parte de los denominados derechos civiles y, por supuesto, contribuye a la salud democrática de todo estado. Empero, haciendo la ponderación respectiva, cabe también precisar que no debería agotarse en que el estado te obligue a emitir tu voto (hasta con castigos), sino también –además de luego fiscalizar al poder público así elegido- a que en ejercicio de los derechos también constitucionales y convencionales, como el libre desarrollo de la personalidad y especialmente, la libertad de pensamiento y de expresión u opinión, que el ciudadano elija también, no acudir a sufragar, por los motivos legítimos que el considere pertinentes en su fuero interno.

Así el estado del arte, muchos ciudadanos acuden a votar obligados para evitar ser castigados por el estado, pero quienes discursean y hacen olas a ese ejercicio –que me parece muy bien, son políticamente correctos- parecen omitir que también así como eliges votar en favor de alguna opción o ninguna (blanco o nulo), el ejercicio pleno de ese derecho también abarca el elegir no sufragar, sin que el estado te castigue por el ejercicio de esa otra opción, absolutamente legitima pero hoy no legal, al no estar disponible y ser hasta castigada.    

Elegir significa “escoger o preferir a alguien o algo para un fin” y, por tanto, cabe perfectamente dentro de ese abanico de posibilidades, el escoger no sufragar, así como exactamente lo contrario, hacerlo por X o Z o lo que la persona estime adecuado. ¿Estará el estado, la clase política y la ciudadanía madura para asumir ese desafío? William JAMES, sostiene: “Cuando debemos hacer una elección y no la haces, esto ya es una elección.”