Blogs

Como hasta este momento aún no hay resultados ni siquiera extra oficiales de boca de urna este 18-0 y el Presidente del OEP acaba de decir que demorarán aún, escribo sobre lo único seguro hasta el momento: en próximas semanas habrá nuevo gobierno y, además de encarar las crisis urgentes –económica y sanitaria, para empezar- deberá también enfrentar la gravísima crisis de la administración de justicia. 

Diagnósticos de su estado terminal abundan y coinciden, así que intentemos siquiera a grosso modo vislumbrar algunos de los desafíos inmediatos. Lo primero que se requiere para intentar solucionar aquel estado, es voluntad política: ¿Está realmente dispuesta la clase política sea del color que sea a tener un tercero imparcial que le respire en la nuca? ¿Un tercero imparcial que le ponga límites al ejercicio de su poder? Esa es la condición indispensable para empezar a solucionar el entuerto actual: corrupción, retardación, falta de independencia de poderes fácticos, incumplimiento de su rol tutelar, etc. Demás está decir que de ganar los que agravaron hasta límites nunca antes vistos, ese deplorable escenario, no habrá lugar a ninguna posibilidad siquiera de mejora, sino lo contrario. 

La segunda tarea es recuperar la institucionalidad del sistema. Pasa, sin ánimo de ser exhaustivo, empezar por: a) reformar el sistema de elección de altos cargos, pues la elección popular ha fracasado, al extremo que todas esas autoridades son demostrablemente ilegítimas por haber perdido por goleada en esas elecciones, y b) construir genuinas carreras fiscales, judiciales y de los restantes operadores del sistema, de forma que ingresen, se mantengan y sean despedidos si correspondiere, a través de sistemas confiables en función a méritos profesionales y no otros que han prostituido el sistema.

Sin caer en el economicismo, se requiere que el sistema reciba una asignación presupuestaria suficiente como para garantizar su funcionamiento siquiera regular en términos de cobertura nacional, personal y medios; actualmente no recibe ni el 1% del PGE, lo que prueba la ninguna importancia que recibe.

Y luego, habrá que encarar tal vez la reforma tal vez más compleja que requiera de mayor tiempo. Urge reformar las “leyes de desarrollo constitucional” que vaciaron de contenido la nueva Constitución –con algunas disposiciones interesantes y otras deplorables- empezando por las que mayores violaciones de DDHH producen. En ese sentido, será urgente empezar por la reforma de la contra reforma penal y así sucesivamente hacia otras materias.

Tareas titánicas que requerirán, indispensablemente, de un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas que resulten con presencia en el nuevo escenario político partidario naciente, sin que como ha ocurrido recientemente, se imponga una facción por sobre la otra, una de las causas de su ostensible fracaso.

Como se concluirá fácilmente, esas tareas y otras no aquí vislumbradas, requieren de un talante genuinamente democrático que es lo opuesto a los delirios tiránicos que están aún frescos en nuestra historia. Si aquella fuerza lograría volver al poder, la justicia boliviana seguirá ocupando los peores lugares no sólo regionales sino globales –como lo prueba sostenidamente el ranking del World Justice Proyect en todas sus versiones anuales- , si acaece lo contrario, existirá una fabulosa oportunidad para la ciudadanía. Ojalá ocurra. “El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado”. Willy BRANDT        
 

La economía boliviana cayó 11,11% a junio del 2020 por causa de la pandemia del Covid-19, informó el INE a través de su Boletín Estadístico – Octubre 2020.

La cuarentena implementada para precautelar la salud de los bolivianos afectó el normal desarrollo de las actividades económicas con un severo impacto sobre el sector productivo, comercial, de servicios, y la sociedad misma.

La estrepitosa caída del Producto Interno Bruto (PIB) al primer semestre se debió a los abruptos descensos en las importaciones (-31%), las exportaciones (-20%), la inversión (-17%), el consumo familiar (-6%) y del sector público (-3%).

En términos de actividad económica, el sector más afectado fue el de la construcción (-51%), seguido de: minería (-39%); transporte y almacenamiento (-18%); servicios (-16%); industria manufacturera (-13%); comercio (-11%); electricidad, gas y agua (-6%); petróleo y gas natural (-5%); y, establecimientos financieros (-4%). Su retroceso ocasionó un fuerte impacto económico y social.

Solo tres actividades crecieron al primer semestre: Comunicación (6,1%), por el uso de Internet para efectos laborales (teletrabajo) y educativos (clases virtuales) durante el confinamiento; Servicios de la Administración Pública (1,5%) y Agropecuaria (1,5%). Esto amortiguó la caída del PIB y de los ingresos familiares.

¿Cómo acabará la economía este año? ¡Solo Dios sabe! Nos irá mal, si se da un rebrote del Covid-19; si la demanda mundial no se reanima; y, si los bolivianos nos seguimos empeñando en bloquear nuestras posibilidades de desarrollo.

Con 289.000 desempleados hasta julio por causa de la cuarentena, y 434.000 contando el desempleo estructural…¡tamaño desafío que le espera al próximo gobierno!

Frente a la amenaza de consumar la peor caída de la economía en décadas, si no se encara políticas públicas valientes e inteligentes -urgentes, además- una severa crisis económica y un gran descontento social se avizoran, lo que no se podrá salvar con bonos ya que no habrá dinero que aguante…

Es de esperar que los futuros gobernante hayan asimilado la “lección aprendida” con estos números del INE: que el hombre puede dejar de hacer muchas cosas, pero nunca dejará de comer, para lo cual hay que producir alimentos...

El sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador, con el sector forestal, tienen la capacidad de reacción inmediata para evitar una futura crisis, con la inversión, producción, empleos, ingresos, tributos y divisas que generen, en beneficio de todos los bolivianos.
 

Molestia y desconcierto causó en Santa Cruz el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, al decir que no conocía el modelo económico cruceño, pese a que por casi 14 años fue Ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno anterior, habiendo defendido a capa y espada su Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (Mesocopro) con un Estado benefactor, interventor, regulador, inversionista, planificador, empresario, banquero, nacionalizador, industrializador, empleador, redistribuidor; promotor de la demanda interna; inductor de inclusión social; gestor de ahorro interno para bajar el endeudamiento y generar superávit fiscal.

El Mesocopro funcionó gracias al auge mundial, la economía informal y las remesas externas que prodigaron una cantidad de recursos como nunca antes. El PIB nominal, de menos de 10.000 millones de dólares en 2005 superó los 40.000 millones (2018 y 2019) aunque deflactando su valor, apenas se duplicó comparado al del 2005. Durante el Mesocopro la industria bajó su aporte al PIB y éste nunca creció al 7% como lo hizo por 5 veces entre los años ´50 y ´70.

Bolivia se “reprimarizó”: la exportación de recursos extractivos y no renovables que no llegaba al 70%, subió al 80%; la pérdida de mercados provocó una desindustrialización en el sector textil, maderero, de calzados y lácteos. Así, Bolivia es hoy más vulnerable al depender de las materias primas e importar lo que antes exportaba. El manejo del tipo de cambio como instrumento antiinflacionario -fijo desde 2011- hace que sea más fácil importar que producir, provocando un déficit comercial de 5.000 millones de dólares desde el 2015.

El objetivo de bajar la deuda externa no se dio: de 2.208 millones de dólares en 2007 (luego de su condonación) superó los 11.000 millones en 2019. La deuda interna pasó de 2.950 millones de dólares (2005) a más de 6.300 millones (2019).

El orgullo del superávit fiscal, que sumó 2.511 millones de dólares (2006-2013), palideció luego frente al déficit fiscal por más de 15.000 millones (2014-2019): el Mesocopro fue insuficiente para generar ahorro interno.

Bolivia gastó más de 11.000 millones de dólares en 14 años importando gasolina y diésel, siendo que se podía producir biocombustibles con agrobiotecnología.

El 2018 ganamos el título mundial de la informalidad y la precariedad laboral, con más del 60% (FMI), por causa de los altos costos tributarios y sociales.

Las Reservas Internacionales Netas, de 15.000 millones de dólares en 2014, cayeron a menos de 6.500 millones (incluyendo 2.000 millones de bonos soberanos colocados en Wall Street a un interés de 100 millones de dólares/año).

La Inversión Extranjera Directa neta se fue a pique: en 2019 hubo una desinversión por -237 millones de dólares…¿por qué no vendrán capitales a Bolivia, no?

Eso, respecto al Mesocopro. Veamos ahora el modelo productivo cruceño...

El modelo productivo de Santa Cruz se basa en 5 factores: tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad. Sus valores son: libre iniciativa, individualismo, cooperativismo, mercado, integración y exportación. Santa Cruz no aspira a vivir del Estado, pide que si éste no va a ayudar, no perjudique...

Desde 2015 es el Departamento más poblado, superando los 3 millones de personas. La migración interna y la llegada de empresas a este polo de atracción, no paran.

El PIB cruceño supera los 12.000 millones de dólares; aporta con el 30% al PIB nacional y “jala” su expansión, al crecer más que éste. Gracias al modelo cruceño, basado en la agropecuaria, agroindustria y agroexportación, Bolivia es autosuficiente en alimentos: 74% del total se genera acá.

Santa Cruz significa el 25% de las exportaciones globales; más del 60% de las no tradicionales y 75% de la agroexportación. La exportación de soya transgénica aportó 10.000 millones de dólares, por 25 millones de toneladas desde 2006.

La pobreza que en Bolivia es del 37% y la extrema del 13%, en Santa Cruz es de 25% y 6%, respectivamente. La electrificación del 46% en 2006, ha pasado al 98%; el acceso al agua potable es del 96%; sus carreteras suman 6.300 km, gracias al modelo redistributivo de las regalías por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz: 50% para obras en provincias productoras de hidrocarburos, 40% para las no productoras y 10% para pueblos indígenas.

Su Índice de Gini del 0,386 da cuenta de la mejor distribución del ingreso en Bolivia.

Esito es parte del “modelo cruceño”, aunque sus bondades son muchas más…
 

Estamos a una semana del 18-O y, se repite hasta el cansancio que las elecciones que se vienen serán las más importantes: siempre lo han sido, pero las próximas serán las más importantes de todas. ¿Será así? 

Convengamos que siempre ante cada elección, la que viene resulta la más importante y así sucesivamente, lo que denota que cada una tiene sus peculariedades en función a la coyuntura imperante. La que se viene –de ahí el título de esta mi opinión- sin duda marcará el inmediato y mediato futuro de nuestra Bolivia no sólo en lo estrictamente político sino en todas sus connotaciones (suena de Perogrullo) pero, estimad@ ciudadan@, el voto que emitiremos el domingo próximo será simple y llanamente absolutamente decisivo para afianzar –ojalá definitivamente- el tránsito hacia un genuino sistema democrático (con sus luces y sombras) o, el retorno a la tiranía, aunque se haya disfrazado de democracia (otra estrategia envolvente). Ese el calibre de nuestra decisión ciudadana ante las urnas de este 18- 0: That's the question, estimad@s.

Y es que descartando las candidaturas que según las últimas encuestas –escribo el sábado 10 por la noche- serán sólo anécdota –no llegan ni al 2%- resulta para mí entender, que la tendencia quedó clarísima - intenciones más, intenciones menos- la verdadera elección será entre el representante del tirano fugado y Cia Versus el aspirante a desmontar los 14 años de ejercicio arbitrario del poder, caricaturizado por la tristemente frase del “meterle no mas aunque sea ilegal”. No se trata de aquella lid –épocas de la guerra fría- entre derecha Vs izquierda, sino entre quienes defienden el ejercicio despótico del poder a través de su concentración total, versus quien, al menos así discursea, defiende un poder limitado.

Las mismas encuestas ponen en la situación más compleja que podría tener un candidato, al tercero en liza. Nadie podría desconocer e incluso aplaudir, el valiente rol que tuvo para la huida del tirano en noviembre, sin que ello implique menoscabar la fabulosa rebelión ciudadana que fue decisiva para ese feliz resultado, pero a la luz de las encuestas cuyas tendencias son coincidentes, acaece que al tercero no le alcanza para campeonar, pero… podría contribuir significativamente ayudar hacerlo a quien representa al que contribuyó de manera importante, a fugar y/o por lo menos a que su facción tenga una importante bancada parlamentaria que como estamos sufriendo –Eva y Cía- pondría de figurillas a cualquier gobierno que no sea de su agrado. 

El dilema es que así como están las cosas, si en primera vuelta se decide el poder y en la segunda, de haber, al Presidente, hoy el horno no está para esos bollos, dado el acecho del autoritarismo.

Aunque como ciudadano, jamás le daría más de dos tercios parlamentarios a ninguna facción –sea del signo que sea- y a la prueba me remito: la actual composición parlamentaria y también la anterior legislatura, han eclosionado el rol del legislativo condenado sólo a levantar la mano aprobando las órdenes de su jefazo, abdicando la esencia deliberativa de un parlamento. Urge una nueva composición que se acerque a la naturaleza de una instancia genuinamente deliberativa, que permita –ojalá, sin negocios de por medio u otras fechorías- recuperar aquella naturaleza política deliberativa de todo parlamento, lo que implica construir acuerdos entre las distintas facciones con visiones distintas.

En su ya célebre libro “Cómo mueren las democracias” (Levitsky – Ziblatt) nos dan valiosas pistas. Las actuales democracias fallecen ya no a través de golpes de militarotes, sino de presidentes hasta electos, que subvierten el proceso que los llevó al poder. El vaciamiento democrático puede comenzar en las urnas a través de autócratas electos –o sus títeres- que mantienen una fachada de democracia, que la van desmontando hasta despojarla de su contenido. Los asesinos de la democracia usan las propias instituciones para, gradualmente, liquidarla. Lo bueno es que un frente democrático unido puede impedir que un extremista de aquellos que empiezan como demagogos y acaban como tiranos, accedan al poder, lo que a su vez, puede implicar salvar a la democracia. Ese es, para mi gusto, el estado del arte. Así que conciudadanos, no olvidemos para este 18-O que: “Perder una democracia, es mucho peor que perder unas elecciones” LEVITSKY - ZIBLATT     
 

Han degradado la política, tanto que ya no se la entienden como decía Arendt, como la actividad más noble de participación activa en la vida pública en la que todos estamos involucrados, gobernantes y gobernados; la han secuestrado primero la clase política, y desde la crisis sanitaria, el actual gobierno transitorio; el tema central de la cuestión es que nos dicen que en este tiempo de crisis social que vivimos por la pandemia es negativo, y hasta pecaminoso, criticar lo más mínimo de lo que las autoridades hacen, un argumento parecido al padre estricto que nos dice que lo que realiza sobre nosotros es por “nuestro bien”.

En nuestro caso en particular, venimos arrastrando una crisis política desde finales del año pasado; la turbulencia fue impulsada principalmente por el oficialismo masista en su momento, que derivó después en la ampliación de mandato de un gobierno transitorio. A esa se sumó una crisis sanitaria cuyo accionar y resultados hasta ahora hizo crecer aún más la sombra de la incertidumbre sobre nuestro país. Para rematar el mal de males, es más que seguro que en un tiempo corto la crisis económica se mostrará con toda su fuerza.

La crisis política y su secuestro solamente los vamos a resolver si primero aprendemos a aceptar que politizar lo social como ejercicio del activismo ciudadano es importante desde todas las aristas posibles. Por lo mismo, la clase política no debería reaccionar ante las críticas sino recibirlas y digerirlas. Segundo, y muy importante, una medida de shock que resuelva la crisis política es sin duda el proceso electoral; por eso a los partidos les corresponde hablar de propuestas y no atacarse mutuamente; al Tribunal Supremo Electoral, presentar propuestas de cómo hacer que el proceso electoral sea llevado adelante de la mejor manera; a las FFAA y la Policía, con el perdón de la ironía, les convendría dejar de hacer concurso de karaoke por las calles y ponerse a disposición de la población y del órgano electoral.

Sin embargo, en este juego de politización en el que se exacerban posiciones político partidarias, sociales e incluso raciales más fuertes que en octubre del año pasado, no se hace más que reducir la política al proselitismo de antaño en que los actores mantienen sus posiciones hablándoles a los suyos. Nadie entiende que el sacrificio de acercarse al adversario de turno podría representar una ganancia tan alta que no solamente repercutiría en votos sino en algo mucho más importante: todos ganamos y la política se revaloriza.

La política es algo tan importante que no la podemos dejar solamente en manos de los políticos, es inevitable esperar que las críticas que emergen en temas controvertidos sean desde las más fanáticas hasta las más claras y contundentes. Democracia no es solamente eficiencia de gobierno, sino también implica revisar cómo andamos contra los excesos de los gobernantes. Más aún en tiempos de pandemia en los que quienes detentan el poder tienen la tentación de convertir lo excepcional en normal.

¿Cuánto subsisten las injusticias en nuestra memoria? Dicen que la justicia tarda, pero llega. Quiero creer que no olvidamos tan fácilmente; que recordamos con claridad cada grito de sufrimiento, cada rostro que expresó dolor, que recordamos a cada persona que rogó piedad. Quiero creer que no olvidamos a las víctimas, ni mucho menos, a los victimarios.

Recientemente se cumplieron nueve años de una de las masacres más crueles de nuestra historia: la masacre de Chaparina. Aquel 25 de septiembre, un contingente de más de 500 policías atacó el campamento de la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS. Los uniformados dispararon gases lacrimógenos a hombres, mujeres y niños; los golpearon, patearon, maniataron y por último se los
llevaron en buses, para que no pudieran continuar con su camino. Aquellos actos generaron un sentimiento de empatía en todo el país, el cual se tradujo en masivas protestas en contra del gobierno
central.

Son pocas las manifestaciones que reúnen en sus filas a todos los colores políticos, a todo tipo de ideologías y a personas de todos los lugares. Solo algunos actos, los más crueles e inhumanos, actos sin sentido ni necesidad, producen que miles de personas tan diferentes entre sí, protesten bajo una misma voz. Esto fue lo que produjo Chaparina, miles de personas esperando a los marchistas en la ciudad de La Paz, con víveres y ropa, pero, sobre todo, con ansias de levantar la voz.

Después de nueve años intento recordar, o más precisamente, no olvidar. Vienen a mi mente imágenes en la televisión, imágenes que apenas entendía; varios policías golpeando a mujeres con niños en brazos. Recuerdo también haber dejado donaciones en el coliseo de la UMSA y ver la manera en la que llegaron los marchistas. Muchos estaban con abarcas y otros andaban descalzos, en ese momento pensé acerca de cómo habría sido caminar así durante tantos días, me pareció imposible. Hoy en día, admiro el valor y la fuerza que tuvieron para hacer lo que hicieron, y además me pregunto, ¿cuál fue el pecado de esos indígenas que solamente buscaban conservar su territorio?

¿Es suficiente el miedo para silenciar a quienes defienden lo único que tienen? Las operaciones policiales en Chaparina no pretendían causar miedo, pretendían infundir terror. El objetivo no solamente era despojar a los indígenas de su tierra, el gobierno de Morales buscaba someterlos, mostrarle a toda la población lo que pasaría si alguien se atrevía a contradecirlo. La manera fue maquiavélica, una sola orden que inició con la violencia desmesurada.

El día de la represión, no solo se perdió la confianza en el gobierno, también se quebró su propio discurso. De repente, todas las palabras del expresidente Morales fueron puestas en duda, nada volvió a ser lo mismo. En el momento que asumió la presidencia, Morales recordaba como los indígenas fueron marginados, humillados y despreciados; ese 25 de septiembre repitió todo aquello que prometió redimir.

A nueve años de lo ocurrido, yo me pregunto, ¿cómo esperaba Morales justificar la represión? O aún peor, ¿cómo esperaba que alguien fuera capaz de defenderlo? Rebusco entre el abismo de la lógica sin sentido, una posible explicación a la brutal represión de aquel día. No lo logro. Es simplemente imposible excusar aquellas acciones.

Entre llantos y furia, los bolivianos aguardaban alguna explicación. Las movilizaciones alrededor del país, fueron respondidas con una disculpa vacía y mezquina por parte de Morales, que además de victimizarse, se lavaba las manos y evadía toda responsabilidad. Mintió diciendo que le importaba el pedido de los indígenas y más aún, diciendo que no volveríamos a ser testigos de aquella violencia.

Hasta ahora, la justicia no llega al TIPNIS. A nueve años de lo ocurrido, no se tienen culpables. No podemos ignorar lo que pasó, pues, no olvidar es la única manera de que esos pueblos logren conseguir la justicia que merecen. Episodios como el de Chaparina unieron a los bolivianos. Nos dimos cuenta de que lo que pasó fue cruel e inhumano, y estuvimos dispuestos a protestar lado a lado, por una causa justa.

El día en que los marchistas llegaron a la sede de gobierno tenía diez años y fuí a recibirlos junto con mi madre. Esa bienvenida fue muy especial, se sentían emociones muy fuertes entre toda la gente, sentí que, al estar ahí, en ese preciso instante, estaba en el lugar correcto. Sin duda, la masacre de Chaparina fijó un antes y un después en la presidencia de Evo Morales. Esa violencia desmesurada, completamente innecesaria, nos hace pensar dos veces cada que alguien dice que el MAS fue el gobierno del pueblo. Cada vez que recordamos ese día, o, mejor dicho, que no lo olvidamos, sabemos que los últimos catorce años no tuvimos un gobierno que defendía a los indígenas, sino uno que los reprimía.

Lo que voy a relatar es real y lamentablemente sucede en nuestro país. Me lo contó un testigo de una situación que lacera el alma, ya que de por medio está la dignidad de nuestros viejitos que, en el último tramo de su vida, y cuando más protegidos deberían estar, no los estamos honrando como correspondería. 

En cierta ocasión hice notar que -pese a lo que se decía del país de las maravillas- el sistema público de salud dependiente del gobierno central era una calamidad, por la desconsideración en general, y para con los ancianos en particular, por los placebos que recibían para su dolor y las insufribles programaciones a semanas vista para acceder a un especialista, una intervención quirúrgica, etc., previa “cola” de madrugada para sacar “la ficha”, cuando -siendo asegurados y aportantes al efecto- deberían ser atendidos de la mejor forma.

Les cuento que igual pasa con la atención a la gente de la tercera edad en relación a los bonos estatales. La persona que estuvo en la Oficina de la Renta Dignidad en Santa Cruz vio algo que estrujó su corazón: ancianitos haciendo “cola”, sin bioseguridad, apiñados entre sí, tratando de protegerse del solazo, gente pobre en su mayoría (seguro sufren igual del frío y lluvia en otras ocasiones). 

Ahí se enteró por boca de ellos mismos que se ven obligados a hacer “fila” desde las tres de la madrugada para “sacar ficha” para sus trámites personalísimos ¿qué tal? ¡En pleno Siglo XXI, sacrificar así a nuestros mayores cuando la tecnología podría resolver esto! “Así nomás son las cosas, puede irse a quejar al rey de Roma si quiere”, le habría dicho un indolente funcionario (como si él no fuera a llegar a viejo un día).

Mucha gente llega del campo o viene de lejos para su trámite y cuántas veces no halla “ficha” porque otros le antecedieron en la “fila” (que ese día doblaba la esquina). Ahí se enteró que “hay gente que hace fila por cuenta de uno por Bs150”. Doblemente triste ¿no? Que haya quienes vendan su sueño para cobrar la reserva de un espacio y -más triste aún- que de su mísero ingreso un ancianito deba pagar dicho monto por estar enfermo, para evitar amanecer haciendo cola o el riesgo de andar a esa semejante hora.

Imagine esta escena: viejitos y viejitas tapándose sus cabezas con un cuaderno o un papel, a una temperatura que ronda los 40 grados a la intemperie cerca al medio día. ¡No pues! Los ancianitos merecen la mayor consideración de sus hijos, así como de las instituciones del Estado. Ojalá se resuelva esto, y pronto…
 

En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional ha rechazado sistemáticamente todas las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, sobre distintos proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. La razón de la decisión de sus autos constitucionales se funda en que la consultante Presidenta no tiene legitimación activa para someter a esa consulta previa de constitucionalidad por tratarse de proyectos cuya iniciativa tiene origen en el legislativo y no en el ejecutivo, según el art. 112 del Código Procesal Constitucional (Ley No. 254).

A la vista de ese artículo no habría nada que cuestionar, pues esa norma establece que los legitimados para realizar esas consultas son: a) el presidente del estado, cuando se trate de proyectos cuya iniciativa proviene del ejecutivo; b) el presidente del legislativo, tratándose de proyectos de ley, siempre y cuando sea autorizado por resolución del pleno de la ALP o una de sus cámaras, por 2/3 de votos de los presentes; y c) tratándose de proyectos en materia judicial, por los presidentes del TSJ o TAN, previa aprobación de su sala plena.

Entonces, ateniéndonos al Código Procesal Constitucional, lo resuelto por el TCP está dentro del marco estricto de la Ley No. 254: ¿Lo será según la Constitución? ¿Cuál fue la voluntad del Constituyente? ¿Se resiste esa interpretación a la doctrina de pesos y contra pesos?

Cuando esa CPE fue aprobada en medio de la masacre de La Calancha, uno de los inefables chupa tetillas del entonces Presidente, anunció que la aplicación de la flamante Constitución requeriría de por lo menos: “100 leyes de desarrollo constitucional”. El Código Procesal Constitucional fue una de esas leyes que, en el marco de la progresividad de los derechos y garantías y en función de la jerarquía constitucional, debió desarrollar lo que la CPE había mediante el Constituyente dejado sentado al respecto.

En ese sentido, la CPE parte señalando (art. 196.II) que en su función interpretativa, el TCP aplicará como criterio de interpretación preferente, la voluntad del Constituyente. Luego, entre sus atribuciones competenciales, de manera puntual, el inc. 7 de su art. 202 asigna: “Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley.” 

Una interpretación progresiva de esa norma macro respetando aquella voluntad del Constituyente como criterio preferente, concluiría que una norma de rango inferior como es la Ley No. 254 no podría vaciar de contenido aquella norma supra como es la CPE, limitando a la baja la facultad de –en el caso- la Presidenta del ejecutivo para, en el marco de los pesos y contra pesos que caracterizan un estado democrático sujeto al imperio de la CPE, los IIII y la ley, someta a control previo de constitucionalidad, cualquier proyecto de ley, como acaece con el control posterior abstracto, que si bien es algo limitado sobre los legitimados, no condiciona a cuestiones de origen de la norma confutada. Nuevamente parece que como ha ocurrido con múltiples leyes “de desarrollo constitucional”, la ALP le metió no más contra la CPE que debía desarrollar progresiva y no regresivamente, con lo que los checks and balances quedan otra vez vaciados de contenido aunque por supuesto, la Ley No. 254 en su artículo citado, hoy goza de presunción de constitucionalidad, aunque desde la CPE parece ir en contra ruta. "El fin de la ley no es ni abolir ni restringir, sino el preservar y engrandecer la libertad". John LOCKE          
 

El azar o también llamado “suerte en política” tiene una historia muy larga, uno de sus cultivadores y críticos al mismo tiempo fue Maquiavelo. Decía que la vida en política se trataba de combinar la suerte con la habilidad por controlar los acontecimientos. Si un político se dedicaba estrictamente a una sola de las cualidades mencionadas, entonces se corrían muchos riesgos al querer mantener el poder.

Por lo tanto, la tesis de fondo era que se debe analizar la habilidad de los gobernantes para controlar los acontecimientos y si de paso se hacen con un poco de suerte, mejor que mejor, con la advertencia de que si un político no es capaz de adaptarse a las cambiantes circunstancias del tiempo entonces corre el riesgo de ser barrido por el contexto. Aquí llegamos a la reflexión sobre algunas de las candidaturas a la presidencia para el 18 de octubre próximo.

Primero, el año pasado, Carlos Mesa tuvo la suerte de que Camacho lo incluyera en sus plegarias en los últimos cabildos antes de la elección para volcar el voto cruceño a su favor y ganar en ese departamento; Oscar Ortiz tuvo la mala suerte entonces de que apareciera Camacho y le empezara a disputar el liderazgo político departamental a los Demócratas; a su vez, Camacho tuvo la buena suerte de que la percepción sobre los partidos y sus líderes están en su peor momento, por eso la iniciativa de oposición política al MAS estaba en la calle, y qué mejor desde el Comité Cívico.

Por su parte, Evo Morales tuvo la mala suerte de que el tema central para el electorado fuera lo político mientras trataba de decirnos que era la economía y sus grandes obras en un contexto en que no se vislumbraba la crisis económica que se enfrenta ahora. Es decir, ninguno supo tener la virtud de administrar las circunstancias, todos sucumbieron a sus circunstancias.

Hoy, Carlos Mesa busca tener la buena suerte del año pasado, para eso en Comunidad Ciudadana decidieron creer que el electorado es racional y sabe lo que quiere, dividiendo el mundo entre los listos y los demás obtusos que no le escogen. Jeanine Añez, entonces reemplazo de Ortiz, tuvo la suerte, en todo el sentido de la palabra, de llegar hasta donde está, pero no supo siquiera aprovecharla bien y terminó por salir de manera atropellada hace poco del juego electoral. Por su parte, el MAS tiene hoy la buena suerte de que no sea la política la preocupación más extendida del electorado, sino la economía, y de paso que Evo Morales prácticamente sea desplazado del mapa electoral.

Si estuviéramos en un contexto en que los políticos no apostaran tanto a la suerte, tenderían un cable de conexión directa con las necesidades de la gente, apostarían a buscar soluciones y se harían por fin cargo de sus problemas y responsabilidades históricas. Desafortunadamente no estamos en ese escenario, la inacción y la estridencia discursiva es la que domina y se alimenta casi gratuitamente por la grieta masista o antimasista que se busca exacerbar. Sobre esto último los politólogos tenemos dos palabras aburridas: el pluralismo polarizado, es decir muchas burbujas sociales, pero todas aisladas entre sí, sin intención de comunicarse unas con otras. Aquí el primero que explote esas burbujas y tienda puentes habrá superado la barrera de la transición política.

El año pasado, en fecha 11 de octubre de 2019, la UMSA y Jubileo daban a conocer la encuesta que señalaba a Evo con 32.3%, Mesa 27.0%, Ortiz 9,2%, Chi 6,8%, sin olvidar que estuvo matizada por cuestionamientos del Órgano Electoral y la pelea frontal de Waldo Albarracín, entonces Rector de la UMSA, con el gobierno de Evo Morales.

El año pasado la campaña política estuvo matizada por los incendios de la Chiquitania, el recuerdo del 21F (que dio origen al “Evo de nuevo...”), la marcha de los médicos en contra de la Ley de construcción de 67 hospitales por la Caja Nacional de Salud y denuncias de corrupción, todo en contra del candidato oficialista. Para Mesa el hecho de que había cobrado más de un millón de dólares, para ser candidato a Vicepresidente por el MNR.

Este año la campaña se ha circunscrito a las denuncias de estupro en contra de Evo Morales, la prohibición de que sea candidato a Senador y de Arce la denuncia sobre el sistema informático que debía implementarse en la Gestora Pública de la Seguridad Social. Para el nuevo oficialismo, Añez se vio  envuelta por denuncias de persecución política, la matanza de Sacaba y Senkata, corrupción por la compra de respiradores, corrupción en YPFB, ENTEL, DGAC y otros.

De los 32.3% atribuido a favor del MAS el 2019, hoy se tiene un 26,6%, es decir que pese a la denodada y sangrienta denuncia de fraude electoral, que fácilmente puede llevar al ostracismo a cualquier partido político, la reducción a un año del supuesto hecho delictivo (ya que aún está en investigación), es apenas del 5.7%, sin que esté presente su candidato histórico Evo Morales.

Del 27,0% de Mesa el año 2019, hoy cuenta con un apoyo del 20,7%, es decir que el candidato supuestamente afectado por el fraude electoral, bajó un 6.3%, porcentaje mucho mayor que la reducción sufrida por el MAS.
Del 9,2% de Ortiz el año 2019, hoy advertimos que la alianza que tiene con Añez no le ha favorecido, ya que apenas llega al 8.3%, es decir tiene una reducción del 0,9%, máxime si se considera que cogobierna con varios excandidatos y políticos conocidos, como Samuel Doria Medina, Victor Hugo Cárdenas, Branko Marinkovic y Luis Revilla.

Del 6,8% de Chi el año 2019, hoy vemos una llamativa disminución de la preferencia electoral a 3,3%, habiendo reducido más de la mitad en un 3.5%, porcentaje que quizás le ayude a salvar su sigla, pero que demuestra que fue un mero desahogo ciudadano.
Un acápite especial es el porcentaje de Camacho que hoy llega a 11.5%, con un alto caudal en Santa Cruz (31,4%), pero que no tiene el mismo apoyo en Potosí(2,3%), es decir que su candidato a Vicepresidente no suma nada. Al parecer, ese porcentaje nacional no variará y el artífice de la caída de Evo, deberá conformarse con un glorioso tercer lugar.

Los blancos, nulos, no sabe y no responde del 2019 alcanzaba al 19,5%, sin embargo éste año 2020 sorprendentemente alcanza al 26,3%, es decir que más de un cuarto de la población debe ser conquistada en éstas 4 semanas que quedan.
Muchos comunicadores sociales han tomado partido y muchos ya no lo disimulan, porque la discusión y el análisis en todos sus programas radiales y televisivos, se circunscribe en la forma y estrategias políticas para destruir al MAS. No se habla de programas de gobierno, ni se habla de identidad de clase, de ideología política o de transformación generacional, sólo se habla de liderazgos de hoy y del mañana para derrotar al MAS.

Han perdido mucho tiempo en debates infructuosos, sobre pedofilia y denuncias con Certificados falsos, puestos en evidencia por John Arandia. El efecto no fue el mismo que el de Gabriela Zapata. Hoy hay incendios en la Chiquitania incluso con mayor intensidad que el año pasado, pero ¿cómo poder inculpar al MAS de ello? Ya queda poco tiempo y la desesperación aumenta, por ahí surge la idea de inculpar al MAS de un nuevo fraude electoral, pero ¿cómo?, si Carlos Mesa dijo que Salvador Romero es un conocedor de materia electoral intachable.

Mientras tanto los sesudos analistas políticos, seguirán hablando del absurdo “voto duro” del MAS y de la falta de voto duro de los demás, pretendiendo dejar como visión marginal que un partido político debe prohijar, una ideología con identidad de clase, el ciudadano debe sentirse reflejado en quien es su candidato, el partido político debe asumir esa identidad como una lógica de representación y lucha social. Por ello, la diferencia entre la naturaleza conductual de un partido político, con relación a una agrupación ciudadana; por ello Mesa no puede generar simpatía en El Alto o Santa Cruz; por ello Camacho no genera empatía en occidente.