A menudo solemos escuchar aquello de que en el país las cosas se terminan resolviendo en última instancia en la calle, porque tenemos una sociedad civil fuerte con un Estado débil. Más aún, teniendo en los últimos años movilizaciones sociales importantes cuyo contenido no era popular en las capitales de departamento y que no salían reclamando por un tema económico, que forma parte de nuestra tradición de protestas, sino por un asunto político.

Si nos preguntamos entonces cuáles son los actores con capacidad de veto y poder efectivo en el país a la hora de determinar el curso de la política, nos daremos cuenta de que este campo está constituido por: la Asamblea Legislativa como un actor pasivo formal. Después también se encuentran todos los actores que integran el campo multiorganizacional que tenemos, desde las organizaciones sociales indígenas y campesinas hasta los comités cívicos y plataformas ciudadanas, todos estos como actores activos informales de veto.

En el sector de los actores activos de veto tampoco hay que olvidar a los empresarios del país. Hasta aquí, es tarea del gobierno nacional encarar complejos procesos de negociación constantes con todos estos actores de veto, con la salvedad de entender que todos estos generan escenarios de inestabilidad política que no necesariamente llevan al extremo de desplazar al gobierno nacional del poder político.

En cambio, existen actores de veto que pueden generar escenarios de inestabilidad más comprometedora a nivel de lograr crisis de gabinetes de gobiernos o incluso desplazar del poder al Presidente. En primera instancia encontramos a la policía, esta actúa como un grupo corporativo homogéneo en todos los gobiernos y casi siempre cruzando la frontera entre ser actor activo de veto y actor pasivo de veto, son un grupo que constantemente están negociando sus propios intereses y actuando al mismo tiempo sigilosamente en caso de que la situación lleve al extremo de tener que presionar para la salida del Ministro más cercano a ellos o incluso llegar a la instauración de un motín policial.

Finalmente, se encuentran como un actor pasivo de veto, pero no menos importante, a las fuerzas armadas, no actúan como los policías, pero su papel en cuanto se vuelven actores activos es determinante y definitivo porque su presencia en escenarios de inestabilidad política y social se debe a que el Ejecutivo o se pone a practicar el ejercicio legítimo de la fuerza sobre la población, o las fuerzas armadas deciden retirar el apoyo al gobernante de turno y con eso generar como resultado un punto de quiebre que se traduce en una verdadera crisis de Estado.

Si revisamos los acontecimientos de las últimas semanas en torno al tema del golpe de Estado y su judicialización, veremos que respecto de estos dos últimos actores de veto, policías y militares, se decidió acometer acciones más duras y estrictas contra las fuerzas armadas que con la policía, a día de hoy los miembros de la policía involucrados en este caso tienen a lo sumo detención domiciliaria, frente a los militares que se encuentran con detención preventiva en cárceles. Por supuesto que esto como se dijo antes, obedece a un proceso complejo de negociación y ejercicio del papel del tipo de actor al que pertenece el grupo corporativo, sea pasivo o activo; y está claro que en la medida que seamos conscientes del peso específico político que juegan tanto policías como militares en la política hoy no es neutral, sino que tiene que ver al igual que el resto de actores simplemente con un cálculo de intereses específicos.