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No es extraño escuchar la alegre expresión -“hasta que por fin parió la burra”- cuando algo que parecía muy difícil de conseguir o que entrañaba mucho tiempo de espera, finalmente se logra. Éste parece ser el caso, en lo que hace a la producción de combustibles renovables, en Bolivia. En efecto, el esperado anuncio del gobierno, de que el país ingresará a la producción de biodiésel renovable, fue bien recibido por quienes proponían desde hace muchísimo tiempo tal posibilidad (“Bolivia, pionera en la producción de diésel renovable en América Latina”, Boletín No. 20, YPFB, 3.03.2021).

Y es que, de un tiempo a esta parte, el continuo crecimiento de la economía, la ampliación de la clase media, el incesante aumento del parque automotor y el alza del consumo de diésel, sumado a la declinación de su producción en el país, hizo que Bolivia se torne altamente dependiente del diésel extranjero.

Según datos del INE, entre 2005 y el 2019 (se descarta comparar con el 2020 por ser un año anormal) la importación de diésel subió casi 5 veces en valor y más de 4 veces en volumen. En 2005 gastábamos 190 millones de dólares para importar unos 350 millones de litros de diésel, pero su compra fue marcando sucesivos récords hasta un pico de 913 millones de dólares por poco más de 1.400 millones de litros en 2019. De hecho, el diésel es hoy el primer producto de importación en el país, seguido de otro combustible negro -la gasolina- motivando ello en 2018 un Programa para producir bioetanol a partir de caña de azúcar y sorgo, algo que se está haciendo desde entonces.

¿Cuál es la razón para que después de tanto tiempo Bolivia entre en la “Era de los Biocombustibles” pasando por alto a los agoreros que se oponían? La razón es económica. Entre 2006 y 2020, el país quemó más de 12.000 millones de dólares importando diésel (9.338 millones) y gasolina (2.836 millones). Por tanto, buena la decisión de apostar por los biocombustibles para impedir que las RIN del BCB sigan cayendo, y que haya una mayor presión sobre el tipo de cambio.

En todo caso, más allá de esta urgencia existen muchísimas razones valederas para respaldar, como positiva, la producción de bioetanol y biodiésel en el país.

CAINCO e IBCE publicaron en 2008 un estudio de 400 páginas titulado “Biocombustibles Sostenibles en Bolivia”, elaborado por una docena de reconocidos profesionales en el campo energético, socioeconómico, ambiental y legal; respaldado, además, por 15 Foros con la sociedad civil en todo el país, para desnudar la falacia dicotómica de aquella leyenda urbana que planteaba alimentos o biocombustibles, cuando la conclusión demostrada fue al revés: mientras más biocombustibles produzca Bolivia, dispondrá de más alimentos.
 
Entre las ventajas de producir biocombustibles -ecológicos o combustibles verdes- están: prevenir una crisis energética; crear centenares de miles de empleos a lo largo de la vasta cadena de valor; ser más amigables con el medio ambiente por la menor emisión de gases de efecto invernadero, pero además, por la captura de dióxido de carbono y la emisión de oxígeno en los cultivos a ser utilizados; su mejor calidad; y, algo impensable para el caso del biodiésel, el recuperar tierras degradadas, ya que la jatropha (piñón), como materia prima, se puede cultivar en tierras áridas, semidesérticas o impactadas (a lo que se sumará la reutilización de aceites usados y grasas animales).
 
La inversión de 250 millones de dólares en una planta a instalarse en Santa Cruz, con capacidad de generar 1,4 millones de litros/día de biodiésel, podría significar unos 500 millones de litros/año y conllevar un ahorro de varios cientos de millones de dólares por la sustitución de diésel fósil importado; ojalá haya incentivos para producir más desde el sector privado, dado que el consumo de diésel en Bolivia supera los 2.000 millones de litros anuales, siendo de muy lejos el principal consumidor y beneficiario de la subvención, el transporte público, y no la agropecuaria como muchos erróneamente afirman.

Producir biocombustibles económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables es posible. Si Bolivia igualmente entrara de lleno en la “Era de la Biotecnología” para aumentar la productividad y bajar los costos de producción en ciertos cultivos agrícolas, dadas las enormes inversiones que ello implicaría, la economía podría crecer a tasas del 7% o más. Quien diga que eso es imposible, debería saber que entre los años ´50 y ´70 el PIB boliviano creció cinco veces por encima del 7%, y en dos ocasiones, llegó casi al 8%. ¡Si entonces se pudo, ahora, mucho más!
 

Confieso que pensaba escribir sobre los poco más de cien días del gobierno de Arce-Choquehuanca, pero cuando veo mi balance llego a la conclusión de que mi columna sería aburrida por mi prosa y por el espíritu mismo del actual gobierno. Es más, sino era por la discusión sobre el escudo nacional no nos habríamos enterado que tenemos gobierno.

No me refiero a la gestión pública que realiza en relación al problema sanitario, sino al posicionamiento comunicacional de los temas y a marcar agenda política; no hay nada de eso, mejor entonces husmear en otros temas, y justamente a propósito de las elecciones subnacionales es importante darle un vistazo a los fenómenos políticos que fueron apareciendo y lo que nos deja eso como aproximación en los siguientes años.

En esta elección más que en ninguna otra entramos de lleno a vivir el momento del mercado del entretenimiento de la política, en un contexto en el que las discusiones de los ciudadanos no gira en torno a la contraposición de verdades verificables, sino de medias verdades que coinciden con mis aspiraciones y convicciones, vivimos alimentados con la idea de querer apreciar a un político que tenga una dote excepcional de caudillismo mediático.

Aquí los candidatos han contratado con especial dedicación más asesores de imagen y community managers que escribidores de discursos políticos. Esto los ha desplazado hacia los medios de comunicación presentándose como una mercancía a consumir, como un bien que se expone en una vitrina cuya particularidad es que capten nuestra atención la mayor cantidad de veces en tiempos muy cortos.

Vemos esto y luego nos preguntamos por qué no quieren asistir a debates los candidatos, simplemente porque en los debates no pueden llamar la atención como lo hacen en sus intervenciones individuales en las que a menudo se les pregunta por temas personales, familiares, se les pide que bailen, que recuerden el momento más incómodo de sus vidas, etc. es decir, el menú que vamos a consumir está servido en distintas degustaciones de morbo y personalismo.

Por eso esta elección nos arroja verdaderos fenómenos políticos electorales, que no es lo mismo que fenómenos políticos históricos. Los más expertos en comunicar algo en formas banales y sencillas son los que valen y de paso si nos muestran que no son el perfil del político de los últimos cinco años mejor aún.

Aquí recuerdo una frase de las recientemente publicadas memorias de Obama: no basta con lo que dices o haces, lo que importa es lo que haces sentir. Y esto es justamente el círculo vicioso en el que nos embarcamos hoy, políticos que buscan hacernos sentirnos divertidos, no reflexivos con las distintas opciones que tenemos al frente, sino que vivimos en un mundo feliz en el que evidenciamos que el entretenimiento es una constante y que a costa de regalarnos un beso de negro de chocolate, podemos olvidar lo que hicieron y mejor aún para ellos, no preguntar lo que harán en caso de ser electas como autoridades.

Y pensar que hace poco, en términos de producción agrícola, especialmente en cuanto a la producción de soya, éramos mucho más que Paraguay. Eso es historia ahora. Bien por ellos, mal por nosotros. Ese pequeño país, apenas un poco más grande que el Departamento de Santa Cruz, vino marcando récord tras récord hasta lograr en plena pandemia en 2020 un nuevo hito con 10,5 millones de toneladas de producción de soya (en Bolivia no llegamos a 3 millones de toneladas) generando 4.000 millones de dólares por exportación (más que los minerales, y el doble del gas natural, que exporta Bolivia).

El buen desempeño del sector soyero paraguayo, dice el Editorial de ABC Color, “…contuvo la devaluación y la inflación en un año de alta emisión, proporcionó divisas para las necesarias importaciones, dinamizó la economía rural y los servicios conexos, sostuvo la solvencia de los bancos y cooperativas, estabilizó las cuentas nacionales, atenuó la crisis en el interior, lo que, a su vez, contribuyó con la producción interna de alimentos, factor vital para que no faltara comida durante la larga cuarentena…” (“Los productores agrícolas salvaron al país del desastre”, www.abc.com.py, 16.02.2021).
Según el indicado medio de comunicación paraguayo, los productores del agro -cerca de 40.000 pequeños agricultores soyeros con menos de 20 hectáreas- datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país, trabajaron duro durante la pandemia “mientras casi todo el resto permanecía paralizado, y a la postre salvaron al Paraguay del desastre”.

Tan importante movimiento agroproductivo tuvo como consecuencia un enorme efecto multiplicador, no solo en el campo sino también en las ciudades y, para muestra basta un botón: el transporte de la cosecha de soya implicó 500.000 viajes por camión, a lo que se suma la utilización de barcazas para su exportación -por cierto- mientras Bolivia tiene 3 puertos sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná, aquel país mediterráneo cuenta con más de 40 puertos…¡en eso también nos aventaja!

El éxito del cultivo de la soya en Paraguay se basa en una agricultura moderna, con pleno uso de la biotecnología y eventos apilados para combatir las malezas e insectos; con buenas prácticas agrícolas como la rotación de cultivos y más del 90% del área bajo siembra directa, lo que da sostenibilidad al negocio haciendo que el rendimiento de la soya transgénica sea 50% mayor que en Bolivia, para regocijo de los agricultores, principalmente para los más pequeños.

Según el referido Editorial, “se esperaba que la economía nacional sufriera la peor caída de los últimos 70 años”; se temía que Paraguay enfrentara un verdadero desastre, un estallido social producto de las quiebras masivas de empresas y centenares de miles de empleos perdidos, una alta mora financiera, escenas de hambre, etc., pero gracias a Dios el PIB cayó apenas un 1%.

“La gran heroína, la que sacó las castañas del fuego y amortiguó el potencialmente demoledor impacto económico de la pandemia fue, una vez más, la producción agrícola, y, muy en particular, la nunca bien ponderada, la acusada de todos los males del país: la soja”, dice ABC Color, concluyendo con este homenaje: “Los productores no merecen el desprecio de la sociedad, sino su reconocimiento y respeto”.

¡Si imitáramos tan buen ejemplo! No solo alcanzaríamos sino que superaríamos sus logros porque lo tenemos todo… ¡En nuestras manos está poder el forjar la Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana que anhelamos heredar a nuestros hijos!
 

La palabra y el territorio

En las elecciones generales de 2014, el MAS obtuvo 61,3%, la segunda fuerza, UD -alianza entre Unidad Nacional y Demócratas- alcanzó 24,23%. En las elecciones locales de 2015, UD ganó las alcaldías de El Alto, Cochabamba y la Gobernación de Santa Cruz. En las últimas elecciones generales de octubre de 2020, el MAS logró el 55,11% y la segunda fuerza, CC, 28,83%. La diferencia entre el primero y el segundo fue menor en las elecciones de 2020 pero CC tiene un escenario menos halagüeño para las elecciones locales del 7 de marzo que el que tuvo UD. Según las encuestas conocidas, CC no ganará ninguna de las  gobernaciones y es probable que tampoco consiga ninguno de los 340 municipios del país – solo aparece con opciones en Santa Cruz, debido al tirón del candidato que,sin embargo, se inscribió primero con otro frente y, por imprevistos, recaló en CC como plan de última hora.

A Mauricio Macri le advirtieron algunos analistas que no hay política sin territorio, que los globos amarillos no sustituían el trabajo sobre el espacio. En diversas declaraciones miembros de CC reconocían que tenían un problema con el territorio. Gustavo Pedraza dijo en enero de 2019: ”Nos hace falta calle, nos hace falta caminar, es una tarea pendiente”. Dos elecciones despúes, Andrea Barrientos sostenía en noviembre de 2020:”(...)lo  que nos faltó fue terreno, la aproximación a lo nacional popular no fue la adecuada.” Dado el tiempo transcurrido entre ambas declaraciones alguien diría que creen necesario un barco y tres días para ir de La Paz a Viacha...

Los dirigentes de CC destacaban que Mesa era el mejor candidato presidencial porque había sido un buen vocero. Una parte fundamental de su estrategia, como es evidente, fueron los debates donde, pensaban, que la retórica de Mesa mostraría su superioridad general. La otra parte, sus monólogos. La palabra,entonces, postergaría construcciones, territorios, alianzas y sería ella misma la prueba y garantía de lo que señalaba. Hace poco Lupe Cajías decía que, visto el resultado de las elecciones, los debates no habían servido para nada.

Mesa declaró, en una entrevista a Página 7 el 11 de octubre de 2020, que él “ha tenido el coraje de enfrentar a Evo Morales y ganarle”. Está claro que si hizo campàña con ese convencimiento, reñido con la evidencia, por supuesto, estaba seguro que le ganaría nuevamente. Si además el 70% no quería que vuelva el MAS para qué desplazarse por el territorio o generar vínculos con los sectores organizados del país. Esta misma sugerente melodía lo llevaba en diciembre, a pesar de la paliza de octubre, a insistir: ”Te pongo un ejemplo, hemos ganado la ciudad de La Paz con el 51% de los votos, donde hay laderas y sectores populares; por lo tanto no es cierto que no conectáramos con sectores populares”. Por lo que sabemos esta música le gustaba a otros cuadros de CC, el 21 de septiembre de 2020 Cecilia Requena interpelada por Maria Galindo decía: “El voto por identidad, por el MAS, en La Paz ha reducido significativamente más o menos a la mitad”. Se refiere al departamento. El MAS obtuvo en 2020 uno de sus mejores resultados en La Paz, casi el 70% contra el 30% del partido de Requena.

Como sabemos, CC no fue capaz de sostener una candidatura propia para el municipio de La Paz, armó una alianza que no aguantó ni a su registro y su candidato terminó declinando. La última noticia es que en esa ciudad expresaron su tardío apoyo a Iván Arias, uno de los ex ministros de Jeanine Añez más conocidos. La flexibilidad de la palabra: hace dos meses, Ricardo Paz decía que uno de los motivos de la derrota de CC había sido no alejarse más del gobierno de Añez. Por si faltaba algo más, el diá después que Mesa expresó su entusiasta apoyo a Arias, Gustavo Aliaga describía como “absurdo e irreal el gobierno de la señora”. Los malabares que permiten las palabras son interminables – también son la semilla de las fake news- pero los resultados políticos de éstos para CC no son muy buenos aunque el verbo pretenda ocultarlos.

La palabra y la democracia

Con la misma convicción que dice que “ganó a Evo Morales”, Mesa repite lo del “fraude gigantesco” en las elecciones de 2019. Existe un enamoramiento de CC con sus ficciones ya que también dicen que hubo fraude en las elecciones de 2020. Ricardo Paz en entrevista con Tuffi Aré :“Una cosa es que nosotros digamos, sí, nos han ganado la elección porque nos han ganado con más del 10, evidente y real. Ahora, ¿nos han ganado por casi 27%? No, no nos han ganado con 27 puntos. Eso no es así. No podemos cuantificarlo exactamente...”. ¿ Encontrarán las pruebas de ambos fraudes en el barco que los lleve a Viacha?

Sin embargo, este gusto por la ficción hizo que Mesa fuera un gran protagonista de la ruptura del orden constitucional que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2019. No vamos a ahondar en este punto, solo recordar que la ex magistrada y senadora de CC Silvia Salame, ante las exigencias de renuncia de Evo, el 8 de noviembre dijo: “no se puede pedir derrocar al Presidente (...)ese tipo de soluciones están al margen de la ley”. El punto es analizar cómo la postura de CC de apoyo a la ruptura constitucional asi como a las posteriores acciones violentas de disciplinamiento estatal de los sectores populares convirtió en un abismo la distancia ya existente con estos sectores. Poco podían haber hecho después Mesa y CC por ponerlos de su lado, esto no se arreglaba con el candidato saltando del sofá y dándose una vuelta por un mercado – meras sugerencias de marketing.

En nuestra historia hay numerosos ejemplos donde la élite ha cerrado filas cuando se trata de contener y castigar a los sectores populares. Siempre que estos conflictos han sucedido, los sectores dominantes han armado una suerte de juicio general a una identidad que, de alguna manera, funcione como un estigma y opere como un dique que frene un tiempo a los sectores populares. Esto no es exclusivo de Bolivia, por supuesto. Los estudios de la historiadora Marta Irurozqui sobre el significado del proceso de Mohoza a inicios del siglo XX, por ejemplo, ilustran bien esto. La naciente hegemonia liberal necesitaba consolidarse como bloque y sacar de la ecuación a sus aliados indígenas. Irurozqui argumenta que, en el juicio sobre los hechos ocurridos en Mohoza, “(…) no sólo se juzgó y condenó a los implicados en las matanzas, sino a la población aymara en su conjunto, siendo ésta la que quedó invalidada en sus actitudes públicas acusada de iniciativas salvajes, brutales y sádicas, prueba de su falta de civilización”. Calcado al relato que se intentó imponer desde los sectores dominantes en el último trimestre de 2019 y parte de 2020: “los salvajes” como esa identidad amplia y flexible pero que suponía una amenaza permanente para la democracia. Desde el “se balearon entre ellos” pasando por las menciones a las Farc cada cierto tiempo asi como la segura “culpabilidad por su ser salvaje” de cualquier persona que criticase al gobierno o compartiese los motivos de las protestas. En todo ese tiempo, pero de manera particular el último trimestre del 2019, Carlos Mesa y CC fueron actores fundamentales en darle legitimidad a estas acciones y a su consiguiente relato.  Dieron su palabra como sostén, dentro y fuera del pais.

Hemos apuntado que CC sostiene que el no alejarse lo suficiente del Gobierno de Añez fue un motivo para su derrota. El origen de su problema se sitúa antes: ser decisivo en su ascenso y respaldar con claridad todas las acciones del Gobierno hasta el momento que Añez decidió ser candidata. Fue entonces cuando grandes sectores del país, que ya los veían con distancia, los identificaron como parte del problema, un problema que despertó ecos de agresiones antiguas. De hecho, su “alejamiento“ nunca fue por una cuestion de principio sino solamente de molestia por la competencia que le supuso que Añez entre al ruedo electoral. Después, cuando Añez declinó su candidatura, CC declaró que les gustaria contar con algunos de sus ministros y que serían firmes defensores de la ahora ex Presidenta.

La palabra y el tiempo

Vemos que la manera de entender la política, la idea de nación que tiene CC - cuán plural o estrecha es ésta, quiénes son los llamados a interpretarla y dirigirla- es la propia de un proyecto que se acomoda con más facilidad en las coordenadas de la hegemonia liberal de inicios del siglo XX. Cabe recordar que muy pocos días antes de la presentación e inscripción de Comunidad Ciudadana, el primer nombre que se comunicó era solamente el de Ciudadanos y el color únicamente el naranja. Hubo una corrección de último momento donde se añadió Comunidad y se incluyó el color verde. En realidad, se trató de una impostura porque tanto Mesa como su entorno llevan mucho tiempo pontificando contra la idea de lo colectivo y reivindicando una idea de la política más estrecha, con una clara y exclusiva primacia de lo  individual. Entre sus cuadros intelectuales es frecuente leer ásperas críticas a lo gremial, clientelar, etc entiendendo todo esto como sinónimo de lo colectivo. Conservan de ese liberalismo de inicios del siglo pasado la exigencia a que el indio para ser considerado ciudadano se haga primero individuo – se despoje totalmente de la rémora colectivo comunitaria- sin embargo, igual que sus antepasados ideológicos, cuando algún sujeto indio es señalado por tener una costumbre reprobable, hablar mal el castellano o cometer un crimen, entonces sí consideran la dimensión de lo colectivo para sancionar dichas acciones: la “culpabilidad “excede al sujeto y nos revela aspectos negativos  y censurables de la comunidad en la que se inscribe.

También entonces, como ahora con CC, la élite paceña se reclamaba como la única capaz de dirigir la nación. Como hemos visto con el ejemplo de Mohoza, entonces diversos textos y discursos de los políticos e intelectuales señalaban que los indios no estaban en condiciones de dirigir ni siquiera sus vidas, menos la nación. Tampoco estaban preparados, por supuesto, los habitantes de las tierras orientales del país. CC también se mueve en ese mismo imaginario y por ello ha tenido mucha dificultad de relacionarse con lo indígena popular pero además ésto también explica la ruptura con Luis Fernando Camacho y con buena parte de los cruceños. A partir de octubre de 2019, fue reponiéndose con mucha fuerza el clivaje étnico regional en nuestro país. El protagonismo de las acciones más duras tienen las caras de Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, cambas, vistos desde gran parte del occidente y el centro del país. El MAS nunca tuvo mayor respaldo en las urnas que cuando el clivaje regional estuvo más alto, en 2008 con casi un 68%.

CC confió que los cambas representados en Camacho y en Jeanine harían el trabajo de disciplinamiento del indio y que luego volverían a ubicarse en su lugar: a ninguno se le podía ocurrir ser candidato; tendrían que volver al lugar que les corresponde y quizás tener la clásica cuota ministerial camba -eso se le ofreció a Camacho para que se retire. Ecos de la armonía de las desigualdades, de Bautista Saavedra. CC no entendió el fenómeno que ocurrió en Santa Cruz y cómo Camacho y su liderazgo de derecha radical representaba un cambio cualitativo. Camacho habia sido el protagonista de un acontecimiento nacional-  en rigor, un Golpe de Estado pero para los que lo siguen se trató de una gesta. Pensar que luego de ello volvería a su casa, al cuoteo ministerial y, como decía Carlos Mesa cándidamente, Santa Cruz estaria representado por Gustavo Pedraza es una muestra elocuente de la incomprensión reinante. No se trata, por supuesto, de haber nacido en Santa Cruz. El mes previo a las elecciones se inició una intensa campaña de medios y referentes paceños contra Camacho y,en buena medida, contra la identidad cruceña. Proliferaron los insultos y la recuperación de todos los tópicos anticambas al uso. De héroe a objeto de burla en pocos meses. Algunos más sofisticados decían que los cruceños tenían que ver que se guiaban por intereses regionales, dejarlos de lado, y apoyar a los que defendían los intereses generales: Mesa, CC, la élite paceña; como antes, como siempre. Esa ofensiva tuvo un colofón que solo se puede calificar de extraordinario. Se escogió para ello al político resucitado más parecido a un Tejada Sorzano: Ronald Maclean Abaroa sería quien le revele a los cruceños el engaño de Camacho. A cuatro días de las elecciones, Maclean, ex jefe de campaña de Camacho, contó, con un tono de terror decimonónico, secretos acuerdos entre el MAS y Creemos – hasta ahora no parecen honrados ya que Centa Rek no preside el Senado- para que Camacho no se retire. Carlos Valverde le preguntó si creía que Camacho sabía de estos acuerdos o los hacían a sus espaldas. Maclean dijo que no estaba seguro pero quería creer que no estaba al tanto. Es decir, el arma oculta para lograr el voto cruceño por Mesa consistía en que un político paceño de pura cepa le explique a buena parte de los electores cruceños que su referente era o un traidor o un idiota.

Olvidar el siglo

El proyecto de nación de CC supone un retroceso notable en cuánto a la comprensión de la dimensión plural del país. El MNR de los años 90, por ejemplo, tenía una idea más amplia de la diversidad de nuestro país. Dejando de lado sus ideas económicas, llevó adelante reformas   que mostraban que entendían que el pais era más que La Paz, que Bolivia no se resumía en cuatro barrios paceños. La participación popular es el ejemplo más claro. Otro tema muy conocido es que el MNR tuvo una importante comprensión del territorio para hacer política. Nada de esto ni siquiera se intuye en CC. Asombra que no tuvieron ni una lectura coyuntural de entender que, golpeadas por la pandemia y sin protección del Estado, muchas personas reforzaron su refugio, su resistencia en lo colectivo, en la comunidad. Mesa no se movió del 1900.

La crisis de CC es en realidad una crisis de la élite paceña para construir un proyecto de nación que interpele a la mayoría. La oposición contra el MAS siempre ha estado, salvo el breve capítulo Manfred, protagonizada por la élite de La Paz. Y nunca como ahora esa oposición ha estado más debilitada y, sobre todo, con el reloj marcando años hacia atrás. Es cierto que ni Tuto, Manfred, Samuel ni Mesa han logrado pasar el 30% pero los tres primeros compitieron contra el MAS gestionando el Estado y con Evo Morales de candidato. La derrota de CC de 2020 es cualitativamente más dura. La crisis de la élite paceña afecta, como es lógico, tambíén a otros actores como Tuto Quiroga. Entre los intelectuales  y medios paceños se interrogaban sobre cómo Tuto podía tener tan bajo apoyo a pesar de sus innegables capacidades políticas. Cuando renunció a su candidatura los mismos que se embarcaron en la ofensiva contra Camacho jalearon a Tuto y saboreaban la victoria en el Mundial. De hecho la carta de Tuto parece de alguien que se retira teniendo un 20 % y subiendo. Ya sabemos que esa renuncia no incidió más allá de Calacoto y Sopocachi. Samuel Doria Medina y UN no tienen un escenario mucho mejor aunque algunos reflejos tuvieron en su momento con Chapetón eso parece haber quedado enterrado en el polvo que dejó CC. Mientras las élites paceñas tengan un proyecto nacional decimonónico estarán condenadas a ser una minoría mengüante.  O cambian de reloj o ceden el testigo.

La Razón, 30 de enero de 2021, caricatura de Al Azar.

LOS INOCULTABLES DATOS DE UN ACAPARAMIENTO INHUMANO. A pesar de los intentos por cambiar esa imagen, las cifras son elocuentes y no dejan margen a duda, la Unión Europea encargó 2,3 mil millones de dosis para los 450 millones de habitantes, es decir, más de cinco veces su población. Occidente compró el 90% de las dosis producidas por los laboratorios de Estados Unidos.[1]

El mismo Director Ejecutivo de la Vacuna AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmó “Europa se va a llevar el 17% de la producción global en febrero, a pesar de que supone el 5% de la población mundial".[2]  En la misma línea, según un reporte de la BBC la Alianza Vacuna del Pueblo, una red de organizaciones entre las cuales está Amnistía Internacional, Oxfam o Justicia Global Ahora, denunció que “cerca de 70 países de bajos ingresos tan solo podrían vacunar a una de cada 10 personas”. Hasta enero, de las 39 millones de dosis administradas en el mundo, menos del 1% fueron aplicadas en pacientes de países pobres.[3]

En América la situación es igual de desastrosa, sólo Estados Unidos ha acaparado el 90% de las vacunas y Canadá fue acusada de haber pedido suficientes dosis de vacunas “como para proteger a cada canadiense unas cinco veces”. Las autoridades de ese país quisieron desmentir aquello, pero se impuso el hermetismo y el secretismo acerca de las cantidades y los montos que se pagaría.[4]

Como se ha denunciado en la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fuerza de millones de dólares o de euros los países desarrollados acapararon sin ningún rubor la producción mundial de vacunas en detrimento de los países más pobres. La responsable de Oxfam manifestó al respecto que “las capacidades de producción actuales y la captura que llevaron a cabo los países ricos implica que pocos países pobres o endeudados tendrán acceso a la vacunación durante 2021”[5], lo cual significa, en buenas cuentas, un altísimo costo en vidas y en la salud de los más vulnerables.

UN DIRECTOR DESESPERADO. La patética y enorme desigualdad en la adquisición y distribución de vacunas llevó al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmar que fue un “fracaso moral catastrófico”, alertando que aquello tendría graves consecuencias, literalmente afirmó que “el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres", añadiendo que no era justo que gente sana y joven en naciones ricas acceda a la vacuna antes que grupos vulnerables en estos países. Como ejemplo, explicó que se habían distribuido alrededor de 39 millones de dosis de la vacuna anticovid en 49 de los países más ricos, en comparación con tan solo 25 dosis en una nación pobre. Este reparto injusto y sin equilibrio bajo el cobijo de la estrategia del "yo, primero" y la acumulación de las vacunas provocará, dijo el máximo representante de la OMS, el aumento de los precios, la prolongación de la pandemia y en consecuencia el irreversible daño a los más pobres y, por supuesto, a la economía mundial, derivando luego en los propios países desarrollados.[6]

Por tanto, haber conseguido la vacuna en las condiciones que se consiguió no parece ser suficiente para detener la pandemia, sino garantizar su distribución a los países y a los grupos que más lo necesitan.[7]

EL COVAX, UNA ESPERANZA. Frente a esta desesperanzadora ola de desigualdad, la OMS continua coordinando con la plataforma COVAX, un mecanismo destinado a garantizar un acceso equitativo de las vacunas en los países en desarrollo con ayuda financiera de los países desarrollados, pidiendo un compromiso de los países desarrollados, cuyo éxito es dudoso de continuar el acaparamiento de las vacunas.  De acuerdo los datos de la OMS, hasta enero, más de 180 países se habían unido a la iniciativa COVAX, con el objetivo de conformar un bloque con mayor poder de negociación con las farmacéuticas. Bajo esta iniciativa, 92 países de ingresos medios o bajos adquirirán las vacunas a través de un fondo patrocinado por donantes (700 millones de dólares). BBC, pero nuevamente, las dudas se ciernen, por los compromisos bilaterales de las empresas farmacéuticas y su incapacidad de producir las vacunas rápidamente.  FRANCE 24

QUIÉNES FINANCIARON LAS VACUNAS. En esta guerra desigual es también preciso desmontar algunas mentiras que pretendieron instaurar las empresas farmacéuticas, frente al justo reclamo de los países en desarrollo como India y África del Sur y de varias coaliciones de ongs como Amnistía Internacional, Oxfam o Médicos sin Fronteras para que éstas renuncien a los beneficios de las patentes o licencias frente a esta pandemia universal, alegando éstas que los recursos logrados por las patentes y licencias eran necesarios para continuar con las investigaciones de las vacunas, sin embargo, las múltiples evidencias, como lo ha ratificado Médicos sin Fronteras es que fueron los recursos estatales, las donaciones filantrópicas, junto a la cooperación solidaria de médicos, enfermeras y enfermeros, pacientes, científicos, voluntarias y voluntarios, que lograron conseguir este antídoto en tiempo récord, cuando un investigación de estas características lleva años en conseguirse. Por lo cual, este esfuerzo conjunto, debió servir para iniciar una cruzada mundial que distribuya la vacuna en forma equitativa y solidaria, y no bajo parámetros de negocio, en el cual, son los laboratorios privados que deciden “el poder de la producción, de la distribución y los beneficios de las patentes”.[8]

En la misma Europa, recuerda un reportaje de Página 12, un grupo de organizaciones sociales denominado «Pas de profits sur la pandémie» (Sin beneficios con la pandemia) pidió a la Comisión Europea que haga lo necesario para que los tratamientos contra la pandemia “sean un bien público mundial, accesible a todos”, sin embargo, esta Comisión hizo todo lo contrario, negoció contratos millonarios con seis laboratorios y los cubrió cláusulas de confidencialidad.

UN MUNDO PARA LOS RICOS

En suma, los países más pobres están quedando al margen de los esquemas de vacunación contra el Covid-19 “y aguardan rezagados en las posiciones finales de las listas de espera para la distribución de los antídotos, como condenados a ser los últimos en recibirlos”. De manera que, aunque las vacunas fueron una esperanza para algunos, se lamenta el Director Tedros, se termina convirtiendo “en otro ladrillo en el muro de la desigualdad entre los que tienen y los que no tienen".[9]

Es necesario comprender que la distribución de las vacunas es apenas es una pequeña muestra del mundo profundamente desigual en el cual se ha producido la pandemia. Es decir, no puede entenderse este comportamiento, sin evidenciar la existencia de un sistema esencialmente capitalista en el que la salud, las vacunas y los medicamentos son sólo mercancía. Un capitalismo en pleno auge que combina además un colonialismo remozado. Así lo muestra un informe de Oxfam “El virus de la desigualdad”, recientemente presentado que devela dramáticamente esto que afirmamos, dice Oxfam:[10]

• Los milmillonarios han recuperado el nivel previo a la pandemia en tan solo nueve meses, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo esta recuperación podría tardar más de una década en llegar.
• La fortuna acumulada por los 10 milmillonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial.
• Para la mayor parte de la población mundial, perder tan solo un ingreso supone caer en la miseria, mientras que los milmillonarios aumentaron su fortuna en 3,94 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
• Su riqueza conjunta asciende ahora a 11,95 billones de dólares, lo que equivale a la suma que los Gobiernos del G20 han movilizado para responder a la pandemia.
•  En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40 % más de probabilidades de morir a causa de la COVID-19 que las personas blancas.

Este injusto sistema económico y social del mundo es denunciado por el propio Secretario General de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, quien ha dicho “Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos…..el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en súper-yates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.[11]

PROPUESTAS DESDE EL SUR

Además del mecanismo del Covax y la posibilidad de la utilización de otras vacunas como la rusa Sputnik V ha quedado en evidencia que la vacuna está muy lejos de considerarse un bien público universal, por ello son importante las voces desde el Sur que han denunciado esta injusticia como  la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que mediante un Comunicado de 2 de febrero de 2021 ha expresado su preocupación por la creación de la Unión Europea de mecanismos que limitan las exportaciones de vacunas e insumos médicos a terceros países y de bienes utilizados para hacer frente a la pandemia. Reitera, en tal sentido, que debe observarse lo dispuesto en la Resolución 74/274, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca fortalecer las cadenas de suministros que “promuevan y garanticen el acceso universal, justo, transparente, equitativo, eficiente y oportuno a los medicamentos, vacunas e insumos médicos para enfrentar la pandemia por COVID-19” y también la Resolución WHA 73.1, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2020, que “reconoce la vacunación extensiva contra COVID-19 como bien de salud pública mundial para la prevención, contención y detención de la transmisión con miras a poner fin a la pandemia”. En este entendido, la CELAC pide a la comunidad internacional que evite medidas que impidan brindar una respuesta mundial al COVID-19, que debe basarse en la unidad, la solidaridad, la concertación política y una cooperación multilateral en la nueva normalidad post-pandemia”.[12]

Igualmente, destacamos la voz del Grupo de Puebla y su consejo jurídico, que en sendas manifestaciones pidió a todos los gobiernos, y en especial a los productores de vacunas contra el Covid-19, que el acceso a los medicamentos sea mundial y sin distinciones. El movimiento americano de líderes progresistas, entre presidentes, expresidentes, exvicepresidentes, excancilleres,  de más de 15 países, reiteró la urgencia de otorgar a las vacunas contra el Covid-19 el carácter de bien público universal, el cual estaría definido por su libre acceso, ser gratuito y democrático, solicitando al G-20 que, al menos el 10% de las existencias y futuras entregas de las vacunas sea destinado a los países que no las producen para iniciar de manera inmediata la vacunación de su primera línea de riesgo conformada por el personal sanitario que lucha contra el virus y la población mayor de 80 años. Y así también, abrir un diálogo inmediato con la Unión Europea para detener la propuesta de algunos socios de la Comunidad de restringir, de forma arbitraria e inhumana, la exportación de vacunas a nuestros países. Impulsando por otra parte, la propuesta del gobierno de México para desarrollar, a través de una plataforma digital en la CELAC, un programa de monitoreo y seguimiento sobre los avances y dificultades en el proceso de vacunación. De manera clara el Grupo de Puebla manifiesta que la integración “es el comienzo de la solución de nuestros problemas”, como también recordó el expresidente Rodríguez Zapatero y el expresidente Lula da Silva.[13]

En un magnífico resumen António Guterres sobre la propuesta Grupo de Puebla resaltó el esfuerzo del grupo progresista por su llamado al acceso universal a la vacuna contra el COVID-19 y por situar al respeto por los derechos humanos en el centro de la lucha común contra la pandemia. Recordó también el precio que debe pagarse por las debilidades de un modelo de desarrollo que ha profundizado las desigualdades, el deterioro ambiental y el cambio climático que ponen en peligro la seguridad humana. Recordando que los efectos y las posibilidades de respuesta de los países en desarrollo difieren ante los impactos y las opciones de los países con más recursos. En cada país, los más vulnerables, necesitan una protección especial. Coincidiendo en la urgencia de garantizar que la vacuna sea un bien público mundial accesible para todos. De manera categórica afirmó “el momento de la verdad ha llegado…no se puede permitir que un retraso en el acceso a la vacuna amplíe aún más las enormes desigualdades actuales a nivel mundial. Vacunar solo en países desarrollados no los protegerá. Dejar a poblaciones enteras expuestas al virus aumentará la probabilidad de que el virus mute, lo que hará que las vacunas sean ineficaces”

A MODO DE CIERRE

Es indudable que Occidente ha quedado común o claro ganador en la guerra por las vacunas, en detrimento de los países en desarrollo que más lo necesitan, y cuyas consecuencias serán miles de vidas perdidas, el deterioro de las condiciones de salud y una crisis económica de imprevisibles consecuencias, lejana pareciera que queda la idea de que las vacunas sean un bien público universal y que se distribuyan bajo parámetros de derechos humanos, los datos de esta injusticia son incontrastables y son parte de un mundo profundamente desigual en el cual el capitalismo goza de muy buena salud.

Los más pobres y los más vulnerables además de estar más expuestos a la pandemia quedarán irremediablemente condenados a sufrir los efectos, lo cual repercutirá en un aumento del hambre y de las enfermedades relacionadas con la pobreza.

Queda la esperanza de los países del sur, de la cooperación sur-sur, del desarrollo de las propias capacidades, del multilateralismo, de espacios como la CELAC, UNASUR, el ALBA o el Grupo de Puebla que denuncien y ejerzan presión para cerrar las brechas que nos separan de afirmar que la vacuna no es una mercancía sino un bien público universal. Es también una histórica oportunidad para que Latinoamérica lidere los cambios que el mundo desesperadamente necesita, desde la filosofía de sus pueblos indígenas como el sumak kawsay (buen vivir) o suma qamaña (vivir bien), para que nadie se quede atrás, como lo ha propuesto el Grupo de Puebla.

Las obligaciones convencionales y constitucionales existentes han determinado la necesidad de modificar la Ley 348 para dar respuestas más eficaces a las mujeres que padecen situaciones de violencia en forma individual; y para prevenir y erradicar la violencia estructural que padecen las mujeres, como una concreta forma de discriminación marcada por la CEDAW.

En ese contexto, es claro que la responsabilidad del Estado no está, ni debe estar en ningún contexto, orientada a desalentar de ninguna forma la denuncia de los hechos de violencia y la imposición de las correspondientes sanciones.

Lo que venimos observando con preocupación, desde hace años en general y concretamente a partir de la apertura del proceso de consulta para la modificación de la Ley, es que entre la denuncia y la respuesta judicial (cuando esta llega), las mujeres se encuentran prácticamente desamparadas del acompañamiento estatal.

Por ello, hemos procurado estructurar la propuesta de modificación a la Ley 348 en sentido que las acciones del Estado pongan a la mujer víctima de violencia en una situación de igualdad real para obtener medidas de protección, recibir respuestas eficaces, demandar la efectivización de sus derechos y participar activamente en los procesos judiciales sin que ello le signifique una carga. 

En cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales, la ley busca establecer la mayor intervención estatal en la erradicación de la violencia con la menor carga posible para las mujeres que padecen situaciones individuales de violencia.

Cuando decimos que uno de los ejes es escuchar lo que las víctimas desean del proceso, no nos referimos a una escucha desinteresada, a una escucha como excusa para poner bajo su responsabilidad la intervención o no del Estado a través del proceso penal. Asumimos que el Estado es responsable con el mismo compromiso con que asumimos que, lamentablemente, aún hoy las mujeres víctimas de violencia se encuentran en una situación estructural de desigualdad que en numerosas ocasiones les impiden tomar una decisión con el grado de autonomía y voluntad que se requiere para tomarla por válida. Por ello, como parte de nuestras responsabilidades de generación de esa verdadera igualdad, cuando decimos que el eje es escuchar a las víctimas nos referimos a que la la propuesta de ley establece mecanismos de protección, seguimiento y acompañamiento a las mujeres que padecen situaciones de violencia anteriores, concomitantes y posteriores a un proceso judicial. Mecanismos que les permitan reforzar su autonomía, su capacidad de decisión y sus posibilidades de intervención activa. Pero nunca estamos refiriendo que pretendemos poner sobre las víctimas la carga de llevar adelante los procesos.

El estado es el interesado en continuar los procesos, ya que vemos en ese espacio una forma concreta y necesaria no solo para la sanción sino también para la erradicación de las violencias. Pero, el Estado debe interesarse también por el acompañamiento a las víctimas. Las víctimas no pueden ser consideradas un “objeto del proceso”, que se utiliza mientras tiene utilidad probatoria y se abandona una vez que se ha llegado a una resolución judicial. El proceso de acompañamiento, escucha y reforzamiento de la autonomía de la mujer no puede estar atado a un proceso judicial, sino que debe asumirse como obligación con independencia de la obligación de persecución judicial de los hechos de violencia. Eso es lo que queremos significar cuando decimos que uno de los ejes del proyecto es la escucha a la víctima; hablamos de la asunción de las dos obligaciones estatales con la misma entidad de importancia y sin que una dependa de la otra: debe escucharse, acompañar y reforzar la autonomía de la víctima; y debe también perseguirse y sancionarse la violencia, sin hacer caer esa obligación estatal en la cabeza de la víctima. De hecho, el proyecto establece que en todos los casos de violencia contra la mujer la acción penal es pública (esto es: hay una obligación estatal de persecución) y que ningún caso de violencia contra la mujer puede entenderse como un caso de escasa relevancia social.

Y si mantenemos el mecanismo de conciliación es porque en esa asunción de la obligación de escuchar, acompañar y reforzar la autonomía, encontramos que hay algunas situaciones puntuales, muy limitadas, restringidas y precisadas en la propuesta normativa, en las que el Estado debe asumir a la conciliación como una herramienta residual. Residual en sentido que es de mínima utilización y bajo una serie importante de previsiones. Pero también importante, en términos que aun en esos casos mínimos, la utilización de este mecanismo no equivale a una “reconciliación entre la víctima y el agresor”, sino a una posibilidad de mantener un acompañamiento y seguimiento del caso por parte del Estado, sin dejar a la víctima abandonada a su suerte.

Hemos procurado proyectar una reforma a la ley que integre todas las obligaciones estatales y las encamine al cumplimiento de la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Hemos también intentado establecer la mayor cantidad posible de controles y participaciones externas al propio Estado para que la sociedad civil tenga la posibilidad de denunciar allí las cosas que no funcionan. Nuestro compromiso es con las mujeres y con su derecho a vivir una vida libre de violencias.

El proceso electoral general de 18 de octubre pasado y el que se viene este 7 de marzo debería llevarnos a revisar algunas cosas que en los últimos años las estuvimos tocando pero muy a la rápida y quizá sin la profundización necesaria. Uno de estos temas creo que tiene que ver con el proceso de selección y elección de candidatos para los distintos puestos que se tienen que elegir mediante el voto en elecciones.

El año pasado, y este, las organizaciones políticas tropezaron con el hecho de que sus candidatos renunciaron o fueron renunciados a sus candidaturas, vimos también desafortunada y tristemente que otros candidatos fallecieron y entonces las propias organizaciones políticas tuvieron que replantearse la posibilidad de sustituirlos. O lo que raya en la ironía más grande, a la primera señal de amenaza de posible inhabilitación del candidato, se introduce una demanda al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se paralice la denuncia y siga en competencia.

Este marco descrito nos lleva a la necesidad de replantearnos la idea de las primarias en las organizaciones políticas. Pero no unas primarias al estilo más general Occidental o anglosajón que se conoce. Sino unas primarias que sepan conjugar dos mundos de la representación política boliviana.

El primer mundo de la representación política, está contenido en toda la dinámica que las estructuras políticas manejan, es decir, liderazgos que pertenecen al partido, que forman parte de la misma militancia, miembros invitados por la alta dirigencia política, etc. El segundo mundo de la representación política, lo contiene todo el campo organizacional, me refiero desde comités cívicos, colegios de profesionales, hasta organizaciones sociales urbanas y rurales.

Ambos mundos de la representación política pertenecen a nuestra realidad. Por un lado, podemos estar agremiados a alguna corporación pero al mismo tiempo simpatizamos con alguna organización política. Por otro lado, algún partido puede tener en su interior el apoyo de organizaciones sociales, o haber nacido a partir de un movimiento social urbano tipo comité cívico. Por tanto, no hay duda que esto forma parte de nuestra dinámica política.

La experiencia vivida hasta ahora del año pasado y este en el que nos encontramos nos lleva a pensar en que esos dos mundos de la representación política deben conjugarse y materializarse en una propuesta de reforma político electoral de cara a las elecciones que vengan en el futuro. Por otra parte, si bien es cierto que la actual ley de organizaciones políticas contempla la idea de unas primarias cerradas para elegir candidatos, sin embargo sigue pensando en primarias con una carga demasiado formalista y separada de la dinámica que tenemos, por eso entre otras cosas cuando se las quiso implementar fueron duramente criticadas.

Trabajar una reforma política que permita a las organizaciones políticas y a sus militantes seleccionar y elegir en mejores términos a sus candidatos nos ahorraría todo este momento previo que llega a empañar las campañas electorales porque seguimos anclados en la denuncia de las candidaturas que no fueron consensuadas, en que las candidaturas fueron impuestas desde la dirigencia, o en que incluso hayan candidaturas que sienten que tienen un derecho hereditario para estar ahí. Y no se trata de reescribir la historia, sino de aquello que en clave alentadora dice Safranski: la democracia vive solamente si comienza siempre de nuevo consigo misma.

Cuando escribo esta columna se reporta oficialmente cerca de 215.000 compatriotas infectados por el COVID19 y más de 10.280 fallecidos y lo que es peor, durante la semana recién pasada, hemos superado en Bolivia todos los records de contagios y decesos: una tragedia humanitaria; sin contar lo que aún nos espera. Dios nos proteja. 

Si bien se tuvo la buena y esperanzadora noticia del arribo aunque sea de taquito y en medio de un burdo show de 20.000 dosis de la Sputnik V (cuando se requieren millones) todo indica que para vacunar a todos los que estamos dispuestos –ya que no se podría obligar a nadie por el art. 44.I de la CPE- se necesitará si todo sale bien, por lo menos hasta fines de este año, además de la logística, recursos y la mano del técnico que no aparece y sólo pretextea. Mientras, aguantar no más… 

Entre tanto, las campañas electorales siguen como si nada ocurriera. Los ciudadanos estamos no sólo asombrados sino asqueados de la talla que está mostrando, nuevamente, la clase política y la de todos los colores (conste en obrados). 

Haciendo gala de su absoluto desprecio del bien de mayor valor en cualesquier sociedad medianamente civilizada como es la vida + la salud, siguen metiéndole no más con total frescura sus campañas electorales –con el entusiasta encubrimiento del órgano electoral- multiplicando así los contagios. Si sólo se tratara de ellos, se lo merecerían por su frivolidad, pero el detalle es que se convierten en difusores del virus entre sus familias y demás personas en contacto.

La reciente guitarreada del Presidente Arce en Santa Cruz en la campaña de sus candidatos (sin barbijos, distancia social, etc); las caravanas, proclamaciones y demás actividades proselitistas de los candidatos de la oposición, que juran cumplen estrictamente medidas de bioseguridad cuando las imágenes muestran exactamente lo contrario, constituyen prueba plena más allá de toda duda razonable del avanzado nivel de desconexión de la clase política boliviana: sólo les interesa tratar de lograr o mantener como sea el poder, las pegas y demás mieles por las que babean, aún a costa de su vida y la de sus semejantes.         

Defiendo que más pronto que tarde tengamos autoridades sub nacionales legítimas, pues las actuales, legalmente prorrogadas por la DC No. 01/2020 y la Ley No. 1270, ya no son legítimas. No obstante, les fuera por lo menos de sentido común para no pedirles mucho como inteligencia, distinguir lo urgente de lo importante y en esa línea cabría salir por los fueros de la vida + la salud, mientras podamos en la medida de lo posible cortar la cadena luctuosa del contagio. Es evidente que no es el único escenario posible para la multiplicación de contagios (están los mercados, bancos y otros) pero la actividad proselitista no es y con mucho, imprescindible en estos trágicos momentos, a diferencia de aquellas que tienen que ver con la alimentación, economía y otras, que deben continuar para asegurar el siquiera menos que regular funcionamiento de la sociedad en pandemia. 

Mientras, los médicos y personal sanitario están ofrendando su vida para tratar de salvar lo que se pueda del desastre y reciben en respuesta una flamante ley en trámite legislativo que les impediría ejercer su derecho humano a la protesta y les volvería a meter de contrabando unos improvisados como competencia, no para salvar vidas que fuera plausible, sino para tareas de adoctrinamiento desde la tiranía caribeña; los médicos desocupados bolivianos, aguanten no más… 

Ese absoluto desenchufamiento tanto del oficialismo como de la otra vereda que se dice opositora constituye desde todo punto de vista la peor afrenta que recibe la ciudadanía seguramente en toda la historia boliviana. Ante su imposibilidad para acceder a un sistema de salud, sea gratuito y hasta pagado que le brinde tratamiento adecuado ante el temible contagio y salvar lo que queda de su economía, nuestros politiqueros están orondos en campaña, mientras, los ciudadanos enfocados sencilla y llanamente, en sobrevivir, no en votar: ese es el estado del arte a mí juicio. SOWELL escribe: "¿Cuánto tiempo tienen los políticos para seguir prometiendo el cielo y entregando el infierno antes de que la gente se dé cuenta y deje de dejarse llevar por la retórica?"
 

El gobierno boliviano lanzó el Decreto Supremo No. 4424 (17.DIC.2020), creando dos fideicomisos por un monto conjunto cercano a los 131 millones de dólares para la otorgación de créditos de inversión así como capital operativo, en función de proyectos orientados a la sustitución de importaciones con producción nacional. En relación al tema corresponde hacer tres puntualizaciones, para poner las cosas en su lugar y entender este Programa de Sustitución de Importaciones denominado “SI Bolivia”, concebido para impulsar el desarrollo y la reactivación de la industria nacional.

En primer lugar, destacar esta iniciativa que algunos critican pensando que se trata de un retorno al viejo modelo Cepalino de los años ´50 y ´60, basado en la sobreprotección del mercado interno para forzar una industrialización sustitutiva de importaciones, cuando en realidad no es así.

En segundo término, destacar el plazo del crédito -15 años- y la tasa de interés prácticamente inexistente (0,5%) considerando la inflación anual; una medida acertada en la perspectiva de inducir algo de competitividad a la producción nacional que enfrenta una desigual competencia con bienes extranjeros que no solo llegan extremadamente baratos por la vía legal, sino también de contrabando, dada la generalizada depreciación y devaluación de las monedas.

En tercer lugar, destacar el hecho que esta política pública esté al alcance tanto de la micro, pequeña y mediana empresa, como también de la gran empresa, y que no exista discriminación al permitir que todos se beneficien de dicha posibilidad, ya que los empresarios -independientemente de su dimensión productiva- son bolivianos y merecen el mejor trato por parte del gobierno, como generadores de riqueza, empleos y tributos para el Estado nacional.

Ahora, tomando en cuenta la gran magnitud que han alcanzado las compras externas en el país, habida cuenta de la altísima propensión a importar que devino de las políticas de lucha contra la pobreza, el crecimiento de la clase media, y el mantenimiento de un tipo de cambio real apreciado (Boliviano fuerte versus dólar baratito), el monto del Programa “SI Bolivia” de casi 131 millones de dólares para muchos no es significativo -dada la coyuntura actual- siendo que para la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia urge la inyección de varios miles de millones de dólares en función de la reactivación productiva, pero servirá como medida de salvataje para muchas empresas, principalmente pequeñas.

Por tanto, esta medida, frente a la retracción del PIB boliviano por más de 8% el pasado año, como fuera pronosticado por el gobierno, si bien es buena, para un mejor resultado debería acompañarse con dos acciones de cortísimo plazo conducentes a la recuperación del mercado nacional a través de una efectiva sustitución competitiva de importaciones como viene proponiendo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) desde años atrás: promover el consumo de productos nacionales y combatir frontalmente el contrabando.

En suma, se trata de una feliz coincidencia con una parte de la propuesta que el IBCE viene realizando durante los últimos años, pensando en el país, para un mayor crecimiento de su PIB y un reforzamiento de las RIN en el BCB: combinar una política de promoción selectiva de exportaciones (para traer dólares) con una política de sustitución competitiva de importaciones (para ahorrar dólares), algo que podría devenir en la generación de centenares de miles de empleos para los bolivianos.
 

El problema de salud pública en el que se ha convertido la pandemia del coronavirus, ha abierto debates amplios y complejos en relación a lo que hacen las farmacéuticas en el mundo, los gobiernos de los Estados y el comportamiento de los ciudadanos. Pareciera que con la experiencia que llevamos acumulada, algo más deberíamos haber aprendido los tres actores mencionados; sin embargo, esto tiene sus matices, en gran medida porque el espectro de los intereses es muy extendido y complejo. Por eso ante el escenario de segundas y terceras olas de la pandemia, un elemento clave es la obtención de las vacunas y si es posible que los actores privados puedan importar para inmunizar junto con el Estado a su población.

Algunos ejemplos al lado nuestro, nos muestran que en el caso del Brasil, su Asociación de clínicas de vacunas, que alberga a empresarios privados de ese país avanzan en negociaciones para adquirir una vacuna de la India, lógicamente previa aprobación de la calidad de la vacuna por su respectivo ente regulador de medicamentos que depende del Estado. Aparte de la vacuna que el gobierno se encargará de distribuir de manera gratuíta, y de paso de tener la licencia para la producción de la vacuna Oxford.

En el caso del Perú, además de inmunizar desde el Estado con la vacuna China y la de Oxford. El gobierno de ese país acaba de aprobar un reglamento que permite un registro sanitario condicional por un año a medicamentos y vacunas que dan lugar a una emergencia nacional declarada por el gobierno. Esta decisión fue cambiada respecto del año pasado en la que se aseguraba que ningún privado podría importar vacunas porque la incertidumbre aún en ese entonces sobre estas era importante.

En el caso de México, también existe un avance importante a la apertura de la importación privada de vacunas, dado que su presidente López Obrador hace pocos días atrás dijo públicamente que no habría oposición si los privados y autoridades regionales quieren importar vacunas, el espíritu es que se vacunen todos y pronto.

Volvemos a nuestro contexto, al igual que los otros casos mencionados, el Colegio Médico de Bolivia pidió que se pudiera abrir la importación de vacunas, existe a la fecha un Decreto Supremo firmado por el presidente Arce en el que faculta a los entes estatales y privados a la importación de respiradores y equipos clínicos para atender la pandemia. Pero es importante que el gobierno se abra a mantener una acción coordinada y formal con la empresa privada además de con las autoridades regionales y locales.

Es de sobra conocido que tenemos un mercado “negro” o informal de todo tipo de productos, en este contexto por ejemplo los hay desde las mascarillas que se pueden comprar en cualqueir esquina de los barrios hasta las medicinas que las farmacias no tienen y que otros las importan vía contrabando. Incluso pensando en que el gobierno autorice la comercialización de la vacuna a los privados lograría con eso que no aparezcan en el mercado informal y de paso recaudar impuestos por estas que deberían ir para la compra de más vacunas gratuitas a la población.

Seguramente existirán personas que no estén de acuerdo con la venta de la vacuna, sin embargo, en tiempos tan catastróficos como los que estamos viviendo tenemos que pensar en que los empresarios privados son aliados útiles que pueden ayudarnos a levantarnos de manera conjunta como país. Finalmente, ya que estamos hablando también en estos tiempos de salud y de crisis económica, hay que recordar que a la empresa privada también le importa tener a sus trabajadores vacunados porque el costo de que no puedan ir a sus fuentes laborales es más alto, por eso igual salimos ganando todos.