Seguridad

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que en audiencia cautelar realizada el jueves las cuatro personas fueron declaradas como probables autores de los delitos de Lesiones Graves y Leves, Tentativa de Homicidio y Asociación Delictuosa.

“Tomando en cuenta nuestra normativa, y después de haberse sometido a un proceso disciplinario, en lo que va del semestre, en estos seis meses, 15 funcionarios policiales han sido suspendidos temporalmente”, explicó el presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, Édgar Cortez.

Los operativos se realizaron en Llallagua, Catavi y Uncía y entre los capturados se encuentra un supuesto francotirador identificado como Galo Jorge Ch.

Según el reporte, la región pasará del nivel 2, que insta a “evitar viajes no esenciales”, al nivel 3, que recomienda “abandonar el territorio” y sugiere a los ciudadanos surcoreanos cancelar o posponer cualquier visita al lugar y salir de allí si ya se encuentran en la zona, salvo por razones estrictamente necesarias.

Según datos del Ecosistema del Ministerio Público, La Paz es el departamento que más casos del delito presenta, con 19.

“Estamos esperando las garantías correspondientes para que los efectivos retornen. No vamos a poner en riesgo a nuestro personal”, aseveró el comandante departamental de la policía de Cochabamba, Edson Claure.

“Se han identificado, con la información acumulada, en tres aspectos: primero 63 hombres y mujeres que participan en el sitiado, bloqueos y dinamitazo a lo largo de las carreteras. (Segundo) frente a 40 que han participado en la ideación, deliberación y ejecución de este asesinato, que luego se reduce a 10 quienes son de la autoría intelectual”, dijo el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

El reporte, elaborado con base en datos oficiales del Estado de Sao Paulo y del Ministerio Público Federal de Brasil, señala que el PCC opera actualmente en al menos 28 países, combinando su poder carcelario con una estructura descentralizada de operaciones en territorios clave para el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Los grupos locales exigen pagos ilegales y deciden de manera discrecional quién puede transitar por la zona, interrumpiendo décadas de intercambio cultural y comercial entre las comunidades.

Los sospechosos son sindicados por el Ministerio Público como miembros de una organización que se dedicaba a internar droga desde Bolivia.