Blogs

De un tiempo a esta parte, todos los medios de comunicación en el mundo reportan malas noticias, ya sea por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica generalizada derivada de ella, así como también por los dramas derivados de la pérdida de empleos que desestabilizan a los hogares, llegando a ser parte de la explicación del aumento de muertes por esta última razón; ocurre en diferentes partes del planeta y Bolivia no es la excepción.

Sin embargo, como en medio de las nubes -o cuando pasa la lluvia- siempre aparece radiante el sol, igual -en medio de las arideces- una buena noticia…

Este es el caso de lo que acontece hoy en nuestro país, cuando, luego de un año para el olvido (o para recordar cuán frágil es el ser humano) en medio de la crisis que afecta a la generalidad de sectores productivos, comerciales y de servicios, aparece una luz de esperanza: el buen desempeño del comercio exterior, dando la pauta de lo que podría llegar a ser una lección aprendida y consagrar a futuro un crecimiento económico sin precedentes en el país.

“Auge agroexportador en Bolivia muestra vía de salida de crisis”, tituló la nota de la Agencia de Noticias Rusa Sputnik (11.06.2021), mostrando los sorprendentes resultados reportados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en relación al excelente desempeño del sector agroalimentario nacional, con base en datos oficiales del INE, destacando que:

“El comercio internacional agroalimentario boliviano en el cuatrimestre enero-abril de este año dejó un superávit de 430 millones de dólares, determinante en gran medida del superávit global de 453 millones registrado en ese período (…) los exportadores de alimentos lograron estos resultados, que consolidan el crecimiento advertido ya en 2020, pese a la pandemia de COVID-19, dificultades logísticas y altos costos del transporte internacional”

Efectivamente, contra viento y marea, pero con la firme determinación que caracteriza a los agroproductores, este sector no para de apostar por el país y qué bueno que así sea, pues de otra forma los alimentos escasearían y subiría su precio afectando a los más pobres; aunque para que nuestra mesa esté bien servida y millones consuman alimentos bolivianos en el exterior, deba mediar no solo el sacrificio de las madrugadas diarias, el ataques de plagas, la inclemencia del tiempo, sino, además, la pérdida de vidas, de lo cual doy fe al haber visto partir a varios amigos del agro debido al Covid, desde el 2020.

Gracias a ellos y sin que falte en absoluto alimento para los bolivianos, el sector agropecuario/agroindustrial generó hasta abril pasado casi 600 millones de dólares por la exportación de cerca de 924.000 toneladas, subiendo 49% en valor y 11% en volumen respecto a igual lapso de la pasada gestión. No faltará quien diga que tal comparación se da frente a un mal año, por lo que cabe aclarar que las agroexportaciones hasta abril son las más altas en cinco años, tanto en términos de valor cuanto en volumen, de ahí que no se trata de un “efecto rebote” como pasa con los hidrocarburos, minería, comercio, etc., que hoy crecen mucho respecto al 2020, cuando cayeron estrepitosamente.

Al paso que van las exportaciones de alimentos se encaminan a un nuevo récord, algo bueno para Bolivia porque con un previsible superávit comercial en el rubro por más de 1.000 millones de dólares, ello implicará un gran aporte para robustecer las Reservas Internacionales Netas del BCB, en momentos en que el gobierno se apresta a comprar oro nacional seguramente para exportarlo y conseguir dólares, para igual efecto.

De ahí que el destacable enfoque de Sputnik, es correcto: la forma de salir de la crisis económica y generar empleos de calidad en el país, dada la alta capacidad de reacción a corto plazo del sector, tiene nombre y apellido -AGROEXPORTACIÓN- sin desatender el mercado interno boliviano. Todo un mérito, como para apoyarlo en todo, en vez de ponerle cortapisas con la biotecnología o restricciones a la exportación, ¿verdad?
 

Literalmente, el ex Presidente Carlos D. Meza ha dejado con los rulos hechos a la Comisión de Fiscales que le citó como testigo en el caso “Golpe de estado” que le meten no más: se acogió a su derecho al silencio y no autoincriminación. Uno de los Fiscales, señaló que analizarán si corresponde considerar su postura como obstaculización de la investigación pues no fue citado como sindicado, sino como testigo, debiendo colaborar con la investigación.

Más allá de los divertidísimos memes publicados con la cara del Fiscal y la magistral versión de Confidencias de la declaración; resulta que en principio, la regla procesal (Obligación de testificar) indica que toda persona citada como testigo tendrá la obligación de comparecer para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por ley; precisando en tal sentido que incluso el testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad. Más adelante, desarrolla otras posibilidades catalogadas incluso bajo deber de abstención: secreto profesional u otros, por ejemplo un sacerdote no podría revelar lo que se enteró en el confesionario, un psicólogo en su consulta o un abogado en su defensa, salvo sea expresamente relevado por el interesado.

Si nos atenemos a la Constitución, que por supuesto aplica por encima del Código Procesal, resulta que precisamente el art. 121 alegado por el convocado, ordena que en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma. Adviértase que usa la fórmula “ninguna persona” con lo que queda claro que no distingue entre testigos e imputados u otros. 

La Convención Americana de DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, franquean también en favor de toda persona, el derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Incluso, la misma CPE boliviana (art. 256) obliga además que esos instrumentos de DDHH que declaren derechos más favorables que hasta la propia CPE, deben ser interpretados y aplicados por encima de ella. 

Entonces, no hay donde perderse. El ex Presidente acudió a declarar cumpliendo la citación practicada como testigo y, como tal, se amparó principalmente en su garantía franqueada por la CPE + IIII y desarrollada a título de excepción a la regla, por el CPP; dejando también evidentemente, con los churkos hechos para el festín a quienes pretendían obtener alguito siquiera en su contra, para continuar y mejor incluirle en el caso “golpe de estado”. 

Uno de los gravísimos vicios del sistema procesal actual que arrastra desde el anterior inquisitivo, es su crónica ineficiencia para construir eficientes sistemas de investigación que no dependan de la “colaboración” de los investigados, incluso tratándose de casos como el que nos ocupa, en el que es también inocultable que la Fiscalía convertida a esos efectos en una oficina más al servicio del ejecutivo, ha puesto toda la carne en el asador, pese a lo cual el proceso no tiene ningún futuro procesal en términos serios y objetivos e incluso, más bien le salen sistemáticamente valiosos datos que dejan en ridículo su “teoría de caso” si es que la tienen. Por ejemplo la reciente memoria de los hechos del proceso de pacificación de lo ocurrido en aquellos momentos, de la Conferencia Episcopal Boliviana. Off side para la acusación (Sin necesidad de VAR, siquiera)

A propósito, el temible Cardenal Richelieu tristemente célebre por sus formas autoritarias para conservar el poder, crear redes de espionaje y, la persecución y ejecución de sus rivales políticos, había advertido siglos atrás: “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”.  
 

Una de las palabras que probablemente define bien los tiempos que vivimos es la “incertidumbre”, en todo aspecto de nuestras vidas hoy manifestamos estar menos seguros que antes, si ya veníamos cargados de escepticismo por la política y los políticos, la pandemia hizo detonar en nosotros una sociedad tipo distópica que ve en el presente y en el mañana los miedos más profundos que tenemos.

Por eso, el futuro no se nos antoja como algo prometedor y sobre lo cual vale la pena arriesgar. Al contrario, se nos presenta como algo que queremos en lo posible evitar, y esto nos lleva entonces a la idea de que quizá nuestro refugio se encuentra en el pasado, en aquel momento en que nos sentíamos de alguna forma cómodos y donde podíamos enfrentar el presente con mejor instrumental que ahora.

Por eso las figuras en nuestra política que regresaron de ese momento previo en el que sentíamos que estábamos bien, en parte pudieron triunfar en elecciones. Lo pongo con dos ejemplos: Uno, Manfred Reyes Villa en Cochabamba apelando constantemente al momento en el que era alcalde de esa ciudad y que casi su denominativo fue la ciudad jardín, prometiendo a los citadinos de esa urbe retornarlos a ese momento de seguridad y comodidad. Dos, Luis Arce Catacora traduciendo en su discurso electoral el mensaje principal de que es la garantía de la estabilidad económica que el país necesitaba luego de una desastrosa gestión de Áñez.

Ese discurso de retorno a lo seguro en el caso del Presidente Arce le valió la posibilidad de que el centro político se volcara a su favor y obtuviera ese cincuenta y cinco por ciento de apoyo electoral, o lo que es lo mismo, así hizo épica en la política. Sin embargo, a seis meses de gestión de gobierno era importante contar con un balance de la sensación de la gente sobre la administración de esa épica, aquí es cuando nos encontramos con la encuesta de CELAG que tiene una pregunta central para debatir esto.

Ante la pregunta de: ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor su sensación respecto a la situación actual del país?, las respuestas que suman una valoración positiva entre esperanza y confianza tienen el 35,4%; mientras que las que reúnen sensaciones negativas que van del enojo a la angustia son el 27,3%. Pero también están para sorpresa nuestra las sensaciones de indiferencia e incertidumbre, que suman el 35,8%, este último dato es el que llama la atención porque se ubica justamente al centro de las sensaciones y la hipótesis que me atrevo a lanzar es que son personas más cerca de traducir su incertidumbre e indiferencia en aspectos negativos más que positivos por las razones expuestas al inicio respecto del futuro.

Es decir, la épica político electoral con la que llegó al poder el Presidente Arce a seis meses de gestión lleva un desgaste de veinte puntos cuantificables, que en términos cualitativos corre el riesgo de transformarse en problemas efectivos de gobernabilidad en la calle con los sectores sociales, y de descrédito cada vez más evidente con la opinión pública por los evidentes problemas de política comunicacional que tienen y por los retrocesos en las medidas que quieren tomar, de las que dicho sea de paso son más que notorias al interior de su organización política últimamente porque no pueden aprobar iniciativas de ley ni mucho menos lograr hacer nombrar embajadores.

Recuerdo una experiencia -un mal momento que pasé hace mucho tiempo ya, en la época republicana- cuando, habiendo sido convocado a una gran reunión en un Ministerio del Estado en la ciudad de La Paz, un funcionario público, en respuesta a un planteamiento mío, me espetó delante de los platinados de Harvard, Cambridge, etc.: “¡Eso sería una cacería de brujas!”. Por supuesto que rechacé aquello y expliqué, por qué no era así, sabiendo además que una cacería de brujas o caza de brujas, es la expresión que se usa “metafóricamente para referirse a la persecución de un enemigo percibido (habitualmente un grupo social no conformista) de forma extremadamente sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real” (Wikipedia.org).

Para que se entienda el motivo de lo dicho anteriormente, traigo a colación un suceso reciente en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, donde la Aduana Nacional realizó un megaoperativo anti contrabando por el cual “100 militares, 100 efectivos aduaneros, 90 policías y 8 fiscales decomisaron 1.500 fardos de ropa usada que era comercializada en la feria 16 de Julio de El Alto, asestando un golpe económico de 1,5 millones de bolivianos a los dueños de esa mercadería”, operación que, sin embargo, fue resistida por los comerciantes afectados quienes reaccionaron violentamente, hasta intentar el secuestro de dos fiscales (“Aduana incauta Bs 1,5 millones en ropa usada; Mypes destacan acción”, EL DEBER, 26.05.2021).

No es la primera vez que nuestra Aduana Nacional -tan criticada por todo y nada, y tan pocas veces valorada en sus aciertos, como el caso referido- es agredida por quienes operan al margen de la ley, lo que resulta lamentable, tratándose de una entidad operativa del Estado que solo hace su trabajo. La Aduana no es algo abstracto, sino, una realidad concreta de seres humanos que tienen familia y que deben sufrir las consecuencias de ir contra la delincuencia; viendo tanto reclamo al respecto ¿no se entiende que el contrabando es una actividad al margen de la ley, por tanto, un delito, y que quien incurre en él, un delincuente?

El problema es que los contrabandistas utilizan a la gente necesitada que, sin opciones de trabajo, comercializa su mercadería mal habida y -a sus ojos- los contrabandistas pasan a ser los “buenos”; la Aduana y las fuerzas del orden, “los malos” y, entonces, no reparan en agredir a la autoridad.

Siempre se ha criticado la falta de voluntad política para enfrentar el contrabando; sin embargo, los reiterados golpes que viene dando la Aduana contra dicha actividad y particularmente el reciente operativo con 17 allanamientos, podrían empezar a hacer cambiar tal percepción, al mostrar su determinación y valentía para afectar al mismísimo centro neurálgico del contrabando en el país.

Hay que destacar también el muy pertinente respaldo del Ejército y de la Policía en los operativos, en función de las reacciones violentas de los contrabandistas y comerciantes, como ocurrió en dicho operativo con el comiso de nueve camiones y buses que debieron “salir en quinta” al ser agredidos con armas, petardos y piedras. No hay que dejar sola a la Aduana en la difícil pero urgente tarea de combatir el contrabando que tanto daño causa, como la ropa usada que no puede importarse legalmente al país, ni tampoco comercializarse, por existir Decretos que lo prohíben.

Lo triste del caso es que, sabiendo que esa ropa es contrabandeada y sin certificación sanitaria, ignorando que podría haber sido rescatada de muertos y enfermos de los hospitales, en el país de origen, la compran no solo los pobres sino también “gente bien”, solo para andar fashion…

Volviendo ahora al primer párrafo, la reunión que mencioné era para ver cómo combatir el contrabando, ante lo cual propuse realizar una campaña de concienciación ciudadana para denunciar al contrabandista a cambio de una recompensa. Fue ahí que el funcionario dijo que eso ¡acabaría en una cacería de brujas! Entonces le corregí: “De brujas, no, de contrabandistas”

Luego de más de 6 años y medio de su injusto procesamiento, el Ministerio Público retiró su acusación contra el Médico Jhery Fernández al que persiguió penalmente, admitiendo su inocencia; con ello, el Tribunal de Sentencia 4º de La Paz, resolvió su absolución, con costas, daños y perjuicios. 

La noticia ha causado satisfacción y alivio general –imagínense a sus víctimas- y por otro lado, un generalizado sentimiento de repudio contra el sistema de justicia. No es que en todos los casos, todos sus operadores procedan así, pero es harto evidente que el proceso penal del Médico encarcelado por 4 años y 11 meses por los fiscales, forenses, jueces y vocales del horror que participaron y porfiaron en injustamente acusarle, constituye una buena muestra de lo que ocurre cuando ese sistema obligado a tutelar derechos de las partes –víctima e imputado-, se prostituye por otros intereses. 

Entonces, la primera pregunta que surge y que esa tardía absolución no la resuelve, es la verdadera causa por la que esos juristas del horror perpetraron en concierto, semejante daño. Que se sepa, no se trataba de algún fichado opositor al que debían descargarle todo el peso de la injusticia para sacarle de circulación y escarmentarle, tampoco la víctima tenía algún poder para ello y el clamor popular por lo ocurrido al bebe Alexander, pese a todo, parecería no ser suficiente para tan ruin proceder:¿Qué les indujo a delinquir de tal forma? Es algo que debe despejarse…

Por otra parte, aunque ya los Jueces lo han ordenado, cabrá ver si es que realmente en el inmediato futuro se cumplirá –y el sistema lo efectivizará- con las costas, daños y perjuicios contra los responsables o, como suele ocurrir en los muy pero muy pocos casos en los que así se resuelve, surgirá no más aquello que entre bomberos…

Para el efecto, la CORTE IDH tiene sentada una sistemática doctrina y línea jurisprudencial vinculante para los agentes del estado boliviano, conocida como la restitutio in integrum, restitución integra o completa, por el que a partir del principio natural basado en que toda violación que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente mediante indemnización, incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de compensaciones pecuniarias, aplican medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por los daños ocasionados.   

¿Será que nuestro sistema de justicia lo logra en el caso del Médico Fernández? ¿Alcanzará a todos los responsables, incluyendo los altos cargos que públicamente defendieron y hasta porfiaron con esa injusticia? ¿O se quemarán sólo los fusibles acostumbrados?  Por sus características, el caso Fernández  podría marcar un antes y un después al estado del arte de la justicia boliviana en materia de reparaciones, siendo por ello una fabulosa oportunidad para intentar reivindicarse.

Por el momento, parece ya ir en sentido exactamente contrario. Pese a que el Fiscal General anunció investigaciones al respecto, el sistema acaba de premiar a uno de los principales perpetradores de aquella injusticia. El Consejo de la Magistratura, probando que ni siquiera procede con una pizca de sentido común, ha elegido al ex Fiscal que porfió y defendió esa espuria acusación y proceder, eligiéndole Juez Penal. Más allá que no existan condenas y puedan exhibirse impolutos certificados de antecedentes, esa elección prueba que el sistema de selección de jueces del Consejo padece gravísimas fallas estructurales que en parte, explican porque juristas de prestigio no quieren prestarse hacer de tontos útiles participando en esas convocatorias, además de su evidente ilegitimidad para seguir eligiendo garantes de nuestros derechos, cuando ellos perdieron por goleada en sus propias elecciones que les habilitaron a sus cargos. “La legitimidad es el reconocimiento público de una autoridad según la Constitución lo establece, que puede ser de origen (cómo accedo al poder) y de ejercicio (cómo lo ejerzo)”. José Ignacio HERNÁNDEZ
 

“Acá llegan CV de profesionales buscando ser operarios. Hace un par de meses sacamos un anuncio para jornaleros, llegaron más de 80 CV en 2 horas y algunos querían quedarse a trabajar gratis, por la comida. Fue desgarrador...” (relato de una empresaria amiga, el 13.05.2021). Yo le creo a mi amiga porque, en mi caso, casi a diario recibo solicitudes de trabajo y ¡cómo duele el alma, no poder ayudar!

Lamentablemente, la situación está así -no para algunos sino para mucha gente- y no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, por causa de la crisis sanitaria que ha provocado terribles dificultades económicas en todo el orbe.

Lo evidente es que hay preocupación por la situación de la economía del país: el ciudadano de a pie siente que la reactivación económica no va a la velocidad deseada; mucha gente está desempleada, endeudada y le preocupa lo que pasará a partir de julio cuando las empresas y particulares deban volver a pagar sus créditos, pudiendo provocar ello más desempleo.

En lo que hace al sector empresarial productivo, comercial y de servicios, un Congreso de Emergencia convocado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia acaba de lanzar un clamoroso pedido, al sentir que no es atendido por el gobierno pese a ser el mayor generador de empleo, lo que se interpreta como una falta de voluntad para dialogar, pese a su interés de coadyuvar a la reactivación económica del país.

Los entendidos en la materia saben lo importante que son las expectativas para el éxito de las políticas públicas, de ahí que las señales que se emiten pesarán mucho a la hora de la esperada recuperación económica; determinaciones como la restricción a las exportaciones de alimentos (queriendo que el mercado interno esté abastecido primero) no son bien recibidas por el sector primario ni el industrial, al desincentivar una mayor inversión por parte de los productores y exportadores, cuando la solución es muy sencilla: si se garantiza la libre exportación, la consecuencia será producir mucho más para garantizar el autoabastecimiento. Por el contrario, una mayor restricción podría ocasionar una menor producción: sin la seguridad de exportar los excedentes, la producción como la exportación de alimentos podría bajar, como ya ocurrió antes -y ojalá no se vuelva a dar- porque si hay algo que Bolivia precisa, es exportar más para que las divisas aumenten y no se vea obligada a devaluar.

Por tanto, producir más para garantizar el abastecimiento interno es la solución, y la forma ideal para que no falte alimento en el mercado interno o que no suba su precio, es incentivar al sector agropecuario a producir mucho más, algo que implicaría generar más empleo.

Sin embargo, para producir más, se precisa contar con las condiciones mínimas necesarias como seguridad jurídica, garantía de exportación y el poder utilizar la biotecnología para lograr más y mejores alimentos. Ya lo dijimos y lo repetimos: triplicando la producción de alimentos hasta el 2025, como se propuso al gobierno en el 2013, las exportaciones crecerían siete veces y se generaría un millón de nuevos empleos.

Con unas pocas y sencillas políticas públicas el PIB de Bolivia podría crecer a cortísimo plazo al 7% o más. ¿Cómo hacerlo? Alentando a que el sector privado -por su cuenta y riesgo- invierta en sectores de rápida reacción como el agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal/maderero; estimulando la exportación así como la mayor producción para sustitución de importaciones; combatiendo el contrabando y recuperando el mercado interno con una campaña a favor del consumo de productos nacionales, la economía crecería mínimamente al 7%.

En ese escenario las empresas serían las desesperadas por contratar más personal, ofreciendo un mayor salario a los trabajadores -especialmente a los de mayor productividad- y no como ahora, cuando unos 150.000 jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral, compitiendo con sus propios padres que perdieron su empleo o no encuentran la posibilidad de trabajar…
 

A causa de una acción de amparo constitucional presentada por un dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre cuestiones relativas a la Presidencia de esa entidad, se ha desatado una interesante polémica respecto del poder que el mundo organizativo del fútbol (FIFA / CONMEBOL) pretende sobre los estados nacionales, sus normas y sistemas jurídicos. De acuerdo con las normas internas de aquellas organizaciones, amenazadas de aplicarnos según el último comunicado de la CONMEBOL, por “obligaciones administrativas”, la verde y sus clubes podrían ser eliminados de sus competiciones -roja, directa-, de persistir el trámite de esa acción.

Soy futbolero, aunque tengo una pizca de sentido común para diferenciar ese hermoso deporte de la mafia que lo tiene cautivo, precisamente desde sus entornos directivos, lo que me lleva cuestionar: ¿Hasta dónde puede alcanzar el poder de esas entidades –privadas- frente a los estados nacionales? ¿Acaso sus ciudadanos no tienen derecho a pedir tutela en sus tribuales frente a sus actuaciones? ¿Es que pretenden constituirse de facto en superestados cuyas Constituciones y Leyes, no les alcanzan? Cualquier estudiante no muy avispado del vestibular de Derecho, sabe perfectamente que cualquier pacto así sea de orden privado, no puede prevalecer frente a la normativa interna de cualquier país, peor si es de orden Constitucional.

No interesa aquí ingresar al mérito o no de ese amparo que entiendo además, obedece a las eternas pugnas de poder –por plata- que han prostituido al mediocre fútbol boliviano, al extremo que sigue festejando sus únicas glorias logradas el siglo pasado, frente a la cruda realidad de los sistemáticos papelones que hacen sus equipos –goleadas, en contra- incluyendo algunos desubicados que hablan de “grandes”. 

Empero, sostengo que las amenazas de aquellas organizaciones prácticamente mafiosas –les recomiendo las investigaciones de Andrew Jennings, por ejemplo “La caída del imperio”; Aguilar – Alfaguara, Bs. As. 2015, entre muchas otras- revelan el desorbitado poder con que deliran esos entes, al extremo de pretender situarse hasta por encima de los estados, sus leyes y estructuras institucionales.

Desde lo constitucional, esa postura es sencillamente insostenible. Para empezar, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir tutela judicial efectiva y oportuna ante nuestros tribunales de justicia nacionales, frente a acciones u omisiones que consideren lesivas contra sus derechos y garantías (que tengan o no mérito, es otra cosa). Para ello, la acción per se es la de amparo constitucional precisamente franqueada para tales supuestos. Además, nuestra CPE contiene un principio universal por el que todas las personas somos iguales ante la ley, lo que significa que tanto personas físicas de carne y hueso, como las jurídicas –FIFA, CONMEBOL, etc- deben recibir igual trato y, eventualmente, someterse a la administración de justicia, sea como demandantes o demandados. 

Para que todo eso pueda efectivamente funcionar y no quede sólo en el papel; plasmando todas esas declaraciones y como no podía ser de otra manera, la misma CPE es clarísima al ordenar: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidas a la presente Constitución”, siendo ella la norma suprema del ordenamiento jurídico de cualquier país, incluyendo el nuestro.  

Así el estado del arte de las normas aplicables, más allá que esa acción de amparo tenga o no mérito y sus circunstancias, incluyendo aquellas pugnas y sus reales causas que las huelo obscuras, la postura de la FIFA / CONMEBOL por muy poderosa que lo sea y recursos económicos que maneje (a su antojo, además) constituye una afrenta al estado de Derecho cuando precisamente éste implica que nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima de la CPE y las leyes de cualesquier país, al extremo grotesco de amenazar sacar la tarjeta roja a sus miembros, por el “pecado” de impetrar tutela ante sus tribunales de justicia para que se expidan sobre el mérito o no de sus pretensiones jurídicas. Nadie puede substraerse de la justicia y peor amenazar con la roja directa. “Cualquier sistema que permita a alguna persona ejercer un poder desenfrenado sobre otros, es una invitación abierta al abuso”. Thomas SOWELL   
 

Normalmente, en los ciclos políticos, cuando las autoridades electas son posesionadas en sus cargos, se abre un periodo en los primeros años de gestión en los que estos desplieguan sus herramientas y acciones que tienen que ver con hacer cumplir de alguna forma aquello que prometieron en campaña electoral, teniendo en mente que los últimos años de sus respectivas gestiones el foco principal de trabajo será la coordinación política de cara a las próximas elecciones para volverse a postular al mismo puesto o quizá a otro que le brinde al político mejores perspectivas.

Eso pasaba en condiciones normales, pero dado que ya hace años que en absolutamente nada estamos en condiciones normales, la disputa política no escapa a este tema. La lucha política comenzó incluso antes de que se les diera las credenciales de autoridades, ya vimos cómo Santos Quispe en pleno acto de entrega de credencial de gobernador rompió con su agrupación política, o como Camacho discurseaba desde Santa Cruz deslizando la idea de posicionarse como una suerte de principado con poder suficiente como para advertir al Gobierno nacional que mejor se cuide porque le podría pasar lo del 2019.

Una breve nota adicional para el señor Camacho, al haber deslizado la idea de federalismo dio por cerrada toda posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial exitosa para el 2025, porque está claro que si algo no trasciende políticamente más allá de Santa Cruz, muy poco en Potosí y menos aún en Tarija, es justamente el discurso del federalismo, porque para el resto de departamentos es sinónimo de separatismo y regionalismo recalcitrante. Por lo tanto, Camacho tocó su techo político con esta Gobernación.

Por otro lado, el Gobierno nacional calificó a estas autoridades electas como “rupturistas”, cuando en realidad ninguno de ellos llegó a ser gobernador o alcalde gracias a una interpelación dura al Gobierno o al sistema político; al contrario, todos tenían la cara más visible y mejor conectada con perfiles de políticos expertos en hacer gestión y en cumplir las obras que estaban prometiendo.

Es decir, lo que debía ser el inicio de una cierta tranquilidad una vez que se resolvió la crisis política que vivíamos hasta antes de las elecciones, se aceleró en una serie de movimientos que de alguna forma expresan los dilemas internos que viven en el masismo y en el antimasismo. Estos problemas internos en el antimasismo, por ejemplo, tienen un común denominador, que es la disputa por ver cuál de ellos será ungido como la cabeza de la oposición política, porque tenemos en el campo de las oposiciones políticas un espacio muy fragmentado y disperso que por ahora no le alcanza a ninguno de sus líderes a representar el referente político de este bloque, por eso, por estrategia andan interpelando y pidiendo audiencia con el presidente, porque saben que el primero que logre una reunión con él, podrá ser autoproclamado como líder del antimasismo.

Mientras tanto, en el masismo, lo que se debate ahora mismo es una suerte de dilema traducido en el sentido de ver cuál es la identidad propia del Gobierno de Arce y Choquehuanca, porque hasta ahora en seis meses de gestión existe un vacío comunicacional que generó una doble ilusión. Por una parte, de que no se tiene un plan claro para encarar lo económico y social; y por otra, de que habría una suerte de poder dual que estaría compuesto por Arce y Morales. Es decir, la disputa política y la polarización que estaba en nivel máximo, en adelante estará en nivel de medio a alto durante todos estos años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre del 2021 la población económicamente activa en el área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

La buena noticia de dicho Informe, dando cuenta de cierta recuperación en la economía nacional sería que al primer trimestre de 2021, la tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia bajó a 8,7% luego de estar en casi 11% el año pasado, y que “el incremento en el número de ocupados, entre el primer trimestre de esta gestión y la gestión pasada, fue incidido más por la actividad económica de comercio y construcción, con un incremento del 15,7% y 3%, respectivamente; así como en servicios de hogares privados y de organismos extraterritoriales, donde la ocupación subió 2,7%. Aunque en otros sectores la ocupación cayó: Servicios de educación (5,8%), alojamiento y comida (4,8%), administración pública, defensa, etc. (3,9%), transporte y almacenamiento (3,3%) e industria manufacturera (1%).

No hay que dejar de lado en el análisis que tal comparación se hace frente a uno de los peores años de la economía en su historia -el 2020- debido a la pandemia y la cuarentena implantada; y, que los datos corresponden exclusivamente a la población urbana.

De que los números mejoraron, es evidente, especialmente cuando en agosto del 2020 el INE, con datos preliminares a julio, indicaba que "...del total de los desocupados cesantes, 434.000 personas, se puede observar que 289.000 fueron afectados directamente por la pandemia”, mientras que hoy se habla de unos 350.000 (dato del mes de marzo).

El drama es que -así sea uno solo- detrás de cada desocupado hay una familia sin recursos; además, entre los “ocupados” hay muchos que habiendo perdido su empleo o no pudiendo emplearse en su profesión se dedican a vender comida, “hacer taxi”, al delivery o al comercio, estando en situación de subempleo o desempleo encubierto/disfrazado, sin olvidar lo precario de los empleos en el sector informal que, según muchos supera el 70%.

No pierdo la esperanza de ver un día a mi Bolivia ofreciendo empleos dignos que lleven a la realización de la gente; empleos sostenibles, de larga duración, basados en la capacidad y productividad; empleos con todos los beneficios sociales, con atención de salud tanto para la prevención como la solución de las enfermedades; empleos que lleven a una mejor calidad de vida al jefe de hogar y su familia; empleos que permitan al trabajador un horizonte de previsibilidad, por ejemplo, para ser sujeto de crédito y contratar un préstamo para un auto, un lote o una casa, algo que en el sector informal no existe.

No solo eso, en el sector informal, así como en el autoempleo de subsistencia, tampoco hay beneficios sociales, horario de entrada y salida, o algún tipo de cobertura por parte del Estado: son empleos inseguros e inestables que no ayudan a la calidad de vida de la gente.

Precisamos sincerar esta situación, porque ello tiene que ver en la mayoría de los casos, con una competencia desleal e ilegal en contra de las empresas que tributan y son respetuosas de sus obligaciones para con sus trabajadores y el Estado.

La solución no es mágica, pero pasa porque se dé las condiciones mínimas de trabajo a los empresarios y a los propios trabajadores, para que se capaciten. 

Seguridad jurídica para la inversión, para quien arriesga, invierte y apuesta por el país, en todos los sectores; garantía de libre exportación de excedentes; recuperación del mercado interno, del contrabando; y, políticas públicas para ser más competitivos y productivos. Nada del otro mundo. Nada de dádivas, solo condiciones para invertir, producir y exportar más y sustituir importaciones. ¿Acaso dándose esto en el sector formal, no beneficiaría a todos los trabajadores?
 

El 26 de marzo, el Ministro de Justicia Licenciado Iván Manolo Lima Magne, había informado a los medios  –con inocultable disgusto pues causaba estragos en varios procesos de interés partidario- sobre la reciente emisión de la flamante Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0012/2021, es decir con número y fecha, por la que el Tribunal Constitucional en ejercicio de su rol de guardián de la CPE, había declarado –por fin, conforme debía para mi gusto- la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. 

Quienes por litigio, interés académico u otros, hacemos seguimiento a esas resoluciones, tratamos de obtenerla para estudio y aplicación, lo que en esos momentos, se volvió misión imposible. Hasta llegué a realizar una oferta pública en mi Facebook de recompensa (libros) a quien tenga a bien enviármela, pues surgieron una serie de rumores de fuentes muy pero muy confiables, en sentido que los Magistrados habían reculado de esa su decisión -¿Les jalaron las patillas o que pasó? - por lo que se soplaba que la ya a esas alturas esa ya famosa SCP, en otro acto de magia del TCP jamás aparecería (al menos en ese sentido) e incluso, la ex legisladora que planteó la acción de inconstitucionalidad, reclamaba vehemente su notificación y entrega de copias legalizadas. Demás está decir pese a ser el sitio oficial de seguimiento de causas, que la página web del TCP no publicó ni dio alguna información útil, lo que hoy dos meses después se mantiene.         

Hasta que un colega, me envío por whatsapp  la famosa SCP en PDF, con rúbricas y firmas y todo de sus Magistrados (hasta en cada página de sus 44, etc), siendo inmediatamente colgada en el Facebook del ICACH y circuló abundantemente en grupos de Abogados de whatsapp, etc. En lo relevante, declaraba pues la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 91 bis (prosecución del juicio en rebeldía) y por conexitud el 344 bis (Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción) del Código Procesal Penal, introducidas por las absurdas contra reformas de la Ley No. 004, recurriendo a un interesante test de razonabilidad de la desigualdad, entre otros. (Por si acaso, cumplí inmediatamente con la recompensa públicamente prometida, según ordena el Cgo. Civil). 

Para variar,  lo muy pero muy extraño del caso, es que hasta el momento, la ya famosa SCP no aparece de manera oficial a través de los canales regulares del TCP y, lo que es aún más inaudito, ayer el mismísimo Presidente del TCP acaba de desmentir olímpicamente al MinJusticia sosteniendo ya también que la causa seguiría en  trámite https://correodelsur.com/seguridad/20210508_paul-franco-desmiente-a-ivan..., aunque en su copia ampliamente compartida en las RRSS, aparece su firma encabezando sus suscribientes, además de los restantes Magistrados, (salvo una excusada, una disidente y otro que no intervino). 

¿Qué sucedió entonces? ¿Estaremos ante una sentencia fantasma? ¿Ante una SCP aparecida y/o luego desaparecida? ¿Se habrá “estido”? ¿Ante el disgusto público del Minjusticia, realmente recularon? O todo eso y algo peor? ¿O que está pasando realmente? Mientras esos misterios se despejan –y la famosa SCP circula ampliamente con más ganas, especialmente en el foro-  lo que asombrosamente está ocurriendo socava aún más –BORGES decía que nunca se sabe hasta dónde se pueda caer más bajo- la imagen de la administración de justicia y especialmente, la seriedad con la que el máximo Tribunal de Justicia Constitucional del país, debiera honrar, pues es el garante de nuestros derechos y garantías, correspondiendo haga gala no sólo de su independencia (muy discutida), sino de transparencia e idoneidad en el manejo de las causas que tramita. Se dice que la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo.          

Más allá del caso concreto y, lo que muestra, esconde y, principalmente implica en términos de seguridad jurídica, transparencia, confiabilidad e idoneidad; lo que sensiblemente está aconteciendo con la SCP No. 012/2021 y este su opaco tratamiento (que no es el único)  probablemente constituya una buena muestra del estado del arte de nuestro sistema de justicia –salvando muchos pero muchos otros casos en los que sus operadores proceden en sentido absolutamente opuesto al ejemplificado- cuando entre otros bienes, especialmente en casos de interés partidario, no nos otorga y muestra seguridad jurídica a los ciudadanos que acudimos con ese fin al sistema. Los Tribunales Constitucionales son ante todo, órganos contra poder, que tienen la feliz misión de sacarle la tarjeta roja a las leyes que vulneran las normas constitucionales y convencionales, lo que exige un tratamiento serio que jamás dé lugar a estos “misterios” de la ya célebre sentencia fantasma. SARTRE escribió al respecto: “Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también”.