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El 2020 ha debido ser uno de los peores años para el comercio internacional, por el negativo impacto que la pandemia del COVID-19 provocó sobre los flujos de exportación e importación, ocasionando confinamientos generalizados con cierres de fronteras para personas y medios de transporte, golpeando así al intercambio de mercaderías, salvo en casos excepcionales como el de los medicamentos, aparatos e insumos médicos y alimentos, por tener que ver ello con la vida misma.

De lejos, el mayor afectado ha sido el comercio exterior, una actividad altamente incidente para toda economía desde el punto de vista de la exportación, generadora de divisas, y la importación, que complementa el abastecimiento interno, de ahí que la declinación de ambos conspira contra el crecimiento y destruye empleos.

Lo acontecido en 2020 fue verdaderamente dramático para Bolivia: en números redondos, la exportación cayó 1.900 millones de dólares y la importación 2.700 millones, determinando una retracción del comercio exterior por 4.600 millones de dólares, contribuyendo a una de las peores caídas del PIB en décadas y la subida del desempleo a niveles históricos. Pero eso ya es historia, las preguntas recurrentes hoy respecto al comercio exterior, son: “¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos?”

Según el INE, el país arrancó el año con un saldo comercial positivo en enero, situación que se repitió en febrero consolidando un superávit de 236 millones de dólares. El problema es que ello se explica por la caída del valor de importación en 14%, antes que por una mayor exportación, ya que ésta prácticamente repitió su valor a febrero del 2020.

Si bien es bueno que el comercio exterior arroje un resultado no negativo para bajar la presión sobre las ya disminuidas Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, este comportamiento merece algunas consideraciones.

Primeramente, que la comparación se da frente a un mal año, ya que desde inicios del 2020 se empezó a ver el impacto del lockdown internacional. Hay que considerar también el efecto-precio, dado que este año la cotización en ciertos rubros está mejorando, lo que favorece la exportación, sobre todo de alimentos y minerales. Finalmente, observar el desempeño de los volúmenes, para constatar si se está dando un aumento de la producción.

Lo que la estadística muestra es que, si bien el valor de las ventas externas es casi el mismo que el del año pasado (1.465 millones de dólares, por un volumen prácticamente igual) no pasa lo mismo con su composición. Las exportaciones tradicionales han caído 7% en valor y 2% en volumen por el derrumbe de las ventas de hidrocarburos que bajaron 29% en valor y sólo 1% en volumen (efecto-precio negativo), a diferencia de los minerales que pese a caer 9% en volumen, su valor creció 7% (efecto-precio positivo).

En todo caso, quienes se llevan la flor son las Exportaciones No Tradicionales (ENT) que, principalmente gracias a la agroexportación, han crecido hasta febrero un 35% en valor con un incremento del 9% en volumen (mayor producción y efecto-precio positivo, combinado). Con ello, el aporte de las ventas no tradicionales -históricamente una quinta parte de las totales- trepó hasta un 24%.

Alimentos como, derivados de soya y girasol; carne bovina (duplicó su volumen y valor a febrero), castaña, bananas, café, frejol y cacao, por una parte, y las ventas de maderas, por otra, explican el buen comportamiento de las ENT, confirmándose como sectores claves para la rápida recuperación económica -si se apuesta por ellos- dada su rápida capacidad de reacción (ojalá que las autoridades lo entiendan así).

Pero, la preocupación viene por el lado de las importaciones: Siendo que un 70% de las mismas históricamente tuvo que ver con bienes que ayudan a producir otros bienes y servicios, su caída no es un buen augurio para la economía, ya que denotaría una menor actividad productiva, comercial y de servicios.

Efectivamente, en términos de valor y volumen -en ese orden- la importación a febrero de bienes de capital bajó 16% en ambos casos; insumos, en -17% y -22%; equipos de transporte, -41% y -18%; los alimentos bajaron -17% y -20%; artículos de consumo -18% y -23%; casi todo disminuyó, excepto el Talón de Aquiles de Bolivia: la importación de combustibles y lubricantes subió en 61% y 91%, respectivamente.

Auspicioso el inicio del 2021, con un saldo positivo en la balanza comercial, pero preocupante desde el punto de vista de que ese resultado proviene de una baja de las importaciones que tienen que ver con la recuperación económica del país. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Ud. tiene la palabra…
 

Las últimas semanas se ha generado un cierto revuelo mediático porque algunas “investigaciones” descubrieron inconsistencias en las posiciones de figuras importantes del gobierno en relación al debate de si lo ocurrido en noviembre de 2019 fue o no un golpe de Estado. Es curioso que la lupa, por parte de algunos medios que presumen de no tener afinidad política, se ponga casi con exclusivo detalle en políticos del MAS. Estos últimos días, son muchas las notas que enumeran las “contradicciones“ de los masistas mientras sobre los políticos de la oposición no encontramos casi ni notas a pie de página. Esto puede deberse a dos motivos: que los políticos de la oposición mantuvieron siempre una exquisita y coherente posición a lo largo de este año y medio en torno a la discusión que nos ocupa y por lo tanto no cabe dedicarle una atención similar a la de los masistas; o bien, que estos medios asumen una clara posición política y la defienden como propia. Podría, quizás, haber una tercera opción, que el tiempo dedicado al MAS no les ha permitido, todavía, ponerse a ver las posibles inconsistencias del otro lado y no tardarán en hacerlo para de esta manera ofrecer un cuadro de información completo sobre una discusión que calienta mucho los ánimos en el país.

Lo que también se persigue con esto de iluminar una parte del debate, oscureciendo otro, es vender la idea de que la posición del MAS – fue un Golpe de Estado- es solo un relato ideológico y el de la oposición y de algunos medios afines – no fue Golpe- no es sino la mera descripción de los hechos. Sabemos que pocas operaciones como ésta son tan profundamente ideológicas: qué destaco, qué oculto. Y quién lo decide. Vamos a adelantar un poco el trabajo sobre los cambios de opinión de algunos de los principales actores de la oposición - no hace falta ir hasta 2002 como con Jorge Richter- que han sido poco contadas en gran parte de los medios y en algunos casos incluso completamente obviadas, a pesar de su relevancia.

Contradicción

El 8 de noviembre de 2019 encontramos declaraciones de Silvia Salame – entonces senadora electa, hoy senadora en ejercicio- de Comunidad Ciudadana (CC) donde sostenía, ante los pedidos de cívicos y opositores que exigían la renuncia de Evo Morales, que: “Cualquier solución pasa por una solución que esté acorde con la CPE, no se puede pedir derrocarlo al Presidente, ese tipo de solicitudes están al margen de la ley”. Hacia el 8 de noviembre, Carlos Mesa, líder de CC, llevaba días denunciando un “fraude monumental”. Habían ocurrido hechos condenables como los enfrentamientos con muertos en Montero, y Santa Cruz llevaba varios días en paro cívico. Salame, ex magistrada del Constitucional, conocía todo esto cuando dijo lo que dijo. Dos días después, como sabemos, Evo Morales renunciaba a la Presidencia del país. Y pocas horas después, Luis Fernando Camacho escribía en Twitter que militares y policías buscaban capturar a Morales en el Chapare. ¿Quién era el soberano entonces? Esta es solo una de las preguntas importantes.

Pero el 8 de noviembre dejó otro documento muy relevante y llamativamente olvidado por parte de los narradores de los estrictos hechos de esos días. Andrea Barrientos, Adriana Salvatierra, Cecilia Moyoviri, Valeria Silva, Vania Sandoval, Susana Rivero, Cecilia Requena, Mabel Monje, Paola Cortés, Jessica Sulzer todas senadoras o diputadas electas, sea por el MAS o CC en las elecciones del 20 de octubre, firmaron un texto conjunto que tenía seis breves puntos. Transcribimos parte del párrafo de inicio: “Nosotras, mujeres de distintas organizaciones políticas, reconociendo nuestra legitimidad y asumiendo nuestra corresponsabilidad para contribuir a encontrar salidas pacíficas, democráticas e institucionales a la actual situación que ya ha costado tres vidas, convencidas del valor primordial de la vida humana que, para detener y evitar …”. ¿Es posible que lo que aquí leemos sea una importante contradicción? Las firmantes apelan a su legitimidad, y con poco esfuerzo podemos ver que lo que las identifica además de ser mujeres políticas es el hecho de haber sido todas candidatas en puestos de salida a la Asamblea Legislativa. Y haber sido electas. Está claro que el grupo firmante tiene esto muy en cuenta cuando escribe lo que escribe y lo firma. Si solo las hubiera convocado su condición de mujeres, otras, seguramente muchas más serían las firmas; si solo las hubiera convocado su condición de mujeres políticas, también veríamos un elenco seguramente más amplio y además no solo limitado a dos fuerzas políticas. No, aquí vemos mujeres políticas de las dos principales fuerzas políticas de esas elecciones, mujeres políticas recién elegidas como diputadas y senadoras en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Pero...si Mesa y CC repetían día sí y día también que en esas elecciones habían sido víctimas de un “fraude gigantesco”... ¿cómo así sus cabezas de lista al Senado de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz firmaban un documento el 8 de noviembre apelando a su legitimidad emanada de esas cuestionadas urnas? Hay que leer el resto del documento. No se pide la renuncia de Evo Morales; no se denuncia absolutamente nada, nada, sobre las elecciones del 20 de octubre; se critica la violencia, los grupos de choque, se condena expresamente la violencia contra las mujeres que “están ejerciendo liderazgo político y dirigencial”- poco antes la alcaldesa de Vinto había sido vejada durante horas, aunque no hacen mención expresa- y se hace un llamado a la responsabilidad de los medios. Contradictorias demandas las que suscriben las legisladoras electas de CC en comparación con las que sostenía su partido que incendiaba la calle en cada rueda de prensa, denunciaba fraudes en cada mesa y exigía la renuncia de Evo Morales sin importarle mucho ni el cómo ni el coste.

No vamos a entrar en muchos detalles ni enumerar los políticos que durante los meses del gobierno de Jeanine Añez hablaron de “los 14 años de la dictadura“, para referirse a la totalidad de los años de gobierno de Evo y el MAS, pero que nunca antes habían usado ese calificativo. Una contradicción no menor. No es algo baladí decir si vivimos o no en una dictadura. Bolivia Verifica tendría un mes de solo este tipo de verificaciones debido a la gran cantidad de insumos. Entre los más llamativos está, por supuesto, el de la alcaldesa interina saliente de Santa Cruz Angélica Sosa quien probablemente necesitaría una legislatura entera para borrar las sonrisas en los numerosos actos con Evo Morales. O los destacados militantes de Sol.bo que en un pasado no tan lejano fueron partícipes de hitos importantes del llamado proceso de cambio. Aunque estas contradicciones de Sosa y Revilla casi no merecieron atención mediática parece que quienes sí tomaron nota de esto fueron los votantes en las últimas elecciones locales dejando a Sosa y al partido de Revilla peleando con el 5% de los votos.

Sobre este tema de la dictadura, cuando Jeanine Añez decidió lanzar su candidatura presidencial a finales de enero de 2020, ataques virulentos vinieron de quienes hasta ese momento habían sido apoyos de primer orden como Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Procuraron argumentar su desacuerdo en razones de principios democráticos – los mismos que habían guardado bien en noviembre pasado- pero lo que más les molestaba era que tenían una competidora nueva en la cancha, que además tenía el control del Ejecutivo. Carlos Mesa entonces escribió: “Pero hay algo más grave, lo que está en juego es la imagen internacional del país. Una candidatura de la presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”. En otra parte del texto dice: ”La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”. Jeanine Añez mantuvo su candidatura ocho meses, declinó un mes antes de las elecciones. Quienes señalaban que en Bolivia hubo un golpe de Estado, entonces, tenían un importante motivo más para sostener esto: la candidatura de Añez, en palabras de Mesa, avalaba esta tesis; la avaló por buena parte del 2020.

Hace pocos días, Comunidad Ciudadana ha presentado un documento en el que en sus dos primeros puntos sostiene:

1.    Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos.
2.    Reconocer a las elecciones generales de 2020, en las que el pueblo expresó su decisión, como el elemento clave que resuelve ese antagonismo.

En la primera frase del primer punto encontramos una contradicción evidente con lo que Carlos Mesa y su partido sostenían hasta hace muy poco: el “fraude monumental” como hecho irrefutable. Ahora ya no se ven a sí mismos como los auténticos registradores de los hechos y la verdad absoluta y hablan de distintas interpretaciones de los hechos. El segundo punto también muestra una importante contradicción ya que, hace un par de meses, su jefe de campaña y principal estratega Ricardo Paz le decía al periodista Tuffí Aré sobre el resultado de las urnas de 2020: “Una cosa es que nosotros digamos, sí, nos han ganado la elección porque nos han ganado con más del 10, evidente y real. Ahora, ¿nos han ganado por casi 27%? No, no nos han ganado con 27% puntos. Eso no es así. No podemos cuantificarlo exactamente...”. Ahora leemos que aceptan el resultado y no le arrojan sombras de duda sin más evidencia que su sospecha. Estas contradicciones son, qué duda cabe, bienvenidas y saludables. También apuntan algo muy importante: las últimas elecciones generales resolvieron el antagonismo entre los discursos en pugna. El 55,11% que votó por el MAS en las elecciones de octubre muy probablemente conocía cuáles eran las posiciones de este partido sobre los debates fundamentales de nuestro país y decidió refrendarlas en las urnas.

De las contradicciones al olvido deliberado

Pero no solo vemos que ha existido un notable olvido en el tratamiento mediático de las contradicciones de los actores de la oposición en este debate – solo hemos mostrado algunas de las más importantes, pero no son todas- sino también sobre algunos testimonios no contradictorios pero relevantes de actores masistas. Mucho se ha escrito sobre lo que dijo el vocero presidencial en una entrevista, pero muy poco sobre los motivos que llevaron a Víctor Borda a renunciar a la presidencia de la cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2019. Extraño, ya que para el debate que nos ocupa parece mucho más importante recordar esos motivos que escoger cuál de las varias  decenas de entrevistas de Richter se elevan a máxima expresión.

Hay que apuntar que uno de los argumentos más caros por parte de algunos de los medios más conocidos del país y de los políticos de oposición es que el MAS, de manera deliberada, generó un vacío de poder para, convulsión mediante, recuperar el poder. Andrea Barrientos – una de las firmantes del texto del 8 de noviembre de 2019- actual jefa de senadoras de CC, ha repetido esto en varias ocasiones. Ríos de tinta y horas de televisión estas últimas semanas dedicadas a Adriana Salvatierra alrededor de cuándo y por qué motivos renunció a la presidencia del Senado. Sin embargo, sobre Víctor Borda, entonces presidente de Diputados, no hemos visto los últimos meses mucha más atención que el que tuvo el documento de las electas del 8 de noviembre de 2019. ¿A qué se debe este deliberado olvido?  Muchos medios contaron el día 10 de noviembre los motivos por los cuales Borda renunció: cívicos de Potosí habían secuestrado a su hermano, a quien golpearon y vejaron, y no lo iban a soltar hasta lograr que él renuncie a la presidencia de Diputados y con ello pierda el derecho en la sucesión constitucional. Nadie ha desmentido lo dicho por Borda quien, en las pocas entrevistas posteriores que le han hecho, ha reafirmado lo dicho esa jornada. De hecho, la senadora Barrientos podría, con facilidad, encontrar el desgarrador testimonio de Marco Antonio Borda Belzu, hermano de Víctor Borda, grabado pocos días después del hecho, donde, visiblemente lastimado cuenta que ese día 10 de noviembre, alrededor de las nueve de la mañana, un grupo de personas identificadas con el movimiento cívico irrumpen en su hogar de manera violenta, buscan agredir sexualmente a su hija de 14 años, lo golpean, lo agreden sexualmente, destruyen su casa y lo sacan de allí semidesnudo. Le advierten que no lo dejaran ir hasta que su hermano renuncie a la presidencia de Diputados. Y recién lo liberan alrededor de las 6 de la tarde luego de que Evo Morales comunica públicamente su renuncia. Todavía hay quienes sostienen, sabiendo esto, la tesis de que “el MAS generó un vacío de poder”. Y son los mismos que dicen ser meros registradores de los hechos. La historia de Borda no encaja, entonces mejor procurar casi no hablar de ella y mejor hablar del semanario que dirigió Richter hace 20 años. En Bolivia, y en casi cualquier otro lugar, lograr la renuncia de un presidente de Diputados con los modos con que se consiguió la de Borda tiene un nombre y no es precisamente el de una pacífica, legal y legítima sucesión constitucional.

El mundo celebra a Jesús el resucitado y, nos invade a quienes creemos en sus enseñanzas, un sentimiento de esperanza y de renovación, tan necesarios en estos tiempos tan duros como los que la humanidad atraviesa: Felices Pascuas. 

A propósito, los últimos acontecimientos sobre el estado del arte del sistema de administración de justicia del país, nos muestran –por si algunos tendrían aun dudas- que estamos ante su estado terminal, caracterizado por su demostrable fracaso para cumplir su razón esencial de existir: tutelar derechos y garantías de todas las personas y, por tanto, dotarnos de seguridad jurídica.

Esa percepción compartida por gran parte de la ciudadanía, resulta confirmada por estudios científicos que muestran más allá de toda duda razonable ese fracaso, que incumbe no sólo a los operadores del sistema (jueces, fiscales, abogados) sino a la ciudadanía toda y, por supuesto a los distintos gobiernos por acción y omisión. Por ejemplo, el prestigioso informe anual del Word Justice Proyect 2020 que mide el estado del arte del estado de derecho, a través de 8 parámetros que van desde las restricciones al poder de los gobiernos; ausencia de corrupción, gobierno abierto; derechos fundamentales, sistema regulatorio; orden y seguridad y, justicia civil y penal, sitúa a Bolivia en el puesto 29 de 30 países a nivel regional sólo por encima del desastre de la tiranía Venezolana y en el 121 de 128 a nivel global. En el parámetro de justicia civil, ocupamos a nivel global el puesto 126 de 128 países; en justicia penal 127 de 128 (sólo le ganamos a Venezuela); en cumplimiento regulatorio 114 de 128; en orden y seguridad 115/128 y en Derechos Fundamentales 96/128: un desastre completo.

Huyendo de caer en el vicio de las generalizaciones puesto que aun así, me consta que sobreviven operadores de justicia que cumplen aceptablemente su función e incluso, existen procesos de diversas materias que con luces y sombras se logra impartir justicia, es indudable que estamos ante un gran problema que patentiza el fracaso no sólo del gobierno o del estado, sino de la sociedad toda. No es el único por supuesto, súmenle la salud, la economía y otros, completamente agravados por el virus chino y la pandemia y, tenemos la tormenta perfecta en la que, sensiblemente, nos encontramos.

Será entonces razonable indagarnos: ¿Para qué sirve el estado sino asegura a sus ciudadanos un sistema siquiera aceptable de justicia? ¿Y qué de la salud, la economía o la educación? Sombrío el panorama. Necesitamos pues, empezar por resucitar esos bienes que justifican la existencia del estado mismo. 

Liberal como soy (de los que han  leído y entienden lo que significa y no sólo recitan clichés) no soy de los que esperan mucho del para algunos idolatrado estado, pero asumiendo que se trata de un mal necesario, por lo menos debiera asegurarnos a los ciudadanos una mínima dosis de aquellos bienes que justifican su existencia: ¿Tenemos vacunas suficientes para quienes las necesitamos? Por ejemplo… 

En el tema que puedo escribir con mayor propiedad como Abogado, insisto y mantengo que esa profesión es hermosa, pero el sistema actual de justicia nos avergüenza a todos –siempre salvando aquellas excepciones que existen en mayor cantidad de lo que se ve cotidianamente- pues como bien dijo el Maestro COUTURE: “La Abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

En ese sentido, sostengo que aunque no es el único, el vicio que mayor daño está haciendo al sistema de administración de justicia boliviano es su falta de independencia, tratándose de los juzgadores y de objetividad, tratándose de fiscales (aunque esto también obedece también a lo primero). Si dos personas sin ningún tipo de influencia partidaria tienen un pleito, seguramente con sus luces y sombras alumbrará justicia, pero cuando el poder partidario está en liza (Ej: casos “golpe de estado”,  Yassir Molina u otros similares) el sistema queda absolutamente prostituido por juristas del horror que  avergüerzan con su vil y servil proceder, dejando por los suelos al casi ningún prestigio que le queda a la justicia boliviana.

¿Cuál la solución entonces? Sin pretender simplificar la magnitud y complejidad del tema, estoy convencido que pasa ineludiblemente por este aspecto, sin el cual, el estado del arte seguirá peor aún: voluntad política. La clase política boliviana, de todos los colores, no tiene la madurez, ni la inteligencia y menos siquiera el sentido común para vislumbrar la conveniencia para construir un sistema de justicia idóneo, confiable y especialmente independiente, que establezca límites efectivos y oportunos al ejercicio del poder. Prefiere tener cómplices y encubridores sometidos que les aten los watos, le inventen “derechos humanos” y les sirvan lavándoles sus trapos sucios, aunque no sólo las víctimas directas de aquellas tropelías paguen los daños, sino la ciudadanía toda:   “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert CAMUS       
 

El pasado 7 de marzo, fecha de las elecciones subnacionales, debía marcar en el MAS una suerte de momento definitorio de sus fichas políticas internas. En gran medida porque el resultado que obtuviesen podía resolver esa disputa que ya estábamos viendo entre la dirigencia del partido (el evismo) y las bases sociales que componen el partido, un evento muy intenso y que iba de ida y vuelta.

Sin embargo, al bajo desempeño del MAS, que más allá de hablar del resultado viendo el mapa de municipios del país y cuán azul es este, la evidencia electoral del MAS en cantidad de votos nos muestra que respecto de la misma elección subnacional de 2015 obtuvieron seis puntos menos a nivel nacional, es decir, pasaron del 39% al 33%. En este escenario, cuando el partido mismo se disponía a querer hablar de los errores estratégicos y políticos del evismo, este grupo sacó una carta más, probablemente su última, para tener vigencia dentro del partido, a esta carta la llamó: golpe de Estado.

Dos efectos ocasionaron que se hablara de golpe de Estado justo después de las elecciones subnacionales, uno externo al MAS, que tiene que ver con que la opinión pública ya hablaba de un Evo en debilidad o al menos cuestionado por sus partidarios, pero luego de la detención de la señora Áñez, automáticamente o mejor dicho mecánicamente, la opinión pública empezó a hablar de que Evo y el evismo estaban siendo fuertes y casi gobernando el país. Esto revela hasta hoy día un antimasismo de mass media con un ataque de ansiedad constante.

El efecto interno, que es el que me parece más importante es que al hablar de golpe, el evismo logró que de nuevo el MAS cierre filas en torno a una única causa y que los cohesionó en la pasada elección general de 18 de octubre del 2020, al cerrar filas en torno a esto lograron imponer disciplina interna porque quien se pusiera a observar la estrategia desplegada podría ser fácilmente tratado de traidor y por tanto luego incluso ser expulsado del partido. Entonces se impuso un relato que más que resolver los dilemas internos del partido, los ocultó debajo la alfombra.

El otro relato que chocó dentro de este efecto interno fue el que encabezó el Presidente Arce, alguien que hasta ahora demuestra tener el mínimo perfil político, de repente busca erigirse como quien ejerce poder imponiendo un tipo de orden específico. Lógicamente que esta reacción tiene mucho que ver con las presiones al interior del partido de las organizaciones sociales que le reclaman acción contra los opositores del 2019. Pero lo que no termina por entender nuestro Presidente es que las acciones de los políticos no se miden por la premura con la que se activan, sino por la negociación y la planificación de las decisiones con un norte estratégico claro.

Pueden existir más relatos enfrentados al interior del MAS hoy día, estoy casi seguro, porque la heterogeneidad de ese movimiento político sumado al cálculo de intereses que todos los actores involucrados tienen es algo que forma parte de la vida misma de cualquier organización política que busque disputar el poder. Mientras tanto, no nos damos cuenta como opinión pública por fuera del masismo que cuando están hablando de golpe de Estado lo hacen para ellos mismos, porque no buscan convencer a sus opuestos de lo contrario; y esto es muy peligroso porque por ahora el MAS ha decidido poner en riesgo la estabilidad social y política del país a condición de ordenarse por dentro.
 

Aunque sé que aún duerme el sueño de los injustos un amparo en alguna de las Salas de Garantías del Tribunal de Justicia de Chuquisaca, todo indica que los resultados de las elecciones para Alcalde de la Capital quedarían así consolidados: MAS 33,26%; R-2025 33;09%; CC-A 10,89%; CST 10,26%; UNIDOS 7,29%; PAN-BOL 1,59%; MNR 1,46%; UN 1,32%; FVP 0,74% y MTS 0,18%: el oficialismo habría ganado la Alcaldía a su inmediato competidor, por una diferencia de algo más de 300 votos. Esa mínima diferencia hubiera cambiado, con sólo los 306 votos del peor ubicado (0,18%) y, ese tercio del ganador, queda ampliamente derrotado frente a los dos tercios logrados por los frentes contrarios, todos –dicen ellos- opositores al MAS.

Así el estado del arte del resultado de la Alcaldía de la Capital muestra esta gran paradoja: el ganador –MAS- es una minoría de 1/3 frente a los 2/3 de los opositores, revelando la talla de estos, que irrazonablemente han preferido ser cola de ratón a cabeza de león: pretextos hay muchos, varios posibles hasta donde conozco, pero resulta incontrastable que nuevamente, los opositores entregaron en bandeja la Alcaldía de la CAPITAL al MAS, que dicen, abominar.

Entonces: ¿Sucre, Capital es una ciudad opositora u oficialista? Opositora si vemos el bosque y oficialista si nos centramos en el árbol, pero al final del día, el MAS puede exhibir como casi su única joya a diferencia de las restantes 8 capitales incluyendo El Alto donde fue derrotado, a Sucre, nada más ni nada menos, la ciudad donde se respiran aires de libertad.

¿Cómo se intenta explicar esa situación? En concreto, como puede ganar la alcaldía una minoría (1/3) que es superada –doblada- por 2/3 de los frentes contrarios, que indican no comulgar con aquella postura. 

No cabe juzgar al tercio que votó a favor del oficialismo, pues para bien o para mal, su decisión es legítima y forma parte del ejercicio del derecho político a elegir libremente a sus representantes (arts. 26 de la CPE y 23 de la CADH) y, no cabe hacer juicios de valor y menos –como algún fosforito lo hizo- intentar adjetivarlos o algo parecido. 

Dejando sentado entonces lo anterior y asumiendo el riesgo de circular por una senda altamente arriesgada, es interesante razonar sobre los motivos que indujeron u omitieron  a ese tercio apoyar al oficialismo en la Capital, a las vista de acontecimientos de conocimiento público y que, para mi gusto, pudieron generar resultados muy diferentes.

Sin exagerar y menos caer en uno de los vicios favoritos del boliviano promedio como es la victimización, la Capital es de lejos, la ciudad más maltratada por el MAS, precisamente –sostengo- por esos aires de libertad que todo Sucrense queda imbuido por ser la cuna de la libertad americana, etc. A raíz de ello, el jefazo profirió hace años una amenaza que sistemáticamente fue ejecutada por sus acólìtos, incluyendo algunos nacidos en esta tierra que han preferido ser primero de su partido y luego de su partido. Ejemplos abundan, incluso bajo la figura de las más viles traiciones que una persona puede perpetrar contra su cuna y madre: el retorno de la sede de los poderes, incluyendo la masacre de La Calancha –aún impune- el armado del caso 24 de mayo y el intento de asociarnos con aquello de la “cuna del racismo” para algunos tontos útiles; luego la de Incahuasi y últimamente, fresquita está, la condonación de la deuda de ELAPAS, junto con Potosí (sólo para señalar algunas traiciones, de muchas otras). 

Para ese tercio de fieles votantes, parecería que nada de eso existió y más bien, habría que premiar al oficialismo por el “buen trato” brindado a la CAPITAL. ¿O será que los de la otra vereda fueron peores? Los resultados, que saltan a la vista y muestran a Sucre como una ciudad postergada en casi todos los órdenes, parecen mostrar ese fracaso de unos y otros, pero aun así, resalta ese trato vengativo y despectivo del oficialismo hacia la Capital, por  lo que tratándose del tercio que finalmente logró la victoria, los expertos psiquiatras y psicólogos tendrán que cambiar el Síndrome de Estocolmo por el de Sucre - Capital, pues significaría que esos votantes, aun bajo ese legítimo ejercicio que lo resalto, estarían completamente enamorados de su captor o por extensión, de su verdugo que les ha maltratado sistemática y demostrablemente. En todo caso, a la vista de esos números (1/3 Vs 2/3) me quedo con aquello de POPPER: “Para gobernar es necesario no sólo tener una mayoría a favor o que te acepte, sino también no tener una minoría muy amplia que te rechace”.  
 

Hace 35 años, un 20 de marzo de 1986, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional Forestal, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz como testigo de actuación, y el apoyo de Cordecruz, fundaron el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sumándose luego como Miembros Institucionales la Cámara Regional de Despachantes de Aduana y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz; y, como Miembros Temporales, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba. Ahora, una hermosa historia…

El IBCE fue creado en medio del duro ajuste estructural que supuso el D.S. 21060, concebido para sacar a Bolivia de la hiperinflación y arreglar lo que los malos gobernantes de la UDP habían arruinado.

Concebido como una entidad eminentemente técnica de promoción del comercio exterior, en sus 35 años de vida el IBCE ha tendido puentes con todos los Gobiernos para abrir mercados, participando en negociaciones de Acuerdos comerciales, a fin de mejorar nuestra inserción internacional; impulsar las exportaciones no tradicionales; defender el mercado interno frente al contrabando, y promover el progreso del país con un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para forjar una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.

Al IBCE se le reconoce como referente del comercio exterior por la información que maneja: su revista impresa “Comercio Exterior” tiene 30 años de circulación, con un promedio de 100.000 descargas desde su página www.ibce.org.bo, con más de 2 millones de visitas y 2,5 millones de descargas/año, diseñada por sus propios ingenieros expertos en TIC.

El IBCE y CAINCO impulsaron el “Viaje de Integración por la Hidrovía Paraguay-Paraná” en 1989, navegándola por tres semanas: la Hidrovía moviliza hoy millones de toneladas de carga boliviana de exportación e importación por puertos privados sobre el Canal Tamengo; precisamente, el IBCE acaba de distinguir a Puerto Jennefer, por su gran aporte al país.

Con sede en Santa Cruz y Oficinas en La Paz, el IBCE ha recibido muchos galardones, como la Medalla al Mérito del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y la Medalla Prócer Pedro Domingo Murillo del Concejo Municipal de La Paz, por haber institucionalizado allá el Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, habiendo realizado 65 foros en La Paz desde 2007.

Entre las curiosidades cuentan: Un estudio de ALADI sobre agencias de promoción del comercio que catalogó al IBCE como único en su género: es un Instituto, pero no imparte enseñanza; es un ente técnico, pero aglutina a entidades gremiales; no es una entidad gubernamental, pero su accionar es de utilidad pública y, prácticamente, se autosostiene con los servicios que presta.

En sus 35 años de vida ha tenido 20 Presidentes y el actual -Demetrio Soruco Henicke- es hijo de Don Demetrio Soruco Antelo, quien fue Presidente del IBCE hace 25 años. Hasta la fecha el IBCE tuvo 3 Gerentes Generales (Francisco Javier Terceros Suárez, Carlos Fernando Roca Leigue y Gary Antonio Rodríguez Álvarez); la meritocracia y estabilidad son la regla: la gran mayoría empezó desde abajo y llegó a ocupar cargos ejecutivos; su primera funcionaria jubilada en 2018 ingresó como Secretaria y llegó a Gerente Administrativa y Financiera. Un 77% del personal es femenino: las Gerencias Técnica, de Promoción, de Responsabilidad Social Empresarial, la Representación en La Paz y casi todas las Unidades las ocupan mujeres, a tono con el “Triple Sello” concebido por el IBCE: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación.

Al valorar los medios de prensa “la voz” del IBCE, su referencialidad supera las 20.000 apariciones/año: Informar sobre economía, exportación, importación; contrabando; biocombustibles; biotecnología; agroproducción; el mirar más al Atlántico; productividad y competitividad; el exitoso modelo productivo cruceño; la necesidad de un Hub aéreo en Viru Viru; la producción socialmente responsable; la economía de servicios y del conocimiento; la defensa de la libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, son parte de su predicamento, muy valorado también.

35 años de labor ha demandado mucha capacidad y pasión para reinventarse una y otra vez, con la agradecida ayuda de la gente que lo apoya.

Para quien escribe esto, trabajar en el IBCE ha significado una misión de vida: la oportunidad de servir a Bolivia con la mirada siempre puesta en Dios.

Hace 35 años, un 20 de marzo de 1986, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional Forestal, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz como testigo de actuación, y el apoyo de Cordecruz, fundaron el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sumándose luego como Miembros Institucionales la Cámara Regional de Despachantes de Aduana y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz; y, como Miembros Temporales, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba. Ahora, una hermosa historia…

El IBCE fue creado en medio del duro ajuste estructural que supuso el D.S. 21060, concebido para sacar a Bolivia de la hiperinflación y arreglar lo que los malos gobernantes de la UDP habían arruinado.

Concebido como una entidad eminentemente técnica de promoción del comercio exterior, en sus 35 años de vida el IBCE ha tendido puentes con todos los Gobiernos para abrir mercados, participando en negociaciones de Acuerdos comerciales, a fin de mejorar nuestra inserción internacional; impulsar las exportaciones no tradicionales; defender el mercado interno frente al contrabando, y promover el progreso del país con un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para forjar una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.

Al IBCE se le reconoce como referente del comercio exterior por la información que maneja: su revista impresa “Comercio Exterior” tiene 30 años de circulación, con un promedio de 100.000 descargas desde su página www.ibce.org.bo, con más de 2 millones de visitas y 2,5 millones de descargas/año, diseñada por sus propios ingenieros expertos en TIC.

El IBCE y CAINCO impulsaron el “Viaje de Integración por la Hidrovía Paraguay-Paraná” en 1989, navegándola por tres semanas: la Hidrovía moviliza hoy millones de toneladas de carga boliviana de exportación e importación por puertos privados sobre el Canal Tamengo; precisamente, el IBCE acaba de distinguir a Puerto Jennefer, por su gran aporte al país.

Con sede en Santa Cruz y Oficinas en La Paz, el IBCE ha recibido muchos galardones, como la Medalla al Mérito del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y la Medalla Prócer Pedro Domingo Murillo del Concejo Municipal de La Paz, por haber institucionalizado allá el Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, habiendo realizado 65 foros en La Paz desde 2007.

Entre las curiosidades cuentan: Un estudio de ALADI sobre agencias de promoción del comercio que catalogó al IBCE como único en su género: es un Instituto, pero no imparte enseñanza; es un ente técnico, pero aglutina a entidades gremiales; no es una entidad gubernamental, pero su accionar es de utilidad pública y, prácticamente, se autosostiene con los servicios que presta.

En sus 35 años de vida ha tenido 20 Presidentes y el actual -Demetrio Soruco Henicke- es hijo de Don Demetrio Soruco Antelo, quien fue Presidente del IBCE hace 25 años. Hasta la fecha el IBCE tuvo 3 Gerentes Generales (Francisco Javier Terceros Suárez, Carlos Fernando Roca Leigue y Gary Antonio Rodríguez Álvarez); la meritocracia y estabilidad son la regla: la gran mayoría empezó desde abajo y llegó a ocupar cargos ejecutivos; su primera funcionaria jubilada en 2018 ingresó como Secretaria y llegó a Gerente Administrativa y Financiera. Un 77% del personal es femenino: las Gerencias Técnica, de Promoción, de Responsabilidad Social Empresarial, la Representación en La Paz y casi todas las Unidades las ocupan mujeres, a tono con el “Triple Sello” concebido por el IBCE: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación.

Al valorar los medios de prensa “la voz” del IBCE, su referencialidad supera las 20.000 apariciones/año: Informar sobre economía, exportación, importación; contrabando; biocombustibles; biotecnología; agroproducción; el mirar más al Atlántico; productividad y competitividad; el exitoso modelo productivo cruceño; la necesidad de un Hub aéreo en Viru Viru; la producción socialmente responsable; la economía de servicios y del conocimiento; la defensa de la libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, son parte de su predicamento, muy valorado también.

35 años de labor ha demandado mucha capacidad y pasión para reinventarse una y otra vez, con la agradecida ayuda de la gente que lo apoya.

Para quien escribe esto, trabajar en el IBCE ha significado una misión de vida: la oportunidad de servir a Bolivia con la mirada siempre puesta en Dios.

El Derecho es una ciencia y está lo suficiente desarrollado que incluso, además de varias materias, tiene sub especialidades: dentro del Penal es el litigio estratégico. La primera lección de cualquier manual incluso elemental, enseña que el error más garrafal que un abogado puede cometer, es armar un proceso, cuya teoría del caso (base fáctica + jurídica, soportada por elementos probatorios) no se sostiene racionalmente siquiera mínimamente o peor aún, no corresponde a la realidad, cayendo en burda temeridad. Es lo que se conoce en la práctica forense, como lanzar (se) a una piscina, sin agua e incluso, lo que es aún peor chambonada, cuando había tenido púas y quedas o dejas a tu representado, completamente despellejado. Tratándose del caso “golpe de estado”, es lo que a la vista de la cruda realidad, está ocurriendo. 

Si bien la parte denunciante dispara contra todo lo que le dicen y manipulan que se mueve, presentando denuncias por todo y contra todos, es el sistema de justicia (fiscales + jueces) que debiera filtrar sus denuncias, evitando avanzar en las que son manifiestamente irrazonables y, lo que es vomitivo, permitiendo y generando a su vez, una serie de violaciones al Debido Proceso como aprehensiones, allanamientos y detenciones manifiestamente ilegales, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras.

Precisamente por ello es que el tiro está saliendo por la culata y le ha causado al gobierno graves daños en su línea de flotación, a la vista de las reacciones provenientes desde el ámbito interno e internacional. La más que pésima estrategia jurídica de apoyar su caso golpe de estado en hechos que muestran más allá de toda duda razonable que no se le acercan ni siquiera por aproximación, ha quedado sistemáticamente corroborada por diversas fuentes que se multiplicaron inmediatamente: empezando por recordar el comunicadito de SU Tribunal Constitucional, pasando por su Declaración Constitucional que validó la transición aplicada según el art. 169 de la CPE y la Ley emergente sancionada por la bancada de “los golpeados”, hasta el video de una entrevista de TV al actual Presidente Arce admitiendo que la Presidente Añez era de transición, pero constitucional al fin y, por supuesto, las imágenes de la renuncia y posterior fuga de su jefazo, pillado flagrantemente en fraude, por los observadores que su propio régimen había expresamente invitado –OEA, UE, etc- además de la incontratable evidencia que la Asamblea Legislativa siguió funcionando con la mayoría de los “golpeados” sancionando y bloqueando leyes, etc. 

Ni que decir de las múltiples comunicaciones oficiales desde la OEA, la UE, la ONU, el Parlamento Europeo, CONALAB, ICACH, ABEC y muchas otras que además de confirmar que lo producido en noviembre 2019 fue una transición constitucional y pedir el esclarecimiento de lo ocurrido respetando el Debido Proceso, censuran el torpe proceder de los policías y juristas del horror que en este caso –sin caer en el vicio de la generalización- están metiéndole no más, no solo contra la CPE, los IIII y la ley, sino el sentido común. El comunicado de la Conferencia episcopal: “La falsedad genera injusticia: Iglesia Viva” es sencillamente, demoledor.     

Demasiada evidencia contra la teoría del caso golpe de estado (si es que la hubo, en términos de litigio estratégico) que descarta más allá de toda duda razonable que este nuevo grito de la moda de la justicia plurinacional pueda prosperar si es que el proceso fuera tramitado por jueces independientes y fiscales objetivos que, debieran ser dique de contención de pulsiones totalitarias que recurren al tremendo poder de destrucción que un proceso penal así tramitado, propina contra derechos y garantías pero también al pedigrí democrático del gobierno que los impulsa y/o permite. Nadie sale indemne de ese desolador panorama de injusticia, ilegitimidad y desinstitucionalización, peor cuando existen urgencias que atender: pandemia y economía, por ejemplo. Es que: “El derecho penal se legítima, cuando la violencia que genera es menor, a la que existiría sin su presencia”. Luigi FERRAJOLI         
 

El mundo vive tiempos difíciles, extremadamente difíciles diría yo, luego que en 2020 la pandemia del coronavirus provocó una recesión económica en casi la totalidad de países en el planeta, y Bolivia no fue la excepción.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de informar que la tasa de desocupación en el país a enero de 2021 fue del 9,67%; una cifra menor a la registrada en el pico más alto de la crisis sanitaria, el pasado año, pero que hoy muestra una suba preocupante (“El desempleo en Bolivia comienza a descender, pero no a los niveles anteriores a la pandemia”, EL DEBER, 16.03.2021).

No deja de llamar la atención que, pese a los esfuerzos del gobierno para reanimar la economía con medidas de inyección de recursos por el lado de la demanda, y otras para reactivar el aparato productivo por el lado de la oferta, a fin de enfrentar la peor crisis en 67 años, la cifra de compatriotas sin trabajo que sufren la falta de ingresos, ha empeorado respecto al cierre de la gestión 2020.

Es cierto que al tercer trimestre del pasado año la tasa de desempleo era del 10,76%; sin embargo, no menos cierto es que luego de descender al 8,39% en el cuarto trimestre, el número de desocupados ha vuelto a aumentar en enero del 2021. Este dato debe preocupar, además, porque atañe sólo a la desocupación urbana, no así a la del campo donde hay tanta o más pobreza que en las ciudades.

Duelen estos números, porque más allá del frío porcentaje, que es muy relativo, detrás de él hay personas, jefes de hogar que han perdido sus fuentes laborales y no están generando recursos para sus familias por el desbarajuste económico.

Es menester recordar que, de haber sido cierto el pronóstico del MEFP/BCB, que la economía decaería un 8,4% en 2020, éste sería el mayor retroceso desde la Revolución Nacional de 1952 que, un año después, provocó una retracción del PIB en un 9,5%. Como la década de los ´50 está lejana, para tener una idea de la magnitud del bajón económico del pasado año, comparémonos entonces con lo que pasó durante el nefasto gobierno de la UDP: en su peor momento, el PIB cayó “apenas” un 4%, mientras que hoy estamos hablando de más del doble.'

Pero…¿qué significa cualitativa y cuantitativamente, una desocupación del 9,67% como ha reportado el INE en enero del 2021? En el primer caso implica que, si las personas encuestadas dijeron que durante la última semana, al momento de ser consultadas, habían trabajado por lo menos una hora, se consideraba que tenían empleo; sin embargo, ese indicador, aparte de no considerar el subempleo ni tampoco el “desempleo disfrazado”, por ejemplo, el caso de un profesional universitario que por razones de subsistencia se dedica ahora al comercio, a manejar un taxi o a la gastronomía (vender comida en su casa), el agravante es que, todas esas actividades son informales. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo…¿qué de la cuantía de los desocupados?

En 2015 la tasa de desempleo era 4,56% lo que implicaba que 149.636 personas estaban desocupadas: unos “cesantes”, porque perdieron su trabajo, otros en condición de “aspirantes”, al no poder encontrar trabajo, como ocurre cada vez más con los jovencitos que, año a año, pasan a engrosar la fuerza laboral.

Esa tasa iba bajando, sin embargo volvió a subir al 4,83% en 2019 con 191.176 desocupados, para trepar luego al 5,84% en el primer trimestre de 2020, representando 234.206 personas sin empleo por causa de factores internos -políticos y sociales- que impactaron negativamente en la economía, así como de factores externos que, como el “lockdown” en la generalidad de países, que impactaron severamente sobre el comercio exterior boliviano desde inicios del 2020.

Lo cierto es que, más allá del porcentaje, a enero del 2021 el número de gente sin trabajo en el país era de 404.039 personas, muy cerca del pico alcanzado durante la pandemia en el tercer trimestre del pasado año, según datos oficiales.

Viendo estas cifras escalofriantes -más de un cuarto de millón de desempleados adicionales a los que había en 2015, por causa de la pandemia que aún sigue vigente- uno no puede dejar de cuestionar: Con tanta gente desempleada por el cierre de miles y miles de empresas; considerando que la productividad de la mano de obra en Bolivia es una de las más bajas y que la inflación el año pasado fue de sólo el 0,67%...¿cómo osan la COB reclamar un incremento salarial del 10% al haber básico y un 15% al salario mínimo nacional? ¿O es que acaso quieren que más empresas quiebren para que mañana haya gente protestando en las calles por la falta de empleo? ¡Hay más de 400.000 desocupados!
 

Pasadas las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, los resultados nos dejan mucho que analizar, en algunos casos se repite el voto anti masista. Si bien estamos llegando a la etapa final del conteo oficial hecho por el TSE y los TED correspondientes, el MAS no ha logrado imponerse en las alcaldías de las ciudades principales del eje central del país, por otra parte, de ese mismo eje solo ha ganado con contundencia una gobernación perdiendo otra y yendo a segunda vuelta en otra, en otras ciudades principales del resto del país ocurre el mismo hecho ya que en las alcaldías solo ha logrado ganar la de Oruro y Sucre, perdiendo el resto de las principales ciudades del país.

El resultado de estas elecciones en ciertas alcaldías contrasta mucho con las elecciones nacionales de octubre de 2020 en las cuales el MAS había ganado con un resultado contundente (caso de El Alto, por ejemplo) los cuales han dado su voto sub nacional a otras alternativas que no son ni el MAS ni la “derecha” como ellos llaman.

Y es que al revisar el perfil de algunos de los ganadores a cargos tanto como la gobernación o la alcaldía se da un fenómeno curioso de ser personas sin partido que han postulado con una sigla prestada y han ganado (caso MTS en Beni y Pando) o a nuevos y viejos actores que han dado un salto en la política regional creando o militando para otro partido (caso Reyes Villa, Arias y Copa) logrando una victoria aplastante con nuevos partidos.

El caso de Eva Copa se ha replicado por todo el país, siendo que, disidentes del MAS han ganado varios cargos, son estos disidentes los que han tomado por “sorpresa” al MAS ya que algunos ya fueron alcaldes (casos como el de la ganadora en Cobija) que han logrado conquistar el voto del pueblo.

Entonces ¿porque el MAS no ha logrado consolidar su hegemonía nacional en estas elecciones sub nacionales? Podemos suponer por ejemplo el hecho del “dedazo” o las roscas de poder dentro del MAS, pero, por qué realmente el MAS no se consolida a nivel sub nacional es debido a que es un partido muy grande a nivel nacional al cual solo lo une la causa de las elecciones nacionales.

En cambio, las elecciones subnacionales genera fricciones en el MAS debido a quienes son los candidatos por cada alcaldía y gobernación, estas fricciones generan disidentes en el MAS, esos disidentes son los que ahora están peleando por la segunda vuelta o en el mejor de los casos han ganado las elecciones.

El MAS es un partido que se articula por intereses nacionales, pero no lo hace por intereses regionales, en cambio, se distancia de sí mismo por estos intereses regionales en los cuales no logran crear liderazgos fuertes regionales que terminan por alejar nuevamente al MAS de las gobernaciones y de las alcaldías de ciudades principales.

Estos candidatos propuestos por el MAS no logran empatizar con el electorado de las ciudades principales, estos al perder terminan por generar un rechazo mayor al MAS con declaraciones como las del candidato Cesar Dockweiler generan aún más rechazo al MAS que hacen sentir a la población paceña insultada.

Por último, la percepción que se tiene ahora dentro del mismo MAS por el resultado de estas nuevas elecciones que al parecer ha sido un trago amargo o un balde de agua fría tras la victoria en las elecciones de 2020, el hecho de que se hable de que “rueden cabezas” dentro de este partido debe ser un hecho que se debe observar detenidamente ya que darse el caso realmente rueden cabezas o no estaríamos viendo la consolidación o el principio de la decadencia del MAS.