Blogs

El Capítulo Bolivia de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) reunió a un selecto grupo de instituciones y profesionales para perfilar "Las prioridades de la Agenda Económica 2022" para el país. La organización del evento desarrollado virtualmente el 28 de enero pasado estuvo a cargo de la Comisión de Política Económica de la ICC, presidida por el Lic. Pablo Mendieta, Director del Centro Boliviano de Economía (CEBEC/CAINCO).

Los ponentes fueron: Alejandro Ponce Bueno, Presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía; Demetrio Soruco Henicke, Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y Javier Arze Justiniano, Gerente General de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Jean Pierre Antelo, Presidente de la ICC Capítulo Bolivia y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, tradujo las conclusiones en la Agenda Económica 2022.

En el punto de partida se dijo que Bolivia -como país vulnerable a la pandemia- sufrió una severa afectación de su economía, resultando insuficientes las políticas de apoyo; el alza del PIB del 6% en 2021 produjo una recuperación parcial, situándolo un 3% por debajo del PIB del 2019; los organismos internacionales prevén una desaceleración del crecimiento en todo el mundo; las Reservas Internacionales Netas no cayeron más gracias al superávit comercial, la subida de precios internacionales, un menor dinamismo de las importaciones, y un repunte de las remesas de los bolivianos en el exterior; la brecha fiscal cayó, principalmente por la baja ejecución de la inversión pública.

En relación a las miradas sectoriales, respecto al sector hidrocarburífero quedó señalado que el mundo apunta a las energías renovables y menos contaminantes, lo que Bolivia podría aprovechar dada su gran capacidad productiva; a corto plazo se prevé precios altos para el petróleo; y, aunque Argentina y Brasil han hecho grandes esfuerzos para producir gas, el mercado brasilero sigue creciendo y tiene mucha necesidad del energético, pero Bolivia debe bajar sus costos de producción y mejorar drásticamente las reglas de juego.

Por el lado del comercio exterior la preocupación es cómo impedir una mayor caída de las RIN en aras de la estabilidad, trabajar la competitividad sistémica; apostar por la agrobiotecnología para aprovechar la demanda de alimentos que pese a las crisis y pandemias seguirá creciendo, y por el sector maderero que tiene enormes oportunidades de expansión; es mejor sustituir importaciones y atraer capitales, que endeudarse con tasas de interés en alza; respecto al contrabando, hacer entender que es pan para hoy y hambre para mañana, y que la responsabilidad de combatirlo no solo es del gobierno sino de la sociedad.

En el área de la construcción la recuperación fue parcial, no hubo un crecimiento real, considerando la baja del consumo de cemento respecto al 2019; se debe resolver la informalidad y mejorar el registro en el ámbito inmobiliario; finalmente, privilegiar la contratación de empresas constructoras bolivianas.

Jean Pierre Antelo dijo que la coordinación público-privada es la mejor forma de impulsar proyectos y generar políticas que beneficien a todos los bolivianos; las alianzas deben iniciar con el diálogo y la voluntad de trabajar en conjunto para dar certidumbre, mejorar el clima de inversión y aportar a la seguridad jurídica, y la institucionalidad privada puede aportar de forma técnica y propositiva al objetivo de la dinamización económica, favoreciendo a la industria nacional y el comercio formal.

Los 4 ejes prioritarios para la reactivación económica, serían: 1) Promover la sostenibilidad y el cambio de la matriz energética; 2) Apertura y búsqueda de nuevos mercados para productos bolivianos, en pro del empleo; 3) Garantizar el Estado de Derecho y una buena gobernanza; 4) Impulsar la innovación, la economía digital para el crecimiento económico y la equidad de género.

Nada del otro mundo -por tanto- perfectamente posible de hacer. O…¿qué dice Ud.?
 

En primer lugar, es necesario precisar que el IPC desde su primera publicación en 1995   se refiere a la percepción de la corrupción en los países, porque según esta ONG internacional, los hechos de corrupción pública “solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios”, esto quiere decir que TI trabaja el índice con “opiniones informadas de actores relevantes”, tal como afirma en algunos documentos de su página web.

Es por esa razón que varios estadistas y especialistas internacionales en materia anticorrupción atribuyen a los informes anuales de TI, cierto sesgo y una marcada línea política conservadora pro empresarial; con el tiempo se ha ganado estos calificativos, por la poca transparencia en el manejo de fuentes y las diferentes metodologías en el procesamiento de datos que le caracterizaba especialmente antes de 2012, año en el que realizan una actualización metodológica, por ello y como la mayoría de sus colaboradores reconoce, se debe precisar que el IPC está destinado para medir la percepción de la corrupción, no la realidad.

En segundo lugar, otros cuestionamientos centrales a la objetividad del Trabajo de Transparencia Internacional, son el contexto histórico de su creación, los fundadores y las fuentes con las que trabaja el IPC.

La creación del organismo se remonta a 1993 pocos años después de la caída del muro de Berlín, por lo que no es accidental que la sede se encuentre en esa ciudad, TI junto a otros organismos internacionales se fundaron casi inmediatamente después de la guerra fría para consolidar el mundo unipolar capitalista sobre las bases de un nuevo orden mundial que emergía vigoroso, por ello TI tiene entre sus principales fundadores a Peter Eigen, exdirector regional del Banco Mundial, Michael J. Hershman, exmiembro de los servicios de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, Frank Vogl, asesor de comunicaciones para el mundo de las finanzas a través del Banco Mundial, y George Moody Stuart, un gran potentado de la industria azucarera mundial. Su financiamiento es poco transparente ya que no se tienen datos exactos, pero gestionaba en 2016 aproximadamente un presupuesto de 24.178.409 euros, recursos provenientes de agencias gubernamentales de diversos países, especialmente de Alemania, agencias multilaterales como la Comisión Europea, fundaciones y el sector privado internacional.

Algunas de las 13 fuentes de las que gestiona información son el Economist Intelligence Unit , fundada en 1946 como una firma mundial de investigación y asesoría empresarial; no podía faltar la Freedom House  fundada en 1941 nacida para la defensa del mundo “libre” frente a la ex URSS por lo que se autodefine como “vigilante de la libertad y promotora de la democracia liberal y los derechos humanos en el mundo”; el Centro de Competitividad Mundial de IMD  que es una escuela de negocios que promueve la educación ejecutiva de “líderes mundiales”; el Banco Mundial  creado en 1944 con sede en EE.UU. operador internacional del mercado financiero global cuyo objetivo para américa latina fue implementar medidas de ajuste estructural (neoliberalismo) para el pago de la deuda externa de los países; el Foro Económico Mundial  creado en 1971 tiene como objetivo mejorar la situación mundial formando líderes empresariales, políticos, académicos y de otros tipos para definir la agenda global; y entre otras finalmente la célebre “Variedades de Democracia” (V-Dem) , proyecto internacional que busca trabajar la complejidad del concepto de democracia como sistema de Gobierno, cuya valoración busca establecer Gobiernos autoritarios en el mundo que supuestamente restringen libertades “democráticas”, aunque se trate en realidad de libertades de mercado.

De este breve repaso por los antecedentes de Transparencia Internacional podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que este organismo es parte indiscutible de la red de gendarmes del capitalismo mundial, por lo que sus estudios y conclusiones no son independientes e imparciales y tienen una intencionalidad política, la de desacreditar a los Gobiernos No Alineados al orden mundial y al imperialismo norteamericano desde la cómoda crítica abstracta que se funda en simples “percepciones” de corrupción, por ello, no es casual que el IPC sirva de instrumento para desacreditar a los Gobiernos progresistas de izquierda que impulsan transformaciones estructurales en el marco de su soberanía nacional; y que las fechas de su publicación le resulte ideal a la derecha boliviana para opacar el último mensaje presidencial en el que se detallan los avances y logros del Estado Plurinacional en esta nueva gestión de Gobierno del Movimiento al Socialismo.

Finalmente, lo que importa a los bolivianos más allá de las “percepciones”, es la realidad de los logros conseguidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que dicho sea de paso han sido reconocidos durante toda la última década por los organismos internacionales legítimos y acreditados para hablar sobre Anticorrupción, como la Convención Interamenricana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la cual Bolivia es Estado Parte.

La calificación de 30 puntos sobre 100 que se asigna a Bolivia en el IPC, carecen de credibilidad frente a las decenas de medidas de prevención y lucha contra la corrupción implementadas por el Estado Boliviano, como la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ley 341 de Participación y Control Social, Ley 458 de Protección de Denunciantes y Testigos, la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, la conformación de la Red de Jóvenes por la Transparencia; y sin ir lejos los logros de la gestión 2021, como la implementación del Formulario de denuncias en línea, la reciente promulgación de la Ley 1390 de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupción, los juicios por delitos de corrupción contra ex autoridades del Golpe de Estado de 2019. el mejoramiento de la investigación anticorrupción mediante acuerdos interinstitucionales, incorporación de las TIC en la lucha contra la corrupción, decenas de capacitaciones al sector público del nivel central, departamental y municipal, el inicio de la implementación de políticas sobre Compliance en el sector privado, actualización del Decálogo del servidor público, incorporación de contenidos de ética en la curricula educativa en niveles primario y secundario además de la capacitación de más de 1400 maestros, actualización de manuales y guías para el control social, contrataciones públicas y otras herramientas de prevención. Son algunos pequeños ejemplos del acumulado histórico de políticas públicas implementadas.

La lista sería innumerable, pero es necesario recordar a la oposición boliviana la responsabilidad que tiene por privar al país de más avances anticorrupción por la desinformación y sabotaje realizado contra el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, lamentablemente la derecha obtusa en Bolivia apuesta por una sociedad menos transparente y tolerante a los delitos transnacionales, pero a pesar de ello y de ellos, los comprometidos con la Transparencia somos más.

Para Bolivia y el Gobierno de Luis Arce Catacora, la cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción y la lucha frontal contra este flagelo estructural del capitalismo, no son una “percepción” abstracta, son una realidad fehaciente.      

Ese respeto, es nuestra reivindicación histórica como bolivianos; esa reivindicación que celebramos los 22 de Enero, y se traduce y materializa en lo pluri, lo plural, la plurinacionalidad, el pluralismo.

Además de ser amalgama de nuestras 36 naciones, la plurinacionalidad de nuestro Estado, es también transversal a sus sectores estratégicos de política, economía, institucionalidad y la vida en sociedad.

En lo político, se reconoce lo pluri, a través del pluralismo como principio que reconoce diferentes formas de democracia: la liberal y la comunitaria, en un Estado con distintos poderes, que a la vez respetan la preexistencia de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos.

En lo económico, la pluralidad y la plurinacionalidad se refleja al momento en que nuestro Estado reconoce cuatro formas de organización económica: la comunitaria, la estatal, la privada, y la social cooperativa; pero aún más, se reconoce cuando se plantea pensar y vivir sobre la base de una economía para la vida, que es la convivencia comunitaria con todas las formas de vida, nuestras illas e ispallas, incluso nuestra felicidad.

Por su parte, en nuestro país, la plurinacionalidad y el pluralismo institucional se reconoce y se ejerce a través de una estructura territorial donde existen formas diferentes de organización institucional; a saber: Departamentos, Municipios, Provincias y las Autonomías Indígenas.

En el sentido social, la aceptación de lo pluri, es la concreción de la aspiración de nuestras luchas, derrotas y victorias, ya que el Estado Plurinacional es una actualización de nuestra organización ancestral, es decir el Ayllu-Comunidad, en el que todas y todos podamos convivir. Se trata del anhelo –hecho realidad- de nuestros ancestros que lucharon para que hoy estemos acá -sus hijas e hijos- restableciendo la armonía y la alegría de vivir.

De esta manera, nosotros, los bolivianos, nos configuramos como un Estado Plurinacional, plural, comunitario y capaz de enfrentar con éxito la crisis civilizatoria, financiera, política y de salud que atraviesa el mundo, a través del retorno hacia nuestras sabidurías, vinculadas a un horizonte de vida espiritual bien definido, que es el Suma Qamaña-Vivir Bien: una alternativa real, propositiva y más humana, diametralmente opuesta al sistema depredador, de desequilibrio e insostenibilidad que está consumiendo a nuestro planeta.

Llevar ese proceso, al caso específico de la política, implica la revisión constante para mejorar la forma en la que nos gobernarnos nosotros mismos, entendiendo el nosotros como la comunidad, que es la unidad referente en la política Plurinacional comunitaria. Esta revisión empieza por tener la humildad de rectificar lo mejorable, y re-afirmar nuestros principios éticos-morales, que rigen nuestra vida en comunidad, de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Estos principios son la solidaridad, reciprocidad, complementariedad, la justa redistribución de la riqueza con equidad, pero también la revalorización de las diversas maneras de vivir, en comunidad con todas las formas de pensamiento, economías, y organizaciones culturales, políticas y sociales.

La vida en comunidad no es algo que sea exclusivo de las zonas rurales, más bien implica despertar la consciencia para poder saber cómo nos relacionamos con nuestro entorno y si realmente podemos incidir para mejorar la calidad de vida de nuestros amigos, de nuestros vecinos, se trata de saber cómo están, cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus sueños, etc. Se trata de involucrarnos un poco más en lo que se refiere a una relación interpersonal que tiene que existir en toda comunidad, recuperando una práctica ancestral que se puede recrear en las ciudades. Para eso necesitaríamos superar el individualismo y comenzar a pensarnos como un todo -como un conjunto-.

Si defendemos la pluralidad, el pluralismo y la plurinacionalidad, tenemos que respetar todas las visiones posibles y existentes, en aras de construir un Estado donde quepamos todas y todos; en donde las diferentes sensibilidades, formas de entender la realidad y pensamientos, puedan coexistir de manera armónica, y de ninguna manera ser censurados.

Bolivia tiene una gran responsabilidad, porque somos el principal referente a nivel mundial respecto al proceso de construcción del Estado Plurinacional. Eso hace que nosotros tengamos la necesidad -y el deber- de empezar a escribir, teorizar, para así sentar las bases y cimientos sobre qué es, a ciencia cierta, el Estado Plurinacional. Esto es una tarea inacabada y aún nos falta avanzar muchísimo, porque hay estructuras que todavía se resisten a ser desarraigadas de su herencia colonial, pero estamos en un proceso de rencuentro, que es el proceso del Pachakuti -del nuevo tiempo- en el que vamos a transitar hacia una recuperación de nuestros saberes, conocimientos y cultura.

En tanto y en cuanto tengamos la capacidad de generar simbiosis entre la modernidad y nuestra herencia ancestral, vamos a poder responder a los grandes cuestionamientos, preguntas y contradicciones del mismo proceso de construcción de nuestra plurinacionalidad.

De acuerdo con el mataburros en línea, trastocar significa: “Trastornar o alterar el orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso”. A la vista de los acontecimientos recientemente suscitados en el plurinacional, es lo que me temo, nos está sucediendo, dado el avanzado e inocultable grado de desinstitucionalización que atravesamos.

Es que como ocurre sistemáticamente tratándose de regímenes o gobiernos populistas con la franquicia del socialismo del S. XXI, en los estados que depredan, sus instituciones quedan inmisericordemente convertidas sólo en fachadas –como aquellos sets de las películas de cowboys-, deviniendo en amorfos organismos sólo al servicio del partido en el poder, pese a que funcionan con recursos públicos, es decir, con la plata de los ciudadanos.

Aunque el vicio viene desde antiguo, los últimos días con motivo del paro multisectorial que terminó doblándole la mano al gobierno,  ese estado del arte ha sido tan pero tan evidente, que no es fácil preguntarse si es que no estamos ante el trastocamiento total del estado, principalmente a través de sus instituciones públicas. 

La Policía que debía servir para garantizar el orden público y la seguridad a la ciudadanía está convertida por sus altos cargos en prácticamente cómplices y ayucos de los vándalos y, cuando se trata de los no afines del partido al que se ha prostituido, aplica la fuerza bruta, que sistemáticamente queda impune, cuando se trata de favorecer a sus conmilitones y dar palo con púa al otro bando. 

El Ministerio Público al servicio del partido, es absolutamente incapaz de investigar eficazmente –Las Londras, por ejemplo- cuando se trata de delitos cometidos por sus jefazos–aunque para el Comandante era una simple jodita, altercado dijo- pero, es ultra super servil cuando se trata del otro bando, por muy irrazonable que sea el producto, pues cuenta con garantía de encubrimiento por algunos juristas del horror disfrazados de Jueces, que prefieren hacerse a los del otro viernes. Se trata del estado pues, espetan, para adormecimiento de su escondida conciencia.

Y así sucesivamente, podríamos continuar sine die, identificando cómo los organismos públicos concebidos constitucional y legalmente para prestar servicio a la comunidad, proteger a la ciudadanía sin importar su ideología o cualquier otra condición y operar en función al bien común, han quedado degradados en exactamente lo contrario, al extremo que el soberano, desconfía profundamente de ellos.

Así las cosas, ojalá no terminemos probando aquello de Ayn RAND: "Cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada". 
 

En las últimas tres décadas, los gobiernos han trabajado de manera sólida en el ámbito jurídico para la protección de los derechos que permitan la igualdad. Sin embargo, si se analiza el panorama que se presenta actualmente, existe una gran brecha entre lo establecido en las leyes y lo que realmente llega a ser aplicado. La igualdad en Bolivia está pasando por una crisis.

Por ejemplo, la pandemia ha sacado a relucir una vez más, los intentos fallidos de consolidar un sistema educativo sólido que permita dar las mismas condiciones a cada niño. El presidente Luis Arce dictó el Decreto Supremo Nº 4449 en el cual, nombra al “2021 año por la recuperación del derecho a la educación” en enero de 2021. Si bien, este decreto presenta intenciones de restituir la educación para todos los bolivianos, no se observa un avance real y lo único cierto es que, la brecha que era pre-existente a la pandemia, se hace cada vez más grande entre los que tienen acceso a los medios tecnológicos y los que no, especialmente los que viven en áreas rurales.

Un estudio de la página “We Are Social” (WAS) indica que, en la zona urbana el 65% de la población tienen acceso a internet, sumado a la preocupante cifra del 6% en las áreas rurales lo que, en efecto, deja cuestionando a la población: ¿Qué sucede con el otro 53,29% de la población que no tienen acceso a medios digitales? Es evidente que todos tenemos “derecho a la educación igualitaria” pero, la inefectividad de las medidas tomadas hace que muy pocos tengan acceso real a este derecho que supone ser de todos.

Otro tema que no permite la consolidación de la igualdad en Bolivia es: la discriminación. Si bien, contamos con la ley N°045 del 8 de octubre de 2010, ley contra el racismo y toda forma de discriminación, esta ley no llega a aplicarse siempre y para todos. El escenario polarizado entre oficialismo y oposición es un factor detonante que mantiene e incrementa el enfrentamiento entre unos grupos sociales contra otros. En la actualidad ya no sólo nos enfrentamos a una discriminación contra el indígena, sino también, contra el que tiene “tez clara”. Entonces, vivimos un día a día donde, el uso de términos peyorativos como “indio”, “campesino” y “qhara” se hacen más constantes y se normalizan, y esto ha llegado a causar odio, dejando una grieta social que será difícil de remendar.

El último ejemplo se encuentra orientado hacia la igualdad en la participación política de la mujer, que si bien, contamos con leyes que dicen garantizar la igual participación entre hombre y mujeres, la realidad es otra. Según los datos brindados por el OEP, únicamente 29 alcaldías de 339, están dirigidas por mujeres. Por lo tanto, si bien se cuenta con leyes que defienden la paridad de género en los cargos, se observa una falta de aplicación a nivel nacional; si las mujeres ocupan únicamente el 17% de cargos, queda en evidencia que las políticas instauradas no están siendo lo suficientemente efectivas y no logran incentivar la integración de la mujer en la política. 

Englobando los ejemplos que se han analizado, es evidente que en Bolivia se han conseguido avances respecto a la legislación en busca de lograr una igualdad garantizada. Sin embargo, la cruda realidad nos muestra un panorama donde aún existen desigualdades que deben ser trabajadas por nuestro gobierno mediante políticas públicas que no sean ilusorias sino, que sean aplicadas. Esto, demuestra que la igualdad en Bolivia está hecha de papel y todos los bolivianos deberíamos preguntarnos: tenemos los mismos derechos, pero ¿realmente se nos está garantizando el acceso a estos? 
 

La pandemia del COVID-19 golpeó al planeta en 2020 provocando la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Bolivia no fue la excepción: el PIB del país cayó 8,8% registrando su peor desempeño económico desde 1953, un año después de la Revolución Nacional cuando bajó 9,5%.

El 8 de noviembre de 2020 asumió el gobierno actual con la urgente tarea de reencaminar al país por la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Difícil pero no imposible labor, siempre y cuando se la haga bien. Es cierto que la recuperación económica, no siendo fácil, está en marcha; pero, también, que no va todo lo rápido que se esperaba.

Según datos oficiales, el crecimiento económico de Bolivia a junio pasado fue del 9,4% mientras que otra variable clave de la economía, el desempleo, bajó al 6,3% hasta septiembre, implicando que aún hay 282.000 desocupados en el país, eso sí, bastante lejos de la altísima tasa del 12% registrada en julio de 2020 con casi 420.000 desocupados.

Otro elemento que da cuenta de la recuperación es el aporte del comercio exterior al país, al registrar una balanza comercial favorable a septiembre por 1.500 millones de dólares, una muy buena noticia, ciertamente, ya que este superávit se da luego de 6 años de consecutivos déficits que restaron más de 5.000 millones de dólares a las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia entre 2015 y 2020. Tres factores explican este logro: la subida del valor exportado en 67%, el aumento de su volumen en 15% y la mejora del precio promedio  en un 45%. Las importaciones también subieron, 32% en valor y 38% en volumen, pese a que su precio promedio bajó 5%; hay que destacar que más del 60% de lo importado son insumos, bienes de capital y equipos de transporte.

Respecto a la inversión extranjera directa neta, que en 2019 y 2020 arrojó un preocupante cuadro de desinversión por la mayor salida que el ingreso de capitales, a junio del 2021 muestra una recuperación con un valor positivo de 314 millones de dólares, algo bueno, porque se precisa más inversión privada para que el país se endeude menos.

¿A qué se debe la recuperación en curso? ¿A un mejor contexto internacional o a las políticas públicas implementadas desde noviembre del pasado año? Se dice que cuando algo sale bien, todos quieren ser el padre del éxito, pero no cuando las cosas van mal.

Por honestidad intelectual habrá que admitir que, stricto sensu, así como en 2020 el negativo impacto de la crisis de la pandemia a nivel internacional y la falta de mejores políticas públicas sumieron a Bolivia en su peor desempeño económico en 67 años, igual hoy, la recuperación se debe tanto a un mejor contexto mundial signado por el alza de precios de los minerales, hidrocarburos y alimentos que exportamos, así como también, a las medidas adoptadas por el gobierno, reconociendo que, de haberse tomado en cuenta varias políticas públicas sugeridas, se pudo haber crecido muchísimo más.

Tomando en cuenta lo anterior…¿cuáles son los desafíos de aquí en adelante?

En abril del 2020 se advirtió al gobierno que si no se ocupaba simultáneamente de la economía y la pandemia, la crisis sanitaria podría desembocar en una crisis económica, lo que efectivamente ocurrió. Hoy, el desafío es tomar urgentes medidas para reactivar más rápido la economía, precautelar la estabilidad y evitar una futura una crisis social.

Para lograrlo, un trabajo sinérgico público-privado resulta definitivamente inexcusable, porque, ni el gobierno ni los empresarios privados podrán revertir, por sí solos, la caída del 8,8% del PIB del año 2020, así como tampoco la tendencia declinante de la tasa de crecimiento de la economía, que disminuyó desde 6,8% en 2013 hasta 2,2% en 2019.

Dar las condiciones mínimas necesarias a quien arriesga e invierte para generar riqueza y empleos, es el camino para garantizar la estabilidad de la economía, alejar la posibilidad de una devaluación y combatir la pobreza en el país. Solo así se podrá garantizar la paz social en Bolivia.
 

En estos tiempos ultra super recontra digitales, formo parte de varios grupos de WhatsApp intregrados por colegas Abogados, en algunos me han añadido de oficio y en otros, decidí ingresar y, especialmente, permanecer. Nunca me hice problema de lo que cada colega vea por conveniente publicar lo que va desde temas académicos, pasando por opiniones políticas partidarias, hasta cualquier otro tema incluyendo propagandas de comidas, khalas, etc que, entiendo, resultan de su interés o estima lo será del resto de integrantes; pues están simple y llanamente, ejerciendo su libertad de opinión y expresión.

No deja sin embargo de sorprenderme que algún colega –el temible administrador o similar- ante alguna publicación para su gusto o el de algún otro integrante que le arenga, que no cumple sus gustos o estándares permitidos para su criterio, amenace o sin el Debido Proceso, expulse ipso pucho del grupo, dice por “infringir las normas internas” ¿Cuáles?, por azotar su buen y ponderado gusto o cualquier otro pretexto temiblemente arbitrario, erigiéndose en el vil rolcito de comisario de la libertad de expresión. Puaj!!!

Asombra aún más, que esa ignara postura provenga de algún estudiado en leyes, que se supone al menos, conoce perfectamente que ese ejercicio de la libertad de pensamiento se exterioriza a través de la libertad de opinión o expresión, se trata de un derecho fundamental civil (21. 5 y 6 de la CPE) franqueado en favor de toda persona, para expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de forma que todos podemos acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla –nuevamente- libremente, sea individual o colectivamente y, sobre todo con el añadido expresamente establecido (art. 13 de la CADH) que ese ejercicio, no está sujeto a censura previa –de ahí lo ridículo de meterse de comisario- y comprende, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de, TODA índole. Más clarito, agua bendita. 

Incluso, la jurisprudencia de la CORTE IDH ha dejado vinculantemente resuelto que su ejercicio alcanza no solo a las informaciones o ideas que sean favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al estado o a una fracción cualquiera de la población, pues constituyen presupuestos del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales, no existe una genuina sociedad democrática.       

Con base a tal razonamiento, la CORTE IDH ha construido su célebre doctrina –imposible que algún jurista la ignore- del estándar de las dos dimensiones: la persona individualmente tiene el derecho y libertad de difundir su propio pensamiento, pero también colectivamente, todos tenemos ese mismo derecho y libertad de recibir informaciones e ideas, de los otros.

Pues bien, más allá de lo que acontece con esos grupos que a veces son un pésimo ejemplo de aquello que en casa de herrero cuchillo de palo, qué difícil le resulta al poder peor cuando está desbordado aceptar que los periodistas, en legítimo ejercicio de su trabajo, difundan y circulen ni siquiera ideas y pensamientos, sino imágenes, testimonios u otras informaciones sobre el estado del arte de nuestra sociedad, que eventualmente, no sean de su agrado, por mucho que se acerquen a la realidad. Eso explica que entre los “enemigos” de todo gobierno de corte autoritario y peor degradado en dictadura, estén invariablemente los medios de comunicación que no les aplauden como focas como aquellos para estatales –Raúl Peñaranda dixit, en su “Control Remoto”- sean tratados como tales. 

En las últimas semanas, vemos desagradables ejemplos de ello; por ejemplo cuando los grupos armados e impunes de avasalladores la emprendieron contra la prensa, la barra del Ministro de “educación” renunciado; los movimientos sociales del gobierno u otros de sus serviles movimientos, agreden a los mensajeros, tratando de distraer la atención pública el mensaje de fondo o revelando el talante del poder, sensiblemente tornado irremediablemente en autoritario como lacra de los últimos gobiernos nacionales. 

Definitivamente, el boliviano con cualquier nivel de poder –desde el gobernante, hasta el administrador de los grupos de whatsapp auto convertido en comisario- tiene una relación tortuosa con la libertad de pensamiento y expresión. ¿Será por aquello de ORWELL, cuando sentenció que: “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír” .               

El pasado 7 de octubre se conmemoraban 20 años del inicio de la Guerra en Afganistán, y a diferencia de las conmemoraciones realizadas el 11 de septiembre para recordar a las víctimas de los ataques a las Torres Gemelas, este aniversario tuvo un sabor mucho más agrio, siendo que los Talibanes tienen el poder en Afganistán y el escenario político no tiene perspectivas de mejorar. 

El 11 de septiembre de 2001 cambió la historia, no solo para EEUU, si no para el mundo, y la situación en Afganistán es solo uno más de los numerosos ejemplos de esto. En Bolivia los efectos pueden parecernos más desapercibidos, pero para bien o para mal, hace 20 años cambió la política mundial, incluyendo a América Latina y al mundo. 

Dentro de los efectos obvios que podemos observar desde nuestro país está la imposición de mayores medidas de seguridad en los aeropuertos, las mayores dificultades impuestas para viajar a EEUU y la condenas al terrorismo, condenas que Bolivia apoya. Dentro de otras consecuencias que se pueden percibir a nivel mundial está el aumento de casos de Islamofobia. En Bolivia, país con una población declarada creyente de la fe islámica menor a las 3000 personas y con prácticamente nulos casos de terrorismo, sobre todo por parte de musulmanes, esto parece un problema menor, pero a su vez contribuye a la creación de estereotipos sobre la comunidad islámica. 

Un claro ejemplo de esto es como a mediados de agosto, cuando el poder de Afganistán cayó en manos del Talibán, en las redes sociales se manifestaban numerosos comentarios islamofobicos, tachando prácticamente a toda la fe de terrorista y a todas las mujeres islámicas de oprimidas, ignorando que muchas, principalmente en los países de occidente, tienen la opción de decidir cómo manifestar su fe. 

Los ataques del 11 de septiembre cambiaron a Estados Unidos, pero sus secuelas cambiaron al mundo, y sobre todo cambiaron las vidas de millones de personas en el Medio Oriente. Pensar en el 11 de septiembre generalmente nos lleva a pensar en las torres gemelas, en el pentágono, en los aviones y en el presidente George Busch parado sobre los escombros dando un discurso motivador. Pero en lo que también deberíamos pararnos a pensar es en el resto: en la declaración de la guerra del terror, en los miles de crímenes de odio contra la comunidad islámica que se suscitaron, en los millones de civiles afectados en el Medio Oriente por las intervenciones estadounidenses y hasta en porque cada vez que vamos a tomar un avión nos piden que nos saquemos las botas y nos revisan cada pequeña cosa que cargamos. 
 

Dos veces he estado frente a gente armada y -como víctima- doy fe de lo que se siente al estar amenazado. Escribo esta columna, a propósito de los insufribles avasallamientos a predios productivos que se están dando en Santa Cruz, una práctica al margen de la ley que ha derivado en enfrentamientos, heridos y secuestros por gente armada, en una clara actividad delincuencial.

Recuerdo que en 2013 los avasallamientos a más de 100 predios en producción motivó al periódico estatal “CAMBIO” a realizar una investigación “in situ”. Admirador y defensor de la actividad agropecuaria cruceña, indignado -además- por la agresión al sector agroproductivo, me ofrecí a acompañar dicha labor periodística, sin ver el peligro que entrañaba.

El 7 de noviembre de 2013 fuimos al encuentro de una columna de avasalladores y hallamos sus vehículos en Limoncito, al Norte de Santa Cruz, a 100 km de la capital; pero, antes de darnos cuenta -Jorge Mamani, fotógrafo de “CAMBIO” y mi persona- nos vimos rodeados por una turba con armas de fuego y machetes, que nos zarandeaban y golpeaban queriendo arrebatarle la cámara fotográfica a él, y a mí, mi celular con el que filmaba; solo por la gracia de Dios y el grito de “¡Estado Plurinacional, Estado Plurinacional!” proferido por la periodista Karem Gandarillas, que se abrió paso mostrando su identificación del Ministerio de Comunicación, nos salvó de ser víctimas de aquel centenar de avasalladores y traficantes de tierras. Confieso que sentí temor, rabia e impotencia, por la agresión. El hecho indignó a las autoridades y se ordenó una profunda investigación.

La segunda vez que me vi amenazado por un arma fue el 4 de abril del 2014, a las 20:45 horas, en la plazuela del Barrio Avaroa, en Santa Cruz de la Sierra, pese a la potente luz de los faroles y 7 personas sentadas en derredor, que no hicieron nada para defendernos; uno de los asaltantes me puso el revólver a la altura de la nariz, mientras el otro inmovilizaba a mi esposa Jannet. Grande fue el susto, primero, y la impotencia después, porque nos robaron prácticamente todo. Sentamos denuncia ante la FELCC, pero no recuperamos nada. El consuelo fue que, gracias a Dios, “la sacamos barata” porque el daño pudo haber sido peor.

Hago este relato solidarizándome con mis amigos productores del agro cruceño agredidos por los avasalladores, así como también, con mis colegas y amigos de la prensa Silvia Gómez, Mauricio Egüez, Jorge Gutiérrez, Sergio Martínez, Nicolás García y Percy Suárez, hechos rehenes, amenazados y torturados por encapuchados el pasado 28 de octubre en Guarayos, solo por cumplir con su labor de investigar sobre los avasallamientos. He visto sus rostros atemorizados y sus lágrimas, he escuchado sus dramáticos relatos y su dolor, por eso esta columna...

No es un tema menor. El Comandante de la FELCC confirmó que había como 70 hombres armados en Las Londras, donde se produjo tan nefasto hecho. Caldeados los ánimos como están, cuidado que la sangre llegue al río...

Volviendo al suceso del 2013 en Limoncito y la investigación realizada, dice Karem Gandarillas: “La gente armada fue detenida gracias al registro de prensa y a periodistas decididos a comunicar la verdad, cuya labor se hizo patente mediante una serie de trabajos de investigación que ayudaron a hacer justicia, tanto en los estratos judiciales, como con la Ley 477, contra el avasallamiento y tráfico de tierras del 20 de diciembre de 2013. El trabajo de prensa es una labor peligrosa, pero ante todo, un apostolado que lleva luz allá donde nadie se atreve a llegar; es, por tanto, uno de los más altos servicios a la Patria y a sus hijos”.

Se ha dicho que el secuestro y la agresión a periodistas, civiles y policías en Las Londras no quedarán impunes (“Gobierno advierte que será implacable contra aquellos que entran a propiedades y secuestran personas”, boliviaaldia.bo, 29.10.2021). Ojalá así sea, como en 2013, cuando se entendió que, de parar los avasallamientos dependía el normal abastecimiento de alimentos…

Acaba de correrse la última versión del Circuito automovilístico Oscar Crespo Ciudad de Sucre, batiendo un nuevo récord que alcanzó a 288 binomios participantes que van desde los competidores de antaño, buggys y todas las restantes categorías, conmemorando nada más ni nada menos que los cincuenta años de la fiesta automovilística chuquisaqueña, sus bodas de oro. Nadie puede preciarse de piloto en Bolivia si no ha corrido el Oscar Crespo y ganarlo, es la mayor satisfacción de cualquier tuerca. Si eres Chuqui, la gloria.

No tengo capacidades para comentar desde lo deportivo, pero a la vista de lo que significa para todo chuquisaqueño de fuste –que me precio de serlo- me resulta imposible no aprovechar las bodas de oro de nuestra fiesta, para intentar siquiera, transmitir lo que significa aquí nuestro Oscar Crespo Ciudad de Sucre.

Hace mucho tiempo que dejó de ser simplemente de una carrera automovilística más de las que se compiten en nuestro país o el exterior. Se trata de una institución chuquisaqueña que acarrea un conjunto de sentimientos, costumbres y por supuesto pasiones. Moviliza a toda una ciudad –imposible medir con alguna precisión la multitud que sale a la ruta y/o la sigue a través de los medios que incluyen drones, TV, RRSS y las radios que han contribuido notablemente por generaciones al éxito que es-, incluyendo el movimiento económico que genera y el enorme interés que suscita desde semanas antes de la carrera.

Quiero aquí resaltar fundamentalmente la cultura que ha producido la fiesta tuerca, entendida esta como aquel: “Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo”. Huyendo de aquellos entendimientos muy respingados que con esos pretextos suelen discriminar otros, sostengo que es innegable obviar que en Sucre, CAPITAL, el Circuito Oscar Crespo Ciudad de Sucre en estos sus gloriosos 50 años, ha generado no sólo un movimiento estrictamente deportivo, económico u otros directamente vinculados, sino también cultural en términos de esos conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, además de una pasión que sólo los chuquisaqueños o quienes aquí residen, la sentimos y/o contagiamos.

Ello explica más allá de toda duda razonable estos 50 años de pasión, que van y me quedo sin duda alguna corto (“Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma” decía el Fray Luis de León), desde ese sentimiento de pasión con que los chuquis seguimos la carrera, ni qué decir de los que se dan el gustito de correr aunque sea una vueltita para aspirar a lograr su brevet como piloto, la emoción que sentimos al ver los bólidos atravesando el centro histórico de la ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad pues no existe ninguna otra ciudad en el orbe con ese gustito –y riesgo, claro está- salvando el Principado de Mónaco en Formula 1; los libros publicados, ediciones especiales de los diarios, cervezas, chocolates y hasta el bello museo que se organizó en homenaje al más célebre de sus hijos, el Gran Oscar Crespo Maurice (+) incluyendo la plazuela que el Gobierno Municipal tuvo a bien inaugurar como homenaje, incluyendo un vehículo de competición y su busto. El rol de los medios locales ha sido fundamental, empezaron con lo más rudimentario y hoy se lucen con drones, TV en directo, RRSS, etc. Ellos también han generado todo un know how por generaciones, festejando décadas sino sus bodas de oro transmitiendo.

Probablemente si no ha vivido ese clima que se respira en la CAPITAL antes, durante y después del Oscar Crespo Ciudad de Sucre, le parezca una exageración, habrá que vivirla y disfrutarla, si les cabe alguna duda. Es que, como escribe Emilio BUESO: "El arte me hace vibrar y también los sentimientos intensos. Al fin y al cabo son la misma cosa."