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Recuerdo una experiencia -un mal momento que pasé hace mucho tiempo ya, en la época republicana- cuando, habiendo sido convocado a una gran reunión en un Ministerio del Estado en la ciudad de La Paz, un funcionario público, en respuesta a un planteamiento mío, me espetó delante de los platinados de Harvard, Cambridge, etc.: “¡Eso sería una cacería de brujas!”. Por supuesto que rechacé aquello y expliqué, por qué no era así, sabiendo además que una cacería de brujas o caza de brujas, es la expresión que se usa “metafóricamente para referirse a la persecución de un enemigo percibido (habitualmente un grupo social no conformista) de forma extremadamente sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real” (Wikipedia.org).

Para que se entienda el motivo de lo dicho anteriormente, traigo a colación un suceso reciente en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, donde la Aduana Nacional realizó un megaoperativo anti contrabando por el cual “100 militares, 100 efectivos aduaneros, 90 policías y 8 fiscales decomisaron 1.500 fardos de ropa usada que era comercializada en la feria 16 de Julio de El Alto, asestando un golpe económico de 1,5 millones de bolivianos a los dueños de esa mercadería”, operación que, sin embargo, fue resistida por los comerciantes afectados quienes reaccionaron violentamente, hasta intentar el secuestro de dos fiscales (“Aduana incauta Bs 1,5 millones en ropa usada; Mypes destacan acción”, EL DEBER, 26.05.2021).

No es la primera vez que nuestra Aduana Nacional -tan criticada por todo y nada, y tan pocas veces valorada en sus aciertos, como el caso referido- es agredida por quienes operan al margen de la ley, lo que resulta lamentable, tratándose de una entidad operativa del Estado que solo hace su trabajo. La Aduana no es algo abstracto, sino, una realidad concreta de seres humanos que tienen familia y que deben sufrir las consecuencias de ir contra la delincuencia; viendo tanto reclamo al respecto ¿no se entiende que el contrabando es una actividad al margen de la ley, por tanto, un delito, y que quien incurre en él, un delincuente?

El problema es que los contrabandistas utilizan a la gente necesitada que, sin opciones de trabajo, comercializa su mercadería mal habida y -a sus ojos- los contrabandistas pasan a ser los “buenos”; la Aduana y las fuerzas del orden, “los malos” y, entonces, no reparan en agredir a la autoridad.

Siempre se ha criticado la falta de voluntad política para enfrentar el contrabando; sin embargo, los reiterados golpes que viene dando la Aduana contra dicha actividad y particularmente el reciente operativo con 17 allanamientos, podrían empezar a hacer cambiar tal percepción, al mostrar su determinación y valentía para afectar al mismísimo centro neurálgico del contrabando en el país.

Hay que destacar también el muy pertinente respaldo del Ejército y de la Policía en los operativos, en función de las reacciones violentas de los contrabandistas y comerciantes, como ocurrió en dicho operativo con el comiso de nueve camiones y buses que debieron “salir en quinta” al ser agredidos con armas, petardos y piedras. No hay que dejar sola a la Aduana en la difícil pero urgente tarea de combatir el contrabando que tanto daño causa, como la ropa usada que no puede importarse legalmente al país, ni tampoco comercializarse, por existir Decretos que lo prohíben.

Lo triste del caso es que, sabiendo que esa ropa es contrabandeada y sin certificación sanitaria, ignorando que podría haber sido rescatada de muertos y enfermos de los hospitales, en el país de origen, la compran no solo los pobres sino también “gente bien”, solo para andar fashion…

Volviendo ahora al primer párrafo, la reunión que mencioné era para ver cómo combatir el contrabando, ante lo cual propuse realizar una campaña de concienciación ciudadana para denunciar al contrabandista a cambio de una recompensa. Fue ahí que el funcionario dijo que eso ¡acabaría en una cacería de brujas! Entonces le corregí: “De brujas, no, de contrabandistas”

Luego de más de 6 años y medio de su injusto procesamiento, el Ministerio Público retiró su acusación contra el Médico Jhery Fernández al que persiguió penalmente, admitiendo su inocencia; con ello, el Tribunal de Sentencia 4º de La Paz, resolvió su absolución, con costas, daños y perjuicios. 

La noticia ha causado satisfacción y alivio general –imagínense a sus víctimas- y por otro lado, un generalizado sentimiento de repudio contra el sistema de justicia. No es que en todos los casos, todos sus operadores procedan así, pero es harto evidente que el proceso penal del Médico encarcelado por 4 años y 11 meses por los fiscales, forenses, jueces y vocales del horror que participaron y porfiaron en injustamente acusarle, constituye una buena muestra de lo que ocurre cuando ese sistema obligado a tutelar derechos de las partes –víctima e imputado-, se prostituye por otros intereses. 

Entonces, la primera pregunta que surge y que esa tardía absolución no la resuelve, es la verdadera causa por la que esos juristas del horror perpetraron en concierto, semejante daño. Que se sepa, no se trataba de algún fichado opositor al que debían descargarle todo el peso de la injusticia para sacarle de circulación y escarmentarle, tampoco la víctima tenía algún poder para ello y el clamor popular por lo ocurrido al bebe Alexander, pese a todo, parecería no ser suficiente para tan ruin proceder:¿Qué les indujo a delinquir de tal forma? Es algo que debe despejarse…

Por otra parte, aunque ya los Jueces lo han ordenado, cabrá ver si es que realmente en el inmediato futuro se cumplirá –y el sistema lo efectivizará- con las costas, daños y perjuicios contra los responsables o, como suele ocurrir en los muy pero muy pocos casos en los que así se resuelve, surgirá no más aquello que entre bomberos…

Para el efecto, la CORTE IDH tiene sentada una sistemática doctrina y línea jurisprudencial vinculante para los agentes del estado boliviano, conocida como la restitutio in integrum, restitución integra o completa, por el que a partir del principio natural basado en que toda violación que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente mediante indemnización, incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de compensaciones pecuniarias, aplican medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por los daños ocasionados.   

¿Será que nuestro sistema de justicia lo logra en el caso del Médico Fernández? ¿Alcanzará a todos los responsables, incluyendo los altos cargos que públicamente defendieron y hasta porfiaron con esa injusticia? ¿O se quemarán sólo los fusibles acostumbrados?  Por sus características, el caso Fernández  podría marcar un antes y un después al estado del arte de la justicia boliviana en materia de reparaciones, siendo por ello una fabulosa oportunidad para intentar reivindicarse.

Por el momento, parece ya ir en sentido exactamente contrario. Pese a que el Fiscal General anunció investigaciones al respecto, el sistema acaba de premiar a uno de los principales perpetradores de aquella injusticia. El Consejo de la Magistratura, probando que ni siquiera procede con una pizca de sentido común, ha elegido al ex Fiscal que porfió y defendió esa espuria acusación y proceder, eligiéndole Juez Penal. Más allá que no existan condenas y puedan exhibirse impolutos certificados de antecedentes, esa elección prueba que el sistema de selección de jueces del Consejo padece gravísimas fallas estructurales que en parte, explican porque juristas de prestigio no quieren prestarse hacer de tontos útiles participando en esas convocatorias, además de su evidente ilegitimidad para seguir eligiendo garantes de nuestros derechos, cuando ellos perdieron por goleada en sus propias elecciones que les habilitaron a sus cargos. “La legitimidad es el reconocimiento público de una autoridad según la Constitución lo establece, que puede ser de origen (cómo accedo al poder) y de ejercicio (cómo lo ejerzo)”. José Ignacio HERNÁNDEZ
 

“Acá llegan CV de profesionales buscando ser operarios. Hace un par de meses sacamos un anuncio para jornaleros, llegaron más de 80 CV en 2 horas y algunos querían quedarse a trabajar gratis, por la comida. Fue desgarrador...” (relato de una empresaria amiga, el 13.05.2021). Yo le creo a mi amiga porque, en mi caso, casi a diario recibo solicitudes de trabajo y ¡cómo duele el alma, no poder ayudar!

Lamentablemente, la situación está así -no para algunos sino para mucha gente- y no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, por causa de la crisis sanitaria que ha provocado terribles dificultades económicas en todo el orbe.

Lo evidente es que hay preocupación por la situación de la economía del país: el ciudadano de a pie siente que la reactivación económica no va a la velocidad deseada; mucha gente está desempleada, endeudada y le preocupa lo que pasará a partir de julio cuando las empresas y particulares deban volver a pagar sus créditos, pudiendo provocar ello más desempleo.

En lo que hace al sector empresarial productivo, comercial y de servicios, un Congreso de Emergencia convocado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia acaba de lanzar un clamoroso pedido, al sentir que no es atendido por el gobierno pese a ser el mayor generador de empleo, lo que se interpreta como una falta de voluntad para dialogar, pese a su interés de coadyuvar a la reactivación económica del país.

Los entendidos en la materia saben lo importante que son las expectativas para el éxito de las políticas públicas, de ahí que las señales que se emiten pesarán mucho a la hora de la esperada recuperación económica; determinaciones como la restricción a las exportaciones de alimentos (queriendo que el mercado interno esté abastecido primero) no son bien recibidas por el sector primario ni el industrial, al desincentivar una mayor inversión por parte de los productores y exportadores, cuando la solución es muy sencilla: si se garantiza la libre exportación, la consecuencia será producir mucho más para garantizar el autoabastecimiento. Por el contrario, una mayor restricción podría ocasionar una menor producción: sin la seguridad de exportar los excedentes, la producción como la exportación de alimentos podría bajar, como ya ocurrió antes -y ojalá no se vuelva a dar- porque si hay algo que Bolivia precisa, es exportar más para que las divisas aumenten y no se vea obligada a devaluar.

Por tanto, producir más para garantizar el abastecimiento interno es la solución, y la forma ideal para que no falte alimento en el mercado interno o que no suba su precio, es incentivar al sector agropecuario a producir mucho más, algo que implicaría generar más empleo.

Sin embargo, para producir más, se precisa contar con las condiciones mínimas necesarias como seguridad jurídica, garantía de exportación y el poder utilizar la biotecnología para lograr más y mejores alimentos. Ya lo dijimos y lo repetimos: triplicando la producción de alimentos hasta el 2025, como se propuso al gobierno en el 2013, las exportaciones crecerían siete veces y se generaría un millón de nuevos empleos.

Con unas pocas y sencillas políticas públicas el PIB de Bolivia podría crecer a cortísimo plazo al 7% o más. ¿Cómo hacerlo? Alentando a que el sector privado -por su cuenta y riesgo- invierta en sectores de rápida reacción como el agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal/maderero; estimulando la exportación así como la mayor producción para sustitución de importaciones; combatiendo el contrabando y recuperando el mercado interno con una campaña a favor del consumo de productos nacionales, la economía crecería mínimamente al 7%.

En ese escenario las empresas serían las desesperadas por contratar más personal, ofreciendo un mayor salario a los trabajadores -especialmente a los de mayor productividad- y no como ahora, cuando unos 150.000 jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral, compitiendo con sus propios padres que perdieron su empleo o no encuentran la posibilidad de trabajar…
 

A causa de una acción de amparo constitucional presentada por un dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre cuestiones relativas a la Presidencia de esa entidad, se ha desatado una interesante polémica respecto del poder que el mundo organizativo del fútbol (FIFA / CONMEBOL) pretende sobre los estados nacionales, sus normas y sistemas jurídicos. De acuerdo con las normas internas de aquellas organizaciones, amenazadas de aplicarnos según el último comunicado de la CONMEBOL, por “obligaciones administrativas”, la verde y sus clubes podrían ser eliminados de sus competiciones -roja, directa-, de persistir el trámite de esa acción.

Soy futbolero, aunque tengo una pizca de sentido común para diferenciar ese hermoso deporte de la mafia que lo tiene cautivo, precisamente desde sus entornos directivos, lo que me lleva cuestionar: ¿Hasta dónde puede alcanzar el poder de esas entidades –privadas- frente a los estados nacionales? ¿Acaso sus ciudadanos no tienen derecho a pedir tutela en sus tribuales frente a sus actuaciones? ¿Es que pretenden constituirse de facto en superestados cuyas Constituciones y Leyes, no les alcanzan? Cualquier estudiante no muy avispado del vestibular de Derecho, sabe perfectamente que cualquier pacto así sea de orden privado, no puede prevalecer frente a la normativa interna de cualquier país, peor si es de orden Constitucional.

No interesa aquí ingresar al mérito o no de ese amparo que entiendo además, obedece a las eternas pugnas de poder –por plata- que han prostituido al mediocre fútbol boliviano, al extremo que sigue festejando sus únicas glorias logradas el siglo pasado, frente a la cruda realidad de los sistemáticos papelones que hacen sus equipos –goleadas, en contra- incluyendo algunos desubicados que hablan de “grandes”. 

Empero, sostengo que las amenazas de aquellas organizaciones prácticamente mafiosas –les recomiendo las investigaciones de Andrew Jennings, por ejemplo “La caída del imperio”; Aguilar – Alfaguara, Bs. As. 2015, entre muchas otras- revelan el desorbitado poder con que deliran esos entes, al extremo de pretender situarse hasta por encima de los estados, sus leyes y estructuras institucionales.

Desde lo constitucional, esa postura es sencillamente insostenible. Para empezar, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir tutela judicial efectiva y oportuna ante nuestros tribunales de justicia nacionales, frente a acciones u omisiones que consideren lesivas contra sus derechos y garantías (que tengan o no mérito, es otra cosa). Para ello, la acción per se es la de amparo constitucional precisamente franqueada para tales supuestos. Además, nuestra CPE contiene un principio universal por el que todas las personas somos iguales ante la ley, lo que significa que tanto personas físicas de carne y hueso, como las jurídicas –FIFA, CONMEBOL, etc- deben recibir igual trato y, eventualmente, someterse a la administración de justicia, sea como demandantes o demandados. 

Para que todo eso pueda efectivamente funcionar y no quede sólo en el papel; plasmando todas esas declaraciones y como no podía ser de otra manera, la misma CPE es clarísima al ordenar: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidas a la presente Constitución”, siendo ella la norma suprema del ordenamiento jurídico de cualquier país, incluyendo el nuestro.  

Así el estado del arte de las normas aplicables, más allá que esa acción de amparo tenga o no mérito y sus circunstancias, incluyendo aquellas pugnas y sus reales causas que las huelo obscuras, la postura de la FIFA / CONMEBOL por muy poderosa que lo sea y recursos económicos que maneje (a su antojo, además) constituye una afrenta al estado de Derecho cuando precisamente éste implica que nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima de la CPE y las leyes de cualesquier país, al extremo grotesco de amenazar sacar la tarjeta roja a sus miembros, por el “pecado” de impetrar tutela ante sus tribunales de justicia para que se expidan sobre el mérito o no de sus pretensiones jurídicas. Nadie puede substraerse de la justicia y peor amenazar con la roja directa. “Cualquier sistema que permita a alguna persona ejercer un poder desenfrenado sobre otros, es una invitación abierta al abuso”. Thomas SOWELL   
 

Normalmente, en los ciclos políticos, cuando las autoridades electas son posesionadas en sus cargos, se abre un periodo en los primeros años de gestión en los que estos desplieguan sus herramientas y acciones que tienen que ver con hacer cumplir de alguna forma aquello que prometieron en campaña electoral, teniendo en mente que los últimos años de sus respectivas gestiones el foco principal de trabajo será la coordinación política de cara a las próximas elecciones para volverse a postular al mismo puesto o quizá a otro que le brinde al político mejores perspectivas.

Eso pasaba en condiciones normales, pero dado que ya hace años que en absolutamente nada estamos en condiciones normales, la disputa política no escapa a este tema. La lucha política comenzó incluso antes de que se les diera las credenciales de autoridades, ya vimos cómo Santos Quispe en pleno acto de entrega de credencial de gobernador rompió con su agrupación política, o como Camacho discurseaba desde Santa Cruz deslizando la idea de posicionarse como una suerte de principado con poder suficiente como para advertir al Gobierno nacional que mejor se cuide porque le podría pasar lo del 2019.

Una breve nota adicional para el señor Camacho, al haber deslizado la idea de federalismo dio por cerrada toda posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial exitosa para el 2025, porque está claro que si algo no trasciende políticamente más allá de Santa Cruz, muy poco en Potosí y menos aún en Tarija, es justamente el discurso del federalismo, porque para el resto de departamentos es sinónimo de separatismo y regionalismo recalcitrante. Por lo tanto, Camacho tocó su techo político con esta Gobernación.

Por otro lado, el Gobierno nacional calificó a estas autoridades electas como “rupturistas”, cuando en realidad ninguno de ellos llegó a ser gobernador o alcalde gracias a una interpelación dura al Gobierno o al sistema político; al contrario, todos tenían la cara más visible y mejor conectada con perfiles de políticos expertos en hacer gestión y en cumplir las obras que estaban prometiendo.

Es decir, lo que debía ser el inicio de una cierta tranquilidad una vez que se resolvió la crisis política que vivíamos hasta antes de las elecciones, se aceleró en una serie de movimientos que de alguna forma expresan los dilemas internos que viven en el masismo y en el antimasismo. Estos problemas internos en el antimasismo, por ejemplo, tienen un común denominador, que es la disputa por ver cuál de ellos será ungido como la cabeza de la oposición política, porque tenemos en el campo de las oposiciones políticas un espacio muy fragmentado y disperso que por ahora no le alcanza a ninguno de sus líderes a representar el referente político de este bloque, por eso, por estrategia andan interpelando y pidiendo audiencia con el presidente, porque saben que el primero que logre una reunión con él, podrá ser autoproclamado como líder del antimasismo.

Mientras tanto, en el masismo, lo que se debate ahora mismo es una suerte de dilema traducido en el sentido de ver cuál es la identidad propia del Gobierno de Arce y Choquehuanca, porque hasta ahora en seis meses de gestión existe un vacío comunicacional que generó una doble ilusión. Por una parte, de que no se tiene un plan claro para encarar lo económico y social; y por otra, de que habría una suerte de poder dual que estaría compuesto por Arce y Morales. Es decir, la disputa política y la polarización que estaba en nivel máximo, en adelante estará en nivel de medio a alto durante todos estos años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre del 2021 la población económicamente activa en el área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

La buena noticia de dicho Informe, dando cuenta de cierta recuperación en la economía nacional sería que al primer trimestre de 2021, la tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia bajó a 8,7% luego de estar en casi 11% el año pasado, y que “el incremento en el número de ocupados, entre el primer trimestre de esta gestión y la gestión pasada, fue incidido más por la actividad económica de comercio y construcción, con un incremento del 15,7% y 3%, respectivamente; así como en servicios de hogares privados y de organismos extraterritoriales, donde la ocupación subió 2,7%. Aunque en otros sectores la ocupación cayó: Servicios de educación (5,8%), alojamiento y comida (4,8%), administración pública, defensa, etc. (3,9%), transporte y almacenamiento (3,3%) e industria manufacturera (1%).

No hay que dejar de lado en el análisis que tal comparación se hace frente a uno de los peores años de la economía en su historia -el 2020- debido a la pandemia y la cuarentena implantada; y, que los datos corresponden exclusivamente a la población urbana.

De que los números mejoraron, es evidente, especialmente cuando en agosto del 2020 el INE, con datos preliminares a julio, indicaba que "...del total de los desocupados cesantes, 434.000 personas, se puede observar que 289.000 fueron afectados directamente por la pandemia”, mientras que hoy se habla de unos 350.000 (dato del mes de marzo).

El drama es que -así sea uno solo- detrás de cada desocupado hay una familia sin recursos; además, entre los “ocupados” hay muchos que habiendo perdido su empleo o no pudiendo emplearse en su profesión se dedican a vender comida, “hacer taxi”, al delivery o al comercio, estando en situación de subempleo o desempleo encubierto/disfrazado, sin olvidar lo precario de los empleos en el sector informal que, según muchos supera el 70%.

No pierdo la esperanza de ver un día a mi Bolivia ofreciendo empleos dignos que lleven a la realización de la gente; empleos sostenibles, de larga duración, basados en la capacidad y productividad; empleos con todos los beneficios sociales, con atención de salud tanto para la prevención como la solución de las enfermedades; empleos que lleven a una mejor calidad de vida al jefe de hogar y su familia; empleos que permitan al trabajador un horizonte de previsibilidad, por ejemplo, para ser sujeto de crédito y contratar un préstamo para un auto, un lote o una casa, algo que en el sector informal no existe.

No solo eso, en el sector informal, así como en el autoempleo de subsistencia, tampoco hay beneficios sociales, horario de entrada y salida, o algún tipo de cobertura por parte del Estado: son empleos inseguros e inestables que no ayudan a la calidad de vida de la gente.

Precisamos sincerar esta situación, porque ello tiene que ver en la mayoría de los casos, con una competencia desleal e ilegal en contra de las empresas que tributan y son respetuosas de sus obligaciones para con sus trabajadores y el Estado.

La solución no es mágica, pero pasa porque se dé las condiciones mínimas de trabajo a los empresarios y a los propios trabajadores, para que se capaciten. 

Seguridad jurídica para la inversión, para quien arriesga, invierte y apuesta por el país, en todos los sectores; garantía de libre exportación de excedentes; recuperación del mercado interno, del contrabando; y, políticas públicas para ser más competitivos y productivos. Nada del otro mundo. Nada de dádivas, solo condiciones para invertir, producir y exportar más y sustituir importaciones. ¿Acaso dándose esto en el sector formal, no beneficiaría a todos los trabajadores?
 

El 26 de marzo, el Ministro de Justicia Licenciado Iván Manolo Lima Magne, había informado a los medios  –con inocultable disgusto pues causaba estragos en varios procesos de interés partidario- sobre la reciente emisión de la flamante Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0012/2021, es decir con número y fecha, por la que el Tribunal Constitucional en ejercicio de su rol de guardián de la CPE, había declarado –por fin, conforme debía para mi gusto- la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. 

Quienes por litigio, interés académico u otros, hacemos seguimiento a esas resoluciones, tratamos de obtenerla para estudio y aplicación, lo que en esos momentos, se volvió misión imposible. Hasta llegué a realizar una oferta pública en mi Facebook de recompensa (libros) a quien tenga a bien enviármela, pues surgieron una serie de rumores de fuentes muy pero muy confiables, en sentido que los Magistrados habían reculado de esa su decisión -¿Les jalaron las patillas o que pasó? - por lo que se soplaba que la ya a esas alturas esa ya famosa SCP, en otro acto de magia del TCP jamás aparecería (al menos en ese sentido) e incluso, la ex legisladora que planteó la acción de inconstitucionalidad, reclamaba vehemente su notificación y entrega de copias legalizadas. Demás está decir pese a ser el sitio oficial de seguimiento de causas, que la página web del TCP no publicó ni dio alguna información útil, lo que hoy dos meses después se mantiene.         

Hasta que un colega, me envío por whatsapp  la famosa SCP en PDF, con rúbricas y firmas y todo de sus Magistrados (hasta en cada página de sus 44, etc), siendo inmediatamente colgada en el Facebook del ICACH y circuló abundantemente en grupos de Abogados de whatsapp, etc. En lo relevante, declaraba pues la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 91 bis (prosecución del juicio en rebeldía) y por conexitud el 344 bis (Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción) del Código Procesal Penal, introducidas por las absurdas contra reformas de la Ley No. 004, recurriendo a un interesante test de razonabilidad de la desigualdad, entre otros. (Por si acaso, cumplí inmediatamente con la recompensa públicamente prometida, según ordena el Cgo. Civil). 

Para variar,  lo muy pero muy extraño del caso, es que hasta el momento, la ya famosa SCP no aparece de manera oficial a través de los canales regulares del TCP y, lo que es aún más inaudito, ayer el mismísimo Presidente del TCP acaba de desmentir olímpicamente al MinJusticia sosteniendo ya también que la causa seguiría en  trámite https://correodelsur.com/seguridad/20210508_paul-franco-desmiente-a-ivan..., aunque en su copia ampliamente compartida en las RRSS, aparece su firma encabezando sus suscribientes, además de los restantes Magistrados, (salvo una excusada, una disidente y otro que no intervino). 

¿Qué sucedió entonces? ¿Estaremos ante una sentencia fantasma? ¿Ante una SCP aparecida y/o luego desaparecida? ¿Se habrá “estido”? ¿Ante el disgusto público del Minjusticia, realmente recularon? O todo eso y algo peor? ¿O que está pasando realmente? Mientras esos misterios se despejan –y la famosa SCP circula ampliamente con más ganas, especialmente en el foro-  lo que asombrosamente está ocurriendo socava aún más –BORGES decía que nunca se sabe hasta dónde se pueda caer más bajo- la imagen de la administración de justicia y especialmente, la seriedad con la que el máximo Tribunal de Justicia Constitucional del país, debiera honrar, pues es el garante de nuestros derechos y garantías, correspondiendo haga gala no sólo de su independencia (muy discutida), sino de transparencia e idoneidad en el manejo de las causas que tramita. Se dice que la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo.          

Más allá del caso concreto y, lo que muestra, esconde y, principalmente implica en términos de seguridad jurídica, transparencia, confiabilidad e idoneidad; lo que sensiblemente está aconteciendo con la SCP No. 012/2021 y este su opaco tratamiento (que no es el único)  probablemente constituya una buena muestra del estado del arte de nuestro sistema de justicia –salvando muchos pero muchos otros casos en los que sus operadores proceden en sentido absolutamente opuesto al ejemplificado- cuando entre otros bienes, especialmente en casos de interés partidario, no nos otorga y muestra seguridad jurídica a los ciudadanos que acudimos con ese fin al sistema. Los Tribunales Constitucionales son ante todo, órganos contra poder, que tienen la feliz misión de sacarle la tarjeta roja a las leyes que vulneran las normas constitucionales y convencionales, lo que exige un tratamiento serio que jamás dé lugar a estos “misterios” de la ya célebre sentencia fantasma. SARTRE escribió al respecto: “Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también”.
 

“Lo peor del coronavirus en Latinoamérica está por venir”, sentencia The New York Times, explicando que “la desigualdad, una tara de larga data que antes de la pandemia se estaba reduciendo, ha vuelto a acentuarse y millones de personas han vuelto a ser arrojadas a la vida precaria que pensaban que habían dejado atrás durante un relativo auge regional” (Semana.com, 30/4/2021).
Es lamentable decirlo, pero un diminuto virus vino a confirmar una indeseada situación, un gran temor.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe del 2016 titulado “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, sin mediar siquiera la premonición de la pandemia en curso, pero tomando en cuenta la fase declinante del ciclo económico que se vivía entonces, se preocupaba ya por las 25 a 30 millones de personas -más de un tercio de la población que salió de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe desde 2003- en el sentido de que corrían el riesgo de recaer en la pobreza, según me dijo Dennis Funes, Representante Adjunto del PNUD en Bolivia, en mi reciente visita a La Paz.

Recordé entonces el Informe Anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dando cuenta del incremento del número de pobres en la región, número que trepó a 209 millones a finales de 2020, con 22 millones de “nuevos pobres” más que el año anterior, haciendo retroceder décadas de avance en materia socioeconómica (“Panorama Social de América Latina 2020”, CEPAL, 4.04.2021).

Grave situación, porque a la preocupación del PNUD de hace 5 años, se suma ahora el desasosiego que provoca la pandemia global, cuya expresión en esta parte del Continente -más allá de la muerte y el dolor que provoca- deja a su paso una profunda pobreza, revirtiendo los avances logrados gracias al macrociclo de precios altos que duró hasta 2014 y que, hay que decirlo con todas sus letras, no fue aprovechado por la región latinoamericana y el Caribe para cambiar estructuras productivas, sociales e institucionales, para poder enfrentar con mayores posibilidades de éxito una situación tan complicada como la que se está viviendo hoy, de manera generalizada.

Volviendo al Informe del PNUD referido supra, Funes reflexiona que más allá del ingreso per cápita que no necesariamente refleja el grado de avance de la población, está el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como un mejor indicador de bienestar, destacando que lo que en verdad incide para la salida de la pobreza, es distinto a lo que previene que las y los latinoamericanos vuelvan a recaer en ella. “En la década pasada, los mercados laborales y la educación fueron los grandes motores para dejar la pobreza. Sin embargo, es fundamental que las políticas públicas de nueva generación fortalezcan los cuatro factores que impiden retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y calificación laboral. Estos elementos clave componen lo que el IDH denomina canastas de ‘resiliencia’, que es la capacidad de absorber shocks y prevenir retrocesos, lo que es fundamental para la región en este momento de ralentización económica”, concluye.

Lamentablemente, el avance en estos cuatro frentes no se ha dado de una manera generalizada, como se hubiera esperado durante los tiempos de la bonanza, de tal manera que “estamos viendo ahora mismo por el impacto del COVID-19, cómo las personas vulnerables están en picada para recaer a la pobreza por estos temas”, indica Funes.
Duele decirlo pero, esta historia no ha terminado, casi comienza, apenas…

Cabe cuestionar, si estamos haciendo lo suficiente para enfrentar los retos de un entorno que se presenta cada vez más amenazador, al no tener que ver ello solo con la vida, sino con la calidad de vida de la gente. Si las políticas públicas no se enfocan en ello, morir por coronavirus hoy, podría resultar menos doloroso, que morir mañana por pobreza.
 

Esta vez (para variar), el latigazo vino desde el Parlamento Europeo cuando oficialmente expresó su preocupación: “por la falta de independencia e imparcialidad” de la justicia “insta(ndo) a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”.

Más allá que coyunturalmente lo resuelto por la Euro Cámara enoje a unos y alegre a otros, aquellos pontifiquen sobre el colonialismo y la soberanía (¿se acuerdan del pirata Matarollo y de su informito?) y éstos sobre la comunidad internacional, la aldea global, etc; seríamos opas con sentencia ejecutoriada para soslayar la extrema urgencia de reformar nuestro sistema de administración de justicia, lo que no interesa sólo los operadores del sistema sino a la ciudadanía y, permite –sin exagerar- lograr niveles de paz y desarrollo, siquiera mínimos.

Resulta imposible ignorar, más allá de los traumas de varios sobre intervencionismo, colonialismo, soberanía, etc que les afloran sólo cuando les conviene, que tenemos un gravísimo problema en nuestra justicia. En la oportunidad, ha sido puesto evidencia por el burdo trato otorgado a la ex Presidente Añez, pero, aplica a muchos otros casos, menos famosos, pero igual o peor de injustos. Eso, sin caer en el vicio de la generalización, puesto que soy de los pocos Abogados que sistemáticamente honra las excepciones, puesto que también me consta que sobreviven muchos operadores que alumbran justicia, pese a todo…    

No obstante, dentro de ese panorama dantesco en que ha caído el sistema, pues como sentenció MONTESQUIEU: “Una injusticia hecha al individuo, es una amenaza hecha a toda la sociedad”, sostengo que entre varias, seguramente la peor por inocultable, es su falta de independencia respecto de poderes fácticos. El principio universal sobre el que se asienta el instituto, proclama que los jueces son independientes y sólo están sometidos a la Constitución, los Instrumentos Internacionales, la ley y, claro, su conciencia. A partir de esa base es que se desarrolla la garantía de independencia que se efectiviza mediante diversos mecanismos: genuinas y confiables carreras de ingreso, permanencia, evaluación y salida y otras; que aquí, son lo que sabemos que son.

Dado ese estado del arte de nuestro sistema, se han gastado teclados y micrófonos censurando esa inocultable falta de independencia, insisto, fundamentalmente cuando se juzga casos del interés de poderes fácticos. Se dice lo obvio pero, advierto no siempre se suele aterrizar en el mecanismo –diría técnico- por el que se vacía de contenido esa garantía. Aprendiendo de mi amigo, colega Doctor en Derecho por la Universidad Complutense Jorge ASBUN: “Constitucionalismo popular y Neo constitucionalismo latinoamericano –estudio crítico” (Plural /ABEC, 2020) y Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, bebo de su fabulosa explicación doctrinal del mecanismo. Nos enseña que a partir de entender la independencia judicial como el derecho de los ciudadanos a ser juzgados exclusivamente de acuerdo con los parámetros establecidos en el Derecho, lo que distingue la función judicial de los otros órganos de gobierno, radica en que al juzgar a los jueces les está vedado (…) utilizar criterios de oportunidad o conveniencia. Un tribunal no puede juzgar con “sabiduría política”, ya que esos criterios de conveniencia y oportunidad están asignados al ejecutivo o legislativo y no al judicial. No significa para mi gusto, que al juzgar no se plasme también lo político –relación estado Vs Ciudadano- pero, esta sagrada función no puede teñirse y peor prostituirse por esas conveniencias y oportunidades, sean partidarias (el partido me hizo nombrar y debo pagarle la factura o, el jefe me hará despedir); económicas (coimas); complejos, prejuicios o hasta venganzas (esa parte me cae mal, su abogado, etc); intereses (mi fallo no caerá bien a los medios), además de cobardía o comodidad (si me equivocó, el superior corregirá) y otros, aún peores, que cuando conviene y aprovecho, le meto no más..

De entre otros males, probablemente el antes descrito, es el que peor daño ha hecho y está haciendo no al sistema, a los Abogados, sino al ciudadano y –como el PE acaba de probarlo- al propio estado; aunque ni los anteriores ni el actual gobierno –más allá de sus demagógicos discursos que ya nadie cree- han puesto genuina voluntad política para reformar de a de veras, ese nuestro sistema de administración de justicia. “Ver una injusticia y no hacer nada, es no tener valor.” CONFUCIO
 

Uno de los cambios significativos de las reformas al sistema de administración de justicia boliviano introducidos los últimos tiempos fue la creación del Consejo de la Judicatura. Doctrinalmente, se justificó en que los jueces debían dedicarse a lo que saben, es decir, administrar justicia, por lo que cabía entregar a un órgano administrativo diferente el gobierno del Judicial. Adicionalmente, se encargó al flamante organismo también el juzgar a los jueces, en la vía disciplinaria administrativa.    

A la vista de los resultados producidos en estos ya más de 20 años de existencia, existen más sombras que luces, pero soy de los que aun sostienen que aquella idea conceptual de liberar a los jueces de tareas que no sean las estrictamente jurisdiccionales sigue siendo acertada, por mucho que el desempeño de quienes han ocupado en distintos momentos el Consejo haya estado frecuentemente signado por la polémica –natural lucha de poderes con los supremos- y recientemente con mayor frecuencia, el escándalo: audios de venta y repartija de pegas, etc además de su vergonzosa sumisión al poder partidario (junto con otros organismos del sistema) y, su inocultable ilegitimidad, producto de la paliza sufrida en las elecciones judiciales. 

Uno de sus mayores déficits radica en el ejercicio de la función disciplinaria, pues más allá que será siempre complejo juzgar a jueces, su desempeño ofrece graves dudas sobre su idoneidad, en términos de haber logrado garantizarles a los administradores de justicia, el Debido Proceso.    

Nadie podría dudar que, si un Juez en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales comete una falta disciplinaria, debe ser juzgado. Se trata de faltas funcionales surgidas en el desempeño de su función, que por la doctrina de las garantías reforzadas que los jueces merecen –acertado producto de la jurisprudencia de la CORTE IDH- complejiza aun más esas tareas disciplinarias. 

En términos generales un primer elemento irresuelto es la manifiesta ilegitimidad de los Consejeros, tanto de la anterior tanda como de la actual: si han perdido en las urnas electorales y pese a todo, ejercen su cargo por respaldo partidario, resulta muy discutible que ejerzan la función disciplinaria sobre jueces de carrera que han ingresado al sistema por méritos, pese a que sensiblemente, el porcentaje de jueces de carrera en el sistema judicial sólo bordea el 20% del total, porfiando el Consejo en tenerlos como transitorios para, incluso, tratarles como seres de segunda categoría.    

Peor aún es el ejercicio mismo de la función disciplinaria, completamente teñida por consideraciones ajenas a su naturaleza, que se traducen entre otros vicios, en persecución selectiva, frecuentemente orientada al escarmiento de quienes no se alinean con intereses y órdenes partidarias. En las últimas semanas, el caso de la Juez Jimena Mendizabal suspendida por 1 mes de sus funciones jurisdiccionales estando aun con secuelas de Covid y luego que resolvió en contra de aquellos intereses, ha patentizado esa deslegitimización de la función disciplinaria, alcanzando niveles grotescos, que el sistema no ha tenido la capacidad de anularlos.

La Juez es juzgada por el retardo de 1 mes y días para providenciar dos memoriales. Alegó que el recargado trabajo en su despacho había generado esa demora, por lo que no era indebida sino estaba justificada (dudo exista algún Juez que no haya caído en lo mismo). Sin embargo, habiendo sido declarada culpable en sentencia, apela y, la resolución de su apelación, demora en el Consejo de la Magistratura cerca de 8 meses y luego, la simple devolución del expediente al juzgado de origen demora 1 año y 5 meses (lo que dura en el peor de los casos una semana). Solicitada la explicación y enmienda del fallo de 2ª instancia, se explica por un Consejero que no emitió el fallo y, nuevamente la devolución, demora otro año y 2 meses. En total, incluyendo la ejecución que demora otros meses –bajas por covid incluidas- el proceso disciplinario por retardación de justicia que debía durar aproximadamente 3 meses, demoró 39 meses a cargo de la administración disciplinaria del Consejo de la Magistratura, con lo que se tornó en arbitrario, irrazonable y arbitrario, pues resulta absurdo que el Consejo castigue a un Juez por una demora de 1 mes y días, tardándose 39 meses. BECARIA hace siglos, ya había sostenido, mutatis mutandis: Me parece absurdo que las leyes, que son expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, cometan ellas mismas también uno, ordenando un homicidio público para alejar a los ciudadanos del asesinato.