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No solo la jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana, Diputada Andrea Barrientos, señaló tener más en común con el MAS que con CREEMOS, el mismísimo Carlos Mesa, representante máximo de CC, hoy excandidato a la presidencia, reconoció en varias oportunidades -desde escritos hasta conferencias- los Logros del MAS y de Luis Arce en la gestión pública, incluso comparo a Evo Morales con Simón Bolívar (el Libertador). Por ejemplo; el 2015 Carlos Mesa escribió el siguiente texto:

“El ministro Arce demostró un manejo adecuado de la macroeconomía en todos sus ámbitos, manejo acompañado por la exhibición de unas cifras simplemente impresionantes. Tamaño del PIB nacional, crecimiento anual de ese PIB, inflación controlada, reservas internacionales, superávit fiscal, son contundentes”. (Carlos Mesa G. Economía, La Prueba De Consistencia. Fuente: Diario Página Siete. 2015)

Otro escrito de Carlos Mesa reconoce que la vida de los bolivianos y la competitividad del país cambió en la gestión del MAS, escribe Carlos Mesa:

"La inversión intensa y sostenida en infraestructura, con antecedentes relevantes durante el período democrático, cobró un ritmo y una velocidad que permiten pensar que el país por fin recupera competitividad y transforma las vidas de compatriotas que por siglos vivieron cerca de una mala carretera de tierra, sin luz y sin agua. Bolivia, finalmente, puede completar su camino de modernización". (¿Modernización tardía? Fuente: Pagina Siete. 2015)

En sus dos artículos referidos a la “Pobreza, Logros y Desafíos” Carlos Mesa escribe:

“…Uno de los logros relevantes de este gobierno es, sin duda, el significativo avance en la lucha contra la pobreza. La pobreza en general ha disminuido de más de 60% en 2003 a 45% en 2013, y la pobreza extrema de 40% en 2003 a 21% en 2013. El avance más significativo en sólo ocho años del que tengamos memoria” (Lucha Contra La Pobreza: Logros Y Desafíos. Blog De Carlos Mesa 2013)

Postura que ratifica en noviembre de 2017, cuando indica:

“La pobreza disminuyó de casi el 60% al 39%, una cifra notable, 21 puntos menos, mientras que la pobreza extrema pasó de 36,7% a 16,8%, una reducción de más de la mitad. Se trata de un rango que no tiene precedentes en nuestra historia y que no podemos menos que reconocer”. (Carlos Mesa Pobreza, Logros Y Desafíos Fuente: Diario Página 7. 2017)

Además, Carlos Mesa reconoce el sólido Modelo Económico de Luis Arce Catacora y que gran parte del éxito de Evo Morales se debe al mismo cuando Señala:

“Uno de los ejes fundamentales de todo el andamiaje de este proceso político ha estado en el ministerio de Economía y Finanzas” “Los pros y contras de lo hecho hasta ahora estuvieron siempre bajo el brillante celofán de unas cifras macroeconómicas que no permiten discusión”. “(…) la grasa acumulada en casi una década permitiría a Bolivia pasar el trance de la caída de precios con tranquilidad” (Carlos Mesa G: Economía, La Prueba De Consistencia. Fuente: Página 7 2015).

Nadie que no sea admirador de la capacidad de gestión de una persona, escribe así, peor si se compara a Evo Morales con el mismísimo Libertador Simón Bolívar como hace Carlos Mesa en 2010:

“El Presidente Morales es en ese y otros muchos sentidos un caso excepcional. Lo es porque como nunca antes desde Simón Bolívar a hoy, una figura política cobró una trascendencia mediática de tal magnitud, es además la figura boliviana de mayor proyección internacional que hayamos tenido nunca.” (Carlos Mesa G: Morales, Las Razones De La Entraña. Fuente: Blog Personal De Carlos Mesa 2010)

Estos escritos, entre muchos del 2010 al 2017, demuestran una constante en el pensamiento de Carlos Mesa respecto al MAS y a Luis Arce.

Para concluir:

1. Después de semejantes elogios al MAS, a Evo Morales y a Luis Arce, es imposible entender por qué CC juzga a una diputada y no a Carlos Mesa Gisbert como máximo representante de la fuerza política en mención, es decir, se castiga a una joven diputada con la renuncia a su cargo en tanto se socapa al máximo jefe de CC, la vida también sirve para enseñarnos a sentir vergüenza¡¡¡
2. Que la propia oposición reconozca la gestión de Evo Morales, del MAS y de Luis Arce es la prueba viviente de que su crítica política no pasa de la retórica y el discurso político, pues en varios escenarios, no solo Carlos Mesa, sino, otros líderes de oposición reconocieron los méritos del proceso de cambio.
3. La diputada Andrea Barrientos no cometió ningún acto irregular, tampoco tomo una postura ajena a su partido, es más, si comparamos el comentario de Andrea Barrientos con los Textos de Carlos Mesa sobre el MAS, este último parece militante del MAS, por ende, Comunidad Ciudadana cometió una injusticia con Barrientos,.con que moral se puede criticar a la justicia nacional si al interior de su fuerza política se socapa a unos y se sanciona a otros, después de todo, Andrea Barrientos solo dijo tener “más coincidencias con el MAS que con creemos”, en tanto Carlos mesa comparo a Evo con el mismísimo Libertador.
4. Es imposible que la diputada Andrea Barrientos (lo mismo Carlos Mesa en sus escritos) haya mentido al momento de reconocer la una sus coincidencias con el MAS, no obstante toda la oposición, hasta Carlos Mesa, la cuestionó de forma despiadada, hecho que debe llamar nuestra atención por que se esta castigando la sinceridad, quienes quieren políticas y políticos sinceros con el pueblo debían respaldar a Andrea Barrientos por la valentia con que manifestó su postura... La decencia tambien se práctica contra las hipocresías... 

Había opinado hace semanas que, tratándose de la reforma al sistema de administración de justicia boliviano, existe acuerdo unánime sobre su urgente necesidad, aunque el cómo y el cuándo estaban aún sobre la mesa, dando por descontado que el para qué nos quedaba clarísimo. Me equivoqué.      

Al menos, a juzgar por los últimos parches introducidos –Ley No. 1390- y otras en trámite legislativo como la relativa a la legitimación de las ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva; sostengo que si ellas forman parte de la reforma –en lo normativo, pues una reforma abarca muchísimos otros aspectos- parece que el nudo gordiano de cualesquier reforma al sistema judicial de un país que se dice, democrático, o no está claro para quienes toman esas decisiones o más bien, está clarísimo pero, no condice con lo que la ciudadanía espera y merece de su sistema de justicia.

Y es que en este tema, es decir, el para qué de una reforma de justicia de gran calado, no existen muchos misterios. Para mi gusto – conste en obrados que me he declarado garantista con sentencia condenatoria ejecutoriada, sin remedio- o se hace una reforma para protegerle al ciudadano del poder del estado –frecuentemente, bastante desproporcionado, si es que no autoritario- o, para darle mayores poderes al estado siempre administrado por algún gobierno, con lo que las garantías individuales de los ciudadanos, quedan pulverizadas, por muchos discursos demagógicos que se hagan para dorarle la pildorita que le harán tragar.          

Si los sistemas de administración de justicia en los países genuinamente democráticos han sido establecidos para tutelar los derechos de todas las personas frente al poder y, siendo que la historia nos muestra cotidianamente, peor en Bolivia o Latinoamérica, que la principal fuente de vulneraciones de derechos proviene precisamente del estado, es elemental, obvio y hasta natural que si se trata de reformar ese sistema porque ha fracasado demostrablemente en esa su razón de existir, una reforma consistente en darle mayor poder al que vulnera aquellos derechos y garantías, está irremediablemente condenada al fracaso, es gatopardiana: cambiarlo cosméticamente casi todo, para que todo siga igual o peor.    

Una buena prueba de esa perversa lógica es lo que ha ocurrido con nuestro sistema penal. Estábamos muy pero muy mal con el inquisitivo, saltamos en garrocha hacia el acusatorio oral afín al garantismo y, luego todos los gobiernos que sucedieron le metieron mano al sistema y, lo dejaron peor de lo mal que habíamos empezado: más retardación, más presos sin condena, mayores niveles de hacinamiento carcelario y resultante violación de DDHH, sin contar con la desprotección a las víctimas o el terror que el ciudadano siente de los operadores del sistema, aunque excepciones, aplican. 

En Bolivia, la única forma que el estado ha encontrado –incluyendo todos los últimos gobiernos- para rebajar en algo aquellos vergonzosos índices, han sido las sistemáticas leyes de indulto y amnistía (más de media docena ya) por las que ya también se vulneran los derechos de las víctimas de los delitos pues nadie les oye para aplicar esas muy discutibles medidas desesperadas –GIEI dixit-, es decir, se desviste un santo para vestir a otro y nada más.

Así el estado del arte, si vamos a hacer una genuina reforma del sistema de justicia que tenga alguna mínima esperanza de ser exitosa, urge darle mayores garantías al ciudadano frente al poder –sea gubernamental o de cualquier otra índole- y no lo contrario. De seguir así, estaremos perpetuando aquella perversa lógica plasmada en la vulnerabilidad ciudadana frente al poderoso, que es además, frecuentemente abusivo. Ojalá, que nuevamente no nos ocurra aquello de Iván GARCIA: “La música de las supuestas reformas (…) sonaban muy bien entonces. Pero años después, la letra de la melodía, en la práctica, nunca llegó a rimar”.   

Habiendo tomado conocimiento del Instructivo C.O.B. – CEN Nº 019/2021, por el que el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) establece un Cronograma de Cumbres para la “Reconstrucción Económica y Productiva del Estado Plurinacional de Bolivia”, con una estrategia de participación activa de las organizaciones obreras, campesinas y sociales en los nueve Departamentos del país, me dirijo a ustedes con todo respeto, como un simple ciudadano y un trabajador más que sueña con una Bolivia sin pobreza, con buena salud, mejor educación, empleos dignos y oportunidades para todos.

Luego de casi 35 años trabajando en el país y por el país, me animo a lanzar la presente carta pública con el mejor ánimo de contribuir con ideas en un importante y  al mismo tiempo delicado sector, como es el comercio exterior, con planteamientos que deberían ser respaldados por todos los bolivianos, tomando en cuenta la enorme importancia que tienen las exportaciones e importaciones para la economía boliviana.

Considerando que no solo la estabilidad de la moneda, sino de la economía misma, depende en gran parte de lo que pase con el tipo de cambio, recomiendo que en las siguientes Cumbres se puedan abordar estas cinco medidas en función de una rápida reactivación económica y productiva; un alto crecimiento con mayor bienestar social; generación de empleos e ingresos para las familias; y, más impuestos y divisas para el Estado:

1. Promoción selectiva de exportaciones: Enfocarse en sectores productivos de rápida reacción como el agropecuario/agroindustrial y forestal/maderero, resulta altamente prioritario para captar la mayor cantidad de dólares y así fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB).
2. Sustitución competitiva de importaciones: Profundizar el D.S. 4424, que el IBCE aplaudió públicamente calificándolo de acertado, tomando en cuenta que fue concebido con la finalidad de evitar la salida de dólares, fortalecer las RIN del BCB y, al mismo tiempo, recuperar el mercado interno en favor de la producción nacional.
3. Lucha frontal anti-contrabando: Es sumamente urgente incorporar a la sociedad civil al combate del contrabando que tanto daño hace a la economía del Estado, por la pérdida de tributos; a los productores y comerciantes legalmente establecidos, por la pérdida de mercados; a los trabajadores, por la pérdida de empleos en el sector formal; y a la población, por la pérdida de su salud a partir de alimentos y medicinas que entran sin control sanitario; la sociedad civil debe apoyar a la Aduana, al Ejército Nacional y a la Policía Boliviana, que están siendo atacados por los contrabandistas en varios distritos.
4. Promoción del consumo de la producción nacional: Es necesario llevar a cabo una campaña de largo aliento de concientización ciudadana, en función de apoyar lo “Hecho en Bolivia”, haciendo entender que cuando la gente compra un producto nacional, está pagando no solo el esfuerzo de los productores en la ciudad y el campo, sino también, y principalmente, los sueldos y salarios de los trabajadores bolivianos.
5. Firma de un Gran Pacto Social Productivo: Un acuerdo de buena voluntad Gobierno-Empresarios-Trabajadores resulta urgente para: establecer objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; hablar todos un mismo idioma; dar certidumbre al operador económico nacional y extranjero; y, a partir de ello, que haya más inversión privada nacional y extranjera, que derive en empleos dignos y sostenibles para los ciudadanos.

Si los bolivianos aprendemos a mirarnos como hermanos dejando de lado lo que nos divide y actuamos en unidad -puestos los ojos en el bien mayor que no puede ser otro que abatir la pobreza- muy fácilmente podríamos salir de la crisis, con la posibilidad de crecer y generar tal cantidad de empleos, como nunca antes en la historia. ¡Forjemos la Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana, que añoramos! Se los digo con el corazón en la mano. Un abrazo y bendiciones.
 

La Opinión Consultiva de la CORTE IDH ha sido contundente: no existe ningún “derecho humano” a la reelección indefinida. El informe del GIEI también: hubieron graves violaciones de DDHH en los gobiernos de Morales y Añez; nuestra Judicatura no es independiente, la Fiscalía no es objetiva y el sistema de justicia padece estructuralmente de tal debilidad que requiere de urgente reforma que debe ser consensuada entre todos; además, nos recuerda que la vida debe ser protegida en favor de todos, evitando la revictimización, el racismo y la discriminación. Antes, la OEA y la UE ya habían ratificado que hubo fraude electoral en respuesta al de la USAL y, el viernes la petición por la masacre de La Calancha ante la COMISION IDH, superó su 2º filtro y avanza hacia el informe final que acusaría al estado por responsabilidad internacional: ¿Encuentran algún denominador común en todos esos hechos recientes? 

Por supuesto: todos provienen y no son producto de la institucionalidad interna boliviana (Justicia, Ministerio Público, Órgano Electoral, Defensoría del Pueblo u otros), sino de organismos internacionales que nos guste o no, a la vista de nuestras inocultables debilidades internas han tenido que intervenir sea a petición del propio estado o sus víctimas. 

En esos temas de alto voltaje político, nuestras instituciones bolivianas fracasaron, no son confiables o, lo que es peor, han perdido casi completamente su razón de existir, principalmente por estar prácticamente al borde del sado masoquismo, sometidas al poder político – partidario, de turno (sea del color que se trate).

No sólo es que hayan prostituido sus funciones primordiales que, generalizando, podría afirmar radica en que siendo idealmente terceros imparciales entre partes interesadas, deben tutelar los derechos de la ciudadanía, sin consideraciones o peor, odiosas distinciones, que afean esa su esencialidad. Ocurre, cuando el Ministerio Público se convierte en el patio trasero de cualquier partido político omitiendo defender a la sociedad que se debe al extremo de encubrir al victimario; el Tribunal Constitucional inventa un “derecho humano” que no existe ni siquiera en chistes de Condorito; la Defensoría “del pueblo” defiende los derechos del poderoso, el electoral participa entusiastamente del fraude electoral que debe evitar o la Policía protege al gobierno y no a las personas en situación de vulnerabilidad. Algunas excepciones aplican. Estamos en una espiral peligrosísima de anomía institucional resultante de aquella manifiesta y sistemática brecha entre la concepción normativa de las instituciones que hace a su razón de ser y su arbitrario proceder en la realidad, que degradan la gobernabilidad de cualquier estado. 

La mayor víctima de aquel desolador panorama es el ciudadano: queda inerme frente a esos poderes fácticos que han convertido la sociedad en una jungla donde prevalece no solo la voluntad sino el capricho del abusivo, generando una profunda desconfianza hacia el estado y su institucionalidad; regresamos prácticamente al estado salvaje. Impera la ley del más fuerte, en lugar del estado sujeto al imperio del derecho.                         

Precisamente ante esa deplorable situación y pese a los demagógicos discursitos de soberanía o descolonización, que la justicia internacional surge ante tamaño déficit institucional estatal, de manera subsidiaria. No es que repudie esa situación, es más, me declaro devoto del Sistema Interamericano de DDHH pero, no puedo obviar que aquellos organismos regionales o universales tienen que intervenir ante nuestra manifiesta incapacidad interna para resolver nuestros conflictos, tutelar derechos y hacerle justicia al caso concreto, sin importar a quien perjudique o favorezca.  

Esos sistemas de protección internacional, sean universales o regionales, son subsidiarios y surgen precisamente como efecto y respuesta a esa nuestra incapacidad y debilidad interna. No fueran necesarios si es que los bolivianos a través de nuestras instituciones integradas por operadores no sólo idóneos sino principalmente independientes de todos los poderes fácticos, produciríamos resultados confiables y por tanto, respetables por todos, más allá que nos gusten o no. 

Aunque a la vista de las circunstancias aplaudimos y felicitamos lo ocurrido, no debiéramos obviar que también marcan el fracaso de nuestra institucionalidad interna, rehén de múltiples intereses que impiden cumplir su razón esencial de existir. ¿Podremos cambiar esa triste realidad? ¿La clase política y la sociedad darán la talla? ¿Seguiremos mereciendo una tutela o protectorado internacional por esas nuestras inocultables debilidades? O, como escribe VARGAS LLOSA, seguiremos: “Capaces de poner en peligro las instituciones democráticas o el futuro de su país, por miserables vanidades y por una visión mezquina, cortoplacista de la política”    
 

Foto: CorteIDH junto al Secretario General de la OEA Luis Almagro en ocasión del juramento de un Juez

En primer término, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)  es una instancia diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede y funciones muy distintas, mientras que la CorteIDH es un órgano autónomo que ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, fundamentalmente resuelve casos contenciosos y tiene sede en San José (Costa Rica), la segunda NO es un órgano jurisdiccional, ejerce funciones de promoción y defensa de los derecho humanos (es decir, NO JUZGA) y tiene su sede en Washington DC (EEUU).  La mayor parte de los países de la Región (más de 25) han reconocido la competencia de la CIDH pero sólo un poco más de una veintena reconocen la competencia de la Corte. Por ejemplo, ni Canadá ni Estados Unidos reconocen la competencia de ninguna de estas dos instancias

La CorteIDH tiene además de su función jurisdiccional contenciosa, otra de carácter consultivo que consiste en interpretar la Convención Americana sobre Derechos del Hombre o Pacto de San José,   bajo el denominativo de Opinión Consultiva (OC). 

En ese marco, el 21 de octubre de 2019 la República de Colombia presentó a la Corte-IDH una solicitud de Opinión Consultiva acerca de “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Consecuentemente, el 13 de agosto de 2021  el Estado boliviano fue notificado con la Opinión Consultiva OC-28/21 de la CorteIDH que decidió por 5 votos a favor y 2 en contra que, de acuerdo a la interpretación de la Corte, la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencialista NO es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con un reconocimiento normativo en la Convención ni de otros tratados de derechos humanos; que los principios de la democracia representativa incluyen la periodicidad de elecciones, el pluralismo político y la prohibición de que una persona se perpetúe en el poder. Asimismo, estableció que, se debe garantizar la alternancia y la separación de poderes, que estaría en riesgo si se permite esta situación y, por tanto, prohibir la reelección indefinida no es contraria a la Convención, pero debe ser establecida en una Ley. 

A partir de ello, debe aclararse que, la OC no resuelve un caso contencioso contra Bolivia ni contra ningún país, ni contra una o varias personas, es una decisión general, abstracta, una interpretación de la Convención que busca ante todo promover un diálogo no litigioso, que sirve de referencia a los países de la Región en el marco de los derechos humanos.

Por esto, la OC no establece plazos ni sanciones contra nadie ni contra ningún país. No corresponde. Si se solicitó la opinión o una interpretación de la Convención, es que se tienen dudas sobre su interpretación, por tanto, resulta absurdo, entender que sea la base para un proceso o para establecer responsabilidades. Bajo estas mismas consideraciones, la OC tampoco es retroactiva, sus efectos son a posteriori, por eso no puede considerar un proceso contra alguien que interpretó antes de manera diferente.

En el caso de Bolivia, esta armonización ya habría sido resuelta con la Ley 1266 de convocatoria a las elecciones de 2020 donde se establece que no habrá reelección indefinida. 

Es pertinente señalar también que la OC deja muchas dudas en varios temas, por ejemplo, al ser una decisión muy específica que sólo analiza la figura de la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencial, no queda claro si la “reelección presidencial” no indefinida es un derecho humano, ni tampoco si la “relección presidencial indefinida” se aplica a otros sistemas políticos como el Sistema Parlamentario. Consecuentemente, se desconoce en qué quedaría la Sentencia  Constitucional 084/2017 , pues al referirse la OC sólo a la figura presidencial, sería parcialmente correcta la interpretación del TCP para los cargos de Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes y otras autoridades reelegibles no presidenciales.

Por otra parte, es muy importante aclarar que si bien la OC manifestó que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas por un régimen autoritario”, en ningún caso esta afirmación significa la justificación de un golpe de estado o de una ruptura constitucional sólo fue la interpretación actual de la Corte de algunas democracias en la Región.

En tal sentido, dado que la OC no es una mera opinión, es acertada la decisión de remitir la OC al Tribunal Constitucional Plurinacional que establezca el alcance de la misma, su vinculatoriedad, que permita luego la adecuación, armonización y adaptación de la normativa jurídica boliviana acorde a los fundamentos que se establecen y en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. .

Por último, merecen destacarse los dos votos disidentes que entre otras consideraciones manifiestan que: el país que presentó la Opinión (Colombia) no tenía un interés propio sólo un afán político, este tema precisamente originó el conflicto institucional en Bolivia, por lo cual la Corte debió rechazarlo (Zaffaroni), el derecho a la reelección también debió ser analizado como el derecho de los pueblos a elegir, sin que la Corte pudiera restringirlo. En el voto de Pazmiño, se fundamenta que la Corte debió rechazar el análisis de esta Opinión porque existen casos contenciosos pendientes, como lo hizo en otros casos similares. Intervenir en un caso puede significar afectar el el principio de soberanía y de no injerencia en asuntos internos de los Estados.

Cabe esperar el profundo y detallado análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional sobe esta decisión que nos permita tener claridad del alcance de la OC y evite el manejo político y mediático de un tema tan delicado que afecta al pueblo boliviano. 

La crisis económica y sanitaria generada por el surgimiento y expansión del COVID – 19 afecto tanto el comercio interno de hoja de coca en Bolivia, como el abastecimiento normal de esta planta en el Norte de Argentina (NOA), especialmente el tiempo que duró la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Uno de los efectos que trajo consigo la pandemia fue el incremento del precio de la coca, llegando a costar el cuarto kilo de hoja común (ni siquiera hoja de primera calidad) hasta 4000 Pesos argentinos (45 Sus). Esto propició a que las provincias del norte argentino debatieran formas de importar legalmente este recurso natural mediante algunas propuestas de ley. La Primera que implicó la posibilidad de producción local de coca en Argentina y una segunda propuesta que habló sobre la ampliación del Artículo 15 de la LEY 23.737 ¹.

Ricardo Abduca, Ph.D en antropología, menciona que en la Republica de Argentina (a excepción de algunos años) el coqueo siempre fue legal. A pesar de que el gobierno argentino firmo la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas como los demás países andinos, en 1976 se cristalizaron leyes de importación de coca mediante convenios firmados con Bolivia entre Gobierno Argentino y la Sociedad Propietaria de Yungas para abastecer al NOA con coca de hacienda boliviana de primera calidad². “Nuevos intentos tibios de acuerdos bilaterales se darían muchos años después, poco antes del gobierno de Evo Morales y durante el mismo, pero hasta la fecha sin resultado”.  La coca. Tradición y modernidad del acullico en Argentina. Abduca y Metaal (2019).

A partir de la Ley General de La Coca 906  y el Decreto Supremo 3318 que la reglamenta,  nace en 2017 la modalidad de la comercialización controlada desde los centros de producción, mercados hasta los centros de consumo al detalle. 

LA RUTA DE LA COCA DE BOLIVIA AL NORTE ARGENTINO

El mercado argentino demanda hoja grande, es un mercado muy exigente con la calidad, nos cuenta el productor cocalero Aurelio. D, quien resalta la existencia de hasta cuatro calidades de hoja de coca para el uso natural; la coca elegida es de primera calidad y se va directamente al NOA, esta es tratada por kilo y no por libra, luego están la coca de segunda, de tercera y hasta de cuarta seleccionadas por su tamaño, originalidad y color.

Abduca recalca que: aunque casi todo el mundo cree que la coca del chapare es de mala calidad al contrario de la de los yungas, hay muchas excepciones al respecto, yo he mostrado a gente experta que también hay coca elegida cochabambina, y es una hoja grande. Así que los dos sectores tienen el potencial de no quedarse afuera.

Fuentes productoras indican que aproximadamente el 25% del volumen de producción de coca expresado en toneladas se produce en los yungas de La Paz y está destinado al mercado argentino.

COMERCIALIZACIÓN DE LA COCA EN PANDEMIA

Durante la pandemia, la coca ha sido parte de la medicina alternativa que los hermanos hemos ido usando. Menciona Aurelio.D, y agrega: más allá de los protocolos que nos marcan las autoridades en la gestión de la salud pública, nosotros los productores y los propios consumidores hemos logrado mitigar los resultados nefastos del COVID – 19 mediante este consumo.  

Aurelio menciona que uno de los problemas más fuertes para la circulación local de hoja de coca en Bolivia durante la pandemia, fueron las políticas de interdicción hacia el cocalero que repercutieron directamente en la interdicción hacia la coca en su estado natural, en un contexto en el que Bolivia vivía bajo el mando de gobierno (de facto) transitorio. 

Si bien la comercialización de hoja de coca fue difícil en las fronteras, la necesidad por alimento y medicina apetecían en el norte argentino. Aurelio relata que en esa época en la ciudad de Santa Cruz la libra de coca llegó a costar hasta 150 bs. Había mucha desesperación durante la pandemia, nosotros como productores no queremos que la coca se constituya en un privilegio sólo para los que tienen un ingreso alto. Concluye.

La frontera boliviana con la Quiaca argentina, presenta una de las principales rutas de comercialización de hoja de coca, la mayor parte de su población son comerciantes de hoja de coca quienes se denominan “Cocanis”. 

En esta ciudad frotenriza localizada en Bolivia, se encuentran fácilmente las tres variedades de coca; el costo por kilogramo de hoja de coca común, oscila entre los 115 bs. Y 120 bs., la hojeada esta entre 140 y 160 bs. y la elegida cuesta 200 bs. 

También se vende coca machucada en bolsas pequeñas que cuestan 10 bolivianos, quienes mayormente la consumen son transportistas bolivianos y argentinos, el ingreso de la coca machucada es reciente ya que antes no se vendía mucho, comenta Marta, otra cocani de la zona, que vende coca yungueña. 

Desde la crisis sanitaria por la pandemia en marzo del 2020, Bolivia se tropezó con grandes dificultades para exportar productos a la Argentina, si bien es legal llevar coca a la Argentina hasta 1 kilogramo, llevar más de lo permitido puede significar una detención por parte de los gendarmes; en palabras de un cocani de la zona: la primera vez te quitan tu mercadería, la segunda vez te quitan la mercadería y puedes ir a la cárcel hasta 6 meses dependiendo cuantos kilos estas llevando y la tercera vez te quitan la mercadería y ya te vetan del país, es decir, si vuelven a encontrare la sanción es con más años en la cárcel. 

El precio de la hoja de coca en Jujuy por kilogramo, cuenta Lucy; cuesta a 2300 pesos argentinos (180,11bs; 26 Sus) la coca común, la hojeada 2800 pesos argentinos (219,26bs;31,72 SUs) y la elegida cuesta arriba de 3800 pesos argentinos (297,57bs.;43,06 Sus). Sin embargo, en Buenos Aires un kilogramo de hoja de coca puede llegar a costar 5800 pesos argentinos (454,22bs; 65,72 Sus). 

HOJA DE COCA Y PERSPECTVAS DE MERCADO LEGAL CON ARGENTINA 

Durante la pandemia, uno de los principales problemas del desabastecimiento de la planta en Argentina se dio por las incautaciones en el NOA, cosa que ha generado sobre precios para la coca. Es preciso recalcar que no se han encontrado denuncias de fabricación ilícita de drogas por esos sectores y tampoco se conocen datos estadísticos oficiales que demuestren que la hoja de coca internada en Argentina tenga fines ilícitos, es claro que las dinámicas comerciales de la coca en la frontera entre Bolivia y Argentina brindan oportunidades de trabajo que hoy por falta de normativas claras sobre exportación en Bolivia, o falta de diálogo entre ambos países llegan a materializarse.  

Los caminos, oportunidades y desafíos que tiene ahora Bolivia ante esta realidad es solicitar una revisión crítica a la OMS para pedir la reclasificación de la hoja de coca; o facilitar acuerdos y tratados Inter Se para generar canales de comercio internacional de coca mediante un acuerdo bilateral entre Bolivia y Argentina. Argentina ya está explorando esas posibilidades, no olvidemos que a nivel regional Perú es quien lidera el mercado de exportación de coca y Colombia que a pesar de su precaria legislación, ha generado grandes avances en su industria a pesar de estar hoy en pleno debate sobre la aplicabilidad del programa de aspersión aérea; que a pesar de haber sido suspendido en 2015 hoy amenaza con retornar sin tomar en cuenta los numerosos antecedentes generados en la salud de su población, el medio ambiente y las formas de vida.

Es una buena oportunidad para Bolivia de iniciar esta nueva gestión democrática con visión a futuro y con objetivos en común que generen unidad en sus comunidades.   

^{1 “ La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”. Artículo 15 de la LEY 23.737 (promulgada en 1989), sobre TENENCIA Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES}

^{2 Los dos países habían firmado en 1947 un tratado bilateral destinado expresamente a regular el comercio de hoja de coca. Sus contrapartes fueron un ente estatal de comercio exterior argentino, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y una corporación de productores bolivianos de la Sociedad de Productores de Yungas. Se acordó 1) que se iban a comprar quinientas toneladas anuales de modo regular: mínimo 40.000 kg. por mes; 2) que fuera de primera calidad: coca “de hacienda”; 3) que la parte boliviana iba a hacer envases especiales para dicha exportación. La coca. Tradición y modernidad del acullico en Argentina. ABDUCA Y METAAL. 2019.}

ANEXOS 

Imagen1.- Takes o bultos de coca recién llegados al mercado de ADEPCOCA  en la Ciudad de La Paz- Autor: Nicolás Azcarrunz

Imagen 2.- Camiones que entran de Argentina a Bolivia con mercadería legal. Avenida República de Argentina. 
Autor: Alvaro Aguilar
 

Imagen 3.- Quebrada “1ro de Mayo” en la localidad de Villazón. Flujo comercial de abarrotes y material de construcción. 
Autor: Alvaro Aguilar

Fotografía 4. Puesto de venta de hoja de coca cerca de la quebrada “1ro de Mayo” en la localidad de Villazón. 

Fotografia 5. Takes de hoja de coca para la venta en el mercado central de la localidad de Villazón. 

Fotografía 6. Otras maneras de comprar hoja de coca, más industrializada, en los puestos de venta de hoja de coca en el mercado central de Villazón.

Cada 6 de Agosto se recuerda el Día de la Independencia proclamada en 1825, dando lugar a la República Bolívar, nombre ideado en homenaje al Libertador Simón Bolívar, artífice de su emancipación con otro gran militar, Antonio José de Sucre. ¿De dónde sale, entonces, el nombre de Bolivia? Ocurre que a los pocos meses de su creación, la propuesta del Presbítero Manuel Martín Cruz -"Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, Bolivia"- fue aceptada por la Asamblea Deliberante y pasó a llamarse así el 3 de octubre de 1825 (“La República de Bolivia”, Jorge Mier Hoffman). Con toda seguridad, el Libertador se sintió muy feliz por ello.

Pero…¿qué diría Bolívar si pudiera ver cómo está su Bolivia amada, el día de hoy? ¿Se sentiría satisfecho de nuestros logros y grandezas, como también, nuestros fracasos y miserias? ¿Qué diría -parafraseándolo- de “su pequeña pero valiente Bolivia, su hija predilecta, la más aparente débil de sus creaciones, pero grande en sus orígenes de lucha”?

Bolívar recordaría que el país nació con 2.363.769 km2 y lamentaría ver que hoy tiene apenas 1.098.581 km2 siendo que perdió más de la mitad de su territorio.

Respecto a la población que por aquel entonces bordeaba el millón de personas, le alegraría saber que según proyecciones del INE somos cerca de 12 millones pero seguramente preguntaría por qué tantos bolivianos viven en el exterior, muchos trabajando en condiciones infrahumanas, aunque gracias a ello el país recibe cada año más de 1.000 millones de dólares en remesas que llegan en apoyo a sus familiares.

En cuanto a nuestra magnitud económica, se informaría que el PIB, en términos nominales, registró a un máximo histórico de 41.193 millones de dólares en 2019, con una caída cercana al 9% del PIB real en 2020, por la pandemia; entonces consultaría si Bolivia brilla aún con luz propia, como en sus tiempos, cuando el mundo se fijaba en nosotros y hasta se había acuñado la frase “vale un Potosí”.

Con seguridad le gustaría saber de qué vive hoy el país, siendo que en su tiempo prácticamente dependía solo de la minería; le llamaría la atención que el mayor aporte sea Servicios de la Administración Pública con casi 17% del PIB, seguido del Sector Agropecuario, con 12%; el Sector Financiero con 11% y la Industria Manufacturera con cerca del 11%, configurando un 50% del PIB el año 2019.

Recordaría que por aquel entonces Bolivia destacaba en el planeta como el principal exportador de oro y plata, y seguro estoy que le maravillaría saber que su querida Bolivia no solo exporta hoy unos pocos minerales e hidrocarburos, sino que el 26% de las ventas totales se debe a cientos de productos y que no solo se autoabastece por el esfuerzo de sus productores agrícolas, pecuarios y agroindustriales, sino que genera excedentes por cerca de 3 millones de toneladas para alimentar a millones de personas en todo el orbe.

Naturalmente, se entristecería a la hora de enterarse de la pobreza que aún existe en el país, así como de la disparidad del ingreso; las deficiencias en salud y educación; la altísima informalidad y la desocupación, y cuestionaría: ¿Por qué un país con más de un millón de kilómetros cuadrados; con todos los pisos ecológicos, climas y microclimas; con un gran acervo de recursos naturales (minerales, hidrocarburos, tierras, bosques, agua dulce, aire sin contaminar); siendo una de las naciones con mayor biodiversidad del mundo; con infinitas posibilidades de desarrollo para el turismo por su ubicación envidiable como el Corazón del Sur, aprovechable también para efectos del comercio de servicios; con trabajadores laboriosos y con capacidad de adaptación, como son los bolivianos…por qué no ha crecido y desarrollado mucho más, tal como los tigres asiáticos?

Viendo la Bolivia de hoy -confrontada, sin paz ni armonía, sin unidad ni hermandad- el Libertador lloraría…

“¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad”, dijo Bolívar. Bolivia solo será libre cuando se reconcilie, cuando deje atrás el odio y tenga a Dios por delante...
 

Como parte de los fastos por el 196 aniversario de Bolivia, me refiero a los realizados en su sede natural y constitucional (a diferencia de los que, para variar, nuevamente se pasaron por el forro la CPE), con bombos y sonajas incluyendo el discurso de circunstancia del Alcalde de Sucre se ha procedido a la muy eufemísticamente denominada “entrega” o “reposición” del escudo del Cuartel de San Francisco. Recordemos que hace unos meses, a algún uniformado y vaya uno a saber porque (muchos lo sospechamos) se le ocurrió demoler ese escudo y cuando fue pillado in fraganti y se armó la grande, se pretendió justificar que estaba deteriorado, etc. 

Que yo sepa, de estar ocurriendo tal deterioro y dada la naturaleza patrimonial del escudo, era ineludible realizar previamente un trámite de autorización ante el PRAHS u otra repartición competente, cuyos técnicos hubieran autorizado previo análisis técnico y seguramente histórico, el arreglo y no, meterle no más. Para rematar, semanas después, a otro se le ocurrió pintar de dorado la escultura a la heroína Juana Azurduy.

Dada la naturaleza de esos bienes patrimoniales, esos hechos tendrían entidad penal, pues el 223 del CP castiga a quienes deterioren un bien perteneciente al dominio público, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional; pero por lo visto, no sólo no se habría iniciado alguna investigación penal siquiera, sino en el primer caso, hasta se ha entregado el arreglo del daño, con show oficial de por medio, incluyendo discursos de servidores públicos encargados de cuidar ese patrimonio, etc. 

Resulta imposible a la vista de esos hechos evidentes, pensar en cómo se sentirán dos personas detenidas preventivamente en la cárcel de San Roque de Sucre, en parte por hechos alguito similares (otra está con detención domiciliaria), imputados por –entre otros- haber pintarrajeado el edificio de la Fiscalía General que si bien no alcanza la categoría de patrimonio histórico, es un bien público. A diferencia de aquellos hechos, en este, el Ministerio Público y la Policía han desatado una serie de operativos en el interior del país para traer aprehendidos a los supuestos autores –uno de ellos golpeado y luego sometido a una audiencia cautelar que por su estado de salud constituye trato cruel, inhumano y degradante- ante un juez cautelar, cuya competencia apareció extrañamente, cambiando la de la Juez que ya la había prevenido y otras linduras…                    

Esos ejemplos y muchos otros harto evidentes que podrían seguir citándose, recuerdan aquella tristemente célebre del dictador Banzer: “Al amigo, todo; al indiferente, nada; y al enemigo, palo.”. Resumen de manera evidente aquella lógica que algo más elaborada vino de Carl Schmitt el ideólogo del nacismo, que propugno discriminar al amigo del enemigo del estado y con las que paulatinamente se formuló el NO derecho, apodado como el derecho penal del enemigo, cuya idea central se funda en tratar –sin el menor éxito- de justificar un rato diferente, discriminatorio, al “enemigo” del estado (léase gobierno), en contraposición al “amigo”; palo en palabras del difunto tirano.

Y es que a la luz de los interesantes conocimientos que brinda la ciencia del Derecho que no siempre suelen ser profundizados por sus ejecutores, algunos bastante rústicos por cierto, ocurre que la aplicación mecánica de las leyes sin los necesarios ingredientes de justicia, equidad, proporcionalidad, objetividad o siquiera sentido común que permiten huir de actos arbitrarios e irrazonables, parecen estar convirtiéndose no en la excepción sino en la regla, tratándose de aquellos casos que interesan al poder partidario que tiene cautivo al sistema de justicia, cuando se trata de sus intereses, sus amigos o sus enemigos. Injusto fuera de mi parte generalizar, pero en éste tipo de procesos, la receta y la sentencia, está ya emitida por adelantado y no depende del Derecho, sino del NO derecho del enemigo que trata de manera diferente a las personas, en función a la perversa lógica del amigo/enemigo. El Maestro español MUÑOZ CONDE ya lo había alertado: “El derecho penal del enemigo corre el riesgo de generalizarse y de convertirse en la regla que inspire la actuación de los órganos encargados de la aplicación del Derecho Penal”.       
 

“El hábito no hace al monje” -dice el adagio- dando a entender que no es lo externo, sino lo interior, lo que cuenta en una persona. Así las cosas, no es el vestir “fashion” lo que da valor a la gente ya que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda... Lo que dice bien de alguien, no es su apariencia, sino, su carácter, su forma de ser y la coherencia entre lo que predica y practica…

Un reciente acto de corte académico-productivo llevado a cabo en La Paz, Bolivia, causó un revuelo periodístico. En medio de tantas malas noticias que se repiten a diario por la pandemia del COVID-19 y la difícil situación económica, los principales medios de comunicación del país ofrecieron inusuales titulares como: “Los Ponchos Rojos y empresarios del oriente se abrazan y fijan pasantías” (PÁGINA SIETE); “Ponchos Rojos y empresarios de la CAO en Achacachi sellan pacto por el desarrollo productivo nacional” (INNOVAPRESS); “CAO y productores 'ponchos rojos' estrechan lazos y acuerdan transferencia tecnológica para fortalecer la agricultura en Achacachi” (EL DEBER); “Ponchos Rojos de Achacachi compartieron un apthapi con sus visitantes del agro cruceño” (UNITEL); “Empresarios del oriente y Ponchos Rojos se abrazan y firman acuerdo en Achacachi” (ATB), entre otros. Hasta aquí, la dicha de ver a dos realidades distintas hablando el mismo idioma; a los diversos, aceptándose como tales; a los que quieren un mejor futuro para sus hijos, comprometiéndose a ayudarse.

Pero -de pronto- la bronca ante la inexplicable reacción de ciertos dirigentes del lugar, arrogándose el derecho de decidir lo que está bien o mal, en este caso, que los Ponchos Rojos no están para prestarse a “juegos políticos” ni “aventuras personales”, cuando de forma pública, impúdica, aviesa y ofensiva, eso es exactamente lo que hacen, abusivamente.

¿Cómo entender que el “uso del poncho” tenga mayor valor que el acuerdo de cooperación firmado entre el Rector del Instituto Tecnológico Jach’a Omasuyos, Guillermo Villavicencio, y el Presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, para que los estudiantes de dicha repartición se beneficien con pasantías en Santa Cruz, en el Departamento productor de alimentos por excelencia en el país? ¿Vestir un poncho vale más que la complementación de experiencias y saberes, para que el resultado el día de mañana sea la mejora de la calidad de vida de los productores del Altiplano, gracias a la transferencia tecnológica prometida desde el Oriente? (“Ponchos Rojos piden la renuncia del Rector que firmó acuerdo con empresarios del oriente”, ERBOL, 30.06.2021).

Una verdadera lástima que haya dirigentes de tal nivel, con una mirada tan miope y una actitud tan torpe, reclamando que se hubiera regalado ponchos rojos a los dirigentes de la CAO pasando por alto que éstos les dieron en reciprocidad el emblemático “sombrero de saó” y ¡nadie se rasgó las vestiduras por dicha causa!

¿O es que, el poncho de Occidente vale más que el sombrero del Oriente?

¡Cuánta mezquindad y cuán poca visión la de ciertas personas para quienes los argumentos no valen, pero sí el chicote que siempre llevan consigo, con el que amenazan y cuántas veces agreden a quienes piensan diferente a ellos!

Lo acontecido en Achacachi debería entenderse como una señal de buena voluntad del agro cruceño hacia sus pares de Occidente, en el afán de complementar esfuerzos como “una señal muy potente que se lanza en una sociedad, que, hay que decirlo así, lamentablemente se encuentra fracturada y muchas veces partida en dos, por cuestiones ideológico-políticas”; y, como en toda relación de conflicto o de quiebre “alguien debe dar el primer paso”, en este caso “ha sido el oriente, tendiendo su mano amiga, su mano de hermano hacia occidente” (“Agro da «señal potente» para unir lazos en vez de confrontar”, Página Siete, 28.06.2021).

Éste es mi pensamiento, y espero que el suyo también, para que un día tengamos una mejor Bolivia, unida en su diversidad sin importar el poncho, pero sí la rojo, amarillo o verde...

Vengo sosteniendo invariablemente que, definitivamente, somos una generación privilegiada. Pese al desastre global que el virus chino ha causado, paralelamente el fabuloso avance de la ciencia ha logrado desarrollar no una sino varias confiables vacunas en muy lapso breve, que están deteniendo sus luctuosos resultados. Además de las medidas de bioseguridad, las vacunas lograrán a mediano plazo la anhelada inmunidad de rebaño y la humanidad podrá avanzar hacia su nueva normalidad.

No soy entonces covidiota y más bien estoy en el otro lado de la vereda: soy pro vacuna y agradezco a Dios que haya obrado en su creación para tamaño éxito traducido en los científicos que desarrollaron las vacunas. No obstante, aunque comprendo la desesperación de quienes administran los estados para ante la magnitud del desastre sanitario, sanitario, educativo y otros, recurran a pretender obligar sea por medios directos o indirectos a que el ciudadano tenga que vacunarse por la fuerza, si nos atenemos al imperio del estado de derecho y no le metemos no más, resulta que el estado no puede obligar a sus ciudadanos inocularse.

En Bolivia, la CPE por su art. 44 ordena que ninguna persona puede ser sometida a experimentos científicos sin su consentimiento, además de intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida (que no es el caso, pese a todo). La CADH (art. 11.2) que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida, al igual que el 12 de la DUDDHH. El Código de Salud de 1978 ya ordenó que el derecho a la salud comprende no ser sometido a experimentación clínica y científica sin previo consentimiento de la persona, con la debida información en cuanto al riesgo.

Aunque son normas de soft law, por ejemplo el Código de ética médica de Núremberg resultante de los mismísimos procesos de Núremberg, introduce los principios que rigen la experimentación con seres humanos, incluyendo el consentimiento informado y la ausencia de coerción. La Declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM), es el documento más importante en la ética de la investigación con seres humanos, declara como principio básico el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones informadas (consentimiento informado). No cabe olvidar además la Declaración de Ginebra (1948) que actualizó el juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial que obliga no emplear los conocimientos médicos para violar DDHH y libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza.

Más allá de la bizantina discusión si las flamantes vacunas puedan ser aun tomadas como experimentos científicos o no, sus fabulosos, benignos y efectivos resultados nos están probando más allá de toda duda razonable por muchas nuevas cepas y naturales incertidumbres y temores que surjan, que definitivamente son el elemento imprescindible para lograr la inmunidad de rebaño, hacia la nueva normalidad. 

Así el estado del arte y, reitero, comprendiendo la desesperación de los altos cargos obligados a incidir en el problema, es muy fácil recurrir a las pulsiones autoritarias que todos los seres tenemos – muy creciditas en algunos afines al meterle no más- pero a la vista de toda la normativa legal antes brevemente explicada, ni siquiera por medios indirectos –exigir carnet o impedir ingresos- el estado puede obligar a los ciudadanos vacunarse, lo que obliga a recurrir en vez del garrote a la zanahoria, es decir, a los incentivos tales como las rebajas en servicios, yapitas, etc que forman parte del difícil arte de convencer y no imponer. Acaba en Sucre de inaugurarse una plausible campaña en ese sentido, fruto de la feliz interacción entre lo público y lo privado, cuando “el imperio” acaba de regalarnos un millón de monodosis de vacunas (los aliados del gobierno nos las están vendiendo, a cuenta gotas y ni siquiera sabemos a cuantito) dejando con los dos ñahuis morados esos demagógicos discursitos antiimperialismo y otros clichés. Bienvenidas sean las vacunas y bravo por los vacunados pues no sólo estamos protegiéndonos nosotros, a nuestros seres queridos, sino al prójimo, confiando en la ciencia que muy afortunados somos de disfrutar sus vertiginosos logros: “La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo” Lao Tzu