El Índice de Percepción de la Corrupción, es un estudio efectuado por una ONG denominada Transparencia Internacional, cuya metodología aplicada es completamente desconocida y poco clara en la referida medición; por tanto, los resultados que alcanza dicho índice son de orden subjetivo. Así lo reconocen diferentes entes especializados, debido a la falta de “transparencia” en la elaboración y ejecución de la encuesta ciudadana, ya que no se efectúa un análisis integral en relación a los estándares determinados por la Organización de Naciones Unidas, a través de sus mecanismos de evaluación. Otro dato, no menor, es que los miembros representantes de esa ONG, en general, son representantes políticos antes que sociales.

De esa manera, se observa que el índice mencionado para este año, sitúa a países como Luxemburgo en el puesto 78; Bahamas, 69; Barbados, 64; e Islas Seychelles, 71, como países con menor índice de corrupción, sin considerar que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estos Estados han sido considerados como países con riesgo fiscal y financiero.

El índice de la ONG, está basado en sondeos, lo que implica que sus resultados no son posibles de contrastar, y se desconocen las fuentes de información o la metodología aplicada para verificar la consistencia de los mismos. Otro elemento que no se analiza en este informe es el contexto legal, social y económico de los Estados evaluados, sino aspectos de gobernanza y administración de justicia en general, lo que permite una permeabilidad en la evaluación, en la que unos Estados con normas que permiten un flujo financiero no regulado, se encuentren en mejor percepción que los Estados que aplican las recomendaciones y los estándares para evitarlos.

Ante estas deficiencias, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2023, en la Conferencia Mundial sobre el Aprovechamiento de los Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA), se debatió para incorporar principios clave al desarrollo de marcos y metodologías orientadas a medir la corrupción.

Estos debates han orientado el desarrollo y la aplicación de marcos y metodologías de medición de la corrupción con el fin de lograr una mayor precisión en la información, y mejorar las estrategias que debe encarar el Estado, y la pertinencia y oportunidad de las políticas aplicadas para su mejora y ajuste.

Las conclusiones de esta Conferencia están siendo evaluadas para su aplicación en Bolivia, como parte de la Política Plurinacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por ser un resultado del debate de los países en el marco de las Naciones Unidas, y por contener elementos metodológicos transparentes que permiten la evaluación objetiva de una problemática que no es excluyente de las autoridades de la Asamblea Legislativa, y que muy por el contrario, debieran constituirse en aliados estratégicos para mejorar la percepción en torno a la corrupción, que en el Estudio referido refleja en gran medida la falta de consenso para lograr un proceso de elección de autoridades judiciales, en el marco de las previsiones constitucionales, y cuya omisión está causando graves perjuicios a la población, derivados de las movilizaciones departamentales.

Es posible que la aplicación de la metodología requiera de un instrumento legal, a cuyo efecto será imprescindible valorar el compromiso de los representantes de las tiendas políticas opositoras en la Asamblea Legislativa, que regularmente se constituyen en críticos al desarrollo y avances del Estado e impiden que el mismo sea mejorado a través de proyectos importantes como el PL 409/2022/2023 para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en el Estado, lo que permitiría mejorar cualitativa y cuantitativamente los marcos de prevención en hechos de corrupción.

Como se habrá notado, hay una diferencia sustancial entre el trabajo desarrollado a partir de criterios subjetivos, carentes de información precisa y contextual, que generan resultados que cuando menos, refuerzan la lógica de que existen Estados “modernos” y Estados “subdesarrollados”, cuando el trabajo se circunscribe a una metodología contextual y una normativa integral construida entre los Estados para asentar en el camino, políticas públicas que permitan mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

También queda otro camino que eligen algunos críticos actuales, para los que este tipo de informes que eran rechazados por ser considerados ataques desde el imperialismo, son utilizados resaltando su contenido, con la finalidad de justificar ataques a quienes se percibe como enemigos, sin considerar que la lucha contra la corrupción es un trabajo que debería comprometer a todas y todos los actores. Mientras tanto nuestra respuesta será la de seguir trabajando por consolidar políticas de Estado dirigidas a combatir la corrupción.