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Los juristas del horror que tramitan el caso 24 de mayo, están tratando de urdir con fórceps una impresentable cosa juzgada, pasándose por el forro SSCCPP -ya van 3 por el momento- que al conceder la tutela en acciones de amparo constitucional, declararon la vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales. Solo una mera cuestión accesoria, para alguno de sus serviles operadores.

Como cualquier abogado o estudiante no muy iluminado conoce perfectamente, no puede existir cosa juzgada en ningún proceso penal, sí durante su trámite se violaron esos derechos y garantías. En el caso, existen por lo menos dos SSCCPP de 2017 y 2019 que así lo declaran, incluyendo otra de queja precisamente por el incumplimiento de la primera.

Todo ese proceder, por si es que a algún ingenuo le quedaría alguna duda, es la mejor prueba del absoluto servilismo de esos operadores en ese tipo de casos, al régimen, sólo superado por la vomitiva SCP 084 sobre el “derecho humano” de su jefazo.

Pero, supongamos, sólo supongamos (conste) que la sentencia del caso 24 de mayo fuera una pieza jurídica intachable producto de la sapiencia y probidad de jueces independientes e imparciales, por lo que similares Vocales la hubieran confirmado al igual que los Supremos y, realmente, pese al ejercicio impugnaticio de los procesados hubiera –legal, constitucional y convencionalmente- logrado validez de cosa juzgada; pregunto: ¿Se habría hecho justicia en el caso concreto?

Si bien admite matices doctrinales, existe relativo acuerdo en que el objeto del proceso penal consiste en lograr la verdad histórica, real o material de los hechos juzgados (arts. 180 de la CPE y 171 del CPP), aunque modernas corrientes añaden también otros fines tales como el respeto de la madre de las garantías como es el Debido Proceso (para los imputados); la tutela judicial o acceso a la justicia (para las víctimas) e incluso su derecho humano –de a de veras, no trucho- a saber la verdad de lo acaecido. Incluso, más políticamente, se dice que a través del proceso penal se evita se recurra a la mano propia, encausando la violencia a través del vías menos violentas, mas “civilizadas”.

¿Tratándose del caso 24 de mayo, se lograron, hasta el momento, esos fines?. NO. Veamos: lo que la sentencia de Padilla “establece” como verdad real, constituye un insulto a la inteligencia, pues ninguno de esos “jueces” pudieron dar una explicación siquiera racional de cómo es que condenan a quienes no aparecen –en el video filmado en vivo y directo de los hechos- vejando a los campesinos, menos –ya que osaron usar la teoría del autor mediato- el control de los miembros del Comité Interinstitucional a esos vejadores y no dijeron ni miau respecto de la declaración del testigo arrepentido Boris Villegas que les explicó que el caso 24 de mayo fue armado por el gabinete jurídico del ejecutivo. Entonces, su “verdad real”, es la que el régimen les ordenó fraguar.

Por lo mismo, a las víctimas vejadas del caso, les tomaron el pelo y lo que es peor, les revictimizaron hasta la saciedad. Primero por sus vejadores –que habiendo sido filmados- jamás fueron investigados, peor juzgados y nunca condenados (pues el hecho delictivo existió) y hoy, dicen los que los conocen, se les ríen desde sus cargos en entidades cooptadas por el oficialismo, disfrutando de su impunidad (por el momento); además, fueron usadas como carne de cañón por el régimen durante los hechos –todos sabemos que la vejación fue armada por el régimen, menos los “jueces y fiscales”-, luego durante el caso y a la vista del resultado, muy contentos no deben quedar porque sus vejadores están bien, gracias, riéndoseles, sin haberse esclarecido lo realmente ocurrido. Tampoco se garantizó el Debido Proceso a los imputados. Más bien el caso, está plagado de vulneraciones al juez natural; al plazo razonable y otros de sus componentes procesales y ni qué decir del substantivo. Prueba de ello es que el caso ya está en la mira de la CIDH.

Consecuentemente, aunque el régimen pretende seguir metiéndole no más, prostituyendo aún más a sus juristas del horror en versión plurinashonal, el caso 24 es un monumento emblemático de la “justicia” del régimen. Es que: “Para los jueces del sistema totalitario, los recursos de la dialéctica, de la racionalidad y del pensamiento lógico deben ser puestos de lado en favor del triunfo de la ideología oficial. Alfredo MORLES

El comercio exterior boliviano no levanta cabeza. A marzo del 2019 registra un déficit de 423 millones de dólares por la baja del valor exportado en 7%, mientras que la importación subió 4%, una mala combinación ya que lo que debería estar subiendo, baja, y lo que debería estar bajando, sube. La consecuencia es un nuevo saldo comercial negativo -más del doble registrado en igual lapso del 2018- por lo que, de seguir así, habrá un quinto déficit comercial consecutivo que mermará aún más nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN).

Pero…¿qué hay detrás de este mal resultado? Respecto a las exportaciones preocupa no solo la baja del valor (-7%) sino también del volumen (-21%), lo que podría implicar que estamos produciendo menos; que producimos igual, pero el precio internacional nos afecta; que la demanda externa esté declinando o, que estamos teniendo problemas de competitividad para seguir exportando.

Del lado de las “ventas tradicionales” vemos no solo una baja del valor de los hidrocarburos (-10%) sino también un bajón del 26% de su volumen (¿menos compras de Brasil y Argentina?), mientras que los minerales han caído un 10% tanto en valor como en volumen. Las “exportaciones no tradicionales” son las que dan la cara en las ventas externas subiendo 16% en volumen y 5% en valor, gracias a un loable esfuerzo productivo (oleaginosas, castaña, joyería, maderas, frejol, etc.).

Del lado de las importaciones, cerca del 70% son bienes de capital, insumos y equipos de transporte -necesarios para producir más bienes y servicios en el país- sin embargo, la compra de combustibles y lubricantes aumentó un 63% en volumen y 80% en valor (su mayor consumo obliga a una mayor importación).

Esta situación comercial deficitaria viene a confirmar algo no deseable: que la extrema dependencia en un 81% de la exportación de recursos extractivos no renovables (hidrocarburos y minerales) nos hace tan vulnerables que, cualquiera sea el motivo, al caer sus ventas y generarse el déficit comercial, presiona hacia la baja el crecimiento del PIB y de las RIN, además que impacta negativamente en la generación de empleo.

Implementar una política de promoción selectiva de exportaciones con capacidad de reacción a corto plazo y sin restricciones (alimentos, manufacturas de madera, textiles, turismo, v.gr.) y una política de sustitución de importaciones allí donde podemos ser competitivos (sector forestal, p.ej.), es la urgente tarea a llevar adelante para que el déficit no se torne estructural…

En el desenlace por la competencia electoral de la última semana, y quizá sea la marca central de la política hasta la elección de octubre, se evidencia una suerte de poner a prueba la voluntad política de la oposición desde el lado del oficialismo.

Una argumentación gráfica de lo que ocurre con la oposición boliviana puede acercarse a lo que se conoce como el dilema del prisionero. Para resumirlo, se trata de un juego en el que se observa cómo reaccionan unos sospechosos entre ellos, si se acusan, se callan, o ambos confiesan. En ese juego, según el tipo de reacción de las tres mencionadas antes, puede generarse una pena determinada.

Lo pongo en el contexto del juego preelectoral actual de la oposición, para comenzar el tema que los mueve principalmente es el miedo -expresado en distintas formas- a ganar, a ver amenazado su prestigio, a perder, etc. Entonces uno puede imaginarse que su denominador común no es la cooperación mutua en la línea de construir una sola candidatura, pensando como parece ser el clamor popular de que eso podría inclinar hacia el voto útil y la correspondiente victoria electoral.

Pensemos en las dos candidaturas que hasta ahora las encuestas de intención de voto arrojan como las principales, Carlos De Mesa y Oscar Ortiz. Ahora como parte del dilema del prisionero, el mejor escenario sería la cooperación mutua, pero como el eje central de una posible cooperación no es un planteamiento de nuevo sentido común en Bolivia, y lo que más parece es una serie de miradas personales, sean de acusación verbal o de contención principista, es que ambos parten de la premisa de la desconfianza mutua.

El segundo escenario es que uno acuse al otro de algo tan terrible que lo termine por hundir políticamente, de esta manera solamente uno de los dos prevalecerá en el juego electoral. Ya vimos cómo Ortiz se adelantó en esto al decirle a De Mesa que era un turista de la política, uno que hacía política desde su “sofacito”, que colaboró con el MAS, que no fue verdadero opositor desde el principio, etc. El rendimiento de esta acción solamente la veremos traducida en votos en el último tramo electoral, mi sospecha es que no basta para ganar.

El tercer escenario es que ambos se acusen mutuamente o acusen a uno tercero, pero al mismo tiempo, aquí las ganancias pudieran ser repartidas proporcionalmente según el peso electoral que vayan acumulando hasta el final del tramo electoral.

Como verán, excepto en el primer escenario del juego del dilema del prisionero electoral, estos podrían ganar sin tener necesidad de depender demasiado del último minuto electoral, pero más parecen estar entregados a los rezos de un electorado volátil que los podría hacer crecer unos puntos repartiéndoles ganancias expresadas en votos de manera proporcional o hundiendo a uno de ellos mandándolo a la jubilación político partidaria.

Al parecer, pretendiendo entusiastamente sumarse a los fastos del 25 de mayo –de parte del oficialismo, por supuesto- a los supremos de la Sala Penal del TSJ se les juntó la gula con las ganas de comer y, le metieron no más su Auto Supremo No. 386/2019 RRC del 24 de mayo, por el que declaran infundados todos los recursos de casación por el trillado caso 24 de mayo; lo que implicaría que los miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, terminarían condenados…Sospechosamente, su fallo apareció horas después de hacerse público que la Comisión IDH admitió a trámite la petición de esos procesados, por las vulneraciones a sus DDHH perpetradas por operadores del sistema de “justicia” bolivianos. Admisión que ya era de conocimiento de las autoridades del estado denunciado, desde hace algunos días: ¿Coincidencia? No soy tan gil para creerme tales embustes.

Huelo que la admisión a trámite de la petición en el Sistema Interamericano de DDHH, precipitó la emisión del fallo supremo, inusitadamente publicado y notificado el mismísimo día de su emisión (24 de mayo), lo que jamás ocurre en el TSJ… salvo le convenga al régimen.

MAS allá de aquel pequeño detalle, ocurre que ese flamante A.S., se pasó por el forro la Sentencia Constitucional No. 013/2017 S2 que por supuesta fecha lleva el 6 de febrero de 2017 –aunque salió varios meses después- por la que el TCP ordenó a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emita una nueva resolución sobre la excusa de sus vocales, presupuesto previo al Auto de Vista que, absurdamente, ahora el Auto Supremo “ratifica”. Como cualquier estudiante no muy iluminado de 1er curso de Derecho incluso lo advertiría sin menor esfuerzo, a partir de la vinculatoriedad de las SSCCPP y la gravitación que la No. 013/2017 S2 tiene para el caso pues sin la emisión de la nueva resolución de excusa todo el trámite posterior queda viciado, resulta que los supremos “no se dieron cuenta” de ello y, le metieron no más su burdo AS, pretendiendo de urgencia – la CIDH tiene al estado en su mira- lograr una ilegal cosa juzgada.

Pero como no existe crimen perfecto incluyendo el prevaricato, resulta que el art. 167 del CPP contiene el principio rector en materia de nulidades, cuando ordena (incluyendo a los supremos, por si acaso): “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código”. En el caso, es elemental que el tema de la excusa encarna por lo menos, a las garantías constitucionales y convencionales del Juez natural; juicio previo y derecho a la defensa, por lo que el aparecido A.S., es simple y llanamente nulo, pues aquel vicio que intentó pasarse por el forro, es insubsanable.

Será por ello, que horas después de la “firma” del fallo, nada MAS ni nada menos que su relator, hizo un supremo papelón ante los medios en la Plaza 25 de Mayo, sin poder siquiera por aproximación explicar lo que recién había firmado, huyendo cobardemente de quienes le preguntaron al respecto. Corre, Edwin, corre, gozaron los fabulosos memes.

¿Será un error, burda ignorancia, supremo servilismo? Dejo la respuesta para ustedes; por mi parte, sostengo que lo recién acaecido suma a la cadena de arbitrariedades y abusos que los juristas del horror que han tramitado ese caso han perpetrado contra nuestros paisanos que osaron defendernos de la tiranía en la lucha por la Capitalía, masacre de La Calancha incluida. Supremo favor que hoy le hacen al régimen al que indignamente sirven, pues seguro que esta nueva vulneración, será a mediano plazo, una prueba más ante la CIDH de la responsabilidad del estado plurinacional generada por sus militantes disfrazados de jueces. Cuánta razón tuvo BRECHT cuando sentenció: “Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

Cada vez que se acerca el 27 de Mayo un inusitado movimiento se percibe en la sociedad boliviana con miras al Día de la Madre para agasajar a ese maravilloso ser creador de vida, un justo homenaje que debería darse durante todo el año aunque no siempre sucede así ¿no es verdad?

Unos más -otros menos- casi todos nos preocupamos por atender a nuestras mamás en ese día especial -algunos con un regalo, otros con una torta, una comida o una infrecuente reunión familiar- porque así hemos sido entrenados para hacerlo “ese día”, sin embargo…¿será uno solo suficiente para ellas?

¡Cuántas veces andamos tan ensimismados en nuestros quehaceres, que descuidamos el ocuparnos de nuestras mamás como seguramente ellas esperan! Y cuántas otras, demasiado cansados también, sumergidos en nuestras cotidianas faenas, ignorándolas como si no existieran, sin saber que nosotros, sus hijos queridos, desde que fuimos concebidos en su vientre estamos en su pensamiento, en su mente y corazón ¡conectados por un indestructible cordón umbilical de amor maternal por siempre!

Dadora de vida a costa de su propia vida; dispuesta al sacrificio por sus retoños; toda ternura, de pensamientos puros y diáfanas acciones; feliz en su abnegada entrega desde la concepción de sus críos; resignada en su paciencia, sin rendirse al cansancio; entregada al servicio, sin queja; alentada por su sueño de ver a sus hijos encaminados; inculcadora de valores y ejemplo de vida, así es la madre mía...

Valorando todo esto, más de una vez me pregunté ¿cómo pagar el alto precio que entraña ser una madre? Un regalo material, resulta limitado. Un homenaje circunstancial, no pasa de ser fugaz. Solamente cuando llegué a ser padre entendí que hay algo que sí puede llenar de dicha y de gozo el corazón de nuestras madres para siempre: nuestra realización personal.

Cómo serán importantes nuestros progenitores, que hasta el mismísimo Dios se dio tiempo para ocuparse de ellos recomendándonos: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. Ignorantes de aquello o -peor aún- pasando por alto tan increíble promesa divina de longevidad y de éxito en esta vida, muchas veces deshonramos a nuestras madres sin acordamos de ellas, salvo en “su” día.

Si aún estamos a tiempo, propongámonos a partir de hoy ser diferentes, antes de que nos quede solamente su recuerdo y sea demasiado tarde: Honremos a nuestras madres y que nuestra felicidad sea la de ellas…

Conozco al Ingeniero Agrónomo Roberto Unterladstaetter -Doctor en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Hohenheim, Alemania, además- y doy fe de su aplomo como persona. He tenido el placer de escucharlo exponer de forma magistral sobre temas de su competencia; lo he visto debatir caballerosamente; he sido testigo de sus críticas con firmeza, siempre con propuestas de solución, respaldado por su formación profesional y su dilatada experiencia como Investigador, Consultor Científico, Docente de Postgrado y uno de los mejores Catedráticos en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde además es Profesor Emérito.

¿Por qué era necesario este prólogo? Porque recién leí un artículo suyo titulado “Biotecnología y miopía” que me dejó frío, más helado que un picolé (https://www.eldeber.com.bo/opinion/Biotecnologia-y-miopia-20190506-7193.html).

Unterladstaetter, cansado de ver por la prensa las boberías y majaderías de “expertos” y “activistas” -muchos de ellos simples opositores políticos, mimetizados como ecologistas y ambientalistas- denigrando la biotecnología, los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y alimentos transgénicos; con febriles aseveraciones de que el glifosato causa cáncer; la supuesta “calamidad” de producir biocombustibles; la defensa del negocio de los alimentos orgánicos con la alharaca de ser libres de químicos, cuando -según el autor- “toda la vida es química pura y la agricultura es siempre orgánica, se use o no agroquímicos”, por lo que terminó tildándolos de varias cosas, entre ellas, de ignorantes…

Nunca lo vi expresarse así -¡les dijo de todo!- pero no por ello dejó de ser el gran científico que en él reconozco, ejemplificando con números -v.gr.- que los OGM (como la soya genéticamente mejorada producida en Bolivia usando glifosato) no hacen daño a la salud y la prueba es que se la come cada día desde hace 15 años; o, el gran aporte de la “siembra directa” en Santa Cruz -que los “ecologistas” ignoran y por eso siguen con su mito del monocultivo- pese a que la soya de verano rota en invierno con trigo, maíz, girasol, sorgo y otros, como un virtuoso y sostenible sistema de producción.

No es común que los científicos en el mundo se expongan así ¿saben por qué? Porque los malos activistas son irrespetuosos -violentos también- y al sentirse confrontados por la verdad, lo que hacen es agredir. Por eso no solo mi gratitud, sino también, mis respetos por la valentía del Dr. Roberto Unterladstaetter.

Ante el desastre humanitario en Cubazuela producto del Socialismo del S. XXI y, aunque todavía les sabe a muchos tratarse de lo políticamente no correcto, a la comunidad internacional no le está quedando más remedio que plantearse una posible intervención externa en aquel otrora próspero país. Por supuesto surgen inmediatamente voces que discursean por la no injerencia, aunque quedan en ridículo con sólo recordar las fuerzas de ocupación cubanas allá presentes, de las que aquellos supuestos defensores de la soberanía, jamás dijeron ni miau, siquiera.

Parece entonces que a la vista del desastre humanitario venezolano y el fracaso -por lo menos hasta el momento- para encontrar una salida desde adentro, habría llegado el momento de indagarnos si es que una intervención externa –no piensen necesariamente en una armada, ni en una ejecutada por el “imperio”- sea la única solución factible, para arreglar aquel desastre, pues así como están las cosas, Venezuela es un estado fallido, que no puede garantizarles a sus ciudadanos sus elementales servicios básicos.

En esa línea y sin que aquí lo esté necesariamente propugnando, así sea en términos académicos o informativos, me remito a la Doctrina 2RP o RtoP: responsabilidad para proteger, creada por los estados miembros de las mismísimas Naciones Unidas en la Cumbre Mundial del 2005, precisamente para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes de lesa humanidad.

Está –por si acaso- basada en la premisa que precisamente la soberanía conlleva la responsabilidad de proteger a todas las poblaciones de crímenes atroces y violaciones masivas de derechos humanos. Se apoya por tanto, en el respeto a las normas y principios del Derecho Internacional, tales como la costumbre internacional, la soberanía, la paz, la seguridad y por supuesto, el disfrute de los derechos humanos.

Insisto, en que la doctrina de la responsabilidad de proteger no implica necesaria ni exclusivamente –aunque tampoco descarta- una intervención armada, sino proporciona un marco para emplear medidas menos agresivas, tales como la mediación, mecanismos de advertencia temprana, sanciones económicas, y el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (“Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”) como la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas; todas aplicadas para impedir crímenes de lesa humanidad y para proteger a las víctimas civiles de su ocurrencia.

Por si acaso, el uso de la fuerza como última ratio, sólo está reservado para usarse bajo el marco de la responsabilidad de proteger al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en el caso concreto, veo poco probable pueda ser allá autorizado, dada la protección a la dictadura venezolana de parte de sus similares de China y Rusia.

No obstante, como la comunidad internacional ha fracasado hasta el momento para encontrar una solución efectiva al drama venezolano, cuyas víctimas civiles claman hacerlo con cada vez mayor urgencia, la R2P o RtoP podría ser la última alternativa disponible, pues la humanidad no puede contemplar desde el balcón ese drama, mientras las víctimas de Maduro y secuaces hacen de las suyas con tal de mantenerse en el poder sin importar las funestas consecuencias. EINSTEN decía: “No puedes hacer lo mismo una y otra vez y, esperar un resultado distinto”.

El día 14 de mayo de 2019, el suscrito columnista, en el trayecto de Miraflores hacia la Zona Sur que en parte transcurre por la Avenida Mejillones de Villa Armonía, pudo evidenciar y observar que el GAMLP viene ejecutando una obra de pavimento rígido, en una zona de alto riesgo, es decir un área roja de acuerdo al Mapa de Riesgos de La Paz.

Específicamente de acuerdo al mencionado documento técnico, en el Macro Distrito San Antonio, Zona: Villa Armonía, Calle Rio Mitre. Esta es una calle secundaria, que no conecta vías principales, concluyendo en el límite del talud colindante sobre la Avenida Zabaleta. Es un lugar cuyas características más relevantes son las casas notoriamente rajadas y con severos asentamientos diferenciales, que hacen evidente la mala calidad del suelo. (Se adjuntan las fotos y el extracto capturado del mapa de riesgos de La Paz de las áreas en cuestión).

¿Pavimento rígido para una zona de alto riesgo? ¿Pavimento rígido a una calle con una pendiente pronunciada, irregular e inestable donde ni siquiera se ha verificado si los sistemas de agua potable y alcantarillado, están debidamente conectados con tuberías de PVC? ¿Pavimento Rígido donde por motivos obvios de seguridad no se ha colocado siquiera gas domiciliario, por el evidente riesgo de roturas de las tuberías?. Sin importar los riesgos, el GAMLP con sus inexpertos e improvisados funcionarios municipales le “metieron no más”, con “ñeque”, una obra que NO es adecuada o factible en un terreno deleznable de estas características, según el propio mapa de riesgos que con vocingleo altisonante se promociona con tanto alboroto, justamente estas jornadas.

La pésima y muy cuestionada gestión de Luis Revilla, como medida paliativa pretende “socializar” su mapa de riesgos, como una “gran solución” para involucrar a los vecinos y diluir sus responsabilidades ante los últimos acontecimientos suscitados en Llojeta. Recién, cuando los problemas se encuentran consumados, el GAMLP trata de emprender una campaña de “concientización”, siendo que debió realizar eso hace más de diez años, pero más que nada obras congruentes con la naturaleza geológica del suelo portante.

El DESASTRE DE LLLOJETA (con mayúsculas) no es únicamente por las construcciones clandestinas o las planimetrías aprobadas por municipios vecinos, se debe a la falta de fiscalización, pero más que nada a la inexistente planificación del GAMLP para la ejecución de obras en los POAS vecinales, que no responden a criterios técnico profesionales.

La burocracia municipal maneja la información técnico urbana, que debería estar al alcance de todos, como un secreto militar cuando les conviene o en forma discrecional cuando así se los instruyen. Desde siempre únicamente le es útil a los funcionarios ediles que se encuentran enquistados, engarrapatados indefinidamente, manipulando las autorizaciones de construcción a su discrecionalidad o en otros ámbitos planificando obras sin el menor criterio técnico urbanísitico.

Y lo peor de todo, que se evidencia justamente en este caso, teniendo el mapa de riesgos a su alcance NO LO APLICAN y hacen que se ejecuten trabajos insulsos y riesgosos en una zona geológicamente catalogada como roja, metafóricamente esto significa enterrar un torrente de greda deleznable con filtraciones y conexiones precarias bajo una losa de concreto, no se sabe que ocurrirá debajo de ella en los siguientes años.

Con esta prueba, sin descartar que deben existir muchísimas más en la ciudad, que en los últimos años sólo tuvo obras parche o ninguna, se demuestra irrefutablemente que en el GAMLP, NO existe planificación y criterio profesional serio para las ejecución obras barriales, puesto que es la misma administración municipal la que fomenta la clandestinidad de las construcciones en zonas de alto riesgo, al proyectar obras onerosas e innecesarias, vulnerando e ignorando el propio mapa de riesgos.

La asignación de recursos para la ejecución de obras, responde a intereses personales, cálculos políticos, caprichos de las juntas de vecinos afines a SOL.BO o a las necesidades egoístas de los dirigentes vecinales que imponen sus trabajos para su beneficio particular, en la puerta de su casa, sin que se repare en las características propias del suelo ni en las necesidades colectivas de la zona. En este caso específico: ¿Qué avenidas principales conecta la Calle Rio Mitre? Ninguna. ¿Conecta la Avenida Mejillones con la Avenida Zabaleta para desahogo del tránsito? NO ¿Cuál la razón para esta obra insulsa? Inexistente.

Las subalcaldías no sirven en su propia finalidad que es la desconcentración administrativa, puesto que no cumplen la misión de proponer obras útiles a las juntas vecinales, explicando sus alcances y la utilidad de las mismas, todo lo contrario, son los vecinos los que hacen lo que les viene en gana, avasallando las competencias municipales, definiendo a diestra y siniestra de acuerdo a sus criterios empíricos, políticos o personales.

La otra gran pregunta es, ¿Qué tipo de gente se encuentra tanto en la Dirección de Riesgos o la Dirección de Fiscalización de Obras e Infraestructura del GAMP? (O como se llamen dentro de los inventos semánticos de la gestión de Revilla) Desde luego se hace por demás evidente que son servidores públicos inexpertos, mediocres, medrosos e improvisados, puesto que de entrada tanto en Llojeta como en este lugar, debieron objetar la ejecución de este tipo de trabajos en primer lugar por las características de riesgo de estos sitios, que pretenden ser escondidos con trabajos pobremente planificados, porque no existe verificación previa de las conexiones de agua potable y alcantarillado mismas que ante cualquier falla harán imperceptible sifonamientos o filtraciones internas que pueden derivar en posteriores deslizamientos y catástrofes.

Después que el “burgomaestre” no se queje ni gimotee, buscando pretextos en la población, este es un caso manifiesto de negligencia e inobservancia de las propias limitaciones que establece el mapa de riesgos de La Paz, es sólo un ejemplo de cómo se maneja arbitrariamente de manera ineficiente la ciudad. La alcaldía no respeta su propio plano de riesgos, ni orienta a las juntas vecinales en la elaboración de sus POAS y otorga legitimidad a zonas rojas de alto riesgo con obras que no debían ejecutarse.

Los acontecimientos de Llojeta demostraron errores crasos y esta obra como muchas otras en La Paz, son los ejemplos de la pobre gestión urbana de Luis Revilla y su entorno, cuya degradación ha llegado a cotas inaceptables. Esta como muchas más, serán bombas de tiempo con posteriores consecuencias catastróficas donde de seguro se buscarán otros chivos expiatorios a su propia impericia y negligencia.

“El día de hoy, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) está dando un paso importante en su trabajo de revisión del glifosato. Como parte de esta acción, la EPA confirma que no hay riesgos para la salud pública cuando se usa el glifosato de acuerdo a su etiqueta actual, y que el glifosato no es carcinógeno. Los hallazgos científicos de la Agencia sobre el riesgo para la salud humana son consistentes con las conclusiones de las revisiones científicas realizadas por muchos otros países y otras Agencias federales…”, rezaba el Comunicado de Prensa emitido por la entidad gubernamental estadounidense (“EPA Takes Next Step in Review Process for Herbicide Glyphosate, Reaffirms No Risk to Public Health”, www.epa.gov, 30.ABR.2019).

"Si vamos a tener que alimentar a 10 mil millones de personas en 2050, vamos a necesitar todas las herramientas a nuestra disposición, lo que incluye el uso del glifosato", dijo el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Sonny Perdue (...) "USDA aplaude la decisión de registro propuesta por la EPA, ya que se basa en la ciencia y es consistente con los hallazgos de otras autoridades reguladoras de que el glifosato no representa un riesgo carcinogénico para los humanos" -decía el Comunicado- indicando además que “el glifosato es el herbicida más utilizado en la agricultura de los EEUU y se lo ha estudiado por décadas. El glifosato se usa en más de 100 cultivos alimenticios resistentes al glifosato, incluidos el maíz, la soja, el algodón, la canola y la remolacha azucarera…”.

Importante la aclaración en momentos en que hay varios juicios al respecto, dos de ellos ganados…¿sabe por qué? Porque el tema es tratado por jueces y abogados, y no por científicos. Como los abogados saben de su oficio arguyen que “no se informó suficientemente sobre su toxicidad” y entonces ganan, no porque el glifosato sea malo sino porque su indebido uso habría enfermado a sus clientes.

Como explica la Ingeniera Biotecnóloga Ambiental, Cecilia González, “la decisión del juez no se fundamenta necesariamente en la prueba científica, menos cuando hay un jurado compuesto por gente que no comprende sobre toxicidad, epidemiología o incluso agricultura”, habida cuenta que "todo es tóxico, todo depende de la dosis" de ahí que cualquier exceso hace daño: el café, la carne…¡hasta el agua!

Cuando el glifosato se utiliza adecuadamente no hay riesgo de salud; el intríngulis se da cuando -por intereses- se confunde a la gente, incluso a jueces…

A la vista de los últimos escándalos como el despido intempestivo del anterior Comandante de la Policía por estar investigando a narco policías; la doble condecoración policial a un requerido en extradición por narcotráfico, su facilidad para obtener doble identidad en instituciones oficiales y otros escándalos similares, parecen probar más allá de cualquier duda razonable que varias instituciones gubernamentales incluyendo precisamente las encargadas de la interdicción del narcotráfico, han sido penetradas por esa mafia. Incluso, pareciera que hasta nos hemos acostumbrado o resignado, a que el Presidente sea también el máximo dirigente de los sindicatos de cocaleros, cuya producción se destina mayoritariamente a producir la blanca o que las autoridades encargadas de la interdicción del narcotráfico provengan de las filas cocaleras –¿el ratón cuidando el queso?-

Así expuesto el estado del arte, sostengo que para la mayor parte de los ciudadanos nos ha sido imposible esta semana dejar de indagarnos: ¿Si es que nos habremos convertido en un narco estado regido por la narco política?

De acuerdo con la más elemental noción de narco estado, se trata de: “…un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales” (Wikypedia, dixit) o también allá donde: "…el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado” (Moloeznik). Mientras, la narco política hace alusión a aquella actividad política en la que las instituciones estatales están muy influidas por el narcotráfico.

Sensiblemente, a esta altura del desempeño del régimen, existen demasiadas evidencias que hace mucho tiempo atrás han dejado de ser inocentes coincidencias, sino temibles realidades. Quizá, la confirmación de esos nuestros peores temores al respecto, esté en las narices de todos nosotros: la absoluta incapacidad demostrada por el régimen, al menos hasta estos momentos, para establecer responsabilidades políticas por lo recientemente ocurrido. Y es que si la Policía Nacional depende directamente del Ministro de Gobierno y si el principal Policía implicado fue inusualmente ratificado por ese Ministerio por lapsos inusuales, siquiera por eso, cabría establecer algún tipo de responsabilidades por lo menos políticas traducidas en el despido del Ministro, salvo… se esté protegiendo o evitando poner en evidencia algo mucho peor, cuya dirección subiría indudablemente hacia arriba.

El libro del periodista brasileño Leonardo Coutinho “Hugo Chávez O espectro” que le dedica un capítulo a las actividades non sanctas del régimen y principalmente vincula a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Bolivia con el tráfico de drogas a través de un puente aéreo usando aeronaves oficiales, parece constituirse en otra evidencia, flamantemente confirmada por el narco escándalo de la semana.

Es que la perversa relación entre la coca, principal materia prima de la cocaína (más allá de sus usos tradicionales) y el narcotráfico no puede pasar desapercibida. Si a ello agregamos que el Presidente sea simultáneamente jefe del estado y dirigente de los sindicatos de la principal región cocalera, en la que la presencia estatal a efectos de interdicción es simplemente nominal, incluso a diferencia de otra región cocalera, la respuesta parece caerse de madura, explicando tal vez, como uno de los factores de la enfermiza angurria para mantenerse en el poder indefinidamente a cualquier costo, ante la probabilidad del descubrimiento de esas y otras actividades. “Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”. FOUCAULT