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El audio divulgado de la juez del caso Jhiery Fernández y su reciente entrevista televisiva en la que patéticamente intenta justificar lo injustificable, muestran el asqueroso estado del arte del sistema de administración de justicia, especialmente, penal.

Aunque para muchos, entre los que me incluyo, lo revelado no fue precisamente una novedad y, a pesar de las grotescas y sobre todo hipócritas reacciones de varios –Min. Justicia, Consejo de la Magistratura, Presidente del TSJ, etc- que ahora frente a las cámaras se rasgan sus vestiduras pretendiendo disimular su responsabilidad aunque sea por omisión, lo acaecido me recuerda aquella frase anónima sobre los bikinis: “Lo que dejan ver es sugerente, pero lo que esconden es vital”.

En ese sentido, cabe empezar indagando (nos): ¿Cuántos inocentes más habrá injustamente condenados por la justicia plurinacional? Y no precisamente por “errores” que como humanos por supuesto todos podemos cometerlos, aunque, tratándose de un sistema de justicia constituido –supuestamente– por pesos y contra pesos, cualquier error debiera terminar enmendado por los tribunales superiores… ¿Será así?

Es vital diferenciar claramente aquellos errores de horrores como el que nos ocupa, u otros en los que la causa obedece a la inocultable falta de independencia de varios jueces y magistrados (no todos) y falta de objetividad de fiscales (no todos).

Y es que si se le puede sacar algún beneficio de lo ocurrido, es que por si algún ingenuo requería de más pruebas, resulta que el poder partidario u otros peores –¿los amoríos y miserias de algún poderoso?– terminan decidiendo el resultado de algunos procesos, al extremo de no reparar en condenar a un inocente. Los abogados decimos es preferible absolver al culpable, que condenar a un solo inocente. 

Entonces, no seamos ingenuos en quedarnos contemplando y por supuesto, repudiando ese árbol podrido que es aquel caso. Veamos el bosque y ahí encontraremos la causa principal del estado del arte de la justicia penal que supera lo estrictamente jurídico y avanza hacia lo político: no existe separación de órganos o poderes. El Ejecutivo a cargo del régimen lo controla todo; el Legislativo sólo levanta las manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y hasta ovaciona a sus ministros pese a las evidencias en contra, el Judicial le bendice su “derecho humano” a intentar relegirse sine die, el Electoral se hace al del otro viernes con el resultado del 21F y así sucesivamente, las “instituciones” u “órganos” no cumplen con su razón de existir, han sido convertidos en otras estrategias envolventes. ¿Y el ciudadano? Inerme ante ese deformado poder.

De ahí que la Fiscalía, tratándose de causas en las que existen intereses del partido así aparezcan disfrazados como del gobierno o del Estado –que son lo mismo, dada esa deformada concentración– no defiende los intereses de la sociedad y menos procede con base a la defensa de la legalidad y peor de la objetividad, sino que actúa de la manera grotesca recién divulgada e incluso, ahora persigue al mensajero, eludiendo ingresar al mensaje ¿por qué? La respuesta la olemos todos. Por si fuera poco, el tercero imparcial –los jueces– en este tipo de casos, son absolutamente incapaces para ejercer su rol fundamental: poner límites a las actuaciones de las partes y hacer justicia. Salvando, como de costumbre, las excepciones que me consta existen, para confirmar la regla.

Entonces, sensiblemente, inocentes condenados injustamente existen muchos y de no cambiar aquel sistema perverso que caracteriza a las dictaduras, habrá muchos más. Eso sí, en la vía de la esperanza, me remito a Russell: “No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz”.

A poco tiempo de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso registrado como “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile”, no parece que las condiciones estuviesen dadas como para retomar las negociaciones que se han iniciado e interrumpido muchísimas veces a lo largo de la historia.

El gobierno de La Moneda, después de anunciar que no negociará lo que Bolivia solicita, ha decidido cancelar unilateralmente las reuniones del Comité de Fronteras que era el único canal de diálogo oficial y público entre ambos gobiernos; y por si fuera poco, su Canciller, Roberto Ampuero, lejos de comprometerse a cumplir lo que dictamine la Corte cuando los periodistas se lo preguntaron, respondió con evasivas y nerviosismo.

Por su parte, el gobierno de La Casa Grande del Pueblo, tampoco ha hecho las gestiones necesarias como para generar un ambiente de negociación, conseguir el apoyo de la comunidad internacional y preparar al pueblo boliviano para un posible restablecimiento de las negociaciones con Chile. Muy por el contrario, nuestras autoridades han sido exagerada e innecesariamente agresivas con sus pares de Santiago, reduciendo así la predisposición del pueblo chileno hacia cualquier entendimiento; han defendido abiertamente a regímenes autoritarios en la ONU y la OEA, lo que nos ha valido el repudio de algunos países clave para las tratativas con Santiago; y han omitido por completo la evidente necesidad de definir entre los bolivianos qué queremos – qué entendemos por “acceso soberano” – y más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar en esa posible negociación.

No obstante, a pesar de este sombrío panorama, que nos lleva a pensar que no serán estos gobiernos los que negocien y resuelvan el asunto marítimo, la reciente revelación que hizo el periódico chileno La Tercera, respecto a que los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera habrían negociado este tema secretamente entre agosto y diciembre de 2011, nos devuelve de cierta manera las esperanzas.

En efecto, esa versión, que no ha sido desmentida hasta la fecha por ninguno de los dos gobiernos, se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando ambos tienen voluntad política. De hecho, llama la atención que esas tratativas se hayan podido desarrollar justamente cuando las relaciones político-consulares boliviano-chilenas se hallaban en muy mal momento.

respecto, cabe recordar que: en febrero de ese año, el General René Sanabria de la Policía Boliviana fue detenido por tráfico de drogas en un operativo realizado conjuntamente por la DEA de Estados Unidos y Carabineros de Chile, cosa que molestó mucho a Evo Morales porque no se le informó a pesar de los acuerdos que se habían firmado entre La Paz y Santiago para compartir información sobre narcotráfico; en marzo, el presidente Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile, lo que fue considerado por Piñera como “un serio obstáculo para las relaciones de ambos países” y el Ministro de Defensa, Andrés Allamad, aseguró que las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran en condiciones de hacer respetar los tratados y de cautelar la soberanía chilena; y en junio, 14 soldados bolivianos fueron detenidos cerca de la frontera por Carabineros chilenos que bajo acusaciones de robo y porte ilegal de armas, los enmanillaron, engrillaron y encapucharon como si se tratara de unos delincuentes de alta peligrosidad, y si bien fueron liberados sin culpa al poco tiempo, el trato que recibieron agravó aún más las tensiones.

Con esos antecedentes, los delegados especiales, San Miguel y Bunster, comenzaron a negociar secretamente una solución al tema marítimo y pese a que se aclaró desde el principio por parte del chileno que la soberanía no estaba sobre la mesa, ambos convinieron en que se trataba de una solución “de medio camino”, “con horizonte de soberanía”, tal como informa La Tercera (2/09/2018).

En las tratativas, que se desarrollaron en 5 reuniones celebradas en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz, se avanzó en un arreglo que consistía en dos enclaves sin soberanía para Bolivia: uno de tipo industrial en algún punto cerca de Iquique (Pisagua, Punta Patache o Patillos) o en Mejillones, “en la línea de lo que fuera el entendimiento Lagos-Banzer”, y el otro enclave para fines turísticos y eventualmente comerciales, que sería entregado en comodato por 99 años en la playa Las Manchas, situada al norte de Arica, fuera de la zona portuaria y aeroportuaria del lugar. Por esa razón, también se habló de que Chile transfiera a Bolivia un muelle en el puerto de Arica y una terminal o faja de aterrizaje en el aeropuerto de Chacalluta.

Para que Bolivia pueda acceder a esos dos enclaves no soberanos, el negociador boliviano propuso que la administración de los ferrocarriles Arica - La Paz y Oruro - Antofagasta, así como de la carretera Arica – Tambo Quemado, pasen a manos del Estado boliviano. Lo cual fue rechazado por el chileno.

cambio, Bolivia debía desistir de su demanda, levantar el veto a la venta de gas a Chile y resolver el tema de la Constitución, es decir cambiar o eliminar la disposición que obliga al Ejecutivo a renegociar los tratados que sean contrarios a la Carta Magna, puesto que, según el gobierno chileno de entonces, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sería uno de ellos.

Este interesante arreglo de medio camino, que además comprendía una solución para el tema del Silala, similar a la que se había negociado en 2009, no pudo concretarse, siempre según La Tercera, debido a que San Miguel consideró que lo ofertado por Chile era “muy poco significativo como para aspirar a ser ‘una solución de medio camino’”.

En su último informe, Bunster le dice Piñera: “Parece claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la demanda marítima…”.

Por lo dicho, queda claro que la revelación de La Tercera, que seguramente fue publicada con la intención de descomponer aún más las relaciones entre ambos países y quizás eliminar las expectativas bolivianas por hablar de soberanía; es en realidad un muy buen antecedente que sin duda podría servir para retomar las tratativas boliviano-chilenas sobre el asunto marítimo, más aún si la Corte nos da la razón y obliga a Chile a sentarse a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico.

La confianza no es algo espontáneo, se la construye sobre la certeza de que la otra parte no fallará ni intentará hacer daño a propósito, y cuando esto ocurre se forja una relación con unidad de propósito. Establecida una confianza recíproca, basta la palabra empeñada para lograr un acuerdo. Confiar implica hablar abiertamente, pero también algo fundamental: escuchar y atender necesidades. La confianza implica construir una sólida relación fundada en la verdad y el deseo de beneficio mutuo.

Y así como la confianza es vital para lograr una excelente relación interpersonal, igual lo es para dos importantes actores en todo Estado: gobierno y sociedad civil. ¡Cuán importante es que exista confianza para que las políticas públicas puedan tener el éxito esperado! La Teoría Económica aborda este aspecto en términos de lo que son las “expectativas” racionales o adaptativas que pueden respaldar o dar al traste con aquellas, dependiendo si la ciudadanía confía o no en las acciones de su gobierno (si no, vean lo que está pasando hoy mismo en varios países de la región latinoamericana).

La confianza en las políticas públicas puede ser una cuestión vital frente a situaciones económicas difíciles, pues así como pasa en los matrimonios, llegado el momento del conflicto suele acabar el afecto, el respeto y entonces sobreviene el caos.

¿Qué hacer para construir una confianza en las acciones públicas? La primera carga la tienen los gobernantes, llamados a dar las mejores señales con una conducta ética y moral intachable, un buen funcionamiento de las instituciones y el respeto de la ley; resultará imprescindible tender puentes de confianza, crear sinergias, sumar voluntades y actuar en consecuencia a fin de enfrentar con éxito las vicisitudes futuras.

Esta relación de confianza no se podrá construir sino por medio de un diálogo fluido, transparente y respetuoso que en lo económico -v.gr.- atienda las necesidades, propuestas y expectativas del micro, pequeño, mediano y gran empresario para invertir y producir más, abastecer el mercado interno, exportar sin trabas y así generar más desarrollo y más empleos dignos para los ciudadanos.

Si el gobierno confía en que el empresariado quiere esto, y éste confía en que el gobierno ayudará a ello con buenas políticas, el resultado no podrá ser otro que un mejor futuro para todos. La confianza es más valiosa que el oro. Cuando existe confianza no hay duda, hay seguridad. La confianza trae esperanza pero si ocurre lo contrario habrá zozobra.

El Consejo de la Magistratura acaba de disponer el traslado o rotación de jueces; su Presidente, informó que esa decisión fue asumida en el marco de sus atribuciones para designar, procesar y cambiar de destino en función a las necesidades de atención oportuna, por lo que dispuso tales traslados temporales y definitivos en función a la carga procesal.

De acuerdo, pero…el proceder de ese órgano encargado de la administración y gobierno del judicial, parece mostrar que más allá de las buenas intenciones -que supongo existen- la medida y pese a la competencia que por supuesto el Consejo ostenta (aunque su Ley orgánica la condiciona a la aprobación de un reglamento en su art. 215.III), al afectar y regular los derechos de los administradores de justicia, debe cumplir con la garantía de la reserva legal y respetar el debido proceso. No se trata de meterle no más (doctrina Morales).

Les fuera útil a los nuevos Consejeros (los anteriores ya están rumbo a la determinación de responsabilidades internacionales al estado ante la CIDH, según el art. 113 de la CPE, por la masacre judicial que perpetraron) recibir un asesoramiento especializado sobre las consecuencias de sus actos, no sólo en el ámbito interno, pese a que como sigue sucediendo, aún son encubiertos por la vergonzosa falta de independencia de los órganos de control (tribunales o jueces de amparo y el TCP).

Entonces, vendría bien considerar que deben cumplir con el Debido Proceso en su vertiente adjetiva (juicio previo, derecho de audiencia, defensa, legalidad, etc) y por supuesto, con la substantiva que prohíbe realizar actos arbitrarios de poder, y por tanto, actuar de forma irrazonable y desproporcionada:¿Será razonable desvestir un santo para vestir otro? pues ya ha salido a la luz –AMABOL, dixit- que se están dejando vacíos juzgados con elevada carga procesal (retardación, entonces) para suplir otro con menor o similar problemática. ¿No fuera mejor cubrir todas las acefalías, entonces?...por supuesto con jueces de carrera y no los enviados del partido, aclaro.

Continuando con la deplorable huella de sus antecesores, los nuevos consejeros están vulnerando los estándares internacionales sobre la materia, que ya el Sistema Interamericano de DDHH les ha dejado reiteradamente explicado. Aún recuerdo (con algo de satisfacción pero sobre todo con vergüenza ajena, por tratarse del estado boliviano) el papelón que el representante de la Procuraduría realizó en la Audiencia Temática del año pasado ante la CIDH, al extremo de sostener sin el menor pudor, que habían seres humanos (los jueces transitorios) que no merecían en el pluri, su derecho fundamental al debido proceso, lo que causó asombro en la sala y, generó que muy diplomáticamente el comisionado que condujo la sesión les sugiera –al estado y sus agentes- estudiar y aplicar los estándares del Sistema IDH.

Es decir: “125. El traslado de los operadores de justicia de plaza o de la sala en la cual trabajan puede tener un fin legítimo y ser necesaria para la reestructuración y administración eficiente del poder judicial, fiscalías o defensorías públicas. Sin embargo, cuando está basado en motivos de carácter discrecional, la separación del operador de justicia de los casos que venía conociendo de su lugar de trabajo puede ser una represalia a sus decisiones, sirviendo la amenaza de traslado también como un amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores. (…) 127. La Comisión resalta la importancia de que los traslados de operadores de justicia se realicen sobre la base de criterios públicos y objetivos; adoptados a través de un procedimiento previo y claramente establecido, en el cual se considere los intereses y necesidades del operador de justicia involucrado. En este sentido, es conveniente brindar una oportunidad para considerar las opiniones, aspiraciones y la situación familiar del operador de justicia involucrado, así como la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de su carrera. Las transferencias y rotaciones no deben decidirse arbitrariamente, sino responder a criterios objetivos. (“Garantías para la independencia de l@s operadores de justicia” CIDH, 2013). Así que: ¿En la casa del herrero, cuchillo de palo?: “No son las violaciones a la ley que puedan cometer los ciudadanos las que más perjudican la idea del estado de derecho, sino aquellos actos de abuso de poder cometidos por el propio estado”. Helmut SIMON

Washington, D.C. / Ginebra – En ocasión de las reuniones y medidas que vienen promoviendo Estados del continente americano para responder a la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU adoptan la siguiente declaración conjunta.

Las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración llaman a los Estados junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, el ACNUR registraba 299,016 solicitantes de asilo y 585,996 personas procedentes de Venezuela optaron por otras alternativas de regularización al 1 de agosto de 2018. La CIDH y las y los expertos del Sistema de la ONU valoran que, ante esta situación, los países del continente americano hayan respondido ofreciendo distintas alternativas migratorias en aras a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas, o bien reconociéndolas como refugiados bajo la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena de 1984.

No obstante, la CIDH, el CMW, el CRC, el ACNUDH y las y los expertos del Sistema de la ONU también expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación y violencia xenófoba contra la población venezolana en algunas localidades receptoras de dicha población.

Al respecto, los firmantes de esta declaración conjunta observan que diversos Estados americanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) vienen promoviendo distintas reuniones y espacios para desarrollar respuestas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a países del continente americano, entre ellas la Reunión del Consejo Andino de Autoridades Migratorias de Colombia, Ecuador y Perú el 29 de agosto de 2018; la Reunión Técnica Regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas realizada en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de septiembre de 2018; y la Sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para el 5 de septiembre de 2018 con el objetivo de considerar la situación de los migrantes venezolanos en los países de la región. Los firmantes de la presente declaración conjunta reconocen como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, adoptada en Quito el 4 de septiembre de 2018.

Las organizaciones firmantes de la presente declaración conjunta, tomando en consideración la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas de la CIDH y la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos del ACNUR, recomiendan a los Estados del continente americano la adopción de una respuesta internacional y regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida que incorpore las siguientes medidas:

1. A efectos de prevenir que más personas venezolanas se vean forzadas a migrar, promover acciones para que el Estado de Venezuela garantice el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana que la requiere, la cual debe darse de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.
2. Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para que puedan buscar protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes. Así como garantizar el principio de unidad familiar.
3. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites.
4. Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Se deben establecer procedimientos justos y eficaces, con enfoques diferenciales que tengan en cuenta la edad, el género y las características culturales, que garanticen el derecho de los solicitantes de asilo a recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas o permitirles trabajar durante su solicitud.
5. Considerar la adopción de respuestas colectivas de protección a las personas venezolanas, entre las que se encuentran la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada.
6. Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas.
7. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieran protección internacional y necesidades especiales de protección, en particular mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y afrodescendientes.
8. Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se debe coordinar esfuerzos con organismos internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, ONU Mujeres, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), así como otras organizaciones internacionales y regionales relevantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Se deben garantizar las condiciones para que estos organismos puedan brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas.
9. Garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento de personas venezolanas. En este sentido, los Estados deben establecer mecanismos para fortalecer y coordinar operaciones de búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN.
10. Garantizar el derecho a la nacionalidad. Para lo anterior resulta fundamental garantizar y facilitar el registro de todos los nacimientos de manera oportuna o tardía, y asegurar el acceso a la nacionalidad. Asimismo, se debe garantizar la existencia de procedimientos para la determinación de la condición de apatridia y garantizar el otorgamiento de la documentación que pruebe la nacionalidad.
11. Implementar una estrategia coordinada basada en responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos. Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países y localidades receptoras de migrantes, así como asegurar y facilitar el paso libre de la asistencia humanitaria y permitir a las personas que prestan esta asistencia un acceso rápido y sin obstáculos.
12. No criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria.
13. A efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas, los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia.
14. Garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles. Resulta fundamental investigar todos los casos de muertes y desapariciones, así como restos de personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de todos los Estados involucrados. Se debe garantizar la reparación integral por cualquier daño causado.
15. Dar una respuesta coordinada e integrada para la prevención, atención y reparación integral de las víctimas de trata de personas, así como investigar, procesar y sancionar este delito.
16. Adoptar medidas dirigidas a para promover la integración social y la resiliencia de personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social.
17. Autorizar y dar facilidades necesarias para que organismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos puedan realizar visitas a los Estados del continente americano.

En el marco de sus mandatos de promoción y protección de los derechos humanos, las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración conjunta reafirman su disposición de brindar asistencia técnica y contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades de los Estados del continente americano. 

En un estado de completa enajenación política, el régimen ha dado sobradas pruebas que estaría dispuesto prácticamente a todo, con tal de atornillarse al trono y, tratar en la medida que le sea posible, de retardar rendir cuentas de su orgía de poder por sus 12 años de su “doctrina Morales” de meterle no más (contra todo, incluyendo su propia CPE y leyes, además del sentido común).

La última, es su Ley de Organizaciones Políticas que prueba aquella de LINCOLN: “La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores”, pues más allá de sus lindos versos, se trata otra estrategia envolvente mañosamente sacada del sombrero de mago, para desesperadamente maquillar la ilegítima (por donde se la vea) candidatura de su jefazo y de taquito, complicar las otras.

Así las cosas, existe una legítima preocupación ciudadana acerca sí, el fantasma de la “Venezualización o Nicaragualización” de Bolivia o fuera peor, “Cubanización”, ha dejado de ser tal, para convertirse en una funesta probabilidad, pues todos esos regímenes dictatoriales hasta por sus poros y sus caudillos no han reparado incluso, en masacrar a sus ciudadanos, con tal de mantenerse en el poder, sin importar los costos.

¿Habrá una salida razonable que permita anticiparnos a ese desastre? Sostengo que, internamente, desde el régimen, no habrá, pues reitero está completamente enajenado, dada su vena totalitaria y populista. Cabría confiar en el poder de movilización de nosotros, los ciudadanos pues ya se le ha dado buenas muestras, recuerden por ejemplo lo sucedido con el Código del Sistema Penal y otras previas, que hicieron recular al régimen, aunque existe la posibilidad –ojala no ocurra- de la violencia: ¿Cuántas víctimas ya lleva en su siniestra cuenta el uso arbitrario y desproporcionado del poder gubernamental? Prácticamente todas impunes –por el momento- gracias a sus juristas del horror…

Entonces, conforme he venido sosteniendo en este espacio de opinión, como devoto de la democracia y del sistema internacional de DDHH, insisto en que la salida pacífica y civilizada, tendría que venir desde la comunidad internacional, vía OEA y su Sistema Interamericano. Estoy de acuerdo con quienes –a la vista de los desastres venezolanos y nicaragüenses- no se hacen muchas ilusiones, pero…creo que precisamente esa constatación debiera servir para evitar repetir aquellas debilidades del sistema, tratándose del caso boliviano.

Urge que la oposición despliegue sus contactos internacionales para que, sea desde la Secretaría General de la OEA o sus organismos previstos en el Capítulo X de su Carta o de un estado o grupo amigo de estados amigos, como por ejemplo el Grupo de Lima, creado para tratar la crisis venezolana y podría anticipar una similar aquí; se formule un pedido de Opinión Consultiva ante la Corte IDH, con base al art. 64 de la Convención Americana de DDHH, sobre los alcances de su art. 23 en relación al esperpento jurídico de la SCP No. 084, confeccionada a la medida del régimen, por sus juristas del horror.

Esa opinión –por el pacta sunt servanda- es obligatoria para todos los estados que le han reconocida esa competencia a la Corte IDH y, Bolivia lo hizo taxativamente (Art. 3 de la Ley No. 1430) y el estado plurinacional, ha dejado expresamente vencer el plazo para denunciar y/o renegociar ese instrumento, según se reservó en su CPE (DF 9ª). ¿Qué tampoco el régimen acataría esa OC? Fuera su tiro de gracia, pues en próximos meses se emitirá la sentencia por el tema marítimo con Chile desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya y, ambos Tribunales – la CIDH y la CIJ- operan según el pacta sunt servanda –lo tratado obliga-: no podríamos reclamarle a Chile cumplir con una eventual sentencia –estimo, con matices, favorable a nuestra causa- y negarse con alguna estrategia envolvente, a cumplir esa OC; el régimen quedaría en su laberinto y, urge que la oposición y los ciudadanos podamos introducirlo, pues está cada vez más inerme ante el poder ciudadano y de la comunidad internacional. “Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida”. Marcel PROUST

P.D: Habiendo asumido la Presidencia del I. Colegio de Abogados de Chuquisaca, declaro que como de costumbre, mis opiniones siguen siendo estrictamente personales.

Que el estado administrado por el régimen, además de batir el record por atornillarse ilegalmente en su trono, ha batido también otro por violar los Derechos Humanos de los ciudadanos, no es una novedad para nadie medianamente sensato. Incluso, está teniendo la desfachatez de alegar el “derecho humano” de su jefazo para intentar perpetuarse impúdicamente en su silla, por encima de los mortales y nuestra decisión soberana del 21F: BOLIVIA dijo NO.

Al respecto, aprovecho la cotidianeidad para traer a colación que uno de aquellos DDHH más violados por los juristas del horror que sirven al régimen, es el de igualdad. Este derecho, proclamado por absolutamente todos los IIII de la materia y por la CPE (aunque suene a exotismo) cuando ordena que todos los seres humanos tenemos personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes, sin distinción alguna y, hasta prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación e incluso, la administración ha obligado para colgar coquetos letreritos con la prosa: todos somos iguales ante la ley.

Pero, como GOETHE había escrito alguna vez, la ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor. Ocurre que, el régimen ha generado so pretexto de revolución (léase robolución) tal descomposición institucional al pretender poner a todos a su servicio, incluyendo a quienes debieran frenar sus delirios totalitarios, de forma que hoy, aquel pomposo Derecho Humano de igualdad que debiera traducirse en evitar un trato diferenciado a quienes están sujetos a similar condición, es arteramente vulnerado por quienes –en el papel, que lo soporta todo- deben garantizarlo, incluso como esencia misma de su existencia funcional.

A la prueba me remito: a inicios de la semana anterior, un policía falleció en un enfrentamiento con cocaleros –no de la republiqueta del Chapare, por supuesto- sino de los Yungas, en medio de la erradicación de la materia prima de la blanca. Inmediatamente la Policía del régimen, “resolvió” el caso y, los fiscales –del régimen también, no de la sociedad- imputaron al dirigente del ramo, dicen por “autoría intelectual” del crimen y, no faltó un juez, que por supuesto faltaba más, lo detuvo ipso facto.

Tres días después, ocurrió en similares circunstancias, lo inverso. La Policía causó la muerte de dos cocaleros, el Comandante de los verde olivo inmediatamente indicó tratarse de un caso de “legítima defensa” (¿le habrán explicado en qué consiste y cómo opera ese instituto?) y… la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada efectivo que se sepa, menos imputar o siquiera sacarle la lengua, al alto cargo, por supuesto gubernamental, que siguiendo la “teoría del caso” anterior, tendría que ser pues también el “autor intelectual” de aquellas muertes.

¿O es que acaso nos creen tan brutos? que no advertimos, por lo menos, que un operativo policial de esa naturaleza se realiza con base a una orden del Ministro del ramo; del Comandante del organismo que lo realiza tanto a nivel nacional como departamental y del que finalmente cumple la orden y la ejecuta. ¿No serían, siguiendo el razonamiento usado para imputar al Jefe cocalero de los Yungas, aquellos funcionarios los “autores intelectuales”? ¿Será que en el descompuesto pluri existen muertos de 1ª y 2ª? ¿La ley se aplica a todos por igual o depende si eres aliado del régimen o no?. Es que: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad” BOLIVAR.

Escribo esta opinión cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apura el tratamiento de la Ley de Ley de Organizaciones Políticas que contiene, entre otras, la realización de elecciones primarias de los binomios presidenciales para el 2019. Incluso, es probable que cuando se la empiece a difundir, la norma ya habrá sido inmediatamente sancionada y promulgada.

Ocurre que pese a los cacareos oficialistas, es evidente que su esperpento jurídico consistente en la SCP No. 084 para meterle no más la inconstitucional candidatura de su jefazo, no ha logrado justificación alguna en términos siquiera racionales peor legales, sino más bien ha puesto en evidencia otra vez el talante dictatorial del régimen. Peor aún, ha desencadenado una multitudinaria reacción ciudadana para el respeto del 21F y del sistema democrático, dejando inerme al ilegal y eterno candidato. Es que las dictaduras no pueden justificarse por ninguna vía.

Pero, como las urgencias del régimen para intentar alargar su impunidad y evitar su ya cantada estrepitosa caída –vean el destape de su aliada Kirchner, por ejemplo- no pueden detenerse a esta altura de su agonía, su mayoría en la Asamblea Legislativa está recorriendo el iter criminis hacia una nueva estrategia envolvente orquestada por el Bachiller que la preside: la Ley de Organizaciones Políticas, por la que de taquito, pretende pasarse por el orto la decisión soberana del NO a la ilegal nueva candidatura, esta vez bajo la modalidad de unas forzadas primarias que resultarían vinculantes para intentar imponerla, pese a todo.

A tal extremo ha degenerado la institucionalidad, que la Asamblea Legislativa ha perdido completamente su razón de existir, bastando recordar que cualquiera sea su nombre –Congreso, Parlamento o ahora ALP- nació varios siglos atrás en Inglaterra, cuando el Rey requería del consentimiento de sus súbditos representados por los parlamentarios, para gobernar. La función parlamentaria además de la legislativa, radica en fiscalizar (no en el encubrimiento o la complicidad) y ahora, está absolutamente secuestrada por el ejecutivo al que sirve y no controla. Por ello, los asambleístas se niegan a sí mismos, simplemente levantando su mano cumpliendo las órdenes de su amo.

Fiel a mi ingenuidad constitucional, hasta la CPE ensangrentada de La Calancha -el papel lo aguanta todo- les franquea entre sus principales funciones, aquella de: “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”. Empero, en el pluri, sus parlamentarios han prostituido su rol, para convertirse en filibusteros.

El filibusterismo consiste en cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios, que resulte favorable a un bando. Tratándose de la flamante norma, por mucho que se la adorne de algunos retoques cosméticos, nadie con un mínimo de sentido común, omite reparar que su único propósito es birlar la decisión del soberano en el 21F.

La ley, que debiera ser la máxima expresión del bien común, en ejercicio de la actual función parlamentaria, se ha vuelto usualmente en una vil trampa –estrategia envolvente, en las finas palabras del Bachiller- para incumplir no sólo la CPE que prohíbe la relección ad eternum, sino también para desconocer arteramente la voluntad soberana: “El populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde adentro”. Vargas Llosa

La apuesta por el pago de un segundo aguinaldo en Bolivia este año, es fuerte. Según el D.S. 1802 (20.11.13) que bautizó el doble aguinaldo como "Esfuerzo por Bolivia", bastará que el crecimiento del PIB (julio/2017-junio/2018) supere la cifra mágica del 4,5% y…¡ya! Todo apunta a que podría ser así.

Esta dádiva estatal se pagó durante el auge cuando el país crecía al 6,8% (2013), al 5,5% (2014) y al 4,9% (2015), no así en el 2016 y el 2017 -cuando bajó al 4,3% y 4,2% respectivamente- dada la negativa incidencia del deficitario comercio exterior. ¿Por qué se volvería a pagar este año, entonces? Porque los datos de crecimiento del PIB en el segundo semestre del 2017 y en el primer trimestre del 2018 son auspiciosos, producto de la comparación interanual contra un mal año y, además, por la recuperación del sector externo con la subida de las exportaciones de gas.

“Los números no mienten”, pero a la hora de tomar decisiones tan serias valdría la pena hacer una valoración sobre cuán beneficiosa podría resultar tal medida para el trabajador, cuando el gatillador del pago es nada más ni nada menos que un simple promedio, sabiendo que éste puede resultar mentiroso, mire el ejemplo...

Juan tiene 3 autos, Pedro posee 2 y Martín tiene 1. Son 6 autos en total, pero en promedio, cada uno de ellos tiene 2 autos…¿verdad o mentira? Igual ocurre con la tasa de crecimiento del PIB, pero con un agravante: Suponga que Martín debía su auto y como no lo podía pagar, lo vende a Juan -que además se compró 3 más, porque le fue bien- mientras Pedro mantiene sus 2 autos. ¿Quién está mejor ahora? Juan, pues tiene 7 autos que con los 2 de Pedro suman 9 y, aunque éste no mejoró y Martín perdió su auto, la matemática dice que los tres tienen 3 vehículos en promedio cada uno, ¿es verdad esto? ¡Ud. tiene la palabra!

Si bien el conjunto subió un 50%, en realidad: Juan creció 133%; Pedro no creció (0%) y el pobre Martín anda hoy a pie o en micro. Así pasa entre las regiones (Tarija decreció 3,7% el 2017), entre sectores (la agropecuaria creció 6,6% y la minería cayó 2,25% a marzo del 2018) e intra-sectores (la producción lechera bajó de 320.000 a 280.00 lts/día este año).

Lo cierto es que, pocos crecen mucho; muchos crecen poco; algunos no crecen y ¡cómo sufren las familias cuando a las empresas les va mal! Cuidado que el sueño del doble aguinaldo en el 2018 se convierta en pesadilla el 2019, porque un Decreto podrá obligar a pagarlo pero -nunca- a reponer los empleos formales perdidos por ello…

En las últimas décadas, el periodismo ha ido cuestionándose a sí mismo y ha ido recibiendo cuestionamientos de parte de quienes le son ajenos. ¿Qué es el periodismo? Dígase de entrada que es, esencialmente, información. Esta actividad informativa puede estar anclada a distintos géneros como la noticia, la crónica, la entrevista y el editorial, entre los más relevantes.

Los cuestionamientos acerca de su esencia y de lo que debería representar para la sociedad parten de elementos políticos, primero, y tecnológicos, después. Analicemos en qué consisten estos cuestionamientos que ponen al periodismo en un vilo que ya es intolerable.

Había en el siglo pasado una pléyade de comunicadores (latinoamericanos los más, aunque había por ahí uno estadounidense y otro francés) que proponía que el periodismo debía ser una actividad de diálogo o un juego de intercambio de palabras de empatía; un “diálogo dialogal”, decía uno de éstos. Estas personas eran o demasiado utópicas o realmente ingenuas, porque nunca comprendieron que el periodismo es, a despecho de los soñadores, una actividad política (en el alto y digno sentido de la palabra). Planteaban además que la prensa (o la comunicación, como la llamaban) debía ser un instrumento para la liberación de los pueblos y la democratización. (El oficio periodístico debe propugnar por la democracia, pero nunca ser un medio para su realización, que es distinto, ya que al ser esto último adopta una tendencia que lo corrompe). Un boliviano había entre estos comunicadores, que aseveraba que el periodismo debía ser descentralizado para que lo practicasen las personas humildes y que debía despojarse de su cualidad persuasiva a la que se había inclinado desde los tiempos de Aristóteles, a pesar de que entonces ni existía.

Si se ensayase tal clase de periodismo (que en realidad no sería ni periodismo), sería todo menos funcional, en primer lugar porque un periodista es un profesional cuya labor no puede ser ejecutada por personas que no están preparadas para ello. En segundo lugar, porque el periodismo es una actividad vertical en esencia, lo cual no sataniza ni su fin ni su condición.

Se hicieron congresos y conferencias para maldecir a los medios masivos y para blasfemar el nombre de los presidentes de tales corporaciones; se creía que se debía llegar a una descentralización total de la comunicación. Pero ¿podría hacer un iletrado periodismo? Quizás sí fundar una radio y hablar en ella, o fundar un periódico y escribir en él, pero no hacer verdaderamente prensa.

Pensar en una posibilidad tal es descabellado desde todo punto de vista y degrada el oficio de los periodistas que estudian para desempeñar su labor, «la más bella» para un Nobel latinoamericano.

Ahora analicemos cómo la tecnología también ha llegado a relativizar el oficio. Desde la irrupción de los medios sociales, la información cualquiera ha llegado a tenerse, en algunos casos, como periodística, sin tomar en cuenta los parámetros que la hacen realmente tal. Los medios sociales son todavía un factor brumoso para los sociólogos y los investigadores de las ciencias sociales; se están escribiendo muchos textos acerca de ellos. Pero, lo que es seguro, es que de ninguna manera podrán llegar a ser medios de verdadero periodismo.

Como dice la periodista argentina Silvia Fesquet, antes se tenía un panorama mucho más despejado de lo que representaba la actividad periodística en la sociedad porque se dibujaba esta estructura con total claridad: la verticalidad de un periodismo en un pueblo pasivo que recibía las noticias y la información. Se tenían, entonces, una delimitación precisa de lo que eran el periodista y su trabajo y, por tanto, un terreno mucho más estable en el que trabajar. La pasividad de un pueblo lector no es mala, más al contrario, es buena porque ese pueblo está consciente de que su labor consiste en asimilar la información para trabajar en pro de una causa o de un Estado desde las distintas plataformas existentes o desde el oficio de cada uno de sus individuos.