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¡Cuánto se tergiversan las cosas y cómo se tuercen convenientemente los valores en la política! Por algo me decía mi mamá: “No te metas en política hijito, no te metas, viví de tu trabajo”. Por mucho tiempo no lo entendí, pero con el transcurrir de los años me di cuenta de su sabio consejo. La política en sí no es mala -es necesaria- los malos son los políticos y gobernantes aprovechados. Ahora, de que hay honrosas excepciones, sí, pero la excepción confirma la regla.

Muchos quieren llegar a situaciones de poder, pero pocos son los que de verdad lo quieren hacer para servir. Atrás quedaron los años -según dicen- cuando personas notables se lanzaban a la arena política para ejercer la función pública pensando en el bien común, antes que en sí mismos.

Los tiempos cambiaron para mal, el tango “Cambalache” se quedó corto al proyectar lo que sería el Siglo XX -el mundo una porquería (...) un despliegue de maldad insolente (…) ¡da lo mismo un burro que un gran profesor! (…) uno vive en la impostura y otro roba en su ambición”. El Siglo XXI está peor, lamentablemente.

Pero no perdamos la fe: mientras hay vida, hay la esperanza de poder mejorar y enderezar las veredas tomando decisiones, buenas decisiones.

Las crisis son una oportunidad para reflexionar sobre lo que pudo ser y no fue, para decidir mejor que antes y no cometer los mismos errores cuyas consecuencias las sufrimos hoy. Así debería pasar en la política -v.gr., en las elecciones- el ciudadano bien informado debería evaluar lo que se hizo bien (acierto), lo que se hizo mal (equivocación) y lo que se pudo hacer y no se hizo (negligencia).
“Accountability” es un término concebido en el ámbito de la administración pública referido a la “responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad” en democracia, un pálido reflejo de lo cual fue el “control social” instaurado en Bolivia, que más sirvió para recibir el generoso aplauso de los correligionarios antes que para corregir las falencias de la gestión del Estado.

Cuando el mundo enfrenta el problema del coronavirus, con miles de muertos que podrían llegar a millones si no se logra contener su propagación, no solo por causa de la falta de una vacuna sino de sistemas públicos de salud ineficientes, cabe preguntar: ¿Cómo andamos por casa? ¿Pudimos prepararnos mejor para este momento? ¿Cuál será el costo de las malas políticas y la negligencia en salud? En función de las respuestas habrá que tomar las mejores decisiones para evitar más situaciones de dolor y luto a futuro…

En estos tiempos del coronavirus, con cuarentena en curso incluida, me apetece cavilar sobre las posturas liberales Versus las estatistas, (incluyendo sus variantes). Quienes comulgan aquellas (me incluyo, por si acaso) defienden la idea que el estado existe principalmente (para algunos, incluso en exclusiva) sólo para defender la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Los situados al otro extremo de la vereda, le reconocen y permiten al estado todas las licencias posibles, al extremo de entregar –a quienes lo administran desde el gobierno- amplias facultades sobre sus derechos individuales. Por ejemplo, para el facismo y sus corrientes estatistas, el estado es absoluto y el individuo e incluso los grupos, son relativos sólo en la medida que existan para el estado: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, decía MUSSOLINI.

Ante la pandemia del coronavirus, el gobierno constitucional ha asumido una serie de medidas que vistas desde aquellas ópticas, afectan nos guste o no, a nuestros derechos individuales y/o reafirman la idea de la necesidad del estado y, sus poderes. Por ejemplo, empezó restringiendo nuestros horarios laborales, no sólo del sector público, sino hasta del privado; luego recomendó respetar la “distancia social” (mínimo un metro: damas y caballeros); prohibió realizar actividades sociales, culturales y hasta deportivas (ya estoy con severa abstinencia raquetbolera) e incluso educativas y, así sucesivamente, hasta disponer la cuarentena en curso, impidiendo salir del hogar, etc.

Convengamos entonces que, a la vista del peligro que acecha contra la vida y salud de la ciudadanía, el estado representado por el gobierno que es quien en definitiva lo administra, asume una serie de medidas restrictivas de nuestros derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo, la reunión, la educación, etc. Lo que nos lleva a ponderar las razones que obligan asumir y justificarlas, desde el Derecho.

En esta ciencia, esa técnica es algo cotidiano: consiste en examinar los aspectos positivos y negativos de un asunto concreto, a la luz de los bienes jurídicos de mayor relevancia; en el caso, el de mayor entidad incluso para las corrientes liberales, como es la vida y salud y, no sólo de una persona sino de la colectividad entera, hasta mundial.  

De ahí que un orden político social sin limitaciones –todo licencias o derechos, sin deberes- acarrearía aplicar la ley de la selva en la que el más fuerte o el más bruto impondría su voluntad al resto, lo que me lleva a reafirmar –paradójicamente- una de las máximas liberales, consistente en el respeto de la capacidad de obrar de cada ciudadano ejerciendo sus derechos individuales (léase libertades) pero, respetando los de los demás (entiéndase, obligaciones o deberes).

Uno de los referentes liberales Jhon RAWLS, lo escribió así: “Cada persona ha de tener un igual derecho al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás”.  Entonces, esa libertad de acción va indisociablemente unida a la responsabilidad individual por las acciones realizadas, por lo que nuestro derecho de libertad, conlleva el deber correlativo de respetar la libertad ajena.

Contrario a lo que muchos de sus detractores que repiten clichés y/o ignoran su esencia, el liberalismo defiende para cada persona la mayor esfera de libertad posible, pero en la medida que sea igual a la del resto de los individuos; es la ley de la igual libertad (Spencer).

Así que, pese a esas nuestras libertades y gustitos restringidos, la noble causa ciudadana universal vale la pena: #quédate en casa, pues: “Cualquier medida  que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después, parecerá insuficiente”. MATUS 
 

Llevamos, cuando menos, décadas enteras discutiendo sobre el perfil caudillista/personalista de nuestra política, y esas discusiones no son solamente en las aulas universitarias. Allí donde vayamos y comencemos a debatir sobre los perfiles de los políticos siempre terminamos diciendo que son ellos y no sus siglas de partido lo que más pesa.

Resulta que ahora la lógica personalista mutó, así como los virus que nos acechan, saltó de un cuerpo orgánico llamado electorado en vivo y en directo, a otro cuerpo inorgánico expresado en el electorado en diferido a través de las redes sociales.

Por esto –antes de que los amigos expertos en redes me caigan encima– una observación por ahora bastante superficial en relación al movimiento que generan las candidaturas, o las siglas de las alianzas, en dos redes sociales como son Twitter y Facebook me permiten tener los siguientes comentarios:

En Facebook, no existen cuentas de las alianzas ADN y Libre21. Respecto de  las candidaturas, quienes no tienen perfil en esa red social son Feliciano Mamani y Ruth Nina de Pan-Bol. Todos los demás entre candidatos y siglas tienen cuentas activas.

En Twitter, no tienen cuenta de siglas: ADN, FPV, Pan-Bol, Libre21; de candidatos: Simeon Jaliri, Feliciano Mamani, y Ruth Nina.

Acerca de a quiénes siguen las cuentas de los políticos, la característica principal es que siguen a un número muy reducido de otras cuentas; en el sentido contrario, tienen una cantidad importante de seguidores.

En números brutos, en Twitter,  los primeros tres que tienen más seguidores son Carlos Mesa, Jeanine Áñez, y Samuel Doria Medina. Los otros tres que tienen menos seguidores son Ismael Schabib, Gustavo Pedraza, y Chi Hyung Chung.

Sin embargo, si miramos las cuentas de las siglas partidistas observaremos que la cantidad de seguidores y de cuentas que siguen es mucho menor a las cuentas personales que ya tienen nuestros caudillos cibernéticos, esto porque además se evidencia que el mensaje principal lo dan los candidatos y no las  alianzas.

Ahora bien, yendo un poco al argumento de fondo que se emite, un signo de los tiempos que vivimos es la política del miedo, expresado, por ejemplo, en la distinción de los candidatos en los bandos masista versus antimasista. El miedo no moviliza razones de esperanza en un futuro mejor, lo que hace es enaltecer rencores y fracturas profundas que, según cómo se modulen, terminan casi siempre en la idea fuerte de que debe haber un voto castigo contra alguien.

El siguiente rasgo de los mensajes en redes de los presidenciables tiene que ver con el esfuerzo por diferenciarse entre ellos, en el arco de los que están del centro hacia la derecha, y también de los candidatos del MAS que lo que buscan es usar las redes para comunicar, a diferencia de su antecesor Evo, que no hacía más que aburrir a los internautas que lo leían.

Finalmente, está visto que en redes y en lo concreto entre los candidatos y que usan este virus mutado de cuerpo referido, este no es el tiempo de la gran política expresada en mensajes de esperanza y que resuelvan lo aspiracional de los bolivianos, sino de la pequeña política, es decir, el tiempo de escarbar y mirarse en las miserias de la política, el chisme y el espectáculo. 

Es impresionante la fragilidad del ser humano. No solo los grandes fenómenos como terremotos, tsunamis, etc. afectan su vida, sino también minúsculos virus, como el que tiene al mundo en vilo hoy: un corpúsculo de una millonésima parte de un milímetro, que puede matar mientras no haya una vacuna para detenerlo, el llamado coronavirus. 

La OMS declaró una pandemia (“Tasa de mortalidad del coronavirus es del 3,4% informa la OMS”, EL DEBER, 12.03.2020) y las cifras van subiendo: 6.600 muertos y 174.000 contagiados con el virus en 162 países hasta el 16.03.2020 (www.worldometers.info).

La China es el epicentro del problema y la más afectada, seguida de Italia, Irán, España, Corea del Sur, pero día que pasa los muertos aumentan, nuevos países se suman a la lista y el coronavirus ataca sin mirar, tanto al rico y famoso como al pobre y desconocido.

En efecto, casi en simultáneo se confirmó recientemente en Bolivia a una persona con el coronavirus mientras desde Australia el actor Tom Hanks informó ser portador del virus.

El primer caso en Bolivia fue el de una mujer mayor de 60 años que a los días de llegar desde Italia experimentó los síntomas del contagio. Hecha pública el caso en la localidad de San Carlos, Departamento de Santa Cruz, el pueblo la expulsó y la señora sufrió un vía crucis con la ambulancia yendo de un hospital a otro, al impedir la gente su ingreso sin un ápice de solidaridad,

atentando además contra la salud pública. ¿Ignorancia? ¿Genuino temor? ¿Primitivo instinto de conservación? En todo caso…¡falta de amor! Una verdadera novela de terror comparada con “El amor en los tiempos del cólera” escrita por Gabriel García Márquez.

Viendo la reacción del gentío, bloqueando ingresos por temor a contagiarse, vociferando que los hospitales no están preparados para prestar dicha atención, pensé: ¿Acaso no era éste el país de las maravillas y el campeón del crecimiento? Si es verdad que pese a tanto logro económico no es posible manejar bien un solo caso…¿qué pasará si el mal se generaliza entre los pobres?

Recordé entonces a los viejitos -los más vulnerables- cómo madrugan por una ficha para hacerse ver sus dolencias y por su miserable jubilación sufren la indolencia de la precaria atención pública, mientras otros machacan con lo del país de las maravillas, pero a la hora nona se van al extranjero para atender su salud…¡miseria humana!

¡Dichoso de Tom Hanks que, gracias a su fama y fortuna, su vida no tenga de depender del deficiente sistema de salud boliviano!
 

En estos tiempos del coronavirus, un Diputado del MAS acaba de plantear, para variar, una ley corta para evitar que se propague el virus en Bolivia, sugiriendo penas de cárcel para quienes irresponsablemente lleguen del exterior y lo contagien: “Si no lo quiere hacer la señora Jeanine Áñez, nosotros vamos a tener que hacer mediante una ley, ejercer la fuerza, porque al final la vida de los bolivianos está en peligro”.

Pues bien, atentas las habilidades legislativa/totalitarias del Diputado y dando por supuesto que tratándose de un legislador, conoce por ello ampliamente el estado del arte de la ciencia del Derecho Penal incluyendo las corrientes doctrinarias en boga y por supuesto, el Código Penal boliviano (sumamente remendado en los últimos tiempos, por cierto), entiendo ha debido cavilar su propuesta, a la luz de uno, entre varios, de los principios rectores del Derecho Penal contemporáneo: el de la última ratio.

Principio que enseña a partir de su otra cara de la medalla como es la subsidiariedad, que la intervención -siempre riesgosa por sus devastadores efectos- del Derecho Penal en la vida de las personas y la sociedad, debe reducirse a lo mínimo indispensable sólo en función a la tutela de sus bienes jurídicos más relevantes, por lo que constituye el último recurso a utilizar, cuando han fracasado previamente otros medios menos gravosos para el ciudadano.

Ahí que el malo de la película, el Derecho Penal, sólo interviene como la última de las barreras, a partir reitero del fracaso de otras previas, menos lesivas para los derechos de las personas. Es que el Derecho Penal, más allá de sus buenas intenciones fundadas en proteger derechos o bienes jurídicos de altísima importancia, no puede ser usado como el “remedio” para todo y especialmente, para propósitos para los cuales se ha constatado que resulta manifiestamente ineficiente: no sirve para solucionar conflictos que no dependen de sus reales posibilidades, causando más daños que beneficios, cayendo dentro del fenómeno del populismo penal, la demagogia legislativa o lo opuesto a la última ratio, el expansionismo penal.

Además en el caso concreto, queda claro que el legislador ignora completamente el Código Penal actual, que por muy remachado que está producto de aquellas perversiones legislativas ampliamente producidas en los últimos años por el régimen totalitario que nos mal gobernó, ya contempla desde mucho antes lo que ahora propone: precisamente en su capítulo destinado a proteger el bien jurídico de la salud pública, se prevé el tipo penal del art 216 “Delitos contra la salud pública” que castiga con 1 a 10 años de privación de libertad, al que: “Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias”. De su interpretación integral con su art. 220 que se refiere a sus formas culposas, se extrae que esa propagación tiene que ser necesariamente dolosa, es decir, el agente debe saber que esta contagiado y buscar producir el resultado del contagio, pues de lo contrario, se le juzga sólo por su actuar negligente, reduciendo considerablemente la pena; la que además, podría cabría en lo que se conoce como pena natural, aquella que por su actividad delictiva, le causa a su autor un detrimento físico o moral grave, que hace desproporcionado su juzgamiento y sanción. ERBETTA ya lo advirtió: “Cuando no se sabe cómo resolver un problema, nada mejor que vender la ilusión de su solución, y para ello, siempre vienen bien las reformas penales”.

Finalmente, el afanoso Diputado ha debido saber también que una de las principales características del coronavirus es lo que los expertos denominan portadores asintomáticos, es decir, están ya infectados, pero aún no padecen los síntomas o se les manifiestan muy debilitados y/o similares a los de la gripe común, pese a lo cual pueden contagiar el virus. Es decir, no actúan con dolo (queriendo producir el resultado dañoso).

La emergencia del coronavirus, su adecuada prevención y tratamiento, requieren de eficaces y eficientes medidas de sanidad pública, que huyan del populacherismo penal, que atenta no sólo contra la ciencia del Derecho Penal, sino hasta contra el sentido común. Ya lo dijo VOLTAIRE: “Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable”.

¿Es Bolivia la envidia de otros países, como se ha escuchado tantas veces? ¿Cree Ud., sinceramente, que en el exterior se envidia a nuestro país? ¿Quiénes serían los envidiosos? ¿EEUU? ¿China? ¿Japón? Si la respuesta es no…¿entre Argentina, Venezuela, Cuba o Nicaragua, será alguno de ellos? Si la respuesta es sí…¿será porque en el país de los ciegos, el tuerto es rey?

Es cierto que en los últimos 14 años el PIB de Bolivia creció por encima del 4%, pero no menos cierto es que tal expansión inició con el auge mundial en tiempos neoliberales cuando crecimos 4,2% en 2004 y 4,5% en 2005, aunque posteriormente en los años plurinacionales del 2009 y 2019 crecimos menos del 4% a consecuencia de tener una economía primario-exportadora, muy dependiente de los precios internacionales.

En verdad, no sé si hay países que envidien a Bolivia o no, especialmente con la gran pobreza aún prevaleciente, la precaria educación y el lamentable estado del sistema de salud vigente en el país; en todo caso, ¿no resulta un autoengaño compararse con quienes hacen mal las cosas, cuando lo sano y saludable sería hacerlo con quienes están mucho mejor, teniendo aún menos recursos?

Lo cierto es que, de haberse hecho caso los consejos que durante los últimos 14 años dieron diferentes entidades, Bolivia pudo haber estado muchísimo mejor que hoy. Pero no, se siguió el consejo de ONGs oportunistas, irresponsables activistas e ideologizados extremistas que nos impidieron avanzar a pasos agigantados en la producción de biocombustibles; el uso de la agrobiotecnología; la ampliación del área agrícola; la construcción del Hub aéreo en Viru Viru; el poner la vista en la Hidrovía Paraguay-Paraná para salir al Atlántico; reactivar al sector forestal-maderero; incentivar al importador, al comerciante y al empresario legalmente establecidos, en vez de acosarlos de mil maneras; combatir la informalidad y el contrabando; reformar la educación pero no mirando por el pequeño espejo retrovisor sino por el gran parabrisas del futuro; hacer ciencia e investigación aplicada; negociar acuerdos comerciales con economías más desarrolladas; permitir la emisión de bonos de carbono; promover el turismo receptivo en todo el país; fomentar la productividad y la competitividad; castigar la corrupción y profundizar la meritocracia en las entidades del sector público.

Con buenas políticas como éstas Bolivia pudo crecer al 7% o más y llegar a ser la Suiza de Sudamérica, para que luego digan de ella…¡qué envidia da este país!

A juzgar por la sistemática cantidad de denuncias por delitos que, sin exagerar, prácticamente a diario, se multiplican contra servidores públicos del régimen expulsado por la insurrección de las pititas, no resulta extraño indagarse si es que no estábamos ante una mega organización criminal que secuestró al estado durante esos largos años, poniendo nuestros recursos y bienes públicos no sólo a su servicio privado, sino al de una estructura cuasi mafiosa: “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”, enseña la fabulosa sentencia de Lord ACTON.

Aunque durante aquellos tiempos, la reinante corrupción no sólo era un secreto a voces sino desfilaba cínicamente ante nuestras barbas, por ejemplo, recuerden el uso como taxi del avión presidencial para menesteres privados y/o partidarios; el evo channel para transmitir los ridículos partidos de fútbol de su jefazo o el despilfarro de recursos públicos en propaganda orientada al culto de su personalidad, sin contar el Museo al Ego, su palacio, etc; hoy, recuperada en alguna medida la institucionalidad, se confirma eso que donde pones el dedo, salta la pus. ¿Qué hizo la justicia?

En un futuro no muy lejano, principalmente el Ministerio Público como titular de la acción penal pública y de la investigación de los delitos públicos, tendrá a través de sus altos cargos rendir cuentas de lo que hicieron, no hicieron y como lo hicieron durante aquella larga noche de la tiranía: Caso 24 de Mayo, Masacre de las Américas, La Calancha, Terrorismo y una laaarga lista de hechos en los que o no investigaron, encubrieron o torcieron los hechos y la investigación al extremo de perseguir a quienes alguno de sus amos les ordenó hacerlo, todo sin el menor vestigio de objetividad y peor del Debido Proceso.

Por ello, aunque suene a una de Perogrullo, hoy más que nunca es absolutamente determinante que la administración de justicia recupere su rol institucional para contener esas estructuras absolutamente anegadas de corrupción y hacer justicia asegurando a todos el Debido Proceso, huyendo de la burda venganza que la usa instrumentalmente. Recurriendo a la seguramente más célebre idea de justicia de ULPIANO: “Dar a cada uno lo suyo”, no hace falta ser un experto jurista para concluir que la plurinacional fracasó demostrablemente en su razón de ser, al extremo que más bien, cayó hasta en lo obsceno al fabricarle el “derecho humano” de su jefazo para eternizarse en el poder. Hoy, toda esa reciente historia fétida propia de aquellos juristas del horror, debe servir para que a la vista de las circunstancias y ante la avalancha de denuncias de corrupción, muchas evidentes y otras bastante forzadas, pueda recuperarse la demolida institucionalidad de la administración de justicia boliviana, huyendo de seguir convertida en una trituradora de los opositores de turno y al servicio del que gobierna: ¿Será posible en las actuales circunstancias?

Convengamos en que existen muchos factores que la ponen muy pero muy difícil. Para empezar, todos los altos cargos –Fiscalía General; Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura- continúan en poder de operadores partidarios del régimen huido disfrazados de Magistrados o Fiscales, con abultadas facturas por pagar o con colas de tal envergadura, que les ponen en extrema fragilidad; muchos, dependiendo del fusible a sacrificar, siempre adictos al proceso de cambio (el anterior o ahora, el suyo), están equilibrándose entre sus obligaciones legales y funcionales y, sus (anteriores) compromisos partidarios. Hoy, más que nunca, surgen las facturas a ser pagadas por sus indebidas designaciones, aunque su espinazo tiembla ante lo que les espera en el futuro próximo, ante la evidencia del poco probable retorno de su jefazo y la inminencia de su inexorable rendición de cuentas.

Pese a todo ese panorama bastante negativo, que incluye rotundos giros de un extremo al otro –“Cuando los jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como los perros de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos amos”, Montaner, dixit- insisto en que la administración de justicia tiene ante sí el monumental desafío y la fabulosa oportunidad, para evitar hacer oídos al sentido de revancha que asoma en muchos casos y hacer justicia en cada caso concreto. Es tiempo de la justicia, no de la venganza y la justicia debe constituirse en el dique que contenga aquellas pulsiones revanchistas, otorgando el Debido Proceso a todos sin considerar ninguna condición que pueda distorsionar su rol garantista. Hacer lo contrario, dará fundamento a quienes repiten aquello de la “persecución política” y estaremos condenando a nuestro país a que siga siendo el de la eterna injusticia: “El Derecho que no lucha contra la injusticia, se niega a sí mismo”. VON IHERING

Lamentable declaración. En una entrevista “al delfín de Evo Morales para las elecciones del 3 de mayo”, Luis Arce Catacora, dijo: "En tres meses destruyeron la economía boliviana" (www.pagina12.com.ar, 20.02.2020). El ex Ministro es hoy candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según Arce los depósitos han caído, la economía se redolarizó y bajó la actividad económica, frente a lo cual promete retornar a los “procesos industrializadores” y continuar profundizando la redistribución del ingreso. Arce Catacora y el difunto Carlos Villegas fueron los ideólogos del llamado Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESOCOPRO).

Contrasta con tal aseveración, la información que el actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero -con la paciencia, la templanza y la didáctica que lo caracterizan- ofrece a través de periódicos informes mostrando lo contrario.

Entre muchas cosas dichas sobre el MESOCOPRO a las que no me referiré (corrupción, despilfarro, etc.) el Ministro Parada afirma que dicho “modelo” funcionó mientras hubo platita -durante el auge mundial- pero con la caída de la renta petrolera el país se hundió en: un gran déficit fiscal; un grave desbalance externo; caída de la inversión pública y la extranjera; un feroz endeudamiento y una inocultable desaceleración económica.

Parada dice que la anterior administración gubernamental (2006-2019): a) Dispuso de la escalofriante suma de 310.000 millones de dólares (5,5 veces más que en igual lapso en tiempos neoliberales) y pese a ello ni la educación ni la salud mejoraron 5,5 veces; b) El déficit fiscal promedio fue del 6,8% del PIB frente al 5,8% de sus antecesores; c) La inversión pública cayó de 5.065 millones de dólares (2016) a 3.769 millones (2019); d) La deuda pública externa trepó de 2.208 millones de dólares (2007) a 11.079 millones (2019); e) El superávit comercial de 14 millones de dólares (2001-2005) se transformó en un colosal déficit de 5.078 millones de dólares (2015-2019). Información oficial, por si…

Además, la Inversión Extranjera Directa Neta que llegó a 1.750 millones de dólares (2015) registró al primer semestre del 2019 una inédita desinversión por -34 millones de dólares (antes de los incendios, el paro nacional y la convulsión social), una clara señal de que el MESOCOPRO no funcionaba ya, y que la economía además de entrar en procesos de desindustrialización, no se destruyó en los últimos 3 meses sino que iba en picada hace varios años ya…

Al peor estilo de varios de sus antecesores del régimen azul que jugaban en las grandes ligas de la ignorancia, principalmente de la jurídica, el temible Ministro de Gobierno le metió no más y en una entrevista ante un medio televisivo, sugirió condenar civilmente a los Abogados que defiendan a violadores y narcotraficantes, asombrando a propios y extraños con esos sus brillantes conocimientos sobre el ejercicio de la Abogacía.

Convengamos que no debe ser Abogado y podría por ello ignorar la elemental normativa aplicable al ejercicio de esta noble profesión. Empero, ya que se las da sistemáticamente de matón y al estar en el servicio público con nuestra plata a través de nuestros impuestos, podría bien utilizarlos, contratándose ya no más como asesor a algún jurista, que pueda hacerle entender por lo menos los elementales marcos nacionales e internacionales que rigen el ejercicio de la Abogacía.

Seguramente por enseñarle que Abogado proviene del latín “advocatus” y a su vez del verbo "advocare" que significa "el llamado", lo que le permitía comprender seguramente con algún esfuerzo, que la función del Abogado implica una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia. De ahí que, tratándose de la rama con la que se metió, la penal, resulta imprescindible para que un proceso penal siquiera avance, que el acusado, así sea del crimen más abominable, cuente con un Abogado defensor que, por si acaso, no defiende el hecho o crimen en sí mismo, sino garantiza que su defendido tenga el Debido Proceso. Eso, es un interés del derecho y la justicia, puesto que al estado le interesa –es su obligación, además- garantizar que el juicio sea justo, de forma que si se obtiene finalmente una condena, esta será irreprochable y nadie podrá razonablemente discutirla. Si atendiendo su amenaza ningún jurista tomaría esa función, todos los procesos terminarían extinguiéndose, pudiendo quedar muchos casos en impunidad.

También le enseñaría que la Ley de la Abogacía (No. 387) entre varios, contiene un principio denominado de Libertad de Defensa, por el que franquea a todos los Abogados, libertad para preparar y desarrollar la defensa por los medios permitidos por ley: defender a un acusado de violación o narcotráfico, no le hace a ningún profesional, ni cómplice ni nada por el estilo, de lo que esté acusado su defendido. ¿Porque habría de castigarle o censurarle entonces?

Y por si acaso, la Constitución y prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia que integran nuestro bloque de constitucionalidad, garantizan el derecho de defensa en favor de toda persona (no importa el delito que esté acusado) conceptuándola como amplia, irrestricta e inviolable: es una especie de termómetro del estado de derecho y hasta de una genuina democracia, en la que todas las personas ejercen sus derechos, lo que está claro ignora supinamente, pues pretende castigar a quienes son un medio para ese fin, cuando más bien, ello hasta constituye una obligación estatal. Siendo él agente del estado, asombra que lo ignore supinamente.

Incluso, debiera ilustrarse el temible ministro, pegándole una miradita siquiera a los Principios Básicos sobre la función de los Abogados (aprobados por las NNUU en 1990, incluyendo Bolivia) que precisamente por la naturaleza de nuestra función, garantizan que toda persona está facultada a recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja, demuestre sus derechos y defienda en todas las fases del procedimiento penal, siendo obligación de los gobiernos establecer procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas, sin ningún tipo de distinción.

Seguramente saldría de su oscurantismo, si aprendería que esas salvaguardas universales sobre nuestra función, contienen un capítulo expresamente dedicado a las “Garantías para el ejercicio de la profesión” que impone a los gobiernos garantizar que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión e incluso, proclaman que: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Definitivamente, la ignorancia es bien pero bien, atrevida.

“El problema principal son los burros, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa un burro, ese es el problema que es irresoluble”. Tremenda aseveración, dicha -no por un “vende ambaibas” o un ignorante- ni por alguien de baja condición. Lo dijo, nada más ni nada menos que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en su discurso sobre la paz social y la democracia en América Latina, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, añadiendo que “el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando “gobierna un burro”, porque eso genera “incapacidad” para gobernar (…) incapacidad productiva, incapacidades en el funcionamiento de las instituciones y genera incapacidad en la gestión de gobierno” (“Para Almagro, el principal problema son los burros”, EL DEBER, 19.02.2020).

En primer lugar, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de los burros, aquellos animalitos que son parte de la creación de Dios; esos jumentos que sirven al hombre para transportarse donde no hay vehículos; aquellos pollinos que llevan carga principalmente en el campo; esas bestias que ayudan en su faena agrícola a los productores. Nada tengo contra tales cuadrúpedos porque parecen haber nacido para ello, y cumplir con tales menesteres está bien. Así las cosas, nada tengo contra tan noble animal.

Ahora, si los burros son buenitos ¿por qué razón, motivo o circunstancia se les dice así a las personas queriéndolas ofender? Porque, si de insultar se trata, cuando alguien no hace bien las cosas, se le grita a voz en cuello: ¡Burro! ¡Eres un burro! ¡No seas burro! ¿Verdad? ¿Acaso en los colegios no se les ponía “orejas de burro” a los alumnos menos aventajados?

Para la Real Academia Española, el término “burro” no solo atañe al animal sino también a una persona bruta e incivil -esto es- necia, incapaz, torpe, falta de civilidad o cultura, sin urbanidad ni conocimiento para un juicio crítico. Seguro Almagro quiso decir esto último, antes que desear ofender a los pobres burros cuyo trabajo simple y duro merece nuestra consideración, aunque de los asnos se diga que son testarudos y obstinados, aunque los hay también mansos, como aquel pollino sobre el cual entró triunfante Jesús a Jerusalén, hace 1987 años.

El 20 de marzo de 2020 habrá elecciones en la OEA donde Almagro busca ser reelegido. Si algunos gobernantes deciden no votar por él a raíz de tal declaración, no faltará quien diga que lo dicho por Almagro no fue -sino- una burrada…