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Dicen, que las crisis como la que atravesamos por la pandemia del coronavirus,  ponen a prueba a las personas, para bien sacando lo mejor de cada uno en términos de solidaridad, disciplina, positivismo, liderazgo y otros atributos constructivos incluyendo por lo menos el sentido común o para mal, con lo contrario. Probablemente, tratándose de quienes dirigen países y/o tienen una función de importancia que les pone en la vitrina pública, esa exposición adquiere aún mayor relevancia, más aún dada la facilidad con la que circulan hoy las informaciones: las evadas o similares, quedan expuestas ante la opinión pública en cuestión de segundos prácticamente en todo el orbe. Ni qué decir con las RRSS.

Aunque no se trata de una novedad en varios casos sino más bien la continuación sistemática de dislates públicos, la pandemia ha sido la ocasión propicia para ratificar la falta de talla de varios, incluyendo un grave déficit de sentido común, el menos común de los sentidos. 

Los ejemplos abundan: Para Trump: "Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien", o se trataba de un problema muy pequeño que iría a desaparecer con la subida de la temperatura. Para Bolsonaro era una gripecita nada más. López Obrador, pese a que la pandemia en su México ya estaba en fase 2, le metió no más: "Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas" e incluso exhortó a la gente a no dejar de besarse y abrazarse al insistir que: “no pasa nada”, mostrando su trébol de 6 hojas como amuleto para detener al virus.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko señaló: "No hay virus aquí. No los has visto volar, ¿verdad?"; y para el Presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa: "El coronavirus es la obra de Dios para castigar a los países que nos han impuesto sanciones". El clérigo chií iraquí Muqtada al-Sadr desafió las medidas para contener el virus y continuó celebrando oraciones en masa y hasta aseguró que el covid-19 era culpa de la: “Legalización del matrimonio homosexual" en todo el mundo.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, intentó justificar la lentitud de su gobierno, indicando: "No le dimos cierta información al público porque no queríamos despertar el pánico". El primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que estuvo visitando un hospital donde había pacientes con coronavirus y les estrechó la mano a todos, habiendo más adelante terminado en la UTI de un hospital (afortunadamente ya está recuperado).

Los socialistas españoles, aliados con los socios del Socialismo del Siglo XXI, no dudaron en organizar una concentración pública el pasado 8M que se cree desencadenó la crisis sanitaria en Madrid y, su VP el impresentable Iglesias no dudó en seguir participando en varias reuniones, pese a que su esposa también alto cargo de su gobierno, ya había sido diagnosticada con el virus.  

En este campeonato de dislates no podían pues faltar los nuestros: empezando por el inmortal chuñoman pidiendo se le inyecte el coronavirus, luego sus cumpas –faltaba más- le echaron la culpa por el virus al imperio y al actual gobierno; los Asambleístas chuquisaqueños realizaron 4 sesiones pechito a pechito para elegir al sucesor del trucho Gobernador y para rematar los de la ALP prepararon otra sesión presencial disfrazados usando material de bioseguridad que nuestro personal sanitario no dispone. Hasta uno de mis favoritos, el gaucho Gargarella, siguió describiendo al gobierno de Bolivia como “de facto” y hasta sostuvo que está usando la pandemia para no realizar las elecciones el 3M (como si podrían realizarse, regularmente). En fin…

Así el estado del arte de los dislates, tal parece que aquella no es la única que ha brotado y propagado al nivel de pandemia, existen otras más que están severamente afectando otras funciones como el sentido común y la inteligencia, acorralando a la ciencia causando muchas más víctimas. Por eso, VOLTAIRE, decía: “La estupidez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás.”   
 

Ante la expansión de la pandemia del Corona Virus, COVID 19, Virus Chino o como quiera llamársele, que asola nuestro país desde principios del mes de marzo de 2020, gran parte de la población de Bolivia, ha manifestado su profunda molestia ante el comportamiento personal o partidario, de muchos de los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), respecto a la forma como afrontan esta crisis sanitaria nacional, solicitando, no sin sobrados motivos, el cierre de la Asamblea Legislativa.  

El clamor popular, radica en la postura egoísta y sectaria de estos asambleístas, quienes dejan de lado la salud de la población boliviana, con el único objetivo de desestabilizar y entorpecer la labor gubernamental del actual Ejecutivo y buscar o justificar por cualquier medio o cálculo,  el retorno de Evo Morales al país. Al aproximadamente setenta por ciento (70%) de la  población no le faltan motivos más que válidos, para exigir un desafuero de todas estas personas, que no justifican para nada la erogación de sus inflados salarios, sólo para complotar o hacer declaraciones contrarias a la seguridad estatal y a la salud de la población, llegando a extremos lindantes con la sedición o en algunos casos a la ridiculez e ignorancia.

Este hecho se vio fuertemente refrendado ante  la impertinente, inaudita e inoportuna solicitud de la Asamblea Legislativa de cuestionar la cuarentena, mediante la pretensión de interposición de recursos legales o la intención de enjuiciar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por razones meramente de cálculo político, atentando contra quienes junto al personal de salud, arriesgan sus vidas ante el mortal virus, por tratar infructuosamente de hacer respetar el Estado de Emergencia, frente a la indisciplina, testarudez o deliberada intención de desobediencia civil instigada por el MAS.

Pero, ¿Qué dice la CPE actual y qué disponía la Carta Magna de 1967, con sus modificaciones sancionadas entre 1995 y 2004, con relación a este aspecto?:

La CPE de 1967 era muy clara con relación a la imposibilidad de clausura o cierre del Congreso, es más era muy categórica respecto a las penalidades y responsabilidades que podían emerger si ocurría un hecho  de arrogación o acumulación arbitraria de atribuciones y potestades.  El texto abrogado señalaba lo siguiente:

ARTICULO 30º.- Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente les están acordadas por ella.

ARTICULO 31º.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

ARTICULO 69º.- Prohibición de delegación de atribuciones por parte del Congreso

En ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus miembros, ni a otro Poder, las atribuciones que tiene por esta Constitución.

ARTÍCULO115

I. Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del Poder Público, ni otorgarle supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a merced del Gobierno, ni de persona alguna.

La vigente CPE de 2009, repite esta orientación en las disposiciones referidas en forma precedente. El Artículo 12, parágrafo III señala lo siguiente: Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Asimismo,  el Artículo 122 de la Constitución actual, señala que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Finalmente, el Art.140 en vigencia es lapidario:

I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución.
II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.
III. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción.

Por tanto, aunque se encuentre plenamente justificada la indignación popular para exigir  una clausura legislativa, tanto la abrogada CPE de 1967, así como la vigente Carta Magna de 2009, inviabiliza cualquier posible ruptura del orden constitucional y del equilibrio de poderes. La pregunta entonces es: ¿Qué hacer frente a este candado constitucional con el que se encubren los asambleístas del MAS???

La única forma de modificar estos acápites o disposiciones, se encuentra establecida en el Artículo 411 de la Constitución vigente,  que determina que cualquier reforma de la CPE  pasa por una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo  y este se activará por iniciativa ciudadana con al menos la firma del veinte por ciento de la población. Por tanto, podría realizarse una seria, organizada, bien pensada y genuina  convocatoria popular, para solicitar una reforma total o parcial de la CPE, donde se procedan a importantes modificaciones constitucionales, en las que se  incluya la posibilidad de un cierre o clausura de la Asamblea Legislativa, por causales justificadas.

Pero ojo, se debe tener cuidado con esta opción y su redacción, puesto que un Poder Ejecutivo sin equilibrio, inescrupuloso, ambicioso y falto de moral,  armado de esta posibilidad, disolvería  la Asamblea Legislativa cuando le dé la gana o cuando no tenga mayoría legislativa, causando inestabilidad y anarquía en el Estado.  ¿Se imaginan a Evo Morales, con esta posibilidad de clausurar o disolver una Asamblea Legislativa a su antojo?  Sería un desastre, una calamidad de incalculables consecuencias, que nos llevaría a una situación similar o peor a la de Venezuela, donde el régimen chavista desafuera, persigue y encarcela a los parlamentarios opositores.

Por tanto, debe contarse con una propuesta seria y jurídicamente coherente, que establezca claramente, cuáles serían las causales legítimas, para una clausura y que no respondan al humor o ambiciones del temporal detentador del Poder Ejecutivo.  

Pero lo más importante aún, si no existe esta reforma constitucional, es que los votantes en las próximas elecciones generales, sepan elegir correcta y libremente a sus representantes, sin que todo el Poder Legislativo se encuentre monopolizado por un solo partido y que las decisiones legislativas en el futuro sean adoptadas,  no por peso de un rodillo  abrumadoramente mayoritario, sino por consenso de varios partidos o alianzas políticas , para generar un equilibrio, acuerdos y decisiones consensuados.

Algunos cuestionarán: ¿Volveremos a lo sucedido entre 1985 y 2005? ¿Retornarán las componendas? ¿Los acuerdos? ¿Las “juntuchas”? En cierta forma sí, pero desde una realidad diferente, en un contexto evolucionado con altas y bajas de tres décadas de diferencia y particularmente en base a la experiencia de estos últimos catorce años, porque la grosera manipulación masista en la Asamblea Legislativa con sus imbatibles dos tercios no los diferencia de sus antecesores,  haciendo que la población boliviana vea con impotencia, las coartadas, movidas, exabruptos y chantajes de una mayoría concentrada en un solo partido, aprovechando peor aún, el tiempo de una pandemia mundial.

La decisión está en manos de los electores, quienes deben responsablemente en los siguientes comicios generales o en un posible referendo para modificar la Constitución,  decidir lo correcto, para evitar este tipo de situaciones que afectan la estabilidad institucional de Bolivia. Solicitar caminos extremos como un cierre ex profeso o por la fuerza de la Asamblea Legislativa, aunque tenga motivos  plenamente válidos y justificados, sería  contrario a la CPE y al Estado de Derecho, para caer en un error que generaría consecuencias y responsabilidades contra quienes lo adopten, a mediano o largo plazo, generando un mayor daño a la credibilidad de las instituciones democráticas.

Los partidos o alianzas postulantes, deben presentar propuestas con posibles escenarios de reforma constitucional, para consideración de la ciudadanía y será esta la que en definitiva, decida con su voto, en forma transparente y limpia, cualquier modificación, que debe ser escrupulosamente respetada (eso esperamos, ya que no pasó con la negativa dada por el pueblo mediante referendo a una reelección indefinida, que se encontraba prohibida constitucionalmente).  La palabra final  está en manos del electorado, que ejercerá su voluntad soberana.  

El año 2019 entró en vigencia la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, la cual determinó una considerable disminución de población en las cárceles del país, estábamos cerca de los 20.000 privados de libertad. A marzo de 2020, la población se redujo a 18.101 privados de libertad, con un hacinamiento del 189%. Las 20 penitenciarías urbanas de Bolivia tienen capacidad para acoger a 5346 personas, actualmente su población es de 15.454 personas. Los tres recintos más hacinados son San Pedro en La Paz, que con capacidad para 400 personas actualmente acoge a 2554 personas; Palmasola varones con capacidad para 1.171 personas y actualmente ocupada por 5.332 ciudadanos y San Roque en Sucre con capacidad para 110 personas y ahora ocupada por 560 personas.   

La propuesta de Decreto de Indulto y Amnistía, anunciada por el ministro Yerko Nuñez, sigue la línea planteada los últimos 14 años, beneficia a sectores vulnerables, especialmente mujeres, ancianos y enfermos terminales. En todo el país tenemos 559 mayores de 60 años, no tenemos datos de un corte a los 58 años, pero la población de riesgo por la edad no representa un número significativo. En todo el país tenemos 133 niños que están al cuidado de su madres, un total de 356 mujeres tienen Sentencia Condenatoria y 845 están bajo detención preventiva. En toda la gestión de Evo Morales se indultó a menos de 8.000 personas y lo previsible es que el Indulto que se está tramitando no logrará beneficiar ni a 1.000 personas en el mejor de los escenarios. La baja cantidad de personas beneficiadas en los sucesivos indultos se explica por la imposibilidad de acogerse al mismo cuando la persona está acusada de determinados delitos contra la mujer, libertad sexual y delitos de corrupción o terrorismo.

Las medidas de aislamiento social, distancia e higiene son imposibles en espacios cerrados y hacinados. Los datos de presos y Covid-2019 que tenemos son confusos, China declaró que 500 personas quedaron infectadas por el COVID-19.  Irán anunció el cambio a detención domiciliaria de 70.000 personas. Francia liberó anticipadamente a 6.000 personas. En California se liberó a 3.500 personas. Sin duda el principal problema es el acceso a las pruebas de Covid-2019, si se tiene un limitado acceso a la población en general, los ciudadanos en las cárceles son los últimos de la fila. En ese contexto, la Cárcel del Condado de Cook, en Chicago, presenta un escenario interesante porque se está haciendo pruebas sobre una población aproximada de 4.000 personas. Hasta el 10 de abril se tenía 276 personas infectadas y 21 hospitalizadas; 36 ya están en recuperación y 2 han fallecido; también se tiene a 172 funcionarios infectados.

En la región, estamos con una grave crisis penitenciaria y un problema procesal de abuso de la detención preventiva.

(a) Brasil, tiene 722.276 personas encarceladas, las autoridades han recomendado la liberación de 5.000 personas, sin embargo el Ministro de Justicia, Sergio Moro es restrictivo en otorgar liberación porque no quiere pasar de una crisis de salud a una crisis de seguridad; por el momento, en ese país hay 14 presos y 19 agentes infectados en Papuda la cárcel de Brasilia que tiene  2000 personas detenidas.

(b) Perú, tiene 97.600 personas presas y se ha reportado 5 casos, 4 presos y un guardia. Como uno de los contagiados falleció en el Callao, se determinó un cierre total de las cárceles por parte del INPE hasta el 26 de abril, lo cual generó una serie de complicaciones porque los crímenes se continúan cometiendo aun si se ordena un cierre de cárceles por Decreto.

(c) Paraguay, con 15.850 ha realizado un cierre total de los recintos penitenciarios, se ha prohibido las visitas y el aislamiento es total, lo cual ha generado graves problemas con la alimentación y síndrome de abstinencia. Los paises de la región tienen prediarios muy reducidos y son las familias quienes alimentan y cuidan la salud de los privados de libertad. 

(d) Argentina, en la ciudad de Buenos Aires de los 44.832 reclusos el 99,72% renunció a su derecho a recibir visitas, la medida está teniendo un efecto contagio en las cárceles de las otras provincias.

(e) Chile, el Congreso aprobó una ley para indultar a 1.300 personas, tomando como base la edad de 75 años, y otros sectores vulnerables. La Cárcel de Puente Alto ha detectado a 18 internos y 25 funcionarios enfermos con COVID-19.

El sistema penal boliviano es ineficiente, sanciona la pobreza y utiliza las cárceles para solucionar el consumo problemático de drogas y no cuenta con la posibilidad de determinar la inimputabilidad y dar tratamiento a personas afectadas en su comprensión por el alcohol y otras enfermedades mentales. La retardación de justicia es un problema crítico, de los 18.101 ciudadanos en las prisiones solamente 6.354 (35,10%) tienen Sentencia Condenatoria Ejecutoriada y 11.747 (64,90%) se encuentran como detenidos preventivos:

(a) Los delitos que afectan a los niños y mujeres como los feminicidios, violación y trata de personas representan el  40,11% de los delitos.

(b) Los delitos patrimoniales robo, hurto y estafas representan el 25,93%.

(c ) Los delitos contra la vida asesinatos, homicidios y lesiones graves el 12,33%.

(d) Los delitos de la Ley 1008 y narcotráfico representan el 10,86%, la mayor parte de estos casos se refieren a microtráfico.

Tenemos a 403 personas que están privadas de libertad por no haber pagado la asistencia familiar y el restante 8,56% representa 121 delitos que protegen diversos bienes jurídicos.

Frente a la situación descrita, debemos tomar decisiones de política criminal, asumiendo nuestra realidad económica y el estado de nuestro sistema de salud. No estamos en condiciones de hacer la cantidad de pruebas suficientes y en el peor de los casos de atender a todos los enfermos graves. La solución del indulto no deja de ser injusta, las víctimas luego de un largo proceso de años logran que el agresor sea imputado y detenido. En pocos casos las víctimas logran el resarcimiento de los daños ocasionados, bien nos puede explicar al respecto el nuevo Ministro de Salud, cuando tenga el tiempo de contestar a las preguntas de los ciudadanos. Es un sistema injusto, ineficiente, colapsado y sin recursos, al cual las políticas del miedo siguen ingresando casos y personas todos los días.

La ley penal vigente señala que un Juicio Penal en Bolivia solo puede durar tres años. Si el Estado no es capaz de lograr una sentencia ejecutoriada en ese tiempo, se extingue el poder penal para castigar al ciudadano imputado, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la presunción de inocencia en tanto no exista un debido proceso y se dicte una sentencia firme, son parte del núcleo duro de la Constitución.  Esos derechos, en este tiempo tienen un riesgo extremo por el Covid-19, en Bolivia la aplicación de una pena exige que la misma no sea cruel y que se sancione al ciudadano únicamente sobre su libertad de locomoción. No se le sanciona sobre su salud y tampoco se le priva de su vida. Hoy el Estado no puede garantizar a los bolivianos acceso a la salud y en el caso de las prisiones las condiciones de hacinamiento son equivalente a un genocidio en marcha.

En ese contexto, la única posibilidad razonable para preservar los derechos constitucionales es extinguir la responsabilidad penal de todos aquellos ciudadanos que han sido sometidos a proceso penal por más de tres años, conforme señala el artículo 133 de la Ley 1970. En los restantes casos y de conformidad al art. 116 de la Constitución, si existe detención preventiva, por la situación de emergencia corresponde otorgar la detención domiciliaria o incluso otras medidas menos graves. Esta opción no puede olvidar a las víctimas, porque no extingue la posibilidad de seguir una acción civil, la cual debería permitir resarcir e indemnizar a las víctimas. La vida en este caso es el valor principal que no debería quedar subordinada a los trámites y burocracia judicial, estamos en una situación de emergencia que no será solucionada por el Decreto de Indulto del actual Gobierno. Cada uno de los muertos que ocasione esta pandemia universal genera responsabilidad moral y estará en la conciencia de todos los Jueces y legisladores que no respetan la Constitución.

Afirmo que nuestra generación es sumamente afortunada, pues entre otras gracias, nos ha tocado vivir un mundo en el que, por ejemplo, las distancias han quedado reducidas a su mínima expresión, producto del vertiginoso desarrollo de la tecnología. Cuando escribo, sea esta mi opinión, trabajos académicos o hasta litigo presentando doctrina o jurisprudencia, suelo pensar cómo habría sido hacer algo parecido siquiera hace poco menos de un siglo atrás, cuando no disponíamos de una de las nuevas maravillas mundiales como es la red internet: ¿Se imaginan lo difícil que habría sido cocinar un libro, sin disponer de una computadora conectada a la web? Reitero, mis respetos y admiración, para aquellos que lo hicieron.

Pues bien, cabría matizar esos mis juicios, admitiendo también como toda obra humana, que esos fabulosos avances pueden, así como generar enormes beneficios, también graves perjuicios: todo depende del uso que le demos. ¿Quiénes? Los seres humanos.

La pandemia de coronavirus que hoy enfrenta la humanidad, hubiera sido seguramente imposible lograr esa su naturaleza (extendida prácticamente a todo el orbe), si es que desde que se generó en Wuhan el año pasado y sin considerar la negligencia de la dictadura China al inicialmente ocultado el brote y hasta reprimido al Médico que lo descubrió, no existiera la fabulosa movilidad humana, definida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como: “La movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”. Hoy, gracias al transporte aéreo, podemos trasladarnos por ejemplo desde aquella ciudad china a cualquier lugar del mundo incluso al otro extremo, con las conexiones adecuadas, en algo más de 24 o 48 horas. 

Así también los virus han viajado y brotado hacia otros continentes, transportados por viajeros que ignoraban portarlo, que a su vez, por también los múltiples contactos característicos de nuestra época en lugares concurridos u otros menos, han terminado expandiéndose poniendo a la humanidad en vilo.

Pero también ha surgido con mucha fuerza otra pandemia: la infodemia, que es un neologismo, empezado a ser utilizado por la Organización Mundial de la Salud OMS, caracterizado por la también expandida, circulación de noticias falsas y desinformación, principalmente en las redes sociales, causando pánico o promoviendo conductas incorrectas, que hasta pueden poner en mayor riesgo a las personas. 

Que el coronavirus se cura con algún matecito caliente; que la solución para no contagiarse fuera rociarse el cuerpo con gel o cloro; hacer gárgaras con algún menjunje y listo; que comiendo ajo estaríamos cubiertos o incluso, que la cura o la vacuna acaba de descubrirse por tal o cual científico o laboratorio, etc., incluyendo las causas del virus, por la tercera o cuarta mundial y así sucesivamente…falsas curas o teorías conspirativas sobre su origen.

Por supuesto, que lo anterior bien cabría también dentro del ejercicio de la libertad de expresión, fabulosamente realizada a través de las redes sociales hasta extremos como aquellos, incluyendo la útil distinción entre la opinión que cualquier persona tenga acerca de un tema determinado y la mala fe o poco cuidado que se tenga al respecto. 

Por ello, propongo aplicar un juicio crítico sobre la abundante información que disponemos cotidianamente, ampliamente multiplicada por nuestra cuarentena y, paradójicamente, por el libre acceso que gran parte de la ciudadanía disfruta por aquellos factores. Ese mismo juicio debe ser aplicado para escoger difundir la información, en lo posible, verificando si su fuente es confiable o es alguna phajpakería. Forma parte entonces también, de nuestro ejercicio de ciudadanía que hoy más que nunca, debemos ejercitarla para con nuestros semejantes.

Afortunadamente también, en Bolivia disponemos de la herramienta obviamente disponible en la red https://boliviaverifica.bo/ que en tiempo real, verifica las fake news (noticias falsas) y los discursos públicos truchos, precisamente para luchar contra la desinformación y mejorar nuestra participación democrática, incluyendo lo relativo al COVID 2019. Definitivamente, una gran iniciativa, pues: “Crear desinformación toma 5 minutos, desmentirla con información seria y confiable puede llevar horas”. SOHR.  
 

Desde diciembre del año pasado el mundo ya sabía de la existencia del #CodVid19. Han pasado más de 4 meses y el gobierno de Añez no tiene un plan concreto, salvo limitarse a copiar las medidas recomendadas por la OMS. Después de 18 días de cuarentena total, aislado y sin poder salir a la calle para manifestar mi descontento, sopeso seriamente las últimas alternativas que me quedan.

¿Enajeno el último ápice de soberanía del que dispongo en favor del miedo? ¿Acepto que estoy a merced de la improvisación y la falta de ideas? Al parecer, ya sólo nos queda seguir la línea de comunicación del gobierno, y rezar pidiendo a Dios que nos salve y bendiga a Bolivia.

Pero no todo es tan dramático, ya qué municipios y departamentos van tomando iniciativas por cuenta propia, como es el caso ejemplar de Oruro, donde no se sabe quién es el Gobernador, ni quién es el Alcalde, pero se evidencia un sólido liderazgo Institucional. Estos gobiernos subnacionales comprendieron que la comunicación de gobierno no es un ejercicio publicitario, ni de popularidad para quién gobierna, ya que ésta trabaja sobre la alerta pública, y para activarla se requiere mucha sobriedad y transparencia. Los gobiernos requieren quitar espectacularidad, evitar hacer campaña con recursos públicos, y no caer en la tentación de sacar réditos políticos de la contingencia.

Sí el gobierno de Añez persiste en hacer de la emergencia una campaña de popularidad, inevitablemente perderá credibilidad y legitimidad, entonces la sociedad entrará en contradicción y desacatará las medidas exigidas por el Estado. Es importante señalar, que este desacato no tiene que ver con los niveles de instrucción o conocimiento de los protocolos de prevención del #Covid-19 por parte de quienes desacatan, sino más bien con un estado emocional en la sociedad, respecto a los niveles de ansiedad, miedo y alarma creados por el mismo Estado.

En este sentido, actualmente en Bolivia la comunicación de gobierno promueve el miedo de manera prematura. Esto lo evidenciamos en las declaraciones del depuesto Ministro de Salud Aníbal Cruz.señalando que la proyección de infectados ascenderá a los 48.000, cifra que colapsará la capacidad del sistema de salud. Este tipo de anuncios podría degenerar en conductas que lejos de incentivar la precaución, promuevan el caos y la histeria colectiva. Es casi imperceptible la delgada línea que existe entre la actuación de un gobierno responsable que utilice el temor a través de la información veraz (incluso cuando se traten de malas noticias), y un gobierno irresponsable que oculte información, apelando al miedo, promoviendo el pánico y la desesperación en la sociedad. 
En este punto, el problema ya no solo es comunicativo, sino que centralmente versa sobre la improvisación de la gestión. Por ejemplo, los mecanismos de detección rápida son demasiado precarios, al punto que el INLASA y el CENETROP no tienen la capacidad de dar abasto en caso de un incremento de infectados en todo el país, y ni hablemos del desabastecimiento de barbijos, respiradores y reactivos mínimos necesarios en los centros hospitalarios.

Es necesario que voceros como Longaric o Murillo bajen el tono amenazante, ese exceso hiperbólico en sus palabras que generan miedo, confusión y alarma indebida. Pero el verdadero peligro, más allá de una mala comunicación del riesgo, o de la crisis en sí misma, se produce cuando el gobierno no escucha; y justamente por ello es capaz de herir a su sociedad. En especial a las minorías por ignorar sus necesidades, lo más fácil es estigmatizarles para justificar su abandono. Urge poner límites a un Estado estigmatizante, porque lejos de solucionar la emergencia, nos expone a desbordar la crisis en el corto plazo. Es preciso que el gobierno comprenda que hay millones de bolivianos que viven al día, y que sino trabajan no tienen para alimentar a su familia, convirtiéndose en el segmento más vulnerable de la población.

La gran pregunta que nos hacemos en este punto será ¿cuáles son las previsiones económicas y medidas de contingencia que está tomando el gobierno ante la inminente crisis y recesión económica que se vienen en el futuro próximo? Solo Dios lo sabe.

La Presidenta Añez, a tiempo de endurecer la emergencia sanitaria, nos dijo que:

“Nadie sale y nadie entra del país, salvo sea por razones de seguridad y salud”.

Esta decisión afectó a cientos de familias bolivianas, migrantes que contribuyeron al país los últimos 14 años con mas de 15.000 millones de dólares. El medio millón de bolivianos que trabaja en el mundo para mejorar nuestra economía, de repente se convirtió en apátrida. Las razones de la presidenta Añez se basan en su política de cuarentena y ahora recién podemos entenderla. No tenemos la cantidad suficiente de pruebas para aplicarlas a los bolivianos en la frontera con Chile y menos a los miles de compatriotas que viven en otros países y quieren volver a su patria. Todas las pruebas que compramos aún no llegan y no alcanzarían si es que todos estos bolivianos decidieran volver al mismo tiempo. La realidad muestra que las tasas de desempleo en los paises que los acogen, expulsarán a muchos de nuestros compatriotas, porque las politicas contra los migrantes son crueles e inhumanas. Sobreestiman y honran al MAS los que sostienen que todos esos bolivianos son masistas, aunque seguro que lo serán después de la forma como los tratan; pero por sobre todo son bolivianos que tienen absoluto y total derecho de volver a la patria.

Imaginemos que los bolivianos del Campamento Tata Santiago, a tiempo de llegar al país fueran sometidos a la prueba del COVID-19 en una de las 23 máquinas automatizadas de GeneXpert Systems fabricadas por el Laboratorio Cepheid. El Gobierno de transición está comprando 10 máquinas que reforzarán el trabajo de las 23 que se compró en los 14 años pasados para los Programas de Tuberculosis y VIH. Decía que imaginemos, porque la FDA aprobó el primer examen rápido del COVID-19 recién el 21 de marzo de 2020, por tanto ni el Gobierno de Añez, ni el de los 14 años podrían haber comprado esas pruebas antes de esa fecha. Ahora, el Embajador Mohamed Mostajo nos informa que fuimos de los primeros países en pedir 200.000 pruebas a un costo de 19,80 $us por prueba.  Es un país muy miserable el que no es capaz de tratar con un mínimo de reciprocidad y gasto urgente a los bolivianos que aportaron tanto al país y siguen haciéndolo sin que les demos ninguna ayuda y cuando llegan no confiemos en su palabra. Los tratamos como personas capaces de mentirnos y de pretender enfermar a sus familias, es indignante la manera en que nos hemos comportado con ellos.

Volvamos a la realidad, resulta que contamos con 27.000 pruebas de PCR (de acuerdo al mismo Embajador Mostajo) y hemos comprado 250.000 que llegarán pronto. Solo que hay una limitación con estas pruebas, de acuerdo a la prestigiosa Clínica Mayo la PCR:

“…es más útil cuando muestra un resultado positivo, pero es menos productiva para descartar la COVID-19. Un resultado negativo en la prueba no siempre significa que la persona no tiene la enfermedad …”.  (texto completo)

Es decir que nos ayuda a confirmar que una persona está enferma, a declarar un positivo al COVID-19, pero no es tan eficiente para señalar un resultado negativo, es decir que estás sano. Entonces, si aplicáramos la PCR a los 450 bolivianos del campamento Tata Santiago, el resultado podría haber dejado muchos “falsos negativos”. Entonces, la decisión del Gobierno fue dejar a los 450 compatriotas, 14 días aislados en cuarentena. Esto porque en ese periodo de tiempo aparecerían los síntomas de la enfermedad, temperatura alta, tos, pérdida del olfato etc.  Parece lógico, si es que no fuera porque el COVID-19 es una enfermedad nueva de la que aprendemos cada día y al parecer el 85% de los contagiados son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Sin pruebas y con tal porcentaje de pacientes asintomáticos, la Cuarentena sin pruebas solo ralentiza la ocupación de los hospitales.

La situación del Campamento Tata Santiago, la vivimos ahora todos los bolivianos, estamos en un gran campamento y no tenemos las pruebas suficientes para que el aislamiento sea útil. La realidad es que una vacuna aplicable a Bolivia nos llegará en el mejor escenario posible, el primer semestre del próximo año. No existe un tratamiento probado, los 200 kilogramos de hidroxicloriquina China que fueron importados por el Laboratorio IFA, están aprobados para otro tipo de enfermedades y han causado la muerte de pacientes de COVID-19. Aún no está aprobado un protocolo y un tratamiento seguro; aunque sin duda la humanidad va en camino a lograrlo. La ciencia médica es un ejemplo de constancia, trabajo colaborativo e innovación digno del mayor reconocimiento. Un tema esencial es que los médicos y las enfermeras cuenten con todos los elementos de protección y que procesemos con la mayor firmeza y contundencia a cualquiera que los discrimine a ellos o sus familias, son unos héroes que solo merecen admiración.

La “cifra negra” de enfermos y muertos por COVID-19 es una realidad porque estamos aprendiendo de esta enfermedad y no registramos a todos los muertos, las autopsias y las pruebas a los muertos aún son un sueño en Latinoamérica.  Hay cosas que llaman la atención, Sudáfrica ha realizado 126.937 pruebas y tiene solo 58 muertos, lo pongo como ejemplo porque los bajos números de muertos en África podrían explicarse por la falta de pruebas, excepto en Sudáfrica que muestra una constante y curiosa baja cantidad de enfermos y muertos. La segunda constatación es que los Sistemas de Salud entregados a los privados, como ocurre en USA o Italia, presentan los peores resultados; contrariamente un modelo solidario como el SUS boliviano muestra mejores resultados.  El discurso de los 14 años de Evo en la Salud debe ser matizado por la resistencia de los Sindicatos Médicos, la corrupción en las Cajas de Salud y las huelgas, ante cada cambio propuesto, de la dirigencia de los mandiles blancos. Nadie puede lavarse las manos, recuerdo que cuando abrogaron el Código del Sistema Penal, no les interesó en lo mínimo la crisis de la justicia y el desastre que tenemos ahora, lo importante era derrotar a Evo y a los masistas, aun si ellos mismos se dañaban.

Lo que viene ahora, requiere de un PLAN serio y proactivo de solidaridad. La crisis económica que se viene necesita de la redistribución de los recursos, de innovación y de un compromiso de todos los bolivianos de sentir y entender que estamos en el mismo barco, pititas y masistas. En la Justicia hemos asumido el reto, las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, aún tímidamente, han aceptado la ciudadanía digital, las audiencias virtuales, la notificación por Whatsapp y la presentación digital de las acciones constitucionales de control normativo.  Es un sueño, luego de años de tratar que abogados y jueces asuman la urgencia de ver a los ciudadanos como personas y a los expedientes como problemas de seres humanos, estamos logrando que el teletrabajo sea una realidad. Aún falta mucho, pero sin duda, los abogados y jueces tenemos que marcarle a la sociedad el camino para salir de la crisis, ahora más que nunca necesitamos que la conciliación, la mediación y el arbitraje sean la solución a los conflictos. Ahora más que nunca, debemos eliminar el hacinamiento en las cárceles y darles un hogar a los más de 15.000 niños que están dramáticamente solos en todos los hogares institucionales.

Ahora es el momento de solucionar la crisis política y llegar a elecciones. No puede ser que por la crisis del COVID-19, neguemos nuestra Constitución y la posibilidad de elegir a nuestros líderes. El presidente es el que gana en las urnas y la transición solo puede durar 90 días, como manda el art. 169 de la Constitución. Cada día es más urgente salir de la crisis política y romper con el egoísmo de creer que lograremos algo solos. Es tiempo de unidad y no de encarcelar, no es tiempo de pisotear la Constitución, cada día que se vulnera los derechos humanos de los que no pueden defenderse, están alejando la solución, una salida justa. La mayoría del país hablará en las urnas, cuando le quiten la mordaza y el grito que se escuchará esta vez debe ser administrado con sabiduría y unidad, sin revanchas y con la mano extendida para todos. Ni la Asamblea Legislativa, ni el Tribunal Supremo Electoral deberían olvidar que las crisis se solucionan con diálogo interinstitucional, nunca con acciones unilaterales que no respetan la Constitución y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Existe un consenso universal, hace muchos años, en sentido de que no se puede prohibir a un ciudadano ingresar a su país. En ese sentido, el art. 13.2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos sostiene: “2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".  El Pacto Internacional de Derechos Políticos en su artículo 12.4 es contundente al declarar:  “4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país". La Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala en su artículo 22.5:  “ 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". La Constitución Política del Estado en su artículo 21 numeral 7, señala: “A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”.

El cierre de fronteras a los nacionales es una decisión presidencial de acuerdo a lo afirmado por la Canciller del Estado, el 30 de marzo de 2020. Bajo el contexto anterior, no existe una ley o Decreto Supremo que establezca la posibilidad de restringir el derecho de ingreso al país. La Ley 1293 de 1 de abril de 2020, en su artículo 4 señala la obligación estatal de establecer medidas para la detección temprana del Covid-19 a través de la implementación de puntos de control sanitario en fronteras y terminales terrestres y aéreas. La Ley fue reglamentada por el D.S. 4205 del mismo 1 de abril de 2020, norma que en su artículo 2 señala que el control sanitario de fronteras, se realizará de acuerdo a los Protocolos del Ministerio de Salud por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía boliviana y Migración. (sic). Si revisamos los Decretos Supremos que regulan la emergencia tenemos que el DS 4199 de 21 de marzo, encontró el fundamento de la emergencia sanitaria en el art. 75 del Código de la Salud aprobado por el D.L. 15629 de 18 de julio de 1978 (esta norma está en su mayor parte derogada, es obsoleta, su origen como decreto ley presenta serias objeciones de constitucionalidad). Antes, el art. 8 del D.S. 4196 de 18 de marzo de 2020, dispuso el cierre de fronteras hasta el 31 de marzo de 2020, señalando expresamente que dicho cierre: “… no incluye a ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo o procedimientos del Ministerio de Salud.” Finalmente el art. 5 del D.S. 4192 de 16 de marzo de 2020 señaló que la prohibición de ingreso de viajeros procedentes de China, Corea del Sur, España o Italia, “… no incluye a ciudadanos bolivianos que retornen al territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud.”

Es esencial ahora determinar que protocolos ha señalado el Ministerio de Salud y la OMS (Organización Mundial de la Salud), la cual ha emitido Directrices Provisionales el 16 de febrero de 2020. El protocolo está basado en un proceso de detección, interrogatorio a los viajeros, notificación de alertas y aislamiento de los viajeros sospechosos para el traslado de los casos a los Centros de Salud.

La situación de los 480 bolivianos en Pisiga, en el Campamento Tata Santiago, no se ajusta a los protocolos de la OMS. La OMS señala que cuando un grupo de personas llega a su país se debe realizar un cribado de los ciudadanos, con base a su temperatura, interrogatorio médico y verificación de síntomas que pudieran presentar las personas sospechosas. Si en el grupo se encuentra un caso sospechoso, se procede a aislar a la persona sospechosa y se activa el procedimiento para llevarlo a un Centro de Salud. Esto es lógico, puesto que si concentramos a 480 personas en carpas en un lugar con bajas temperaturas y con malas condiciones de alimentación es previsible que muchos de ellos se contagien. De acuerdo a la prensa nacional, solo dos de los ciudadanos estaban resfriados y fueron aislados en el mismo campamento. Asumamos dos posibilidades, la primera es que uno o muchos de los ciudadanos que están en el Campamento Tata Santiago están enfermos de COVID-19, la respuesta es evidente todos los 480 ciudadanos se contagiarán y el lugar lejos de ser un centro de prevención genera para los Militares, pobladores y funcionarios una posibilidad latente de contagio a ellos y sus familias. Lo contrario es decir que en 14 días, ninguno de ellos esté enfermo de COVID 19, mostrará una medida innecesaria que causó un desplazamiento forzado y una medida costosa y de sufrimiento indebido a este grupo de ciudadanos.

La razón de que los bolivianos estén en el extranjero, está relacionada en pocos casos al turismo, estudios o salud.  Hay que recordar que Bolivia vive de las remesas que cientos de bolivianos mandan a sus familias, al extremo que ese ingreso es muy importante para la economía nacional. Se calcula que más de 40.000 bolivianos viven en Chile y que la mayoria trabaja como empleados temporales en minería, agricultura y comercio. Es lógico que al no contar con trabajo por la crisis del COVID-2019, ellos quieran volver a su patria; no es lógico creer que en una situación de crisis el MAS promueva que ciudadanos de Oruro puedan dirigirse a la frontera a colapsarla.

La situación que vivimos tiene opiniones expresas de los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Opinión Consultiva OC 21/14 de 19 de agosto de 2014, presentada con relación a los niños migrantes y la necesidad de protección que requerían en frontera son concluyentes: “En esta línea, no sobra recordar que las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, como el artículo 22.5 de la Convención, prohíben expresamente la expulsión de nacionales”. Es decir que no existe la posibilidad de que se pueda impedir el ingreso de ciudadanos bolivianos que llegan a nuestra frontera y menos expulsarlos o impedirles el ingreso; esta protección se amplia a los niños y genera responsabilidad internacional al Estado que no garantiza un debido proceso y protección inmediata a estos niños.  El segundo caso se presentó en la Sentencia de 28 de agosto de 2014, Serie C-282, Caso de Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas de República Dominicana, en este caso se reiteró la imposibilidad de impedir a los nacionales el ingreso a su país de nacionalidad y se desarrolló la obligación de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva en caso de que una autoridad administrativa impida el ingreso. La conclusión es que no existe posibilidad alguna de aceptar el cierre de fronteras como medida sanitaria para garantizar la salud del resto de la población.     

A partir de estos datos, queda analizar porque la presidenta Añez ha decidido generar una crisis humanitaria que podría generar responsabilidad internacional a su Gabinete y asumir personalmente la responsabilidad del cierre de fronteras del país. La razón que expone es la salud de los 11 millones de bolivianos, la decisión busca frenar el contagio importado y aislar a Bolivia del mundo. Esta medida nunca podrá ser absoluta porque Bolivia requiere importar insumos médicos, industriales, alimentos y generar comercio; además de cumplir obligaciones humanitarias repatriando a ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país, sin duda alguna la medida ralentiza el contagio de la enfermedad a un costo humano muy grande para los bolivianos impedidos de volver a su patria en las condiciones fijadas por la OMS. 

En las últimas semanas, la Iglesia Católica de Oruro, el senador del MAS Omar Aguilar y Maria Galindo, han levantado su voz presentando una serie de medidas, comunicaciones, ofrecimientos y acciones constitucionales para reclamar por el derecho de los bolivianos que no logran ingresar a su patria. Situaciones similares se han presentado en todo el mundo, existen ciudadanos de muchos países lejos de sus familias, su hogar y sin los medios necesarios para mantenerse ellos o a sus hijos.  Es una nueva realidad, sin embargo, no se la puede tratar por igual, no es lo mismo esperar en Paris un vuelo de retorno con una familia que te apoya; que ser una madre embarazada y cabeza de familia en la frontera Bolivia-Chile. La situación que vivimos es sin duda indignante porque no existen razones jurídicas, médicas o incluso políticas que permitan entender los motivos de mantener un error que al parecer la misma Canciller boliviana reconoce como una exclusiva decisión Presidencial. ¿Por qué se sostiene una decisión contraria a la ley, los Protocolos de la OMS y el sentido común? La respuesta de garantizar la salud de 11 millones de bolivianos, menos 480, no es una respuesta humana. El sentido de la humanidad es defender a los más débiles, cuidar la vida de cada uno de los bolivianos sin discriminación y protegiendo siempre, ante todo, al más débil, es la única manera en que una sociedad sobreviva, se haga fuerte y reconozca el liderazgo de sus autoridades.

Y en lo que simplemente parecía una repatriación de connacionales como todos los países han realizado durante la epidemia mundial del coronavirus Covid 19, el gobierno de Áñez cometía uno de los más aberrantes actos de violación de derechos humanos, impidiendo, el pasado 29 de marzo, el ingreso de más de 200 ciudadanas y ciudadanos bolivianos varados en la frontera con Chile, en su mayoría trabajadores temporales de escasos recursos que lo único que buscaban era volver a su tierra, entre ellos mujeres embarazadas, niñas y niños, y adultos mayores, bajo el argumento de que no se podía romper la cuarentena y que los decretos supremos emitidos por el ejecutivo así lo habían determinado.

La situación fue más grave aún porque el gobierno, a través de su Canciller,  anunciaba en un principio que serían recibidos en la frontera en coordinación con las autoridades militares chilenas. Al día siguiente, de forma súbita el Ministro de Defensa, quien ahora asumía las decisiones, una vez en la frontera de Pisiga anunciaba que no se recibiría a los connacionales por razones de salud y porque no se podía romper la cuarentena, textualmente declaraba “debo decirles que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez mantiene la decisión firme de mantener cerradas las fronteras al 100%. No ingresará ni saldrá ningún boliviano, esto debido a que debemos preservar la cuarentena en el país”. Dichas declaraciones generaron una gran decepción y zozobra en los compatriotas y la reacción del país entero frente a este claro atentado contra sus derechos humanos y su dignidad de bolivianos.

Un análisis minucioso del anuncio de Áñez de “nadie sale ni nadie entra en el territorio nacional mientras dure la emergencia sanitaria” no fue evidente y en muchos casos mostró un menoscabo de los derechos de las y los bolivianos.  

El derecho de regresar a la Patria. Incumpliendo derechos y su propia normativa. Expresamente establecido en nuestra Constitución Política del Estado que señala el derecho de toda boliviana y boliviano a salir e ingresar libremente al país. Igualmente, los instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos así lo consagran. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José determina en su disposición 22.4 que “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. Del mismo modo, dada la importancia de este derecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos claramente determina que “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país” (Art. 12.4)

Este derecho tiene sus limitaciones como la salud pública, pero las mismas deben ser proporcionales a la situación que se presente y, en ningún caso, significan la negación del derecho, y en segundo término, la restricción de este derecho sólo puede realizarse mediante Ley, lo que de ninguna manera ocurrió en este caso. Así lo estableció claramente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones generales sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es el Estado a través del gobierno aún siendo transitorio y con la legitimidad cuestionada, quien debe velar por la protección de este derecho y dar todas las garantías para su efectivo cumplimiento.

Pero en el caso de las y los bolivianos varados en Chile el análisis se complejiza todavía más, pues no sólo el gobierno vulneró la normativa constitucional y de derechos humanos sino su propio Decreto Supremo Nro. 4196 que declaraba la cuarentena total en el territorio nacional, el cual, a pesar de ser sólo un decreto, sí había previsto la entrada de ciudadanas y ciudadanos bolivianos, preservando su derecho a reingresar en el país. En efecto, el parágrafo II del Artículo 8 (CIERRE DE FRONTERAS) definía que este cierre no incluía a “ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud”. Esta disposición nunca fue derogada por los decretos posteriores pero sí negada e incumplida por las autoridades gubernamentales.

Discriminación flagrante a nuestros compatriotas. El  21 de marzo de este año luego de dictada la cuarentena, el gobierno anunciaba  la repatriación de más de 70 ciudadanas y ciudadanos desde Miami (USA), a través de un vuelo de la línea aérea estatal BOA, el cual había sido habilitado y coordinado expresamente por la Cancillería boliviana con el beneplácito de la presidenta Áñez, en una muestra de apoyo a los bolivianos que necesitaban o querían volver al país después del cierre de fronteras. Los mismos cumplieron rigurosos controles sanitarios antes de tomar el vuelo y posteriormente guardaron cuarentena en sus domicilios. Días después, por increíble que parezca, el gobierno negaba la entrada a las bolivianas y bolivianos que regresaban de Chile vía terrestre, denotando así una discriminación que no admite excusas.

Asimismo, resaltan los vuelos “solidarios” que se realizaron en coordinación con el gobierno para repatriar a ciudadanas y ciudadanos extranjeros, recibiendo el agradecimiento de Estados Unidos y la Unión Europea por tales acciones. Por tanto, la decisión gubernamental de negar el ingreso sólo muestra una actitud de desprecio y discriminación a nuestras hermanas y hermanos en la frontera con Chile, haciendo evidente para ellos la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.

De la misma forma, la decisión (conseguida por presión social) y la excusa de demorar 6 días la entrada de estos connacionales hasta que se construyan centros de aislamiento para que cumplan en estos lugares la cuarentena de 14 días antes de regresar a sus hogares, continúa siendo discriminatorio, porque en el caso de las bolivianas y bolivianos que llegaron desde Miami no se actuó de la misma forma. Si así hubiera ocurrido, correspondía que quienes llegaron en el vuelo de Miami cumplan la cuarentena de 14 días en algún centro en El Alto, cerca del aeropuerto. Por supuesto, esto no ocurrió.  

El Ministro de Defensa sin ningún tapujo expresaba “no hay condiciones para llevarlos a un albergue para que permanezcan en cuarentena ni se puede confiar en que ellos respetarán el aislamiento en sus domicilios”. Por lo tanto, añadía, “se convierten en un peligro para la sociedad”. Expresiones discriminatorias no manifestadas con aquellos que llegaron en el vuelo de Miami.
   
La igualdad y no discriminación es un principio y derecho transversal, previsto en  la CPE y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que no admite excusa para su cumplimiento.  Así lo ha afirmado de manera contundente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al referirse al derecho de reingresar al propio país, señalando que “restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del artículo 12 haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto”.

Otros derechos vulnerados. La negación de este derecho conllevó  necesariamente a la afectación de  otros derechos, la negativa del gobierno a que  reingresen a su propio país significó dejarlos en un estado de indefensión, en una situación de vulnerabilidad, afectando otros derechos como la propia salud, la integridad personal, la alimentación, la reintegración familiar, la vida, la seguridad, en suma poniendo en riesgo la seguridad y la dignidad de aquellos a quienes no se permitió el reingreso al país. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que, la vulneración de este derecho implica afectar y poner en riesgo una amplia gama de derechos humanos, y “esta situación de vulnerabilidad puede ser entendida como una condición de facto de desprotección”. Razón por la cual, el Estado debe proporcionar medidas de protección adecuadas que garanticen que las personas puedan ejercer este derecho. Más aún, en el caso que se analiza, pues el Decreto Supremo Nro. 4196 había previsto la posibilidad de recibir a connacionales.

Daño a grupos en situación de vulnerabilidad. Otro aspecto sin duda de singular importancia fue la afectación a los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad que se encontraban entre los ciudadanas y ciudadanos bolivianos: mujeres embarazadas, niñas y niños, y adultos mayores, los cuales gozan de una protección especial o protección reforzada, en virtud de instrumentos específicos de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Nada de esto consideró el gobierno ni siquiera para dejar pasar a estos grupos en situación de vulnerabilidad, lo que constituye un elemento más de vulneración de derechos.

Repudio general. Las acciones del gobierno de facto en este caso generaron de manera inmediata un rechazo. Varias organizaciones sociales y organizaciones de defensa de derechos humanos se pronunciaron al respecto. Así también instancias como la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunciando procesos internacionales o la presentación de acciones constitucionales. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH se había pronunciado en sentido que el Estado debía garantizar los derechos de sus propios ciudadanos y no dejarlos en situación de desprotección.

Fue así que, sólo por la presión social interna y externa por los posibles efectos de una demanda internacional, que no está descartada, el gobierno tuvo que retroceder en su decisión, aceptando el reingreso de nuestros compatriotas, pero nuevamente bajo condiciones que no corresponden como ya se ha explicado líneas arriba, dejando al Ministro de Defensa a cargo, como si se tratara de un tema de seguridad y no de derechos fundamentales.   

En suma, independientemente de la tardía decisión del gobierno de permitir el reingreso de nacionales, la negación del ingreso a nuestros compatriotas en tiempo oportuno ha supuesto una de las más graves violaciones de derechos humanos del gobierno transitorio, contraviniendo lo establecido en la CPE y en los instrumentos internacionales en la materia e incluso su propia normativa, lo que lo hace pasible a eventuales procesos.

Por ello, a pesar de estar ya en el país y haberlos confinado a centros de aislamiento en Pisiga para cumplir la cuarentena durante dos semanas, este hecho, en primer lugar, no oculta la grave violación de derechos humanos que se ha cometido y, en segundo lugar, si el gobierno transitorio accedió a ello no fue por decisión propia sino por la presión social interna y externa.

En tal sentido, en forma increíble el día 4 de abril, la presidencia transitoria y los ministros transitorios de Relaciones Exteriores y de Defensa, expresaron su “beneplácito” por el reingreso de los compatriotas bolivianos, cuando fueron ellos quienes lo negaron y demoraron. En un miserable cálculo político del gobierno de facto de querer capitalizar este recibimiento como una dádiva, haciendo política de la desgracia provocada por ellos mismos, pero el pueblo no lo olvidará.

En las últimas semanas el crecimiento exponencial de los casos de coronavirus ha enfrentado a la humanidad a una experiencia poco común. No es que las epidemias sean algo nuevo, sino que la globalización suscita una rápida viralización espacial de la enfermedad como fruto de la intensificación de los flujos de personas, bienes y servicios y la poca capacidad de acción de los Estados nacionales para contenerla. El fenómeno ha puesto en cierto modo en cuestión el credo liberal, obligando, en la mayoría de los casos, a revitalizar las estructuras estatales, a fin de responder al desborde de la accesibilidad y la capacidad efectiva de los sistemas de salud privatizados. Quizás la novedad sea la forma en que la pandemia ha instalado un nuevo germen de organización de la sociedad, aunque aún ni el derrotero pedagógico o disciplinador del proceso abierto con la enfermedad se vislumbre con nitidez.
    
Lo cierto es que la salud se ha convertido progresivamente en un tema de seguridad nacional, en la medida en que la expansión de la enfermedad afecta considerablemente a la población y a la economía del Estado. En correspondencia, se ha puesto en marcha un proceso de securitización de la salud como un recurso práctico de resolución de la crisis por medio de una movilización inusual de recursos técnicos y económicos, pero a su vez de despliegue de un dispositivo de poder que se nutre de la retórica del peligro a fin de justificar medidas excepcionales que operan por fuera de los mecanismos ordinarios de decisión política. La securitización de la salud supone su desplazamiento de la esfera pública a un ámbito restringido de las normas y procedimientos democráticos establecidos, en la que los gobernantes buscan dotarse de atribuciones excepcionales enmarcando la enfermedad dentro de una situación de amenaza y monopolizando el manejo de aquellos temas que han sido securitizados. Desde esta perspectiva, interesa menos abordar las causas estructurales y ecológicas de los problemas de salud y más construir un sistema de vigilancia epidemiológico que proteja coyunturalmente a los Estados de las enfermedades infecciosas. Así, se construye progresivamente un discurso político en el que la protección de la población y la gestión de la nueva inseguridad -la enfermedad- debe darse transgrediendo las competencias tradicionales del uso de la fuerza.

Sin embargo, este no es un proceso unidireccional. La vulnerabilidad humana frente a una economía de la salud mercantilizada y una lógica que replica el darwinismo social de antaño instala una predisposición subjetiva que evoca una añoranza colectiva cuasi hobbesiana del retorno del Estado. La securitización de la salud supone también un modo por el cual el Gobierno encauza los miedos sociales en un determinado sentido, legitimando el aumento de sus prerrogativas e intervenciones estatales con amplia aceptación colectiva. Para esto, despliega una narrativa de la enfermedad que construye una dicotomía entre un adentro susceptible de verse afectado por un afuera ya infectado, que insta a solapar las divergencias internas y encumbrar una supuesta unidad nacional. En correspondencia, se implementa una respuesta que se asume global y “universal” y que tiende a homogenizar a las poblaciones privilegiando ciertas racionalidades y valores en un contexto de heteronegeidad. De ese modo, la narrativa de la enfermedad como inseguridad reorganiza a los actores políticos y las relaciones entre los sujetos, haciendo incluso que ciertas realidades, espacios y poblaciones sean visibles y se conviertan en sujetos de intervención.

Lo cierto es que las dimensiones políticas, ideológicas, culturales y económicas en las que se inserta la enfermedad son en cada lugar definitivamente otras. En Bolivia el virus penetra cada vez más en las grietas estructurales y coyunturales de una sociedad que nunca ha podido ser una. El discurso de la securitización de la salud se instala en el marco de la precariedad institucional, la falta de cohesión política y la desigualdad social. Las circunstancias más próximas remiten efectivamente a una coyuntura electoral decisiva en la que el gobierno transitorio busca sortear su continuidad en medio de la crisis sanitaria, mientras que en perspectiva la pandemia ensombrece la carencia de un proyecto post hegemónico de poder. El Gobierno actuó hasta ahora al margen de una política integral y bajo dos modalidades contradictorias: primero, mostrando señales tardías de decisión política enfocados casi exclusivamente en los conglomerados públicos en contraposición a la efectividad mostrada en los niveles subnacionales; segundo, y como efecto del desborde de lo anterior, optando por la vía violenta, el control, la vigilancia, y la persecución mediante la acción de las fuerzas de seguridad. Aquí la securitización de la salud opera profundizando las grietas sociopolíticas de las que emergió el gobierno, que bajo el discurso de la “unidad nacional” y el vaciamiento de lo político proyecta la división masismo/antimasismo esta vez desde el clivaje civilización vs. barbarie. El efecto procura preservar al gobierno, incluso por encima de los intereses de la sociedad, reconfigurando el tablero político para debilitar la posición del medio, y poblar a la luz de la crisis, los extremos.

En todo caso, la pandemia como problema público ha develado la desigualdad socioeconómica de varios segmentos sociales que no sólo no pueden permitirse una cuarentena, sino que la sostienen materialmente. A su vez, ha exacerbado las fracturas sociales activas ya durante la crisis política de octubre, estigmatizando a los sectores populares bajo las etiquetas de salvajes e ignorantes, sin detenerse en comprender los procesos sociales que han configurado históricamente una relación de desconfianza y hasta de antagonismo de los indios y los pobres con el Estado. 

El Gobierno, carente de legitimidad alguna, ha encontrando oxígeno en la crisis, escondiendo su incapacidad bajo la alfombra y dando curso a una tendencia autoritaria ya visible desde el principio, pero esta vez bajo el discurso de la securitización de la salud que de momento pone a la política en un callejón sin salida. El panorama se pone oscuro si la política de salud se reduce al ayuno matinal y a la militarización. Dado que no hay nada más político que la vida, cabe sacar de una vez por todas a la política de la cuarentena.

A la vista de la tragedia global causada por la pandemia del coronavirus, piensen por ejemplo en los enormes daños contra la economía universal, los millonarios gastos erogados por las sanidades públicas, los perjuicios a las empresas impedidas de producir, las pérdidas del turismo, hotelería y transporte; de usted ciudadano que ha tenido que dejar de trabajar en las últimas semanas (sin aun contar la recesión global que se nos avecina…) y, sobre todo los miles de muertos y enfermos, no parece nada descabellado plantear: ¿No cabría demandar colectivamente a la China por el Coronavirus?

Convengamos que salvo alguna postura extremadamente disparatada; está claro que ha sido en ese enorme país donde se originó el Covid 2019, se cree en un mercado de animales vivos. No es que se trate de reclamar exactamente por eso, sino por el manejo poco prolijo del brote que causó su expansión prácticamente universal, cuando en vez de combatirlo inmediata y adecuadamente, al peor estilo Chernobyl se privilegió –como en toda dictadura- mantenerlo en secreto, al extremo grosero que la policía china persiguió al doctor Wenliang que lo descubrió, acusándole haber perturbado severamente el orden social “por diseminar rumores”, obligándole a firmar una confesión y amenazándole que sería juzgado. Atacaron al mensajero y dejaron avanzar el mensaje.

Esas inocultables responsabilidades de la tiranía China muy bien explicadas por la afamada periodista Patricia Janiot en su columna “Disculpas Póstumas” www.patriciajaniot.news/index.php/2020/03/23/disculpas-postumas/ precisan detalladamente la manifiesta irresponsabilidad de esa dictadura no sólo para con sus conciudadanos sino con la humanidad toda, al haber dejado transcurrir valiosas semanas en siquiera admitir la presencia del virus sin atacarlo, concluyendo que con su abuso, autoritarismo y oscurantismo, China ha empujado a la humanidad al borde del colapso. 

Así el estado de los daños universales, cabe aplicar uno de los más célebres principios jurídicos en la materia: todo aquel que causa un daño, está obligado a repararlo, pues los perjuicios causados a nuestras libertades personales, a los proyectos de vida, a la propiedad privada y pública entre otros, son descomunales, al extremo que probablemente superen todos los causados en las conflagraciones mundiales. 

La teoría jurídica enseña que ante tamaño quebranto, corresponde la restitución a su estado anterior, algo materialmente imposible por lo irreversible de los daños, por lo que cabría reclamar el daño emergente e incluso el lucro cesante. Incluso, los medios informan que ante una Corte Federal en Florida un prestigioso bufete de Abogados ya presentó una demanda colectiva contra Beiging, alegando sabía que el coronavirus era peligroso y capaz de causar una pandemia, pero que actuaron lentamente, metiendo la cabeza en la arena y/o la taparon por su interés económico. 

No cabe duda que la tragedia global abrirá cauces jamás antes vistos también en el ámbito jurídico absolutamente globalizado, probablemente cambiando los tradicionales parámetros hoy vigentes en materia de reclamaciones por daños. Cabrá dilucidar las jurisdicciones aplicables y sus tribunales competentes, las normas vigentes y por supuesto, ver las reacciones de demandantes y especialmente demandados, además de las reales posibilidades de ejecución y cumplimiento de una eventual sentencia, pero que el Derecho tendrá un rol determinante en ajusticiar a los causantes de la pandemia global y tutelar a sus víctimas no cabe duda, pues como afirma el experto médico BRILLIANT: “Los brotes son inevitables, pero las pandemias son opcionales”