Una de las frases más trilladas que todos los gobiernos y el régimen afuereado repiten hasta la saciedad, es aquella del: “caiga quien caiga”. Pillados en flagrancia en cualquier acto de corrupción –presunto, para ser elegante- ante la evidencia, repiten demagógicamente esa formulita, queriendo significar que se investigará: “hasta las últimas consecuencias”, sin importar quien haya sido el hampón.

Aunque el régimen anterior llegó a extremos inimaginables cuando el prófugo ordenaba a sus esclavos de la ALP que salgan aplaudidos, con guirnaldas -de coca por supuesto- cuando sus Ministros eran interpelados por tales sospechas e incluso llegó a decir que los acusados por tales actos eran inmediatamente ratificados por su temible dedo; en todos los gobiernos anteriores y el actual se cuecen habas y, aquella consigna del “caiga quien caiga” se ha convertido en fiel expresión de, por lo menos, estrategias políticas no de transparencia, tratamiento igualitario o peor justicia, sino de intentar minimizar los daños, cuando no de inocultable encubrimiento. 

A propósito, ese tipo penal esta así descrito en el CP: “El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo”, a diferencia de la complicidad: “Cuando dolosamente se facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho”.

En ese sentido, la endémica corrupción pública para la clase política boliviana se aborda de la siguiente manera: a) la estrategia del fusible, cuando ante la inocultable evidencia, no queda otra que sacrificar a los peones para salvar al rey o la reina. Acuérdense del acto cobarde del régimen cocalero cuando para salvar al que se creía emperador, su amante y el tercero en liza (el de las hormonas amazónicas), su Fiscalía la emprendió hasta con el chofer; b) la estrategia de minimizar los daños; bastante parecida a la anterior pues pasa también por quemar los fusibles, cebándose con los pillados in fraganti a quienes se les hace escarnio público, protegiendo de esa manera a los mandos altos, así sea sacrificando algún medio incluso. De esa manera se trata de reducir las responsabilidades políticas (casi siempre presentes) focalizando las responsabilidades penales, pues son siempre personalísimas; c) otras, abiertamente delictivas, como el cambio de destino sin proceso salvo un disciplinario para disimular mientras el escándalo amaina (la policía y las FFAA son especialistas en eso); el exilio dorado (cuando el pescado es de alto vuelo); la defensa a lo Gallo Paz (eran errores no delitos); la defensa a lo Evo (yo no fui) y así sucesivamente, toda una serie de mañas para perpetuar el meterle no más, sin importar que sean delitos.    

Doy por descontado avispad@ lector que hasta esta altura de mi opinión, habrá advertido que para que algún poderoso cumpla esa su promesa del caiga quien caiga, se hace imprescindible una suficiente dosis de voluntad política, que según ROSSEAU había sido la suma de intereses que tiene un pueblo en común; una suerte de voluntad general compartida tanto desde quien ejerce temporalmente el poder como del soberano que lo ejerce permanentemente (que conste). Pero también requiere de una estructura judicial y fiscal que sea quien sea y pase lo que pase, proceda independiente y objetivamente, principalmente del poder político partidario y otros poderes fácticos, a quienes sencillamente, debe investigarles y juzgarles: ¿Será que antes, hoy y mañana la clase política boliviana de todos los colores y signos está dispuesta someterse a ese tipo de control de terceros imparciales? ¿O sólo buscan impunidad, recurriendo a las estrategias antes descritas? Es que: “Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley, los gobiernos pueden actuar con impunidad”. LEVITSKY – ZIBLATT