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Varios videos circulan por Internet sobre la honradez de los japoneses, mostrando que en Tokyo: parqueos sin cuidantes, donde el usuario paga en un buzón; supermercados donde se toma los productos, se los pasa por la caja registradora y se cancela, sin vigilantes; y, lo más simpático: cajas en la calle con frutas y hortalizas con su precio, sin ningún vendedor, de las que la gente toma lo que quiere y deposita el importe…al final del día el dueño recoge el dinero, las cajas vacías y todos contentos. ¿Increíble, no?

¿Cómo estamos en Bolivia? Llegamos al parqueo y lo primero que nos hacen es clavarnos un alto cobro, muchas veces sin factura; es más, hasta las calles están “loteadas” y ¡ay de ti, si rehúsas decir que no te cuiden el auto! (te saldrá más cara la pulida para borrar la “rayita” que te dejaron de recuerdo).

En los supermercados -¡ni qué decir!- la tendencia al hurto es muy alta, con una gran reincidencia como más de una vez me contó mi hijo Christian, que trabaja en el rubro.

Ahora…¿qué cree que pasaría si dejara Ud. afuera de su puerta una caja con las frutas y hortalizas que produjo, indicando el precio a pagar? ¡No quedaría nada! Pero, no porque “se vendió”, sino porque: lo primero que desaparecería sería el dinero que algún japonés osó dejar por la compra que hizo; luego desaparecerían poco a poco las frutas y hortalizas; finalmente…¡hasta con las cajas cargarían! (el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo)

Para afirmar que lo relatado no es un cuento chino, recurriré a una experiencia familiar en Japón, donde viven mi cuñada Karem y su esposo Satoshi. Volviendo ella de su trabajo en Tokyo, mira en la estación del tren una billetera tirada en el suelo, y como ve que la gente pasa sin recogerla, hace lo mismo; al día siguiente pasa por el mismo lugar y ¿qué creen? La billetera sigue allí, bien gordita... ¿Qué habría hecho Ud.?

Conversando con un amigo -ex Embajador en Japón- me dijo que la honradez es un alto valor de la cultura japonesa y me explicó que cuando se ve una billetera en el suelo, lo correcto es levantarla en alto e ir así hasta la estación de Policía, la que -al recibirla- dirá: “Disculpe”. ¿Qué tal? Para corroborarlo, investigué la devolución de objetos y dinero a la Policía Metropolitana de Tokyo. ¡Sorpresa! La cantidad de dinero perdido devuelto a la Policía en ese país, supera los 30 millones de dólares/año (“Honestidad en Japón: dinero devuelto alcanzó cifra récord”, International Press, 4.03.2019). ¿Cómo para pensar, no?

Triunfada la feliz insurrección ciudadana de las pititas y expulsada la tiranía, comenzó el largo camino no exento de vallas, hacia la recuperación de la democracia y el estado sujeto al imperio del Derecho. En ese contexto, un elemento determinante tiene que ver con establecer un genuino sistema de pesos y contrapesos, que soporte un efectivo cumplimiento de roles institucionales, anulados durante la noche de los 14 años azules: instituciones habían, pero sólo en fachada.

Si bien existen avances con el Tribunal Nacional Electoral o el Ejecutivo, sostengo que la mayor asignatura pendiente está aún en la administración de justicia. No sólo no ha podido renovarse por lo menos en sus altos cargos, todos designados por el MAS recurriendo a estrategias envolventes como las “elecciones” judiciales u otras mañas, sino incluso, en su interior se ha desencadenado un desesperado proceso de designaciones express, congeladas por meses o más en el Órgano Judicial, por el que muchos juristas del horror al servicio del MAS, aparecieron reciclados con nuevos cargos o ratificados (salvando excepciones): el nivel de institucionalización en ese Órgano es patético, caracterizado por la preminencia de servidores transitorios (80% según el Informe del Estado de la Justicia en Bolivia 2018).

Tal pretexto que entraña inocultable discriminación, son ipso facto despedidos apenas les dé la gana a los jerarcas del Consejo de la Magistratura, sin el Debido Proceso o nada por el estilo, con lo que la independencia judicial y sus garantías reforzadas, siguen siendo chistes de mal gusto.

Tratándose del Ministerio Público, la situación es en gran medida similar, pues si bien el actual Fiscal General fue formalmente elegido según procedimientos constitucionales, fuera imposible omitir que fue producto también de la mayoría legislativa del MAS. Tratándose de los Fiscales operativos (los Departamentales y de Materia, principalmente), la situación es sencillamente grotesca si se recuerda que el MP es ante todo, garante de legalidad, pues de esas 9 autoridades departamentales, ninguna ha sido elegida como ordena su propia Ley Orgánica, por lo que no están institucionalizadas desde más de 7 años atrás y de los restantes, sólo algo menos del 10% lo está actualmente.

Ninguna de las administraciones fiscales en poder del MAS (Guerrero y Lanchipa) han hecho algo efectivo -salvo algún lunar, sólo para la platea- para institucionalizar el MP estableciendo como les ordena su propia Ley una genuina carrera fiscal, a la que sus servidores ingresen, permanezcan o cesen, sólo por méritos profesionales y no partidarios.

Considerando que la Fiscalía es garante de legalidad, debiera dar ejemplo de ello, pero resulta hasta burlesco que su propia Ley Orgánica de Ministerio Público No. 254 de 11 de julio de 2012 (sí, leyó bien, de 8 años atrás) le obliga al FGE: a) designar Fiscales Departamentales, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y de méritos a través de concurso público (art. 33.II), habiéndole permitido por única vez hasta que organice el escalafón y carrera fiscal, designar a dedo a los primeros FFDD, lo que ocurrió hace 7 años: desde aquél momento, todos los nombramientos posteriores que deben alcanzar por lo menos a 50 FFDD, son ilegales y se han hecho vulnerando su Ley Orgánica; y, b) tratándose de los Fiscales de Materia, la misma Ley (art. 39.2) establece taxativamente como requisito previo a su designación, haber vencido el Curso de Formación inicial en la Escuela de Fiscales, lo que en la gran, pero gran, mayoría de los varios cientos de nombramientos, jamás ocurrió. Le metieron no más.

En flagrante incumplimiento de sus elementales deberes institucionales, la Fiscalía ha mantenido un sistema perverso que funciona así: designan funcionarios a dedo, principalmente por cuestiones partidarias y cuando el designado no les hace caso, se le despide inmediatamente (con el encubrimiento y cobardía del resto de operadores del partido, sea a nivel judicial o constitucional).

Así las cosas, la administración de justicia que en un sistema genuinamente democrático debe ser independiente de todos los poderes fácticos (entre ellos, el partidario) porque su razón de existir es ponerles límites, se mantiene en garras del anterior oficialismo (salvando las excepciones que existen). Mientras no haya una profunda reforma del sistema de justicia, lo que empieza por establecer una genuina carrera de ingreso, permanencia, evaluación y salida institucional, seguirá perpetuándose la tristemente célebre fama de muy poco confiable y hasta temible de la justicia boliviana. El viejo CARRARA decía: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.

Jeanine Añez, era hasta hace 2 meses una desconocida, pero la pésima administración de la crisis del anterior gobierno, sumada a su arrogancia y la improvisación llevada al extremo derivaron en la peor crisis democrática de la historia de Bolivia, posibilitando una mezcla de casualidad y de mucho marketing político que crearon un personaje dotándole una serie de características y atributos impostados. Una nueva estrella había nacido, tal como si se tratara de la fórmula para la creación de una pop star. Jeanine deslumbraba y seducia a muchos que encontraban en ella lo contrario al alterego de Evo, por ello la popularidad de Jeanine había crecido como la espuma, ya que en el plano simbólico representaba el “anti-evo”.

El Politainment mediático edulcoró y magnificó el “ser emocional” de nuestra nueva pop star, dispuesta a hablar de sus sentimientos, mostrarse vulnerable y crear un vínculo afectivo con su auditorio, marcando un antes y un después respecto al prototipo cavernícola-machista, que aún piensa, que mostrar sus emociones es un signo de debilidad.

Estamos ante un tiempo de clara sentimentalización de la política, por ello un importante segmento de los bolivianos le han dado un periodo de gracia y apoyo al “gobierno transitorio” que no va tanto en favor de Añez, cómo de aceptar cualquier alternativa -aunque esta sea ilegal e ilegítima- para evitar el retorno de Evo, este apoyo hubiera sido el mismo independientemente de la persona circunstancialmente designada. Hay propuestas varias -en muchos casos ingenuas- como la del Ing. Villegas que piensan que todos los políticos deberían ceder a sus ambiciones personales y corporativas, para promover una candidatura única y así evitar la dispersión de votos llegando al extremo de sugerir, que deberían distribuirse el país geográficamente todos los partidos opositores al MAS (cartelización de la democracia), presentando candidaturas pactadas territorialmente y así bajar de listas a candidatos uninominales para concentrar el voto. Pero esto no resuelve ningún problema, ya que las diferencias y contradicciones del espectro político de centro-derecha son profundas e insalvables, un gobierno Frankenstein podría colapsar más temprano que tarde por la multiplicidad de intereses corporativos que representan y por la profunda incompatibilidad de visiones y estilos, haciéndole un grave daño a la economía boliviana. Claro ejemplo de ello, es el fracaso de la cumbre por la unidad organizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, palestra que se convirtió en un triste espectáculo político, así como evidenció el realismo mágico de una candidatura única de centro-derecha.

El pueblo en su infinita sabiduría siempre ha concentrado el voto entre los que tienen mejores opciones, sino recordemos la elección de octubre pasado, en la que los grandes gurús del MAS jamás contemplaron el nivel de concentración de voto en favor de Carlos Mesa, invirtiendo equivocadamente su tiempo y recursos al intentar hacer crecer a Oscar Ortiz, quien por ironía de la vida, ahora gobierna el país a través de Añez como representante de su partido.

Lo que pasa es que después del momento de euforia se va desvaneciendo la “moda pitita”, el velo de la idealización de una transición perfecta, de a poco se va desgarrando, pero lo que siempre duele, es darse ese baño de realidad que rompe con la ilusión creada por la asonada que derrocó a Evo, para darnos cuenta que los “nuevos políticos” resultaron simples mortales mezquinos, irascibles, ambiciosos, manipuladores, mentirosos y egoístas. Se trata de tremendo desafío ¿Cómo construir democracia, sin demócratas? ¿Realmente Tuto, Añez, Mesa y Camacho representan al mismo bando? O fueron solo parte de un sueño que cohesiono la “moda pitita” y que un amplio segmento de la población quiso creer. Pero lo que realmente importa saber es sí: ¿Todos los bolivianos estamos en el mismo bando?, ¿Cambas, chapacos, collas, cochalas, orucos, chuquis, potocos, etc., somos grupos homogéneos que queremos lo mismo?

Lo cierto es que hay una multiplicidad de sensibilidades como formas de interpretar la realidad, o de auto-identificación inclusive desde el “antimasismo”. Pensar en juntarlos por la fuerza, o por valoraciones del deber ser, podría resultar un coctel explosivo de alta volatilidad. Es importante sincerarnos, mirar la realidad, no mentirnos y dejar de censurar al que piensa diferente, ya que solo desde la genuina reconciliación podremos salir de esta gran fractura social, que amenaza la convivencia social más allá de cualquier gobierno que asuma el poder.

Parte de este sinceramiento pasa por reconocer, que el “oportunismo” del actual gobierno es una característica del boliviano, la famosa “Viveza Criolla” que está arraigada en nuestra cultura política, y por ello no debemos escandalizarnos, porque los bolivianos pensamos y actuamos en consecuencia. En esta ocasión aprovechando la oportunidad, abrimos un seteris paribus a título de “gobierno transitorio”, donde todo pareciera posible a nombre de la “pacificación del país” (persecución, venganza, judicialización), hemos ingresado a una delicada espiral de abusos y excesos del actual gobierno autoritario, que además son justificados por la sociedad. Los cierto es que la ciudadanía es la única que puede reaccionar para sancionar el uso y abuso de los bienes y del poder Estado.

Al presentarse Añez precariza su mandato, por encontrarse en un delicado periodo adicional extra-constitucional autorizado por un frágil y cuestionado Tribunal Constitucional, que además fue motivado por la necesidad de preservar la estabilidad del manejo del Estado, para precautelar el desarrollo de elecciones transparentes que a día de hoy están en tela de juicio, porque ni el mismo TCP sabía que la convocatoria a elecciones era para Jeanine Añez. Vale la pena recordar que Rodríguez Veltzé el 2005, se limitó a convocar elecciones y a garantizar una transición pacífica y democrática. Por esto la denuncia de Roxana Lizárraga pareciera cobrar fuerza, al señalar que “daría la sensación que efectivamente el actual gobierno ha perdido sus objetivos, y que se convirtieron en aquello que decían venir a combatir”. Tuto por su parte, sentenció que “al ser un gobierno de transición, sectores y regiones no exigían solución a sus problemas, pero ahora un gobierno en campaña busca prorrogarse en el poder, con el riesgo de entrar bajo el asedio de diversos grupos de presión, sin mayoría en el congreso, sin espalda política, ni margen económico para atender el diluvio de las demandas que se vienen”.

Hay un conflicto recurrente que versa sobre la frialdad con la que el Estado persigue sus objetivos versus un sentimentalismo ciudadano permanentemente indignado, que equilibran la razón burocrática y el corazón civil, entre las acciones del poder y la frustración del ciudadano, que valora desde la corrección política el deber ser de las acciones de sus gobernantes. Rompiendo así el sueño de una esfera pública cómo espacio de encuentro sosegado, pacífico y de unión entre los bolivianos, que constituyó la principal promesa de la pititacracia traicionada.

¿Sabe por qué no me canso de repetir la terrible sentencia del sabio Salomón, de que “lo mejor del negocio no es cómo empieza sino cómo acabará”? Porque es cierto. ¿De qué vale alegrarse de algo sin saber si terminará bien? “No cantes victoria antes de la gloria”, implica lo mismo. Fanfarronear, definitivamente no está bien.

El 1 de mayo del 2006 se dio en Bolivia la llamada nacionalización de los hidrocarburos que -stricto sensu- consistió apenas en cambiar el canon de tributación a las empresas petroleras transnacionales -disminuyendo su ganancia- además de reducirlas a “prestadoras de servicios”, según algunos ex administradores del Estado.

Aquel 1º. de Mayo todo era fiesta, hasta se acuñó la frase “queremos socios y no patrones”. Se rieron de las advertencias de que la inversión extranjera en el sector decaería y comprometería a futuro la posibilidad de seguir exportando gas y el poder atender la creciente demanda interna de gas y combustibles líquidos. Hicieron oídos sordos. La jugosa renta petrolera pesó más que los análisis de los “opinadores” que merecerían hoy un homenaje al comprobarse que efectivamente sabían lo que decían.

Lamentablemente, el sector hidrocarburífero -la “niña bonita” del “Modelo Económico Social Productivo y Comunitario” implantado el 2006 como alternativa para el desarrollo- pasó a ser su Talón de Aquiles con graves consecuencias para el Estado: el inocultable incremento en la importación de combustibles líquidos -ante el aumento del consumo y la caída de la producción nacional- toma ribetes de escándalo.

La importación de gasolina y diésel que no llegaba a 190 millones de dólares en el 2005 empezó a subir hasta alcanzar en 2019 un nuevo y triste récord con la descomunal suma de 1.555 millones. Grave situación la del país, dependiente del abastecimiento externo con la dolorosa sangría de dólares que merma las reservas del Banco Central.

Conversando sobre el tema con Erick Saavedra, CEO de TOYOSA y experto en la materia, resumió así la situación: “El escenario es preocupante y puede empeorar; el parque automotor es de 2,2 millones de vehículos y subirá a 4 millones en 10 años; más del 80% tiene 25 años de antigüedad. ¿Por qué no promover vehículos híbridos y flex que funcionen con energías alternativas y menos contaminantes como bioetanol, biodiésel, gas natural y energía eléctrica? En los últimos 14 años hemos quemado 11.000 millones de dólares importando combustibles fósiles; no podemos seguir así, debemos tomar decisiones...¡ya!”

A propósito de su flamante postulación a Senador, los acólitos del tirano fugado insisten en que la Sentencia No 24/2018 de su Tribunal Constitucional habría introducido la “residencia intermitente” vinculantemente, permitiéndole así eludir la taxativa exigencia del art. 149 de la Constitución, cuando requiere para candidatear: “…haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”. ¿Eso es evidente?

Empiezo considerando que ese art. 149 de la CPE es lo suficientemente claro y no requeriría de mayor interpretación. Más, como escribe MARAÑON: “Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones”, ocurre que al parecer recurriendo al sarcasmo (no se me ocurre otro motivo) una Diputada apoyándose nada más ni nada menos que en el esperpento jurídico de la SCP 084/2017 (esa que inventó el “derecho humano” del jefazo para postularse sine die) demandó ya también la “inconstitucionalidad” de aquel art. 149… constitucional. Resolviendo ese su recurso, surge la ahora famosa SCP 24/2018 de 27 de junio de 2018, en la que pretenden apoyarse para tratar de eludir nuevamente su propia Constitución y seguir metiéndole no más, por encima de absolutamente todo.

Evidentemente, esa sentencia menciona la “residencia intermitente”, sin embargo, si se hace un análisis medianamente profundo de su contenido a la luz del Derecho Jurisprudencial que enseña distinguir entre la ratio decidendi (razón esencial del fallo) que sí es vinculante u obligatorio y, el obiter dicta (dicho de paso, “de taquito” diríamos) que no lo es, resulta muy, pero muy poco serio sostener que aquel dicho sobre “residencia intermitente” sirva para saltarse nuevamente la CPE. Sería otra estrategia envolvente más, del calibre del “derecho humano” de la SCP No. 084, propio de juristas del horror.

Esa aislada mención contenida en la SCP No. 24/2018 no tiene ninguna relevancia en términos de obligatoriedad, pues reitero, constituye simple y llanamente un obiter dicta de esa resolución; es un dicho de paso en las 67 páginas de la sentencia, al extremo que aparece mencionada en una sola oportunidad en toda su extensión, cuando aborda la posibilidad que por fuerza mayor o disposición legal, una persona resida en lugar diferente a su domicilio, pero de ahí, sostener que genere una interpretación vinculante que permita saltarse una norma constitucional y hasta modificar una norma de tal calibre, es por lo menos una exageración nada propia para algún jurista serio (excluyo aquellos que “arreglaban” los dislates del tirano, fruto de su doctrina del meterle no más, que conste).

Prueba de ello es que su ratio decidendi (pueden encontrarlo muy bien resumido en su página 66 justo antes de su parte resolutiva, viniendo desde su página 52), resolviendo el problema jurídico planteado al pedir la inconstitucionalidad del art. 149 de la CPE, concluye taxativamente que: a) la restricción para la habilitación de ciudadanos como eventuales candidatos en procesos electorales, por la exigencia de “residencia permanente”, es una medida "proporcionada stricto sensu" y trasunta en necesaria a los fines democráticos del estado boliviano; b) no sacrifica otros valores, principios ni derechos fundamentales relevantes dispuestos en la CPE, ni en los instrumentos internacionales de DDHH; c) siendo indiscutible que el art. 149 de la CPE, no incurre en una antinomia ni oposición al bloque de constitucionalidad, pues su ejercicio está plenamente garantizado por la Ley Fundamental, acorde a los estándares internacionales en materia de DDHH y a las necesidades democráticas del estado; por lo que resuelve: “… la APLICACIÓN de los arts. (…) 149 (…) de la CPE en la frase “residencia permanente”, de acuerdo a la interpretación constitucional de dicho término efectuada en el presente fallo”. Todo eso antecedido de un test de convencionalidad en función a criterios de legalidad, necesariedad, proporcionalidad y razonabilidad. La misma resolución señala que en cada caso concreto será el Órgano Electoral quien deberá resolver una postulación y su eventual impugnación sobre ese motivo, quedando absolutamente claro que precisamente por esa su ratio decidendi al mantener obligatoriamente la exigencia de la residencia permanente de 2 años previos (art. 149 de la CPE) para candidatear, ningún Tribunal serio podría razonablemente ignorar lo así resuelto, hasta en términos de sentido común. ORWELL escribió: “Para los demagogos, jugar con las emociones de las personas es siempre más eficaz, que apelar a su sentido común”.

La actual presidenta Jeanine Añez ha polarizado aún más al país con el anuncio de su candidatura para la presidencia en las elecciones generales del 3 de mayo de este año, ha dividido al antimasismo, ampliando la baraja de “opciones” que se postulan en la carrera por la silla presidencial. El problema es que empieza a perder la aceptación como gobierno de transición, al ser comparado con el gobierno de Evo Morales, cuyas acciones dejaron sin credibilidad a las instituciones estatales. Se tiene la sospecha de que el gobierno de Añez será el mismo que el de Morales, ante dicha susceptibilidad se aumenta el hecho que Bolivia pasa por un momento histórico de aquellos que definen.

El problema de la candidatura de Añez no es la legalidad, sino la legitimidad con la que ella llegaría a dichas elecciones, si bien es respaldada por un sector de las clases populares, no hay que olvidar que otro aún apoya al MAS, esa disputa entre sectores es vital en la guerra que libra el evismo y las “pititas” que representan dicho sector.

Por otro lado, el gobierno de transición está empezando a tomar mayores atribuciones de las que debería y realiza una cacería de brujas al estilo más despiadado que existe. Otro problema es que Añez empieza a tener actitudes de estilo populista y es que es casi de manual que cuando un gobierno se atribuye como salvador de algún conflicto del país, lo repiten hasta el cansancio, Añez lo demostró asegurando casi como disco rayado que su gobierno pacificó el país. Con su postulación empieza a demostrar quien realmente ganó con la renuncia de Evo Morales, los mismos viejos políticos de la vieja derecha vuelven para intentar tomar las riendas del país, eso en efecto le da mayor probabilidad de recuperar votantes al MAS siendo que los viejos resentimientos antes del 2005 serán mucho más fuertes que la campaña de Añez.

Otro tinte populista del gobierno de Añez es que hasta ahora no se conoce si tiene una propuesta económica para el país, el único candidato que mostró una propuesta fue Tuto Quiroga y eso que él tampoco cuenta con mucho apoyo de parte del pueblo. Las acciones de Añez que la llevan a tener tintes populistas van a pasarle factura cuando termine su gobierno de transición y el pueblo boliviano no pida olvido ni perdón, solo justicia.

Será el 3 de mayo el día en que se evalué la credibilidad casi destruida de las instituciones, lo único que se le pide es que trabajen a favor del pueblo y no de políticos cuya búsqueda de poder los hace igual que Evo Morales como diría un viejo dicho: “Misma chola distinta pollera”. Además, no hay que olvidar que el masista también es boliviano y que la democracia es aceptar el punto de vista de otra persona y en base a eso construir un mismo camino que lleve a la construcción de un mejor país para todos.

La residencia permanente de 5 años para ser candidato a Presidente y 2 años para ser candidato a Asambleísta, NO significa que los candidatos debían permanecer en el país o en su departamento por cada uno de los 365 días de cada año. La interpretación literal es absurda, porque va en contra del derecho a la libertad de transitar por el país y el mundo, la salud, el trabajo y los buenos tiempos que vivimos los últimos 14 años nos han vuelto ciudadanos de la región y el mundo.  Como nunca muchos bolivianos somos parte de organismos internacionales, damos clases en Universidades extranjeras y participamos con voz propia y orgullo del “milagro boliviano” en la economía, la inclusión de la mujer y el mundo indígena. 

La Constitución nos habla de este tiempo de RESIDENCIA PERMANENTE en los artículos 149, 167, 285.I.1 y 287.I.1 y aplica a candidatos a la Presidencia, Asambleas, Alcaldías y Concejalías.  La duda está en si esa residencia es absoluta, total, si los candidatos no pueden salir ni un solo día de sus circunscripciones o moderadamente cuántos días pueden salir.  Si salen 30 días en un año ¿está bien?, la pregunta se le ocurrió a la Diputada Norma Pierola el año 2017, y presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra dichas disposiciones, se trata del Expediente 21528-2017-44-AIA. En dicha acción se cuenta con la Sentencia Constitucional 24/2018 de 27 de junio de 2018, en ella se establece que debemos entender por residencia permanente, a partir de la página 57 de la Sentencia (revísela aquí): 

“En consecuencia, se entiende por “residencia permanente” en el contexto de los arts. 149, 167, 285.I.1 y 287.I.1 de la CPE, al último domicilio registrado por el ciudadano en el padrón electoral, donde desarrolla su proyecto de vida. Concepto que está compuesto por dos condiciones concurrentes:  i) Que el “último domicilio” registrado en el Padrón Electoral, haya sido voluntariamente señalado por el ciudadano dentro de sus datos biográficos, encontrándose habilitado para sufragar en ese lugar; y,  ii)  Que tanto sus derechos y deberes señalados en la Constitución Política del Estado, así como las actividades que despliega en ejercicio de las libertades propias de su proyecto de vida, sean ejercidos libre y voluntariamente en el lugar donde tiene señalado su domicilio con fines electorales. Excluyendo aquéllas que por disposición legal o fuerza mayor, deban cumplirse en otro sitio, haciendo intermitente la residencia “permanente” en el domicilio señalado, sin romper el vínculo entre el ciudadano y su territorio.”

Se debe recordar que esta Sentencia Constitucional, por mandato del art. 203 de la Constitución es vinculante para el Tribunal Supremo Electoral, no hay manera de que se aparte de ella.  La misma Sentencia que es contundente, tuvo dos votos disidentes el Magistrado Calderon que sostuvo que la Asamblea Constituyente tuvo un concepto diferente de la residencia permanente y la Magistrada Vargas que sostuvo que esta interpretación aplica solo a los funcionarios electos.  Ambos Votos refuerzan la interpretación del Tribunal Constitucional y dan el tema por cerrado.  Repito mi frase de que este es el siglo de los Jueces, en una temática tan debatida, comentada y cuestionada la respuesta final la tiene el TCP y no solo es definitiva, sino que el TSE cometería un delito si desobedeciera una Sentencia Constitucional. 

El OEP a través del TSE, adicionalmente y reforzando esta interpretación aprobó instrumentos jurídicos, entre ellos el Reglamento para la Inscripción y Registro de candidaturas, aprobado por la Sala Plena TSE-RSP-ADM No. 43/2020. Esta norma ,en su artículo 4.II.6, dice que la residencia permanente se acredita por el Certificado Original Actualizado del Padrón Electoral Biométrico. 

Por lo tanto, es evidente que el requisito objetivo que acredita la Residencia Permanente es el domicilio registrado por el ciudadano. Esta interpretación es coherente con los precedentes de los casos de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. También y no menos importante con la naturaleza jurídica del asilo y refugio en América Latina, no existe ningún Tratado o Ley en Bolivia, Argentina, México o Venezuela, que permita restringir el acceso a los derechos políticos o limite el derecho de los bolivianos que transitoria e intermitentemente se acojan a la protección de esos Estado. 

Otra cosa diferente es el análisis político y la conveniencia de la postulación de algunos candidatos, pero eso no es materia de competencia del TSE, eso lo decidirá el pueblo con su voto el 3 de mayo.

Los ex Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que perpetraron la SCP 084/2017 que inventó el “derecho humano” de su jefazo para perpetuarse en el poder –y entre otras causas, generaron la grave crisis recién pasada- están siendo finalmente investigados por delitos de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y, otros. Citados para declarar, plantearon sean juzgados en la vía del juicio de privilegio, es decir ante la Asamblea Legislativa… integrada en su mayoría por adeptos al ex oficialismo al que no sólo los eligió en la realidad, sino a la que indignamente se sometieron. ¿Es esa Asamblea Legislativa su Juez natural? ¿Les corresponde tal tratamiento de privilegio?

Bolivia tiene, además de la CPE, no sólo una sino dos leyes al respecto y, si bien ninguna es tan clara como correspondiera si es que los legisladores hubieran tenido un mínimo de idoneidad para hacer su trabajo, para el caso concreto me dan la base jurídica suficiente para sostener que no les corresponde ese tratamiento, más aún si consideramos algo de la jurisprudencia en la materia y la doctrina.

Partamos del hecho innegable que todos –afortunadamente- ya cesaron de su cargo, por lo que no están ya en funciones jurisdiccionales. La doctrina, que alumbra el Derecho, nos enseña que ese tipo de privilegios pues constituyen una excepción a la regla –todos los ciudadanos somos juzgados por tribunales ordinarios- está y a regañadientes, sólo reservada para quienes ocupan altas funciones en razón a esa consideración, precisamente para proteger el desempeño de sus funciones, pues de lo contrario, por las rencillas usuales, esos altos cargos se la pasarían seguramente declarando ante tal o cual juzgado, etc. Por ello, es que en esos pocos casos, se suele someter –nuestra CPE así lo consigna- la denuncia a un juicio político ante el órgano legislativo, conocido como ante juicio (en algunos países se denomina impeachment) por el cual una mayoría privilegiada, autoriza ese juzgamiento, cesa en el cargo, juzga o envía a la ordinaria, etc En el caso concreto, ese procedimiento no es necesario, precisamente porque ya no están en funciones, siendo ciudadanos como nosotros.

Incluso en abstracto, tal procedimiento que implica una odiosa discriminación con el resto de los ciudadanos, es altamente discutible precisamente porque vulnera la garantía de igualdad y su emergente prohibición de discriminación. De hecho, nuestra CPE por un lado prohíbe ese tratamiento diferenciado, cuando proclama que las leyes bolivianas se aplican a todas las personas y que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción; aunque contradictoriamente, aún establece ese procedimiento privilegiado, para algunos altos cargos y en pocas situaciones: delitos cometidos durante el ejercicio, de funciones. Si acudimos a la Convención Americana de DDHH –aquella que también prostituyeron los ahora denunciados- ordena taxativamente que todas las personas somos iguales ante la ley.

Es más, jurisprudencialmente se tiene noticia por parte de la Fiscalía, que los últimos casos remitidos a la Asamblea Legislativa para investigación y juzgamiento de ex autoridades por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones ya cesadas, fueron devueltos a instancias ordinarias, superando en alguna medida la SCP No. 2489/2012 (que se refirió a la primera Ley de responsabilidades y a delitos comunes cometidos antes del ejercicio de funciones de la autoridad que era en ese caso investigada).

De una comprensión integral de las normas del bloque de constitucionalidad y de las Leyes No. 44 (2010) y su modificatoria No. 612 (2014), pese a sus deficiencias y a la vista de la luz de la doctrina, la petición defensiva de aquellos juristas del horror, a mi juicio no procede pues ya no merecen ese discutible pero constitucional tratamiento privilegiado por la cesación de las funciones que antes ocuparon, correspondiendo sean investigados y juzgados en la vía ordinaria, por supuesto mediando el Debido Proceso, que todos lo merecen. La razón jurídica que justifica ese tratamiento excepcional, en su caso ha dejado de existir pues ya no existe ninguna función que proteger. Finalmente, ¿Será que sus conmilitones del MAS que aún son mayoría en la Asamblea podrán ser jueces independientes e imparciales en su caso? …FERRAJOLI, enseña: “La legitimidad del juicio reside en las garantías de la imparcial determinación de la verdad, no puede depender del consenso de la mayoría que, desde luego, no hace verdadero lo que es falso, ni falso lo que es verdadero”.

Se dice que la política es el arte de lo posible, pero no debería ser así pues entonces todo estaría permitido y funcionaría aquello de que el fin justifica los medios, dando lugar a la prevalencia de intereses partidistas, grupales y personales, por encima del bien común.

Hago esta reflexión de cara al nuevo proceso electoral en el país, y la incertidumbre que se apodera otra vez del ciudadano al ver la actuación de los políticos: unos reciclándose -otros sembrando esperanza y dudas también- y algunos añadiendo una raya más al tigre con las mismas mañas de siempre.

Lo cierto es que en muy poco tiempo se vuelve a lamentar el vivir un escenario que se suponía debía haber sido superado luego del período de aprendizaje al que nos sometió Dios por casi 14 años. Pero no, muchos -muchísimos, diría yo- no aprendieron la lección e insisten en un triste personalismo que -en buenas cuentas- no es sino, egoísmo.

Ahora que “la Biblia ha vuelto a Palacio” (lo que de ninguna forma significa que Dios haya vuelto allí porque Él no mora en edificios sino en los corazones de los hombres) cuántos políticos se llenan la boca de Dios y algunos lo hacen con tanta soltura, que hasta convencen a más de un incauto. Cuántos dicen ser cristianos también, pero ¿conocen a Dios y siguen a Cristo como imitadores? Sus hechos dicen que no, por tanto, no lo son.

La nueva contienda electoral se viene con todo en el país aunque lamentablemente no como hubiera sido deseable. ¿Se imagina una Bolivia en la que ningún candidato mienta, engañe o trampee para alcanzar sanos objetivos? ¿Una campaña donde el político haga gala de ética, moral, honradez y sencillez, dejando atrás la soberbia y la altivez? ¿Que en el corazón de cada político esté el deseo de servir antes que servirse del pueblo? ¡Cómo me gustaría ver una campaña donde el voto ciudadano premie tales valores!

Hay una palabra para definir a un hombre recto, probo e intachable: integridad. ¿Qué tal un candidato así? Alguien con esas características sería imposible que no conozca a Dios y tampoco precisaría decirse cristiano pues lo demostraría en su trato cotidiano.

Cuánto bien haría a los políticos recordar el preclaro pensamiento que Abraham Lincoln acuñara en su momento -“puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”- si bien, el mayor beneficio para su carrera y el futuro de sus almas sería entender que Dios no puede ser engañado ¡ni una sola vez!

Los eternos llunkhus que merodean a todo poderoso, hicieron circular el #hashtag #¿Ysifueraella? Generando expectativa acerca si la Presi sucumbiría a la tentación de postularse a las elecciones del próximo 3M. Pues bien, sucumbió no más. ¿Fue una decisión acertada? ¿Debe ahora renunciar a su cargo para habilitarse y hacer campaña? ¿Metió las de andar? ¿Quedo parecida a su antecesor?

Desde el punto de vista constitucional, nada que objetar pues el art. 238.3 de la CPE excluye taxativamente al Presidente y Vice la obligación de renunciar para postularse, a diferencia del resto de quienes ocupan cargos electivos, de designación o de libre nombramiento. Empero, todos sabemos que esa extraña excepción, fue confeccionada a la medida del tirano fugado por sus constituyentes, con fines perversos… ¿La Presi, cuando fue constituyente habrá votado a favor de esa permisión? Apuesto que no e incluso, seguramente la habrá ácidamente criticado, oliendo para lo que serviría… Tal parece que, tratándose de polític@s sea del signo que sean, esas cuestiones simple y llanamente dependen de si están o no en el poder: valores, principios y coherencia, ni hablar, más bien estorban.      

Y precisamente considerando estos últimos, sostengo que a partir de: “…si por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura, es una especulación de muy mal gusto, porque de mi boca ni en mi pensamiento ni nada, nunca lo pensé, por eso le digo de que no sería honesto, el objetivo de nuestro gobierno es llevar las elecciones y se acabó, yo no quiero ser candidata a nada” (Yanine dixit, hace escasas semanas), queda claro que la Presi jaló la pitita y la rompió irremediablemente. Sucumbió ante las mieles del poder: ¿Qué cosita tendrá que la mayoría de l@s bolvian@s pierden la chaveta apenas lo saborean no?

De ese lado es que vienen los tiros en contra de la Presi. Convengo con sus acólitos que demostró gran valentía y templanza asumiendo el cargo en las duras circunstancias por todos conocidas, que su desempeño ha sido razonable, ha logrado el retorno de la paz (con algunos dislates de los esclavos del tirano); ha sentado las bases para unas elecciones limpias, mereciendo el aplauso y reconocimiento ciudadano e incluso –muuucha diferencia con su antecesor- nos ha dado con la mayor parte de sus actuaciones, esos aires de libertad propios de una genuina democracia. Está muy bien. 

Pero… cuando empeñas tu palabra afirmando que no sería nada honesto postularte puesto que –y tiene toda la razón- el fin de su breve gobierno, consiste en asegurar el tránsito hacia el nuevo mediante elecciones creíbles y, de pronto, haces exactamente lo contrario de lo que dijiste hacía pocos días…terminas recordándole al soberano, aquellos quienes en la historia reciente le metieron no más no sólo en contra de toda la normativa sino el sentido común, incluyendo su palabra empeñada.

En el caso concreto, ignorar el contexto previo en el que se produce tamaña incoherencia, prueba más allá de toda duda razonable la magnitud del desacierto. Estamos saliendo de una dictadura, en la que precisamente su peor figura y secuaces, intentaron eternizarse sine die en el poder, urdiendo todas las mañas posibles: desde sus juristas del horror del TCP que le inventaron su “derecho humano”, sus promesas incumplidas de no re postularse, pasando por el irrespeto al 21F y el mega fraude electoral que terminó, deglutiéndoselos. Con esos imperdibles antecedentes, el soberano ha quedado completamente escaldado de salvadores o salvadoras que prometan un día algo y hagan exactamente lo contrario al siguiente, tratándose de aferrarse a la silla.   

Pese a todos sus aciertos de su corta gestión, la Presi ha cometido un gravísimo error que no sólo se traduce en faltar su palabra públicamente empeñada (nada raro, tratándose de la clase política), sino mutatis mutandi, nos está recordando el peor estilacho del tirano fugado y Cía. Políticamente, le era imprescindible establecer y mantener la diferencia con aquellos a quienes los ciudadanos acabamos de sacarles la tarjeta roja, precisamente por esa su enfermiza adicción al poder. Ella era la menos indicada para repetirlo. VARGAS LLOSA escribe: “La perseverancia en el error, es una característica latinoamericana”.