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Arturo Yáñez Cortes
25/03/2021 - 15:42

Caso golpe de Estado: autogol jurídico

La primera lección de cualquier manual incluso elemental, enseña que el error más garrafal que un abogado puede cometer, es armar un proceso, cuya teoría del caso (base fáctica + jurídica, soportada por elementos probatorios) no se sostiene racionalmente siquiera mínimamente o peor aún, no corresponde a la realidad, cayendo en burda temeridad.

El Derecho es una ciencia y está lo suficiente desarrollado que incluso, además de varias materias, tiene sub especialidades: dentro del Penal es el litigio estratégico. La primera lección de cualquier manual incluso elemental, enseña que el error más garrafal que un abogado puede cometer, es armar un proceso, cuya teoría del caso (base fáctica + jurídica, soportada por elementos probatorios) no se sostiene racionalmente siquiera mínimamente o peor aún, no corresponde a la realidad, cayendo en burda temeridad. Es lo que se conoce en la práctica forense, como lanzar (se) a una piscina, sin agua e incluso, lo que es aún peor chambonada, cuando había tenido púas y quedas o dejas a tu representado, completamente despellejado. Tratándose del caso “golpe de estado”, es lo que a la vista de la cruda realidad, está ocurriendo. 

Si bien la parte denunciante dispara contra todo lo que le dicen y manipulan que se mueve, presentando denuncias por todo y contra todos, es el sistema de justicia (fiscales + jueces) que debiera filtrar sus denuncias, evitando avanzar en las que son manifiestamente irrazonables y, lo que es vomitivo, permitiendo y generando a su vez, una serie de violaciones al Debido Proceso como aprehensiones, allanamientos y detenciones manifiestamente ilegales, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras.

Precisamente por ello es que el tiro está saliendo por la culata y le ha causado al gobierno graves daños en su línea de flotación, a la vista de las reacciones provenientes desde el ámbito interno e internacional. La más que pésima estrategia jurídica de apoyar su caso golpe de estado en hechos que muestran más allá de toda duda razonable que no se le acercan ni siquiera por aproximación, ha quedado sistemáticamente corroborada por diversas fuentes que se multiplicaron inmediatamente: empezando por recordar el comunicadito de SU Tribunal Constitucional, pasando por su Declaración Constitucional que validó la transición aplicada según el art. 169 de la CPE y la Ley emergente sancionada por la bancada de “los golpeados”, hasta el video de una entrevista de TV al actual Presidente Arce admitiendo que la Presidente Añez era de transición, pero constitucional al fin y, por supuesto, las imágenes de la renuncia y posterior fuga de su jefazo, pillado flagrantemente en fraude, por los observadores que su propio régimen había expresamente invitado –OEA, UE, etc- además de la incontratable evidencia que la Asamblea Legislativa siguió funcionando con la mayoría de los “golpeados” sancionando y bloqueando leyes, etc. 

Ni que decir de las múltiples comunicaciones oficiales desde la OEA, la UE, la ONU, el Parlamento Europeo, CONALAB, ICACH, ABEC y muchas otras que además de confirmar que lo producido en noviembre 2019 fue una transición constitucional y pedir el esclarecimiento de lo ocurrido respetando el Debido Proceso, censuran el torpe proceder de los policías y juristas del horror que en este caso –sin caer en el vicio de la generalización- están metiéndole no más, no solo contra la CPE, los IIII y la ley, sino el sentido común. El comunicado de la Conferencia episcopal: “La falsedad genera injusticia: Iglesia Viva” es sencillamente, demoledor.     

Demasiada evidencia contra la teoría del caso golpe de estado (si es que la hubo, en términos de litigio estratégico) que descarta más allá de toda duda razonable que este nuevo grito de la moda de la justicia plurinacional pueda prosperar si es que el proceso fuera tramitado por jueces independientes y fiscales objetivos que, debieran ser dique de contención de pulsiones totalitarias que recurren al tremendo poder de destrucción que un proceso penal así tramitado, propina contra derechos y garantías pero también al pedigrí democrático del gobierno que los impulsa y/o permite. Nadie sale indemne de ese desolador panorama de injusticia, ilegitimidad y desinstitucionalización, peor cuando existen urgencias que atender: pandemia y economía, por ejemplo. Es que: “El derecho penal se legítima, cuando la violencia que genera es menor, a la que existiría sin su presencia”. Luigi FERRAJOLI         
 

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