Las últimas semanas se ha generado un cierto revuelo mediático porque algunas “investigaciones” descubrieron inconsistencias en las posiciones de figuras importantes del gobierno en relación al debate de si lo ocurrido en noviembre de 2019 fue o no un golpe de Estado. Es curioso que la lupa, por parte de algunos medios que presumen de no tener afinidad política, se ponga casi con exclusivo detalle en políticos del MAS. Estos últimos días, son muchas las notas que enumeran las “contradicciones“ de los masistas mientras sobre los políticos de la oposición no encontramos casi ni notas a pie de página. Esto puede deberse a dos motivos: que los políticos de la oposición mantuvieron siempre una exquisita y coherente posición a lo largo de este año y medio en torno a la discusión que nos ocupa y por lo tanto no cabe dedicarle una atención similar a la de los masistas; o bien, que estos medios asumen una clara posición política y la defienden como propia. Podría, quizás, haber una tercera opción, que el tiempo dedicado al MAS no les ha permitido, todavía, ponerse a ver las posibles inconsistencias del otro lado y no tardarán en hacerlo para de esta manera ofrecer un cuadro de información completo sobre una discusión que calienta mucho los ánimos en el país.

Lo que también se persigue con esto de iluminar una parte del debate, oscureciendo otro, es vender la idea de que la posición del MAS – fue un Golpe de Estado- es solo un relato ideológico y el de la oposición y de algunos medios afines – no fue Golpe- no es sino la mera descripción de los hechos. Sabemos que pocas operaciones como ésta son tan profundamente ideológicas: qué destaco, qué oculto. Y quién lo decide. Vamos a adelantar un poco el trabajo sobre los cambios de opinión de algunos de los principales actores de la oposición - no hace falta ir hasta 2002 como con Jorge Richter- que han sido poco contadas en gran parte de los medios y en algunos casos incluso completamente obviadas, a pesar de su relevancia.

Contradicción

El 8 de noviembre de 2019 encontramos declaraciones de Silvia Salame – entonces senadora electa, hoy senadora en ejercicio- de Comunidad Ciudadana (CC) donde sostenía, ante los pedidos de cívicos y opositores que exigían la renuncia de Evo Morales, que: “Cualquier solución pasa por una solución que esté acorde con la CPE, no se puede pedir derrocarlo al Presidente, ese tipo de solicitudes están al margen de la ley”. Hacia el 8 de noviembre, Carlos Mesa, líder de CC, llevaba días denunciando un “fraude monumental”. Habían ocurrido hechos condenables como los enfrentamientos con muertos en Montero, y Santa Cruz llevaba varios días en paro cívico. Salame, ex magistrada del Constitucional, conocía todo esto cuando dijo lo que dijo. Dos días después, como sabemos, Evo Morales renunciaba a la Presidencia del país. Y pocas horas después, Luis Fernando Camacho escribía en Twitter que militares y policías buscaban capturar a Morales en el Chapare. ¿Quién era el soberano entonces? Esta es solo una de las preguntas importantes.

Pero el 8 de noviembre dejó otro documento muy relevante y llamativamente olvidado por parte de los narradores de los estrictos hechos de esos días. Andrea Barrientos, Adriana Salvatierra, Cecilia Moyoviri, Valeria Silva, Vania Sandoval, Susana Rivero, Cecilia Requena, Mabel Monje, Paola Cortés, Jessica Sulzer todas senadoras o diputadas electas, sea por el MAS o CC en las elecciones del 20 de octubre, firmaron un texto conjunto que tenía seis breves puntos. Transcribimos parte del párrafo de inicio: “Nosotras, mujeres de distintas organizaciones políticas, reconociendo nuestra legitimidad y asumiendo nuestra corresponsabilidad para contribuir a encontrar salidas pacíficas, democráticas e institucionales a la actual situación que ya ha costado tres vidas, convencidas del valor primordial de la vida humana que, para detener y evitar …”. ¿Es posible que lo que aquí leemos sea una importante contradicción? Las firmantes apelan a su legitimidad, y con poco esfuerzo podemos ver que lo que las identifica además de ser mujeres políticas es el hecho de haber sido todas candidatas en puestos de salida a la Asamblea Legislativa. Y haber sido electas. Está claro que el grupo firmante tiene esto muy en cuenta cuando escribe lo que escribe y lo firma. Si solo las hubiera convocado su condición de mujeres, otras, seguramente muchas más serían las firmas; si solo las hubiera convocado su condición de mujeres políticas, también veríamos un elenco seguramente más amplio y además no solo limitado a dos fuerzas políticas. No, aquí vemos mujeres políticas de las dos principales fuerzas políticas de esas elecciones, mujeres políticas recién elegidas como diputadas y senadoras en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Pero...si Mesa y CC repetían día sí y día también que en esas elecciones habían sido víctimas de un “fraude gigantesco”... ¿cómo así sus cabezas de lista al Senado de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz firmaban un documento el 8 de noviembre apelando a su legitimidad emanada de esas cuestionadas urnas? Hay que leer el resto del documento. No se pide la renuncia de Evo Morales; no se denuncia absolutamente nada, nada, sobre las elecciones del 20 de octubre; se critica la violencia, los grupos de choque, se condena expresamente la violencia contra las mujeres que “están ejerciendo liderazgo político y dirigencial”- poco antes la alcaldesa de Vinto había sido vejada durante horas, aunque no hacen mención expresa- y se hace un llamado a la responsabilidad de los medios. Contradictorias demandas las que suscriben las legisladoras electas de CC en comparación con las que sostenía su partido que incendiaba la calle en cada rueda de prensa, denunciaba fraudes en cada mesa y exigía la renuncia de Evo Morales sin importarle mucho ni el cómo ni el coste.

No vamos a entrar en muchos detalles ni enumerar los políticos que durante los meses del gobierno de Jeanine Añez hablaron de “los 14 años de la dictadura“, para referirse a la totalidad de los años de gobierno de Evo y el MAS, pero que nunca antes habían usado ese calificativo. Una contradicción no menor. No es algo baladí decir si vivimos o no en una dictadura. Bolivia Verifica tendría un mes de solo este tipo de verificaciones debido a la gran cantidad de insumos. Entre los más llamativos está, por supuesto, el de la alcaldesa interina saliente de Santa Cruz Angélica Sosa quien probablemente necesitaría una legislatura entera para borrar las sonrisas en los numerosos actos con Evo Morales. O los destacados militantes de Sol.bo que en un pasado no tan lejano fueron partícipes de hitos importantes del llamado proceso de cambio. Aunque estas contradicciones de Sosa y Revilla casi no merecieron atención mediática parece que quienes sí tomaron nota de esto fueron los votantes en las últimas elecciones locales dejando a Sosa y al partido de Revilla peleando con el 5% de los votos.

Sobre este tema de la dictadura, cuando Jeanine Añez decidió lanzar su candidatura presidencial a finales de enero de 2020, ataques virulentos vinieron de quienes hasta ese momento habían sido apoyos de primer orden como Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Procuraron argumentar su desacuerdo en razones de principios democráticos – los mismos que habían guardado bien en noviembre pasado- pero lo que más les molestaba era que tenían una competidora nueva en la cancha, que además tenía el control del Ejecutivo. Carlos Mesa entonces escribió: “Pero hay algo más grave, lo que está en juego es la imagen internacional del país. Una candidatura de la presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”. En otra parte del texto dice: ”La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”. Jeanine Añez mantuvo su candidatura ocho meses, declinó un mes antes de las elecciones. Quienes señalaban que en Bolivia hubo un golpe de Estado, entonces, tenían un importante motivo más para sostener esto: la candidatura de Añez, en palabras de Mesa, avalaba esta tesis; la avaló por buena parte del 2020.

Hace pocos días, Comunidad Ciudadana ha presentado un documento en el que en sus dos primeros puntos sostiene:

1.    Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos.
2.    Reconocer a las elecciones generales de 2020, en las que el pueblo expresó su decisión, como el elemento clave que resuelve ese antagonismo.

En la primera frase del primer punto encontramos una contradicción evidente con lo que Carlos Mesa y su partido sostenían hasta hace muy poco: el “fraude monumental” como hecho irrefutable. Ahora ya no se ven a sí mismos como los auténticos registradores de los hechos y la verdad absoluta y hablan de distintas interpretaciones de los hechos. El segundo punto también muestra una importante contradicción ya que, hace un par de meses, su jefe de campaña y principal estratega Ricardo Paz le decía al periodista Tuffí Aré sobre el resultado de las urnas de 2020: “Una cosa es que nosotros digamos, sí, nos han ganado la elección porque nos han ganado con más del 10, evidente y real. Ahora, ¿nos han ganado por casi 27%? No, no nos han ganado con 27% puntos. Eso no es así. No podemos cuantificarlo exactamente...”. Ahora leemos que aceptan el resultado y no le arrojan sombras de duda sin más evidencia que su sospecha. Estas contradicciones son, qué duda cabe, bienvenidas y saludables. También apuntan algo muy importante: las últimas elecciones generales resolvieron el antagonismo entre los discursos en pugna. El 55,11% que votó por el MAS en las elecciones de octubre muy probablemente conocía cuáles eran las posiciones de este partido sobre los debates fundamentales de nuestro país y decidió refrendarlas en las urnas.

De las contradicciones al olvido deliberado

Pero no solo vemos que ha existido un notable olvido en el tratamiento mediático de las contradicciones de los actores de la oposición en este debate – solo hemos mostrado algunas de las más importantes, pero no son todas- sino también sobre algunos testimonios no contradictorios pero relevantes de actores masistas. Mucho se ha escrito sobre lo que dijo el vocero presidencial en una entrevista, pero muy poco sobre los motivos que llevaron a Víctor Borda a renunciar a la presidencia de la cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2019. Extraño, ya que para el debate que nos ocupa parece mucho más importante recordar esos motivos que escoger cuál de las varias  decenas de entrevistas de Richter se elevan a máxima expresión.

Hay que apuntar que uno de los argumentos más caros por parte de algunos de los medios más conocidos del país y de los políticos de oposición es que el MAS, de manera deliberada, generó un vacío de poder para, convulsión mediante, recuperar el poder. Andrea Barrientos – una de las firmantes del texto del 8 de noviembre de 2019- actual jefa de senadoras de CC, ha repetido esto en varias ocasiones. Ríos de tinta y horas de televisión estas últimas semanas dedicadas a Adriana Salvatierra alrededor de cuándo y por qué motivos renunció a la presidencia del Senado. Sin embargo, sobre Víctor Borda, entonces presidente de Diputados, no hemos visto los últimos meses mucha más atención que el que tuvo el documento de las electas del 8 de noviembre de 2019. ¿A qué se debe este deliberado olvido?  Muchos medios contaron el día 10 de noviembre los motivos por los cuales Borda renunció: cívicos de Potosí habían secuestrado a su hermano, a quien golpearon y vejaron, y no lo iban a soltar hasta lograr que él renuncie a la presidencia de Diputados y con ello pierda el derecho en la sucesión constitucional. Nadie ha desmentido lo dicho por Borda quien, en las pocas entrevistas posteriores que le han hecho, ha reafirmado lo dicho esa jornada. De hecho, la senadora Barrientos podría, con facilidad, encontrar el desgarrador testimonio de Marco Antonio Borda Belzu, hermano de Víctor Borda, grabado pocos días después del hecho, donde, visiblemente lastimado cuenta que ese día 10 de noviembre, alrededor de las nueve de la mañana, un grupo de personas identificadas con el movimiento cívico irrumpen en su hogar de manera violenta, buscan agredir sexualmente a su hija de 14 años, lo golpean, lo agreden sexualmente, destruyen su casa y lo sacan de allí semidesnudo. Le advierten que no lo dejaran ir hasta que su hermano renuncie a la presidencia de Diputados. Y recién lo liberan alrededor de las 6 de la tarde luego de que Evo Morales comunica públicamente su renuncia. Todavía hay quienes sostienen, sabiendo esto, la tesis de que “el MAS generó un vacío de poder”. Y son los mismos que dicen ser meros registradores de los hechos. La historia de Borda no encaja, entonces mejor procurar casi no hablar de ella y mejor hablar del semanario que dirigió Richter hace 20 años. En Bolivia, y en casi cualquier otro lugar, lograr la renuncia de un presidente de Diputados con los modos con que se consiguió la de Borda tiene un nombre y no es precisamente el de una pacífica, legal y legítima sucesión constitucional.