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Bajo los cinco principios de la coexistencia pacífica de respeto mutuo, la no agresión, la no intervención en asuntos internos, la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica entre los pueblos, señalados como valores fundamentales de la iniciativa más ambiciosa de integración mundial del siglo XXI, el gobierno del presidente de China, Xi Jinping, hace realidad el Foro Franja y Ruta, realizado el pasado 14 y 15 de mayo.

Dentro de su discurso central, el Presidente Xi, hace referencia a la historia de las Rutas de la Seda y Rutas Marítimas de la Seda que permitieron la integración de Asia con Europa y África durante los últimos siglos, destacando la importancia de los conocimientos ancestrales de China y cómo a partir de ello, se entablaron importantes lazos de amistad e intercambios culturales y comerciales entre continentes.

Es importante resaltar que China hace una invitación a todos los países del mundo que deseen formar parte de esta gran iniciativa Ruta y Franja, que permitirá mejorar tanto las conectividades aéreas, marítimas y terrestres para establecer intercambios comerciales y también culturales.

Xu Shicheng, experto en estudios latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, hace referencia en una entrevista para el periódico digital chino,  Pueblo en Línea,  en el cual opina que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China debe abarcar también a América Latina y en el cual menciona que "los intercambios entre China y América Latina, no sólo son intercambios comerciales y de mercancías, sino también culturales".

Considerando esas palabras, es inevitable pensar en la importancia de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y su riqueza cultural, lo que nos obliga a pensar en rutas similares que se habrían construido también en la región americana, como es el caso del Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino que, de acuerdo al expediente presentado a la UNESCO para su inscripción en 2014 en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, integra 6 países de esta región.

En algún reporte sobre la Ruta y la Franja, se decía que no era casualidad que Argentina y Chile hayan sido parte de este importante Foro al más alto nivel, en ese sentido tampoco es casualidad que el Océano Pacifico sea la ruta marítima más próxima al Qhapaq Ñan, ni que Las Rutas de la Seda y el señalado patrimonio andino, hayan sido inscritos en la misma lista el mismo año, bajo criterios muy similares.

Latinoamérica puede ver esta oportunidad desde el punto de vista de sus tradiciones ancestrales y aproximarse al continente asiático, tal vez en un inicio hermanando estos caminos de integración que son tan similares, yendo más allá de fronteras y coyunturas políticas temporales.

La tendencia del mundo globalizado es el fácil acceso al comercio, la cultura y toda creación humana de manera fácil y rápida, la iniciativa china de Franja y Ruta permite este acercamiento, abriéndose a propuestas para disminuir las distancias y facilitar los intercambios en todo ámbito.

La tendencia del Qhapaq Ñan como patrimonio Cultural y sistema vial de integración regional, también está permitiendo espacios de diálogo entre los países que lo integran, no podría desestimarse que a partir de esa herencia ancestral se pueda establecer una ruta hacia el continente asiático en beneficio de la región y el intercambio con otros pueblos ricos también en tradiciones milenarias.

La causalidad de que dos de los países integrantes del Qhapaq Ñan se hayan aproximado a la iniciativa de la Ruta y Franja propuesta por China, podría ser una señal para que América del Sur encuentre un puente inicial de acercamiento hacia este intercambio cultural y económico con China.

Durante los últimos meses en que se ha desarrollado la crisis política en Venezuela y en los que se han confirmado, otra vez, las relaciones carnales entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ideología injerencista de la derecha más radical de Estados Unidos, ha vuelto a la mesa de debate, la tesis planteada ya hace varios años que señala que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la llamada por la historia para reemplazar a la decadente organización que hoy lidera el uruguayo Luis Almagro de la que se ha dicho, no en pocas ocasiones, que “su tiempo ya pasó”.

Siendo un espacio multilateral conformado por las 33 naciones que se encuentran al sur del Río Bravo (frontera impuesta por una guerra de invasión perpetrada por Estados Unidos a México) hasta la Patagonia (en Argentina, al sur mismo del continente), la CELAC considerada como el suceso institucional más importante de la región en un siglo, fue constituida en 2011, y tiene como una de sus características la exclusión expresa de Estados Unidos.

Uno de los conceptos fundamentales para su creación, es que sean las naciones latinoamericanas y caribeñas las que resuelvan sus problemas y definan las pautas de su desarrollo, sin la injerencia estadounidense, que en muchos casos pretende seguir asumiendo un rol de tutelaje sobre decisiones internas de estos estados, en los que en varias décadas, se ha involucrado en innumerables acciones políticas (golpes de estado), militares (ocupación armada) y económicas (saqueo de recursos naturales), violando así los principios básicos de las relaciones internacionales que hablan de la autodeterminación de los Estados, de la soberanía, e igualdad soberana entre los países.

Por ello, la CELAC en sus cinco cumbres presidenciables, ha sido calificada por diversos mandatarios de Estado como la concreción del anhelo independentista de Simón Bolívar y ha sido bautizada como “la instancia propia, renovada y creíble” que debe ser el auténtico garante de los intereses de los países de la región latinoamericana y caribeña, para convertirse en actor de “referencia en la resolución de los conflictos”.

Es así que ante la existencia de la CELAC, por estos días, en los que se ha evidenciado una intromisión indisimulada en los asuntos internos de Venezuela, muchos se preguntan: ¿para qué sirve la OEA?, ¿los intereses de qué o quienes representa?, ¿es realmente la OEA, un organismo independiente?, ¿vela de manera igualitaria por los derechos de todos los países?, ¿busca una intervención militar estadounidense en Venezuela como ya ocurrió en Panamá?.

Estas y otras interrogantes parecen tener una respuesta obvia, más aún si se toma en cuenta  el reciente rol  de Luis Almagro, descalificado incluso por el ex presidente de su país José “Pepe” Mujica, y quien parece trabajar en pro de los intereses de Estados Unidos, al atizar constantemente el conflicto y tomar partido por quienes buscan subvertir el orden democrático venezolano, con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, hecho, que ha sido plasmado en el reciente comunicado conjunto entre la oposición de ese país y la Casa Blanca y que habla de acabar la crisis, o lo que en su lenguaje equivale, al gobierno chavista, “con rapidez”. (Aquí, la sensatez obligaría a preguntarse, ¿la oposición de un país confabulando con el gobierno de otro?).

El rol político de Almagro, ha puesto a la OEA en una evidente crisis de legitimidad de la que le será muy difícil salir, sin sufrir las graves consecuencias de no haber llamado a la paz y al diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela y en cambio haber convertido a la OEA, con sede nada menos que en Washington, en uno más de los argumentos utilizados por la ultraderecha estadounidense para justificar lo que ocurrió el 03 de mayo pasado cuando un proyecto de ley ingreso al Senado norteamericano, el mismo, que busca endurecer las sanciones contra Venezuela y que además pretende financiar las protestas de la oposición, otro claro ejemplo de intromisión, con nada menos que 10 millones de dólares, sacados directamente de los bolsillos del pueblo norteamericano.

Entre los impulsores del proyecto están los senadores republicanos Marco Rubio y el ex candidato presidencial John McCain, quien en su campaña electoral estuvo de acuerdo en sostener otra intervención militar, esta vez en Irak, otro país petrolero. El proyecto no disimula cuando expresa: “apoyo a las gestiones de Luis Almagro al frente de la OEA”, en la crisis política venezolana.

La existencia del documento se justifica con el argumento de que la situación venezolana ha derivado en una “crisis humanitaria”, discurso que inevitablemente nos retrotrae a otros similares utilizados para la intervención estadunidense en otros países: el peligro del comunismo en Vietnam, del islamismo extremista en Afganistán o la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, las que por cierto hasta hoy no han sido encontradas, por nombrar algunos ejemplos, que camuflaron las verdaderas intenciones del “águila imperial”, que no son otras que ir tras recursos naturales a bajo costo, o reforzar su influencia militar en áreas geopolíticas claves.

Por lo anteriormente mencionado, no hay que perder de vista que unidos en la CELAC, las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe, son el mayor productor y exportador de alimentos del mundo, juntos poseen casi el 30% de la superficie forestal del planeta, además que tienen el 33% de los recursos hídricos, lo que significa, que es el continente con la disponibilidad de agua más alta del globo.

Pero no sólo ello, el bloque de países que conforman la CELAC, se constituyen como los principales exportadores de materias primas del mundo, a lo que se suma que en América Latina están las naciones (Venezuela, Bolivia y Brasil) que cuentan con las mayores reservas de gas y petróleo del orbe, por lo que aquí cabe hacerse dos preguntas: ¿es Venezuela el primer eslabón de un plan escalonado de dominación?, ¿no será la OEA, de Almagro el Caballo de Troya utilizado por el corporativismo estadounidense para controlar toda esa riqueza?. 

Es por ello que la próxima reunión de la CELAC programada para el 20 de mayo en República Dominicana resulta clave, no sólo porque debe defender la democracia venezolana, sino que con ello, también estará haciendo respetar el patrimonio natural de los 600 millones de habitantes que viven en esta parte del continente, con lo que además dirigirá un mensaje claro a quienes desde Estados Unidos, no se resignan a recuperar la influencia perdida en la región, sino que pretenden seguir reivindicando una nueva versión de Doctrina del Destino Manifiesto o de la Doctrina Monroe, sobre nuestros pueblos.

Es por ello, que hoy la CELAC no sólo se encuentra ante talvez la primera prueba de fuego desde su creación, porque debe cumplir con el desafío histórico de demostrarle al mundo que el camino de unidad iniciado ya hace seis años en Caracas no tiene regreso, sino que además no se resigna a continuar siendo una especie de colonia, del llamado “país más poderoso del mundo”.

Conforme al reglamento de funcionamiento de las reuniones de la CELAC, las decisiones son adoptadas por consenso, siempre y cuando esté la representación de los 33 países miembros, por lo que es imprescindible, la asistencia de los representantes de toda Latinoamérica y el Caribe que juntos debieran honrar la memoria de Salvador Allende Gossens, ex presidente de Chile, derrocado por un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos (1973), y que una vez dijo: “Algún día América Latina tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”.

Expertos de varios países se reunieron en un reciente Foro organizado por la CNC en La Paz para ver las posibilidades de uso de puertos marítimos alternativos a los chilenos para el comercio exterior boliviano, participando representantes gubernamentales, empresariales y autoridades portuarias.

Analizar técnicamente las opciones de superar la dependencia para nuestra gran carga de importación/exportación que usa puertos chilenos frente a los problemas de paros, huelgas, bloqueos, maltrato, costos, etc. que se vienen dando, y el caldeado ánimo que pone nerviosos a muchos por causa de  nuestra reivindicación marítima, habría motivado dicho Foro.

La clave para las posibles alternativas tendrá que ver con que el servicio sea bueno, previsible y económico -en otras palabras- competitivo. Las opciones realistas, descartando los saturados puertos brasileros, son: Perú (Pacífico), Argentina y Uruguay (Atlántico). En el primer caso, Matarani se usa cada vez más, y con el Puerto de Ilo ya se han hecho ensayos. En el segundo caso, implicaría un mayor uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Ahora, frente a las colosales inversiones para mejorar las condiciones que ofrece el Puerto de Ilo -construcción de una ferrovía de por medio- la opción alternativa de menor costo, a menor tiempo, más segura de realizarse y -sobre todo- en territorio nacional, sería el pleno uso del “corredor de integración” que Bolivia debería estar interesada en catapultar tanto para su comercio exterior cuanto para la integración geoestratégica de los países que concurren sobre esta vía fluvial natural: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Tal concepto lo acuñaron CAINCO e IBCE en 1989 al promover un histórico viaje con representantes de los cinco países para abrir esta vía fluvial que hoy por hoy moviliza ya más de 1,5 millones de ton/año de carga de exportación e importación boliviana.

El contar con puertos propios sobre la cabecera de la Hidrovía -Gravetal, Central Aguirre y Puerto Jennefer, este último con notables características- podría ayudar a desahogar rápidamente el paso por puertos chilenos, empezando por la carga de importación del gobierno boliviano, promoviendo un mayor uso de dicha vía fluvial.

Y, no se trata de no avanzar con Ilo -como tampoco de dilatar más la construcción del ansiado Puerto Busch- ambas cosas se deben hacer, pero, siendo tan evidente el asunto ¿para qué tanto análisis, si la evidencia fáctica dice a gritos que la Hidrovía Paraguay-Paraná es la mejor respuesta?

Santa Cruz, 10 de mayo de 2017

Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior, Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

Pero este mecanismo, que fue concebido inicialmente como un avance en términos democráticos, ha mostrado con el tiempo, algunas debilidades. La lección aprendida luego de la primera elección en 2011, es que la clave de este mecanismo no está en el voto, sino en la etapa de preselección de candidatos que conduce la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de una convocatoria pública. Es allí donde deben plasmarse las salvaguardas de la transparencia, la publicidad, la meritocracia y la participación ciudadana que se derivan de los estándares internacionales. Es también allí donde deben colocarse las salvaguardas que eviten influencias indebidas. El 29 de abril, la Asamblea aprobó un nuevo Reglamento de Preselección para regular precisamente, esta etapa y lanzó la convocatoria pública para recibir postulaciones.

Una plataforma, amplia y diversa, de aproximadamente 40 organizaciones y redes de la sociedad civil boliviana -días antes de su aprobación – presentó una propuesta, con siete puntos mínimos para garantizar la independencia judicial que el Legislativo boliviano debería incluir en su próximo Reglamento de Preselección. En ese marco, consideramos importante efectuar un balance para determinar en qué medida el texto aprobado incorporó las mínimos propuestos y necesarios para garantizar un proceso transparente que contribuya a una mayor independencia judicial en Bolivia.

1. Los requisitos mínimos para acceder al cargo deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación, a fin de evitar una habilitación arbitraria o discriminatoria de los postulantes.

El Reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa establece de manera previa el procedimiento y los plazos para la convocatoria, los requisitos comunes y específicos para los cargos, así como la forma en que los postulantes deben acreditarlos, lo que constituye un aspecto positivo que contribuye a que el proceso sea previsible. Sin embargo, algunos de requisitos confunden experiencia específica con conocimientos especializados, además de emplear un vocabulario impreciso que deja espacio para la ambigüedad y la interpretación diferenciada. Tal es el caso del requisito común de “no tener en contra procesos de violencia intrafamiliar, ni procesos penales de acción pública con imputación formal que comprometan la ética y la probidad de la o del postulante” (Artículo 9.I.8), que no permite determinar de antemano cuáles serían tales imputaciones.

En el mismo sentido, los requisitos específicos de “no haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales” (Artículo 10.1.9); el de “no haber patrocinado de manera sistemática casos de narcotráfico” (Artículo 10.1.11); y el de “haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria (…)”(Artículo 10.2.4), son demasiado amplios, y se dan por cumplidos apenas con la presentación de una declaración jurada ante notario, lo que resulta preocupante desde el punto de vista de su utilidad para verificar su cumplimiento.

Por otro lado, si bien se establece un formato común de postulación, lo que ayuda a una mejor comparabilidad de los antecedentes, también se anuncia que “cada proceso de preselección es independiente, por lo que el desarrollo de cada uno no tiene efecto con relación a los demás”. Ello genera el riesgo de que se produzca una aplicación diferenciada de criterios para integrar cada órgano, pese a tratarse de requisitos que describen situaciones comunes o similares.

2. Debe regularse un perfil del futuro magistrado, basado en idoneidad, debiendo considerar: a) Independencia política, b) Reconocida honorabilidad, c) Conocimiento legal especializado, d) Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el fortalecimiento Judicial y e) Capacidad de interpretar derechos con enfoque de género.

El Reglamento avanza positiva y considerablemente respecto del texto utilizado para la preselección que se llevó a cabo en el 2011, ya que define un sistema de calificación de méritos, plasmado en tres fases: evaluación curricular, evaluación escrita y entrevista. Sin embargo, no establece propiamente un perfil –ni tampoco, perfiles diferenciados por cada órgano- que agrupe los rasgos, capacidades y cualidades que se esperaría en el magistrado ideal, tales como la honorabilidad o integridad, la independencia, y el compromiso con los DDHH y los valores democráticos; como sí lo hacen otros países de la región[1]. Pese a esta importante falencia, consideramos que las entrevistas a los postulantes, más que ser un examen oral de conocimientos, podrían ser el espacio público para conocer y evaluar esos valores y virtudes, con participación de la sociedad civil.

Un punto muy positivo a resaltar, es el reconocimiento de la no militancia, dirigencia o candidatura política en los últimos 5 años, como un requisito común a todos los postulantes a estos altos cargos. Esto debe reforzarse y complementarse aplicando una política frente a conflictos de intereses, que permita identificar otro tipo de lealtades y eventuales situaciones que pongan en contradicción los vínculos previos del/la postulante con su nueva misión.

Es preciso subrayar, que 56% de calificación fijado como mínimo para ingresar en la lista final de seleccionados, no asegura la opción por los más meritorios. Es más, una de las previsiones manda que “los postulantes cuyo puntaje acumulado entre las fases de evaluación curricular y evaluación escrita no les permita habilitarse para la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional ni obteniendo el puntaje máximo en la entrevista, serán inhabilitados y excluidos de la entrevista”. Lo que en términos prácticos significa que podrían pasar a la entrevista, postulantes que han reprobado su evaluación de méritos y de conocimientos, ya que logrando solo 26 de 70 puntos, tendrían derecho a seguir en carrera dentro el proceso. Así, las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia podrían estar entrevistando postulantes reprobados en las fases previas, lo que no guarda congruencia con los principios de meritocracia y competencia que inspiran el Reglamento aprobado.

3. La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.

Valoramos positivamente que se haya decidido que el Sistema de la Universidad Boliviana participe en las fases de evaluación curricular y escrita a través de profesionales académicos y especialistas. Sin embargo, en el contenido del procedimiento no queda claro y diferenciado si -además del rol de formular las preguntas para el examen escrito- la labor técnica de calificar méritos será tarea exclusiva de los representantes académicos o si será más bien una tarea concurrente con los representantes políticos, miembros de las Comisiones Mixtas del Legislativo, lo que afecta a la certidumbre e imparcialidad del proceso.

4. El proceso de preselección debe ser transparente y público en todas sus etapas.

El Reglamento asume entre sus principios rectores los de publicidad y transparencia. En esa línea, se dispone que las actividades de la etapa de preselección serán publicitadas a través de medios de comunicación, páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Asimismo, se dispone que las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia podrán invitar formalmente a organismos internacionales como veedores del proceso de preselección. También se aprueba el uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación a fin de optimizar los recursos y acercar a la ciudadanía al proceso.

El Reglamento señala que, finalizada la recepción de postulaciones, las Comisiones Mixtas se declararán en sesión pública permanente para abrir sobres y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Se determina que las nóminas de postulantes registrados, habilitados y seleccionados, así como sus puntajes obtenidos y las impugnaciones resueltas, se publicitará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así como en medios de comunicación social.

Las evaluaciones se llevarán adelante en sesiones de carácter público, serán ampliamente difundidas y tendrán registro audiovisual. Sin embargo, no queda expreso que la entrevista, al igual que los expedientes que contiene los antecedentes presentados por los postulantes, será de libre acceso al público. Igualmente, se hace necesario establecer que se hará público los informes de habilitación/inhabilitación, así como el informe final de todo el proceso presentado por las Comisiones Mixtas al pleno de las cámaras.

5. Se deben realizar audiencias públicas con los postulantes para evaluar sus capacidades.

El Reglamento dispone que la fase de entrevistas se realizará en la ciudad de La Paz. La fecha, hora y lugar se publicarán en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados un día antes de su realización por cada postulante. El Reglamento no deja claro si estas serán públicas y trasmitidas en vivo.

 Como parte de la evaluación, las Comisiones Mixtas entrevistarán a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma presencial su conocimiento, desenvolvimiento, capacidad de argumentación, de análisis y de comunicación, según el cargo al que postula. Para ello, elaborarán baterías de preguntas de criterio por institución sobre: Conocimiento del área, Gestión y Propuestas.

 Consideramos que esta metodología no brinda los instrumentos suficientes para medir las capacidades y habilidades de los postulantes en esta materia. Los miembros de las Comisiones deberían tener elaboradas las preguntas que se aplicarán en estas entrevistas, en función al perfil de cada cargo, que permitan conocer la visión jurídica del postulante en relación a la interpretación basada en derechos humanos o con enfoque de género e interculturalidad, así como sus propuestas para la reforma judicial.

6. La participación de la sociedad civil debe ser un principio rector del proceso.

El Reglamento no recoge a la participación de la sociedad civil dentro de los principios rectores. Pese a ello, abre algunos espacios de participación social, ya que -por ejemplo- los postulantes podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos, por universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales e instituciones civiles debidamente reconocidas. También se dispone, que “cualquier persona individual o colectiva podrá impugnar a cualquiera de las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro un plazo máximo de ocho (8) días calendario desde la publicación de postulaciones habilitadas”. No hay otra vía para poner en conocimiento de las Comisiones los antecedentes del postulante, ni se toman otros recaudos, como la publicación o el acceso a la información pública presentada por los postulantes, así como la posibilidad que las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer preguntas ante las Comisiones encargadas de las entrevistas; no obstante, creemos que estas preguntas podrían ser efectuadas por intermedio del grupo de profesionales que representa a la universidad boliviana.

7. Se debe incorporar mecanismos para que la composición de las altas cortes refleje la diversidad de la sociedad, tanto en lo referido a género como a interculturalidad.

Finalmente, el Reglamento dispone que “la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el 50% de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino”. Al efecto, se determina que la preselección se hará en votación por separado para cada órgano, en papeletas con listados en orden alfabético, con distinción de género, auto-identificación indígena, según corresponda, de todas las personas habilitadas, fijando que, para los distintos puestos en competencia, “el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena”. También, se prevé para el caso que faltara un representante indígena o no se llegase al cupo de igualdad de género, se habilitará la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación, que sea indígena o mujer, según corresponda.

A partir de las lecciones aprendidas en el pasado, es necesario construir las condiciones políticas, legales e institucionales que aseguren que la reforma del sistema de justicia sea un proceso genuino de reforma democrática, que garantice a los ciudadanos el acceso a una justicia independiente e imparcial. Por ello resulta clave mejorar el sistema de preselección de candidatos, mediante mecanismos trasparentes y abiertos al escrutinio público, participativos e incluyentes orientados a identificar el mérito profesional de los postulantes, que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación, a fin de garantizar la selección y elección de los profesionales más idóneos para ocupar tan importantes cargos

[1] Por ejemplo, la Disposición General II y el Art. 7 del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, aprobado por Resolución 228-2016-CNM. Disponible en:www.cnm.gob.pe

Conocí a Iván Canelas Lizárraga cuando era un joven y rebelde periodista de LA RAZÓN cubriendo la crisis de febrero y octubre de 2003. No solo su pluma sino su talento para plasmar la noticia en imágenes me generaron un interés en seguirlo. Por eso cuando logró el Premio Nacional de Periodismo le dio al fotoperiodismo un nivel institucional y fresco con la agencia de noticias AFKA.

De pronto se dedicó más a la imagen y menos a la escritura, de hecho con su autorización hemos usado en oxigeno algunas de sus fotos para darle fuerza a nuestras notas. Sus textos en redes sociales siguen siendo rebeldes o al menos irreverentes, hace un par de semanas esas notas de redes sociales tomaron cuerpo en el artículo "Aislacionismo y coloniaje” que interpela intereses afectados relacionados con el rol de nuestro país en el contexto internacional, aborda los fundamentos con los que Bolivia defendió la vida, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente la de los civiles y los niños sirios, que cada día mueren por culpa de la geopolítica mundial y el injerecismo de los países poderosos.

Concuerdo con su artículo en condenar en todo momento la actitud abusiva y destructiva que toma EEUU y la Otan. Pero no concuerdo en que eso nos obligue a defender a gobiernos agotados que no tienen legitimidad ciudadana.

Sin embargo, el artículo, que se presta a generar un debate nacional sobre nuestra posición internacional, provocó otro debate días después, cuando la misma nota firmada por el señor Israel (katu) Arconada aparece publicada en el periódico cambio, este hecho generó un reclamo ampliado de lectores de periódicos dejando una sombre de duda sobre los firmantes.

Rápidamente el periódico Cambio reconoce la autoría de Iván Canelas y libra de responsabilidad a Israel Arconada. Sin embargo, ni el periódico Cambio ni el firmante Arconada han tenido el decoroso acto de hacer un acto de desagravio con Canelas. En materia de prensa tenemos la obligación no solo de aclarar y reconcoer nuestros errores. Sino de pedir disculpas por el daño moral que sufren las personas.

Es por eso justo reconocer la labor de su autor, el periodista Iván Canelas Lizárraga que no sólo es Premio Nacional de Periodismo, que no sólo fue uno de los periodistas jóvenes más influyentes durante la crisis política del 2003, y que no sólo le ha dado una mirada fresca y novedosa al fotoperiodismo nacional desde AFKA, su agencia, sino que hoy, con sus ideas, ingresa con éxito en el ámbito de los intelectuales progresistas.

La justicia tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley, de poner a todos en igualdad de condiciones y finalmente de hacer que la sociedad en armonía pueda garantizar la administración de justicia premiando a los que cumplen la ley y castigando a quienes no lo hacen, con honestidad, rapidez, independencia y finalmente imparcialidad.

¿Pero por qué son tan difíciles de entender independencia e imparcialidad? Y ahí necesariamente tenemos que entender -que ambas- son las garantías del juez como de las partes. Es decirle al juez que solo se debe a la ley -y no a quién lo haya nombrado- y a las partes que el juez no tiene preferencia por ninguna de ellas y que todo se fallará según lo establecido en la ley.

¿Y cómo se entiende independencia en el oficialismo y en la oposición? Se entiende como no estar inscrito en ningún partido político. Y eso es un error, no solo por ser atentatorios a los derechos y garantías constitucionales, sino porque dejas fuera a ciudadanos bolivianos que ejercen la política como instrumento de constituir y dirigir los órganos y poderes del estado.

Primero que la libre asociación y la militancia son un derecho que tienen todos los ciudadanos bolivianos. Y el ejercicio de un derecho de ninguna manera debe constituir una traba discriminatoria. Es decir, si una de las partes siente que la militancia de un juez hace que tenga una antipatía contra él, este tendrá herramientas procesales como la excusa, la recusa, la inhibitoria y la declinatoria; para pedir otro juez -como ocurre- si el juez es familiar, compadre acreedor, deudor, socio o tiene cualquier relación que constituya afinidad o antipatía en el proceso.

Segundo, porque ejercer como servidor público siendo militante de un partido político, es un derecho que no se puede castigar negando el derecho a postular o a ser discriminado por esa razón. Es importante entender que la militancia incluso se consolida, cuando un ciudadano firma un libro para que un colectivo pueda acceder a personería jurídica destinada a conformar poderes públicos. Solo eso, la militancia nunca ha garantizado nada y mucho menos un espacio laboral en el estado. Todo lo contrario, se ha convertido en un registro estigmatizador en la sociedad.  

Tercero, que la militancia es un acto similar a la esclavitud. Los líderes registran a estos militantes muchas veces obligados por autoridades públicas como si fueran ganado. Adherirse a un proyecto político o a una gestión de gobierno de cualquier nivel debe ser un acto de conciencia que no debe ser sujeto a registro y esta adherencia debe concluir si se ha dejado de tener una opinión positiva del líder, del programa, o de su aprobación de gestión.

Finalmente, si militar en un partido es malo, lo que hay que eliminar es la militancia registrada; la militancia tendrá que ser un compromiso con uno mismo, no un registro para que no te escapes. Por el contrario, se decimos que registrar es un derecho de los líderes y un derecho de los registrados y que esto es positivo y valorable, entonces de ninguna manera puede ser causal de exclusión para conformar órganos del estado. 

POLITICA EDITORIAL

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CAPITULO 3: CONTENIDOS y ESTILO

12. El lector podrá encontrar en www.oxigeno.bo  una gama de información con enfoque propio en sus secciones política, deportiva, internacional, de la misma manera que podrá encontrar biografías o notas históricas de los actores protagónicos del acontecer público. El lector también tendrá espacios de aprendizaje sobre hechos de seguridad, sobre tendencias en negocios y tecnología. Finalmente el bienestar de la gente será parte del trabajo intergral de www.oxigeno.bo para con sus lectores. La opinión es un espacio que pretende promover el debate público basado en el pensamiento de líderes de opinión.

13. Los titulares deben tener arte literario pero de ninguna manera estos pueden llevar a inducir al error de criterio de quienes solo ven el titular y la fotografía. No se aceptarán títulos engañosos con respecto a la nota.

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Para Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976, el fenómeno de la corrupción es inherente a la administración de los recursos públicos porque no cumple con el postulado de la racionalidad económica, que está presente en los intercambios libres de los agentes económicos.

El tema de la corrupción es un hecho muy comentado últimamente por los diferentes medios de comunicación social y debido al escandaloso caso de la gran empresa brasileña Odebrecht, que habría corrompido a varias autoridades gubernamentales de la región para favorecerse con la adjudicación de grandes obras públicas.

Hay que recordar que una de las principales críticas que se hace a las exitosas economías asiáticas es lo que en inglés se denomina,  crony capitalism, o sea el capitalismo de camarilla y de amigos, incentivado por la intensa intervención estatal en la economía de esos países.

Milton Friedman parte del hecho de que los agentes económicos poseen ingresos propios o ajenos que los gastan en su propio beneficio o en beneficio ajeno. Las combinaciones posibles son cuatro: i) gastar su propio ingreso en propio beneficio, ii) gastarlo en un tercero; iii) gastar un ingreso ajeno en beneficio propio y iv) gastar un ingreso ajeno en ajenos.

En la primera combinación, que señala que el ingreso propio se gasta en beneficio de su poseedor, está el principio de que sólo a partir del  esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada hombre por mejorar su condición de vida se derivan tanto la abundancia privada como pública. Esta es la que predomina en las relaciones de mercado, en las cuales participamos todos y, por tanto, es la relación dominante de las cuatro señaladas. Es la única que tiene la particularidad de cumplir el postulado de la racionalidad económica, es decir, de cumplir con los postulados de la maximización de la utilidad y de la minimización del costo, que están presentes en todo intercambio libre y voluntario.

El segundo caso, se puede ejemplificar con el regalo que alguien hace a otra persona, situación en la que se verifica sólo uno de los dos postulados, cual es el de mínimo de costo pero no el de máxima utilidad. Para que cumpliese con este requisito el agasajado debiera elegir el regalo, en cuyo caso es como si se le regalase el dinero mismo. En ese caso, esta combinación se convierte en la primera.

En el tercer caso, donde el agente económico se beneficia de ingresos ajenos, se podría ejemplificar con el automóvil que los gobiernos ponen a disposición de las autoridades públicas, el teléfono celular, etc. Se observa que no interesa minimizar los costos, sólo maximizar la utilidad, por lo que esta alternativa es parcialmente racional.

La cuarta combinación es la que no cumple en absoluto el postulado de la racionalidad económica y es la que representa el que hacer político y estatal.

Los políticos ofrecen gastar recursos que le son ajenos para beneficio también ajeno, y así lo hacen cuando llegan a gobierno. En este caso no se asegura ni la máxima utilidad de los beneficiarios del gasto, porque la utilidad es una valoración individual, ni interesa minimizar el costo porque los recursos son de terceros y no son propios.

Pero el político al momento de decidir la asignación de los recursos públicos ve que puede beneficiarse, por lo que la cuarta alternativa se convierte en la tercera, vale decir, que la gente que gobierna está tentada a desviar los recursos ajenos en su propio beneficio, lo cual da lugar al fenómeno de la corrupción.

La experiencia de muchos países en el campo de los programas sociales, a cargo del Estado, también estaría demostrando ineficiencia. Sólo al  principio los programas estatales de bienestar funcionan bien porque son pocos los beneficiados, pero luego por la presión social estos se amplían, lo que acarrea el despilfarro y el mal manejo de los recursos. Varios de ellos se los crea suponiendo que son temporales, pero luego se hacen permanentes. Después tienden a generalizarse en diversos campos con resultados indeseables. Surgen grupos de interés que se benefician con estos programas que luego presionan para ampliarlos, lo que trae aparejado la expansión de la burocracia estatal, del gasto público y, con ello, del déficit fiscal que se ha convertido, en la actualidad, en un hecho permanente en la vida de las naciones.

La gente que gobierna tratará por todos los medios de beneficiarse con los recursos que administra. Por esto las obras públicas se adjudican a las empresas “amigas” del gobierno de turno, se dan los denominados casos de nepotismo en las oficinas públicas, los negociados, el pago de comisiones indebidas, la inversión pública de mala calidad, la inefectividad del gasto público y su despilfarro, porque se invoca la bondad humana de los político, burócratas y gobernantes, al momento de administrar los recursos públicos, que es más débil, al estímulo más fuerte del interés propio que ellos mismos poseen.

Lo señalado se podría denominar el “axioma de la corrupción”. Lo que acontece es que al tratar de promover el interés público alimentando la intervención gubernamental, el político y el burócrata son conducidos por una mano invisible que busca alcanzar intereses privados. El problema no estaría en la mano invisible del mercado sino en la mano visible del gobierno.

La Paz, abril de 2017

El Patio Colonial del Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fue el escenario de una -casi bohemia- noche donde se llevó a cabo uno de los eventos más significativos que recordaré siempre. Allí estaban no solo mi familia sino más de un centenar de amigos, para compartir conmigo una alegría. Fue la noche del 12 de abril de 2017, día memorable porque hasta el Cielo puso de sí para que ocurriera ya que justo ese día paró la seguidilla de lluvias sobre Santa Cruz de la Sierra, permitiendo realizar el Acto a la intemperie, con atemperado clima.

La indiscutida historiadora cruceña Paula Peña Hasbun, en su calidad de Directora del Museo de Historia, hizo uso de la palabra en primer término para referirse a la obra que se presentaba ese día, sorprendiéndome gratamente el escuchar de sus labios dos valientes definiciones ante semejante auditorio: el primero, contra el aborto, para preservar la vida desde su concepción misma; el segundo -contradiciendo lo dicho por una de sus amigas- a favor del uso de la biotecnología para producir más y mejores alimentos usando la ciencia y la tecnología, para preservar la naturaleza.

Destacó además, el formato facsimilar a tres columnas del libro, del cual dijo tenía la virtud de conjugar la ciencia, la razón y la fe cristiana, hacia una mirada certera de las temáticas abordadas.

Luego vino la rutilante intervención de quien tuvo a su cargo el Prólogo de la obra, Juan Carlos Rivero Jordán, Editor de Opinión del Diario Mayor “El Deber”, quien de la manera más que generosa destacó el contenido temático de la obra y respecto al autor, “la prosa elegante, dinámica y con chispa” para hablar de “la Bolivia productiva, las vicisitudes del hombre del campo, los vaivenes de la economía, las nuevas tecnologías de producción y muchos otros temas entrelazados”, destacando, además, como elemento central, la fe en Jesucristo que le llevó a escribir sobre cuestiones espirituales “buscando llegar con palabras de fe al corazón de sus lectores”.

Fue una noche gloriosa, concebida desde el mismísimo corazón de mi Padre Celestial. Ver a mis papás sentados en primera fila y escuchar del auditorio una cariñosa ovación por su sacrificio para educarme, algo inolvidable, como lo será también ver a mi amada esposa y mis hijos allí, en armonía.

Inolvidable será esa noche en la que presenté mi libro titulado “Buscando la Verdad, Reflexiones sobre economía y la Vida a la Luz de la Palabra de Dios (2012-2016)” que está a su consideración.

Santa Cruz, 19 de abril de 2017

Las últimas noticias y acontecimientos mundiales han demostrado tristemente algo que todos sabíamos pero que ahora se hace más evidente, la inutilidad de la ONU. Entidad parasitaria y burócrata, que no ha resuelto absolutamente NADA importante desde su creación en 1945. Los últimos hechos en la actualidad, en el año 2017, lamentablemente lo corroboran : el desastre de Siria, donde se incluye todo lo peor imaginable , desde el uso de armas químicas contra población civil hasta el genocidio de minorías étnicas y religiosas; la escalada de amenaza de enfrentamiento nuclear entre EUA, Rusia y Corea del Norte cercano a la conflagración general, donde el alarde de hacer desaparecer la vida en el planeta parece una sombra continua; el terrorismo con objetivos indiscriminados sin visos de freno: las iglesias coptas egipcias voladas en pedazos en El Cairo, con sus feligreses dentro; la debacle en Venezuela que polariza a una sociedad con una crisis humanitaria sin precedentes, donde se distribuyen quinientas mil armas para atizar el enfrentamiento sin posible solución a mediano plazo; hambruna en Sudan, Eritrea y Etiopía que recrudece por la intolerancia religiosa. Son sólo algunos ejemplos.

Mejor no retrocedemos más para no reprochar mayores desaciertos e impavidez, lindante en la ineptitud, la ONU y su actitud contemplativa tiene enormes falencias imperdonables desde su creación. Sus “recomendaciones, seminarios, informes, conclusiones y llamados” no representan absolutamente nada y pueden ser buenos reemplazos de papel higiénico, pero paradójicamente para elaborarlos, se gastan millones en mantener centenares de improductivos, parásitos e inútiles empleados cuya existencia no justifica, sus míseros por no decir nulos resultados. 

La Sociedad de las Naciones su predecesora, por motivos similares desapareció destruida por los acontecimientos. Uno de los personajes más temibles y siniestros de la Historia, Adolfo Hitler lo hizo de forma por demás brutal por razones que a la luz de los actuales acontecimientos hacían palpable su futilidad ante los reclamos de los Estados. En octubre de 1933, unos nueve meses después de que fuera nombrado canciller de Alemania, el gobierno alemán anunció su retirada de la Sociedad de Naciones. La razón ostensible era la negativa de las potencias occidentales de aceptar las demandas de Alemania relacionadas con la paridad militar. Con una brusca carta, del 19 de octubre de 1933, el ministro de Relaciones Exteriores, Konstantin Freiherr von Neurath, informaba al secretario general de la Sociedad de Naciones, Joseph Avenol, la retirada de Alemania. Tras dejar la Sociedad, Alemania procedió al rearme militar a gran escala, emprendido en violación de los acuerdos internacionales, la renuncia al Pacto de Locarno (1936), el ataque a Austria (1938) y la anexión de las provincias checoslovacas de Bohemia y Moravia (marzo de 1939). Estas acciones culminaron con el ataque alemán a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La Historia parece repetirse , la ley de los más fuertes, de los más irracionales, de los megalómanos, de las armas de alto poder destructivo, se impone y la ONU confirma que nunca funcionó y reditúa su inoperancia al igual que la Sociedad de las Naciones.