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Coincidiendo con mis disfrutes académicos, aproveché mi estadía en la sede para asistir al foro: “Una Fiscalía Autónoma para una Justicia Independiente” organizado por las Fundaciones para el Debido Proceso; Construir, Tribuna Constitucional y otras, con motivo de la próxima elección del nuevo Fiscal General de Bolivia, toda vez que el actual, culmina su, para mi gusto, nefasta gestión, caracterizada por su falta de objetividad, a causa de su obediencia partidaria, fundamentalmente.

¿Será que el régimen se apresta a repetir (nos) la dosis? ¿La administración de justicia penal boliviana soportará un nuevo ciclo con un nuevo gatillador fiscal? ¿Cuántos estragos más aguantarán el sistema y el Ministerio Fiscal? Son algunas de las interrogantes que surgen a propósito de esta nueva elección, en la que huelo, le será imposible al régimen, que por muy debilitado que está, aún controla espacios que le permiten designar a su gusto a sus operadores, así sea disfrazados de magistrados, jueces o…fiscales. Así las cosas, me parece poco probable deje pasar esta ocasión para tener otro servidor, no público, sino del partido y, por tanto, para sus intereses y no los de la sociedad.

Considérese que como salió en el evento, no importa quien finalmente sea el nuevo FGE, sino el conjunto de elementos que rodean el funcionamiento de la Fiscalía y podrían asegurar cumpla sus fines constitucionales u otra vez, fracase. Dado lo que aún queda del sistema acusatorio, la Fiscalía es la institución clave a controlar por su principio de jerarquía y unidad, que hace sea mucho más dirigible: tiene la llave para abrir las causas penales, escoger contra quienes y porqué e incluso, cerrarlas. Tremendo poder, que cuando cae en garras partidarias irresponsables e inescrupulosas (como acaece actualmente), genera graves daños al estado de derecho y al debido proceso y, por supuesto, a los derechos ciudadanos.

Afortunadamente, no existe posibilidad constitucional de relección (art. 228 de la CPE) e incluso, sus conmilitones acaban de bajarle el pulgar, al margen que ya venció el plazo para renunciar y habilitarse, así como a sus delfines, que siguen en sus cargos.

De ahí que sea importante considerar, a la vista de los daños causados, que la elección que se viene constituye una decisión de alto interés público. Siguiendo los parámetros interamericanos, la autonomía del Ministerio Público y de su cabeza, resulta clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, el debido proceso a los imputados (sin importar sean o no del partido de gobierno) y, cumplir el deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y violaciones de DDHH (incluyendo las causadas por el gobierno). Adviértase que precisamente en esos rubros, la actual gestión fiscal ha fracasado ostensiblemente, pues ha sido el principal ejecutor del derecho penal del enemigo en Bolivia, garantizando impunidad para sus compañeros del partido y, la aplicación irrazonable y desproporcionada del ius puniendi, contra quienes su jefazo y Cia, les bajan el pulgar (el último, Carlos D. Mesa).

Por ello, la autonomía o independencia fiscal es absolutamente determinante para el cumplimiento, siquiera, regular de su misión. Autonomía respecto de todos los órganos estatales y otras fuentes de poder; aunque como en Bolivia el régimen sojuzga a todos, no queda mucho espacio de libertad, empero, de mantenerse las estrategias envolventes, el daño podría ser irreversible. ¿Los asambleístas estarán esta vez, a la altura de las circunstancias y del desafío? Amanecerá y veremos…para que no siga ocurriendo como describe KEMP SUAREZ: “Algunos fiscales y jueces hacen ahora el papel que antes hacían los esbirros y sicarios del Ministerio de Gobierno”.

Con motivo del procedimiento tramitado por el Tribunal, Supremo, de Justicia por la proposición acusatoria del caso Quiborax contra el ex Presidente Carlos D. Mesa, el Ministro de su Sala Penal Lic. Aguayo acaba de señalar –asombrosamente- que, no consideraron los tres memoriales formulados por su defensa técnica y material: “…por razones obvias de procedimiento” ¡!!?? Y, por si el anterior dislate no fuera ya suficientemente grotesco, su Presidente reiteró pretendiendo defender lo indefendible, que tan grave omisión (peor viniendo de “los supremos”) obedece a que simplemente se trataba de un: “…aspecto de antejuicio, casi de carácter administrativo…”. A confesión de parte, relevo de pruebas repetimos los abogados.

Así las arbitrariedades, está claro que los supremos que por supuesto debieran dar (nos) lecciones cotidianas de Derecho en todas sus actuaciones como jueces (se espera actúen como terceros imparciales…) e incluso en sus intervenciones públicas, le metieron no más, en contra de un conjunto de, elementales, garantías previstas no sólo por su Constitución, sino por la Convención Americana de DDHH y hasta el propio procedimiento.

Para empezar, sería iluso considerar que como el trámite por el momento, solo está en fase de antejuicio, algún ser humano (y conste que Mesa, lo es) no tenga derecho a ser oído (derecho de audiencia, juicio previo, etc) así sea por la Sala que tramita esa autorización, aunque sea para decirle formalmente: “estese a lo resuelto”; en el caso, tengo entendido que como no podría ser de otra manera, planteó argumentos defensivos que, debían ser considerados por los supremos, puesto que se trata de eso, de un ejercicio defensivo contra la acción en su contra, que otra vez, todos los seres humanos tenemos derecho a desplegarlos, más aun como aquí ocurre, el ex presidente está siendo objeto de un procedimiento que pone en riesgo (para escribir lo menos) sus derechos.

Existe también otra garantía que aparece en la CPE y se llama tutela judicial efectiva y oportuna. Efectiva ya que debe producir los efectos para los que ha sido prevista y oportuna, dentro de los lapsos razonables. En el caso, la “tutela” de los supremos al no analizar y menos responder fundadamente sus argumentos, no reúne ninguna de esas sus obligaciones, que no son adornos o cuestiones semánticas, sino derechos del investigado y…obligaciones a cumplir rigurosamente por parte de los jueces; si es que realmente lo son (esto es, terceros imparciales).

En similar sentido, la CADH desarrolla el derecho a la protección judicial, franqueado en favor también de toda persona: tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la CADH, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, siendo obligación de los Estados Partes (Bolivia a través de sus agentes, los supremos) garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga ese pedido. No lo contrario, como acaeció.

¿Será que los supremos ignoran esas normas, elementales? Lo dudo, pero está claro que se les juntó la gula con las ganas de comer, le metieron no más para hacer buena letra por su designación (pues perdieron en la elección). Lo peor es que como los jueces se legitiman en la medida que respetan los derechos de las personas, han comenzado su gestión rifando esa su escasa legitimidad, cumpliendo aquella magistral de GARGARELLA: “El derecho acostumbra hacer lo que no debe, maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar”.

Algún momento tendrán que retornar la ley y la moral a nuestra realidad. Salvar el espíritu democrático que aún queda en la nación, he aquí la mayor tarea que tenemos como hombres y como mujeres, más allá de las particularidades que en la vida ordinaria y privada se nos puedan presentar.

Éste es un mensaje dirigido más a la juventud que a los hombres maduros, porque en aquélla se ciñe —así ha sido siempre en la historia— una toga de esperanza.

Aquel ideal democrático por el que nuestros mayores vertieron su sangre y su sudor —y hablo a nivel continental— hoy está eclipsado. Hemos pasado por dictaduras, guerras civiles, manifestaciones brutales, asonadas y revueltas militares, pero nunca como ahora la libertad se ha visto tan ensombrecida por las pasiones humanas que se agitan en el torbellino público de todos los días.

Los peores enemigos de nuestra libertad ciudadana no están, como ayer, en los tanques que silenciaban las calles ni en las milicias populares y partidistas que torturaban a sus adversarios; están en cosas inmateriales, pero por lo mismo más potentes en sus alcances: el pensamiento y la ambición.

En éste nuestro continente americano, donde hay de todo —como en todo lugar y todo tiempo—, se levantan voces que afirman la continuidad de lo que hemos aprendido de las revoluciones americana y francesa, por una parte, y gritos, tan vehementes como aquellas voces, que insisten en una cosa que está más allá del comunismo o del socialismo: el egoísmo. Porque debemos saber distinguir: una cosa es apuntar a la dictadura del proletariado o a un gobierno de campesinos y populares y otra muy diferente el deseo desmesurado del poder por el poder en sí mismo.

Hoy América Latina no es libre, pero sí es libertaria. Está sometida, pero no rendida.

El fenómeno es regional y no local, como cuando las dictaduras del siglo pasado. Entonces se debe luchar teniendo en cuenta las fluctuaciones de la política de los demás países vecinos, solo así podremos convencernos de que lo que pasa en nuestro Estado es fiel reflejo de lo que pasa en otros.

Y cuando suceda el cambio, será de índole paradigmática, en otras palabras, cuando el país cambie, habrá cambiado el paradigma o el proyecto de Estado y no solamente el gobierno, como en cambio pretenden los opositores que no ven más allá de la superficialidad coyuntural. Para esto, es preciso que condensemos el mayor acopio de fuerzas espirituales, de acción, movimiento e inteligencia. La fuerza física quizá no sirva de mucho, porque como decía Tamayo: «En los momentos más severos de la historia, las batallas y las vitorias definitivas las ha dado y obtenido siempre el espíritu servido de la inteligencia y de la voluntad».

Es cuestión de tiempo, pero también de esfuerzo. Las tiranías injustas han de caer, de eso no quepa duda alguna, pero mucho dependerá de la conciencia que tengamos en que eso debe ocurrir. No apuntemos a una ley de tiranicidio, eso socavaría aún más lo que queda de democracia, apuntemos más bien a la fuerza de la inteligencia como instrumento de la materialización de la voluntad humana, la mayor fuerza que existe en el mundo.

Porque un tirano o un rey injusto pueden tomar nuestra casa, a nuestros hijos, nuestras tierras, incluso nuestro propio cuerpo, pero nunca podrá tomar para sí mismo nuestro espíritu ni nuestra inteligencia, cosas que están en un plano inmaterial y —por tanto— divino.

Porque el mundo material es de la bestia, en cambio el espiritual es de la virtud (personal y pública), y este mundo es inmortal.

Y cuando se haya ganado en todo el continente la democracia plena nuevamente, no recordemos con odio a quienes nos la despojaron algún día; más bien ciñamos un manto que cubra todo el oprobio vivido en tantos años. El sudario del olvido.

Nada resulta más frustrante para un economista, que se le pregunte ¿hasta cuándo se va a mantener el dólar sin cambios? Algunos vienen pronosticando por años una inminente devaluación/depreciación del Boliviano y otros reniegan porque eso no se da (pero no lo dicen en público). Lo cierto es que ningún economista podría aseverar hasta cuándo se mantendrá el dólar en su nivel (que data de noviembre del 2011); ni siquiera los economistas del gobierno podrían asegurar cuánto más seguirá sin cambios porque eso depende de varios factores.

Recuerdo que estando en funciones el ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, alguien dijo: el tipo de cambio no cambia, mientras no cambie el tipo. Sin embargo, pese a que el destino quiso que hoy tengamos otro Ministro -en un contexto muy diferente al del auge- nada cambió y tal parece que no cambiará mientras haya suficientes dólares en el país, a costa del sacrificio de las Reservas Internacionales Netas (RIN) así como del sector exportador no tradicional que, con la subida de costos, disminuye su competitividad dándose la consecuente pérdida de mercados y empleos. Basta ver las estadísticas para apreciar cómo en varios rubros donde antes éramos superavitarios hemos pasado a ser deficitarios, a importar cada vez más lo que antes hasta exportábamos (textiles, maderas, calzados, alimentos).

Pero ¿qué es el tipo de cambio? Es un macroprecio de la economía, el más importante para mí, pues de su buen manejo depende la estabilidad económica así como la inversión para producir y exportar más bienes y servicios.

El tipo de cambio refleja la relación entre la moneda local y la principal divisa del comercio internacional, el dólar estadounidense. Cuando el dólar sube en un país, éste gana competitividad (así sea espuria) pues el dólar puede comprar más desde el exterior en la moneda local (tipo de cambio alto).

Este es el caso de China, que sistemáticamente ha mantenido la debilidad del Yuan frente al dólar como un medio para llegar a convertirse en pocas décadas en el primer exportador del mundo y en la segunda potencia económica del planeta.

A contramarcha, Bolivia está empecinada en bolivianizar su economía, con un dólar débil y un Boliviano fuerte -abaratando la importación, encareciendo la exportación- tornando al comercio exterior tan deficitario, que en los últimos 3 años se comió 3.500 millones de dólares de las RIN (de no ser por las remesas desde el exterior, la caída hubiera superado los 7.000 millones).

Hace días atrás, la ciudadanía, especialmente chuquisaqueña quedó consternada por la violación de una niña de 9 años con Síndrome de Down por un sujeto, incluso alguna funcionaria llegó a decir que su agresor le había cortado la lengua para que no hablará (aunque luego fue desmentida). La Policía presentó al supuesto agresor, el Ministerio Público lo imputó (violación agravada), apareció el Ministerio de Justicia sumándose a la denuncia del hecho y, por supuesto, una Juez Cautelar resolvió su detención preventiva. Hasta ahí, todo parecía transcurrir como otro caso más, rumbo a la condena, después de varios años.

Empero, esa natural indignación fue superada por una sorpresiva noticia: el pasado viernes, la misma Policía que había presentado al anterior “culpable”, tuvo que –afortunadamente- recular y zas!!! presentó a otra persona, esta vez –en serio, dice- el verdadero autor de ese execrable hecho. Cuando escribo esta columna, los chismosos del Facebook informan que el primer “culpable” acaba de ser liberado, aunque estuvo –injustamente detenido en San Roque- por aproximadamente, 14 días. ¿Le habrán pedido, siquiera, disculpas?

Pues bien, no pretendo hacer leña del árbol caído (en realidad, se trata de varias de sus ramas: policía, fiscalía y judicatura, que le metieron no mas), empero lo acaecido trae a colación indagar (nos) ¿Cuántas personas estarán en similar o peor situación? ¿Nuestro sistema de administración de justicia, fundamentalmente penal, tiene la suficiente confiabilidad e independencia para evitar casos como ese o aún peores?

Adviertan que por su naturaleza, la justicia penal es la más fea de la película, puesto que aunque afortunadamente en Bolivia, por lo menos formalmente, no existe pena de muerte, el que te tenga así sea una noche detenido en una cárcel, de forma injusta e indebida e incluso desproporcionada (como usualmente ocurre), es por supuesto, una gravísima violación de DDHH y una grave irresponsabilidad estatal.

Convengo con algun@s, que en este caso como en otros parecidos, por su naturaleza, existe una presión nada despreciable del entorno (la víctima, sus defensores, los medios, etc) que pone en una situación muy difícil a los operadores de justicia, a quienes se les exige “resultados inmediatos” que se traducen en dar inmediatamente con el autor y claro, luego del escarnio público (ante los medios), cautelarlo.

La Comisión Interamericana en el “Caso García Fajardo y otros Vs. Nicaragua” enseña que se está ante un error judicial: “cuando a través de 1) un fraude, 2) negligencia, o 3) conocimiento o comprensión errónea de los hechos, una decisión judicial no refleja la realidad y puede ser entendida como injusta”. En el que nos ocupa, estamos ante una cadena de errores de operadores del sistema que, debiera proceder con base a pesos y contrapesos: la policía debe ser controlada por la fiscalía y ambos por el juez e incluso entre todas las partes, mediante el sistema impugnaticio, pero todo indica que aquí, todos fallaron ¿Por qué? ¿Será que pesa más la naturaleza repudiable del hecho por encima de lo racional, de lo justo o de lo legal? ¿Hubiéramos aprobado la decisión del juez si no hubiera cautelado al primer imputado? ¿Será que el sistema se acostumbró a tratar a las personas como un número de FIS o NUREJ no más? Y conste que, estoy consciente que es fácil afirmar que el puente se iba a romper después que lo cruzas y se rompe.

Aprovecho aquí para llamar la atención que existen muchos otros casos, con imputación, detención, acusación, condena y todo, (por ejemplo piensen en el caso 24 de mayo) en los que esa injusticia no obedece a esos “errores”, sino a que algunos operadores, especialmente altos cargos u operadores de cierre del sistema, que DEBEN subsanarlos, han hecho de su acceso al sistema y su supervivencia, un cruel ejercicio sistemático de injusticia, usualmente por el pago de las facturas por su inmeritorio nombramiento (en Chuquisaca, tenemos Vocales que se aplazaron en su examen, fueron descalificados u ocuparon los últimos puestos y ejercen el cargo), mediocridad, athawaterio o las más viles de las sumisiones, al poder partidario u otros; esa según ellos, es la única forma de ser algo en la vida: “Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injusticias.”, escribió VOLTAIRE

¿Qué pasaría si su hijo, hermano, madre o Ud. mismo cayera en manos de un vendedor inescrupuloso de un medicamento falsificado, adulterado, caducado o trucho, que se lo compra esperando mejorar la salud pero resulta que ocurre lo contrario, pudiendo sobrevenir hasta la muerte?

Siendo que la salud no tiene precio, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con un alto sentido de responsabilidad social, editó el libro “El Negocio de la Muerte: Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, para reflejar la problemática de la venta no controlada de medicamentos que -más allá del daño económico al Estado por la evasión fiscal- afrenta a la vida misma.

Cuando uno escucha una frase tan fuerte como “El Negocio de la Muerte”, lo primero que se le viene a la mente es que tendría que ver con el narcotráfico, secuestro de personas, tráfico de armas, sicariato, tráfico de órganos, etc. Sin embargo, hay otro negocio que puede ser catalogado como tal: la venta de medicamentos falsificados, adulterados, caducados o contrabandeados que, aprovechándose de la ignorancia o necesidad, afecta a la vida de las personas.

De eso trata el estudio encarado por el reconocido economista Gonzalo Vidaurre Andrade, presentado por la CEPB e IBCE en formato de libro en un exitoso Foro realizado en el Real Plaza Hotel & Convention Center, en La Paz, el 4 de julio de 2018. Cerca de 350 personas fueron a escuchar la presentación que demandó ocho meses de trabajo realizando más de 1.000 encuestas en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; varios grupos focales; entrevistas con autoridades nacionales y actores relevantes de la oferta (laboratorios, profesionales médicos, bioquímicos y farmacéuticos, importadores y distribuidores legalmente establecidos) así como, de la demanda (consumidores).

La conclusión de la investigación es que si bien las autoridades hacen lo que pueden para combatir el contrabando (la Aduana Nacional incautó 30 toneladas de medicamentos el 2017) y el ente regulador (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED) fiscaliza a la industria y comercio farmacéutico legalmente establecidos para cumplir la ley, hay un capítulo pendiente…

Concienciar a la ciudadanía de que comprar medicamentos no garantizados puede hacer que el remedio resulte peor que la enfermedad y empoderarla tecnológicamente para que verifique en tiempo real su legalidad, es urgente de realizar. El estudio elaborado apunta a ello y puede ser descargado desde aquí: www.ibce.org.bo 

Hablar de nacionalismo en un mundo en el que la globalización no solamente ha impuesto su ley sino también su tiranía, puede parecer hoy una locura.

Hablar de razas es hoy un sinsentido, porque ninguna sangre posee mejores genes que otras. Dejemos el fascismo para los que aún discuten la superioridad de unas razas, para quienes viven en un mundo no solo alejado de éste en el que vivimos sino además de fantasía (como viven los que creen en la religión de Marx) y para los que piensan que los militares en el poder son la misma bendición de Dios hecha realidad.

Pero, si no de fascismo, sí podemos todavía hablar de las potencialidades que el suelo ha provisto a sus moradores, para que éstos sean los que mejor aprovechen las virtudes que el medio puede dar a quienes trabajan sobre él. Eso es el nacionalismo, que no es determinismo social, aunque sí tiene algunas características físicas en común con éste.

El mundo de ahora da vueltas mucho más rápido que el de ayer y la economía y las comunicaciones hacen que parezca hoy imposible hablar de un nacionalismo practicable, pero no es tan así. El debate se presenta oportuno, dado que en el planeta la variable sociológica de los países se ha hecho casi inexplicable desde el punto de vista de los movimientos vinculados con la migración, cada vez más intensos. Alemania, con una Ángela Merkel en aprietos, está viviendo esta incertidumbre; los Estados Unidos, con un Trump celoso de una raza que es todo menos pura, viven el dilema; Bolivia, con un flujo de inmigrantes asiáticos que ponen en vilo el futuro de muchos bolivianos, siente el problema. Y no solamente estos países, sino muchos otros más.

El nacionalismo es como un proteccionismo, pero un proteccionismo de la raza; un proteccionismo no discriminatorio, sino favorable a la potencia de un pueblo unido a su suelo. Este proteccionismo no es un fin en sí mismo, como en cambio sí lo es para el fascismo.

El medio ha dotado al ser humano de un sistema de concepciones y fuerzas históricas que hacen que el hombre pueda desplegar todo su potencial y toda su creatividad solo en un determinado territorio, fuera del cual es incapaz de alcanzar plenitud material y espiritual, pero mucho menos material. No por nada un indio altiplánico no puede trabajar en las pampas occidentales igual que en las llanuras del oriente; no por casualidad los prusianos no pudieron penetrar la Rusia invernal como lo hubiese hecho descalzo un siberiano; no por nada un carioca en el Tíbet es un donnadie. Esta insuficiencia no está relacionada tanto con el intelecto cuanto con las capacidades físicas del cuerpo. Por tanto, la migración puede afectar la producción material de un Estado cuando aquélla no está bien regulada por las leyes. En conclusión, sí existe un determinismo físico que hace que los hombres estén hechos para rendir mejor en unos lugares que en otros.

El subsuelo de la tierra tiene vida, se llama nacionalismo; de ahí los grandiosos Estados-nación configurados por la Gran Guerra que, aunque violenta y macabra, fue fecunda en el ordenamiento de Europa.

Desde el comienzo de la era contemporánea, la sociedad vive conmovida por la eliminación de las clases sociales; las mejores impugnaciones están en las páginas de los socialistas científicos. Y en realidad, un buen pensador o intelectual siempre querrá que las clases sociales algún día desaparezcan, pero el nacionalismo es cosa muy diferente, y no supone, como se dijo, la creencia de que unos son más que otros, sino que pueden obrar mejor en unos lugares que en otros.

Un viejo determinismo rige inexorablemente, y a despecho de los poetas y abogados de una sociedad global, la vida y el desenvolvimiento de las sociedades humanas.

La historia del Derecho y principalmente, por su tremenda naturaleza, del Penal, nos enseña que fueron usados para fines non sanctos, principalmente por las dictaduras, al extremo que hace casi más de dos siglos atrás, el viejo CARRARA sentenció: “El Derecho Penal es una ciencia asquerosa que se limita a racionalizar el poder punitivo del estado para intentar justificarlo”. Y es que, como puede hasta “asesinar legalmente” (pena de muerte), su historia más negra da cuenta que paradójicamente, el “derecho” ha sido deformado para perpetrar los peores crímenes contra derechos y garantías de las personas. Piensen, por ejemplo en las atrocidades del derecho nazi (una vez más imploro leer “Los Juristas del Horror”, de Ingo Hoffman).

¿Y cómo andamos por la casa? Por supuesto que tenemos nuestros propios juristas del horror y en versión plurinacional, respondo, y a la prueba me remito: lo recién acontecido con el requerimiento acusatorio emitido por el Fiscal del régimen, prueba cómo el Derecho Penal ha quedado prostituido por el poder partidario, pues ya no sólo vulnera grosera e impunemente (por ahora) los derechos de los “enemigos” del régimen y encubre a los suyos, sus amigos, sino hasta el sentido común.

Una de las primeras preguntas que les hago a mis colegas cuando imparto posgrados en la materia, es: ¿Cuál será el principal instrumento de un penalista? Usualmente me responden inmediatamente que el CP, el CPP o la CPE y claro la CADH, a lo que les digo que no, que la primera herramienta del litigio estratégico en la materia es el calendario, pues cualquier hecho supuestamente criminal y su acción, tienen lapsos de vida jurídica, siendo absurdo perseguirlos cuando dejaron procesalmente de existir, es decir, prescribieron por el transcurso del tiempo desde su supuesta comisión, hasta el momento del inicio de su acción penal.

Tratándose del caso del ex Presidente Carlos D. Mesa, si bien no tengo acceso a los elementos probatorios que supongo habrán sido presentados por quienes formularon la denuncia, es elemental que como se pretende sea objeto de un proceso de responsabilidades dada su naturaleza de ex Presidente, basta recordar que su gestión fue entre octubre de 2003 y junio de 2005, por lo que de existir materia justiciable criminal en sus actos, estos se habrían producido necesariamente dentro de ese lapso y por tanto, estarían hoy 13 años después en 2018, irremediablemente prescritos, pues el mayor lapso de prescripción para los delitos más graves en Bolivia, es de 8 años a partir de su comisión. No aplican tesis de retroactividad o imprescriptibilidad, por haber sido introducidas posteriormente, sin que además puedan ser aplicadas en perjuicio.

En el caso concreto, como el Fiscal del régimen le acusa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la CPE y leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ese lapso incluso podría ser más breve, por lo que como opiné ante varios medios nacionales, el requerimiento acusatorio del Lic. Guerrero, es sencillamente un absurdo jurídico y un monumental atropello, perpetrado nada más ni nada menos por quien –debiera- ser el principal garante de legalidad del estado.

Así como ocurre con la mayor parte de los MMPP latinoamericanos, el boliviano esta conceptualizado por la mismísima Constitución, por una parte como garante de legalidad que implica que su proceder está sometido a la CPE, los IIII y leyes y, por otra, está gobernado por su principio cardinal de objetividad: le obliga no sólo obtener los elementos probatorios que permitan ejercer la acción penal pública, sino también aquellos que permitan eximirla o disminuirla. Que el Fiscal del régimen ignore que los hechos que pretende perseguir atribuyéndoselos al actual kuku de su jefazo, el ex Presidente Mesa, están irremediablemente prescritos (haciéndose además del otro viernes con el dudoso proceder de sus cumpas de su partido) prueba hasta donde el derecho penal plurinacional ha quedado prostituido por juristas del horror que, aplicando la doctrina Morales, le meten no más por encima de cualquier norma jurídica y hasta el sentido común. A propósito, el dictador STALIN decía: “La llave del poder se encuentra en el derecho penal”.

Algunos voceros del régimen y sus adictos, comentan con supuesta satisfacción (no sé si forzada o verdadera) por ignorancia, angurria, demagogia o todo eso y mucho más, alguna información supuestamente adelantada por el Comisionado de la CIDH que estuvo de visita en parte del país, en sentido que esa instancia habría denegado las solicitudes de medidas cautelares sobre la vomitiva SCP 084/2017 y el respeto del 21F. Sostengo que nuevamente se están limpiando la boca, antes de comer.

Es importante diferenciar para empezar, que la Comisión es un órgano diferente de la Corte IDH y, aunque ambas forman parte del Sistema Interamericano, la Comisión otorga medidas cautelares y/o solicita provisionales a la Corte IDH. Ninguna de esas resoluciones –aceptando o negando la medida- son definitivas, por ser accesorias y jamás ingresan al fondo del asunto.

En el caso de la Comisión IDH que es lo que diversas personas y colectivos solicitaron, su Reglamento (art. 25), obliga considerar: a) la “gravedad de la situación”, que significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b) la “urgencia de la situación” determinada por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y c) el “daño irreparable” que significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

De hecho y, para ello bastará consultar el sitio oficial de la Comisión sobre el tema (disponible en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html) o el mejor detallado y actualizado documento oficial de la Corte (en www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/Sistematizacion.pdf), para advertir lo que quienes estamos vinculados con el Sistema sabemos, elementalmente: la tendencia jurisprudencial tanto la Comisión como la Corte, salvo poquísimas excepciones, consiste en otorgar esas medidas de naturaleza urgente, cuando está primordialmente en riesgo la vida y la integridad personal. Incluso, circula este chiste: la única manera que el SIDDHH otorgue una cautelar o provisional, es cuando te estás por morir.

Así que batir palmas plurinacionales por esa posible denegatoria, es una prueba MAS o de la ignorancia, demagogia u otras cosillas aún peores de sus emisores, desesperados por tratar de justificar lo injustificable: la SCP 084 no se sostiene ni desde el derecho ni sentido común y, más bien su emisión e irrazonable defensa está constituyéndose en el peor autogol que el régimen se ha infringido, demostrando –para los que aún tenían dudas- que esto está muy lejos de ser un estado sujeto al derecho y peor un régimen democrático, sino todo lo contrario: se trata de un régimen de fuerza –le mete no más- hace mucho tiempo degenerado en dictadura, para tratar de atornillarse al trono e intentar mantener su impunidad y alargar su decadencia.

Si realmente sus aplaudidores se han convertido, de pronto, en fieles devotos del Sistema Interamericano de DDHH –del que antes amenazaban con darse a la fuga-, debieran proceder con alguna coherencia y sobre todo, honestidad y, acudir –puesto que sensiblemente, sólo los estados pueden hacerlo desde lo interno- ante la Corte IDH y someter el principal argumento de su SCP 084 acerca del “derecho humano” de su jefazo Vs nuestros derechos políticos del art. 23 de la CADH, a una opinión consultiva, que es vinculante no sólo para el estado consultante, sino para todos aquellos que han ratificado su competencia consultiva: Bolivia. Si están tan seguros de la validez de aquel esperpento jurídico, pues que la sometan a esa opinión final, reitero, vinculante, en términos de compatibilidad de lo resuelto por el sistema interno, con los estándares interamericanos. Incluso, la oposición podría gestionar también ante otro estado amigo o insistir con los órganos legitimados externos para presentar esa Opinión Consultiva. “Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”. CONFUCIO

Una de las prácticas más frecuentes del régimen, populista hasta el tuétano y por ello, demagogo, consiste en recurrir al Derecho y, principalmente al Penal, como una suerte de fetiche, para vender a los ilusos, supuestas “soluciones” a todo tipo de problemas que no puede resolver. La misma nueva Constitución fue presentada en su momento como el inicio de un nuevo país, con un enorme contenido de múltiples derechos en favor del ciudadano, para luego inmediatamente ser vaciados de contenido, al extremo que hoy, esa pieza jurídica ha quedado convertida en un thanta papel mojado, hasta con la complicidad de su Tribunal paradójicamente obligado a ser su guardián y no su verdugo.

La máxima perversión de aquella corriente, denominada en la doctrina bajo el uso simbólico del derecho, se presenta con la más fea de la película (por sus efectos devastadores de las garantías ciudadanas) como es el Derecho Penal. Piensen por ejemplo en cómo se ha propagandeado la Ley 04 de “lucha contra la corrupción” como la panacea que iba resolver ese flagelo y, hoy, nadie en su sano juicio podrá afirmar que por lo menos ha menguado, sino todo lo contrario: está en apogeo. Lo propio de la Ley contra el racismo y la discriminación; basta soportar los cotidianos discursos de odio del Vice o del Presi, para advertir que esa ley no sirvió para nada, al menos tratándose de ellos, que juran están por encima del bien y el mal. La lista puede seguir, leyes contra la violencia de género, contra esto y contra lo otro, etc.

Y es que el Derecho no lo puede todo. Mi amigo penalista mexicano Moisés Hernández tiene escrita una deliciosa ponencia en la que nos explica que los penalistas sabemos muy poco del mundo, para pretender y poder arreglarlo y, el maestro Zaffaroni cuenta en sus distintas versiones, su cuento de la verdulera de la esquina, a propósito de las reales posibilidades del Derecho Penal, cuando a ella, le piden le venda leche, electrodomésticos u otros productos, debiendo decir no me pida esos, ya que yo sólo vendo verduras: el Derecho Penal, dice, debiera decir lo mismo. No me pidan seguridad ciudadana, no me pidan solucionar conflictos de todo tipo, yo sólo sirvo para proteger bienes jurídicos de relevancia de la sociedad, pero no puedo arreglar todos los conflictos que surgen en ella.

Un ejemplo reciente de aquella perversa práctica, para escoger por razones obvias el último, consiste en la inmediata detención preventiva de un servidor público de la UIF por el gravísimo “delito” de errar en el cálculo de las cuentas –publicadas- del Presidente. Entiendo que puso en dólares lo que era en bolivianos, lo que fue suficiente para que su Directora lo denunciara, un fiscal del régimen le descerrajará medio Código Penal y, lo que es peor, un juez abdicando su esencia de tercero imparcial, le metiera no más su inmediata detención en la cárcel. ¿Realmente el Derecho Penal es de última ratio aquí en el pluri? ¿No que la detención era la excepción y la regla la libertad? O será que todos esos versos normativos quedan absolutamente supeditados (léase olvidados) según la naturaleza de la supuesta víctima. Si se trata del estado o de quien lo encarna –su jefazo- no existe Constitución o ley que sirva y, por tanto, así sea por una nimiedad como aquella, ¡!!adentro!!! La cárcel espera a quien ose “afectar” los altos intereses del caudillo o de su estado.

El principio de lesividad que, debiera, teñir el Derecho Penal civilizado (si existe) para evitar su degradación, ocupándose de operías que no generan ningún daño a bienes jurídicos de relevancia, ha sido confinado al museo (supongo que al de Orinoca) por nuestros juristas del horror que, sea legislando o aplicando las normas, han convertido al Derecho en el extremo opuesto de su naturaleza y esencia. No protege al ciudadano, peor sus derechos y garantías y, sólo sirven como sus carniceros. Ingo MULLER en su célebre libro “Los Juristas del Horror” (que como siempre se los recomiendo), escribe: “Alemania sufrió horrores con “juristas” politizados, fanáticos convencidos y mentes primitivas, de que en un proceso revolucionario, como lo fue el nacional socialista alemán, la justicia se sometía a la voluntad del Führer, quien estaba por encima del bien y del mal”. ¿Vivimos algo parecido?...