No se trata del conocido pregón previo a un asalto callejero, sino de las alternativas que todos enfrentamos en estos tiempos recios de la pandemia y cuarentena; luego de varias semanas de apagón de la mayor parte de nuestras actividades productivas que van desde las cuentapropistas de supervivencia (comidera por ejemplo) pasando por los profesionales libres (Abogados, Dentistas, etc), pequeñas empresas unipersonales o familiares y, por supuesto, las de mayor calado, que generan cientos o miles puestos de trabajo directo e indirectos. Todas producen riqueza o por lo menos excedentes que permiten solventar las necesidades cotidianas.

No es que solamente el ciudadano enfrente ese dilema, sino también lo hacen y con aún mayor presión, quienes administran los estados cuando les está tocando decidir en qué medida, luego del enorme esfuerzo conjunto realizado por sus ciudadanos y precisamente por la presión que se incrementa cotidianamente, pese a que en el caso de Bolivia, los infectados se incrementan y los recursos disponibles no son suficientes; deben decidir empezar a soltar las restricciones a nuestros derechos o mantenerlos. ¿Cuál será la decisión adecuada y la posible?

El Derecho nos ofrece interesantes abordajes e intenta brindar por lo menos algunas soluciones posibles. Que sean convincentes o no, depende de muchos factores. Convengamos resumiendo y simplificando, que el dilema brevemente descrito encarna por lo menos dos derechos humanos o fundamentales: por un lado el derecho a la vida y por otro el derecho al trabajo. Si nos atenemos al art. 13 de nuestra CPE, resulta que todos los derechos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; el estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos e incluso, los proclamados no deben ser entendidos limitadamente, sino progresivamente. 

La Convención Americana de DDHH ordena también que sus estados parte –Bolivia lo es- se obligan a respetar esos derechos y libertades y a garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna e incluso, si no estuvieran ya desarrollados, adoptar disposiciones de toda índole para lograrlo.

¿Cómo conciliar entonces en la realidad esos derechos y sus vinculados en estos tiempos? Para empezar, aunque no nos guste a los libertarios, a la vista de la pandemia y sus evidentes peligros para la vida y salud de todos, los estados han empezado restringiendo nuestras libertades (libre circulación, trabajo y otros), muchísimas discusiones han surgido entonces sobre sus mecanismos (simple Decreto Vs Ley formal, por ejemplo); sus alcances: ¿hasta dónde puede entrometerse el estado? ¿O es suficiente la justificación del bien común? ¿Puede afectar las relaciones y contratos privados? y el más actual por su duración: ¿Hasta cuándo y cómo pueden mantenerse o empezar a reducirse esas limitaciones?

Eso es tan evidente y actual que incluso coletazos de esas controversias se han llevado ante su Juez natural: el Tribunal Constitucional, que en próximas semanas debe resolver las varias acciones de inconstitucionalidad y recursos directos de nulidad planteados contra la Ley que obliga fijar las próximas elecciones en los próximos 90 días Versus los evidentes riesgos de esa actividad que implica múltiples contactos, acarrea para la vida y salud, en función al estado y reales posibilidades de nuestro sistema sanitario.   

A la vista de los vericuetos de esa controversia y, aunque existen varias herramientas para intentar resolverlas, la de moda es la ponderación (antes se hablaba de subsunción) por la que los decisores deben sopesar en función a los principios y valores en liza intentando encontrar una suerte de término medio que huya sacrificarlos en la menor medida disponible. Estamos viviendo esos momentos y espero estemos, todos, a la altura de tan enorme desafío. HUME escribe: “Equilibrar un estado o sociedad, sea monárquico o republicano, mediante leyes generales es obra de tan gran dificultad que ningún ingenio humano, por muy capaz que sea, puede llevarla a cabo con sólo la razón y la reflexión”.