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Se dice que la política es el arte de lo posible, pero no debería ser así pues entonces todo estaría permitido y funcionaría aquello de que el fin justifica los medios, dando lugar a la prevalencia de intereses partidistas, grupales y personales, por encima del bien común.

Hago esta reflexión de cara al nuevo proceso electoral en el país, y la incertidumbre que se apodera otra vez del ciudadano al ver la actuación de los políticos: unos reciclándose -otros sembrando esperanza y dudas también- y algunos añadiendo una raya más al tigre con las mismas mañas de siempre.

Lo cierto es que en muy poco tiempo se vuelve a lamentar el vivir un escenario que se suponía debía haber sido superado luego del período de aprendizaje al que nos sometió Dios por casi 14 años. Pero no, muchos -muchísimos, diría yo- no aprendieron la lección e insisten en un triste personalismo que -en buenas cuentas- no es sino, egoísmo.

Ahora que “la Biblia ha vuelto a Palacio” (lo que de ninguna forma significa que Dios haya vuelto allí porque Él no mora en edificios sino en los corazones de los hombres) cuántos políticos se llenan la boca de Dios y algunos lo hacen con tanta soltura, que hasta convencen a más de un incauto. Cuántos dicen ser cristianos también, pero ¿conocen a Dios y siguen a Cristo como imitadores? Sus hechos dicen que no, por tanto, no lo son.

La nueva contienda electoral se viene con todo en el país aunque lamentablemente no como hubiera sido deseable. ¿Se imagina una Bolivia en la que ningún candidato mienta, engañe o trampee para alcanzar sanos objetivos? ¿Una campaña donde el político haga gala de ética, moral, honradez y sencillez, dejando atrás la soberbia y la altivez? ¿Que en el corazón de cada político esté el deseo de servir antes que servirse del pueblo? ¡Cómo me gustaría ver una campaña donde el voto ciudadano premie tales valores!

Hay una palabra para definir a un hombre recto, probo e intachable: integridad. ¿Qué tal un candidato así? Alguien con esas características sería imposible que no conozca a Dios y tampoco precisaría decirse cristiano pues lo demostraría en su trato cotidiano.

Cuánto bien haría a los políticos recordar el preclaro pensamiento que Abraham Lincoln acuñara en su momento -“puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”- si bien, el mayor beneficio para su carrera y el futuro de sus almas sería entender que Dios no puede ser engañado ¡ni una sola vez!

Los eternos llunkhus que merodean a todo poderoso, hicieron circular el #hashtag #¿Ysifueraella? Generando expectativa acerca si la Presi sucumbiría a la tentación de postularse a las elecciones del próximo 3M. Pues bien, sucumbió no más. ¿Fue una decisión acertada? ¿Debe ahora renunciar a su cargo para habilitarse y hacer campaña? ¿Metió las de andar? ¿Quedo parecida a su antecesor?

Desde el punto de vista constitucional, nada que objetar pues el art. 238.3 de la CPE excluye taxativamente al Presidente y Vice la obligación de renunciar para postularse, a diferencia del resto de quienes ocupan cargos electivos, de designación o de libre nombramiento. Empero, todos sabemos que esa extraña excepción, fue confeccionada a la medida del tirano fugado por sus constituyentes, con fines perversos… ¿La Presi, cuando fue constituyente habrá votado a favor de esa permisión? Apuesto que no e incluso, seguramente la habrá ácidamente criticado, oliendo para lo que serviría… Tal parece que, tratándose de polític@s sea del signo que sean, esas cuestiones simple y llanamente dependen de si están o no en el poder: valores, principios y coherencia, ni hablar, más bien estorban.      

Y precisamente considerando estos últimos, sostengo que a partir de: “…si por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura, es una especulación de muy mal gusto, porque de mi boca ni en mi pensamiento ni nada, nunca lo pensé, por eso le digo de que no sería honesto, el objetivo de nuestro gobierno es llevar las elecciones y se acabó, yo no quiero ser candidata a nada” (Yanine dixit, hace escasas semanas), queda claro que la Presi jaló la pitita y la rompió irremediablemente. Sucumbió ante las mieles del poder: ¿Qué cosita tendrá que la mayoría de l@s bolvian@s pierden la chaveta apenas lo saborean no?

De ese lado es que vienen los tiros en contra de la Presi. Convengo con sus acólitos que demostró gran valentía y templanza asumiendo el cargo en las duras circunstancias por todos conocidas, que su desempeño ha sido razonable, ha logrado el retorno de la paz (con algunos dislates de los esclavos del tirano); ha sentado las bases para unas elecciones limpias, mereciendo el aplauso y reconocimiento ciudadano e incluso –muuucha diferencia con su antecesor- nos ha dado con la mayor parte de sus actuaciones, esos aires de libertad propios de una genuina democracia. Está muy bien. 

Pero… cuando empeñas tu palabra afirmando que no sería nada honesto postularte puesto que –y tiene toda la razón- el fin de su breve gobierno, consiste en asegurar el tránsito hacia el nuevo mediante elecciones creíbles y, de pronto, haces exactamente lo contrario de lo que dijiste hacía pocos días…terminas recordándole al soberano, aquellos quienes en la historia reciente le metieron no más no sólo en contra de toda la normativa sino el sentido común, incluyendo su palabra empeñada.

En el caso concreto, ignorar el contexto previo en el que se produce tamaña incoherencia, prueba más allá de toda duda razonable la magnitud del desacierto. Estamos saliendo de una dictadura, en la que precisamente su peor figura y secuaces, intentaron eternizarse sine die en el poder, urdiendo todas las mañas posibles: desde sus juristas del horror del TCP que le inventaron su “derecho humano”, sus promesas incumplidas de no re postularse, pasando por el irrespeto al 21F y el mega fraude electoral que terminó, deglutiéndoselos. Con esos imperdibles antecedentes, el soberano ha quedado completamente escaldado de salvadores o salvadoras que prometan un día algo y hagan exactamente lo contrario al siguiente, tratándose de aferrarse a la silla.   

Pese a todos sus aciertos de su corta gestión, la Presi ha cometido un gravísimo error que no sólo se traduce en faltar su palabra públicamente empeñada (nada raro, tratándose de la clase política), sino mutatis mutandi, nos está recordando el peor estilacho del tirano fugado y Cía. Políticamente, le era imprescindible establecer y mantener la diferencia con aquellos a quienes los ciudadanos acabamos de sacarles la tarjeta roja, precisamente por esa su enfermiza adicción al poder. Ella era la menos indicada para repetirlo. VARGAS LLOSA escribe: “La perseverancia en el error, es una característica latinoamericana”. 

Como es sabido, existen distintas líneas de entrada para analizar un fenómeno sociopolítico. El último trimestre arrojó un resultado tal que mi tesis de fondo es que tenemos cuajada, por vez primera, una corriente política poshegemónica al masismo, esta devino de forma gradual en la traducción de la fórmula: causa política, tema político, corriente política.

Un aspecto central de esta “nueva” corriente política es su defensa de la meritocracia en el espacio público, para lo que se conoce también como las élites políticas, es decir, el retorno de los que se merecen estar en los puestos de decisión. No es casual que para definir a sus otros los hayan etiquetado de hordas, vándalos, etc.

Antes de estar tentado de explicar desde un marco teórico general lo que se dice, felizmente me topé con un libro Resurgimiento y caída de la gente decente de Lorgio Orellana Aillón que, desde un enfoque sociológico propiamente boliviano, abunda puntillosamente en el tema de la “gente decente”.

Vale la pena su lectura por varias razones, al menos expondré unas cuantas. Primero porque es un notable ejercicio de debatir con la ciencia política, en torno al enfoque institucionalista al analizar las élites políticas bolivianas, frente a un enfoque desde el marxismo. Dado que para Lorgio el problema boliviano no se trataría, en el fondo, de analizar las instituciones de democracia representativa, sino la constelación social de la gente decente cuyo legado histórico data de lo que fueron/hicieron sus familias en el periodo de los 60 y 70.

Segundo, porque desnuda de forma clara la composición de la estructura de poder en Bolivia en el periodo previo a 2005. Aunque, como elemento transversal a varias generaciones, lo decente también se puede interpretar como el reconocimiento/prestigio que buscamos de nuestros amigos, círculos sociales y, sobre todo, de la clase social que se encuentra un escalón por encima del nuestro. Por eso no es casual que a lo largo de su estudio sobre la clase política boliviana de 1985 a 2003, la oposición entre la gente decente vs. los indios haya sido la moneda más común de diferenciación, dizque, civilizatoria.

Tercero, porque en las diferentes entrevistas que realiza el autor desnuda algo muy propio y hasta jocoso de los bolivianos: somos unos cuasi expertos en explicar nuestros árboles genealógicos, tenemos una capacidad innata para retrotraernos hasta nuestro primer ancestro que lo damos por válido en la medida en que este sea europeo, de ahí en adelante explicamos el curso de nuestros apellidos. Aquello que conocemos como mestizo, por lo menos para el imaginario de la clase política de entonces, era simplemente un puente de validación del otro para reconocerlo como persona; es decir, hablamos con el hijo de la verdulera porque había nacido en la ciudad y lo reconocíamos como persona, pero no tenemos la misma actitud con la verdulera.

Para ponerlo en términos cuantificables, esa gente decente, meritocrática y sabedora –en el periodo de estudio de Lorgio– arroja que de 149 ministros de Estado revisados, 76 pertenecieron a la empresa privada, y 51 vinieron desde organismos internacionales, por ejemplo. 

Dos notas curiosas, de las muchas más que hay en el libro, que valen la pena comentar son: primero, en la entrevista que le hace a la señora Ana María Romero de Campero, cuenta que por el lado de su familia se dedicaban más al mundo de la política y del activismo, mientras que por el lado de la familia de su esposo eran más asiduos a la vida y actividades de la alta sociedad paceña; eso era el factor central, para ella, que la hacía valedora de estar dentro de la gente decente porque la dicotomía clase alta vs. pueblo era algo que en los cócteles se reclamaba.

Segundo, cuenta también que en tiempos de gente decente no todos eran licenciados, de hecho hubo un alto político decente que dijo haber estudiado su licenciatura en Chicago, pero curiosamente su título no aparecía, por más perfecto que fuere su inglés frente a su castellano, a la hora de hablar. Eso sí, dinero y minas heredadas de familia, tenía, y bastante.

Quizá va siendo hora de ir situando en su lugar a las cosas, un término que me parece más ajustando a los tiempos es “restitución” porque pareciera que vivimos tiempos del retorno de esa gente decente; sin embargo, permítanme ser escéptico con eso porque creo que la democracia y su legitimidad no se llena solamente de esa gente decente.

Existe un llamado del Ministro de Justicia a que la libertad de expresión sea utilizada de manera responsable. Discrepo, pienso que el debate público de ideas debe ser vigoroso, amplio y orientar la opinión pública con argumentos explicados en base a las fuentes del derecho preferentemente, pero de ninguna manera se puede obviar o descalificar a los no abogados. Las posiciones desde las élites no son democráticas, es tan valido un comentario en redes sociales como la voz de un profesor de Derecho Constitucional. Calificar la validez de las opiniones puede derivar en censura previa y autocensura. Las opiniones no son sentencias y por ello creo que mientras más opiniones tengamos mayor será la calidad de la democracia.   

Siguiendo a Ronald Dworkin un “caso difícil” se da cuando un determinado litigio no se puede subsumir claramente en una norma jurídica, establecida previamente por alguna institución; el juez -de acuerdo con esta teoría- tiene discreción para decidir el caso en uno u otro sentido. En ese contexto, la interpretación constitucional de un plazo como son los 5 años de mandato, presenta objeciones de ponderación y exige que existan razones suficientes para no cumplir ese plazo.  Un sistema basado en la existencia de un rey o la distorsión de un tirano, no tienen límite de tiempo, solo la muerte o la revolución pueden acabar con ellos.  Esos son los extremos, que no se dan en el caso boliviano, en nuestro país estamos frente a la necesidad de ampliar el mandato solamente por el tiempo estrictamente necesario para volver a los plazos que señala la Constitución.  Se trata por tanto de una situación excepcional que debe ser analizada en el contexto de los siguientes hechos: 

1. DEFINICIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN FRAUDE ELECTORAL.  La Elección de 20 de Octubre de 2019 es un acto jurídico revestido de las garantías de preclusión (imposibilidad de revisar decisiones) e irrevisibilidad por la justicia ordinaria de los resultados. La Constitución en el artículo 208 de su texto señala que solo el Órgano Electoral puede proclamar los resultados de una elección. La existencia de un fraude electoral, que es un delito, solo puede ser considerada si existe un debido proceso y una sentencia con la calidad de cosa juzgada que lo determine. En tanto el juicio este en curso de tramitación, los imputados -por ahora los ex Vocales del  Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales- deben ser tratados como inocentes.  Ante ese escenario la Asamblea Legislativa, el 24 de noviembre de 2019, aprueba la Ley 1266, que en su artículo 2 señala que se deja sin efecto las Elecciones Generales de 20 de octubre de 2019 y sus resultados.  Diez días después de aprobada la Ley, la OEA aprueba su Informe Final sobre las  Elecciones de 20 de Octubre de 2019.  Debemos recordar que se pacto con la OEA que ese Informe tuviera carácter vinculante. El conflicto surge porque la Constitución señala en su artículo 12: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si.”. Es decir que el Ejecutivo, para ceder las Competencias Institucionales del Órgano Electoral, a la OEA, tuvo que cumplir con el artículo 257 numeral 4 de la Constitución y modificar la normativa vía referendo. Es así que la Asamblea Legislativa, no está habilitada a declarar el fraude (esa es competencia del Tribunal Supremo de Justicia), tampoco es su atribución dejar sin efecto legal la elección (es atribución del Órgano Electoral), ni puede cumplir con la Auditoria de la OEA 10 diez antes de que se emita el Informe Final. Aún existiendo todos estos elementos la realidad se impuso sobre la normativa constitucional y si bien los resultados de la Elección de 20 de Octubre están “en juicio” la sentencia de la opinión pública ya ha sido emitida y se está ejecutando. Puede no ser la solución más apegada a la Constitución y la ley, pero por el momento es la realidad existente. 
2. CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES DEL 3 DE MAYO DE 2020.  El nuevo Tribunal Supremo Electoral, y quien ejerce la Presidencia del Organo Ejecutivo, por mandato del artículo 169 de la Constitución, estaban obligados a convocar a la nueva Elección en el plazo de 90 días.  La Asamblea Legislativa, en el artículo 12 de la Ley 1266 y en la Ley 1268, amplió el plazo a 120 días + designación de nuevos Vocales + 48 horas + 10 días hábiles.  El plazo de nuestra Constitución para Convocar a nuevas elecciones fijado en 90 días, no ha sido cumplido porque la Constitución dice que si la sucesión llega al Presidente de la Cámara de Diputados “en este último caso” corresponde convocar a las nuevas elecciones. Al haber asumido la Segunda Vicepresidenta del Senado, en funciones de Presidenta del Senado, el plazo desde la posesión de mando producida el 12 de noviembre y hasta el 22 de enero de 2020 es de 71 días. En abstracto una nueva elección tendría que haberse realizado antes del 9 de febrero de 2020, si consideramos ese plazo de 90 días.  Sin embargo, ese plazo máximo de 90 días, tiene el límite fatal del 22 de enero de 2020, porque reitero que siguiendo la aplicación del nuevo Gobierno la sucesión se produce en la investidura de Presidenta del Senado en suplencia. Las razones para ampliar el plazo a más de 120 días son razonables, existía la necesidad de conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego este nuevo TSE solicitó una ampliación de plazo para asumir esta nueva elección con responsabilidad.  De alguna forma, cuando el nuevo TSE emite la Convocatoria y publica el Cronograma Electoral con posterioridad al 22 de enero de 2020, tácitamente está ANULANDO las Elecciones de 20 de Octubre de 2019. También tácitamente está ampliando el mandato del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo que los eligió. En este punto, nuevamente apelo al art. 12 de la Constitución, en materia tan importante no puede haber aplicaciones tácitas y sujetas a interpretación; tampoco pueden aplicar leyes que no estén enmarcadas en la Constitución. Lo que no parece razonable es llevar esas actuaciones para que las analice y revise un Tribunal de Derecho.
3. AMPLIACIÓN DE MANDATO. La Cámara de Senadores aprueba un Proyecto de Ley que amplia el mandato del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, hasta que los bolivianos votemos y elijamos un nuevo gobierno. No señala una fecha, no dice 3 de mayo, 21 de junio o 6 de agosto; no dice la fecha, pero señala que la ampliación es hasta que el OEP y el TSE concluyan la nueva elección.  Ahora que conocemos el cronograma, podríamos calcular que en caso de una segunda vuelta la transición debería producirse la última semana de junio o la primera de julio, en función al cómputo del resultado de esa eventual segunda vuelta. En el caso de que esta no fuera necesaria, el plazo concluye la última semana de mayo de 2020.  El problema radica ahora en que el Tribunal Constitucional está limitado por los antecedentes de la SC 84/2017 y otras en las que ejerció su competencia de interpretación constitucional de forma amplia, creativa y activista. La interpretación por los derechos humanos llevó a una situación de crisis y crítica intensa, el núcleo del movimiento del 21F es el respeto al texto literal de la Constitución. Si esto es así por coherencia de respeto al texto de la Constitución, el TCP tendría que aplicar el texto constitucional y señalar que no es posible ampliar el mandato luego del 22 de enero. 

Ahora bien, la realidad política se impone a la realidad constitucional y normativa. Si bien existe la posibilidad teórica de que el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo queden cesados por el tiempo, el Gobierno no puede quedar paralizado hasta el mes de mayo o julio de 2020. Ante esta situación crítica las posibilidades son muy concretas y precisas: 

1. La primera es que el TCP amplíe el mandato y declare el Proyecto de Ley “Constitucional”; esta vía, sin duda, requiere de un ejercicio de argumentación arriesgado para los Magistrados que suscriban la Declaración Constitucional.  Ellos tendrán que sostener la existencia de un fraude electoral, como base fáctica de su razonamiento y suspender las garantías de división de poderes, delegación de soberanía, debido proceso y principio de inocencia.  Al ponderar el sacrificio de esos principios, explicarán que por encima de la Constitución esta la paz social y la necesidad de que el Gobierno continue funcionando hasta la transición a un nuevo Gobierno electo en las urnas. 
2. La segunda es que el TCP declare que el Proyecto de Ley es “Inconstitucional”, en este caso devolverá el proyecto al Senado. Si bien la opinión del TCP es vinculante, la Asamblea podría generar otro texto alternativo de Proyecto de Ley e incluso aprobar una ley de sucesión constitucional que regule la transición hasta que se elija a los nuevos gobernantes.  En este caso, esta Ley es la que tendría que habilitar la sucesión de quien sea Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.  Incluso esta ley podría convocar a los Asambleístas, elegidos el 20 de octubre de 2020, para que ejerzan hasta que sea elegido el nuevo Congreso; esa posibilidad limita los dos tercios del MAS y en un escenario teórico es posible. Reitero que una ley tendría que modificar la Ley 1266 y ajustar la transición y definitivamente consultar con los factores de poder y el escenario político real. 
3. La tercera posibilidad es que el TCP declare que no existe materia jurídico constitucional en la consulta. Esto es así porque si no existe duda (la Asamblea Legislativa está segura de la necesidad de la ampliación) esa decisión es política y no jurídica, y debe ser asumida por esa instancia política.  Esta posibilidad es también real y posible, es más si siguiéramos tendencias y estadísticas es la opción que tiene un 90% de posibilidad de llegar a concretarse.   

Llegado el 22 de enero, la fuerza de los hechos y los acuerdos políticos debería garantizar al país una transición ordenada. Estos acuerdos políticos exigen que los Asambleístas sostengan el debate y diálogo necesarios para lograr una salida viable. Asumiendo que luego del 20 de Octubre de 2019, se produjeron hechos políticos para los cuales el traje constitucional no estaba preparado y no puede solucionar; forzar una solución, implica responsabilidades y riesgos para los actores institucionales porque como bien conoce Gualberto Cusi y otros ex Magistrados la palabra final en la interpretación constitucional está en la Asamblea Legislativa que tiene la capacidad de enjuiciar a los Magistrados del TCP.  Esa es la situación en la que estamos y ahora queda esperar la vía que nos dará el TCP, asumiendo que esa es la palabra inicial, luego hablará el Senado, los Diputados y finalmente el Órgano Ejecutivo al observar o promulgar la Ley. 

A fines de octubre pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer el indicador del crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB), un dato añorado por unos y temido por otros, ya que -de superar el 4,5% entre julio de 2018 y junio de 2019- implicaría el pago de un segundo aguinaldo en esta gestión, acorde al D.S. 1802.

Quienes esperaban que el INE confirmara una expansión de la economía boliviana superior al 4,5% eran los trabajadores, mientras que -paradójicamente- los que temían tal confirmación -y hasta algunos “cruzaban los dedos”- eran los empresarios, principalmente Mipymes, al ser los más vulnerables a la hora de honrar tal obligación.

Para tristeza de unos y alivio de otros, el INE informó que el PIB boliviano solo creció un 3,38% entre julio/2018 y junio/2019, por lo que este año no habrá doble aguinaldo.

Cabe aclarar que sobre dicho resultado no influyeron, ni los incendios en varios Departamentos así como tampoco el paro cívico ni la convulsión social que vivió el país, pues tales sucesos se dieron fuera del período interanual considerado, aunque su impacto negativo sobre el PIB del 2019 está, absolutamente, fuera de toda duda.

La desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB es un hecho: en 2013 creció 6,8%; en 2014 un 5,5%; el 2015 bajó al 4,9%; en 2016 disminuyó al 4,3%; entre 2017 y 2018 se estancó en un 4,2% y para este año las cosas no iban mejor con una tasa de apenas 3,13% al primer semestre del 2019, como informara el INE. Ya para mediados de año el pronóstico del FMI, Banco Mundial y CEPAL era bajista (3,8% al 4%), pero hoy es peor.

Un escenario externo complicado con presiones sobre los precios hacia la baja (disputa comercial EEUU-China, baja del dinamismo de la economía, recesiones, devaluaciones en derredor, menor demanda de gas natural), un año electoral en Bolivia (que siempre afecta la economía, por la incertidumbre) y los dramáticos sucesos ya referidos (incendios, paro cívico, convulsión social), dieron al traste con el pronóstico del 4,5%.

Los pronósticos son cada vez menores: desde el 3% en los más optimistas, pasando por el 2,5% de la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings, hasta el lapidario 2% de la Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO).

De confirmarse la optimista tasa del 3% estaríamos ante el quinto menor crecimiento del PIB del siglo; si Fitch Ratings acierta, sería el tercero más bajo; pero si lo que dijo LAECO es verdad, tendríamos el peor crecimiento en 20 años.

Afortunadamente estas últimas previsiones no se cumplieron, puesto que si bien tuvimos que atravesar esos momentos de alta convulsión social, que dejaron el lamentable saldo de varios muertos y heridos; el gran interés que mostraron algunos medios internacionales junto la estrepitosa caída del gobierno constituido, fueron dos grandes sorpresas que abrieron el camino al establecimiento de un nuevo gobierno transitorio y constitucional, que, a su vez, nos permitió descartar cualquier hipótesis de dictadura.

El interés que demostraron los medios internacionales generó sorpresa porque en el pasado, ninguno de los cruentos enfrentamientos que vivimos los bolivianos durante el gobierno del MAS (la Calancha, caso Rózsa, Porvenir, Caranvi, Chaparina, etc.) tuvieron tanta cobertura y repercusión internacional. Ciertamente, a partir del 20 de octubre y a pesar de que también se estaban desarrollando otros conflictos en la región, la crisis política boliviana ocupó los primeros espacios en la programación de cadenas de televisión tan importantes como CNN en español y Telesur, entre otros.

Tres semanas después, cuando la OEA reconfirmó las irregularidades en el proceso eleccionario y Evo Morales tuvo que renunciar, se sumaron a esa cobertura varios medios argentinos que difundieron una versión distorsionada de la realidad, claramente favorable a la narrativa del golpe de Estado, que le asignaba una desmesurada importancia a las FFAA.

este punto, es importante señalar que para entender cómo se cambió de gobierno en Bolivia, es necesario conocer lo ocurrido en las tres semanas anteriores que transcurrieron entre el día de las elecciones y la renuncia de Evo Morales. Porque si sólo consideramos lo sucedido desde que el Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. Williams Kalimán, decidió sumarse al pedido nacional de renuncia al presidente, podríamos creer que esa desafortunada intervención tuvo incidencia en la renuncia del primer mandatario, lo cual no es cierto.

Al momento de anunciar y de presentar su carta de renuncia, Evo Morales calificó el supuesto golpe de Estado de “cívico policial” y culpabilizó a Mesa, Camacho y a la Policía Nacional, pero no dijo nada de las FFAA ni tampoco de Pumari, el líder indígena que estuvo detrás de las movilizaciones. Solo tres días después, cuando Morales se dio cuenta que incluir a los militares en su discurso podría servir para victimizarse, recién incorporó a Kalimán, otrora amigo suyo, en el grupo de los golpistas.

Pero lo que verdaderamente obligó a Morales a renunciar fue la presión popular, ejercida pacífica y democráticamente en las calles, con miles bloqueos de pititas y banderas que paralizaron el país casi totalmente durante 21 largos días, en los que Morales iba perdiendo apoyo no sólo por la presión cívico-popular que era muy fuerte, sino sobre todo porque en esos días surgieron numerosas denuncias de irregularidades en el proceso electoral, que terminaron por confirmar el fraude perpetrado por el entonces partido en función gobierno.

En efecto, se detectaron anomalías en la cadena de custodia, al descubrirse actas y papeletas de votación macaras en favor del MAS en domicilios particulares, ambulancias y en plena vía pública; se demostró que hubo manipulación informática en el traspaso de los datos de las actas al cómputo final, lo cual fue develado por varios expertos en la materia, como el Ing. Edgar Villegas y su equipo; se registró como válidos los votos de personas fallecidas y de otros ciudadanos con números de carnet de identidad de un solo dígito; y se exhibieron firmas falsificadas y alteraciones en las actas, entre otros.

Todo eso después de que el Tribunal Supremo Electoral interrumpiera la transmisión de los resultados preliminares el mismo día de la elección y lo restableciera 23 horas después, con un sospechoso cambio de tendencia que beneficiaba al MAS y perjudicaba únicamente a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Lo que provocó la sorpresa y preocupación manifiesta de los veedores internacionales de la OEA y la Unión Europea.

Todo esto, junto a la arrogancia del ex presidente, que se burlaba de los protestantes por sus pititas y por supuestamente estar recibiendo una retribución, generaron una radicalización de las demandas callejeras que pasaron de pedir la segunda vuelta, la anulación de las elecciones y finalmente, la renuncia inmediata de Evo Morales.

Por estas razones, para quienes nos movilizamos en defensa de la democracia y de nuestro voto, resultó indignante que algunos medios y comentaristas, principalmente argentinos, nos quieran contar que aquí hubo un golpe de Estado, dándole todo el crédito al Sr. Kalimán, que solo intervino con su desafortunada declaración al final, cuando la suerte de Evo Morales ya estaba echada, puesto que a esas alturas no sólo varios cabildos, organizaciones e instituciones de todo el país pedían su renuncia, sino también varios grupos tradicionalmente afines al MAS.

Finalmente, después de que Morales dejara un vacío de poder por abandonar el país sin esperar a que la Asamblea Legislativa apruebe o rechace su renuncia, se constituyó un gobierno transitorio en aplicación de la sucesión constitucional y de la jurisprudencia del TCP, que lo primero que hizo fue remplazar a Kalimán y a todo el alto mando militar, quienes eran supuestamente los que había ejecutado el golpe de Estado.

Parafraseando a Felipe Quispe con el discurso de las dos Bolivias, lo que vimos el día de la elección no fue la diferencia de comportamiento campo/ciudad, sino la diferencia entre las redes sociales y la calle. 

Eso justamente pasó el día de la elección, en el mundo de las redes sociales salieron un cúmulo de informaciones que van desde las falsas hasta las polémicas, no digo verdaderas porque con la velocidad que caracteriza a las redes lo que se vio que ocurrió fue la búsqueda de notoriedad y no el reconocimiento. Por otra parte, en esa misma Bolivia, que circula en redes estamos hablando de que el ruido se vio reflejado en una suerte de difuminación de convicciones personales, en este campo no permite ejercer la práctica democrática del debate, sino todo lo contrario. 

La otra Bolivia estuvo en las calles, esa parte del país reflejó un comportamiento de buena rutina democrática, el acto electoral transcurrió con una madurez tal que lo que debemos hacer es comenzar a repensar las restricciones que tenemos para los electores, por ejemplo el tema del libre tránsito en especial, la experiencia en otros países vecinos nos muestra que excepto la prohibición de bebidas alcohólicas, el resto ya no está presente. 

Pero por supuesto que no debemos olvidar el rol que jugó el Tribunal Supremo Electoral, gran parte de la incertidumbre que tenemos se lo debemos a ellos. Todos los procesos electorales contienen grados de incertidumbre, pero en esta en especial tuvo mayores niveles porque frente a las dudas que emergieron primero que tardaron en responder y segundo que la respuesta nunca fue concluyente y clara; eso abrió nuevos escenarios de controversias que hicieron leña perfecta para el fuego del discurso del supuesto fraude electoral. 

La transición política felizmente está comenzando a ser llevada adelante por la vía del ejercicio formal de la política mediante la democracia representativa, al margen de todo, y a riesgo de que sea un punto de vista poco popular, creo que los candidatos de oposición llegaron a legitimar la candidatura oficialista, esto les va costar al final del día el recambio político porque la iniciativa política de oposición seguirá viniendo por fuera de los partidos. Se nos viene ya no un resultado electoral de infarto, sino meses de real suspenso político.

Definitivamente, l@s bolivian@s estamos disfrutando de nuestra primavera. No me refiero sólo a la estación que empezó el pasado 21 de septiembre, sino a la que devino por el 20-O, con la caída de la tiranía, etc. Tratando de no caer en el exitismo, se respira aires de libertad y las sensaciones que sentimos pasan por congratularnos, agradecer y disfrutar de lo que los ciudadanos hemos conseguido: cuando los de abajo nos movemos, se caen los de arriba. Y así fue…

Fruto de esos aires primaverales han sido algunos, pocos, cambios en la administración de justicia. Con sorpresa, algo de indignación y hasta sarcasmo, apreciamos los frutos de aquella primavera. Aunque parezca increíble, los mismos juristas del horror que hicieron tabla rasa con los Derechos Humanos y el Debido Proceso de ciudadanos bolivianos fichados por el régimen, de pronto, seguramente con base a similares argumentos con los que le metían no más, recuperaron la dignidad y el respeto (además de acordarse de su rol) y, por ejemplo, liberaron al injustamente encarcelado cocalero Franklin Gutiérrez; a los últimos detenidos por el caso Terrorismo; hicieron aparecer la extradición de su (ex) amigo y así, algunos otros casos tal vez menos famosos, en los que vaya sorpresa, la justicia se hizo honor a sí misma. Milagros primaverales…

Sí, sé que el daño hecho jamás podrá ser reparado pues por ejemplo una noche en una celda de manera injusta, innecesaria o desproporcionada no se repara con absolutamente nada, tampoco el sufrimiento de la familia, el detrimento causado o el sabor de la injusticia sufrida; pero a la vista de lo sucedido, seguramente vendrá bien aunque sea a esta altura del daño, la libertad finalmente resuelta o el cese de la persecución.

Como Abogado, me consta el grado de desesperanza enfrentado al comprobar sistemática y asquerosamente como los juristas del horror vulneraron de la manera más vil y mediocre los derechos ciudadanos, por el sólo hecho de cumplir instrucciones y/o no tener el menor sentido de dignidad y respeto para realizar sus elementales obligaciones por las cuales percibían un salario (con nuestros impuestos); si hasta en privado, algunos pedían disculpas o lo “lamentaban”, intentando adormecer su conciencia, con pretextos tales que no tenían más remedio que prevaricar por sus guagüitas, su familia, su trabajo, etc. En fin…

¿Qué es lo que cambió entonces? se preguntará cualquier observador. ¿Las leyes? no; ¿Los jueces y fiscales? tampoco; ¿Sus Abogados? menos. ¿Los fundamentos planteados? muy poco, estimo. ¿Entonces? Lo que cambió fue el clima institucional. De pronto varios operadores del sistema de justicia, sienten –seguramente con enorme vergüenza y arrepentimiento- que lo suyo, su razón de existir, era hacer justicia y no ser carniceros de las garantías ciudadanas, peor tenderle la cama al tirano, atarle sus watos.

Si bien lo que está ocurriendo no es suficiente para dotarnos ya no más de un sistema de administración de justicia por lo menos algo confiable que garantice a todos, seguridad jurídica y respeto de sus elementales derechos y garantías sin importar lo que sea, piense o cualquier otra consideración que impida vaciarlos de contenido, parece que los vientos soplan con algún moderado optimismo. Uno de los grandes fracasos (entre muchos) del régimen fugado fue el de la justicia, pese a que lo intentó de todo: nueva CPE, nuevos sistemas de elección, cientos de leyes, etc. Todo fue estrategia envolvente no más.

No se trata de leyes, tampoco de presupuestos (aunque una mayor asignación ayudaría mucho en ciertos aspectos) sino de cambiar las estructuras de funcionamiento del sistema de justicia. Distinguiendo lo urgente de lo importante, será determinante empezar por sus recursos humanos, lo que implica que sus altos cargos sean, además de dignos e idóneos, independientes; con eso habrá que organizar carreras (no aquellas que oímos en los audios) que garanticen adecuadamente a los operadores su ingreso, permanencia y hasta cese al cargo. De esa manera, no sucederá aquello de MONTANER: “Cuando los jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como perros de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos amos”.

¿Por qué la conflictividad en Bolivia? ¿Por qué en derredor del país, la inestabilidad social y política? ¿Por qué -independientemente de la ideología y el gobierno imperante- se registran enfrentamientos? ¿Por qué -sin importar el modelo económico- el descontento? ¿Por qué acontece esto no solo en la región latinoamericana sino también en países desarrollados? ¿Cuál la explicación?

Cuenta la historia que siglos atrás nació Salomón, a quien Dios le preguntó -cuando debía asumir el reinado de Israel- qué deseaba que le diera, habiendo respondido Salomón que quería sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo. Como esto agradó a Dios, no solo le dio sabiduría e inteligencia, sino la habilidad de hacer riquezas.

De Salomón se dice que no hubo ni habrá hombre más sabio que él y, tanto creció su fama, que la gente viajaba de muy lejos para hacerle preguntas difíciles y recibir sus respuestas. De otro lado, la fortuna que hizo Salomón fue incalculable.

Pero, siendo viejo, Salomón lamentaba que todo era vanidad -vano, pasajero- y aflicción de espíritu; decía que de poco valía el mucho conocimiento, el haberlo tenido y probado todo, denotando con ello un gran hastío y vacío interno. ¿Qué pasó con Salomón? Lo mismo que pasa con muchas personas que cuando el temor de Dios se aparta de su corazón -o cuando definitivamente no tienen temor del Supremo Creador- hacen lo malo y sobreviene el caos sobre sus vidas. Salomón desobedeció a Dios y cayó en idolatría por causa de las mujeres paganas con las que indebidamente se involucró.

Es asombroso cómo el mayor sabio de la Historia de la Humanidad cayó de esa forma por causa del vacío de su corazón que -cuando Dios no lo llena- provoca un desenfreno que termina con la adicción al dinero, el poder, el placer, etc., y aunque otros caen en excesos aparentemente “sanos”, igual acaban mal.

Cuando el hombre no teme a Dios, tampoco temerá a nadie, se insensibilizará frente al dolor del prójimo -el egoísmo le llevará a mentir, engañar, corromper- y hasta estará dispuesto a matar para poder obtener lo que precisa. Cuando este mal afecta a los gobernantes, viven en su propio mundo, se ensoberbecen, se vuelven altivos, se endiosan y la consecuencia será su caída.

Salomón dijo al final de sus días: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. ¡Ah, si todos supieran esto!

Un grupo de ciudadanos, entre ellos varios Abogados constitucionalistas, amparados en nuestro derecho de petición y de acceso a la justicia, acabamos de presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una petición para declarar la nulidad de la SCP No. 084/2017 que había, burdamente, inventado el “derecho humano” del que fue su jefazo, para postularse for ever a la Presidencia.

Conforme corresponde, fundamentamos en derecho la procedencia de la nulidad como excepción a la regla en la medida que la SCP 084 fue emitida sin competencia vulnerando los derechos fundamentales de millones de bolivian@s, causando la ruptura del sistema constitucional y del estado democrático sujeto al imperio del derecho. En ese sentido presentamos antecedentes –un caso boliviano del mismo TC- y en derecho comparado casos de Colombia y Perú; con lo que denunciamos como fundamento para los vicios de aquel esperpento: a) que el TCP no tenía competencia para declarar la inaplicabilidad de normas constitucionales en la vía del control de constitucionalidad; b) que el fallo confutado se sustentó en la errónea comprensión e improcedencia del control de convencionalidad en abstracto, produciendo la modificación material de la CPE; c) se basó en el falseamiento y fraude constitucional - convencional, al partir de una presunción deliberadamente falsa sobre los reales alcances del art. 23.1.b) de la CADH que reconoce el derecho a ser elegido, pero jamás como núcleo central algún “derecho” a la reelección indefinida del poderoso, peor por encima del art. 168 de la CPE y el resultado –vinculante- del referéndum del 21F; d) se destruyó el falso argumento de vulneración a la igualdad señalado en la SCP 084, pues correspondiendo tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, en el caso concreto los beneficiarios del fraude estaban ejerciendo cargos electivos sin que estén en situación fáctica similar al resto de nosotros, los ciudadanos.

Con esos fundamentos, concluimos y alegamos que la SCP 084 provocó la ruptura del sistema constitucional y del estado democrático constitucional, haciendo ineficaz la Constitución, causando la infracción del principio de soberanía popular y la violación de nuestro derecho de votar y el trastocamiento del núcleo central del régimen de gobierno democrático.

Con esos argumentos aquí sólo mencionados pero en la petición ampliamente desarrollados en derecho, solicitamos al TCP que en cumplimiento de su función asignada por el art. 196 de la CPE –cuando le ordena velar por la supremacía de la CPE, ejercer control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y vigencia de nuestros derechos y garantías constitucionales- declare la nulidad de la SCP 084, para por esta vía, restablecer el sistema constitucional y el estado democrático constitucional de derecho, que fueron fracturados por aquel adefesio, restaurando así la plena vigencia de la CPE, como norma de convivencia pacífica.

Pues bien, más allá de sus trascendencias jurídicas y políticas –el Derecho Constitucional por si acaso, es la rama más política del Derecho- sostengo que en pleno disfrute de nuestra primavera boliviana florecida por la caída del régimen tiránico por acción ciudadana; pese a las muchas sombras que afean su desempeño, hoy los Magistrados del Tribunal Constitucional que deben resolver ese pedido –que está siendo respaldado por ciudadan@s mediante sus adhesiones que empiezan a multiplicarse en todo el país- tienen ante sí la magnífica oportunidad para reivindicar a la justicia constitucional (en la medida que sea posible, dado el avanzado estado de putrefacción del sistema, salvando las excepciones que existen). Pueden, efectivamente restablecer con su fallo la vigencia de la CPE de la que constituyen sus principales guardianes –no sus carniceros, como sus antecesores- e incluso hasta del sentido común, puesto que los derechos humanos han sido creados para protegernos a los ciudadanos del poder y no lo contrario, como hizo la SCP 084: ¿Estarán a la altura de tamaño desafío? ¿Darán la talla esta vez? Amanecerá y veremos… si escogen pasar a la historia contribuyendo útilmente al restablecimiento del estado sujeto al imperio del Derecho y el sistema democrático o, como otros juristas del horror al servicio del “ancien regime”. Es que: “Al pueblo no le interesa tanto la perfección de la norma, reclama la Justicia”. Luis Octavio PORTE PETIT