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Al margen de los resultados, preliminares o finales, que se den a conocer después del proceso electoral que hemos vivido en este tiempo, conviene tener en cuenta que la jornada electoral del pasado 12 de octubre, constituye la reafirmación de la vocación democrática indeclinable del pueblo boliviano.

Me refiero, precisamente, a la infaltable asistencia y participación en un acto electoral que estuvo marcado por la madurez con que muchos(as) ciudadanos(as) bolivianos(as) asistieron a las urnas para expresar su voluntad en la papeleta de sufragio[1], lo que constituye su decisión indiscutible.

En este sentido me parece importante precisar la importancia del derecho de sufragio (derecho al voto) y la naturaleza del cuerpo electoral del cual proviene.

La doctrina constitucional –expuesta con bastante amplitud en la Sentencia Constitucional Nº0064/2004, de 8 de julio de 2004– entiende por cuerpo electoral al conjunto de ciudadanos con derecho de sufragio activo; es la expresión jurídica de la sociedad a través de la cual ésta procede a la creación del derecho y a la dirección política del Estado por medio de la elección de sus representantes, o través de la adopción de decisiones de especial trascendencia de manera directa.

El concepto de cuerpo electoral tiene su base en el principio fundamental de la soberanía popular, lo que significa la pertenencia del poder al pueblo, es decir, que el pueblo es el origen de todo poder, lo que implica el reconocimiento a aquél del derecho de crear o configurar su propio orden político fundamental, su Constitución, así como el derecho de modificarla. En consecuencia, el poder del Estado emana del pueblo el que, en un sistema democrático participativo, además de delegar su ejercicio a sus mandatarios y representantes, lo ejerce directamente a través de los mecanismos previstos por la Ley Fundamental del Estado.

Entonces, la voluntad del cuerpo electoral no puede constituirse ni expresarse sino a través del ejercicio del derecho de sufragio; pues no existe otra vía más idónea y expedita que el sufragio para que el cuerpo electoral, pueda manifestarse de forma individualizada por los ciudadanos que lo integran.

El derecho de sufragio es la potestad o facultad que tiene todo ciudadano(a) para expresar su voluntad política y efectivizar su participación en el proceso de conformación de los órganos de gobierno y la adopción de las decisiones de trascendencia política referidas con el ejercicio del poder político. La doctrina del Derecho Electoral, califica al sufragio como una técnica o un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral hace manifestación o expresión de opiniones políticas, con dos finalidades distintas: a) para elegir gobernantes; b) para la adopción de decisiones políticas.

El derecho de sufragio, en la actualidad se constituye en un derecho político atribuido a los ciudadanos(as) miembros de la comunidad política, para adoptar, mediante él, decisiones también de naturaleza política que atañen al gobierno del Estado.

En ese ámbito conceptual, la doctrina del Derecho Electoral reconoce al derecho de sufragio diversas funciones, entre ellas la de producir gobiernos, esto es, que el pueblo delega el ejercicio de su soberanía en sus mandatarios y representantes a quienes los elige mediante el ejercicio del sufragio; la otra función esencial, es la de articular la participación del pueblo en el ejercicio del poder político, unas veces en forma directa, votando en los referendos o plebiscitos, y otras, indirectamente eligiendo a sus representantes.

En definitiva –agrega la referida Sentencia–, el sufragio, en sus diferentes funciones y objetivos, se constituye en la base esencial del régimen democrático contemporáneo, porque es través de él, que el titular de la soberanía, el cuerpo electoral, expresa su voluntad política en los procesos de conformación de los órganos del poder público y en la adopción de las decisiones políticas trascendentales. Se ejerce mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente (a partir de los dieciocho años cumplidos); así lo dispone la norma ahora prevista por el artículo 26 parágrafo II de la Constitución Política del Estado[2].

Finalmente, se debe señalar que la amplia participación política de mujeres y hombres, en un acto electoral como el realizado el pasado fin de semana, es la mejor prueba fehaciente de que el pueblo boliviano ha elegido a la democracia como forma de convivencia idónea, para ejercer nuestros derechos (políticos), con preferencia frente a cualquier otro modo de realización de la vida en comunidad. Ello muestra una conciencia democrática digna de resaltar en Bolivia.

[1] Algunos medios de comunicación han difundido la noticia de que la papeleta de sufragio contenía un error, dado que hacía referencia a “Estado Plurinominal”, y no así al “Estado Plurinacional” en que vivimos. Al respecto, corresponde precisar que, aunque parezca un error que no se puede “minimizar”, debemos tener en cuenta que no estábamos eligiendo el nombre de nuestro Estado, sino al futuro Presidente(a) y/o Diputado(a) como representantes; entonces, si bien se trata de un evidente “error de typeo” (error formal de transcripción), sin embargo, la papeleta queda plenamente validada con la voluntad expresada en forma escrita por el(la) elector(a), al elegir una opción entre los candidatos elegibles; esa voluntad inequívoca y expresa del ciudadano(a), es la que otorga plena validez a la papeleta de sufragio (a pesar de su error formal), porque la esencia y finalidad del sufragio, es conocer la voluntad directa y expresa de los miembros del cuerpo electoral, y mientras esa voluntad sea clara y precisa, la papeleta tiene total validez (salvo por los casos de voto nulo, que invalidan la papeleta).

[2] Por otro lado, la Constitución también consagra el derecho de sufragio de los bolivianos(as) en el exterior, al disponer en su artículo 27, que las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior “tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral”. Asimismo, también se ha previsto que las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia “tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional”.

Generalmente hay que pagar el alto precio del autoritarismo para notar el valor de la democracia. Cuando ese precio se paga en democracia se advierte la importancia de los contrapesos, del equilibrio de poderes frente a la opción de una hegemonía malbaratada.

El concepto de poder hegemónico puede contraponerse con el de equilibrio democrático. El poder, cuando es hegemónico, muchas veces tiende a debilitar la institucionalidad, entre otras cosas porque un órgano (un poder) se encarama sobre otro. Curiosa paradoja la de la legitimidad desfavorable para la democracia cuando esta recae en manos inescrupulosas o mal intencionadas. (Creo que la diferencia no está en que tengamos visiones políticas o ideológicas distintas: está en las intenciones, que pueden ser buenas o malas).

La incoherencia más determinante de la actual democracia boliviana es la de la transferencia del legítimo poder de las organizaciones sociales (y aun más allá de ellas) a una élite política que con excesos (yo creo, malsanamente) ha ido distorsionando el propósito de una justa recompensa a sectores marginados durante siglos. En casi una década de gobierno autocalificado socialista, abominable resultó el intento de esa reparación histórica mediante un ardid que se vino alimentando de predilecciones y de hábitos demagógicos, entre los que se debe contar la deshonrosa manipulación del voto.

La paciente neutralización del enemigo político ha sido la primera táctica ejecutada por el MAS; atrás quedó el objetivo inicial de la simbólica toma del poder por parte de organizaciones tradicionalmente alejadas de gobiernos más bien torpes, insensibles. Y a ese partido no le ha costado mucho inculcar en aquellas organizaciones todo lo pernicioso que suponía para él el neoliberalismo. Con eso y con los malos gobiernos pasados fue suficiente para hacer núcleo común y vencer, en repetidas ocasiones, a los adversarios de la “derecha”. Luego, cuando el MAS amplió su base social a la clase media, se volvió poco menos que invencible y paulatinamente se fue olvidando de su ideología original para convertirse en uno de los partidos más pragmáticos de la historia.

De indigenista le queda poco a este gobierno. En una segunda fase de la búsqueda de la hegemonía del poder, la diversificada composición social de la clase media se volvió más apetecible para el MAS que los desposeídos que habían caminado duro en la Marcha por el Territorio y la Dignidad, que los inconformes que habían luchado en la Guerra del Gas, que los briosos que habían dejado la vida en las jornadas de Octubre Negro. A vuelta de cambio, muchos de estos terminaron muertos en Huanuni, La Calancha, Caranavi y otros lugares más, o apaleados y amordazados en Chaparina.

Al masismo le convino el sentido cultural —gramsciano— de la hegemonía. Porque de esta dependió siempre para la conquista del poder, a diferencia de la visión —nivelada: no una antes y otra después— de Lenin. La hegemonía, al fin y al cabo, se maneja desde la clase política pero se construye junto con la base social. Difícil edificación que puede desmoronarse fácilmente.

A la democracia boliviana le falta resolver el desequilibrio entre las formas políticas que se administran desde la Plaza Murillo y las urgencias de una población abigarrada que no encuentra más salidas a su crisis que la de huir del campo a las ciudades y de estas al exterior del país. Le falta saldar la contradicción principal entre un “gobierno del pueblo” cada vez menos interesado en la gente más necesitada y las demandas de esa misma gente, cada vez más necesitada de un gobierno desinteresado.

El Viceministro del Tesoro y Crédito Publico, refuta mi artículo titulado: “Más deuda hoy, crisis para el futuro”, por medio de su opinión titulada: ¿Deuda significa crisis? Su respuesta está en el contenido de su artículo. Es no.

Comienzo reiterando que el monto de la deuda pública externa, hoy, no es un peligro para la estabilidad económica del país, más si la relacionamos con el PIB. Son 5,309 millones de dólares, hasta el 31 de mayo del año en curso, cuando para diciembre del año 2005 era de 4,492 millones. Si comparamos ambas cifras con relación al PIB correspondiente se tiene que la deuda externa pública ha disminuido al 17 por ciento del PIB, cuando para el año 2005 superaba el 50 por ciento.

A pesar de que el país desde el año 2006 continuó incrementando la deuda pública externa, su saldo disminuyó, primero, a $us. 3,192 millones de dólares para fines del mes de julio del año 2006 y, luego, a $us. 2,056 millones para fines de junio del año 2007, no porque se la hubiese pagado, sino porque fue consecuencia de las últimas condonaciones efectivas que el país recibió de sus acreedores. Por tanto, de un saldo de deuda externa de $us 2,056 millones se ha incrementado a  $us 5,309, lo que representa un aumento del 158 por ciento.

Si al saldo de la deuda externa de $us. 5,309 millones le sumamos los saldos por desembolsar de $us. 3,300 millones y le añadimos la pretensión de endeudar en $us. 3,600 más de deuda, que pretende el gobierno boliviano obtener de China y del BID, daría una deuda total externa del orden de los $us. 12,209 millones. Sería un incremento alto de deuda: Ciento treinta por ciento más.

Me llamó la atención, su observación de que no se pueda sumar el saldo de la deuda externa de $us 5,309, (saldo de la deuda efectivamente desembolsada) con los 3,300 millones de dólares, (saldo por desembolsar), para tener una idea de la tendencia sobre el saldo actual de la deuda. Cuando se haga efectivo esos desembolsos, -que ya están comprometidos- la deuda llegaría a $us. 8,609 millones de dólares, suponiendo que no se pagase nada de deuda. En la realidad, continuamente el gobierno está pagando y recibiendo nueva deuda.

Supóngase que una empresa cualquiera tiene una línea de crédito con un banco por 1,000, pero se le ha desembolsado 600. En esta situación el saldo de su deuda efectiva es sólo de 600. ($us 5,309 para Bolivia) Pero cuando el banco le desembolse los 400 restantes, y suponiendo que no amortizara  nada de los 600 otorgados antes, el saldo de su deuda pasaría a ser de 1,000. ($us 8,609 para Bolivia)  

Con relación a la deuda interna del TGN hubiese sido adecuado que el Viceministro precise que el monto al cual él se refiere, que es de 4,064 millones de dólares, no contempla la “deuda garantizada” por el TGN, -633 millones de dólares- con lo cual, el monto llega a lo que yo destaqué, que es de 4,700 millones, suma que está registrada como TOTAL GENERAL en 32,735 millones de bolivianos para el año 2013, -que convertida en dólares da 4,703 millones- en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas, Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, en su pestaña denominada: “Crédito Público”, “Deuda interna” y en su primer registro titulado: “Saldo de la deuda interna del TGN (1998-2013)”.

Habría sido una adecuada aclaración al dato sobre deuda interna, que yo aludí en el artículo señalando, decir que se estaba incluyendo una deuda no efectiva. Se convertiría en deuda efectiva si es que los prestamos garantizado por el TGN, no se honrasen por los prestatarios en el momento debido. Mientras tanto, sólo es una contingencia. En lugar de aclarar el Viceministro lo antedicho, textualmente me descalifica diciendo que: “de manera discrecional aumentó el saldo de la deuda pública interna del TGN (en) alrededor de 600 millones de dólares”, cuando este dato está (en bolivianos) en los registros estadísticos oficiales como parte de la deuda total del TGN.

Es aconsejable que el Viceministro, en aras de dar una mayor y mejor información al público, nos diga a quienes el TGN otorga garantías para la obtención de préstamos internos.

Lo fiscal es algo fundamental para la macroeconomía de cualquier país. Lo deseable es el equilibrio fiscal, que los gastos (corriente y  de capital) sean iguales a los ingresos fiscales (sin deuda). Es decir, los ingresos deben superar a sus gastos corrientes. Esto implica que todo gobierno debe ahorrar parte de sus ingresos, lo que se denomina ahorro público, para financiar sus gastos de capital. El ahorro público debe financiar a la inversión  pública. Como las economías son cíclicas, se considera que en épocas de recesión económica el Estado debería invertir más allá de sus propios recursos, generando déficit y con ello deuda pública, porque de esa manera se cree que se puede combatir eficazmente a la recesión económica. La realidad enseña que, independientemente al ciclo económico, los gobiernos crónicamente caen en déficit fiscal y, de esta manera, aumentan la deuda.

La mayoría de los países no pueden mantener el denominado equilibrio fiscal, aunque hay acuerdos en esa línea. Por ejemplo, la Unión Europea, con el Tratado de Mastricht, determina que ningún país miembro supere un nivel de deuda pública a PIB del 60 por ciento. Los europeos no han podido hacer realidad esto, incumplen desde hace rato, y, hoy, el dramático problema que tienen es precisamente su enorme deuda pública. A esta situación no llegaron de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y hoy tienen que hacer drásticos ajustes fiscales; aumentar impuestos y bajar gastos, tarea titánica y de difícil aceptación social. Esto trae consigo crisis económica.

La Paz, 12 de octubre de 2014

*Profesor Emérito de la UMSA y Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

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El Comité pro Santa Cruz presentó el libro “Modelo de Desarrollo Cruceño”, con el principal objetivo -según su Presidente, Dr. Fernando Castedo Cadario- de difundir el mismo y sus características, para construir alternativas que permitan a Bolivia un mejor y más eficiente desarrollo económico.

Siendo que Santa Cruz es quien más fuentes de empleo digno genera en el país; el que mayor valor agrega a las materias primas que produce sosteniblemente; quien más avanza en productividad y detenta los mejores índices de vida -salud, educación, vivienda, alimentación- el libro confirma que “el Modelo de Desarrollo Cruceño existe y es exitoso”.

Se trata de “…una construcción social, cultural, económica y política entre los ciudadanos y un sistema que los define como conjunto” que, apuntalado por sus instituciones, se reinventa para vencer cada desafío.

La integración, la inclusión social y la pluriculturalidad, hacen de Santa Cruz un crisol de la bolivianidad con un capital social alfabetizado y formado; con un espíritu cooperativista y participativo en la planificación de su destino; orientado al civismo y la libre iniciativa; con un alto sentido de pertenencia que apunta a la desconcentración administrativa y la autonomía como organización territorial, con una mentalidad no rentista, de respeto a la propiedad privada, el emprendedurismo y una vocación productiva, que debería ser imitado en todo Bolivia como una alternativa para su desarrollo.

Pero este modelo va más allá de un mero estilo de producción: es una forma de organización económica-social que se diferencia por los valores, tradiciones y la cultura en que se basa, como el reconocer a sus hijos el esfuerzo realizado.

Justamente -casi en paralelo a la entrega del libro- la CAO, la FEPSC y “Santa Cruz Agropecuario” otorgaron el Jichi Agropecuario 2014 a Don Abelardo Suárez Bravo, productor cañero y líder institucional; al Lic. Mario Anglarill Salvatierra, Propietario de la pujante agroindustria Avícola Sofía Ltda.; al Lic. Carlos Paz, Gerente de NIBOL S.A. – División Agrícola, importadora de tecnología agropecuaria; al Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ  S.A., a través de su Presidente, Ing. Cristóbal Roda Vaca; al Grupo JK, empresa exportadora, mención Pequeño productor; y, al Lic. Luis Alberto Alpire Sánchez, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Departamental, actores todos de la construcción de la soberanía alimentaria de Bolivia a partir del ¡exitoso modelo productivo cruceño!

(*) Economista, Magíster en Comercio Internacional

Fuente: “El Deber”

Santa Cruz, 8 de octubre de 2014

En la última semana del pasado mes de septiembre, y en ocasión del “Día Mundial del Saber” que se celebra el día 28 del mismo mes, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información[1], presentó el Informe Saber Más[2], que básicamente se trata de un informe regional que se publica y difunde desde hace 6 años atrás, y que busca recoger la diversidad de opiniones de los miembros que integran la red, en base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho de acceso a la información pública.

Este año, se ha presentado la sexta versión del Informe Saber Más, que da cuenta del estado regional del derecho de acceso a la información pública, desde el punto de vista del rol que han tenido las entidades de control y protección de este derecho, tales como las comisiones e institutos de información, defensorías del pueblo, entre otras. Asimismo, pretende recoger una visión del rol que han tenido las instancias de apelación, lo que es particularmente descriptivo en aquellos países que no tienen leyes de acceso a la información, o que no cuentan con este tipo de entidades rectoras. Este informe busca mostrar el estado de situación en Las Américas y los principales desafíos desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos encargados de resolver los conflictos que se suscitan entre ciudadanos y las entidades públicas en la entrega de la información.

El Informe, tiene un capítulo –elaborado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) según indica– dedicado a analizar el acceso a la información y sus instancias de control y apelación en Bolivia; a cuyo efecto, destaca que en mayo del año 2005, el entonces presidente de Bolivia, Carlos D. Mesa, promulgó el Decreto Supremo Nº28168, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional estudiaba una propuesta de Ley de Acceso a la Información. “Las observaciones de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), así como de otras organizaciones sociales, develaron la falta de un verdadero interés gubernamental por aplicar procedimientos transparentes de acceso a la información en beneficio de los ciudadanos”(sic).

Asimismo, pone de relieve que el mencionado Decreto Supremo Nº28168 propone garantías al acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del entonces “Poder Ejecutivo”. Asimismo, se atribuye a las máximas autoridades de cada repartición pública la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la norma de acceso a la información, y la misma normativa señala que la negativa indebida o la restricción en la atención de las solicitudes de información será sancionada por el Código Penal bajo la figura de incumplimiento de deberes, con una pena de privación de libertad de un mes a dos años.

Sin embargo de lo anterior, señala como principales retrocesos en materia de acceso a la información durante el último año, que una Comisión de la Asamblea Legislativa habría actualizado el proyecto de Ley de Acceso a la Información. “De todos modos, uno de sus artículos prohíbe y limita el derecho de los ciudadanos. Estos límites se encuentran relacionados con las atribuciones de los funcionarios jerárquicos para atribuir el carácter reservado a determinada información. De esta manera, la ley termina perdiendo su esencia”(sic).

De lo expuesto hasta aquí, es evidente que en el mencionado Informe se acusa una falta de desarrollo legislativo para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, cual si dependiera de una Ley la vigencia de uno de los derechos fundamentales más importantes que dimanan de la libertad de expresión e información. Ello, supone al menos un claro desconocimiento de las nuevas disposiciones constitucionales sobre la materia, del carácter normativo de la Constitución, y –en consecuencia– de la aplicación directa de las normas referentes a derechos humanos.

Por esta razón, resulta necesario nuevamente hacer referencia a la naturaleza de los derechos fundamentales en Bolivia, a la configuración del derecho de acceso a la información[3], y su aplicabilidad directa, lo que implica que no depende necesariamente de una Ley para su cumplimiento.

Entonces, debemos tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21, numeral 6 constitucional, todas las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: “6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. Por otro lado, los rasgos principales de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Estado, están contenidos en el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir: a) Con igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos; b) Con directa aplicabilidad de los mismos, es decir, todos, y, c) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a través de las acciones y mecanismos defensa.

Conviene precisar que la directa aplicación de los derechos, significa que estos no requieren necesariamente de un desarrollo legislativo para su cumplimiento, dado que por su reconocimiento constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, éstos se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando que la Constitución es una norma jurídica cualitativamente distinta de las demás y situada por encima de ellas, por lo que, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos/as, gobernantes y gobernados, ello con el propósito de vivir libres de arbitrariedades.

Asimismo, la cualidad de directa justiciabilidad de los derechos, está vinculada a que estos no son simplemente postulados líricos sin mayor resonancia, sino que poseen mecanismos eficaces e idóneos de defensa que la misma Constitución prevé, a fin de asegurar la protección integral e inmediata de los derechos de cualquier persona, en caso de amenaza o vulneración directa e ilegítima, lo que también supone una forma de defensa de la Constitución en su parte dogmática.

Entonces, no es evidente lo señalado en el Informe, en sentido de que “al no existir legislación que regule el acceso a la información pública, no se cuenta con un Órgano Garante al que la sociedad civil pueda dirigirse para hacer valer el mencionado derecho”(sic); dicha afirmación, desconoce la naturaleza de las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene como una de sus misiones principales, la protección efectiva de los derechos fundamentales, a través de las garantías jurisdiccionales establecidas por la misma Constitución, para su efectivo cumplimiento.

Quién podría haber creído que el rescate de un mono africano en un circo potosino habría de generar prácticamente todo un movimiento mundial siendo Bolivia el país que exitosamente lidera esta revolución animalistica.

Ocurre que aquella vez la diputada por el MAS Ximena Flores, activista en la defensa de los derechos de los animales, conoció la denuncia sobre la presencia del mono en un circo, totalmente enjaulado y maltratado por los dueños. Ella, representantes de la fiscalía, policías y periodistas fueron al lugar y lo rescataron luego de un enfrentamiento con un grupo de payasos muy agresivos. El problema  real se dio después, cuando nadie sabía qué hacer con el animal, se necesitaba un lugar especial, que no sea precisamente un zoológico, puesto que estos son espacios de la prolongación del maltrato a los animales. No se lo pudo rescatar.

Este hecho sacó a relucir la ausencia de una normativa que no sólo permita el rescate, también prohíba el maltrato a los animales en los circos, si bien a Bolivia no llegan los grandes,  están presentes pequeños e itinerantes en los que la violencia contra los animales es igual de dura. Con el mono a buen resguardo, el equipo de la parlamentaria Flores procedió a diseñar una ley que prohíba la presencia de animales en los circos en Bolivia, hablamos en tiempos de la primera gestión de Evo, no fue fácil lograr que la ley sea aprobada en senadores y diputados, el tema animalista suele ser muy abstracto y para tener la empatía se requiere mucha sensibilidad, al estilo de “ver para creer”.

Con el apoyo de Animal Defender International (ADI) se trabajó convenciendo uno por uno a los diputados y senadores de aquella época, más allá de consignas partidarias, de derechas e izquierdas fue consiguiendo apoyo, superando mucho obstáculos especialmente conservadores y de aquellos amantes de los circos que creen que los animales dentro de las carpas son muy felices, cuando detrás de toda gracia existe un durísimo acto de tortura. Finalmente la ley es aprobada, Evo Morales la promulga y más allá de todos los festejos se iniciaba una larga espera, de un año, para que entre oficialmente en vigencia.

Cumplido el plazo, empezaba la dolorosa, rescatar a todos los leones africanos que estaban en Bolivia, dispersados en varios circos que deambulaban por el oriente y chaco boliviano. Fueron rescatados con la ley en la mano contra viento y marea, enfrentándose a rabiosos dueños de los circos. El panorama era triste: leones hacinados, en jaulas maltrechos, maltratados, comparando era como si a un humano lo obligáramos a vivir doce años en un baño. La Ley 40/40 entró en acción, los leones fueron trasladados por ADI, que hizo la mayor parte del trabajo en coordinación con las autoridades bolivianas, a un santuario en Colorado, Estados Unidos.

La ley boliviana Circos Sin Animales fue considerada como la pionera en el mundo, cuatro países entre ellos Grecia ya tienen similares legislaciones, en Latinoamérica se sigue luchando, especialmente en Perú, Colombia y México, se han logrado resultados, pero solo protegen a los animales silvestres y no a todos como la nuestra. La historia que les acabo de contar está siendo narrada en un documental que hace poco se estrenó en nuestros cines: Arca de León, ahí podrán ver cómo Bolivia, una vez más arranca un movimiento que cambia el mundo, no de golpe como quisiéramos, poco a poco, demostrando que las políticas integrales y precisas a favor de los desprotegidos pueden generar resultados con tres simples requisitos: activismo, militancia y consecuencia. La ley permitió que el mono fuera rescatado junto a los leones y llevado a un santuario en Londres donde conoció a su actual pareja y al igual que los 25 leones, esta vivito y coleando, libre de todo domador.

En las elecciones presidenciales de 1956, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) era el partido mayoritario en Bolivia y navegaba en la cresta de la ola de la popularidad, apenas perturbado por los esfuerzos de la opositora Falange Socialista Boliviana (FSB).

Para los falangistas era cuesta arriba tratar de llevar su mensaje a los distritos rurales controlados por el movimientismo. Los falangistas que osaban internarse en el campo eran despedidos apaleados y con sus papeletas y pancartas azules destrozadas.

Pese a la adversidad, el partido de Oscar Unzaga de la Vega creía que podría arrebatarle una buena tajada de la votación al oficialismo, especialmente en las ciudades donde la clase media y el estudiantado apoyaban a FSB y su mensaje nacionalista, contrario al populista filocomunista del MNR de esos tiempos.

Los resultados de esas elecciones fueron “sorprendentes” porque en ciudades como Trinidad, FSB consiguió CERO votos, lo que quería decir que ni siquiera los aspirantes a diputados y senadores opositores por ese departamento del Beni habían votado por si mismos ¿?

Eso que era común en aquellos años no era otra cosa que la exageración de los abusos electorales que siempre se han producido en Bolivia, con rarísimas excepciones.

En los comicios de 1978 el oficialismo proclamó el resonante triunfo de su candidato Juan Pereda Asbún inflando de tal modo el padrón electoral que el fraude era indisimulable al punto que el triunfador duró en el cargo solo unos cuantos meses.

Después, con el advenimiento de la democracia, en Bolivia logró conformarse un árbitro electoral con personalidades independientes confiables que le dieron lustre a la institución, al punto que opositores accedieron al poder sin mayor problema.

Evo Morales se benefició de esa Corte Electoral y su triunfo en los comicios de 2005 estuvo fuera de toda duda. Lamentablemente la tendencia fue desvirtuada por el régimen que aspira a quedarse en el poder por 500 años y ahora para las elecciones del 12 de octubre, los vicios de antaño han regresado con fuerza.

El Poder Judicial, manipulado desde el Ejecutivo produjo una sentencia autorizando la candidatura de Morales, pese a que la Constitución la prohíbe expresamente. Morales argumenta que su primera elección no cuenta porque no acabó su primer periodo dado que se aprobó una nueva Carta Magna estableciendo una sola reelección.

Ahora, como en los años del MNR de los 50, se incentiva el “voto comunal” en el campo, es decir que los indígenas deberán votar por el candidato que les señale su dirigente. Ya es oficial, además, el “voto asistido”, de tan funestos resultados en la Venezuela chavista. Comandos oficialistas “vigilan” el voto para que el ciudadano “no se equivoque”.

Los partidos opositores, que acuden con cuatro candidatos, de ninguna manera podrán tener testigos en todas las mesas electorales, algo que –como en Venezuela--  favorecerá al oficialismo.

Morales ha usado y abusado del erario nacional para apabullar al país con una descomunal propaganda electoral sin que el árbitro electoral haya podido impedirlo. Hace una semana fueron vistos militares cargando propaganda oficialista en camiones desde el Palacio de gobierno.

La Corte Electoral, ante pruebas irrefutables, admitió que hay centenares de “votantes” habilitados, pese a estar en los cementerios. Lo más grave, agitadores oficialistas han prometido latigazos a los indígenas que no voten por Morales… La propaganda oficial reza: “Bolivia, con Evo, avanza”.

(*) Hernán Maldonado, periodista, ex UPI, EFE, dpa, CNN, el Nuevo Herald. Por 43 años fue corresponsal de la ANF de Bolivia.

En gobiernos pertinaces como el actual, el acaparamiento del poder incluye la cooptación de los medios de comunicación. Sirvan las elecciones que se avecinan de pretexto para tratar de entender el grado de influencia de los medios de comunicación en la potenciación o el debilitamiento de la imagen de tal o cual candidato.

Siempre se especuló acerca de que los medios eran el “cuarto poder del Estado”. Nadie podría comprobar con planillas que lo fueran; no pasó casi nunca por allí —por el recelo— aquel vínculo (Estado-medios), sino por el poder que estos constituyen de manera fáctica. Los medios siempre fueron poderosos, pero convendría preguntarse, a riesgo de obtener respuestas lábiles, si alguna vez tanto como hoy.

Conviene también aclarar que los “medios”, hoy, no son únicamente la TV, la radio y el periódico. Y aunque tienen una imprevista competencia en las redes sociales, la conexión de los públicos con la “caja boba”, por ejemplo, surte un efecto todavía inigualable.

La Fundación UNIR lo corrobora en diferentes estudios. Para el caso de esta columna, en su Consulta Ciudadana “Tu palabra sobre las noticias: Elecciones 2014” que en resumidas cuentas dice que los medios —los viejos medios— son especialmente útiles para la definición del voto de la gente, al menos, en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Dado que la información juega un papel fundamental en época de elecciones, resulta clave entender qué pasa en Bolivia con los medios y sus intenciones políticas. Haciendo un somero análisis de las tendencias de cada canal, radio y periódico, siendo todavía —sospechosamente— difusa la propiedad de varios de ellos, no es necesario un gran esfuerzo para reconocer que, por una lógica de paulatina concentración de medios (y por ende de poder), predominan los mimos al oficialismo y los ataques a la oposición.

Ya no es tan fácil diferenciar entre un medio público-estatal y uno privado. Algunas de las más prestigiosas empresas periodísticas del país han sido capturadas por el oficialismo, sin importarles demasiado si con esto perdían independencia o credibilidad. De pronto se han instalado cómodamente en el trono del Palacio, suponiendo que en la otra pata de esta tríada de poder estarían situadas las cada vez más invisibles organizaciones sociales.

No de otro modo se reprodujeron los tentáculos del poder desmesurado del MAS. La paciente construcción de un sistema de medios —populares al principio, con periódicos y con redes televisivas después— se condice, literalmente, con la frase maquiavélica: “el fin justifica los medios”. Así se cuece el poder, a fuego lento, desde los medios. Y así el poder se deglute a los medios, antes ubicados en un “discreto” cuarto lugar dentro de la republicana escala de valores del Estado. A propósito de valores, tal parece que la continuidad de Evo en el poder no tiene precio: no hubo problema en menoscabar la CPE escrita por los actuales gobernantes, ¿qué valor pueden tener unas cuantas conciencias?

La colusión entre poder y medios da como resultado una complacencia periodística en línea con los intereses del partido. Por eso no todos reconocen que la alternancia en el poder es lo recomendable en cualquier democracia, que el poder ilimitado y la falta de contrapesos en la política no han dejado buenas experiencias en el mundo, y que el excesivo poder envilece, aletarga y, hoy más que nunca comprobado, también corrompe.

El voto consciente debería ser consecuencia de un voto informado. Pero la información tiende a monopolizarse, con la instrumentalización de los medios se llega al poder y esto representa una amenaza para la democracia.

Participé como periodista panelista del evento “Propuestas para Bolivia”, organizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y transmitido, en vivo, por Televisión Universitaria, por medio de RUBI - Red Universitaria Boliviana de Información.

En cuatro semanas, estuvieron presentes los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, para presentar sus programas de gobierno; respectivamente, Tuto Quiroga y Tomasa Yarhui, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Fernando Vargas y Margot Soria Saravia, del Partido Verde (PV); Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo (MSM) (su candidata a la vice presidencia, Adriana Gil, no asistió); y Samuel Doria Medina y Ernesto Suarez, de Unidad Demócrata (UD).

Infelizmente, ninguno de los candidatos presentó propuestas relacionadas al deporte y, a los que les pregunté, no supieron responder a mis preguntas, demostrando no tener conceptos e ideas, y mucho menos programa, para ese sector importantísimo del país.

El deporte simplemente no figura en ningún programa de gobierno.

Los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, del Movimiento al Socialismo (MAS), no atendieron a la invitación de la UMSA, pero vi y oí sus entrevistas dadas al periodista Toto Arévalo, del programa Deporte Total-TV, en la Red ATB; y al programa radial La Red Deportiva, de Radio Compañera, respectivamente.

Lo mismo, ambos candidatos y actuales gobernantes, prefirieron contar sus experiencias personales con el deporte y respondieron superficialmente respecto de políticas deportivas, optando por enumerar la entrega de predios deportivos.

Lamentable, todos, repitieron frases hechas y conceptos ligados a la frase “deporte es salud” y “hay que ayudar  al deporte”.

Para mí, quedó claro que ninguno de los candidatos percibe que el deporte (sobre todo el fútbol) es la actividad más importante de las sociedades y las economías modernas, porque cría empleos y genera divisas económicas.

“Más de 120 líderes musulmanes firmaron una carta en contra del ISIS: Violan el islam” decía el titular de una nota de EFE que -como reguero de pólvora- se esparció por el mundo. No era para menos dado el rechazo generalizado en el que ha caído dicho grupo terrorista a raíz de las matanzas y decapitaciones públicas que realiza.

Tim Listerescribió para CNN que el autodenominado “Estado Islámico de Irak y Siria” (ISIS) surgió “de la guerra civil en Siria y el vacío de seguridad que dejaron las últimas fuerzas estadounidenses que salieron de Irak”,una suerte de nueva Al Qaeda cuya consigna es establecer un califato islámico en esa región.

El fanatismo religioso, la masacre genocida, los atentados suicidas y el ataque a fuerzas de seguridad dan cuenta que "ISIS se ha convertido irrefutablemente en la organización terrorista más efectiva y despiadada del mundo", informó CNN.

Horrorizado, el mundo contemplalos asesinatos que de forma provocativa y alevosa,una y otra vez filman los guerrilleros de ISIS causando indignación.

Por eso la apurada aclaración de los religiosos de que tales prácticas violan los preceptos del islam que “prohíbe matar a inocentes, diplomáticos, periodistas y trabajadores humanitarios" como ISIS hace(www.infobae.com), aclarando además que se estaría tergiversando el Corán en relación a la Yihad o “Guerra Santa” que sí se justificaría en una "guerra defensiva por una causa, propósito y normas de conducta correctas"…¿qué tal?

El sanguinario accionar de ISIS muestra hasta dónde se puede llegar cuando no hay temor del Dios verdadero. Ellos creen que hacen bien, sin darse cuenta que sembrar el terror es diabólico.

Muchos se angustian por el mundo que les espera a sus hijos y se preguntan ¿qué hacer ante semejante afrenta? “Volverse a Dios”, es la respuesta, al “Dios verdadero”.

Hace casi 2000 años vivía en Israel un religioso llamado Saulo que, creyendo servir a Dios, perseguía a la iglesia primitiva -incluso aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano- pero un día tuvo un encuentro con Jesús resucitado y cambió. Pasó a ser el Apóstol Pablo y empezó a predicar del amor: de un amor sufrido, benigno; un amor no egoísta, que hace lo debido, que perdona; un amor que no se goza de la injusticia pero sí de la verdad; un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, quetodo lo espera,que todo lo soporta. Pablo predicó del amor del Dios verdaderoque respeta la vida, algo que a todas luces los del ISIS ignoran completamente…¡lamentablemente!

(*) Pastor y Anciano del Centro Cristiano Evangélico Casa de Oración

Fuente: “El Deber”

Santa Cruz, 1 de octubre de 2014