Blog de Arturo Yáñez Cortes

A la vista de los últimos escándalos como el despido intempestivo del anterior Comandante de la Policía por estar investigando a narco policías; la doble condecoración policial a un requerido en extradición por narcotráfico, su facilidad para obtener doble identidad en instituciones oficiales y otros escándalos similares, parecen probar más allá de cualquier duda razonable que varias instituciones gubernamentales incluyendo precisamente las encargadas de la interdicción del narcotráfico, han sido penetradas por esa mafia. Incluso, pareciera que hasta nos hemos acostumbrado o resignado, a que el Presidente sea también el máximo dirigente de los sindicatos de cocaleros, cuya producción se destina mayoritariamente a producir la blanca o que las autoridades encargadas de la interdicción del narcotráfico provengan de las filas cocaleras –¿el ratón cuidando el queso?-

Así expuesto el estado del arte, sostengo que para la mayor parte de los ciudadanos nos ha sido imposible esta semana dejar de indagarnos: ¿Si es que nos habremos convertido en un narco estado regido por la narco política?

De acuerdo con la más elemental noción de narco estado, se trata de: “…un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales” (Wikypedia, dixit) o también allá donde: "…el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado” (Moloeznik). Mientras, la narco política hace alusión a aquella actividad política en la que las instituciones estatales están muy influidas por el narcotráfico.

Sensiblemente, a esta altura del desempeño del régimen, existen demasiadas evidencias que hace mucho tiempo atrás han dejado de ser inocentes coincidencias, sino temibles realidades. Quizá, la confirmación de esos nuestros peores temores al respecto, esté en las narices de todos nosotros: la absoluta incapacidad demostrada por el régimen, al menos hasta estos momentos, para establecer responsabilidades políticas por lo recientemente ocurrido. Y es que si la Policía Nacional depende directamente del Ministro de Gobierno y si el principal Policía implicado fue inusualmente ratificado por ese Ministerio por lapsos inusuales, siquiera por eso, cabría establecer algún tipo de responsabilidades por lo menos políticas traducidas en el despido del Ministro, salvo… se esté protegiendo o evitando poner en evidencia algo mucho peor, cuya dirección subiría indudablemente hacia arriba.

El libro del periodista brasileño Leonardo Coutinho “Hugo Chávez O espectro” que le dedica un capítulo a las actividades non sanctas del régimen y principalmente vincula a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Bolivia con el tráfico de drogas a través de un puente aéreo usando aeronaves oficiales, parece constituirse en otra evidencia, flamantemente confirmada por el narco escándalo de la semana.

Es que la perversa relación entre la coca, principal materia prima de la cocaína (más allá de sus usos tradicionales) y el narcotráfico no puede pasar desapercibida. Si a ello agregamos que el Presidente sea simultáneamente jefe del estado y dirigente de los sindicatos de la principal región cocalera, en la que la presencia estatal a efectos de interdicción es simplemente nominal, incluso a diferencia de otra región cocalera, la respuesta parece caerse de madura, explicando tal vez, como uno de los factores de la enfermiza angurria para mantenerse en el poder indefinidamente a cualquier costo, ante la probabilidad del descubrimiento de esas y otras actividades. “Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”. FOUCAULT

De acuerdo con el art. 4 de la CPE, el estado boliviano: “… respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El estado es independiente de la religión”, por lo que se sostiene y en algunos casos cacarea, que se trata de un estado laico, es decir –jurídicamente- no existe una religión o credo oficial, apoyado desde el estado.

Pues bien, me divierte informarles, especialmente a aquellos que cotidianamente abominan del liberalismo –o eso al menos, discursean- que la separación entre estado y religión constituye una idea profundamente liberal, basada en que todo ser humano es libre, teniendo por ello el derecho a disponer de su vida, bienes e ingreso de la manera que más le plazca, además de pensar o creer en lo que vea por conveniente. Del reconocimiento de tal principio se deduce que todo ser humano puede asumir el credo que le parezca y de la manera que quiera, lo que puede también comprender que no crea en nada, pues el único límite a la libertad individual es el respeto del ejercicio de la libertad del otro. Liberalismo puro (por si acaso).

Así las cosas, insisto una vez más que el papel aguanta todo y la CPE peor, pues si así fuera –estado laico- no hubiéramos visto al presidente que según sus acólitos encarna al estado mismo, haciendo poco más de monaguillo del Papa Francisco cuando visitó Bolivia ¿o sería sólo por la fotito? y tampoco veríamos al oficialismo participando de “ceremonias interreligiosas”, en vez del Te Deum (acción de gracias) por ejemplo para el 25 de mayo; 10 de noviembre, 15 de abril, 24 de septiembre o el 6 de agosto.

A propósito, ahora cuando festejamos la pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo me queda en la retina las largas colas vistas en nuestras distintas ciudades bolivianas “del estado laico” visitando por ejemplo las iglesias el jueves santo, las procesiones del Santo Sepulcro (en Sucre) u otros similares en otras ciudades, o las iglesias repletas el domingo de ramos y resurrección, todas con participación multitudinaria de la sociedad del estado laico. Obviamente, ahí no se reparten fichas, ni se obliga bajo conminatoria de despido o algo por el estilo: son completamente voluntarias y están simple y llanamente, inspiradas en la fe católica.

Diferencio y entiendo perfectamente que una cosa es lo que escribió el régimen en la CPE (refiriéndose al estado plurinacional) y, una muy pero muy diferente es otra vez más, la realidad no de ese estado, sino de la sociedad. Una brecha cada vez más grande y evidente. Insisto, GOETHE escribió que la ley puede ser muy dura, pero más caprichosa es la realidad…

Aunque los últimos acontecimientos vinculados con la iglesia –pederastia y encubrimiento- la ha dejado muy cuestionada (sin caer en injustas generalizaciones) e incluso, el blandengue proceder del Papa Francisco con las dictaduras venezolana, nicaragüense e incluso boliviana dejan mucho que desear para quienes esperamos proceda con justicia y espíritu cristiano, creo que aún bajo distintas expresiones, el amor y devoción hacia nuestro Señor Jesucristo es multitudinario, incluyendo por supuesto el de l@s ciudadan@s del estado plurinacional.

Si bien el estado puede ser declarado laico mediante el verso constitucional, la sociedad muestra una orientación muy diferente y, entonces estamos nuevamente frente a una prueba más de la doble personalidad del estado plurinacional cuando proclama una serie de buenas o muy malas intenciones en su Constitución y Leyes, lo que al final del día, dista y mucho de la realidad, además que frecuentemente, ni siquiera el régimen que actualmente administra ese estado, cumple mínimamente -cuando no le conviene- aquello que el sancionó e, incluso lo vulnera sistemáticamente prostituyendo tribunales y demás órganos de supuesto control de su poder, por el momento, impunemente. Sólo faltó decir: “Juro por Dios, que soy ateo”. (Anónimo).

El presidente Morales, en varias de sus intervenciones en foros internacionales como la Asamblea General de la ONU (2017) o en la “Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros” (Cochabamba, 2017) y otras oportunidades, planteó su idea de crear una "ciudadanía universal" que acabe con las prácticas que criminalizan a los migrantes; señalando: "No puede existir en el mundo ningún ser humano ilegal, sin comunidad, sin libertad y sin ciudadanía. Que no se nos chantajee con muros para reducir aún más nuestros derechos laborales, lo que ahora reclamamos es que no se criminalice a los migrantes".

Pese a tan espectaculares discursos para las plateas, resulta que en marzo recién pasado, su régimen expulsó del plurinacional a 5 migrantes venezolanos sin respetarles su Debido Proceso, por el “delito” (así entre comillas) de no ser maduristas; falseando pretextos de similar calibre a los canicazos y otras perlas plurinacionales. A ese abuso, la Directora de AMNISTIA INTERNACIONAL, twiteó al MinGobierno: ¡Exigimos al @MindeGobierno @CarlosGuRomero dejar de perseguir y expulsar arbitrariamente a personas venezolanas.!!! Necesitan protección, no persecución!!!”.

Así las cosas, nuevamente el régimen da pruebas de su ya acostumbrado proceder totalitario pues, recurriendo al eterno pretexto conspirativo, se olvida de sus grandilocuentes discursos de ciudadanía universal tratándose de los migrantes y, lo es que es peor, vulnera nuevamente su propia CPE, que condiciona la imposición de cualquier sanción, al respeto del Debido Proceso e incluso, la normativa internacional como el art. 22 de la Convención Americana de DDHH (derecho de circulación y residencia) que prohíbe al estado expulsar o devolver extranjeros a otro país, sea o no de origen, cuando su derecho a la vida o libertad esté en riesgo, a causa de su nacionalidad, condición social u opiniones políticas.

Cabría recordar o que alguien le informe al matón oficialista que decidió esa expulsión, que ya el estado boliviano fue condenado por la CORTE IDH en los tiempos de los gobiernos “neoliberales” como gusta cacarear el régimen, en el caso de la Familia Pacheco Tineo Vs Bolivia, cuando miembros de esa familia, incluyendo sus niños, fueron indebidamente expulsados por agentes del estado boliviano (2001) habiendo la CORTE IDH luego del proceso, resuelto el año 2013 que el Estado Plurinacional de Bolivia es responsable por la violación del derecho a buscar y recibir asilo; del principio de no devolución (contenidos en el derecho de circulación y residencia) y de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la CADH. Además, fue declarado responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral y, por la violación del derecho a la protección de los niños y de la familia; remarcando por supuesto, también tratándose de migrantes y refugiados, incluso de aquellos que podrían haber ingresado en condición irregular al territorio, que merecen el Debido Proceso. En esa sentencia, entre otras sanciones, se determinó como compensación por concepto de daño material e inmaterial en favor de esas personas un monto de 35.000 Sus, además de costas y otros cargos, que entiendo, han debido ser pagados por el estado, según el art. 113 de la actual CPE.

Como consecuencia de ello, surge también una obligación emergente de la reparación que consiste en la garantía de no repetición; obliga al estado infractor otorgar las debidas seguridades para evitar la no repetición de aquellas conductas por las cuales fue declarado culpable ante el Sistema Interamericano, lo que como vemos, fue grotescamente incumplido. Nuevamente, el estado plurinacional se convierte en paria del Derecho Internacional de los DDHH probando su incapacidad para respetar sus propias normas o las de la comunidad internacional: “Llamamos Estados de Derecho a los estados en los que funciona regularmente un sistema de garantías de los Derechos Humanos”, escribe BINAGHI

Pues bien, a tono con las carnestolendas, se ha producido un carnaval legislativo, propio de aquellos bandos o coplas satíricas de tales momentos: el GAM de Sucre, a través de su responsable de espectáculos públicos no quiso quedar ajeno al jolgorio y le metió no más una resolución prohibiendo strippers para las comadres, justificando su decisión en “la protección de la moral y las buenas costumbres”. No soy abogado del sindikathu de strippers y RR.AA., ni nada por el estilo pero, le hubiera sido útil al funcionario, asesorarse de letrado que le hubiera explicado que su pintoresca decisión vulnera el derecho civil de libre reunión y asociación de la CPE (art. 21.4) que como no existen derechos absolutos, está condicionado a que sea con fines lícitos, lo que debiera haberle llevado a enterarse de la existencia del Código Penal, que considera ilícita esa actividad (art. 281), sólo cuando se trata de niñ@s y adolescentes.

Pretender –no me llama la atención, pero respeto el gustito que otr@s le encontrarán- “regular” esas prácticas desde el estado a través de las municipalidades constituye una expresión más del totalitarismo que caracteriza al régimen, al extremo de meterse con ámbitos personalísimos que no son lesivos en sí mismos; pese a que dependiendo del observador, podrían para un@s afectar la “moral y las buenas costumbres”, idea demasiado etérea pues lo que sea para una persona eso, varía demasiado respecto de otra, haciendo al libre desarrollo de la personalidad, que por si acaso también aparece en la ensangrentada de La Calancha, como otro derecho civil.

Proceder de esa manera acarrea un grave riesgo para el ciudadano, pues importaría entregarle a un burócrata estatal, sea asambleísta, concejal o servidor público el derecho de invadir espacios ciudadanos personalísimos sobre su manera de ver el mundo y desarrollar su personalidad, llegando al extremo de intentar decidir que le “permitirá” ver, vestir, oír, decir o pensar y, hasta desvestirse o ver un khala.

Continuando con el bando carnavalesco normativo, en Oruro su Gobernador no se le ocurrió mejor brillante idea que resolver: "Desde esta gestión estarán determinantemente prohibidas las expresiones políticas, ya sean de la oposición o del oficialismo, que dañen la imagen de la Virgen del Socavón", esto a instancia de su jefazo (le tienen terror al ya célebre coro: “Bolivia dijo NO!!!”), pues podría jalarle de la oreja cuando en público le hagan recuerdo de lo que el soberano decidió, mandando al trasto su trucha candidatura. Tampoco hubo letrado que les enseñe que, otra vez, su CPE garantiza a todos los ciudadanos expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio e incluso, tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, esto es, sin censura previa. Pequeños detalles constitucionales…

Por si lo anterior no fuera suficientemente grotesco, ya también al GAM de Oruro se le ocurrió decretar ley seca en determinado lapso durante la entrada de su fabuloso carnaval. No es que esté propugnando le metan no más trago hasta las últimas consecuencias con cualquier pretexto (como ocurre) pero los concejales debieron asesorase de letrado que les haga recuerdo de la existencia de la poderosa “Ley de Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas” No. 259 de 11 de julio de 2012 que prohíbe expender, comercializar y consumir bebidas alcohólicas en vía pública, espacios públicos de recreación, de paseo y en establecimientos destinados a espectáculos y prácticas deportivas; aunque les faculta alguna reglamentación a los Gobiernos Municipales, cualquier aprendiz de abogado sabe que no puede ir contra lo que la ley nacional marco ya estableció. TÁCITO decía: “Cuando es más corrupto el estado, hay más leyes".

Pues bien, uno de los peores autogoles que un político puede meterse, es creerse sus propias mentiras: posiblemente el sistemático ejercicio de la mentira pueda rendir algunos frutos para intentar cazar en campaña los votos de algunos incautos devotos de aquello de basta de realidades queremos promesas, pero de ahí a meterse las chuñas a si mismo y encima creerse… dista mucho y especialmente, dice mucho del auto mamado.

Para empezar, aún con sus luces y sombras, el 171 Periodo de sesiones de la CIDH ha servido precisamente para poner una vez más en evidencia por si a alguien le cabía alguna duda, que la fulera sentencia 084 del tribunal del jefazo, superó todos los records del prevaricato y encima por si fuera poco, prostituyendo la joya más preciada del Sistema Interamericano. Tamaña aberración jurídica no pudo pasar desapercibida por la Comisión precisamente sesionando en el lugar del crimen y, especulo, la mejor prueba de ello es que terminó habilitando así sea una peculiar audiencia pública, para oír muy brevemente las quejas contra el país anfitrión, precisamente sobre el respeto del 21F como tema recurrente, poniendo en ridículo la invención del “derecho humano” a ser dictador.

Que la Comisión IDH y el Sistema Interamericano den respuesta oportuna y efectiva a ese clamor popular ciudadano, está sujeto a los tiempos y a las finuras diplomáticas pero las sesiones y sus eventos paralelos han servido para relievar que el gran tema pendiente en Bolivia es ese y los llamados a pronunciarse ante el envilecimiento y complicidad de los tribunales internos, son precisamente los órganos del Sistema Interamericano. Así que la presencia de la CIDH en la capital ha servido precisamente para dejar (les) en claro esa imperdible obligación que tiene el sistema en tanto precautela el sistema democrático hemisférico y jamás, para sepultar el clamor popular de respeto no sólo del referéndum, sino de la CPE y del sistema democrático.

Peor les fue con la conmemoración del 21F. Las marchas multitudinarias no de funcionarios públicos obligados para conservar la pega a asistir, sino de ciudadanos comunes y sus familias, constituyen la mejor prueba que el régimen por mucha fuerza bruta que concentre –policía, fuerzas armadas, justicia, etc- está cada vez más débil e inerme frente al poder ciudadano, que le enrostra cada vez que puede el “Bolivia dijo NO” al extremo que el presidente es cada vez más prisionero de su ego palacio y de su republiqueta chapareña, incluyendo su avión y helicópteros que le permiten por el momento, huirle al soberano.

Así las cosas: ¿Tendrá futuro el binomio trucho ante un eventual monumental fraude que le permita otra vez un cuarto periodo inconstitucional? Debe temblarle el espinazo cuando ve a sus socios, los otros dictadores Maduro u Ortega aislados de la comunidad internacional democrática, pues de persistir con su delirio y obtener alguna pírrica victoria con la complicidad de su “Tribunal” electoral, el futuro se le pintaría de color hormiga y ahí si cabría pensar en la sepultura final… de su ya agotado proyecto político. Lo peor de todo es que abandonar el poder y entregar el mando por la puerta ancha ya parece quedarle demasiado lejos al régimen, por lo que ha quedado prisionero de sus propias mentiras, mientras la debacle se produce y acerca irreversiblemente. MIRES enseña a propósito: “Cretinismo político es imaginar que una dictadura se legitima con votos”.

Insisto que el régimen metió otra vez las de andar con mandarse la parte invitando a la CIDH a sesionar en Bolivia, pues aunque por reglamento no se abordarían denuncias contra el estado boliviano –en las audiencias públicas– fue tal el grado de expectativa e insistencia de los ciudadanos, que la propia CIDH tuvo que hacerse del otro viernes con su regla y habilitó una sui generis audiencia pública, fuera de programa y de a 90 segundos por nuca, sin presencia –oficial– del Estado. Aunque el desorden primó por parte de la sociedad civil que convirtió la audiencia en el muro de los lamentos poniendo en evidencia el fracaso del régimen para cumplir su principal obligación si es que se trataría de uno de corte democrático: garantizar los DDHH de todos sus ciudadanos; la desesperación cundió en las filas azules, que desplegó sus movimientos sociales para alabar descaradamente a su amo al extremo que no faltó alguno que proclamó al binomio trucho en plena audiencia y, hasta la Procuraduría terminó degradando a su personal en guaruras del régimen, intentando so pretexto de espacio, protocolo y seguridad, impedir el libre acceso ciudadano a la sala, maltratando incluso a personas de la tercera edad. Una muy peculiar audiencia “pública”.

Pese a todo, la desbordada participación ciudadana resultó importante y por ello, otra vez al régimen le fue imposible ocultar que el respeto al voto del soberano del 21F constituye hoy la principal demanda ciudadana boliviana en materia de DDHH, precisamente ante el descalabro de los altos tribunales internos independientes, sometidos por el régimen que ha puesto a sus atawatos disfrazados de magistrados.

Tratándose de varios pero sobre todo, genuinos derechos humanos (derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial en relación con la correlación entre deberes y derechos, todos previstos por la joya más preciada del Sistema Interamericano), sostengo que la CIDH ha quedado por lo recién acaecido, obligada para resolver oportuna y efectivamente las peticiones formales (varias) y/o la formulada en su anterior período en la sesión pública sobre reelección o las brevemente presentadas cuya trascendencia debiera honrarse para no quedar en un simple show.

Dejar transcurrir el tiempo, como ocurrió con el Gadea Vs Nicaragua (7 años) generaría un grave deterioro a su decisivo rol –discursos se dieron en ese sentido– para el respeto de la democracia y el estado sujeto al imperio del derecho, como facetas de los DDHH.

Eso es lo que también quedó evidente en las actividades académicas paralelas realizadas en el I. COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA en las que expertos internacionales y bolivianos, sin las finuras diplomáticas de las sesiones oficiales, pusieron en manifiesto que sin importar sean de izquierda o derecha (si aún existen aquellas categorías), los regímenes caudillescos han seguido el mismo modus operandi para violar sus propias Constituciones y asegurar reelección sine día: usar sus Tribunales, logrando en la mayoría de los casos prostituirlos en favor del poder partidario reinante. Además, surgió con demasiada insistencia el fantasma de quedar convertidos en la próxima Venezuela o Nicaragua, de lograr el binomio trucho meterle no más con su delirio totalitario. El Sistema Interamericano tiene la palabra, ya que: “El secreto de la paz verdadera, reside en el respeto de los Derechos Humanos”. Juan Pablo II

Por un lado estamos los devotos del Sistema Interamericano que con sus luces y sombras, albergamos esperanzas que contribuya efectiva y oportunamente a superar la gravísima situación del régimen que ha depredado los DDHH de los ciudadanos bolivianos, con la cobarde complicidad de la administración de justicia plurinacional (salvando algunas excepciones). Del otro, están los escépticos, señalando hasta que las sesiones fueran otra estrategia envolvente del régimen; que no servirán para nada porque no abordarán temas internos del país anfitrión (por si acaso, esa limitación aplica a cualquier país anfitrión, no sólo a Bolivia); que existen en el sistema varias peticiones sin respuesta; que la Comisión no podrá hacer nada o de hacerlo será muy tarde, etc.

Pues creo que hay que separar la paja del trigo. Empiezo recordando que la Comisión constituye uno de los órganos operativos del Sistema Interamericano de DDHH –el otro es la Corte- y su función es monitorear el estado del arte de los DDHH, procesar denuncias formales contra los estados por violaciones a su plexo normativo y, durante éstas sesiones, realizar audiencias públicas sobre temas generales (13 al 15 de febrero, en esta ocasión).

Con base a ello, las sesiones que se realizan en la Capital y en función al estado de los DDHH de l@s bolivianos adquieren extraordinaria trascendencia, más allá que probablemente, no palpemos como deseáramos, resultados públicos inmediatos. En esta ocasión encuentro además ciertos ingredientes –llajuita, para mi gusto- que multiplican tal importancia: se realizan en vísperas del 21F; en el mismísimo lugar de la Masacre de La Calancha –aun impune por el encubrimiento de la “justicia” boliviana - denunciada ante la Comisión e incluso, por si fuera poco, la CIDH acaba de admitir a trámite la denuncia del ciudadano nicaragüense Fabio Gadea Mantilla, cuyos hechos son demasiado similares al caso boliviano, abordando entre otros, la presunta violación de los derechos políticos (art. 23 de la CADH) que aquí fueron prostituidos por la SCP 084 que le confeccionó a medida, el burdo derecho humano al eterno candidato, permitiéndole hoy formar su binomio trucho.

Esos elementos, sumados a la imposibilidad y desesperación en que el régimen está naufragando para ocultar o siquiera disimular su comportamiento en materia de DDHH al extremo que hasta donde sé extraordinariamente, la CIDH abrió un espacio –miércoles 13 a las 17.00- para escuchar aunque sea fuera de programa a la sociedad civil boliviana, prueba a mi juicio el gravísimo error del régimen para mandarse la parte invitando a la CIDH a sesionar en Bolivia cual si fuera una isla de respeto a los DDHH, cuando acaece, exactamente, todo lo contrario. Otra vez fue víctima de sus delirios e improvisación, sigue creyéndose sus embustes y, de nuevo queda en off side.

Así sea de manera testimonial –para los escépticos- lo evidente es que las sesiones y sus acontecimientos están nuevamente poniendo en evidencia el torpe proceder del régimen en la materia. De ahí que más allá de sus tiempos –una de sus debilidades- y las finuras diplomáticas, la coyuntura boliviana desafía al Sistema Interamericano obligándole asumir medidas sobre los reales alcances de los derechos políticos previstos por el art. 23 de su joya más preciada y, en la medida que su respuesta sea efectiva y oportuna, renovará significativamente su rol decisivo para la vigencia y defensa de los DDHH en el hemisferio. Tratándose del caso Boliviano, ya le es imposible dejar de hacerlo; lo propio respecto de la Masacre de la Calancha, que es una herida abierta en la Capital: “El mayor obstáculo para la eficiencia de las leyes, es la esperanza de impunidad” FEUERBACH

Aunque los que saben aconsejan, tratándose de ese tipo de procesos y a la vista del inexorable como innegable desgaste del régimen, conducirse con algo de sensatez y prudencia  siquiera, tratándose de los inefables pluris, acaece lo contrario: le meten nomás, también en estas cuestiones.

Si bien en su defensa, cabría identificar la presencia de ciertos “factores” que les inducen a tal estado de éxtasis, como es la delincuencial, indigna y vergonzosa sumisión de su “tribunal” electoral; la abusiva y extorsiva presión que aplican a sus cautivos servidores públicos y afines y, hasta la necesidad laboral de la gente, como decía Goethe, la ley puede ser dura pero la realidad es aún peor. Ni así pudieron superar la vara que el matemático bachiller se autoimpuso: fracasaron en superar el 50% de asistencia y conste que a la vista del papelón, sus secuaces del TSE salieron inmediatamente en su salvación, inflando los pobres resultados, tratando de menguar en algo siquiera su vergonzosa auto derrota. El meme, sencillamente fabuloso: que triste es competir solito, en su propia carrera, con su propio árbitro y…salir segundo.

Probablemente empero, más allá del real porcentaje de participación, lo que ha sido imposible de ocultar es la importante cantidad de rechazo al binomio trucho, no desde la eterna derecha, desde el maloso imperio, etc., sino desde las filas de su propia militancia, lo que informa que en realidad, no es tal, sino se trata de personas presionadas y por tanto, humilladas, para aplaudirles cual focas cuando son arreadas a alguna proclamación pero que a la hora de la verdad, en las ánforas, no sólo dejan de apoyarles sino que se les revelan y les ponen sencilla y llanamente, en ridículo (los que fueron a votar, el gran resto, ni se molestaron siquiera en acudir…).

Pues bien, a esta altura del partido y peor, a la vista de lo que ocurre con otras dictaduras, bien le haría al régimen poner sus barbas en remojo. ¿No será igual de suicida insistir con su ilegal candidatura? ¿No será que el binomio trucho terminó agotando a todos, incluyendo a quienes alguna vez convencieron? ¿No se habrá superado ya los márgenes de tolerancia incluso de los suyos? ¿Les alcanzará el fraude que están urdiendo? ¿Sus cómplices del electoral serán lo suficientemente diestros para perpetrar el fraude? Y de ser así, ¿l@s bolivianos seremos tan cojudos en aceptarlo?

No ven que, además, aun con sus largos tiempos y posturas finamente diplomáticas, la comunidad internacional ya está absolutamente convencida que aquello del cuento de hadas del indígena ha devenido en la cruel realidad de otro dictador más que ni siquiera respeta a los suyos, balbucea en la que dice ser su lengua originaria y, lo único que le interesa es atornillarse al poder así sea indebidamente pasándose por el forro hasta su propia Constitución, mediante el ridículo de hacerse confeccionar su “derecho humano” a ser eterno candidato.

El horno del proceso de cambio no está ya para bollos de ninguna naturaleza y todo indica que más bien, les quemó el pan que durante estos largos 13 años cocinaron, al extremo de quedar inocultablemente aislados en el concierto internacional, integrando el grotesco club de los dictadores e, internamente, derrotados hasta en su propia competición y por sus propios militantes. Eva García, enseña: "Incluso el mentiroso nos cuenta la verdad, a través de sus mentiras".

Dentro de todo ese sistemático iter criminis –varias veces consumado- resalta por su absurdez pero sobre todo, ofende a cualquier ciudadano por lo altamente costoso (para nuestros bolsillos), el último grito de la moda plurinacional: la realización de “elecciones” primarias en las que no existen alternativas reales para elegir, claramente forzadas para –misión imposible- tratar de legitimar al binomio trucho, obligando a sus adictos y dependientes a votar sin elegir y, literalmente, sin importar el costo.

¿Cuántas obras o adquisiciones de bienes realmente necesarias podrían hacerse con esos 27 millones de bolivianos que ayer el régimen y sus cómplices del TSE botaron a la basura? Por ejemplo: ¿Cuantas incubadoras pudieron adquirirse con ese dinero? ¿Cuántas máquinas de hemodiálisis? ¿Cuántos quirófanos construirse y equiparse?

Y es que tratar de legitimar al binomio trucho a toda costa nos sale a los contribuyentes, demasiado oneroso y es, por si acaso, completamente ineficaz para el régimen, puesto que haga lo que hagan, cualquier estrategia envolvente que ejecuten, lo único que ponen en evidencia es su esencia totalitaria, ya demasiado lejana de los cánones universalmente aceptados que hacen a los estados y gobiernos democráticos: respeto de la institucionalidad y de la normativa; de los derechos humanos (de los genuinos, por supuesto) y, entre otros, la alternancia en el ejercicio del poder.

A propósito, el régimen y sus esbirros del TSE con la reciente puesta en tablas de su última comedia, caen bajo la responsabilidad fijada por el Decreto Supremo 23318-A 3 de noviembre de 1992 que reglamenta la Responsabilidad por la Función Pública, imponiéndole a todo servidor público la obligación de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. ¿Serán licitas unas “elecciones” en las que participa un binomio que vulnera el art. 168 de la CPE considerada como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano? ¿Será ético que los candidatos pretendan ser escogidos sin una alternativa real? ¿Ha sido un proceso transparente llevado a cabo por funcionarios confiables?

Además, ese DS determina que los servidores públicos responderán ante la sociedad por sus acciones u omisiones, en función a criterios de eficacia, economía y eficiencia, por lo que los recursos invertidos en esas operaciones, deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados: ¿El resultado de las primarias, incluso ya completamente conocido antes de su inútil realización, será razonable en función a los 27 millones gastados? ¿Valió la pena derrochar esa suma para obtener un resultado que sin necesidad de la operación ya era de pleno conocimiento público? ¿Es razonable organizar una elección para imponer por la chimenea a quienes constitucionalmente están descartados? Al extremo que hasta se hizo un referéndum para preguntarle taxativamente al soberano su parecer, respondió que NO y luego fueron tan sinvergüenzas para desconocer esa máxima instancia de decisión popular.

Las respuestas se caen de maduras y patentizan el estado del plurinacional en materia democrática: el régimen sobrevive a costa de creerse sus propias mentiras. Wolfee enseña a propósito que: "Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres muy débil".

Por supuesto que para quienes somos abogados y estamos orgullosos de serlo, lo ocurrido nos avergüenza profundamente pues más allá que tal proceder delictivo jamás podría considerarse generalizado e incluso, ni siquiera como práctica común del universo de profesionales; así nos duela admitirlo, asumamos que lo acontecido afecta seriamente la imagen de nuestra profesión, más aún cuando suele estar frecuentemente cuestionada por la actuación de algunos abogángsters.

Es evidente que ovejas negras existen en todas las profesiones y oficios, incluyendo por tanto a delincuentes que aprovechan cualquier profesión para fines criminales; pero así las cosas, propongo colegas, encarar lo acontecido como una valiosa oportunidad para la autocrítica y la resiliencia.

Nuestra profesión es hermosa, pero también por su naturaleza y práctica –trabajamos con la vida, libertad, honra y bienes de las personas– puede degradarse hacia la más vil de las prácticas e incluso, convertirse en una despreciable actividad criminal. ¿Cuáles son los factores que marcan la diferencia?

Ensayo algunos que alcanzo a identificar, ya que cuando pienso en la degradación delictiva de nuestra profesión no cabría quedarse sólo en lo más repugnante –la tortura, la violencia de aquel sujeto– sino también, mutatis mutandis, en otras degeneraciones que si bien no son tan evidentes, públicas y tristemente célebres, probablemente sean aún peores: ¿No ha resultado también temible entregar el cuidado de la CPE a serviles partidarios disfrazados de magistrados? ¿No ha sido igual de perjudicial encargar el ejercicio de la acción penal pública a militantes del régimen, que sólo encubren a sus compinches y persiguen selectivamente a los del otro lado? ¿No es hoy en la justicia del pluri, el debido proceso un instituto en extinción? ¿Acaso, colegas, algunos se presentan como “abogados exitosos” por, dicen, tener “llegada” a jueces, magistrados o fiscales, sin importar su real desempeño profesional? ¿No es igualmente reprochable prometer resultados seguros al cliente cuando como abogados sabemos que nuestra actuación es de medios y no de resultados? ¿Valen más nuestros conocimientos o nuestros contactos?

¿Realmente ocupan altos cargos los mejor preparados e íntegros? Los que ganaron las elecciones establecidas como sistema para acceder… ¿No es insultante que los altos cargos “electos” en la administración de justicia, perdieran las elecciones por goleada y pese a ello, fueran posesionados por quien rinden pleitesía? ¿Usted confiaría en un administrador de justicia o un abogado que se presenta, firma, sella y ejerce como “Doctor” cuando ni por aproximación logró ese alto grado académico? ¿Quiénes preparan a los futuros abogados accedieron a la docencia por méritos académicos o por formar parte de las roscas universitarias?

En el ámbito disciplinario, desde la nueva Ley de la Abogacía (2013) confeccionada por el régimen para fondear el ejercicio independiente de la profesión, ese sistema ha quedado dividido: los afiliados a los colegios departamentales estamos bajo la competencia de nuestros Tribunales de Honor y, quienes sólo están registrados en el RPA dependiente del Ministerio de Justicia, a la de sus Tribunales Disciplinarios, pero transcurridos más de cinco años desde aquel momento, se sabe que esa instancia partidaria no ha juzgado a un solo abogado pues no logró constituir un solo Tribunal, vulnerando el acceso a la justicia de las víctimas y asegurando la impunidad de faltas de ese tipo.

Son algunas preguntas y datos que podrían servir para intentar encontrar respuestas urgentes que conduzcan a mejorar el estado del arte de la abogacía. Claro está, además, que mientras la administración de justicia, llamada constitucionalmente para proteger al ciudadano, tutelar sus DDHH y otorgar seguridad jurídica a todos, siga sometida a los delirios totalitarios de su jefazo confeccionándole a medida su traje de dictador, la situación seguirá empeorando y será cada vez más evidente lo que le dijeron los internos de Palmasola al Papa Francisco:  “Es más conveniente contratar a un juez y a un fiscal prevaricador y corrupto, antes que a un buen abogado”.