Pues bien, a tono con las carnestolendas, se ha producido un carnaval legislativo, propio de aquellos bandos o coplas satíricas de tales momentos: el GAM de Sucre, a través de su responsable de espectáculos públicos no quiso quedar ajeno al jolgorio y le metió no más una resolución prohibiendo strippers para las comadres, justificando su decisión en “la protección de la moral y las buenas costumbres”. No soy abogado del sindikathu de strippers y RR.AA., ni nada por el estilo pero, le hubiera sido útil al funcionario, asesorarse de letrado que le hubiera explicado que su pintoresca decisión vulnera el derecho civil de libre reunión y asociación de la CPE (art. 21.4) que como no existen derechos absolutos, está condicionado a que sea con fines lícitos, lo que debiera haberle llevado a enterarse de la existencia del Código Penal, que considera ilícita esa actividad (art. 281), sólo cuando se trata de niñ@s y adolescentes.

Pretender –no me llama la atención, pero respeto el gustito que otr@s le encontrarán- “regular” esas prácticas desde el estado a través de las municipalidades constituye una expresión más del totalitarismo que caracteriza al régimen, al extremo de meterse con ámbitos personalísimos que no son lesivos en sí mismos; pese a que dependiendo del observador, podrían para un@s afectar la “moral y las buenas costumbres”, idea demasiado etérea pues lo que sea para una persona eso, varía demasiado respecto de otra, haciendo al libre desarrollo de la personalidad, que por si acaso también aparece en la ensangrentada de La Calancha, como otro derecho civil.

Proceder de esa manera acarrea un grave riesgo para el ciudadano, pues importaría entregarle a un burócrata estatal, sea asambleísta, concejal o servidor público el derecho de invadir espacios ciudadanos personalísimos sobre su manera de ver el mundo y desarrollar su personalidad, llegando al extremo de intentar decidir que le “permitirá” ver, vestir, oír, decir o pensar y, hasta desvestirse o ver un khala.

Continuando con el bando carnavalesco normativo, en Oruro su Gobernador no se le ocurrió mejor brillante idea que resolver: "Desde esta gestión estarán determinantemente prohibidas las expresiones políticas, ya sean de la oposición o del oficialismo, que dañen la imagen de la Virgen del Socavón", esto a instancia de su jefazo (le tienen terror al ya célebre coro: “Bolivia dijo NO!!!”), pues podría jalarle de la oreja cuando en público le hagan recuerdo de lo que el soberano decidió, mandando al trasto su trucha candidatura. Tampoco hubo letrado que les enseñe que, otra vez, su CPE garantiza a todos los ciudadanos expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio e incluso, tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, esto es, sin censura previa. Pequeños detalles constitucionales…

Por si lo anterior no fuera suficientemente grotesco, ya también al GAM de Oruro se le ocurrió decretar ley seca en determinado lapso durante la entrada de su fabuloso carnaval. No es que esté propugnando le metan no más trago hasta las últimas consecuencias con cualquier pretexto (como ocurre) pero los concejales debieron asesorase de letrado que les haga recuerdo de la existencia de la poderosa “Ley de Control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas” No. 259 de 11 de julio de 2012 que prohíbe expender, comercializar y consumir bebidas alcohólicas en vía pública, espacios públicos de recreación, de paseo y en establecimientos destinados a espectáculos y prácticas deportivas; aunque les faculta alguna reglamentación a los Gobiernos Municipales, cualquier aprendiz de abogado sabe que no puede ir contra lo que la ley nacional marco ya estableció. TÁCITO decía: “Cuando es más corrupto el estado, hay más leyes".