Blog de Arturo Yáñez Cortes

La Asamblea Legislativa ha propuesto una ley destinada a regular los estados de excepción, conocidos como estados de sitio. La CPE de 2009 contempla aquella figura absolutamente excepcional por naturaleza, puesto que implica restringir derechos y garantías, tratándose de casos muy extremos: peligro para la seguridad del estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

En abstracto y con una buena dosis de ingenuidad si es que no estupidez, podríamos entender esa iniciativa legislativa como ejercicio de una de las piedras angulares de cualquier estado sujeto al imperio del derecho, como es la garantía de legalidad cuya otra cara es la reserva legal: los derechos y sus garantías, sólo pueden regularse por ley; por lo que en el caso concreto, podría sostenerse que la ALP asumió la difícil tarea que en el caso concreto es aún mucho más compleja y sinuosa, para regular por ley formal aquella situación excepcional. Lo usual (en teoría) es dar lugar a la progresividad de derechos (art. 13.I de la CPE y 26 de la CADH) y no lo contrario, aun bajo el paraguas constitucional.        

Ahí es donde surge indagar (nos) sobre el ahora, el cómo y el quiénes: ¿Cómo es que ahora, más de 10 años después de vigencia de la nueva CPE, la ALP decide regular los estados de sitio? Tratándose de una medida restrictiva de derechos por naturaleza, al menos avispado debe llamarle la atención que recién se les haya encendido el foquito para hacerlo. Durante el régimen de Morales al que la mayoría de la ALP sólo sirvió de celestina, pese a que el zar de la justicia plurinacional había sentenciado que se necesitarían 100 leyes de desarrollo constitucional, la ALP no movió ni un dedo y menos levantó la mano, en esa dirección: ¿No le convenía al régimen y ahora sí? ¿Esa ley forma parte de un combo que viene con la voladura de torres de comunicación, apaleo de personal sanitario y otros delitos que las huestes del fugado están perpetrando, incluso perversamente en plena 40ntena?         

En lo que respecta al cómo y quiénes, hay que admitir que esa ley destinada a regular estados de sitio en el marco de las prohibiciones que la misma CPE impone y también la CADH, constituye una medida de alta filigrana legislativa, para la que existe plena prueba más allá de toda duda razonable que su mayoría que sólo levantó la mano cumpliendo los delirios de su jefazo y Cia, han dado sobradas muestras de absoluta incapacidad.  Pese a la citada progresividad de derechos, a la jerarquía y supremacía constitucional y al bloque de constitucionalidad y convencionalidad boliviano, los asambleístas –de la anterior y de la actual mayoría- sólo levantaron la mano para aprobar cualquier cosa que sus amos del anterior ejecutivo les ordenaron hacer, incluso bajo plazo y conminatoria. 
Así las cosas, estudiar, debatir y en suma, legislar genuinamente una norma de la naturaleza y complejidad destacada que insisto, acarrea el ejercicio de verdadera filigrana legislativa, constituye una tarea completamente ajena para aquella mayoría acostumbrada sólo a levantar la mano aprobando lo que sea que se les ordene y, muestra que nuevamente, así como ocurrió con las leyes 04, 007, 586 o 1173 entre muchas otras, una Asamblea Legislativa en constante off side por su celestinaje al ejecutivo cuando es de su signo y ahora por su torpedeo cuando no lo es, ha terminado abdicando su elemental razón de existir: razonar, fiscalizar y sancionar, pero no en función a la consigna de su prófugo amo, sino inspirada en aquellos bloques constitucionales y constitucionales, el Debido Proceso Substantivo o en el bien común, incluso pese a que el legislativo, por su naturaleza partidaria, debe reflejar aquellas posturas. ¿Los actuales legisladores demostraron tener madera para ello?... PLATON decía: “El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos”.
 

Una de las frases más trilladas que todos los gobiernos y el régimen afuereado repiten hasta la saciedad, es aquella del: “caiga quien caiga”. Pillados en flagrancia en cualquier acto de corrupción –presunto, para ser elegante- ante la evidencia, repiten demagógicamente esa formulita, queriendo significar que se investigará: “hasta las últimas consecuencias”, sin importar quien haya sido el hampón.

Aunque el régimen anterior llegó a extremos inimaginables cuando el prófugo ordenaba a sus esclavos de la ALP que salgan aplaudidos, con guirnaldas -de coca por supuesto- cuando sus Ministros eran interpelados por tales sospechas e incluso llegó a decir que los acusados por tales actos eran inmediatamente ratificados por su temible dedo; en todos los gobiernos anteriores y el actual se cuecen habas y, aquella consigna del “caiga quien caiga” se ha convertido en fiel expresión de, por lo menos, estrategias políticas no de transparencia, tratamiento igualitario o peor justicia, sino de intentar minimizar los daños, cuando no de inocultable encubrimiento. 

A propósito, ese tipo penal esta así descrito en el CP: “El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo”, a diferencia de la complicidad: “Cuando dolosamente se facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho”.

En ese sentido, la endémica corrupción pública para la clase política boliviana se aborda de la siguiente manera: a) la estrategia del fusible, cuando ante la inocultable evidencia, no queda otra que sacrificar a los peones para salvar al rey o la reina. Acuérdense del acto cobarde del régimen cocalero cuando para salvar al que se creía emperador, su amante y el tercero en liza (el de las hormonas amazónicas), su Fiscalía la emprendió hasta con el chofer; b) la estrategia de minimizar los daños; bastante parecida a la anterior pues pasa también por quemar los fusibles, cebándose con los pillados in fraganti a quienes se les hace escarnio público, protegiendo de esa manera a los mandos altos, así sea sacrificando algún medio incluso. De esa manera se trata de reducir las responsabilidades políticas (casi siempre presentes) focalizando las responsabilidades penales, pues son siempre personalísimas; c) otras, abiertamente delictivas, como el cambio de destino sin proceso salvo un disciplinario para disimular mientras el escándalo amaina (la policía y las FFAA son especialistas en eso); el exilio dorado (cuando el pescado es de alto vuelo); la defensa a lo Gallo Paz (eran errores no delitos); la defensa a lo Evo (yo no fui) y así sucesivamente, toda una serie de mañas para perpetuar el meterle no más, sin importar que sean delitos.    

Doy por descontado avispad@ lector que hasta esta altura de mi opinión, habrá advertido que para que algún poderoso cumpla esa su promesa del caiga quien caiga, se hace imprescindible una suficiente dosis de voluntad política, que según ROSSEAU había sido la suma de intereses que tiene un pueblo en común; una suerte de voluntad general compartida tanto desde quien ejerce temporalmente el poder como del soberano que lo ejerce permanentemente (que conste). Pero también requiere de una estructura judicial y fiscal que sea quien sea y pase lo que pase, proceda independiente y objetivamente, principalmente del poder político partidario y otros poderes fácticos, a quienes sencillamente, debe investigarles y juzgarles: ¿Será que antes, hoy y mañana la clase política boliviana de todos los colores y signos está dispuesta someterse a ese tipo de control de terceros imparciales? ¿O sólo buscan impunidad, recurriendo a las estrategias antes descritas? Es que: “Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley, los gobiernos pueden actuar con impunidad”. LEVITSKY – ZIBLATT
 

A partir de hoy lunes 1 de junio, continua o se acentúa en Bolivia la cuarentena dinámica, lo que implica que al menos en el verso normativo, paulatinamente y extremando medidas de  bioseguridad, debiéramos retornar a la “nueva normalidad”, aunque durante los últimos días muchos ya estuvieron en ese afán, metiéndole no más. Ese retorno paulatino: ¿Será una medida prudente? ¿Habrán primado los criterios científicos de los que saben de epidemiología o salud pública? ¿Se estará pensando primero en la billetera y no en la vida? ¿Se habrán ponderado ambos bienes? 

A la vista del estado del arte de la pandemia en nuestro país, resulta que al sábado 30 por la noche, sensiblemente habíamos logrado un nuevo récord de contagios nuevos diarios (861), teníamos detectados 9562 contagiados y 310 decesos; es decir como los expertos explican, la curva seguía en ascenso sin que aparezca aún vestigios siquiera de la meseta anhelada. Correlativamente, pese a los esfuerzos que el gobierno central y los locales han hecho (buenos, malos o pésimos) nadie podría razonablemente sostener que nuestro precario sistema de salud, esta regularmente preparado para afrontar lo que muchos temen podría resultar del relajamiento en curso: duele el Beni y Santa Cruz.    

Si bien tampoco nadie podría ignorar en que se dilapidaron los últimos años nuestros recursos (canchitas, museos, palacios, ñatas, propaganda, avioncito, etc), la mala noticia para el actual gobierno o cualquiera que asuma esas funciones, es que lo hace sin beneficio de inventario de los anteriores y, por tanto, está obligado a gobernar, lo que pasa por intentar superar el desastre o acierto anterior. Me remito a esta sabia cita: "Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre". Se le atribuye a MERKEL pero lo reivindica Andrés Felipe GIRALDO. 

Consiguientemente, a la vista del estado actual del arte (mejor ni me acuerdo del negocio de los respiradores) más allá que encima al parecer no están funcionando; que las pruebas para detectar los contagiados son mínimas (poco más de 22.000 practicadas); las UTIS también, el personal sanitario –héroes y heroínas- denuncian que no tienen los medios suficientes, ni siquiera el equipo de bioseguridad mínimo, faltan ítems, etc; las filas policiales y militares están diezmadas por estar en la primera línea de la contención y, lo peor de todo es que la vacuna demorara y las curas están aún por precisarse; asusta el ingreso a la cuarentena light y obliga indagarnos si realmente, se asumió una medida razonable y prudente.

Estoy absolutamente consciente por si acaso, conste en obrados, que el aparato productivo y la billetera de gran parte de los ciudadanos está en ruinas, por lo que asumir las medidas analizadas no resultan fáciles para ningún gobierno, sea el nuestro o cualquier otro (vean lo que sucede en el exterior) ante una situación jamás producida en el mundo completamente globalizado y por ello, interdependiente de hoy.

No estoy en condiciones de dar recetas, pero asumo que la cosa va por la responsabilidad individual. Claro que no están en la misma situación quienes obtienen sus recursos cotidianamente (desde profesionales libres hasta gremialistas, transportistas, etc) respecto de quienes disponen de ahorros y disponen de algún margen de aguante, pero a partir de ahora cuenta mucho la disciplina, las posibilidades y las responsabilidades individuales, en función al resto de las personas. Ojala no quedemos en otro proceso de cambio del cuidémonos todos al sálvese quien pueda. Cabe considerar aquello de Ibn SINA: “La imaginación es la mitad de la enfermedad; la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura”. 

Luego de haberse -auto expuesto- a una tormenta de críticas por sus DDSS Nos. 4231,4200 y 4199 que se le convirtieron en otra pandemia desde todos los flancos (Periodistas, Abogados, CIDH, NNUU, la ciudadanía y hasta, vaya cinismo, de los adictos al tirano fugado), al gobierno no le quedó otra que emitir el DS No. 4236 por el que deroga las partes respectivas de esas disposiciones por las que pretendió remitir a la vía penal, las informaciones escritas, impresas y/o artísticas que generen incertidumbre a la población.

Y es que meterse con uno de los derechos más sagrados del ser humano como es la libertad de pensamiento y expresión y, encima por decreto, constituye una muy preocupante muestra de un pésimo asesoramiento jurídico (constitucional – convencional); muy débil olfato político y lo que es peor, una peligrosa vena autoritaria que afortunadamente, atiza las alertas ciudadanas, más aun cuando el gobierno surgió precisamente por las vías constitucionales ante el derrocamiento ciudadano de la tiranía del cocalero huido y sus huestes: a todos nos vino de pronto, un poderoso  dejá vu.

Resulta asombroso que los miembros del gabinete liderados por la Presidenta Añez que es Abogada con amplia experiencia parlamentaria y constituyente, ignoren la elemental plasmación de la garantía constitucional y convencional de la reserva legal que es la otra cara de la legalidad, por la que según el art. 109. II de la CPE: los derechos y sus garantías, sólo podrán ser regulados por la ley. Como cualquier abogado medianamente leído lo sabe, a propósito ya el año 1986 la CORTE IDH emitió su Opinión Consultiva No. 06/86 de 9 de mayo –vinculante también para Bolivia- por la que absolviendo los alcances de la palabra Ley en el art. 30 de la CADH (alcance de las restricciones), dejó claramente establecido entre otras, que se trata no de cualquier disposición –un DS- sino de la emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos; pues de lo contrario: a) equivaldría admitir que nuestros derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público; y, b) reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados.

Tengo muchas dudas respecto del comportamiento genuinamente democrático de la mayoría ilegitima que hoy tiene de rehén a la Asamblea Legislativa, pero aún con esas reservas compartidas por gran parte de la ciudadanía, parece aún muy poco prudente ignorar por ejemplo la vasta jurisprudencia del Sistema Interamericano que, para resumir, se traduce en la conocidísima doctrina del estándar democrático de las dimensiones de la libertad de pensamiento y expresión (OC -5/85). Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier naturaleza, por lo que cuando se restringe ese derecho humano, no sólo es el derecho del individuo afectado el violado, sino el de todas las restantes personas a recibir informaciones e ideas, reitero, de toda índole: las que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al estado o a una fracción cualquiera de la población. “Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática”, resolvió la CORTE IDH.             

Qué manera de entregar carnada a quienes, legítimamente por supuesto en términos de ejercicio democrático, están a la pesca de esos tremendos dislates, incluyendo aquellos que durante 14 años le han metido no más por encima de las leyes, su CPE y hasta el sentido común. Es que como dijo a propósito de los DDSS el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, el uruguayo Edison LANZA en cita modificada: “La desinformación se combate con acceso a la información pública, no con cárcel”.
 

No se trata del conocido pregón previo a un asalto callejero, sino de las alternativas que todos enfrentamos en estos tiempos recios de la pandemia y cuarentena; luego de varias semanas de apagón de la mayor parte de nuestras actividades productivas que van desde las cuentapropistas de supervivencia (comidera por ejemplo) pasando por los profesionales libres (Abogados, Dentistas, etc), pequeñas empresas unipersonales o familiares y, por supuesto, las de mayor calado, que generan cientos o miles puestos de trabajo directo e indirectos. Todas producen riqueza o por lo menos excedentes que permiten solventar las necesidades cotidianas.

No es que solamente el ciudadano enfrente ese dilema, sino también lo hacen y con aún mayor presión, quienes administran los estados cuando les está tocando decidir en qué medida, luego del enorme esfuerzo conjunto realizado por sus ciudadanos y precisamente por la presión que se incrementa cotidianamente, pese a que en el caso de Bolivia, los infectados se incrementan y los recursos disponibles no son suficientes; deben decidir empezar a soltar las restricciones a nuestros derechos o mantenerlos. ¿Cuál será la decisión adecuada y la posible?

El Derecho nos ofrece interesantes abordajes e intenta brindar por lo menos algunas soluciones posibles. Que sean convincentes o no, depende de muchos factores. Convengamos resumiendo y simplificando, que el dilema brevemente descrito encarna por lo menos dos derechos humanos o fundamentales: por un lado el derecho a la vida y por otro el derecho al trabajo. Si nos atenemos al art. 13 de nuestra CPE, resulta que todos los derechos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; el estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos e incluso, los proclamados no deben ser entendidos limitadamente, sino progresivamente. 

La Convención Americana de DDHH ordena también que sus estados parte –Bolivia lo es- se obligan a respetar esos derechos y libertades y a garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna e incluso, si no estuvieran ya desarrollados, adoptar disposiciones de toda índole para lograrlo.

¿Cómo conciliar entonces en la realidad esos derechos y sus vinculados en estos tiempos? Para empezar, aunque no nos guste a los libertarios, a la vista de la pandemia y sus evidentes peligros para la vida y salud de todos, los estados han empezado restringiendo nuestras libertades (libre circulación, trabajo y otros), muchísimas discusiones han surgido entonces sobre sus mecanismos (simple Decreto Vs Ley formal, por ejemplo); sus alcances: ¿hasta dónde puede entrometerse el estado? ¿O es suficiente la justificación del bien común? ¿Puede afectar las relaciones y contratos privados? y el más actual por su duración: ¿Hasta cuándo y cómo pueden mantenerse o empezar a reducirse esas limitaciones?

Eso es tan evidente y actual que incluso coletazos de esas controversias se han llevado ante su Juez natural: el Tribunal Constitucional, que en próximas semanas debe resolver las varias acciones de inconstitucionalidad y recursos directos de nulidad planteados contra la Ley que obliga fijar las próximas elecciones en los próximos 90 días Versus los evidentes riesgos de esa actividad que implica múltiples contactos, acarrea para la vida y salud, en función al estado y reales posibilidades de nuestro sistema sanitario.   

A la vista de los vericuetos de esa controversia y, aunque existen varias herramientas para intentar resolverlas, la de moda es la ponderación (antes se hablaba de subsunción) por la que los decisores deben sopesar en función a los principios y valores en liza intentando encontrar una suerte de término medio que huya sacrificarlos en la menor medida disponible. Estamos viviendo esos momentos y espero estemos, todos, a la altura de tan enorme desafío. HUME escribe: “Equilibrar un estado o sociedad, sea monárquico o republicano, mediante leyes generales es obra de tan gran dificultad que ningún ingenio humano, por muy capaz que sea, puede llevarla a cabo con sólo la razón y la reflexión”.
 

De acuerdo con la Constitución, la Policía Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y, el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. De ahí que además, cualquier comprensión de la soberanía, aun en estos tiempos globales, pasa por la capacidad del ejercicio del poder público, sobre el territorio y sus habitantes.

Conforme lo anterior: ¿El estado boliviano ejerce soberanía en todo nuestro territorio? ¿La Policía Nacional, entre otras instituciones públicas, puede efectivamente hacer cumplir nuestras leyes en todo el territorio nacional? O más bien: ¿Existe el territorio “liberado” como es el Chapare? ¿Una suerte de republiqueta cocalera? 

A la vista de recientes acontecimientos, pareciera que sí. Recordemos que pese además de la actual cuarentena y, luego de la fuga del tirano precisamente desde ese territorio, sus adictos impidieron sistemáticamente el ejercicio del poder público, sea a través de la Policía y otros entes estatales, que no tenían pisada en sus espacios, incluyendo los electorales. Últimamente, a raíz de la cuarentena, la Policía intentó allí sentar soberanía retornando y terminaron expulsados por hordas cocaleras, “no les habían pedido permiso” dijeron sus capos. 

Paralelamente, acaecieron hechos bastante sospechosos, a mi juicio directamente vinculados con los anteriores:  una patrulla de UMOPAR fue emboscada por personas armadas, que estaba transportando la merca; también se descubrió camiones que habían sacado fruta de la zona para distribuirlas gratuitamente, retornando con precursores e incluso, días antes una avioneta boliviana con 385 kilos de la blanca cayó en Paraguay. No podía faltar, el dirigente cocalero Loza afirmó que todo era un show montado por el gobierno, para ocultar sus deficiencias en la lucha contra la pandemia.

¿Están todos esos hechos desvinculados? ¿Serán casualidad no más? Para nada sostengo, pues a estas alturas del desmadre cocalero, nadie podría sostener razonablemente que en el fondo, la sistemática negativa post Evo Morales de la dirigencia chapareña para que en “su” territorio el estado ejerza soberanía, no tiene que ver sólo con que quedaron con el ojo en tinta por la insurgencia ciudadana que expulsó del poder a su jefazo, eterno dirigente de sus sindicatos cocaleros e indiscutible cuasi emperador de la zona, sino con una conducta lindante con lo criminal, para encubrir una serie de actividades nada sanctas: por lo bajo, la zona es la principal proveedora de la materia prima con la que se produce cocaína, pues según la UNODOC el 94% (sí, leyó bien) de la coca allá producida, no pasa por el mercado legal: ¿Dónde va entonces? ¿Para qué fines se desvía? La respuesta se cae de madura y, explica suficientemente la desesperación cocalera para evitar a toda costa que el estado y especialmente, sus organismos de represión al narcotráfico, tengan presencia en el territorio.     

Una regla elemental de toda actividad investigativa parte de algo simple: ¿A quién beneficia el hecho investigado? En el caso concreto, que no exista actividad bancaria, seguridad ciudadana u otros servicios que el estado presta a sus habitantes, incluyendo el ejercicio de sus derechos políticos, termina perjudicándoles; empero, que no existan fuerzas de seguridad para reprimir al narcotráfico y/o a sus proveedores de su principal materia prima, huelgan los comentarios: beneficia al circuito ilegal de la coca- cocaína. Es a los sujetos dedicados a actividades criminales que les interesa mantener a toda costa esa suerte de republiqueta cocalera liberada de la soberanía estatal, incluyendo tener de rehenes a sus habitantes que no necesariamente comparten aquello. Entonces, no caigamos en la ingenuidad o en algo peor, estamos ante el gravísimo riesgo de otra pandemia que radica en permitir el encapsulamiento del crimen, allá reinante. Como escribe SAMANO, no ocurra que: “La ingenuidad les pudo más de la cuenta”.

Dicen, que las crisis como la que atravesamos por la pandemia del coronavirus,  ponen a prueba a las personas, para bien sacando lo mejor de cada uno en términos de solidaridad, disciplina, positivismo, liderazgo y otros atributos constructivos incluyendo por lo menos el sentido común o para mal, con lo contrario. Probablemente, tratándose de quienes dirigen países y/o tienen una función de importancia que les pone en la vitrina pública, esa exposición adquiere aún mayor relevancia, más aún dada la facilidad con la que circulan hoy las informaciones: las evadas o similares, quedan expuestas ante la opinión pública en cuestión de segundos prácticamente en todo el orbe. Ni qué decir con las RRSS.

Aunque no se trata de una novedad en varios casos sino más bien la continuación sistemática de dislates públicos, la pandemia ha sido la ocasión propicia para ratificar la falta de talla de varios, incluyendo un grave déficit de sentido común, el menos común de los sentidos. 

Los ejemplos abundan: Para Trump: "Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien", o se trataba de un problema muy pequeño que iría a desaparecer con la subida de la temperatura. Para Bolsonaro era una gripecita nada más. López Obrador, pese a que la pandemia en su México ya estaba en fase 2, le metió no más: "Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas" e incluso exhortó a la gente a no dejar de besarse y abrazarse al insistir que: “no pasa nada”, mostrando su trébol de 6 hojas como amuleto para detener al virus.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko señaló: "No hay virus aquí. No los has visto volar, ¿verdad?"; y para el Presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa: "El coronavirus es la obra de Dios para castigar a los países que nos han impuesto sanciones". El clérigo chií iraquí Muqtada al-Sadr desafió las medidas para contener el virus y continuó celebrando oraciones en masa y hasta aseguró que el covid-19 era culpa de la: “Legalización del matrimonio homosexual" en todo el mundo.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, intentó justificar la lentitud de su gobierno, indicando: "No le dimos cierta información al público porque no queríamos despertar el pánico". El primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que estuvo visitando un hospital donde había pacientes con coronavirus y les estrechó la mano a todos, habiendo más adelante terminado en la UTI de un hospital (afortunadamente ya está recuperado).

Los socialistas españoles, aliados con los socios del Socialismo del Siglo XXI, no dudaron en organizar una concentración pública el pasado 8M que se cree desencadenó la crisis sanitaria en Madrid y, su VP el impresentable Iglesias no dudó en seguir participando en varias reuniones, pese a que su esposa también alto cargo de su gobierno, ya había sido diagnosticada con el virus.  

En este campeonato de dislates no podían pues faltar los nuestros: empezando por el inmortal chuñoman pidiendo se le inyecte el coronavirus, luego sus cumpas –faltaba más- le echaron la culpa por el virus al imperio y al actual gobierno; los Asambleístas chuquisaqueños realizaron 4 sesiones pechito a pechito para elegir al sucesor del trucho Gobernador y para rematar los de la ALP prepararon otra sesión presencial disfrazados usando material de bioseguridad que nuestro personal sanitario no dispone. Hasta uno de mis favoritos, el gaucho Gargarella, siguió describiendo al gobierno de Bolivia como “de facto” y hasta sostuvo que está usando la pandemia para no realizar las elecciones el 3M (como si podrían realizarse, regularmente). En fin…

Así el estado del arte de los dislates, tal parece que aquella no es la única que ha brotado y propagado al nivel de pandemia, existen otras más que están severamente afectando otras funciones como el sentido común y la inteligencia, acorralando a la ciencia causando muchas más víctimas. Por eso, VOLTAIRE, decía: “La estupidez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás.”   
 

Afirmo que nuestra generación es sumamente afortunada, pues entre otras gracias, nos ha tocado vivir un mundo en el que, por ejemplo, las distancias han quedado reducidas a su mínima expresión, producto del vertiginoso desarrollo de la tecnología. Cuando escribo, sea esta mi opinión, trabajos académicos o hasta litigo presentando doctrina o jurisprudencia, suelo pensar cómo habría sido hacer algo parecido siquiera hace poco menos de un siglo atrás, cuando no disponíamos de una de las nuevas maravillas mundiales como es la red internet: ¿Se imaginan lo difícil que habría sido cocinar un libro, sin disponer de una computadora conectada a la web? Reitero, mis respetos y admiración, para aquellos que lo hicieron.

Pues bien, cabría matizar esos mis juicios, admitiendo también como toda obra humana, que esos fabulosos avances pueden, así como generar enormes beneficios, también graves perjuicios: todo depende del uso que le demos. ¿Quiénes? Los seres humanos.

La pandemia de coronavirus que hoy enfrenta la humanidad, hubiera sido seguramente imposible lograr esa su naturaleza (extendida prácticamente a todo el orbe), si es que desde que se generó en Wuhan el año pasado y sin considerar la negligencia de la dictadura China al inicialmente ocultado el brote y hasta reprimido al Médico que lo descubrió, no existiera la fabulosa movilidad humana, definida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como: “La movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”. Hoy, gracias al transporte aéreo, podemos trasladarnos por ejemplo desde aquella ciudad china a cualquier lugar del mundo incluso al otro extremo, con las conexiones adecuadas, en algo más de 24 o 48 horas. 

Así también los virus han viajado y brotado hacia otros continentes, transportados por viajeros que ignoraban portarlo, que a su vez, por también los múltiples contactos característicos de nuestra época en lugares concurridos u otros menos, han terminado expandiéndose poniendo a la humanidad en vilo.

Pero también ha surgido con mucha fuerza otra pandemia: la infodemia, que es un neologismo, empezado a ser utilizado por la Organización Mundial de la Salud OMS, caracterizado por la también expandida, circulación de noticias falsas y desinformación, principalmente en las redes sociales, causando pánico o promoviendo conductas incorrectas, que hasta pueden poner en mayor riesgo a las personas. 

Que el coronavirus se cura con algún matecito caliente; que la solución para no contagiarse fuera rociarse el cuerpo con gel o cloro; hacer gárgaras con algún menjunje y listo; que comiendo ajo estaríamos cubiertos o incluso, que la cura o la vacuna acaba de descubrirse por tal o cual científico o laboratorio, etc., incluyendo las causas del virus, por la tercera o cuarta mundial y así sucesivamente…falsas curas o teorías conspirativas sobre su origen.

Por supuesto, que lo anterior bien cabría también dentro del ejercicio de la libertad de expresión, fabulosamente realizada a través de las redes sociales hasta extremos como aquellos, incluyendo la útil distinción entre la opinión que cualquier persona tenga acerca de un tema determinado y la mala fe o poco cuidado que se tenga al respecto. 

Por ello, propongo aplicar un juicio crítico sobre la abundante información que disponemos cotidianamente, ampliamente multiplicada por nuestra cuarentena y, paradójicamente, por el libre acceso que gran parte de la ciudadanía disfruta por aquellos factores. Ese mismo juicio debe ser aplicado para escoger difundir la información, en lo posible, verificando si su fuente es confiable o es alguna phajpakería. Forma parte entonces también, de nuestro ejercicio de ciudadanía que hoy más que nunca, debemos ejercitarla para con nuestros semejantes.

Afortunadamente también, en Bolivia disponemos de la herramienta obviamente disponible en la red https://boliviaverifica.bo/ que en tiempo real, verifica las fake news (noticias falsas) y los discursos públicos truchos, precisamente para luchar contra la desinformación y mejorar nuestra participación democrática, incluyendo lo relativo al COVID 2019. Definitivamente, una gran iniciativa, pues: “Crear desinformación toma 5 minutos, desmentirla con información seria y confiable puede llevar horas”. SOHR.  
 

A la vista de la tragedia global causada por la pandemia del coronavirus, piensen por ejemplo en los enormes daños contra la economía universal, los millonarios gastos erogados por las sanidades públicas, los perjuicios a las empresas impedidas de producir, las pérdidas del turismo, hotelería y transporte; de usted ciudadano que ha tenido que dejar de trabajar en las últimas semanas (sin aun contar la recesión global que se nos avecina…) y, sobre todo los miles de muertos y enfermos, no parece nada descabellado plantear: ¿No cabría demandar colectivamente a la China por el Coronavirus?

Convengamos que salvo alguna postura extremadamente disparatada; está claro que ha sido en ese enorme país donde se originó el Covid 2019, se cree en un mercado de animales vivos. No es que se trate de reclamar exactamente por eso, sino por el manejo poco prolijo del brote que causó su expansión prácticamente universal, cuando en vez de combatirlo inmediata y adecuadamente, al peor estilo Chernobyl se privilegió –como en toda dictadura- mantenerlo en secreto, al extremo grosero que la policía china persiguió al doctor Wenliang que lo descubrió, acusándole haber perturbado severamente el orden social “por diseminar rumores”, obligándole a firmar una confesión y amenazándole que sería juzgado. Atacaron al mensajero y dejaron avanzar el mensaje.

Esas inocultables responsabilidades de la tiranía China muy bien explicadas por la afamada periodista Patricia Janiot en su columna “Disculpas Póstumas” www.patriciajaniot.news/index.php/2020/03/23/disculpas-postumas/ precisan detalladamente la manifiesta irresponsabilidad de esa dictadura no sólo para con sus conciudadanos sino con la humanidad toda, al haber dejado transcurrir valiosas semanas en siquiera admitir la presencia del virus sin atacarlo, concluyendo que con su abuso, autoritarismo y oscurantismo, China ha empujado a la humanidad al borde del colapso. 

Así el estado de los daños universales, cabe aplicar uno de los más célebres principios jurídicos en la materia: todo aquel que causa un daño, está obligado a repararlo, pues los perjuicios causados a nuestras libertades personales, a los proyectos de vida, a la propiedad privada y pública entre otros, son descomunales, al extremo que probablemente superen todos los causados en las conflagraciones mundiales. 

La teoría jurídica enseña que ante tamaño quebranto, corresponde la restitución a su estado anterior, algo materialmente imposible por lo irreversible de los daños, por lo que cabría reclamar el daño emergente e incluso el lucro cesante. Incluso, los medios informan que ante una Corte Federal en Florida un prestigioso bufete de Abogados ya presentó una demanda colectiva contra Beiging, alegando sabía que el coronavirus era peligroso y capaz de causar una pandemia, pero que actuaron lentamente, metiendo la cabeza en la arena y/o la taparon por su interés económico. 

No cabe duda que la tragedia global abrirá cauces jamás antes vistos también en el ámbito jurídico absolutamente globalizado, probablemente cambiando los tradicionales parámetros hoy vigentes en materia de reclamaciones por daños. Cabrá dilucidar las jurisdicciones aplicables y sus tribunales competentes, las normas vigentes y por supuesto, ver las reacciones de demandantes y especialmente demandados, además de las reales posibilidades de ejecución y cumplimiento de una eventual sentencia, pero que el Derecho tendrá un rol determinante en ajusticiar a los causantes de la pandemia global y tutelar a sus víctimas no cabe duda, pues como afirma el experto médico BRILLIANT: “Los brotes son inevitables, pero las pandemias son opcionales”

En estos tiempos del coronavirus, con cuarentena en curso incluida, me apetece cavilar sobre las posturas liberales Versus las estatistas, (incluyendo sus variantes). Quienes comulgan aquellas (me incluyo, por si acaso) defienden la idea que el estado existe principalmente (para algunos, incluso en exclusiva) sólo para defender la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Los situados al otro extremo de la vereda, le reconocen y permiten al estado todas las licencias posibles, al extremo de entregar –a quienes lo administran desde el gobierno- amplias facultades sobre sus derechos individuales. Por ejemplo, para el facismo y sus corrientes estatistas, el estado es absoluto y el individuo e incluso los grupos, son relativos sólo en la medida que existan para el estado: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, decía MUSSOLINI.

Ante la pandemia del coronavirus, el gobierno constitucional ha asumido una serie de medidas que vistas desde aquellas ópticas, afectan nos guste o no, a nuestros derechos individuales y/o reafirman la idea de la necesidad del estado y, sus poderes. Por ejemplo, empezó restringiendo nuestros horarios laborales, no sólo del sector público, sino hasta del privado; luego recomendó respetar la “distancia social” (mínimo un metro: damas y caballeros); prohibió realizar actividades sociales, culturales y hasta deportivas (ya estoy con severa abstinencia raquetbolera) e incluso educativas y, así sucesivamente, hasta disponer la cuarentena en curso, impidiendo salir del hogar, etc.

Convengamos entonces que, a la vista del peligro que acecha contra la vida y salud de la ciudadanía, el estado representado por el gobierno que es quien en definitiva lo administra, asume una serie de medidas restrictivas de nuestros derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo, la reunión, la educación, etc. Lo que nos lleva a ponderar las razones que obligan asumir y justificarlas, desde el Derecho.

En esta ciencia, esa técnica es algo cotidiano: consiste en examinar los aspectos positivos y negativos de un asunto concreto, a la luz de los bienes jurídicos de mayor relevancia; en el caso, el de mayor entidad incluso para las corrientes liberales, como es la vida y salud y, no sólo de una persona sino de la colectividad entera, hasta mundial.  

De ahí que un orden político social sin limitaciones –todo licencias o derechos, sin deberes- acarrearía aplicar la ley de la selva en la que el más fuerte o el más bruto impondría su voluntad al resto, lo que me lleva a reafirmar –paradójicamente- una de las máximas liberales, consistente en el respeto de la capacidad de obrar de cada ciudadano ejerciendo sus derechos individuales (léase libertades) pero, respetando los de los demás (entiéndase, obligaciones o deberes).

Uno de los referentes liberales Jhon RAWLS, lo escribió así: “Cada persona ha de tener un igual derecho al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás”.  Entonces, esa libertad de acción va indisociablemente unida a la responsabilidad individual por las acciones realizadas, por lo que nuestro derecho de libertad, conlleva el deber correlativo de respetar la libertad ajena.

Contrario a lo que muchos de sus detractores que repiten clichés y/o ignoran su esencia, el liberalismo defiende para cada persona la mayor esfera de libertad posible, pero en la medida que sea igual a la del resto de los individuos; es la ley de la igual libertad (Spencer).

Así que, pese a esas nuestras libertades y gustitos restringidos, la noble causa ciudadana universal vale la pena: #quédate en casa, pues: “Cualquier medida  que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después, parecerá insuficiente”. MATUS