La comisión IDH en Sucre
El 171 período de sesiones de la Comisión IDH en Sucre, ha generado una enorme expectativa, no sólo entre quienes estamos vinculados al sistema interamericano, sino para la ciudadanía, aunque con distintas visiones que no obvian su importancia para la real vigencia de los DDHH y sus facetas: estado sujeto al imperio del derecho y sistema democrático.
Por un lado estamos los devotos del Sistema Interamericano que con sus luces y sombras, albergamos esperanzas que contribuya efectiva y oportunamente a superar la gravísima situación del régimen que ha depredado los DDHH de los ciudadanos bolivianos, con la cobarde complicidad de la administración de justicia plurinacional (salvando algunas excepciones). Del otro, están los escépticos, señalando hasta que las sesiones fueran otra estrategia envolvente del régimen; que no servirán para nada porque no abordarán temas internos del país anfitrión (por si acaso, esa limitación aplica a cualquier país anfitrión, no sólo a Bolivia); que existen en el sistema varias peticiones sin respuesta; que la Comisión no podrá hacer nada o de hacerlo será muy tarde, etc.
Pues creo que hay que separar la paja del trigo. Empiezo recordando que la Comisión constituye uno de los órganos operativos del Sistema Interamericano de DDHH –el otro es la Corte- y su función es monitorear el estado del arte de los DDHH, procesar denuncias formales contra los estados por violaciones a su plexo normativo y, durante éstas sesiones, realizar audiencias públicas sobre temas generales (13 al 15 de febrero, en esta ocasión).
Con base a ello, las sesiones que se realizan en la Capital y en función al estado de los DDHH de l@s bolivianos adquieren extraordinaria trascendencia, más allá que probablemente, no palpemos como deseáramos, resultados públicos inmediatos. En esta ocasión encuentro además ciertos ingredientes –llajuita, para mi gusto- que multiplican tal importancia: se realizan en vísperas del 21F; en el mismísimo lugar de la Masacre de La Calancha –aun impune por el encubrimiento de la “justicia” boliviana - denunciada ante la Comisión e incluso, por si fuera poco, la CIDH acaba de admitir a trámite la denuncia del ciudadano nicaragüense Fabio Gadea Mantilla, cuyos hechos son demasiado similares al caso boliviano, abordando entre otros, la presunta violación de los derechos políticos (art. 23 de la CADH) que aquí fueron prostituidos por la SCP 084 que le confeccionó a medida, el burdo derecho humano al eterno candidato, permitiéndole hoy formar su binomio trucho.
Esos elementos, sumados a la imposibilidad y desesperación en que el régimen está naufragando para ocultar o siquiera disimular su comportamiento en materia de DDHH al extremo que hasta donde sé extraordinariamente, la CIDH abrió un espacio –miércoles 13 a las 17.00- para escuchar aunque sea fuera de programa a la sociedad civil boliviana, prueba a mi juicio el gravísimo error del régimen para mandarse la parte invitando a la CIDH a sesionar en Bolivia cual si fuera una isla de respeto a los DDHH, cuando acaece, exactamente, todo lo contrario. Otra vez fue víctima de sus delirios e improvisación, sigue creyéndose sus embustes y, de nuevo queda en off side.
Así sea de manera testimonial –para los escépticos- lo evidente es que las sesiones y sus acontecimientos están nuevamente poniendo en evidencia el torpe proceder del régimen en la materia. De ahí que más allá de sus tiempos –una de sus debilidades- y las finuras diplomáticas, la coyuntura boliviana desafía al Sistema Interamericano obligándole asumir medidas sobre los reales alcances de los derechos políticos previstos por el art. 23 de su joya más preciada y, en la medida que su respuesta sea efectiva y oportuna, renovará significativamente su rol decisivo para la vigencia y defensa de los DDHH en el hemisferio. Tratándose del caso Boliviano, ya le es imposible dejar de hacerlo; lo propio respecto de la Masacre de la Calancha, que es una herida abierta en la Capital: “El mayor obstáculo para la eficiencia de las leyes, es la esperanza de impunidad” FEUERBACH