Blog de Arturo Yáñez Cortes

Probando a mi juicio aquello de D’ORS: “Es cosa mala carecer de problemas, pero tampoco es cosa demasiado buena carecer de soluciones”, el flamante Fiscal General del Estado debutó recientemente en sociedad, metiéndole no más contra su propia Ley Orgánica y hasta la CPE.

Recuérdese que por orden del art. 225 de la CPE, el Ministerio Público debe defender no sólo los intereses de la sociedad, sino la legalidad, lo que naturalmente acarrea que su MAE, más aún si está de pajarito nuevo, debiera dar(nos) ejemplo de cumplir puntillosamente las leyes, incluyendo por supuesto esa CPE y faltaba más, su propia Ley Orgánica.

Empero, más allá de a quienes haya designado como Fiscales Departamentales, resulta que para hacerlo incumplió y vulneró flagrantemente su propia Ley Orgánica del Ministerio Público (No. 260 de 11 de julio de 2012) pues, cumpliendo su anuncio, acaba de cesar a los anteriores 9 Fiscales Departamentales y posesionar a los nuevos… vulnerando el art. 33.II de esa su LOMP, que efectivamente le asigna competencia para ese efecto, pero de manera taxativa, condiciona a que lo haga: “previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público”. Nada de eso ha sucedido, nuevamente.

No aplica, por si acaso como se pretendió justificar, la figura de interinos o provisionales, ya que otra vez, su propia Ley Orgánica en su Disposición Transitoria 3ª (en Derecho, eso significa: “de duración limitada o que no es para siempre” y, se usa para regular el paso de una norma abrogada hacia la nueva) delimitó claramente que la posibilidad de designar directamente a esos funcionarios a cargo del FGE, era: “hasta que se establezca la organización del escalafón y la carrera fiscal, por única vez..”, lo que ocurrió allá por el año 2012 (hace más de 6 años atrás, entonces), por su antecesor; aunque también aquél luego le metió no más sistemáticamente en contra de su propia LOMP, pues designó directamente no sólo una vez a esos funcionarios, sino varias.

que puntualizar en defensa del flamante FGE que en parte, eso es producto de la herencia que le dejó su antecesor, pues hasta donde se sabe luego de 6 años de ejercicio no se le dejó un sistema de selección establecido y organizado para ese fin, pues de existir, no habría razón para que el anterior no lo haya aplicado y menos el actual. Salvo, que aquello sea una estrategia envolvente no más y, lo que realmente le(s) interese sea seguir nombrando a dedo a esos funcionarios (y otros más como los Fiscales de Materia, cuyo nombramiento también está taxativamente condicionado por la LOMP en su art. 39.2 a que hayan previamente vencido el curso inicial en la Escuela de Fiscales) de forma que como ha ocurrido recientemente, no se los nombre por méritos técnicos sino partidarios y de otra índole, con lo que si el servidor no cumple las órdenes del jefe, parte inmediatamente al exilio (destinos en provincia, lo más alejados de su familia) o sea inmediatamente despedido de facto, así como fue designado. De esa manera, como lo dijo públicamente el Ministro de Justicia, se aseguraría que la nueva gestión fiscal sea de continuidad de la anterior !!!?????. Me dicen, que de aproximadamente 450 Fiscales de Materia actuales, el legado del anterior FGE alcanzaría a 38 fiscales institucionalizados. Todo un récord.

El problema de fondo de los funcionarios interinos, provisionales o transitorios es que como ingresan nombrados a dedo por el jefe, ejercen su trabajo en absoluta precariedad y como no tienen un sistema confiable de ingreso, permanencia ni evaluación, dependen usualmente para mantenerse en el cargo del grado de obsecuencia que tengan a las órdenes “superiores”, por muy ilegales que sean, con lo que se asegura se sigan produciendo otros casos vomitivos como el 24 de Mayo, Jherry Fernández u otros que avergüenzan a la justicia boliviana, pero que le sirven muy bien al régimen para propinarle al ciudadano el derecho penal del enemigo. Es que: "El poder puede cambiar algunas cosas. Pero no puede cambiar la verdad. La arbitrariedad no se vuelve verdad, sólo porque se ejerza el poder". BULLARD

Con su ya proverbial tacto similar al de un elefante en medio de delicadas piezas de porcelana, otra vez le régimen le metió no más y acaba de poner en circulación a través de su BCB que también lo tiene cautivo, un nuevo billete del corte de 50 Bs., que lleva entre sus imágenes, nada más ni nada menos que al temible Zarate Wilka.   

Le pregunté a mi querido y extrañadísimo Padre Bernardo Gantier S.J., miembro de número de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre: ¿Quién fue realmente ese personaje? Por whatsapp me enseñó desde Roma que sí bien algunos dudan de su participación en la masacre de Cosmiñi y Ayo Ayo (de chuquisaqueños, por si acaso), el colectivo le atribuye esa matanza; aunque más tarde, el Willka entró a Cochabamba llevando en la orla de su sombrero una sarta de dedos trenzados sacados de los cadáveres de los soldados constitucionalistas, lo que le permite al historiador Jesuita afirmar que lo más prudente, hubiera sido abstenerse.  Por mi parte, pensé: es que el régimen le mete no más, es la “doctrina Morales”. 

Por supuesto que circulan también otras versiones mucho más extremas que sitúan su participación en esas masacres sanguinariamente y, los del BCB acaban de hacer aparecer otra cuasi angelical, para justificar su, para decirlo elegantemente, controversial decisión.

Con base a esas posturas dispares, queda clarísimo que quienes han decidido poner la imagen en las nuevas 50 lucas, no deben ser muy versados en la numismática: “Ciencia auxiliar de la arqueología que trata del conocimiento de las monedas o medallas emitidas por una nación” o, peor aún, en la notafilia que se dedica al estudio específico del papel moneda; ya que de serlo, no hubieran ignorado que una decisión de tal calibre no queda librada a la demagogia o lo que es peor, a consideraciones que por simple sentido común  generarían el descontento de los ciudadanos a quienes –en teoría- deberían representar.

Es, como si de pronto al régimen continuando con sus sistemáticos dislates se le ocurriría poner en sus siguientes cortes, la figura “egregia” (entre comillas, por supuesto) de alguno de sus muchos mariscales: de La Calancha (aún impune y hasta de ministro); de Chaparina (de embajador) o de su Capitán Las Américas (de candidato ilegal). ¿Nos sentiríamos representados?

Considerando que por su amplia circulación y representatividad, los billetes, monedas y estampillas debieran mostrar lo mejor de la cultura, historia y personajes del país que, precisamente, representan; el nuevo billete de 50 lucas con la imagen de un personaje tan controversial al estar identificado por muchos como un asesino, constituye una afrenta a los que, dice, representa.

No sólo se trata de cambiar por cambiar –además gastando una enorme cantidad de nuestro dinero, que bien podría ser invertido en cuestiones mucho más útiles y urgentes- sino de intentar, por lo menos generar algún consenso usualmente difícil, respecto de temas que atingen no a un grupillo, sino a la ciudadanía toda: existen temas que a gran parte de l@s bolivianos podrían unirnos y hacernos sentir mayoritariamente representados. Quienes asumen las difíciles decisiones de estado, pues nos conciernen a todos y nos representan, podrían proceder ya que no les adorna la ciencia, por lo menos con una dosis mínima de sentido común y prudencia. Por eso, EPICTETO decía: “La prudencia es el más excelso de los bienes”.

Según instituye la Ley No. 903 de 12 de diciembre de 1986, en homenaje a la fundación de la primera Facultad de Derecho (1681) en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, el pasado 13 de octubre, l@s abogad@s hemos celebrado nuestro día, con diversas actividades. Por ejemplo, en el ICACH desde inicios de mes y hasta el que viene, hemos armado un preste académico con casi una docena de actividades y así sucesivamente, otros colegios habrán hecho similares festejos para todos los gustos, supongo.

Justo ese día, un amigo –que no es abogado– después de la felicitación de rigor, me toreó preguntándome si por ejemplo, después de la juez Pacajes y Cía, del Fiscal que convirtió la Fiscalía en fecalía o los “guardianes” de la CPE que declararon el “derecho humano” de su amo para eternizarse como candidato, entre otras hazañas de algunos colegas, aun así, tendríamos que festejar (nos). Le dije que le respondería por escrito. Ahí va.

Por supuesto que sí, pese a todos esos ejemplos y muchos otros peores más que sin duda el lector podrá acertadamente añadir, sostengo que l@s abogados tenemos razones fundadas para festejar, tanto nuestra profesión en abstracto, como nuestro desempeño en concreto. Imposible obviar los pésimos ejemplos –por el foco de la atención pública, plausible para mi gusto–inherentes a la naturaleza humana de centrarse en lo malo frente a lo bueno, pero aún con esos anteojos y sin dejar de practicar la imprescindible autocrítica, cabría resaltar que en términos abstractos, la abogacía (sin que necesariamente quiera alabar nuestro pan) es una hermosa carrera: buscar y practicar la justicia, debe ser uno de los propósitos más nobles del ser humano.

Considérese eso sí, que como el medio para lograr ese fin, el Derecho, no es una ciencia exacta (2+2=4) cabe usualmente un espacio para batirse en el camino de las sutiles interpretaciones, que no suelen siempre contentar a todos, más aún cuando regularmente, en todo proceso se enfrentan dos partes con intereses contrapuestos entre sí, cada una representada por su respectivo abogado: no es fácil contentar a todos y, por supuesto, cada una tendrá su propia interpretación de lo justo. Es más, en muchas ramas, como la penal por ejemplo, ni siquiera hay empate.

Diferente es el estado de la administración de justicia. Peor desde que como aquí ocurre, el régimen lo controla y ha prostituido todo: tribunales, Fiscalía, Policía, etc. Urge entonces, no confundir la esencia de nuestra profesión, con su producto actual. Eso, no significa obviar que ese producto lo hacemos cotidianamente todos los abogados, incluyendo aquellos que nos muestran como plátanos (ninguno recto) y el resto; pero sostengo, ahí surge nuestra oportunidad: el estado del arte del sistema de administración de justicia, que aun salvando las honrosas excepciones que, insisto, existen, constituye la mejor oportunidad que tenemos para reivindicar lo hermoso de nuestra profesión.

Es evidente que como reza la máxima, el derecho puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios y, todo depende de la persona. En la Bolivia actual, l@s abogad@s dada nuestra formación esencialmente política y humanística tenemos ante sí el enorme desafío de convertirnos en constructores del retorno del estado de derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Así las cosas, hoy nuestro rol principal es combatir a la concentración del poder en todas sus expresiones, sea a través de la condena del inocente o del culpable sin el respeto del debido proceso, del abuso de lo público frente a los derechos individuales y otras múltiples facetas que enaltecen nuestro rol, todo ello pese a que habrá colegas que por las sobras del banquete, harán el despreciable rol de juristas del horror. Así que colegas, MUCHAS FELICIDADES!!!. Recordemos aquello de OSORIO en el Alma de la Toga: “…en el Abogado, la rectitud de la conciencia, es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos: primero es ser bueno, luego, ser firme; después, ser prudente; la ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en el último".

Pues sí, también yo –que me las daba en ese tema de pesimista bien informado- creí que por lo menos, la CIJ sentenciaría que Bolivia y Chile debían negociar: una sentencia abierta, pero favorable al fin de cuentas. Pues no, recordándonos aquello que la realidad es más terca de lo que parece, sus Jueces fueron descartando cada uno de nuestros argumentos legales (esperaba un golcito, aunque sea en los descuentos, pero jamás llegó) y terminaron resolviendo que no habíamos probado esa obligación de negociar, a partir de la doctrina de los actos unilaterales. Un mar, pero de lágrimas.

Aplaudí en su momento que hayamos escogido la vía más “civilizada” para intentar resolver el diferendo, acudiendo al más importante Tribunal creado por la humanidad para solucionar conflictos entre estados, suponiendo –aún lo creo- que el equipo legal boliviano, como todo abogado serio lo hace cotidianamente, ante una situación fáctica, evalúa lo más objetivamente que puede, las reales posibilidades y debilidades del caso, encuentra la normativa y jurisprudencia aplicables, construye la teoría del caso y, sobre todo, estima las reales posibilidades de probarlo (es la columna vertebral de todo proceso) pues de lo contrario, podría tener un caso espectacular, pero el déficit probatorio acarreará que termines lanzando a tu defendido a una piscina…sin agua.

Pues bien, fuera una necedad negar, aunque nos duela, que hemos sido vencidos. No se trata, por supuesto de una derrota cualquiera, sino incumbe al tema seguramente más importante para todo boliviano, dada su capacidad de congregarnos en torno a esa cuestión que la llevamos en nuestros genes. Peor aún, sus efectos –aun incipientes- permiten vislumbrar que han sido significativamente amplificados, por el uso que la demanda recibió –impulsada por nuestra inicial victoria por el litigio accesorio competencial- para fines personales y electoreros: el régimen necesitaba desesperadamente una victoria que le permita justificar lo injustificable, la eterna pero especialmente ilegal candidatura de su jefazo. Se le juntó la gula con las ganas de comer y, terminó en persona, en vivo en directo, con los churkus hechos en plena CIJ, con su comitiva de incondicionales: trágame tierra!!!

Y con ellos, prácticamente todos nosotros. ¿Y ahora? Cabría considerar que no sólo hay que saber ganar, sino también perder y, en ambos casos es determinante man-tener la dignidad. BOLIVAR decía que el arte de vencer, se aprende en las derrotas; pero no: el jefazo y sus adictos, una vez más no dieron la talla y, la emprendieron como acostumbran internamente, contra todo lo que se les mueve. Que el imperio (no podía faltar… es la clásica); que se quejarán ante la ONU por “sus jueces”, que desoyeron el clamor popular (quien les habrá dicho que en ese tipo de causas, easo permite inclinar la balanza); no faltó quien dijo que en realidad habíamos ganado por haber internalizado nuestro reclamo (si se trataba de eso, sin necesidad de la demanda y el papelón, podríamos haber gastado mucho menos propagandeando); que fue un triunfo –dice- sentar en el banquillo a Chile y así sucesivamente, un mar de estupideces. La peor, despotricar contra los mismos Jueces que…en el inmediato futuro resolverán el tema del Silala.

¿Y entonces, qué debiera hacer el régimen que, nos guste o no, en este momento gobierna y nos representa? Recurrir a la resiliencia: capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad, para seguir proyectando el futuro. Dejemos de atar (nos) al mar como si fuera la única vía para el progreso y abandonemos nuestro eterno lamento boliviano. De acuerdo, retóricamente nunca renunciaremos a lo que es nuestro, pero l@s bolivian@s tenemos enormes capacidades para dotarnos mejores días. Ello conlleva construir un genuino sistema democrático, lo más alejado de salvadores que le meten no más por encima de todo; construyamos instituciones de a de veras, urge tener una justicia confiable; que los altos cargos que deciden, sean idóneos no sólo en el plano estrictamente técnico sino personal (dignidad para sí mismos y profundo respeto por los derechos de los terceros, peor si son sus garantes) y así sucesivamente, un gobierno que no tenga como única meta mantenerse como sea en el poder sine die, pero también seamos ciudadanos que tengamos plena conciencia de tales, huyendo entre otros del servilismo, pues: “En las cenizas de la derrota, están las semillas de la victoria”. Que conste… no más.

En el curso de la semana que empieza será posesionado el nuevo Fiscal General del Estado, con lo que concluirá la funesta gestión de 6 años del Fiscal Guerrero, en medio del escándalo (y otros que no tardarán en salir a la luz, se dice). Para el sistema de justicia, fundamentalmente penal, ese alto cargo tiene una importancia significativa puesto que –constitucionalmente- el CEO del Ministerio Público debe liderar ese organismo encargado nada más ni nada menos que de la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública.

son los principales retos de la nueva autoridad? Sostengo que le espera una gestión nada pacífica y con grandes retos. Para empezar, dadas las circunstancias de su designación claramente decididas por cuestiones partidarias y completamente alejadas de la meritocracia –de hecho, la nueva autoridad no es penalista- debería demostrar que no continuará el deplorable desempeño de su antecesor que convirtió al MP en una repartición más del régimen, implementando el derecho penal del enemigo para encubrir a sus partidarios y perseguir –hasta forzada e ilegalmente- a los del bando contrario. Tarea difícil si se considera que el nuevo FGE es una ficha conocida del régimen, al extremo que años atrás aceptó ser designado a dedo por el Presidente como Magistrado del Tribunal Constitucional…violando la CPE, en sus arts. 12. III y 140.I que prohíben la concentración y delegación de funciones.

Pero dejando atrás el pasado, le toca al nuevo FGE institucionalizar al MP, implementando -de a de veras- un sistema confiable de selección y evaluación meritocrática de los Fiscales y demás personal del MP, completamente alejada de consideraciones partidarias u otras que sólo han prostituido su función, dejándola en el estado que hoy está. De hecho, recibe de su antecesor un flamante presente griego, puesto que habiendo ya anunciado que inmediatamente despedirá a los 9 fiscales departamentales, la designación que haga de los nuevos, será –salvo algún milagro, que dudo ocurra- incumpliendo la DT 3a de su propia Ley Orgánica de 2012, que sólo le permite nombrar directamente el FGE por una sola vez a los Fiscales Departamentales. Hasta donde se sabe, la gestión saliente no fue capaz de implementar un sistema de selección de esas autoridades de alta importancia (pues cierran el sistema penal, en cada distrito) y ahora, el nuevo, habiendo adelantado lo que dijo, recibirá ese presente y… violará su propia LOMP. Pésimo comienzo de ocurrir, aunque no encuentro otra alternativa.

Recibe entonces una institución completamente desinstitucionalizada y con las peores imágenes del sistema de justicia. Superar ese lastre debiera ser su principal tarea, empezando por implementar una carrera fiscal (fundamentalmente los Fiscales de Materia y el IDIF) y reinventar al MP de forma que cumpla razonablemente en todos los casos, incluyendo los de interés del régimen al que me temo, sirve; para lo que será imprescindible cumpla con la razón de existencia del MP: el principio de objetividad (art. 225.II de la CPE) que obliga al fiscal no sólo obtener los elementos probatorios que le permitan sustentar su acusación sino también lo contrario. ¿Podrá? O –como señaló su muy cercano Ministro de Justicia- continuará la gestión previa, con lo que no sólo mantendría sino agravaría –Borges decía que nunca se sabe hasta dónde puede caerse tan bajo- la situación de la justicia boliviana.

Otro dictador, STALIN, decía que la llave del poder está en el Derecho Penal y dudo, por ello, que el régimen haya dejado pasar la fabulosa oportunidad de mantener la vergonzosa sujeción del MP a sus designios totalitarios, habiendo sólo renovado una ficha por otra. Amanecerá y veremos, aunque como había opinado cuando en su momento en las mismas circunstancias el régimen nombró a su antecesor, la pregunta era si habría alguien capaz de empeorar la desde ya difícil situación del MP. El FGE Guerrero lo logró, ¿será que el nuevo bate ese triste record? Por lo pronto, me remito a ROXIN: “Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal”.

El audio divulgado de la juez del caso Jhiery Fernández y su reciente entrevista televisiva en la que patéticamente intenta justificar lo injustificable, muestran el asqueroso estado del arte del sistema de administración de justicia, especialmente, penal.

Aunque para muchos, entre los que me incluyo, lo revelado no fue precisamente una novedad y, a pesar de las grotescas y sobre todo hipócritas reacciones de varios –Min. Justicia, Consejo de la Magistratura, Presidente del TSJ, etc- que ahora frente a las cámaras se rasgan sus vestiduras pretendiendo disimular su responsabilidad aunque sea por omisión, lo acaecido me recuerda aquella frase anónima sobre los bikinis: “Lo que dejan ver es sugerente, pero lo que esconden es vital”.

En ese sentido, cabe empezar indagando (nos): ¿Cuántos inocentes más habrá injustamente condenados por la justicia plurinacional? Y no precisamente por “errores” que como humanos por supuesto todos podemos cometerlos, aunque, tratándose de un sistema de justicia constituido –supuestamente– por pesos y contra pesos, cualquier error debiera terminar enmendado por los tribunales superiores… ¿Será así?

Es vital diferenciar claramente aquellos errores de horrores como el que nos ocupa, u otros en los que la causa obedece a la inocultable falta de independencia de varios jueces y magistrados (no todos) y falta de objetividad de fiscales (no todos).

Y es que si se le puede sacar algún beneficio de lo ocurrido, es que por si algún ingenuo requería de más pruebas, resulta que el poder partidario u otros peores –¿los amoríos y miserias de algún poderoso?– terminan decidiendo el resultado de algunos procesos, al extremo de no reparar en condenar a un inocente. Los abogados decimos es preferible absolver al culpable, que condenar a un solo inocente. 

Entonces, no seamos ingenuos en quedarnos contemplando y por supuesto, repudiando ese árbol podrido que es aquel caso. Veamos el bosque y ahí encontraremos la causa principal del estado del arte de la justicia penal que supera lo estrictamente jurídico y avanza hacia lo político: no existe separación de órganos o poderes. El Ejecutivo a cargo del régimen lo controla todo; el Legislativo sólo levanta las manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y hasta ovaciona a sus ministros pese a las evidencias en contra, el Judicial le bendice su “derecho humano” a intentar relegirse sine die, el Electoral se hace al del otro viernes con el resultado del 21F y así sucesivamente, las “instituciones” u “órganos” no cumplen con su razón de existir, han sido convertidos en otras estrategias envolventes. ¿Y el ciudadano? Inerme ante ese deformado poder.

De ahí que la Fiscalía, tratándose de causas en las que existen intereses del partido así aparezcan disfrazados como del gobierno o del Estado –que son lo mismo, dada esa deformada concentración– no defiende los intereses de la sociedad y menos procede con base a la defensa de la legalidad y peor de la objetividad, sino que actúa de la manera grotesca recién divulgada e incluso, ahora persigue al mensajero, eludiendo ingresar al mensaje ¿por qué? La respuesta la olemos todos. Por si fuera poco, el tercero imparcial –los jueces– en este tipo de casos, son absolutamente incapaces para ejercer su rol fundamental: poner límites a las actuaciones de las partes y hacer justicia. Salvando, como de costumbre, las excepciones que me consta existen, para confirmar la regla.

Entonces, sensiblemente, inocentes condenados injustamente existen muchos y de no cambiar aquel sistema perverso que caracteriza a las dictaduras, habrá muchos más. Eso sí, en la vía de la esperanza, me remito a Russell: “No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz”.

El Consejo de la Magistratura acaba de disponer el traslado o rotación de jueces; su Presidente, informó que esa decisión fue asumida en el marco de sus atribuciones para designar, procesar y cambiar de destino en función a las necesidades de atención oportuna, por lo que dispuso tales traslados temporales y definitivos en función a la carga procesal.

De acuerdo, pero…el proceder de ese órgano encargado de la administración y gobierno del judicial, parece mostrar que más allá de las buenas intenciones -que supongo existen- la medida y pese a la competencia que por supuesto el Consejo ostenta (aunque su Ley orgánica la condiciona a la aprobación de un reglamento en su art. 215.III), al afectar y regular los derechos de los administradores de justicia, debe cumplir con la garantía de la reserva legal y respetar el debido proceso. No se trata de meterle no más (doctrina Morales).

Les fuera útil a los nuevos Consejeros (los anteriores ya están rumbo a la determinación de responsabilidades internacionales al estado ante la CIDH, según el art. 113 de la CPE, por la masacre judicial que perpetraron) recibir un asesoramiento especializado sobre las consecuencias de sus actos, no sólo en el ámbito interno, pese a que como sigue sucediendo, aún son encubiertos por la vergonzosa falta de independencia de los órganos de control (tribunales o jueces de amparo y el TCP).

Entonces, vendría bien considerar que deben cumplir con el Debido Proceso en su vertiente adjetiva (juicio previo, derecho de audiencia, defensa, legalidad, etc) y por supuesto, con la substantiva que prohíbe realizar actos arbitrarios de poder, y por tanto, actuar de forma irrazonable y desproporcionada:¿Será razonable desvestir un santo para vestir otro? pues ya ha salido a la luz –AMABOL, dixit- que se están dejando vacíos juzgados con elevada carga procesal (retardación, entonces) para suplir otro con menor o similar problemática. ¿No fuera mejor cubrir todas las acefalías, entonces?...por supuesto con jueces de carrera y no los enviados del partido, aclaro.

Continuando con la deplorable huella de sus antecesores, los nuevos consejeros están vulnerando los estándares internacionales sobre la materia, que ya el Sistema Interamericano de DDHH les ha dejado reiteradamente explicado. Aún recuerdo (con algo de satisfacción pero sobre todo con vergüenza ajena, por tratarse del estado boliviano) el papelón que el representante de la Procuraduría realizó en la Audiencia Temática del año pasado ante la CIDH, al extremo de sostener sin el menor pudor, que habían seres humanos (los jueces transitorios) que no merecían en el pluri, su derecho fundamental al debido proceso, lo que causó asombro en la sala y, generó que muy diplomáticamente el comisionado que condujo la sesión les sugiera –al estado y sus agentes- estudiar y aplicar los estándares del Sistema IDH.

Es decir: “125. El traslado de los operadores de justicia de plaza o de la sala en la cual trabajan puede tener un fin legítimo y ser necesaria para la reestructuración y administración eficiente del poder judicial, fiscalías o defensorías públicas. Sin embargo, cuando está basado en motivos de carácter discrecional, la separación del operador de justicia de los casos que venía conociendo de su lugar de trabajo puede ser una represalia a sus decisiones, sirviendo la amenaza de traslado también como un amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores. (…) 127. La Comisión resalta la importancia de que los traslados de operadores de justicia se realicen sobre la base de criterios públicos y objetivos; adoptados a través de un procedimiento previo y claramente establecido, en el cual se considere los intereses y necesidades del operador de justicia involucrado. En este sentido, es conveniente brindar una oportunidad para considerar las opiniones, aspiraciones y la situación familiar del operador de justicia involucrado, así como la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de su carrera. Las transferencias y rotaciones no deben decidirse arbitrariamente, sino responder a criterios objetivos. (“Garantías para la independencia de l@s operadores de justicia” CIDH, 2013). Así que: ¿En la casa del herrero, cuchillo de palo?: “No son las violaciones a la ley que puedan cometer los ciudadanos las que más perjudican la idea del estado de derecho, sino aquellos actos de abuso de poder cometidos por el propio estado”. Helmut SIMON

En un estado de completa enajenación política, el régimen ha dado sobradas pruebas que estaría dispuesto prácticamente a todo, con tal de atornillarse al trono y, tratar en la medida que le sea posible, de retardar rendir cuentas de su orgía de poder por sus 12 años de su “doctrina Morales” de meterle no más (contra todo, incluyendo su propia CPE y leyes, además del sentido común).

La última, es su Ley de Organizaciones Políticas que prueba aquella de LINCOLN: “La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores”, pues más allá de sus lindos versos, se trata otra estrategia envolvente mañosamente sacada del sombrero de mago, para desesperadamente maquillar la ilegítima (por donde se la vea) candidatura de su jefazo y de taquito, complicar las otras.

Así las cosas, existe una legítima preocupación ciudadana acerca sí, el fantasma de la “Venezualización o Nicaragualización” de Bolivia o fuera peor, “Cubanización”, ha dejado de ser tal, para convertirse en una funesta probabilidad, pues todos esos regímenes dictatoriales hasta por sus poros y sus caudillos no han reparado incluso, en masacrar a sus ciudadanos, con tal de mantenerse en el poder, sin importar los costos.

¿Habrá una salida razonable que permita anticiparnos a ese desastre? Sostengo que, internamente, desde el régimen, no habrá, pues reitero está completamente enajenado, dada su vena totalitaria y populista. Cabría confiar en el poder de movilización de nosotros, los ciudadanos pues ya se le ha dado buenas muestras, recuerden por ejemplo lo sucedido con el Código del Sistema Penal y otras previas, que hicieron recular al régimen, aunque existe la posibilidad –ojala no ocurra- de la violencia: ¿Cuántas víctimas ya lleva en su siniestra cuenta el uso arbitrario y desproporcionado del poder gubernamental? Prácticamente todas impunes –por el momento- gracias a sus juristas del horror…

Entonces, conforme he venido sosteniendo en este espacio de opinión, como devoto de la democracia y del sistema internacional de DDHH, insisto en que la salida pacífica y civilizada, tendría que venir desde la comunidad internacional, vía OEA y su Sistema Interamericano. Estoy de acuerdo con quienes –a la vista de los desastres venezolanos y nicaragüenses- no se hacen muchas ilusiones, pero…creo que precisamente esa constatación debiera servir para evitar repetir aquellas debilidades del sistema, tratándose del caso boliviano.

Urge que la oposición despliegue sus contactos internacionales para que, sea desde la Secretaría General de la OEA o sus organismos previstos en el Capítulo X de su Carta o de un estado o grupo amigo de estados amigos, como por ejemplo el Grupo de Lima, creado para tratar la crisis venezolana y podría anticipar una similar aquí; se formule un pedido de Opinión Consultiva ante la Corte IDH, con base al art. 64 de la Convención Americana de DDHH, sobre los alcances de su art. 23 en relación al esperpento jurídico de la SCP No. 084, confeccionada a la medida del régimen, por sus juristas del horror.

Esa opinión –por el pacta sunt servanda- es obligatoria para todos los estados que le han reconocida esa competencia a la Corte IDH y, Bolivia lo hizo taxativamente (Art. 3 de la Ley No. 1430) y el estado plurinacional, ha dejado expresamente vencer el plazo para denunciar y/o renegociar ese instrumento, según se reservó en su CPE (DF 9ª). ¿Qué tampoco el régimen acataría esa OC? Fuera su tiro de gracia, pues en próximos meses se emitirá la sentencia por el tema marítimo con Chile desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya y, ambos Tribunales – la CIDH y la CIJ- operan según el pacta sunt servanda –lo tratado obliga-: no podríamos reclamarle a Chile cumplir con una eventual sentencia –estimo, con matices, favorable a nuestra causa- y negarse con alguna estrategia envolvente, a cumplir esa OC; el régimen quedaría en su laberinto y, urge que la oposición y los ciudadanos podamos introducirlo, pues está cada vez más inerme ante el poder ciudadano y de la comunidad internacional. “Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida”. Marcel PROUST

P.D: Habiendo asumido la Presidencia del I. Colegio de Abogados de Chuquisaca, declaro que como de costumbre, mis opiniones siguen siendo estrictamente personales.

Que el estado administrado por el régimen, además de batir el record por atornillarse ilegalmente en su trono, ha batido también otro por violar los Derechos Humanos de los ciudadanos, no es una novedad para nadie medianamente sensato. Incluso, está teniendo la desfachatez de alegar el “derecho humano” de su jefazo para intentar perpetuarse impúdicamente en su silla, por encima de los mortales y nuestra decisión soberana del 21F: BOLIVIA dijo NO.

Al respecto, aprovecho la cotidianeidad para traer a colación que uno de aquellos DDHH más violados por los juristas del horror que sirven al régimen, es el de igualdad. Este derecho, proclamado por absolutamente todos los IIII de la materia y por la CPE (aunque suene a exotismo) cuando ordena que todos los seres humanos tenemos personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes, sin distinción alguna y, hasta prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación e incluso, la administración ha obligado para colgar coquetos letreritos con la prosa: todos somos iguales ante la ley.

Pero, como GOETHE había escrito alguna vez, la ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor. Ocurre que, el régimen ha generado so pretexto de revolución (léase robolución) tal descomposición institucional al pretender poner a todos a su servicio, incluyendo a quienes debieran frenar sus delirios totalitarios, de forma que hoy, aquel pomposo Derecho Humano de igualdad que debiera traducirse en evitar un trato diferenciado a quienes están sujetos a similar condición, es arteramente vulnerado por quienes –en el papel, que lo soporta todo- deben garantizarlo, incluso como esencia misma de su existencia funcional.

A la prueba me remito: a inicios de la semana anterior, un policía falleció en un enfrentamiento con cocaleros –no de la republiqueta del Chapare, por supuesto- sino de los Yungas, en medio de la erradicación de la materia prima de la blanca. Inmediatamente la Policía del régimen, “resolvió” el caso y, los fiscales –del régimen también, no de la sociedad- imputaron al dirigente del ramo, dicen por “autoría intelectual” del crimen y, no faltó un juez, que por supuesto faltaba más, lo detuvo ipso facto.

Tres días después, ocurrió en similares circunstancias, lo inverso. La Policía causó la muerte de dos cocaleros, el Comandante de los verde olivo inmediatamente indicó tratarse de un caso de “legítima defensa” (¿le habrán explicado en qué consiste y cómo opera ese instituto?) y… la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada efectivo que se sepa, menos imputar o siquiera sacarle la lengua, al alto cargo, por supuesto gubernamental, que siguiendo la “teoría del caso” anterior, tendría que ser pues también el “autor intelectual” de aquellas muertes.

¿O es que acaso nos creen tan brutos? que no advertimos, por lo menos, que un operativo policial de esa naturaleza se realiza con base a una orden del Ministro del ramo; del Comandante del organismo que lo realiza tanto a nivel nacional como departamental y del que finalmente cumple la orden y la ejecuta. ¿No serían, siguiendo el razonamiento usado para imputar al Jefe cocalero de los Yungas, aquellos funcionarios los “autores intelectuales”? ¿Será que en el descompuesto pluri existen muertos de 1ª y 2ª? ¿La ley se aplica a todos por igual o depende si eres aliado del régimen o no?. Es que: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad” BOLIVAR.

Escribo esta opinión cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apura el tratamiento de la Ley de Ley de Organizaciones Políticas que contiene, entre otras, la realización de elecciones primarias de los binomios presidenciales para el 2019. Incluso, es probable que cuando se la empiece a difundir, la norma ya habrá sido inmediatamente sancionada y promulgada.

Ocurre que pese a los cacareos oficialistas, es evidente que su esperpento jurídico consistente en la SCP No. 084 para meterle no más la inconstitucional candidatura de su jefazo, no ha logrado justificación alguna en términos siquiera racionales peor legales, sino más bien ha puesto en evidencia otra vez el talante dictatorial del régimen. Peor aún, ha desencadenado una multitudinaria reacción ciudadana para el respeto del 21F y del sistema democrático, dejando inerme al ilegal y eterno candidato. Es que las dictaduras no pueden justificarse por ninguna vía.

Pero, como las urgencias del régimen para intentar alargar su impunidad y evitar su ya cantada estrepitosa caída –vean el destape de su aliada Kirchner, por ejemplo- no pueden detenerse a esta altura de su agonía, su mayoría en la Asamblea Legislativa está recorriendo el iter criminis hacia una nueva estrategia envolvente orquestada por el Bachiller que la preside: la Ley de Organizaciones Políticas, por la que de taquito, pretende pasarse por el orto la decisión soberana del NO a la ilegal nueva candidatura, esta vez bajo la modalidad de unas forzadas primarias que resultarían vinculantes para intentar imponerla, pese a todo.

A tal extremo ha degenerado la institucionalidad, que la Asamblea Legislativa ha perdido completamente su razón de existir, bastando recordar que cualquiera sea su nombre –Congreso, Parlamento o ahora ALP- nació varios siglos atrás en Inglaterra, cuando el Rey requería del consentimiento de sus súbditos representados por los parlamentarios, para gobernar. La función parlamentaria además de la legislativa, radica en fiscalizar (no en el encubrimiento o la complicidad) y ahora, está absolutamente secuestrada por el ejecutivo al que sirve y no controla. Por ello, los asambleístas se niegan a sí mismos, simplemente levantando su mano cumpliendo las órdenes de su amo.

Fiel a mi ingenuidad constitucional, hasta la CPE ensangrentada de La Calancha -el papel lo aguanta todo- les franquea entre sus principales funciones, aquella de: “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”. Empero, en el pluri, sus parlamentarios han prostituido su rol, para convertirse en filibusteros.

El filibusterismo consiste en cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios, que resulte favorable a un bando. Tratándose de la flamante norma, por mucho que se la adorne de algunos retoques cosméticos, nadie con un mínimo de sentido común, omite reparar que su único propósito es birlar la decisión del soberano en el 21F.

La ley, que debiera ser la máxima expresión del bien común, en ejercicio de la actual función parlamentaria, se ha vuelto usualmente en una vil trampa –estrategia envolvente, en las finas palabras del Bachiller- para incumplir no sólo la CPE que prohíbe la relección ad eternum, sino también para desconocer arteramente la voluntad soberana: “El populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde adentro”. Vargas Llosa