Blog de Arturo Yáñez Cortes

Aunque seguramente cuando se publique este mi ejercicio de libertad de opinión, estaremos en la primavera boliviana aun con final abierto –en su epilogo– arriesgo algunas conclusiones y sobre todo, en enseñanzas (para todos).

Les decía a mis milennials que una buena lección de todo lo ocurrido no sólo con el 20-O sino desde mucho antes incluso del 21-F, es que definitivamente, el crimen no paga, ni existe alguno que sea perfecto y permanezca impune indefinidamente; podrá ocurrir que producto de la concentración de poderes, servilismo y hasta cobardía, pese a su flagrancia y naturaleza sistemática, el crimen pueda lograr por algún lapso algún nivel de encubrimiento, pero impunidad jamás.

No es que vaya a ser inmediata y necesariamente procesado en términos legales mediante algún Fiscal objetivo y ante algún Tribunal independiente que pueda proceder imparcialmente otorgando por supuesto a todos el Debido Proceso, pero las responsabilidades políticas y supongo hasta internas, pasan factura no más y día que pasa incluyendo nuevos delitos, sólo agregan el reproche y la culpabilidad.

Veamos: el gobierno que degradó en régimen hace varios años atrás cuando empezó a  infligirse e infligirnos la “doctrina morales” del meterle no más por mucho que sea ilegal o su variante de por encima de lo jurídico esta lo político, ha terminado engullido por el monstruo que ha concebido en sus entrañas.        

Pese a todo, los miembros de la OEA han decidido no ser los nuevos “Matarollos” del régimen y acaban de resolver por muchos términos diplomáticos utilizados, que en lo que concierne a tecnología; cadena de custodia; integridad de las actas y proyecciones estadísticas, encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas, cuestionando la integridad de los resultados del 20-O; siendo improbable estadísticamente que el binomio trucho haya realmente obtenido la diferencia del 10% sobre el segundo, por lo que: “…el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. En términos cristianos, pese a ser preliminar y en la misma línea de lo que ya había dicho su misión electoral: fraude no más. Y conste que la auditoría sólo se centró en el 20-0, no en sus anteriores y sistemáticos delitos. 

Recordemos que con su cinismo acostumbrado, el régimen había puesto todos sus huevos en la canasta de esa auditoría, tratando de enfriarnos a los ciudadanos el partido, dejando la supuesta solución del entuerto a su resultado. Lo que la OEA resolvió a nivel internacional, significa nada menos ni nada más la declaratoria oficial de la mañudería flagrante del régimen, unos forajidos ante la Comunidad Internacional.

Hubiera sido deseable que no esperen llegar a tanto, si los organismos hemisféricos como la Comisión IDH o finalmente su Corte IDH (a pedido) hubieran reaccionado oportunamente volteando la estupidez del “derecho humano” o su Secretaría General no hubiera cumplido el triste rol de tonto útil del régimen, podríamos habernos ahorrado las hasta 4 vidas que ya le costó el conflicto al pueblo boliviano, sin compatibilizar otros sensibles daños. Por lo menos ahora, a través de su misión de auditoría, dio por fin la talla. Es que a esta altura del fraude, la evidencia ya era demasiado contundente. 

¿Qué le queda al régimen? Encontrado flagrante y así declarada su delictuosa responsabilidad, pues habría que ser demasiado bruto para sostener que los impresentables del OEP actuaron de oficio (la primera regla de cualquier investigador para dar con el autor, es identificar a quien favorece el crimen), ha quedado moralmente incapacitado no sólo para participar en una nueva justa (la CPE se lo impide y también la normativa electoral que castiga al beneficiario del fraude con la pérdida de su personería), sino en los estertores de lo que le queda de dignidad, presentar su renuncia incluyendo a sus adictos, ordenar a sus hordas dejen de atacar a sus hermanos y rendir cuentas de sus actos. Es que: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo." Lincoln.

Esta vez escribo mi columna semanal al borde del plazo hábil que tengo para enviarla a los medios que me honran publicándola (les reitero, mi enorme agradecimiento), lo que impide referirme a los resultados del 20-O. Siendo el mediodía del domingo, escucho reiteradamente la clásica de todo día de elecciones: resaltar el ejercicio democrático, vivar el civismo, al pueblo, etc.

Muy cierto, pero… ¿Será que la democracia se agota sólo con el voto? ¿Sufragar hará ipso facto, una democracia? Convengamos que peor fuera no poder siquiera votar lo que ocurre donde no hay elecciones, pero para mi gusto no me contento con sólo eso y la ciencia política lo confirma: la democracia no consiste simplemente en sufragar pues la historia muestra reiterados ejemplos en los que el voto del soberano, ha terminado prostituido por alguna pandilla de hampones o incluso, éstos, ganaron algunas “elecciones”, truchas.

¿Qué ocurre en casa? Empecemos, sin retroceder muy lejos, que sí de democracia se trata, su otra cara constituye el estado sujeto al imperio del Derecho, lo que implica –a diferencia de lo que aquí ocurre- que no exista nadie, absolutamente nadie, por muy popular, poderoso o abusivo que sea, que se ponga por encima de la ley o de la voluntad del soberano; es decir, le meta no más.

Así las cosas, encuentro muy discutible pensar en serio en una democracia, cuando el actual régimen, muy orondo actualmente ejerce su tercera gestión, cuando el art. 168 de su propia CPE (aquella que la hizo aprobar aquí en La Calancha en medio de una masacre aún impune), sólo permitía dos gestiones gubernamentales e incluso, por si lo anterior no fuera ya suficientemente repugnante, intenta meterle no más una cuarta, amparado –dice- en su “derecho humano” inventado por sus juristas del horror, validado por otros sujetos disfrazados de “jueces” electorales y hasta, apoyados por un conjunto importante de personas que estarán votando por ellos, no sé si víctimas del Síndrome de Estocolmo, esperanza de impunidad, aspiración de seguir recibiendo algunas migajas del banquete que tragan sus jefazos o, algo peor.

Otro aspecto determinante de un sistema de tal calibre, es el respeto del soberano y de sus decisiones, por todos, incluyendo por supuesto, los Tribunales o quienes ejercen poder, abarcando por si les parezca increíble a quienes lo convocaron expresa y voluntariamente. ¿Ocurre eso en Bolivia? A la prueba me remito: ocurre que el art. 7 de la CPE señala que la soberanía reside en el pueblo y, se la ejerce de manera directa o delegada, siendo inalienable e imprescriptible. Su art. 11.II además, puntualiza que la democracia se ejerce, entre otras, de manera directa y participativa, por medio del referendo. Entonces, ¿Qué pasó con el resultado vinculante del 21F? ¿En estas “justas” electorales se está respetando aquél veredicto del soberano?

Tod@s sabemos que no, aunque algunos no tengan más remedio que disimular o engañar con fines abyectos. Lo pesado es que haya toda una “institucionalidad” puesta al servicio de esos despreciables fines, de forma que esos organismos hoy amorfos, hayan permitido que una candidatura trucha o si quieren, en términos “más elegantes” inconstitucional e ilegal por donde se la mire, se haya colado por la ventana en la liza electoral, que sus organizadores lo hayan permitido pese a su obligación de ser independientes e imparciales y que hasta hayan personas que las apoyen bajo cualquier pretexto que les adormece su dignidad y conciencia, pese al hedor al fraude y el insultante encubrimiento de la Contraloría u otros deformes organismos degradados convertidos en burdos satélites, pues la campaña del binomio trucho se ha hecho en sus narices, con la plata de los ciudadanos.

Si aún pese a todo, otra opción habría ganado tendremos una valiosa oportunidad para recuperar la democracia y el estado de derecho; si ocurrió lo contrario, se habría confirmado aquello de los autores del best seller “Cómo mueren las democracias” Steven LEVITSKY y Daniel ZIBLATT: “Perder la democracia, es mucho peor que perder unas elecciones”.

Estaba en una actividad pública y se me acercó un conocido, joven colega Abogado –de unos veintitantos años- y entre charla y charla, como acostumbro traté de convencerle se afilie al Colegio de Abogados y/o de estarlo, regularice sus aportes mensuales. Me respondió muy gentilmente, resaltando el trabajo realizado en el ámbito de la capacitación por el ICACH que a su entender era muy destacable, pero a título de confidencia, me contó (sic): “que hoy por hoy, le era mucho más rentable, afiliarse al partido o conseguirse un aval partidario del oficialismo, hacer dos o tres c… y así se aseguraba, hasta por lo menos su próxima generación”. Para él, prepararse estudiando ya había pasado de moda en estos tiempos plurinacionales… Me acordé aquello de COUTURE: como el Derecho se transforma constantemente, el Abogado que no sigue esos pasos, será cada día menos Abogado. En fin…

No es que comparta el pensamiento de aquel colega, pero imposible obviar que mi contacto permanente con ellos prácticamente de todo el país, cuando sistemáticamente formulan sus pesares por el estado de la administración de justicia boliviana hoy sometida al poder partidario del régimen (salvando excepciones que cabe resaltarlas), caracterizada por lo contrario a la meritocracia, la sistemática vulneración de los DDHH cuando se trata de servir al estado encarnado en el régimen (sin importar los abusos que éste cometió) y una nauseabunda corrupción (principalmente en altas instancias de decisión), pues por ejemplo, es un secreto a voces aquí en la Capital y sede de los principales tribunales de cierre del sistema que varios sorteos se venden y los fallos se subastan al mejor postor, sin descartar los telefonazos o las “llegadas” entre algunos altos cargos y colegas, ambos corruptos hasta el tuétano.

También es de conocimiento público, entre otros, que los concursos de “méritos” y demás supuestos sistemas de selección de personal son sólo un burdo show montado para la platea, pues el resultado ya está, de antemano, decidido y no por los méritos profesionales de los postulantes sino por su pertenencia al partido, aval de algún jeque del estado plurinacional, cobro de la factura por los “servicios” prestados (en la campaña del MASistrado) o el compromiso de meterle no más u otras cosas aún peores (lo de los audios por si acaso, es solo la punta del iceberg) y así, una serie de situaciones que por su recurrencia, obligan indagarnos sobre el estado del arte de la administración de justicia plurinacional.

Huyendo caer en la generalización, debemos como Abogad@s mirarnos al espejo pero también del balcón y admitir que la justicia boliviana en tiempos plurinacionales está en profunda crisis. Es víctima de la concentración de poderes que impide se tutelen los derechos ciudadanos, sino sólo encubre los abusos del régimen, piensen en el caso del cocalero Franklin Gutiérrez; del tocador de señoras, el trucho gobernador de Chuquisaca o el vergonzoso resultado del caso 24 de mayo, entre otros de sus productos, sin olvidar el burdo intento de consagrar el “derecho humano” de su jefazo. Menciono algunos de los más sonados, pero conozco muchos otros, menos célebres pero no menos asquerosos que ponen en evidente cuestión la justicia, aunque si un caso discurre sin ese tipo de intereses e influencias, con sus luces y sombras, seguramente el sistema producirá un producto aceptable. No todo está perdido, pero un solo caso de injusticia, agrede nuestro sentir y la percepción ciudadana.

Por espacio no puedo fundamentar más, pero es evidente que la administración de justicia plurinacional está en muy grave crisis. Antes también tuvo serios y fundados cuestionamientos, pero jamás había caído en la cloaca a la que hoy la condenó el régimen que sólo la usa para sus fines. La causa, sostengo desde lo político obedece fundamentalmente a la devastación del estado de Derecho y al vaciamiento de lo que fue un sistema democrático que con avances y retrocesos, existía en Bolivia. Entonces, el rol fundamental de la Abogacía boliviana es reconstruirlos, el régimen es parte del problema y no de la solución, por lo que sus recalentadas (koñichis) leyes e intentos propagandeados en tiempos electorales no podrán solucionar el entuerto significativamente agravado por su despótico proceder, lo que nos brinda una fabulosa oportunidad a l@s Abogad@s para reinventarnos, cumpliendo aquello de VOLTAIRE: "Me hubiera gustado ser abogado, es la profesión más bella del mundo”.

El sensible accidente de tránsito que se cobró la vida de 2 periodistas e hirió a otras 4 incluyendo al chofer de uno de los vehículos, ha destapado por fin, algo mucho más siniestro: sus condiciones de trabajo y, otra vez más, la miserable actitud de quienes detentan el poder y, se sienten dueños de vidas, haciendas y conciencias.

Las iniciales investigaciones y decisiones asumidas en el proceso penal en curso, parecen dejar más dudas que certezas: ¿En qué condiciones estaban siendo trasladados esos trabajadores? ¿Realmente viajaban dentro de la camioneta o fuera, en su carrocería? ¿Quién decidió sea así? ¿Fueron en alguna medida presionados por afines al trucho gobernador para cubrir esas actividades y en tales condiciones? ¿Esa es una práctica usual en el medio en relación con los periodistas freelancers? Y, será que por todo ello, Tránsito y la Fiscalía darán con la verdad real de lo ocurrido? ¿O se están limitando a lo obvio: los dos choferes involucrados y el resto, bien gracias? ¿Dará la talla esta vez por fin, la justicia?

El tema no es tan simple como parece, pues según el CORREO DEL SUR https://correodelsur.com/local/20191003_periodistas-se-sienten-presionad... cerca del 80% de los periodistas de Sucre son productores independientes de noticieros, revistas informativas y otros, alquilando espacios en emisoras radiales y televisivas, firmando contratos con instituciones públicas que les condicionan directa o sutilmente con cláusulas como: “El proveedor se compromete a asistir a talleres o conferencias de prensa requeridas por la entidad”.

Al respecto, es un secreto a voces que en la Capital existe una lista negra de proscritos para recibir cobertura o por lo menos limitarla significativamente, además de huir de tocarles ciertos “temas picantes”. Me han contado además, que esos contratos suelen ser pagados con sumo retardo y en la medida de “los buenos servicios prestados” lo que implica cero críticas y mucha condescendencia o por lo menos hacerse a los del otro viernes con los dislates oficialistas, etc.

Sin embargo, la CPE señala que uno de nuestros derechos civiles, consiste en acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva y, en la vía del control de convencionalidad –el legítimo, no el trucho que le meten no más los juristas del horror oficialistas- la Convención Americana de DDHH prevé sobre nuestra garantía de libertad de pensamiento y opinión, que le está prohibido al estado restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

Su Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión (2000) precisa que esa libertad en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Puntualiza que los condicionamientos previos, como veracidad, oportunidad o imparcialidad por los estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y que la utilización del poder del estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente, presiones directas o indirectas para silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con esa libertad fundamental ciudadana. Por ello, DWORKIN dijo: “La libertad de expresión es una condición de Gobierno legítimo”.

Lo del jefazo de algun@s en la 74 Asamblea General de las NNUU sobre la emergencia climática, ya es patológico. Nada más ni nada menos que ante su órgano principal, aunque con auditorio prácticamente vacío (parece que ya nadie le toma en serio) y sin ruborizarse siquiera, le metió no más que: a) “Nuestra respuesta (al fuego) ha sido rápida y efectiva”; y, b) “Sólo liberándonos del lujo, el lucro, el consumismo, podremos salvar nuestro planeta Tierra”.

Sin embargo, nuestra realidad muestra más allá de toda duda razonable luego de más de 1 mes de incendios en nuestra Chiquitania, que el resultado se acerca a 3 millones de hectáreas quemadas y millones de víctimas de su flora y fauna (entre otras), mediando una soberbia, lenta e inefectiva reacción del régimen, que además se resiste burdamente a declarar desastre, pese a ese evidente ecocidio; b) siempre desesperado de votos, entregó en papel de regalo y con moño, el soporte legal (Ley 741, DS 3973, etc) para facilitar la tragedia en por lo menos media docena de ocasiones; y, c) el Presidente vive en medio del lujo (avión y helicópteros como taxi; palacio, museo, ropa de diseñador, Rolex, etc.) con nuestra plata, que es lo peor y, sus bases cocaleras aprovechan del capitalismo y consumismo que, dice en sus discursos, abominar. De taquito, en la ocasión estaba entre las sombras su “mariscal” de Chaparina, por el momento, impunemente premiado como su Embajador ante las NNUU.

A propósito, la mitomanía es definida como: “La tendencia o inclinación patológica a fabular o transformar la realidad al explicar o narrar un hecho”. Se vincula con la mentira patológica, consistente en la: “Necesidad compulsiva de mentir sobre asuntos grandes y pequeños, independientemente de la situación”. Entre los síntomas de quienes padecen ese síndrome se identifica que suelen ser soberbias y arrogantes, despreciar a los demás, se exaltan al hablar y pierden contacto con la realidad. Son trastornos de la personalidad, que merecen urgente tratamiento especializado.

Si bien por estos lares a muy pero muy pocos ha debido sorprenderles aquellos devaneos presidenciales universales a la vista de nuestro mal acostumbramiento interno, no deja de alarmar de quién y cómo provienen. El sentido común aconseja que un servidor público de alto rango, peor con el desproporcionado poder que aún ostenta en el caso concreto, debiera por lo menos tener los pies sobre la tierra al momento de tomar decisiones de estado, pues ellas afectan a millones de personas y a varias generaciones: ¿Cómo andamos en la aldea plurinacional? ¿No tiene usted ciudadano la frecuente impresión que muchas declaraciones, decisiones y posturas no sólo presidenciales sino del régimen en conjunto, parecen asumirse en absoluta desconexión con la realidad? ¿Será que desde el avión o el helicóptero ya no otean la realidad?

Peor aún. Más allá que en campaña –y ellos están todos los días desde hace más de una década- la verdad es la primera víctima, sostengo es razonable preguntarse si los actuales mandatarios y sus acólitos que apoyan y aplauden absolutamente todo lo que hacen o les ordenan sin importar si son dislates, padecen -además, por si lo anterior no fuera ya suficiente- de aquella temible enfermedad del poder, el síndrome del hibrys.

Este, ataca a quienes tienen una adicción al poder, haciéndoles sentir capaces de realizar grandes tareas con base a una exagerada o desproporcionada imagen de sí mismos. Los que saben, enseñan además que las usuales víctimas de ese síndrome de personalidad adquirido, son quienes se mantienen en el poder por lapsos largos, frecuentemente de forma ilegal: los dictadores están en mayor riesgo de sufrirlo. De ahí que una de las mejoras curas sea la alternabilidad en el desempeño de la función pública, aunque en el pluri…lo contrario fue chabacanamente declarado “derecho humano” por sus juristas del horror. Es que: “Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injusticias.” VOLTAIRE

El proceso contra el Estado boliviano ante la Comisión IDH avanza inexorablemente y, todo indica que aunque sea tarde, se hará nomás justicia y que el régimen acabara condenado por sus violaciones a DDHH y que sus thanta “mariscales” (impunes, por el momento) deberán rendir cuentas allá donde no pueden controlar prostituyendo operadores. 

Acaba de saberse que respondió la denuncia formulada por el diputado chuquisaqueño Horacio Poppe y que entre sus señalamientos, indica –aunque le parezca increíble– que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tendría competencia en razón de la materia para conocer la denuncia, que la masacre habría sido propiciada por nuestro Comité Interinstitucional, que no se habría individualizado de manera concreta a las víctimas –tres asesinados y aproximadamente 400 heridos– e hizo la clásica invocación del no agotamiento de recursos internos.    

Si bien puede caber una discusión respecto del Derecho Internacional Humanitario, los luctuosos hechos ampliamente conocidos por todos revisten una naturaleza incontrovertible de sistemática violación de DDHH de las víctimas mortales y sus familias, así como de cientos de heridos: ¿Conoce usted algún asesino que haya sido siquiera juzgado y peor condenado aquí por la “justicia” boliviana? No sólo eso, hoy mismo el régimen aun regodea su asquerosa impunidad mediante su binomio trucho: ¿La masacre pudo haberse cometido sin que ellos lo consintieran enviando a sus milicias y policías? ¿A quiénes benefició la masacre perpetrada? Incluso hoy, sus directos ejecutores aún gozan de las mieles del poder, desempeñando impunemente altos cargos como ministros, viceministros, etc. De los heridos, entre los más graves, hoy vemos a uno de los héroes pedir, sencillamente, limosna para el reemplazo de su prótesis. ¿No es todo eso una grosera violación de DDHH? 

Sobre la competencia de la CIDH para conocer esos hechos, más allá de comprender su simple denominación y naturaleza, que alguien explique a los representantes del régimen que la CADH –prostituida por sus MASistrados para imponer su inconstitucional candidatura– ordena que ni siquiera en caso de guerra o peligro público podían suspenderse la vigencia de las garantías de ius cogens (inderogables) referidas a la vida y la integridad personal, ni de las garantías judiciales indispensables para su protección. 

¿Que fue propiciada por nuestro Comité? Ese señalamiento, más bien parece una confesión de parte, pues como acaba de verse, aun en caso de guerra o peligro público, esas obligaciones estatales para con sus ciudadanos, no están autorizadas para ser suspendidas, precisamente por ser inderogables al estar vinculadas con el respeto de los mayores bienes del mundo civilizado: la vida e integridad personal, además del debido proceso.   

Sobre la falta de individualización de las víctimas, más allá de lo evidente de los tres muertos y aproximadamente 400 heridos, es incontrovertible que la denuncia ante la CIDH fue formulada de forma concreta en representación de David Soliz Soria y Juan Carlos Saavedra (heridos graves), además de los asesinados Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo. Pamplinas entonces.
Finalmente, sobre el no agotamiento de recursos internos. Más allá de que es la clásica postura que asumen todos los Estados denunciados, queda claro que la denuncia se ampara en el art. 46.2 de la CADH que permite hacerlo, cuando entre otros motivos, haya retardo injustificado en la resolución de los recursos internos: ¿Hace cuantos años que el caso La Calancha está en la Asamblea Legislativa durmiendo el sueño de los injustos? ¿Existe algún tribunal independiente o fiscal objetivo en Bolivia que pueda procesar ese caso? Las respuestas se caen de maduras y muestran que los representantes del régimen están phajpakeando ante la CIDH: “Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores” Tolstói.

!!! No le achuntas una !!! Recurro a esa figura a partir de la última propaganda del “Tribunal” Electoral: la trama discurre en otro partido de fútbol en el que el arquero titular es expulsado por la inefable árbitra Pankarita Ñanduti y cuando su reemplazo el Lampe, se dispone a ingresar… faltaba más, la arbitra le dice que como no está habilitado, no puede jugar !!!se trate de quien se trate !!! Muucho cinismo.

Pues todos sabemos que tratándose del binomio trucho al que sirven y encubren, ni se despeinaron siquiera para aceptar raudamente su ilegal candidatura, pese a que se pasa por el forro el artículo 168 de la CPE y el resultado vinculante del 21F y, además, se hacen sistemáticamente a los giles –no les cuesta mucho, por lo visto- con todos los rodillazos que su Jefazo propina contra todo lo que se le mueve en su ilegitima campaña, realizada con la plata del contribuyente, con los recursos del estado –que no son de su partido- y hasta en plena catástrofe ecológica. ¿Ellos? Bien gracias.

La sinvergüenzura con la que procede ese, entre comillas, Tribunal, es sencillamente de antología. Tener la torpeza de hacer aparecer ese spot en el que su jueza insignia hace gala de su independencia negando una habilitación indebida, cuando en la realidad ellos hicieron exactamente lo contrario, demuestra el avanzado nivel de envilecimiento de ese órgano estatal, cuya esencia debiera radicar en su independencia respecto de todas las fuerzas en liza electoral y principalmente de quien hoy ostenta el poder, teniéndoles sometidos. Otro dictador, STALIN había dicho tratándose de elecciones, que lo realmente importante es quien cuenta los votos.

Que sus Vocales tengan ahora la desfachatez de además, hurgar la llaga del ciudadano dándoselas de justos e independientes a la hora de decidir quién y cómo participa del partido o de la campaña, constituye buena prueba de su absoluta falta de, siquiera, ubicación respecto de sus elementales funciones, responsabilidades y esencias, pero sobre todo de su bajísimo nivel de confianza que sus propias actuaciones han producido. Proviniendo de la instancia que viene, su spot es un soberano disparate; pues viene del órgano estatal que menos confianza le merece al ciudadano, habiéndose ganado a pulso, ese su nivel mayúsculo de descrédito.

En vez de favorecer el proceso eleccionario, su spot constituye un insulto al sentido común del soberano; es como alabar la soga en la casa del ahorcado, llevando a indagar: ¿Estarán a la altura de las circunstancias? ¿Darán la talla de jueces? ¿Garantizarán el fair play electoral? Las dudas ciudadanas son demasiado evidentes a la vista de las circunstancias a esta altura del partido o campaña electoral. Tamaña es su estulticia, que hace ya mucho tiempo dejaron en pañales a la tristemente célebre banda de los cuatro, pues actualmente recurren sin el menor respeto el iter criminis hacia varios delitos electorales, con tal de servir a su jefazo e intentar asegurar la que ya fuera su segunda inconstitucional gestión.

¿Estarán conscientes de lo que les espera en el futuro? No me refiero, aunque estando en sus zapatos, tampoco cabría descartarlo, sólo a las emergentes responsabilidades diríamos penales, sino, pienso en efectos de mayor calado que podrían terminar de desencadenarse de persistir en sus torpes actuaciones, orientadas a una misión hoy ya imposible: tratar de legitimar al binomio trucho. Siento que la repulsa ciudadana esta en ignición y a propósito, estamos en vísperas de una quema descontrolada de los escombros del sistema democrático de perpetrar una eventual forzada y fraudulenta victoria oficialista.

Deleites académicos y obligaciones profesionales me permiten el gusto de estar en distintos lugares del país en contacto con colegas, taxistas, estudiantes y otros ciudadanos, y percibo con cada vez mayor fuerza que el soberano está hasta el copete con el régimen y su insultante proceder, mostrando que su candidatura trucha terminó quemada por el incendio que con sus decretos, socios y ambiciones causó, su tardía y soberbia reacción y su burdo show para los medios. Amanecerá y veremos… aunque cabría no olvidar que: “Un mal gobierno necesita excesiva propaganda. Un buen gobierno no la necesita”. (Anónimo).

Si le preguntamos al ciudadano: ¿Cuáles son los problemas que más le indignan en el estado plurinacional? considero que entre los principales que aparecerán en sus respuestas, será el avanzado grado de impunidad que campea, principalmente en favor de quienes detentan el poder partidario y son, sencillamente, corruptos.

Aunque dado el también muy avanzado grado de corrupción que prácticamente cotidianamente se descubre –y conste que no representa a su totalidad- el régimen suele presentar a algunos de sus fusibles como supuesta prueba de su “lucha” contra ese flagelo. Habría que ser demasiado tontuelo para no advertir que ese combate, opera sólo tratándose de eso, fusibles, de mediana o poca monta destinados a ser sacrificados para los medios, cuando se hicieron encontrar con las manos en la masa, mientras que los altos cargos, bien gracias no más.

¿O pasó algo por ejemplo con quien dio la orden de reprimir a los universitarios de El Alto en el canicazo? O tratándose del diputado apadrinando a su MASistrado? Y tratándose del Ministro Quiborax y su combo? ¿Y el “Mariscal” de La Calancha? Ni les sacaron la lengua, peor investigarlos en serio y ni pensar juzgarlos siquiera: absoluta impunidad.

El tema es que no sólo se trata de esa insultante impunidad, sino de algo mucho más serio que pone en duda la real vigencia de un estado sujeto al derecho. Si lo concebimos siguiendo una clásica noción de las NNUU, como el: “principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, no será muy complicado concluir que el pomposo estado plurinacional, no es un estado sujeto a ese imperio –el de derecho- pues para empezar, el sistema de justicia no es independiente principalmente del poder partidario, sino más bien está infestado de operadores del oficialismo disfrazados de jueces y magistrados.

Leyes son aprobadas por los levanta manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y aun así, tampoco se aplican por igual sino están sometidas a la cláusula “depende” (del partido del pecador) y, las instituciones que en el papel están obligadas a ser garantes de los DDHH, son más bien las más denunciadas por violarlos.

Por supuesto que la otra cara de la impunidad es la corrupción y, frecuentemente, ésta es la causa fundamental de aquella, principalmente de la que se genera en la esfera pública, que es la que afecta nuestros recursos públicos, empeorando la pobreza y marginalidad.

Pero además, la impunidad genera un círculo vicioso caracterizado (CONTRERAS BUSTAMANTE) por lo menos por estos efectos perniciosos: quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo, no duda en repetir su acción; quienes observan un delito no sancionado, tienden a imitar ese hecho, lo que implica su repetición y reproducción; las víctimas de los ilícitos que observan que sus agravios no son sancionados por la autoridad, recurren a hacerse justicia por propia mano e incluso, las comunidades que se benefician de los recursos económicos derivados de la ilegalidad y corrupción, ya no sólo defienden y ocultan a los delincuentes, sino que llegan a considerar como legítimos los métodos de obtención de riqueza. Cualquier coincidencia con la republiqueta del Chapare por ejemplo, no es coincidencia.

Parte de lo anterior, explica el avanzado grado de descomposición en que se encuentra, sensiblemente, nuestra sociedad y por supuesto, el estado sujeto al imperio del derecho, cuyo administrador, le mete no más. No existe semana en la que no se ventile algún nuevo caso de corrupción, que dependiendo de la “cláusula depende”, podría ser investigado y juzgado por un sistema de justicia en el que prácticamente nadie confía en serio, dado su impúdico sometimiento al régimen: “La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en una corruptocracia”. Harold MARMOLEJO ROJAS

Aunque se están gastando teclados sobre el tema, imposible omitir abordarlo. L@s bolivianos estamos emputadísimos con el desastre ambiental de nuestra Chiquitanía: más de 500 mil hectáreas destruidas, familias, flora y fauna devastadas. La reacción del régimen –soberbia y tardía por donde se la vea- agrava nuestro sentimiento, sumado a la sensación de indefensión y por supuesto, indignación ante lo ocurrido (espero, escribir en pasado, sea lo adecuado).

Múltiples han sido nuestras reacciones, la solidaridad entre ellas, el fabuloso heroísmo de los bomberos –muchos voluntarios- la esperanza que aunque sea tarde, el supertanker pueda ayudar eficazmente para apagar los incendios y, surge una creciente corriente para exigir el establecimiento de responsabilidades políticas y penales.

El ecocidio es la destrucción extensa o pérdida de los ecosistemas, usualmente deliberada y masiva, sea por medios humanos u otras causas, resultando la existencia de habitantes, flora y fauna de ese territorio, severamente amenazada. Aunque estuvo por ser incluido dentro de los delitos de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, no se logró, señalando equivaldría criminalizar al conjunto de la raza humana…

En Bolivia, nuestra legislación penal describe con base a la Ley No. 1333 del Medio Ambiente (marzo de 1992) y otras vinculadas a los delitos ambientales, señalando entre otras previsiones que cuando un servidor público sea autor, encubridor cómplice de esas faltas y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta. ¿Podrá atribuirse responsabilidad penal a los jerarcas del régimen por el desastre ocurrido? Se remiten a su D.S. No. 3973 del 9 de julio de 2019, por el que se autorizaron “quemas controladas” en la zona, promulgado en plena campaña del binomio trucho, señalando que hay que chaquear no más porque de lo contrario no comen: “¿De qué van a vivir? preguntó.

¿Será suficiente para establecer responsabilidades penales? (Suponiendo que en el actual estado habría algún juez o fiscal –independiente y objetivo- para hacerlo…) no estoy al momento en condiciones para negarlo ni afirmarlo aun considerando que el CP enseña que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena; que tratándose de delitos por resultado se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación e incluso que fuera cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; pero si sostengo que sus responsabilidades políticas son ya, evidentes y debieran ejecutarse en las elecciones que vienen.

La CORTE IDH en su Opinión Consultiva No. 23/17 precisamente sobre Ambiente y DDHH obliga a los estados prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio, evitando causar daños transfronterizos; deben también regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir daño significativo al ambiente (DS No. 3973) y actuar conforme al principio de precaución, para proteger el derecho a la vida e integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al mismo, aun en ausencia de certeza científica. ¿El régimen lo hizo o prefirió soberbiamente seguir metiéndole no más su campaña en favor de su binomio trucho? Para el efecto, DICKENS nos aconseja: “No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla”.

Conforme ordena el art 109. II de la CPE, nuestros derechos y sus garantías, sólo podrán regularse por la ley. Es la garantía de la reserva legal, que constituye una de las mayores y mejores limitaciones franqueadas en favor del ciudadano, frente al poder. Como nuestros derechos no son absolutos, la única manera de regularlos, es a través de una norma legal, se supone, en función a la distribución competencial redactada por nuestros legisladores –nacionales, departamentales o locales, legítimamente electos-. Que frecuentemente varios de ellos solo tengan la habilidad de levantar la mano, es otra cosa…

Pues bien, ocurre que en la Capital, a raíz de una investigación periodística del CORREO DEL SUR en función al trabajo de fiscalización de un Concejal Municipal Abogado, se ha desatado no uno sino dos escándalos (el otro lo puso en evidencia el ICACH) que prueban, al menos en esos ámbitos, que Sucre es una ciudad sin ley, sin seguridad jurídica y lo que es peor aún, que los ciudadanos somos esquilmados por el estado, ilegalmente.

Resulta que desde hace varios años, la Unidad Operativa de Tránsito cobra a los conductores –entre 30 a 70 Bs- por concepto de multas por el “indebido” parqueo en el centro, pero: a) la decisión de prohibición, en la hermosa plaza 25 de mayo, fue asumida hace 4 años por el gobernador –trucho, además- del Departamento, vulnerando el art. 302.18 de la CPE que le asigna esa competencia, al gobierno municipal; e incluso, b) existen serias dudas –legales- que otra ordenanza municipal más antigua aún esté –legalmente- vigente, sobre las restricciones de paqueo de las cuadras circundantes, aproximadamente 50, con lo que el cobro de las multas emergentes, su destino y otros pormenores, revelan una enorme inseguridad jurídica, incumplimiento y/o abuso de competencias y otros dislates que sólo confirman el desprecio con que el poder, nos trata a los ciudadanos.

Si lo anterior no fuera suficiente, desde hace aproximadamente 2 meses , el I. Colegio de Abogados de Chuquisaca en defensa de la legalidad y de sus colegas (sean sus afiliados o no, por si acaso) ha denunciado ante el Ejecutivo y ante el Concejo Municipal (que está en proceso de informes y/o interpelación) que su Dirección de Ingresos, persigue ilegalmente a los abogados en ejercicio libre de la profesión (Bufetes) e incluso se ha dado el tupé de rechazar sus memoriales –atentando contra la libertad de trabajo- y hasta clausurar de facto sus oficinas, exigiendo el pago de una patente municipal “amparada” en una vetusta Ordenanza Municipal No. 077 del año 2000, cuyo art. 1 -es de tal claridad, para cualquier neófito incluso- determina que ese proyecto de tasas y patentes, sólo correspondía a la gestión 2000 e incluso estaba condicionada a su aprobación por el Legislativo (según la normativa de aquella época).

No obstante, 19 años después –sí, leyó bien- el ejecutivo municipal está persiguiendo -discriminando además a los abogados contra quienes tiene órdenes expresas de acosar a 50 cada día, por cada funcionario- exigiendo el pago de una patente que desde hace 18 años ya no tiene ningún respaldo legal e incluso, vulnerando el debido proceso, clausura ipso facto sus bufetes y en otros casos, otorga 10 días so amenaza de clausura, para pagar esa patente sin ninguna normativa vigente de respaldo, al extremo que en una petición de informe legal admitió que están tramitando una nueva norma (lo cual fuera ocioso, si la actual, tuviera algún valor, legal). Lo peor de todo, es que si bien, la abogacía es la víctima favorita de los afanes esquilmatorios ediles, todo ciudadano o empresa que paga esa patente so amenaza o efecto de clausura de su establecimiento, está siendo víctima de esa arbitrariedad porque sencillamente no existe hoy una norma legal vigente que, cumpliendo la reserva legal, respalde aquel cobro. Fieles a la doctrina de su jefazo, le están metiendo no más, ilegal e inconstitucionalmente, con tal de recaudar fondos. El “defensor” del Pueblo, bien gracias, contempla de palco. Así las cosas, la CAPITAL se asemeja a una jungla en la que el poderoso hace lo que la da la gana y los ciudadanos somos sus víctimas. “La autoridad ejerce un poder legítimo; el autoritarismo lo ejerce arbitraria e ilegalmente”. Juan J. LINZ