Blog de Arturo Yáñez Cortes

Entre las tareas urgentes que el flamante gobierno debe encarar, además de la crisis económica, sanitaria y otras, está la de la administración de justicia. Hace algunas semanas, sin saber aún el resultado del 18-0 me había permitido identificar algunos de sus desafíos: contar con voluntad política como elemento indispensable; recuperar la legitimidad del sistema (hoy devastada); presupuesto suficiente y reformar la contra reforma, producida –paradójicamente- por varias leyes de “desarrollo” constitucional.

Hoy, asumido el nuevo gobierno y más allá que vendría muy pero muy bien a todos incluyendo al mismo, resolver los pedidos de auditoría de las recientes elecciones (me atengo no a los cuestionamientos de quienes desconfían o no les convencen sus resultados, sino las surgidas desde las mismas entrañas del Órgano Electoral), urge encarar además de aquellas crisis, la de la justicia.   

¿Tendrá el gobierno de Luis Arce la suficiente voluntad política para encarar esa crisis? Empieza con dos autogoles recién producidos. Por un lado, aunque bien podría sostenerse –con beneficio de inventario- que se trató de una facción de salida que no corresponde a la que hoy empieza a gobernar, la anterior ALP le dejó una arquitectura para instaurar una suerte de “apartheid plurinacional”, borrando de un plumazo los derechos de las minorías, con lo que al menos el 45% de los ciudadanos bolivianos quedaríamos ignorados a la hora de discutir varios temas relevantes (no todos, afortunadamente) en aquella Asamblea y, por otro, las sistemáticas decisiones express de algunos jueces y fiscales en las últimas semanas a partir del inocultable resultado del 18-0 favoreciendo a militantes del antiguo régimen y hoy gobierno, prueban más allá de toda duda razonable, el indigno sometimiento de esos operadores –no cabe aun así generalizar- al poder partidario y no a la CPE, los IIII, las leyes y al sentido común. 

Las recientes explicaciones del FGE a título de intento de justificación, sólo embarran aún más el sistema, pues denotan que sus fiscales le metieron no más esos errores tan simples -que ni un opa estudiante de primer año de Derecho los cometería- para agradar al gobierno transitorio y que ahora, ante el retorno del MAS, están haciendo buena letra ante el nuevo gobierno: la objetividad como esencia de la función fiscal, al tacho de basura. Lo propio de los jueces, si bien no podrían actuar necesariamente de oficio, ante la magnitud de esos “errores” debieran haber saneado oportunamente los procedimientos y no esperar cerca de un año, para hoy, 18-O en medio, “darse cuenta” de los mismos.            

Pese a todo, el flamante gobierno tiene una fabulosa oportunidad para sentar las bases e iniciar una genuina reforma al sistema y –huyendo de sus fantasmas que ya le acechan- dejar de usarlo como su cloaca para perseguir a los disidentes y encubrir a sus hermanos. No será una tarea fácil sino absolutamente todo lo contrario, pues aunque su partido parece tener los genes de la “doctrina Morales” de meterle no más por encima de lo constitucional, convencional, legal y sentido común, cuenta a su favor con un hecho incontrastable: la ciudadanía no está dispuesta ni podría soportar cinco años o más de lo mismo o peor, en términos de impartición de justicia. 

Existe un sentimiento generalizado no sólo del foro sino, insisto, de la ciudadanía toda, en que el sistema de justicia debe recuperar su esencia tutelar de los derechos y garantías de, todas, las personas, sean víctimas, imputados, administrados o cualquier otra condición con la que acuden al sistema de justicia. 

Urge entonces un acuerdo nacional para sentar las bases de esa más que imprescindible reforma de gran calado de nuestro hoy prostituido sistema de justicia, que esté fundamentalmente inspirado en consideraciones técnicas y no en intereses partidarios o de grupos que como lo prueban los estudios serios del estado del arte que la sitúan en los peores lugares no sólo regionales sino globales, recomiendo los del World Proyect Justice, disponibles en https://worldjusticeproject.org/ que mide nada más ni nada menos que la salud del estado de derecho, sólo han contribuido a agravar la deplorable situación. El principal desafío en ese rubro del flamante gobierno es imponerse a sus fantasmas que le están saliendo del ropero, pues muy buenos resultados le han dado hasta el momento, en términos de impunidad, pero  no de justicia. Cabrá, para empezar, jamás omitir aquello de TOLSTOI: “Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores”. 
 

Por fin, el Tribunal Supremo Electoral ha publicado los resultados finales del 18 – 0 proclamando ganadora a la formula Arce – Choquehuanca del MAS (55,1%), recordando de taquito (por si acaso), que el poder no es ilimitado. 

Asumiendo esos resultados, pues como Abogado ahora no dispongo de suficientes elementos probatorios que objetivamente me hagan sospechar de algún fraude –más allá de los probados antecedentes del partido ganador- y compartiendo en gran parte los sesudos análisis que explican ese triunfo, la debacle del segundo en liza (28,83%) y el papelón del tercero (14%) que termino no más de tonto útil, encuentro una yapa a esas explicaciones, principalmente desde Chuquisaca (MAS 49,1%; CC 45,95% y CREEMOS 2,24%).

Considérese que independientemente de aquellos resultados del 18- 0, a nuestra historia reciente le es imposible obviar una serie de acontecimientos irrefutables hasta para gran parte de los ganadores como lo prueban sus triunfales discursos por los que en su mayoría intentan separar las aguas de sus hermanos antecesores, tales como el fraude electoral anterior, el ejercicio delincuencial del poder absoluto caracterizado por las masacres de La Calancha, Las Américas, del Oxigeno o los abusos de Chaparina, pasando por la “Doctrina Morales” del meterle no más por encima de sus propias normas y su CPE, incluyendo la prostitución de la administración de justicia mediante sus juristas del horror (“derecho humano” a la relección indefinida; casos 24 de mayo, terrorismos y muchísimos otros más), todo eso sin la menor pretensión de exhaustividad. 

Pese a ese estado del arte que insisto es simplemente referencial, resulta por lo menos sorprendente la nueva victoria electoral con mayoría además y, al menos por el momento, sin sospecha razonable de fraude, por mucho know how que ostente el partido de los ganadores. 

En ese sentido y a la luz del resultante votante promedio que le habría nuevamente confiado la administración del estado a esa fórmula por si fuera poco de forma mayoritaria (55,1%), pienso si es que no estaremos ante un caso de sadomasoquismo electoral. 

Según cualquier diccionario elemental y extrapolando hacia lo electoral, esa desviación consiste en disfrutar causando y recibiendo, humillación y dolor: ¿No es que el partido triunfador le ha causado al ciudadano incluyendo gran parte de sus votantes, principalmente humillación y dolor? ¿Acaso no les ha utilizado sistemáticamente como carne de cañón para marchas, bloqueos y khaleaduras enviándoles obligatoriamente a participar incluso a riesgo de su integridad? ¿No les obligó aportar mensualmente con parte de su sueldo y esfuerzo, al partido? ¿No condicionó la adjudicación de obras y/o sus pagos, a los quinziños? ¿No usó la administración pública como si fuera de su propiedad, incluyendo sus conciencias y dignidad? ¿No les obligaban los jefes de personal u otros funestos personajillos a publicar loas diarias a su jefazo en las RRSS, en contra de su conciencia y dignidad? ¿No prostituyeron a la administración de justicia hasta degradarla como su patio trasero? ¿La Fiscalía como su lavandería y/o anexo al Ministerio del Interior o al gabinete jurídico? ¿La policía y las FFAA no se dedicaron a atarles los huatos, gritando encima consignas de algún asesino que antes combatieron? ¿No les hacían disfrazar grotescamente según la ocasión? ¿Será una suerte del tradicional: “Me pega porque me quiere”?

Podría intentar resumir toda aquella situación brevemente descrita a través del vaciamiento total de la institucionalidad de un estado contemporáneo medianamente “civilizado” y, en el plano individual, por el uso bastardo de la dignidad de los ciudadanos incluyendo hasta sus simpatizantes, huyendo de aquella famosísima fórmula que impide usar al ser humano como objeto o medio para algún fin. MAISTRE sentenció: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.   

Como hasta este momento aún no hay resultados ni siquiera extra oficiales de boca de urna este 18-0 y el Presidente del OEP acaba de decir que demorarán aún, escribo sobre lo único seguro hasta el momento: en próximas semanas habrá nuevo gobierno y, además de encarar las crisis urgentes –económica y sanitaria, para empezar- deberá también enfrentar la gravísima crisis de la administración de justicia. 

Diagnósticos de su estado terminal abundan y coinciden, así que intentemos siquiera a grosso modo vislumbrar algunos de los desafíos inmediatos. Lo primero que se requiere para intentar solucionar aquel estado, es voluntad política: ¿Está realmente dispuesta la clase política sea del color que sea a tener un tercero imparcial que le respire en la nuca? ¿Un tercero imparcial que le ponga límites al ejercicio de su poder? Esa es la condición indispensable para empezar a solucionar el entuerto actual: corrupción, retardación, falta de independencia de poderes fácticos, incumplimiento de su rol tutelar, etc. Demás está decir que de ganar los que agravaron hasta límites nunca antes vistos, ese deplorable escenario, no habrá lugar a ninguna posibilidad siquiera de mejora, sino lo contrario. 

La segunda tarea es recuperar la institucionalidad del sistema. Pasa, sin ánimo de ser exhaustivo, empezar por: a) reformar el sistema de elección de altos cargos, pues la elección popular ha fracasado, al extremo que todas esas autoridades son demostrablemente ilegítimas por haber perdido por goleada en esas elecciones, y b) construir genuinas carreras fiscales, judiciales y de los restantes operadores del sistema, de forma que ingresen, se mantengan y sean despedidos si correspondiere, a través de sistemas confiables en función a méritos profesionales y no otros que han prostituido el sistema.

Sin caer en el economicismo, se requiere que el sistema reciba una asignación presupuestaria suficiente como para garantizar su funcionamiento siquiera regular en términos de cobertura nacional, personal y medios; actualmente no recibe ni el 1% del PGE, lo que prueba la ninguna importancia que recibe.

Y luego, habrá que encarar tal vez la reforma tal vez más compleja que requiera de mayor tiempo. Urge reformar las “leyes de desarrollo constitucional” que vaciaron de contenido la nueva Constitución –con algunas disposiciones interesantes y otras deplorables- empezando por las que mayores violaciones de DDHH producen. En ese sentido, será urgente empezar por la reforma de la contra reforma penal y así sucesivamente hacia otras materias.

Tareas titánicas que requerirán, indispensablemente, de un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas que resulten con presencia en el nuevo escenario político partidario naciente, sin que como ha ocurrido recientemente, se imponga una facción por sobre la otra, una de las causas de su ostensible fracaso.

Como se concluirá fácilmente, esas tareas y otras no aquí vislumbradas, requieren de un talante genuinamente democrático que es lo opuesto a los delirios tiránicos que están aún frescos en nuestra historia. Si aquella fuerza lograría volver al poder, la justicia boliviana seguirá ocupando los peores lugares no sólo regionales sino globales –como lo prueba sostenidamente el ranking del World Justice Proyect en todas sus versiones anuales- , si acaece lo contrario, existirá una fabulosa oportunidad para la ciudadanía. Ojalá ocurra. “El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado”. Willy BRANDT        
 

Estamos a una semana del 18-O y, se repite hasta el cansancio que las elecciones que se vienen serán las más importantes: siempre lo han sido, pero las próximas serán las más importantes de todas. ¿Será así? 

Convengamos que siempre ante cada elección, la que viene resulta la más importante y así sucesivamente, lo que denota que cada una tiene sus peculariedades en función a la coyuntura imperante. La que se viene –de ahí el título de esta mi opinión- sin duda marcará el inmediato y mediato futuro de nuestra Bolivia no sólo en lo estrictamente político sino en todas sus connotaciones (suena de Perogrullo) pero, estimad@ ciudadan@, el voto que emitiremos el domingo próximo será simple y llanamente absolutamente decisivo para afianzar –ojalá definitivamente- el tránsito hacia un genuino sistema democrático (con sus luces y sombras) o, el retorno a la tiranía, aunque se haya disfrazado de democracia (otra estrategia envolvente). Ese el calibre de nuestra decisión ciudadana ante las urnas de este 18- 0: That's the question, estimad@s.

Y es que descartando las candidaturas que según las últimas encuestas –escribo el sábado 10 por la noche- serán sólo anécdota –no llegan ni al 2%- resulta para mí entender, que la tendencia quedó clarísima - intenciones más, intenciones menos- la verdadera elección será entre el representante del tirano fugado y Cia Versus el aspirante a desmontar los 14 años de ejercicio arbitrario del poder, caricaturizado por la tristemente frase del “meterle no mas aunque sea ilegal”. No se trata de aquella lid –épocas de la guerra fría- entre derecha Vs izquierda, sino entre quienes defienden el ejercicio despótico del poder a través de su concentración total, versus quien, al menos así discursea, defiende un poder limitado.

Las mismas encuestas ponen en la situación más compleja que podría tener un candidato, al tercero en liza. Nadie podría desconocer e incluso aplaudir, el valiente rol que tuvo para la huida del tirano en noviembre, sin que ello implique menoscabar la fabulosa rebelión ciudadana que fue decisiva para ese feliz resultado, pero a la luz de las encuestas cuyas tendencias son coincidentes, acaece que al tercero no le alcanza para campeonar, pero… podría contribuir significativamente ayudar hacerlo a quien representa al que contribuyó de manera importante, a fugar y/o por lo menos a que su facción tenga una importante bancada parlamentaria que como estamos sufriendo –Eva y Cía- pondría de figurillas a cualquier gobierno que no sea de su agrado. 

El dilema es que así como están las cosas, si en primera vuelta se decide el poder y en la segunda, de haber, al Presidente, hoy el horno no está para esos bollos, dado el acecho del autoritarismo.

Aunque como ciudadano, jamás le daría más de dos tercios parlamentarios a ninguna facción –sea del signo que sea- y a la prueba me remito: la actual composición parlamentaria y también la anterior legislatura, han eclosionado el rol del legislativo condenado sólo a levantar la mano aprobando las órdenes de su jefazo, abdicando la esencia deliberativa de un parlamento. Urge una nueva composición que se acerque a la naturaleza de una instancia genuinamente deliberativa, que permita –ojalá, sin negocios de por medio u otras fechorías- recuperar aquella naturaleza política deliberativa de todo parlamento, lo que implica construir acuerdos entre las distintas facciones con visiones distintas.

En su ya célebre libro “Cómo mueren las democracias” (Levitsky – Ziblatt) nos dan valiosas pistas. Las actuales democracias fallecen ya no a través de golpes de militarotes, sino de presidentes hasta electos, que subvierten el proceso que los llevó al poder. El vaciamiento democrático puede comenzar en las urnas a través de autócratas electos –o sus títeres- que mantienen una fachada de democracia, que la van desmontando hasta despojarla de su contenido. Los asesinos de la democracia usan las propias instituciones para, gradualmente, liquidarla. Lo bueno es que un frente democrático unido puede impedir que un extremista de aquellos que empiezan como demagogos y acaban como tiranos, accedan al poder, lo que a su vez, puede implicar salvar a la democracia. Ese es, para mi gusto, el estado del arte. Así que conciudadanos, no olvidemos para este 18-O que: “Perder una democracia, es mucho peor que perder unas elecciones” LEVITSKY - ZIBLATT     
 

En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional ha rechazado sistemáticamente todas las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, sobre distintos proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. La razón de la decisión de sus autos constitucionales se funda en que la consultante Presidenta no tiene legitimación activa para someter a esa consulta previa de constitucionalidad por tratarse de proyectos cuya iniciativa tiene origen en el legislativo y no en el ejecutivo, según el art. 112 del Código Procesal Constitucional (Ley No. 254).

A la vista de ese artículo no habría nada que cuestionar, pues esa norma establece que los legitimados para realizar esas consultas son: a) el presidente del estado, cuando se trate de proyectos cuya iniciativa proviene del ejecutivo; b) el presidente del legislativo, tratándose de proyectos de ley, siempre y cuando sea autorizado por resolución del pleno de la ALP o una de sus cámaras, por 2/3 de votos de los presentes; y c) tratándose de proyectos en materia judicial, por los presidentes del TSJ o TAN, previa aprobación de su sala plena.

Entonces, ateniéndonos al Código Procesal Constitucional, lo resuelto por el TCP está dentro del marco estricto de la Ley No. 254: ¿Lo será según la Constitución? ¿Cuál fue la voluntad del Constituyente? ¿Se resiste esa interpretación a la doctrina de pesos y contra pesos?

Cuando esa CPE fue aprobada en medio de la masacre de La Calancha, uno de los inefables chupa tetillas del entonces Presidente, anunció que la aplicación de la flamante Constitución requeriría de por lo menos: “100 leyes de desarrollo constitucional”. El Código Procesal Constitucional fue una de esas leyes que, en el marco de la progresividad de los derechos y garantías y en función de la jerarquía constitucional, debió desarrollar lo que la CPE había mediante el Constituyente dejado sentado al respecto.

En ese sentido, la CPE parte señalando (art. 196.II) que en su función interpretativa, el TCP aplicará como criterio de interpretación preferente, la voluntad del Constituyente. Luego, entre sus atribuciones competenciales, de manera puntual, el inc. 7 de su art. 202 asigna: “Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley.” 

Una interpretación progresiva de esa norma macro respetando aquella voluntad del Constituyente como criterio preferente, concluiría que una norma de rango inferior como es la Ley No. 254 no podría vaciar de contenido aquella norma supra como es la CPE, limitando a la baja la facultad de –en el caso- la Presidenta del ejecutivo para, en el marco de los pesos y contra pesos que caracterizan un estado democrático sujeto al imperio de la CPE, los IIII y la ley, someta a control previo de constitucionalidad, cualquier proyecto de ley, como acaece con el control posterior abstracto, que si bien es algo limitado sobre los legitimados, no condiciona a cuestiones de origen de la norma confutada. Nuevamente parece que como ha ocurrido con múltiples leyes “de desarrollo constitucional”, la ALP le metió no más contra la CPE que debía desarrollar progresiva y no regresivamente, con lo que los checks and balances quedan otra vez vaciados de contenido aunque por supuesto, la Ley No. 254 en su artículo citado, hoy goza de presunción de constitucionalidad, aunque desde la CPE parece ir en contra ruta. "El fin de la ley no es ni abolir ni restringir, sino el preservar y engrandecer la libertad". John LOCKE          
 

Probando aquella sentencia de Raúl PEÑARANDA: “En Bolivia, los juicios nunca acaban, languidecen”, el viernes se informó que el caso 24 de mayo, finalmente, se extinguió por prescripción.

Haciendo un ejercicio de empatía con los acusados, seguramente aunque sea de esa manera, se habrán sentido aliviados –uno me lo dijo personalmente- por haberse librado de 12 años de infame persecución indebida a cargo de juristas del horror (Fiscales, Jueces, Vocales y MASistrados) que sin un gramito de dignidad, se entregaron cuerpo, alma y conciencia a cumplir los designios de su jefazo y Cia. Hoy huido el, “acaban de darse cuenta” que los supuestos delitos no habían sido lesa humanidad y, lavaron con el codo lo que años antes –jefazo presente- habían resuelto en sentido exactamente opuesto. Sólo reparen en que el lapso máximo de duración de todo proceso es de 3 años y de prescripción de los peores delitos, de 8 años. Duró 12. 

Del otro lado de la balanza, con similar ejercicio, sin duda las víctimas quedaron completamente defraudadas puesto que los vejámenes se han producido y sus autores, filmados por un tonto útil que “apareció” en vivo y directo, jamás fueron investigados, menos juzgados y ahora condenados por sus delitos: quedaron revictimizadas por sus vejadores y por esos juristas del horror que se prostituyeron cumpliendo las órdenes del MAS para perseguir injustamente durante más de una década a quienes era evidente que no participaron en los hechos, forzando la teoría del gran jurista Alean ROXIN de la autoría mediata, para hacer aparecer a como dé lugar como culpables a quienes no tenían el dominio del hecho, sólo para besarles el orto a sus amos partidarios. Hoy, algunos aún disfrutan de su vil servilismo ocupando y/o manteniendo altos cargos en la justicia departamental, aunque reciben el asco del foro.   

Con su ayuda, incluyendo la ingenua de parte de las propias víctimas, hoy sus vejadores deben reírse a carcajadas de todos, desde –dicen quienes les conocen- sus peguitas en las instituciones en garras del MASalla.  

Así como ocurrió con otros casos emblemáticos de la “justicia” a cargo de sus juristas del horror como las masacres de La Calancha, de Las Américas, Chaparina y otras aún todas impunes, el proceso del caso 24 de mayo prueba más allá de toda duda razonable hasta donde el sometimiento de mediocres operadores partidarios disfrazados de jueces y fiscales vergonzosamente serviles al poder partidario, ha pulverizado derechos y garantías no solamente de quienes les ordenaron procesar y condenar injustamente, sino también los de las propias víctimas que merecían una tutela judicial efectiva y oportuna de su parte, como su principal obligación.

Pero además la sociedad toda queda también completamente defraudada pues no sólo los directamente involucrados en los hechos, sino los ciudadanos merecemos conocer la verdad real o histórica de lo sucedido en todos los casos. La CPE y el CPP ordenan que uno de los fines –para muchos el principal- de todo proceso penal, radica en que se esclarezca lo sucedido por la fiscalía a cargo de la investigación y de los jueces cuando juzgan emitiendo sentencia que, se supone, despeja la incógnita que suscitó el hecho, declarando si es criminal o no, quienes son sus autores -y no lo son- y la pena que les corresponde y/o el restablecimiento de sus derechos. Sería ocioso decir que en el caso 24 de mayo, esos productos jamás fueron logrados, siendo obvio en extremo que esos juristas del horror con su infame proceder, vaciaron de contenido esos derechos y fines haciendo escarnio de la justicia. ¿Rendirán algún día cuentas a todos? “Alemania sufrió horrores con “juristas” politizados, fanáticos convencidos y mentes primitivas, de que en un proceso revolucionario, como lo fue el nacionalsocialista alemán, la justicia se sometía a la voluntad del Führer, quien estaba por encima del bien y del mal” Ingo MULLER.          
 

En estos tiempos de pandemia: ¿Cuál es el sentimiento recurrente de la ciudadanía boliviana? ¿Confianza? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿O una profunda sensación de inseguridad e indefensión? A la vista de recientes acontecimientos, me inclino por la última opción, como la preponderante. 

Me remito a las pruebas: el COVID 19 con todas sus aún desconocidas características descubiertas camino a su combate –sin ignorar pese a todo los avances que en estos meses la ciencia está logrando- ha generado una sensación universal de inseguridad. El cuestionable rol de la OMS ha contribuido significativamente a ello, pues en vez de dotar de certeza a la humanidad como el organismo global ultra especializado en salud, por sus constantes cambios de postura –que no se usen barbijos, luego lo contrario, etc- prueban una penosa falta de liderazgo mundial en la batalla.

Las grandes potencias de la ciencia, si bien avanzan hacia la vacuna o las medicinas efectivas, parecen estar más interesadas en anteponer sus intereses geopolíticos, sin descartar –lo que en alguna medida tendría sentido- en que empezarán por proteger en primer lugar a sus ciudadanos, mientras el resto debamos esperar. 

Ese sentimiento se multiplica en nuestro país. No hemos tenido desde siempre la inteligencia para propiciar el desarrollo científico de la medicina o de cualquier otra ciencia (los pocos casos, son eso, excepciones a la regla), por lo que hoy no tenemos más remedio que esperar a que alguna potencia científica descubra la vacuna y nos haga caer sus migajas, confiando nuestras esperanzas en los mecanismos ya creados que aseguren un acceso justo e igualitario a una futura vacuna.

Mientras tanto, esa sensación de indefensión se amplifica no sólo por aquellas consideraciones, sino por la obra y omisión de quienes están obligados a lo contrario. Si bien la ciudadanía ha sido sacrificada –no quedaba otra- por las cuarentenas que fueron justificadas mientras preparábamos nuestro eterno deficiente sistema sanitario para enfrentar adecuadamente la crisis pandémica, hoy varios meses después, sencillamente no se ha logrado ese fin. Que los 14 años previos de derroche no generaron esas condiciones es harto evidente, pero también lo es que la nueva administración por muchos esfuerzos de urgencia realizados –incluyendo el escándalo de los respiradores- no ha logrado dotarnos de suficientes medios para enfrentar la crisis: si te enfermas y necesitas atención médica de avanzada, sencillamente quedas librado a tu suerte a nuestro Señor, pues no existen suficientes UTIs, oxígeno, medios y ni siquiera espacios (camas) en los hospitales e incluso, las medicinas para los tratamientos previos que podrían evitar aquella situación, escasean y están sujetas a especulación y al mercado negro. Tenemos tal grado de indefensión que ni los fallecidos pueden tener un entierro digno, sus deudos sufren re victimización estatal sea a través de los gobiernos municipales y otras reparticiones, aunque sea para por lo menos despedirse y enterrar dignamente a sus familiares.

Peor aún (escribo cuando todavía el dialogo está convocado) en plena pandemia, vándalos disfrazados de sindicalistas o algo parecido, reclamando una fecha irrazonable de realización de elecciones (por la pandemia, por si acaso) pese a que ya el calendario electoral que implica realizar varias actividades secuenciales muestran que será imposible en septiembre, realizan criminales bloqueos que han generado varios fallecimientos y amplificado los perjuicios económicos. El organismo encargado constitucionalmente para la defensa de la sociedad como es el Ministerio Público, no ha hecho absolutamente nada útil, pues –salvando excepciones que aplican- el Fiscal General es simple y llanamente un militante MAS del proceso de cambio e incumple flagrantemente sus deberes, contando el encubrimiento de quienes le eligieron en la Asamblea Legislativa y hoy le encubren ante una eventual investigación y juzgamiento.

Mientras, el ciudadano común ha quedado indefenso frente a la pandemia y frente al estado cuya principal obligación debiera ser asegurar el disfrute de sus principales derechos humanos como la vida, la salud y la seguridad. ¿Se tratará de aquello de CHOMSKY?: “Ahora vivimos la sensación de que estamos solos, de que no hay nada que hacer, de que el Estado está contra nosotros… “.  

Precisando que la protección del derecho a la salud y el ejercicio de los derechos políticos son compatibles –incluso en pandemia- y tomando nota de consideraciones  científicas,  legales  y  sociopolíticas;  en   ejercicio de  sus  atribuciones,  respetando  la exigencia  legal que  el  proceso  electoral considere  los  parámetros  científicos  y  cuente  con  suficientes  medidas  de  seguridad  de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de elecciones, para el 18 de  octubre de 2020.

Esa decisión prueba aquello que se atribuye a GOETHE: “La ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor”. A la vista del tenebroso avance de la pandemia en nuestro país, la medida es razonable, pues de lo contrario íbamos hacia un “día nacional del contagio”, como alguien anotó. 

Más allá de la polémica legal si es que para esa postergación se requiere de una ley que derogue las leyes Nos. 1297 y 1304 que fijaron un rango para realizarlas o, simplemente cabría ampararse en aquella facultad general prevista por el art. 208.I de la CPE: “El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados”, incluyendo las varias acciones pendientes en el Tribunal Constitucional confutando la constitucionalidad de aquellas leyes, propongo distinguir lo urgente de lo importante: urge aplicar una cuarentena electoral productiva.

Era irrazonable y hasta suicida pretender realizar las justas electorales en septiembre e incluso, personalmente, mantengo mis dudas si para octubre será posible, sin repetir lo ocurrido en República Dominicana en sus recientes elecciones del pasado 5 de julio pasando de las urnas a los hospitales, sin que ello –conste en obrados- implique que no se realicen este año (lo importante). Empero como la dura realidad nos muestra que disponemos de un valioso lapso que (voy hacia lo urgente) debiera ser aprovechado por el estado, para por lo menos asumir estas medidas:

Además por supuesto de luchar para minimizar los cada vez más luctuosos resultados de la pandemia en espera de la vacuna o de un eficaz tratamiento, en el orden electoral precisamente para no repetir la última asquerosidad que devino en la fuga del fraudulento y la crisis política emergente, resulta de suma urgencia aprovechar el tiempo disponible para sanear el padrón electoral: es absurdo que sabiendo que fue uno de los factores que posibilitó el fraude, pretendamos realizar la nueva elección con el mismo. ¿No es acaso digno de necios el repetir y repetir los mismos errores? Nos enrostra, acertadamente, BENEGAS LYNCH.

Otro elemento para aprovechar esta cuarentena electoral, consiste en que debiera esclarecerse por parte del TSE, con base a cuestiones técnicas y con respaldo de expertos independientes, si es o no evidente la tan mentada desproporción entre los votos urbanos y rurales: una persona igual a un voto, sin lugar a resultados del bachiller matemático.

Finalmente, no hay que ser un Nobel de la economía para saber que se avecina, fruto de la pandemia y otras causas, una grave crisis económica; así los pronósticos: ¿Se justifica que gastemos recursos en dos procesos electorales casi inmediatos? Fuera más práctico e inteligente realizar en una sola jornada las elecciones generales y las sub nacionales, más aun cuando todas esas autoridades ya tienen vencidos sus períodos de gestión. No podemos darnos el lujo de repetir no sólo dos sino –incluyendo al fraudulento- tres procesos electorales en lapsos tan breves.

Urge, disponiendo de ese nuevo valioso lapso, aplicar una cuarentena electoral productiva, pues como enseña Ricardo CALLA: “Lo malo del pasado no debe repetirse, pero lo peor del presente, tampoco”.
 

Luego de vaaarios meses, la comisión de Fiscales de la FD de La Paz ha imputado al fugado por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo (según las modificaciones que hizo introducir durante su régimen al Código Penal…). ¿Será buena noticia para quienes creemos en la justicia y/o esperamos algún grado de accountability siquiera?  

Por un lado, haciendo ejercicio de empatía (ponerse en los zapatos del otro) entiendo que probablemente a la luz de los elementos probatorios recopilados (audio, pericias, declaraciones, etc) esa comisión investigadora no disponía de otra alternativa en función a la denuncia: habían indicios suficientes de los hechos y sus probables autores. Esto dentro del estricto Derecho procesal penal y penal.  
Por otro y pese a lo anterior, recurriendo mínimamente al litigio estratégico, la buena técnica enseña indagarse no sólo respecto del paso procesal siguiente (el proceso penal es una secuencia concatenada de actos procesales entre sí) sino también aunque sea de reojo, de las diversas consecuencias emergentes de lo resuelto, sea en la misma materia o en otras directamente vinculadas.

En esa línea y a partir precisamente de lo resuelto en la imputación (piden medidas cautelares personales) resulta que así como está el trámite, la única manera que el fugado sea sometido a una audiencia de ese tipo, implica que o se presente voluntariamente (imposible en estos momentos) o sea traído por la fuerza pública, lo que dado su actual refugio porteño (pagado por el contribuyente argentino ché) implica la tramitación de un proceso de extradición ante la justicia de ese país. Es más, si bien la etapa preparatoria del proceso puede proseguir con su rebeldía, sería imposible juzgarlo en la siguiente etapa de juicio donde se emite sentencia, sin su presencia.

Así las cosas, todo indica que será imprescindible la tramitación de un proceso de extradición activa por Bolivia ante Argentina, lo que a mi juicio sube la vara mucho más alto de lo que ya estaba antes de la inevitable imputación, logrando por el momento que el fugado quede aún más blindado de lo que ya estaba en su lujosa mansión porteña. 

Ocurre que dada la naturaleza de los delitos imputados, principalmente el terrorismo, existe en la doctrina, jurisprudencia y normativa una polémica aún no resuelta sobre si el terrorismo es un delito político o común. Los instrumentos internacionales en la materia desde el Tratado de Montevideo (hoy en desuso), pasando por la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981; el Tratado del Mercorsur de 1998 y especialmente, el Tratado de Extradición entre Argentina y Bolivia de 2015 (aquí ratificado por Ley No. 723) que es la norma especial con la que se tramitaría una eventual extradición en este caso, siguiendo la línea sobre la duda de la naturaleza legal del terrorismo, contiene (en el caso su art. 3) la prohibición para denegar la extradición por delitos políticos y conexos, y aunque dispone de algunos puntos nada claros para mi gusto sobre cuando existiría terrorismo y cuando no; todas incluyendo el Tratado que nos ocupa, precisamente por aquellas controversias aún no resueltas desde antiguo, por cuestiones de soberanía, dejan la decisión final de considerar en el caso concreto si los hechos corresponden o no a delitos políticos, al estado requerido, que en el caso sería Argentina. 

Entonces, así el estado de la normativa aplicable y del proceso penal en concreto, sería el gobierno de los Fernández mediante sus instancias judiciales respectivas, quienes decidan, finalmente, si entregan o no al fugado, lo que parece mostrar que al menos por el momento, será muy pero muy complicado lograr sea extraditado para ser juzgado en Bolivia por esos hechos. MAQUIAVELO, decía: “Cualquier solución a un problema, crea siempre otros nuevos”. 

En medio de una nueva controversia, se ha producido el cambio de timón en la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia; habiéndose escuchado conferencias y discursos –de la saliente como del entrante- sobre institucionalidad, independencia, mejoras al sistema y otras perlitas: creo que hay que ver el bosque y no quedarse en el árbol, por muy frondoso que sea.

¿Realmente esa substitución podría cambiar o por lo menos mejorar el deplorable estado de la administración de la justicia boliviana? Considérese por ejemplo, que el último reporte del prestigioso World Justice Proyect sobre el índice del estado de Derecho en Bolivia, disponible en https://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Bolivia/, la sitúa en el penúltimo nivela a nivel global y americano, sólo por encima por supuesto del exitoso desastre, venezolano.

Ese afamado informe anual mide 8 factores consistentes en restricciones a los poderes gubernamentales; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento normativo, justicia civil y penal. En derechos fundamentales ocupamos globalmente el puesto 96 de los 128 países medidos y regionalmente 27/30; en justicia civil 126/128 global y 29/30 regional. En justicia penal estamos peor aún: 127/128 y 29/30. Es decir, estamos en la cola de todos esos rangos directamente vinculados con la administración de justicia.

Si analizamos los informes de los últimos años de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, quedaremos asombrados que la administración de justicia boliviana, junto con la Policía y el Ministerio Público, aparece punteando los primeros puestos de las instituciones más denunciadas por…violar DDHH, cuando su razón de ser, es tutelarlos. Ni que decir de los siempre altos índices de presos sin condena (pese a los desesperados indultos y amnistías) o el nivel de hacinamiento carcelario, siempre peleando la punta de los peores en la región.

Así el estado del arte, el que haya un cambio de timón en el TSJ parece pese a todo, un hecho intrascendente para los reales problemas de fondo del sistema, entre otros, independencia (no sólo partidaria, sino respecto de otros poderes fácticos como el dinero, los consorcios/amiguismo); transparencia; oportunidad / retardación, efectiva tutela de DDHH y naturalmente, legitimidad de sus componentes, pues insisto, todos son ilegítimos de origen y desempeño. El César no sólo debe ser sino parecerlo.

Todos sus altos cargos perdieron y por tunda, las “elecciones” judiciales a las que voluntariamente se sometieron según la CPE, pues (http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_dplf_elecciones_judiclaes.pdf) el resultado que obtuvieron incluso fue peor que similar papelón de seis años atrás: la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que el 2011. 

Es decir, les ganaron los “Doctores” nulo y blanco, pese a lo cual, le metieron no más y fueron posesionados en el cargo para el que perdieron y no con el respaldo del soberano que les dijo también no, sino con el aval partidario de la mayoría partidaria del MAS en la ALP que verdaderamente les eligió e incluso, actualmente les mantiene en el cargo, pues les toca juzgarlos y eventualmente suspenderlos. ¿Cuántos procesos en su contra están durmiendo el sueño de los injustos en la ALP?  

Entonces, discursear sobre legalidad, institucionalidad, legitimidad o prometer arreglar el fracaso de la administración de justicia boliviana, absolutamente penetrada entre otros males, por –sea cualquier- partido político u otros vicios aún peores, tratándose de autoridades sin ningún grado de legitimidad y músculo para hacerlo siquiera mínimamente, constituye una entelequia que cae bajo la más burda demagogia, más aún cuando toda la clase política boliviana no tiene la talla para aceptar que en la realidad, tengan un tercero imparcial que les impida ejercer arbitrariamente el poder. El Maestro CARRARA había escrito: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.