Blog de Arturo Yáñez Cortes

El mundo celebra a Jesús el resucitado y, nos invade a quienes creemos en sus enseñanzas, un sentimiento de esperanza y de renovación, tan necesarios en estos tiempos tan duros como los que la humanidad atraviesa: Felices Pascuas. 

A propósito, los últimos acontecimientos sobre el estado del arte del sistema de administración de justicia del país, nos muestran –por si algunos tendrían aun dudas- que estamos ante su estado terminal, caracterizado por su demostrable fracaso para cumplir su razón esencial de existir: tutelar derechos y garantías de todas las personas y, por tanto, dotarnos de seguridad jurídica.

Esa percepción compartida por gran parte de la ciudadanía, resulta confirmada por estudios científicos que muestran más allá de toda duda razonable ese fracaso, que incumbe no sólo a los operadores del sistema (jueces, fiscales, abogados) sino a la ciudadanía toda y, por supuesto a los distintos gobiernos por acción y omisión. Por ejemplo, el prestigioso informe anual del Word Justice Proyect 2020 que mide el estado del arte del estado de derecho, a través de 8 parámetros que van desde las restricciones al poder de los gobiernos; ausencia de corrupción, gobierno abierto; derechos fundamentales, sistema regulatorio; orden y seguridad y, justicia civil y penal, sitúa a Bolivia en el puesto 29 de 30 países a nivel regional sólo por encima del desastre de la tiranía Venezolana y en el 121 de 128 a nivel global. En el parámetro de justicia civil, ocupamos a nivel global el puesto 126 de 128 países; en justicia penal 127 de 128 (sólo le ganamos a Venezuela); en cumplimiento regulatorio 114 de 128; en orden y seguridad 115/128 y en Derechos Fundamentales 96/128: un desastre completo.

Huyendo de caer en el vicio de las generalizaciones puesto que aun así, me consta que sobreviven operadores de justicia que cumplen aceptablemente su función e incluso, existen procesos de diversas materias que con luces y sombras se logra impartir justicia, es indudable que estamos ante un gran problema que patentiza el fracaso no sólo del gobierno o del estado, sino de la sociedad toda. No es el único por supuesto, súmenle la salud, la economía y otros, completamente agravados por el virus chino y la pandemia y, tenemos la tormenta perfecta en la que, sensiblemente, nos encontramos.

Será entonces razonable indagarnos: ¿Para qué sirve el estado sino asegura a sus ciudadanos un sistema siquiera aceptable de justicia? ¿Y qué de la salud, la economía o la educación? Sombrío el panorama. Necesitamos pues, empezar por resucitar esos bienes que justifican la existencia del estado mismo. 

Liberal como soy (de los que han  leído y entienden lo que significa y no sólo recitan clichés) no soy de los que esperan mucho del para algunos idolatrado estado, pero asumiendo que se trata de un mal necesario, por lo menos debiera asegurarnos a los ciudadanos una mínima dosis de aquellos bienes que justifican su existencia: ¿Tenemos vacunas suficientes para quienes las necesitamos? Por ejemplo… 

En el tema que puedo escribir con mayor propiedad como Abogado, insisto y mantengo que esa profesión es hermosa, pero el sistema actual de justicia nos avergüenza a todos –siempre salvando aquellas excepciones que existen en mayor cantidad de lo que se ve cotidianamente- pues como bien dijo el Maestro COUTURE: “La Abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

En ese sentido, sostengo que aunque no es el único, el vicio que mayor daño está haciendo al sistema de administración de justicia boliviano es su falta de independencia, tratándose de los juzgadores y de objetividad, tratándose de fiscales (aunque esto también obedece también a lo primero). Si dos personas sin ningún tipo de influencia partidaria tienen un pleito, seguramente con sus luces y sombras alumbrará justicia, pero cuando el poder partidario está en liza (Ej: casos “golpe de estado”,  Yassir Molina u otros similares) el sistema queda absolutamente prostituido por juristas del horror que  avergüerzan con su vil y servil proceder, dejando por los suelos al casi ningún prestigio que le queda a la justicia boliviana.

¿Cuál la solución entonces? Sin pretender simplificar la magnitud y complejidad del tema, estoy convencido que pasa ineludiblemente por este aspecto, sin el cual, el estado del arte seguirá peor aún: voluntad política. La clase política boliviana, de todos los colores, no tiene la madurez, ni la inteligencia y menos siquiera el sentido común para vislumbrar la conveniencia para construir un sistema de justicia idóneo, confiable y especialmente independiente, que establezca límites efectivos y oportunos al ejercicio del poder. Prefiere tener cómplices y encubridores sometidos que les aten los watos, le inventen “derechos humanos” y les sirvan lavándoles sus trapos sucios, aunque no sólo las víctimas directas de aquellas tropelías paguen los daños, sino la ciudadanía toda:   “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert CAMUS       
 

Aunque sé que aún duerme el sueño de los injustos un amparo en alguna de las Salas de Garantías del Tribunal de Justicia de Chuquisaca, todo indica que los resultados de las elecciones para Alcalde de la Capital quedarían así consolidados: MAS 33,26%; R-2025 33;09%; CC-A 10,89%; CST 10,26%; UNIDOS 7,29%; PAN-BOL 1,59%; MNR 1,46%; UN 1,32%; FVP 0,74% y MTS 0,18%: el oficialismo habría ganado la Alcaldía a su inmediato competidor, por una diferencia de algo más de 300 votos. Esa mínima diferencia hubiera cambiado, con sólo los 306 votos del peor ubicado (0,18%) y, ese tercio del ganador, queda ampliamente derrotado frente a los dos tercios logrados por los frentes contrarios, todos –dicen ellos- opositores al MAS.

Así el estado del arte del resultado de la Alcaldía de la Capital muestra esta gran paradoja: el ganador –MAS- es una minoría de 1/3 frente a los 2/3 de los opositores, revelando la talla de estos, que irrazonablemente han preferido ser cola de ratón a cabeza de león: pretextos hay muchos, varios posibles hasta donde conozco, pero resulta incontrastable que nuevamente, los opositores entregaron en bandeja la Alcaldía de la CAPITAL al MAS, que dicen, abominar.

Entonces: ¿Sucre, Capital es una ciudad opositora u oficialista? Opositora si vemos el bosque y oficialista si nos centramos en el árbol, pero al final del día, el MAS puede exhibir como casi su única joya a diferencia de las restantes 8 capitales incluyendo El Alto donde fue derrotado, a Sucre, nada más ni nada menos, la ciudad donde se respiran aires de libertad.

¿Cómo se intenta explicar esa situación? En concreto, como puede ganar la alcaldía una minoría (1/3) que es superada –doblada- por 2/3 de los frentes contrarios, que indican no comulgar con aquella postura. 

No cabe juzgar al tercio que votó a favor del oficialismo, pues para bien o para mal, su decisión es legítima y forma parte del ejercicio del derecho político a elegir libremente a sus representantes (arts. 26 de la CPE y 23 de la CADH) y, no cabe hacer juicios de valor y menos –como algún fosforito lo hizo- intentar adjetivarlos o algo parecido. 

Dejando sentado entonces lo anterior y asumiendo el riesgo de circular por una senda altamente arriesgada, es interesante razonar sobre los motivos que indujeron u omitieron  a ese tercio apoyar al oficialismo en la Capital, a las vista de acontecimientos de conocimiento público y que, para mi gusto, pudieron generar resultados muy diferentes.

Sin exagerar y menos caer en uno de los vicios favoritos del boliviano promedio como es la victimización, la Capital es de lejos, la ciudad más maltratada por el MAS, precisamente –sostengo- por esos aires de libertad que todo Sucrense queda imbuido por ser la cuna de la libertad americana, etc. A raíz de ello, el jefazo profirió hace años una amenaza que sistemáticamente fue ejecutada por sus acólìtos, incluyendo algunos nacidos en esta tierra que han preferido ser primero de su partido y luego de su partido. Ejemplos abundan, incluso bajo la figura de las más viles traiciones que una persona puede perpetrar contra su cuna y madre: el retorno de la sede de los poderes, incluyendo la masacre de La Calancha –aún impune- el armado del caso 24 de mayo y el intento de asociarnos con aquello de la “cuna del racismo” para algunos tontos útiles; luego la de Incahuasi y últimamente, fresquita está, la condonación de la deuda de ELAPAS, junto con Potosí (sólo para señalar algunas traiciones, de muchas otras). 

Para ese tercio de fieles votantes, parecería que nada de eso existió y más bien, habría que premiar al oficialismo por el “buen trato” brindado a la CAPITAL. ¿O será que los de la otra vereda fueron peores? Los resultados, que saltan a la vista y muestran a Sucre como una ciudad postergada en casi todos los órdenes, parecen mostrar ese fracaso de unos y otros, pero aun así, resalta ese trato vengativo y despectivo del oficialismo hacia la Capital, por  lo que tratándose del tercio que finalmente logró la victoria, los expertos psiquiatras y psicólogos tendrán que cambiar el Síndrome de Estocolmo por el de Sucre - Capital, pues significaría que esos votantes, aun bajo ese legítimo ejercicio que lo resalto, estarían completamente enamorados de su captor o por extensión, de su verdugo que les ha maltratado sistemática y demostrablemente. En todo caso, a la vista de esos números (1/3 Vs 2/3) me quedo con aquello de POPPER: “Para gobernar es necesario no sólo tener una mayoría a favor o que te acepte, sino también no tener una minoría muy amplia que te rechace”.  
 

El Derecho es una ciencia y está lo suficiente desarrollado que incluso, además de varias materias, tiene sub especialidades: dentro del Penal es el litigio estratégico. La primera lección de cualquier manual incluso elemental, enseña que el error más garrafal que un abogado puede cometer, es armar un proceso, cuya teoría del caso (base fáctica + jurídica, soportada por elementos probatorios) no se sostiene racionalmente siquiera mínimamente o peor aún, no corresponde a la realidad, cayendo en burda temeridad. Es lo que se conoce en la práctica forense, como lanzar (se) a una piscina, sin agua e incluso, lo que es aún peor chambonada, cuando había tenido púas y quedas o dejas a tu representado, completamente despellejado. Tratándose del caso “golpe de estado”, es lo que a la vista de la cruda realidad, está ocurriendo. 

Si bien la parte denunciante dispara contra todo lo que le dicen y manipulan que se mueve, presentando denuncias por todo y contra todos, es el sistema de justicia (fiscales + jueces) que debiera filtrar sus denuncias, evitando avanzar en las que son manifiestamente irrazonables y, lo que es vomitivo, permitiendo y generando a su vez, una serie de violaciones al Debido Proceso como aprehensiones, allanamientos y detenciones manifiestamente ilegales, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras.

Precisamente por ello es que el tiro está saliendo por la culata y le ha causado al gobierno graves daños en su línea de flotación, a la vista de las reacciones provenientes desde el ámbito interno e internacional. La más que pésima estrategia jurídica de apoyar su caso golpe de estado en hechos que muestran más allá de toda duda razonable que no se le acercan ni siquiera por aproximación, ha quedado sistemáticamente corroborada por diversas fuentes que se multiplicaron inmediatamente: empezando por recordar el comunicadito de SU Tribunal Constitucional, pasando por su Declaración Constitucional que validó la transición aplicada según el art. 169 de la CPE y la Ley emergente sancionada por la bancada de “los golpeados”, hasta el video de una entrevista de TV al actual Presidente Arce admitiendo que la Presidente Añez era de transición, pero constitucional al fin y, por supuesto, las imágenes de la renuncia y posterior fuga de su jefazo, pillado flagrantemente en fraude, por los observadores que su propio régimen había expresamente invitado –OEA, UE, etc- además de la incontratable evidencia que la Asamblea Legislativa siguió funcionando con la mayoría de los “golpeados” sancionando y bloqueando leyes, etc. 

Ni que decir de las múltiples comunicaciones oficiales desde la OEA, la UE, la ONU, el Parlamento Europeo, CONALAB, ICACH, ABEC y muchas otras que además de confirmar que lo producido en noviembre 2019 fue una transición constitucional y pedir el esclarecimiento de lo ocurrido respetando el Debido Proceso, censuran el torpe proceder de los policías y juristas del horror que en este caso –sin caer en el vicio de la generalización- están metiéndole no más, no solo contra la CPE, los IIII y la ley, sino el sentido común. El comunicado de la Conferencia episcopal: “La falsedad genera injusticia: Iglesia Viva” es sencillamente, demoledor.     

Demasiada evidencia contra la teoría del caso golpe de estado (si es que la hubo, en términos de litigio estratégico) que descarta más allá de toda duda razonable que este nuevo grito de la moda de la justicia plurinacional pueda prosperar si es que el proceso fuera tramitado por jueces independientes y fiscales objetivos que, debieran ser dique de contención de pulsiones totalitarias que recurren al tremendo poder de destrucción que un proceso penal así tramitado, propina contra derechos y garantías pero también al pedigrí democrático del gobierno que los impulsa y/o permite. Nadie sale indemne de ese desolador panorama de injusticia, ilegitimidad y desinstitucionalización, peor cuando existen urgencias que atender: pandemia y economía, por ejemplo. Es que: “El derecho penal se legítima, cuando la violencia que genera es menor, a la que existiría sin su presencia”. Luigi FERRAJOLI         
 

Ha causado profundo pesar la tragedia producida en la UPEA con la trágica muerte de 7 jóvenes universitarios, incluyendo el morbo con el que se han reproducido los hechos en varios medios y las RRSS, aunque eso permite hacerse una idea cercana de lo ocurrido y, por tanto, aproximarse a analizar si estamos ante un delito o un hecho fortuito.

Si bien es natural que la reacción usual de las personas y peor de los allegados de las víctimas sea la de buscar culpables, mejor si son inmediatamente detenidos y sometidos al escarnio público; un estado sujeto al imperio del derecho y su administración de justicia, no deberían sucumbir ante ese clamor popular, pues como recomienda ZAFFARONI -en sus buenos tiempos- tratándose del Derecho Penal:”…ante todo prudencia, cautela en el uso del poder represivo, mucha cautela”. 

No se trata entonces ante ese luctuoso hecho de meterle no más y hacer aparecer como sea delitos, detenidos y posibles futuros culpables, sólo para contentar al soberano: ¿La muerte de esos jóvenes será un delito o un hecho fortuito?

Centrándome sólo en la muerte de las 7 víctimas, encuentro sumamente discutible que los dirigentes universitarios que convocaron a esa asamblea –incluso, bajo amenazas, lo que llevaría a delitos diferentes- terminen imputados y hasta detenidos por homicidio culposo y lesiones graves. Tratándose del primero de esos delitos, ocurre que el Código Penal describe esa conducta cuando una persona causa la muerte de otra por culpa -no por dolo-, lo que ocurre cuando no se observa el cuidado al que está el agente obligado según sus circunstancias y condiciones personales y, por ello no toma conciencia que realiza el tipo penal o toma como posible su realización y no obstante tal previsión, lo realiza con la confianza que evitará el resultado. Un ejemplo de manual de esos delitos, son el homicidio en accidente de tránsito; la muerte de un paciente en la sala de operaciones, por un error cometido por el cirujano o la muerte producida por un disparo accidental.

En el caso y aprovechando que pudimos ver el mismo momento de los hechos y enterarnos de sus circunstancias –incluyendo las presiones para que vayan a la asamblea en plena pandemia- no parece que los dirigentes, sean directos responsables de lo ocurrido puesto que el tumulto que antecedió al resultado no fue directamente causado por ellos y, menos estaban en condiciones de evitarlo, en ese mismo momento. 

Por supuesto además que cabría considerar si cualquier baranda –metálica o de otro material- hubiera estado en condiciones de soportar la tremenda presión causada por la concentración de esos jóvenes en esos momentos y sus forcejeos instantes previos a los hechos, pero de ahí, endilgarles así sea en términos provisionales responsabilidad en un homicidio culposo, parece una arbitrariedad dirigida a contentar el clamor popular que pulveriza el Debido Proceso en términos de razonabilidad, prohibición de arbitrariedad y exigencia de proporcionalidad.

No obstante, podría la acusación pública y con el filtro que los jueces debieran necesariamente aplicar, explorar otro tipo de delitos que surgen de haber convocado, por lo que se sabe con amenazas y presiones de por medio a esa asamblea obligatoria en plena pandemia y distancia social; si es verdad lo denunciado por una estudiante, respecto de la venta delictiva de becas y beneficios por parte de esa dirigencia y otras cuestiones que sí parecen delictivas, aunque distan mucho de la actual calificación realizada por los Fiscales y aceptada por el Juez, al extremo que decidió su detención preventiva, lo que implica que la teoría del caso desplegada por la acusación tuvo que necesariamente superar el juicio así sea provisional de mérito de la imputación: ¿Habrían indicios suficientes para considerarles como posibles autores de esos delitos? 

Existe un grave riesgo para todos, cuando los fiscales y los jueces sucumben ante el clamor popular sólo para contentar al soberano e intentar calmar o distraer la indignación pública surgida por tan tristes hechos, puesto que la seguridad jurídica de los ciudadanos no estaría asegurada por sus principales garantes y obligados. Recurrir para todo al Derecho Penal sin que sus diques de contención funcionen siquiera en términos regulares, suele terminar en re victimización pero no produce justicia, que es lo que todos en definitiva anhelamos, lo que no necesariamente se logra a través de la punibilidad desbocada. Por eso, el Maestro ROXIN había sentenciado: “Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también, del Derecho Penal.”
 

Cuando escribo esta columna se reporta oficialmente cerca de 215.000 compatriotas infectados por el COVID19 y más de 10.280 fallecidos y lo que es peor, durante la semana recién pasada, hemos superado en Bolivia todos los records de contagios y decesos: una tragedia humanitaria; sin contar lo que aún nos espera. Dios nos proteja. 

Si bien se tuvo la buena y esperanzadora noticia del arribo aunque sea de taquito y en medio de un burdo show de 20.000 dosis de la Sputnik V (cuando se requieren millones) todo indica que para vacunar a todos los que estamos dispuestos –ya que no se podría obligar a nadie por el art. 44.I de la CPE- se necesitará si todo sale bien, por lo menos hasta fines de este año, además de la logística, recursos y la mano del técnico que no aparece y sólo pretextea. Mientras, aguantar no más… 

Entre tanto, las campañas electorales siguen como si nada ocurriera. Los ciudadanos estamos no sólo asombrados sino asqueados de la talla que está mostrando, nuevamente, la clase política y la de todos los colores (conste en obrados). 

Haciendo gala de su absoluto desprecio del bien de mayor valor en cualesquier sociedad medianamente civilizada como es la vida + la salud, siguen metiéndole no más con total frescura sus campañas electorales –con el entusiasta encubrimiento del órgano electoral- multiplicando así los contagios. Si sólo se tratara de ellos, se lo merecerían por su frivolidad, pero el detalle es que se convierten en difusores del virus entre sus familias y demás personas en contacto.

La reciente guitarreada del Presidente Arce en Santa Cruz en la campaña de sus candidatos (sin barbijos, distancia social, etc); las caravanas, proclamaciones y demás actividades proselitistas de los candidatos de la oposición, que juran cumplen estrictamente medidas de bioseguridad cuando las imágenes muestran exactamente lo contrario, constituyen prueba plena más allá de toda duda razonable del avanzado nivel de desconexión de la clase política boliviana: sólo les interesa tratar de lograr o mantener como sea el poder, las pegas y demás mieles por las que babean, aún a costa de su vida y la de sus semejantes.         

Defiendo que más pronto que tarde tengamos autoridades sub nacionales legítimas, pues las actuales, legalmente prorrogadas por la DC No. 01/2020 y la Ley No. 1270, ya no son legítimas. No obstante, les fuera por lo menos de sentido común para no pedirles mucho como inteligencia, distinguir lo urgente de lo importante y en esa línea cabría salir por los fueros de la vida + la salud, mientras podamos en la medida de lo posible cortar la cadena luctuosa del contagio. Es evidente que no es el único escenario posible para la multiplicación de contagios (están los mercados, bancos y otros) pero la actividad proselitista no es y con mucho, imprescindible en estos trágicos momentos, a diferencia de aquellas que tienen que ver con la alimentación, economía y otras, que deben continuar para asegurar el siquiera menos que regular funcionamiento de la sociedad en pandemia. 

Mientras, los médicos y personal sanitario están ofrendando su vida para tratar de salvar lo que se pueda del desastre y reciben en respuesta una flamante ley en trámite legislativo que les impediría ejercer su derecho humano a la protesta y les volvería a meter de contrabando unos improvisados como competencia, no para salvar vidas que fuera plausible, sino para tareas de adoctrinamiento desde la tiranía caribeña; los médicos desocupados bolivianos, aguanten no más… 

Ese absoluto desenchufamiento tanto del oficialismo como de la otra vereda que se dice opositora constituye desde todo punto de vista la peor afrenta que recibe la ciudadanía seguramente en toda la historia boliviana. Ante su imposibilidad para acceder a un sistema de salud, sea gratuito y hasta pagado que le brinde tratamiento adecuado ante el temible contagio y salvar lo que queda de su economía, nuestros politiqueros están orondos en campaña, mientras, los ciudadanos enfocados sencilla y llanamente, en sobrevivir, no en votar: ese es el estado del arte a mí juicio. SOWELL escribe: "¿Cuánto tiempo tienen los políticos para seguir prometiendo el cielo y entregando el infierno antes de que la gente se dé cuenta y deje de dejarse llevar por la retórica?"
 

La suspensión de las cuentas del saliente Presidente Trump en varias redes sociales ha traído a colación un tema sumamente interesante y aún no completamente resuelto por el Derecho: ¿La libertad de expresión tiene límites?. ¿Quién y cómo se los establece?.¿Cuál el poder de los gigantes tecnológicos? entre otras interesantes interrogantes…

Convengamos para empezar en que no existen derechos absolutos. Ni siquiera el respeto a la vida, el Derecho Humano más importante pues soporta el funcionamiento de los restantes, no encuentra límites cuando se permite el aborto o la pena de muerte, por lo que tratándose de la libertad de opinión o expresión, se extrae que también admite límites: los delitos contra el honor, por ejemplo, en Bolivia.

Sin embargo, existe algún acuerdo doctrinal y normativo respecto que no existe censura previa, es decir, cada persona es libre de pensar y opinar lo que le venga en gana –amplísimamente facilitado además por el fabuloso desarrollo tecnológico- por lo que resulta ocioso en extremo pretender convertirse en el ruin papel de comisario del pensamiento o algún dislate parecido.

Aunque cada vez con menor fuerza y mucha discusión, sí existen responsabilidades ulteriores. Uno puede expresar lo que le venga en gana, pero, si alguien se siente directamente ofendido podría presentar alguna demanda. La corriente actual apunta a despenalizarlas y llevarlas hacia la vía civil mediante indemnizaciones, aunque también se suele distinguir al sujeto activo, permitiendo un umbral mucho más amplio tratándose del ejercicio periodístico e incluso de opinión, pues esas indemnizaciones podrían operar como mecanismos inhibidores. Sobre sus alcances, la CORTE IDH tiene una sólida línea jurisprudencial que sostiene comprende no solo las ideas o informaciones favorablemente recibidas o tomadas como inofensivas o indiferentes, sino también para las que chocan, inquietan u ofenden al estado o una fracción cualquiera de la población.  

Eso sí, una de las disposiciones sumamente discutidas por parte de la doctrina, especialmente la más liberal, de la CADH en el tema es la de su art. 13.5 cuando permite prohibir por la ley –formal, proporcional y necesaria- toda propaganda en favor de la guerra y apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Para muchos, aún ese tipo de expresiones –que jamás las compartiría- también forman parte de la libertad de pensamiento y expresión y, no debieran ser objeto de censura previa y, eventual castigo. 

Simplificando, es lo que le acaba de suceder al pésimo perdedor Trump, lo que lleva a razonar a quien corresponde castigarle y cómo. Adviertan que sus castigadores fueron las empresas tecnológicas a partir del incumplimiento de sus reglas que todos aceptamos voluntariamente al momento de esos servicios y, no ha mediado el debido proceso, sino le metieron no más ipso facto el castigo, sin lugar a defensa alguna.

Es que la delgadísima línea que separa el ejercicio de esa libertad versus la incitación al delito o la subversión, a partir de sus embustes y actitudes de niño caprichoso incapaz de aceptar su derrota que operaron como detonantes, plantean un escenario nuevo para la ciencia del Derecho que tendrá que volver a razonar respecto de sus límites, alcances y contenidos a la vista del doble estándar democrático del derecho: no se vincula solamente con su elemento individual, sino tiene una dimensión colectiva o social; pues los ciudadanos no tenemos sólo el derecho y libertad de expresar nuestros propios pensamientos, sino también gozamos del derecho y libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, de toda índole, inclusive las que no sean del agrado de unos o muchos, incluyendo al gobierno. De ahí que ello sirva para incitar al delito u otras actitudes lesivas, raya esa delgadísima línea aún no resuelta en el Derecho. Mientras tanto, me atengo a aquello de VOLTAIRE y su celebrísima: "No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla".                         
 

Acabamos de despedir el 2020 y para muchos, ha sido un año definitivamente horrible por el COVID19. Sin duda, para quienes han perdido su trabajo, sus emprendimientos, quedaron muy afectados por la enfermedad y sus efectos o lo que es peor, perdieron sus seres queridos, sería muy difícil sostener lo contrario.

Pese a todo, una breve revisión de la prensa global nos muestra que afortunadamente gracias a Dios y sus hijos hechos hombres y mujeres, existen aún motivos para el optimismo y la esperanza, pues la pandemia con todos sus efectos nocivos ha servido también para percutir un conjunto de acciones, que pese a todo, generan aquellos sentimientos y percepciones positivos.

Sin poder ser aquí exhaustivo, habría que empezar por resaltar que a partir del nauseabundo tratamiento que la tiranía China otorgó al brote –los brotes son inevitables, las pandemias opcionales- anteponiendo sus intereses políticos a los de sus ciudadanos y de ahí, a los del resto del mundo globalizado; en tiempo récord, varios grupos de científicos han sido capaces de desarrollar no una sino varias vacunas –confiables en la medida de lo posible- que ya han comenzado a ser aplicadas a millones de personas, así como han descubierto o desarrollado tratamientos que por lo menos han combatido los efectos del virus. Imposible omitir que tratándose de varias de aquellas vacunas que usan la tecnología basada en ARN (ácido ribonucleico) ese rápido desarrollo ha sido posible gracias a las útiles investigaciones realizadas desde hace muchos años atrás por la Húngara Katalin Kariko y el estadounidense Drew Weissman, seguros premios Nobel.

Aunque la pandemia ha sido posible por la globalización, también por ella la humanidad y especialmente, quienes toman decisiones especialmente desde el primer mundo, han comprobado más allá de toda duda razonable que así el estado del arte global, ya no existen fuertes y débiles, un revés en una parte del mundo afecta al resto del orbe, lo que será determinante para emprender la vacunación, por ahora asquerosamente confinada a algunos privilegiados del primer mundo, pero destinada a quedar severamente menoscabada, si no se alcanza al resto. Se abre entonces, una fabulosa ventana de oportunidad para abandonar esas erróneas políticas que multiplicaron las diferencias, incluyendo no sólo lo estrictamente vinculado con la salud, para avanzar hacia las causas que han producido la calamidad, pasando por el respeto del ambiente y la construcción de un futuro sostenible y responsable para la humanidad, pues el bienestar de unos, depende del de otros.

Sin caer en ingenuo optimismo, la pandemia ha servido para despertar o acentuar sentimientos de solidaridad y resilencia a través de múltiples acciones desde las más pequeñas, ha logrado frecuentemente sacar lo mejor de la mayor parte de la ciudadanía y, también, nos ha mostrado que por mucha fabulosa tecnología que dispongamos –somos una generación privilegiada en ese ámbito- debemos ser no más, humildes, ante la naturaleza.

Por supuesto en mi lista de positivos, habrá que incluir el aprender a extrañar aquellas “pequeñas cosas”: un abrazo a un ser querido, hacerle una simple visita sin el miedo del contagio, el chocarle la mano al amigo y así una serie de actividades que por ser antes cotidianas, nos habíamos estado olvidando de valorarlas en su real dimensión. Definitivamente, se “aprendió” a apreciar la vida y sus detalles, al parecer ignorados por muchos. 

Políticamente, si bien muchas tiranías han aprovechado las inevitables restricciones a nuestros derechos civiles para acentuarlas, la pandemia los ha puesto aún más en descubierto a la hora de evaluar el cumplimiento de sus elementales deberes e incluso, los populismos de todos los signos han quedado aplazados una vez más demostrando su absoluta ineficacia.

No dispongo de más espacio para señalarles otros buenos ejemplos, así que me atengo a lo que circula en las RRSS: “El 2020 no habrá sido un año para tener todo lo que se quería, pero fue el ideal para valorar todo lo que se tiene”.        
 

Sostengo que en muchos aspectos de la vida, nuestra generación es sumamente privilegiada en comparación con nuestras precedentes. Pienso por ejemplo, en el fabuloso desarrollo tecnológico que nos permite acceder en segundos al conocimiento y la información mediante la maravilla del internet, las amplias facilidades de transporte y muchas otras, ampliamente favorables, incluso a las de pocas décadas atrás. Producto de esas destrezas humanas, hoy nuestro mundo es una aldea global.

Naturalmente siempre habrá luces y sombras, pero al final del día, no tengo duda que los aspectos favorables superan en mucho a sus opuestos. Producto de aquel vertiginoso desarrollo comunicacional traducido en la fabulosa posibilidad de transportarnos física y cómodamente de un extremo a otro del orbe en cuestión de horas, ha sido también la pandemia por el COVID19, a lo que habrá que sumar el sombrío tratamiento otorgado al brote por la tiranía china y el cuestionado rol de liderazgo de algunas otras potencias mundiales y especialmente de la OMS.

Pese a todo, confirmando más allá de toda duda razonable aquellos juicios, la humanidad dispone ya no sólo una vacuna sino de varias, incluyendo por lo menos dos aprobadas por los organismos de control sanitario y otras más en trámite. 

Consideremos que habiendo surgido el brote o mejor confirmado –pese al oscurantismo chino- el último día del año pasado; en enero de 2020 la ciencia identificó la causa y en marzo se calificó al COVID19 “oficialmente” como pandemia, teniendo confinada en algún momento de abril a más de la mitad de la humanidad, devastando la economía mundial y, lo que es peor, causando millones de víctimas mortales. Asombrosamente, en el tiempo récord de aproximadamente 9 meses, los científicos han desarrollado y logrado la aprobación de por lo menos dos vacunas de varias en curso e incluso, desde la anterior semana, Reino Unido EEUU y otros países, ya empezaron aplicarlas a sus afortunados ciudadanos: de no ser el desarrollo tecnológico actual en materia de ciencia y especialmente medicina, ese récord jamás se habría logrado. 

Actualmente, de las 6.800 millones de dosis ya disponibles (Universidad de Duke, dixit), casi la mitad -3.700 millones- han sido ya compradas por países ricos (aunque representan sólo el 14% de la población mundial)- al extremo que según People´s Vaccine, se estima que el resto – Bolivia, incluida-  estamos quedando peligrosamente relegados, por lo que hasta fines del próximo 2021, sólo 1 de cada 10 ciudadanos podría recibir la anhelada vacuna. Otros informes, señalan que hasta el 2022, una quinta parte de la población podría no tener acceso a la vacuna y que en América Latina (630 millones de ciudadanos) todo indica que el proceso será lento, desigual y lo que es peor, extremadamente politizado por sus gobiernos enfrascados en sus tradicionales mediocridades.

Así el estado del arte: ¿Cómo andamos por casa? En el marco de la transición del gobierno de Añez al actual de Arce con todos los cambios usuales que acarrea, me temo estamos confiándole todas nuestras posibilidades de disponer la vacuna, peligrosamente, sólo al COVAX Facility. Se trata de un mecanismo mundial que pretende facilitar el acceso equitativo a las vacunas, pero sólo podrá alcanzar según estimaciones recientes del 10 al 40% de la población. Oí a una autoridad del Ministerio de Salud que por ese mecanismo tendríamos ya aseguradas 3.5 millones de dosis, pero resulta que requerimos más de 11 millones, por lo que urge que en vez de estar distrayéndose en echarle la culpa de todas las calamidades presentes y futuras al, dicen, “gobierno de facto”, nuestro gobierno debe cumplir su elemental rol y, distinguiendo lo urgente de lo importante, concentrar ahora la mayor parte de sus esfuerzos para comprar las dosis necesarias de laboratorios confiables -huyendo de afinidades ideológicas, absurdas en la materia- pues no cabe caer en el temible circulo vicioso de la geopolítica de las vacunas, debiendo organizar también ya no más la cadena de frio y demás logística imprescindible. 

Tampoco cabe tener una visión ingenuamente estatista del asunto, debe dar lugar a un modelo mixto en el que también las farmacias privadas puedan vendernos las dosis a quienes tengamos la posibilidad de comprarlas, incluso podría añadirse un pequeño margen para subvencionar la compra para nuestros ciudadanos que no puedan darse ese lujo, con lo cual mulitiplicaríamos el acceso a las vacunas y evitaríamos otros males peores. Urge asumir políticas públicas inmediatas en la materia, pues: "El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras."  William SHAKESPEARE (no el primer vacunado en Inglaterra, sino el dramaturgo, escritor y poeta).
 

Para variar, el Tribunal Constitucional acaba de emitir su AC No. 240/2020 de 18 de noviembre por el que declara IMPROCEDENTE el recurso contra resoluciones del legislativo interpuesto por la bancada de CC, contra las decisiones parlamentarias que modificaron la exigencia reglamentaria de dos tercios para varias decisiones legislativas. 

Lo primero que me llama la atención, al menos de la lectura de los antecedentes del AC, es que los recurrentes no hayan usado la técnica del control de convencionalidad en la argumentación de su recurso, pues además de la vulneración de las normas constitucionales, también es imperdible que esas arbitrarias decisiones de la anterior ALP, vulneraron nuestros derechos políticos franqueados por el art. 23.1.a) de la CADH respecto del derecho de todos los ciudadanos de gozar de igualdad de oportunidades para participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de nuestros representantes elegidos para, representarnos. 

Más allá de ese, a mi juicio, déficit de fundamentación del recurso incoado, el AC en cuestión para mi gusto peca de por lo menos varias interpretaciones sumamente cuestionables, sorprendentes para un Tribunal del calibre del TCP que es el guardián de la CPE y no su killer. Realiza una interpretación regresiva y no progresiva de los derechos de los recurrentes (y del 45% de los ciudadanos que nos representan) puesto que como hasta admite taxativamente en su rubro de análisis (II.2) el Código Procesal Constitucional no contiene exigencias de forma (improcedencia y admisibilidad) para este tipo de recursos contra decisiones legislativas, pero –regresivamente- en este AC el TCP vaciando de contenido la garantía de reserva legal (art. 109.II de la CPE) se convierte de oficio en legislador regresivo y le añade analógicamente en perjuicio, las exigencias previstas por la ley para la acción de amparo constitucional, aplicando  para rechazar “causales de improcedencia regladas”, insisto, inexistentes según el constituyente y el legislador tratándose de éste tipo específico de recursos.

Lo peor de todo es que incluso tratándose de aquella exigencia observada en el caso concreto de subsidiariedad (reitero, prevista por la ley sólo para amparos y no para recursos contra resoluciones legislativas); la Comisión de admisión del TCP observa que los recurrentes (todos nuevos asambleístas posesionados la primera semana de noviembre) no habrían presentado en 48 horas una moción de reconsideración cuando el MAS resolvió modificar sus reglamentos en las sesiones parlamentarias respectivas celebradas ANTES de ese su nombramiento y, luego, hace aparecer otro plazo en sentido que podían hacerlo en la primera sesión de la nueva legislatura (lo que tampoco está previsto en ninguna norma, para variar). 

Es decir, les exige el cumplimiento de una condición imposible de realizar, puesto que reitero, ninguno de ellos participó de las sesiones donde sus antecesores salientes decidieron modificar sus reglamentos, pues ni siquiera eran parlamentarios en esos momentos.

No sólo eso, tratándose de Carlos D. Mesa Gisbert que no es parlamentario (por ello no podría pedírsele lo anterior), el AC sostiene que no habría demostrado adecuadamente su interés legítimo ¿no será ciudadano para el TCP y líder de la oposición? con lo que finalmente, resuelven declarar IMPROCEDENTE el recurso.

Lo más “raro” de todo es que el propio TCP tiene desarrolladas en su jurisprudencia vinculante que no sólo es vertical sino también horizontal (para ellos mismos) una serie de interesantes sentencias en las que proclama –con base al art. 13 de la CPE- que nuestros derechos fueran inviolables, universales, interdependientes y, progresivos e incluso, cita similar jurisprudencia del Sistema Interamericano (arts. 1, 2: 29 y 30  de la CADH) sobre la interpretación pro homine, pro actione y otras perlitas, por las cuales, dada la magnitud además del tema en concreto en el que se aborda nuestros derechos políticos de 45% de los ciudadanos, debían ingresar al fondo y no quedarse –cómodamente- en la tapa, rebuscándole el hueco del queque. ¿Estarán haciendo buena letra con el MAS? ¿Quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano con su famoso comunicado de vía libre a la sucesión constitucional de noviembre 2019? ¿Fue una prueba de amor al nuevo gobierno? ¿Es MAS de lo mismo?  El Maestro COUTURE, había escrito: “El día que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.        

Efecto del 18-O se ha instalado en la ciudadanía boliviana diversas percepciones. Por un lado, los vencedores de las elecciones viven una sensación cercana al delirio como lo explica el asalto al botín estatal de algunos de sus militantes, retornos, salidas del closset, etc. Del otro lado, cunde una sensación de desánimo explicable por la dificultad de entender cómo es que luego del épico levantamiento ciudadano del pasado noviembre con tarjeta roja incluida, volvamos a un estado del arte parecido, mediando elecciones: mutatis mutandis.

A nivel general incluyendo ambos bandos y, principalmente al ciudadano que no hace política partidaria de manera regular, cunde una desagradable sensación consistente en que estamos o volviendo o ingresando a un estado de impunidad. Esta palabra cuya acepción jurídica proviene del vocablo latino impunitas, ocurre cuando la persona que ha cometido un delito no recibe el castigo que merece, por la intervención de factores tales como la incapacidad del sistema de justicia (retardación, abandono de procesos, déficits investigativos u otros factores) así como por la influencia de poderes fácticos que afean su deseable independencia: dinero, corrupción, tráfico de influencias, cobardía, etc. 

A la vista de las últimas liberaciones express vomitadas por el sistema penal (algunos fiscales + jueces) precisamente como consecuencia inocultable del resultado del 18-O, la ciudadanía (incluye a los vencedores y perdedores de aquellas elecciones) ha quedado con la muy pero muy desagradable percepción que estamos en un peligrosísimo estado de impunidad generada por la asquerosa intervención de la política partidaria en la administración de justicia, fundamentalmente penal: la Fiscalía está obligada a proceder en todos los casos con base a su obligación constitucional que es su razón de ser, consistente en la objetividad, que se traduce en su deber ineludible de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan, extingan o atenúen y, los Jueces someterse sólo a la CPE, los IIII y las leyes, además de su conciencia, claro está.

Tratándose de aquellas investigaciones en las que estaban investigados altos cargos del anterior régimen y hoy gobierno vencedor del 18-O, fuera una necedad ignorar que precisamente por ese resultado electoral –piensen lo diferente que fuera si el resultado sería el contrario- e incluso hasta sin que aún el nuevo gobierno asuma, esos operadores disfrazados de jueces y fiscales, se “han dado cuenta” aproximadamente un año después de los hechos y procedimientos, que habían estado viciados de nulidad. No cabría descartar que algunos lo hayan estado efectivamente, pero asombra que de ser así, le hayan estado metiendo no más por cerca al año (conste la máxima duración de esos procedimientos es de 3) y hoy, hayan “descubierto” recién sus “errores”, que además, no los cometería un estudiante bastante opa del primer año de Derecho. Así las cosas, nadie duda razonablemente que si bien los procesos como tales no se han cerrado, parece una misión imposible que un Ministerio Público cuyas estructuras de decisión obedecen al partido de gobierno, investigue hasta dar con la verdad real de lo acontecido y actúe en consecuencia, al igual que la judicatura. Esas nulidades declaradas son el inicio del fin de esos procesos que les queman las manos, con lo que a mediano plazo se impondrá el estado de impunidad en tales causas. 

Los efectos de ese estado de impunidad para una sociedad y un estado genuinamente democrático son devastadores, incluyendo, conste, al gobierno que administra el estado que se trate. Sin ánimo de exhaustividad, cabría por lo menos reparar en que quienes cometieron esos delitos y no reciben el castigo que lo merecen, no dudarán en repetir sus “travesuras” y además, para quienes observan esos ilícitos no sancionados, tienden a imitar ese hecho esperando similar tratamiento y, probablemente el más grave, es que se instala el convencimiento general que el estado y sus instituciones no sirven para nada útil que no sea perpetuar ese estado de impunidad, con lo que el gobierno que administra ese estado, se auto golea pues se muestra como incapaz para cumplir una de sus principales obligaciones: hacer cumplir la ley, incluyendo las que sanciona su órgano legislativo. Por eso, Francisco DE MIRANDA sentenció: “Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”.