Luego de más de 6 años y medio de su injusto procesamiento, el Ministerio Público retiró su acusación contra el Médico Jhery Fernández al que persiguió penalmente, admitiendo su inocencia; con ello, el Tribunal de Sentencia 4º de La Paz, resolvió su absolución, con costas, daños y perjuicios. 

La noticia ha causado satisfacción y alivio general –imagínense a sus víctimas- y por otro lado, un generalizado sentimiento de repudio contra el sistema de justicia. No es que en todos los casos, todos sus operadores procedan así, pero es harto evidente que el proceso penal del Médico encarcelado por 4 años y 11 meses por los fiscales, forenses, jueces y vocales del horror que participaron y porfiaron en injustamente acusarle, constituye una buena muestra de lo que ocurre cuando ese sistema obligado a tutelar derechos de las partes –víctima e imputado-, se prostituye por otros intereses. 

Entonces, la primera pregunta que surge y que esa tardía absolución no la resuelve, es la verdadera causa por la que esos juristas del horror perpetraron en concierto, semejante daño. Que se sepa, no se trataba de algún fichado opositor al que debían descargarle todo el peso de la injusticia para sacarle de circulación y escarmentarle, tampoco la víctima tenía algún poder para ello y el clamor popular por lo ocurrido al bebe Alexander, pese a todo, parecería no ser suficiente para tan ruin proceder:¿Qué les indujo a delinquir de tal forma? Es algo que debe despejarse…

Por otra parte, aunque ya los Jueces lo han ordenado, cabrá ver si es que realmente en el inmediato futuro se cumplirá –y el sistema lo efectivizará- con las costas, daños y perjuicios contra los responsables o, como suele ocurrir en los muy pero muy pocos casos en los que así se resuelve, surgirá no más aquello que entre bomberos…

Para el efecto, la CORTE IDH tiene sentada una sistemática doctrina y línea jurisprudencial vinculante para los agentes del estado boliviano, conocida como la restitutio in integrum, restitución integra o completa, por el que a partir del principio natural basado en que toda violación que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente mediante indemnización, incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de compensaciones pecuniarias, aplican medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, por los daños ocasionados.   

¿Será que nuestro sistema de justicia lo logra en el caso del Médico Fernández? ¿Alcanzará a todos los responsables, incluyendo los altos cargos que públicamente defendieron y hasta porfiaron con esa injusticia? ¿O se quemarán sólo los fusibles acostumbrados?  Por sus características, el caso Fernández  podría marcar un antes y un después al estado del arte de la justicia boliviana en materia de reparaciones, siendo por ello una fabulosa oportunidad para intentar reivindicarse.

Por el momento, parece ya ir en sentido exactamente contrario. Pese a que el Fiscal General anunció investigaciones al respecto, el sistema acaba de premiar a uno de los principales perpetradores de aquella injusticia. El Consejo de la Magistratura, probando que ni siquiera procede con una pizca de sentido común, ha elegido al ex Fiscal que porfió y defendió esa espuria acusación y proceder, eligiéndole Juez Penal. Más allá que no existan condenas y puedan exhibirse impolutos certificados de antecedentes, esa elección prueba que el sistema de selección de jueces del Consejo padece gravísimas fallas estructurales que en parte, explican porque juristas de prestigio no quieren prestarse hacer de tontos útiles participando en esas convocatorias, además de su evidente ilegitimidad para seguir eligiendo garantes de nuestros derechos, cuando ellos perdieron por goleada en sus propias elecciones que les habilitaron a sus cargos. “La legitimidad es el reconocimiento público de una autoridad según la Constitución lo establece, que puede ser de origen (cómo accedo al poder) y de ejercicio (cómo lo ejerzo)”. José Ignacio HERNÁNDEZ