Como hasta este momento aún no hay resultados ni siquiera extra oficiales de boca de urna este 18-0 y el Presidente del OEP acaba de decir que demorarán aún, escribo sobre lo único seguro hasta el momento: en próximas semanas habrá nuevo gobierno y, además de encarar las crisis urgentes –económica y sanitaria, para empezar- deberá también enfrentar la gravísima crisis de la administración de justicia. 

Diagnósticos de su estado terminal abundan y coinciden, así que intentemos siquiera a grosso modo vislumbrar algunos de los desafíos inmediatos. Lo primero que se requiere para intentar solucionar aquel estado, es voluntad política: ¿Está realmente dispuesta la clase política sea del color que sea a tener un tercero imparcial que le respire en la nuca? ¿Un tercero imparcial que le ponga límites al ejercicio de su poder? Esa es la condición indispensable para empezar a solucionar el entuerto actual: corrupción, retardación, falta de independencia de poderes fácticos, incumplimiento de su rol tutelar, etc. Demás está decir que de ganar los que agravaron hasta límites nunca antes vistos, ese deplorable escenario, no habrá lugar a ninguna posibilidad siquiera de mejora, sino lo contrario. 

La segunda tarea es recuperar la institucionalidad del sistema. Pasa, sin ánimo de ser exhaustivo, empezar por: a) reformar el sistema de elección de altos cargos, pues la elección popular ha fracasado, al extremo que todas esas autoridades son demostrablemente ilegítimas por haber perdido por goleada en esas elecciones, y b) construir genuinas carreras fiscales, judiciales y de los restantes operadores del sistema, de forma que ingresen, se mantengan y sean despedidos si correspondiere, a través de sistemas confiables en función a méritos profesionales y no otros que han prostituido el sistema.

Sin caer en el economicismo, se requiere que el sistema reciba una asignación presupuestaria suficiente como para garantizar su funcionamiento siquiera regular en términos de cobertura nacional, personal y medios; actualmente no recibe ni el 1% del PGE, lo que prueba la ninguna importancia que recibe.

Y luego, habrá que encarar tal vez la reforma tal vez más compleja que requiera de mayor tiempo. Urge reformar las “leyes de desarrollo constitucional” que vaciaron de contenido la nueva Constitución –con algunas disposiciones interesantes y otras deplorables- empezando por las que mayores violaciones de DDHH producen. En ese sentido, será urgente empezar por la reforma de la contra reforma penal y así sucesivamente hacia otras materias.

Tareas titánicas que requerirán, indispensablemente, de un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas que resulten con presencia en el nuevo escenario político partidario naciente, sin que como ha ocurrido recientemente, se imponga una facción por sobre la otra, una de las causas de su ostensible fracaso.

Como se concluirá fácilmente, esas tareas y otras no aquí vislumbradas, requieren de un talante genuinamente democrático que es lo opuesto a los delirios tiránicos que están aún frescos en nuestra historia. Si aquella fuerza lograría volver al poder, la justicia boliviana seguirá ocupando los peores lugares no sólo regionales sino globales –como lo prueba sostenidamente el ranking del World Justice Proyect en todas sus versiones anuales- , si acaece lo contrario, existirá una fabulosa oportunidad para la ciudadanía. Ojalá ocurra. “El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado”. Willy BRANDT