En las últimas tres décadas, los gobiernos han trabajado de manera sólida en el ámbito jurídico para la protección de los derechos que permitan la igualdad. Sin embargo, si se analiza el panorama que se presenta actualmente, existe una gran brecha entre lo establecido en las leyes y lo que realmente llega a ser aplicado. La igualdad en Bolivia está pasando por una crisis.

Por ejemplo, la pandemia ha sacado a relucir una vez más, los intentos fallidos de consolidar un sistema educativo sólido que permita dar las mismas condiciones a cada niño. El presidente Luis Arce dictó el Decreto Supremo Nº 4449 en el cual, nombra al “2021 año por la recuperación del derecho a la educación” en enero de 2021. Si bien, este decreto presenta intenciones de restituir la educación para todos los bolivianos, no se observa un avance real y lo único cierto es que, la brecha que era pre-existente a la pandemia, se hace cada vez más grande entre los que tienen acceso a los medios tecnológicos y los que no, especialmente los que viven en áreas rurales.

Un estudio de la página “We Are Social” (WAS) indica que, en la zona urbana el 65% de la población tienen acceso a internet, sumado a la preocupante cifra del 6% en las áreas rurales lo que, en efecto, deja cuestionando a la población: ¿Qué sucede con el otro 53,29% de la población que no tienen acceso a medios digitales? Es evidente que todos tenemos “derecho a la educación igualitaria” pero, la inefectividad de las medidas tomadas hace que muy pocos tengan acceso real a este derecho que supone ser de todos.

Otro tema que no permite la consolidación de la igualdad en Bolivia es: la discriminación. Si bien, contamos con la ley N°045 del 8 de octubre de 2010, ley contra el racismo y toda forma de discriminación, esta ley no llega a aplicarse siempre y para todos. El escenario polarizado entre oficialismo y oposición es un factor detonante que mantiene e incrementa el enfrentamiento entre unos grupos sociales contra otros. En la actualidad ya no sólo nos enfrentamos a una discriminación contra el indígena, sino también, contra el que tiene “tez clara”. Entonces, vivimos un día a día donde, el uso de términos peyorativos como “indio”, “campesino” y “qhara” se hacen más constantes y se normalizan, y esto ha llegado a causar odio, dejando una grieta social que será difícil de remendar.

El último ejemplo se encuentra orientado hacia la igualdad en la participación política de la mujer, que si bien, contamos con leyes que dicen garantizar la igual participación entre hombre y mujeres, la realidad es otra. Según los datos brindados por el OEP, únicamente 29 alcaldías de 339, están dirigidas por mujeres. Por lo tanto, si bien se cuenta con leyes que defienden la paridad de género en los cargos, se observa una falta de aplicación a nivel nacional; si las mujeres ocupan únicamente el 17% de cargos, queda en evidencia que las políticas instauradas no están siendo lo suficientemente efectivas y no logran incentivar la integración de la mujer en la política. 

Englobando los ejemplos que se han analizado, es evidente que en Bolivia se han conseguido avances respecto a la legislación en busca de lograr una igualdad garantizada. Sin embargo, la cruda realidad nos muestra un panorama donde aún existen desigualdades que deben ser trabajadas por nuestro gobierno mediante políticas públicas que no sean ilusorias sino, que sean aplicadas. Esto, demuestra que la igualdad en Bolivia está hecha de papel y todos los bolivianos deberíamos preguntarnos: tenemos los mismos derechos, pero ¿realmente se nos está garantizando el acceso a estos?