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Me he referido antes a este punto.  Por supuesto, el problema no puede reducirse a plazos incumplidos, conflictos de intereses o, incluso, a negociaciones fallidas con potencias extranjeras (aunque incluyendo “generosas” entregas de nuestras salmueras para propósitos de investigación a cambio de nada), aspectos sobre los cuales ya he comentado en otros artículos.

Podríamos hablar también, por ejemplo, de gastos dispendiosos y ausencia de resultados efectivos después de seis años de infructuosa gestión. En efecto, según información obtenida por página siete, hasta principios de marzo de 2014, la inversión estatal en el desarrollo del litio habría alcanzado a $us.121,6 millones, monto que se desagregaría en: $us.18,9 millones para la fase piloto, $us.96,8 millones para la fase industrial, $us.4,3 millones para el proyecto de baterías de litio de la fase III y $us.1,6 millones para el proyecto piloto del Salar de Coipasa.  

Asimismo, las tres plantas piloto (dos de cloruro de potasio y otra de carbonato de litio), junto con una mini ensambladora de baterías de litio, inauguradas con gran entusiasmo por el gobierno, sólo habrían generado 500 toneladas de cloruro de potasio comercializadas, de 9 a 10 toneladas de carbonato de litio almacenadas y unas cuantas baterías de iones de litio para celulares y bicicletas producidas con carácter experimental por técnicos chinos con todos los insumos importados.

Pero, hay más que decir sobre este tema. Es posible suponer que el grueso de la inversión ($us.96,8 millones) se gastó en la construcción de enormes piscinas de evaporación solar, en preparación de la etapa de producción de carbonato de litio a escala industrial. Sin embargo, lo que nunca se dijo (ni se dirá, con seguridad) es que estos aparatosos instrumentos de precipitación de salmueras tendrían (y tendrán) un rol muy limitado en el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos evaporíticos del Salar de Uyuni de cara a la producción de al menos 30.000 toneladas/año de carbonato de litio y 700.000 toneladas/año de cloruro de potasio postergada ahora para dentro de los próximos 5-6 (o quizás más, ¿quién sabe?) años. 

Como he sostenido en anteriores publicaciones, la obstinada inclinación de los encargados del proyecto piloto hacia una opción tecnológica fuertemente basada en la evaporación solar estaba y está condenada al fracaso debido principalmente a que las tasas de evaporación solar y precipitación fluvial en el Salar de Uyuni constituyen un espejo reverso respecto de las del Salar de Atacama, uno de los pocos lugares del planeta donde esta tecnología era - hasta hace algunos años - apropiada.

Esto explicaría por qué se tardó tanto en producir/vender volúmenes tan pequeños de carbonato de litio y cloruro de potasio (equivalentes apenas a un cuarto y a la mitad de la producción mensual programada para la planta piloto, respectivamente).  

En estas circunstancias, resulta temerario concluir que se habría cumplido “satisfactoriamente” la fase piloto, tal como se menciona en la publicación del matutino paceño y, mucho más aún, avanzar hacia una licitación internacional (suspendida, por el momento, por “motivos de orden administrativo”) dirigida a contratar a una empresa especializada para que se encargue de elaborar el diseño final de la planta de carbonato de litio a escala industrial, luego de conocerse que el rendimiento obtenido en la planta piloto desde el momento en que arranca el proceso hasta que termina sólo alcanza a un 40,96%. 

De otro lado, tampoco parece haber sido tan sabia la decisión de adelantar el diseño final de la planta industrial de cloruro de potasio, toda vez que existe evidencia de que la experiencia piloto aún no habría arrojado un compuesto con grados de pureza adecuados a las exigencias del mercado internacional, tal como he señalado en una reciente publicación en hora 25. 

Lo anterior respalda mi afirmación de que aún queda mucho por hacer en cuanto al llamado “proceso boliviano” de aprovechamiento de nuestras salmueras antes de empezar a producir cantidades importantes tanto de uno como de otro compuesto químico, poniendo en cuestión también la opinión de una ex autoridad de COMIBOL en sentido de que el “proyecto piloto de litio [y potasio] está avanzando.” 

La pregunta que sigue es: ¿Hasta cuándo tendremos que tolerar esta situación, máxime si se tiene en cuenta que el boom del litio ya habría comenzado? 

De una revisión rápida a las Constituciones Bolivianas[1], se puede observar que el régimen constitucional de las Fuerzas Armadas, desde la Constitución Bolivariana de 1826, casi siempre ha estado destinado a establecer la existencia de una “fuerza armada permanente”, que estaba compuesta de un “ejército de línea y de una escuadra”; y dicha disposición, se mantuvo vigente en la mayoría de las reformas constitucionales del siglo pasado, con el aditamento de que el número de efectivos, debía ser determinado por el entonces “Congreso Nacional”, de acuerdo a lo “absolutamente necesario” (según rezaban los textos constitucionales de 1839, 1861, 1871, 1878 y 1880).

No fue sino hasta la reforma constitucional de 1961, que se estableció con claridad, que las Fuerzas Armadas de la Nación, están compuestas por: “el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Fluvial y Lacustre”, cuyos efectivos debían determinarse en cada legislatura, aunque posteriormente, en 1967 la misma Constitución ya hacía referencia a una “Fuerza Naval”.

Asimismo, se debe destacar que la reforma constitucional de 1961 fue la que –superando la concepción de que el Ejército únicamente debía estar encargado del orden interno y la seguridad externa en tiempo de guerra– estableció con bastante acierto cuál era la misión de las Fuerzas Armadas: “Art. 201.- Las Fuerzas Armadas de la Nación están encargadas fundamentalmente de la defensa del territorio nacional de la agresión exterior, así como la defensa del orden legalmente constituido. Cooperarán en el incremento de la producción nacional conforme a planes económicos, en tareas de colonización y en obras de carácter nacional requeridas para el desarrollo y diversificación de la economía y en todas aquellas que determine el Gobierno”.

Posteriormente, en la reforma constitucional de 1967, se estableció con mayor precisión, que la misión de las Fuerzas Armadas comprende esencialmente cuatro aspectos:

a) defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales;

b) asegurar el imperio de la Constitución Política[2];

c) garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y;

d) cooperar en el desarrollo integral del país.

Estas cuatro dimensiones de la misión que deben cumplir las Fuerzas Armadas –de las cuales, la primera se ejerce en tiempo de guerra, y las siguientes tres en tiempo de paz–, no fueron objeto de modificación alguna en las posteriores reformas constitucionales de 1994, 2004 y 2005, habiéndose mantenido intacto el texto constitucional en ese sentido.

Lo lamentable es, que tampoco se analizó la necesidad de reformular esta configuración durante la Asamblea Constituyente, que ciertamente no introdujo modificaciones sustanciales a este régimen, salvo por algunas correcciones de forma o estilo que concuerden con las instituciones del nuevo Estado Plurinacional, sin haber reparado en la necesidad de adecuar el régimen de las fuerzas armadas, a los principios y valores, así como los fines y funciones esenciales del Estado, que prevé el texto de la Constitución aprobada el año 2009.

Entonces, la gran omisión del constituyente, fue precisamente no haber insertado específicamente en el Régimen de las Fuerzas Armadas, una disposición que asegure que sus miembros, en servicio activo y/o pasivo, gozan de los mismos derechos (a la vida, a la educación, a la privacidad, etc.) y garantías de cualquier persona, en el marco de la subordinación y constancia que rige sus actividades dentro de la institución militar, y que asimismo, en resguardo de la dignidad de la persona humana, no pueden ser objeto de violencia o discriminación de ningún tipo, en cuyo caso, los responsables deben ser sancionados con el máximo rigor de las sanciones establecidas por Ley.

De esta forma, y ampliando los alcances de lo dispuesto en el artículo 245 constitucional (que únicamente se limita a señalar que: “…individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley”), se aseguraría un régimen de derechos y garantías mínimas para todos(as) los miembros de la institución militar, evitando así muchas actitudes que precisamente quebrantan los principios de subordinación y constancia que deben observar en el ejercicio de sus funciones; vale decir, que a la luz de los últimos acontecimientos, dichos principios han quedado desvirtuados ante la preeminencia de los derechos inherentes a la dignidad humana, en cuya defensa se han movilizado muchos miembros de la institución militar, y que lógicamente ha derivado en destituciones arbitrarias de aquellos oficiales considerados “insubordinados” (aunque al presente, gran parte de las destituciones, han sido dejadas sin efecto).

En definitiva, es urgente analizar los perjuicios que ocasionan aquellas tareas inconclusas del constituyente, al no haber abordado una temática de tanta trascendencia, dado que es evidente que la configuración constitucional de las Fuerzas Armadas, no concuerda con los Principios y Valores que propugna el Estado Plurinacional en su Ley Fundamental, lo que es alarmante, más aún cuando los propios miembros de la institución militar, no hallan resguardo suficiente a sus derechos como personas, por la subordinación con que deben actuar frente a sus superiores, y que muchas veces les cuesta la renuncia a sus más elementales derechos, a fin de no pecar de “insubordinados”, y no acabar siendo “destituidos por desacato”.

Ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y menos en una institución militar, no siendo posible justificar los abusos y arbitrariedades, con los deberes de obediencia, subordinación, constancia, que ciertamente derivan de la jerarquía militar, pero que no autorizan a ejercer actos de violencia o discriminación contra los subordinados o dependientes.

El respeto de los derechos y garantías constitucionales, constituye un parámetro de validez de todas las actividades de las autoridades públicas, incluyendo a quienes se encuentran en situación de mando en el ámbito militar.

[1] Marcelo GALINDO DE UGARTE. Constituciones Bolivianas Comparadas 1826-1967. La Paz, Cochabamba, Bolivia: Editorial Los Amigos del Libro, 1991.

[2] Este aspecto, comprendido entre las misiones esenciales de las FF.AA., se mantuvo vigente después de la reforma constitucional de 1994, cuyo análisis motivó el siguiente comentario crítico: “Cuando se dice que las Fuerzas Armadas deben asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, no obstante la buena intención de los legisladores, se entra en un peligroso campo de conflictos, puesto que las reformas de 1994 han creado el Tribunal Constitucional que, de hecho, es una institución encargada de preservar la obediencia de la Constitución. Este Tribunal debe ser quien asegure el imperio de la Constitución, de lo contrario, tal como está redactado el texto constitucional, ha servido muchas veces de justificación para que las Fuerzas Armadas intervengan en la toma de decisiones públicas supuestamente en nombre de la Ley. No hay un golpe de Estado que no haya invocado este principio.”. RIVERA S., José Antonio y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. La Paz, Bolivia: Fundación Konrad Adenauer, 1998. Pág. 377.

En algunas entregas de la columna, voy a proponer algunas reflexiones y movimientos que considero necesarios realizar en 3 ámbitos de acción, cuando nos orientamos a lograr entidades educativas que sean efectivamente inclusivas, tanto en los niveles primario, secundario, técnico y superior:

• Acciones de fortalecimiento de los grupos poblacionales en proceso de inclusión educativa, con la finalidad de reducir la brecha académica producida por la exclusión social.
• Capacitación del cuerpo docente y administrativo de las unidades educativas, de manera que puedan planificar, implementar y evaluar procesos educativos regulares con enfoque de inclusión social.
• La sensibilización y la concienciación de la comunidad educativa, con la finalidad de objetivar y desestructurar prejuicios vigentes hacia los diferentes grupos en proceso de inclusión social, de manera que su participación facilite la inclusión social que pretende determinada entidad educativa.

Acciones de fortalecimiento de los grupos poblacionales en proceso de inclusión educativa, con la finalidad de reducir la brecha académica producida por la exclusión social.

Por lo general, las entidades que inscriben estudiantes de grupos poblacionales excluidos, demandan que estos estudiantes tengan tutorías pedagógicas  que trabajen directamente con ellas y ellos durante el proceso académico y extracurricular.

En algunos aspectos y desde la perspectiva de un enfoque de inclusión social, esta medida puede constituir un error, sobre todo cuando quienes están a cargo de la tutoría, se constituyen en mediadores de la comunicación entre las y los estudiantes en proceso de inclusión social y la comunidad educativa que pretende ser incluyente: sus maestras/os, compañeras/os, administrativos, madres y padres de familia, el quiosquero que atiende en el recreo y otras y otros que forman parte de la comunidad educativa viva.

Voy a detenerme especialmente en este punto, ya que la comunicación es vital al momento de producir una inclusión social efectiva, ya que es el dispositivo mediador durante el proceso de aprendizaje, que es la razón de ser de la entidad educativa, y lo es también de las relaciones sociales, que son la razón de ser de todas las personas en los diferentes ámbitos en los que participan.

Que la comunicación entre el/la estudiante en proceso de inclusión social y cada miembro de la  comunidad educativa sea mediada por una tercera persona durante el proceso de aprendizaje y el proceso de relacionamiento social, aliena el proceso comunicacional mismo, al despojar de la posibilidad de acción / aprendizaje / movimiento directo a los operadores de esta comunicación, privándoles de constituirse en sujetos de la misma, transformándoles en objetos de interpretación por parte del tercero involucrado, destruyendo de facto la intención inclusiva, esto es el desarrollo académico propuesto y la diversificación en el relacionamiento, pretensión que se tenía como intención con la participación de estas/os diferentes en la entidad educativa.

Evidentemente, no existe mala intención en la constitución de esta mediación, aunque en la práctica cotidiana, sea un dispositivo que cumple más bien la función de disfrazar la falta de capacidades que tiene determinada comunidad para comunicarse directamente con las personas diferentes, ya sea en el proceso académico propiamente dicho, ya sea en los momentos de relacionamiento social, que forman parte del currículo que si bien no es explicitado, es altamente importante en el proceso de formación de las y los estudiantes: se pierde la oportunidad de desarrollo colectivo que se pretendía al intentar ser un espacio social incluyente. ¿Queremos superar las discapacidades? Esta es la oportunidad de superarlas todas y todos.

Esta función equívoca de la tutoría, que perjudica el proceso de desarrollo de las personas en proceso de inclusión social, también obstaculiza el desarrollo de toda la comunidad educativa: si la pedagogía y la didáctica a desplegarse en el proceso de inclusión social, es delegada a estas tutorías, las y los docentes no iniciarán siquiera el proceso de cualificarse para generar por ellas y ellos mismos los movimientos pedagógicos que son necesarios para lograr aprendizaje en una comunidad que es diversa. Por el lado de las relaciones sociales, la persona diferente seguirá siendo tratada como si hablara marcianés y nadie en la comunidad aprenderá marcianés. Eso es desperdiciar oportunidades.

Por otro lado, es necesario objetivar que la comunidad educativa ya era diversa con anterioridad a que se incorporen las personas que son explícitamente identificadas con grupos excluidos. Esta diversidad no atendida pedagógicamente por el proyecto pedagógico vigente, es aquella que forma parte de los grupos poblacionales a los que se acusaba de flojera, indisciplina, inconstancia, poca capacidad y otros del mismo estilo, argumentos con los que se pretende cubrir un problema de la educación no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero: los bajos índices de aprendizaje, de egreso, de titulación, por no hablar ya de expectativas mayores, como las de lograr, por fin, aprendizajes significativos, productivos y aplicables en los proyectos de vida personales y sociales de nuestra comunidad. Por ello, la inclusión social constituye una oportunidad de movimiento que debiera asumir la comunidad toda, pues toda ella tendrá mejor oportunidad de aprendizaje y logro.

Generalmente por razones económicas, un porcentaje significativo de las tutorías, es delegado a personas con una cualificación pedagógica inicial y otras, ninguna, y por ello, con posibilidades limitadas de mover una comunidad educativa, como se requiere para desencadenar un proceso de inclusión social. Con esa escenificación no se beneficia nadie y quién más se perjudica es la persona excluida, que sigue en el mismo lugar, sólo que parece diferente.

En los procesos de transición hacia una entidad educativa inclusiva, efectivamente es necesario apoyarse en operadoras/es cualificados de manera potente en inclusión social, que puedan brindar asesoramiento pedagógico preciso, oportuno y posible, riqueza en alternativas didácticas; ágiles en el seguimiento a las relaciones sociales que se dan durante el proceso educativo, proponiendo movimientos que truequen lo excluyente en incluyente, con capacidad de percibir las aspectos devaluantes en los discursos a los que apelamos cotidianamente y proponer alternativas valorizadoras de lo diferente,  con la autoridad de lograr que las decisiones que se toman en el día a día consideren a la comunidad en su diversidad, con capacidad de dinamización social en comunidades diversas y muchas veces apáticas…y necesariamente, un claro conocimiento de las leyes en las que se apoya la inclusión social. Y claro, el otro ingrediente indispensable es una comunidad humilde, que más allá de su buena intención de incluir, sepa que al andar nuevos rumbos hacen falta otros mapas, ver el cielo con distintos ojos y guías con experiencia en el terreno.

Como ustedes ya se habrán dado cuenta, esto orienta el anterior modelo de tutoría hacia un modelo de operadores de inclusión social, que superará ese pasado de dirigirse exclusivamente al estudiante en proceso de inclusión social y que probablemente tendrán que ser más de una/o, cuyo objeto será operar con las y los docentes y con la comunidad toda, asesorarla y nutrirla en su movimientos.

Es probable que de ser así,  este equipo consiga este primer paso que es definitivo en esto de lograr inclusión social: que la comunidad toda se comunique directamente con cada persona que se encuentre en proceso de inclusión educativa

Algunos de ustedes habrán leído la historia que aquí reproduzco, todavía conmovido por las palabras de este chico sin zapatos. Hay “sin techo”, “sin tierra”, “sin agua”, “sin trabajo”, “sin papeles”, “sin nombre”, “sin ley”, los “sin voz”… También “sin zapatos”.

Un niño estaba parado, descalzo, frente a una tienda de zapatos temblando de frío; veía lo que había allí dentro y se veía a sí mismo en el reflejo. Una mujer se acercó y le dijo: “¿Qué estás mirando con tanto interés en esa vidriera?”. Él respondió: “Le estoy pidiendo a Dios que me dé un par de zapatos”.

La señora lo tomó de la mano, lo llevó adentro de la tienda y pidió media docena de pares de medias y un par de zapatos. También preguntó si podrían prestarle una tina con agua y una toalla. Llevó al niño a la parte trasera de la tienda y con cariño empezó a lavar sus pies y se los secó. Luego, le colocó las medias y los zapatos.

Acariciando su cabeza le dijo: “¡No hay duda de que te sientes más cómodo ahora!”. Mientras ella se marchaba, el niño, feliz, la alcanzó, la tomó de la mano y, mirándola con lágrimas en los ojos, le preguntó: “¿Es usted la esposa de Dios?”. La señora le respondió: “No, solamente soy una mujer agradecida con lo que Él me ha dado”.

El mundo busca a Dios —o a quien pudiera sustituirlo de acuerdo con la creencia de cada uno— rogándole que lo saque de la injusticia, de la desgracia, de la pobreza, de la tristeza, de la soledad… Muchos no lo notamos porque, favorecidos con la justicia, la dicha, la fortuna, la alegría y el afecto, ni siquiera nos acordamos de Él; creemos que no nos hace falta y por eso nos guardamos la búsqueda de Dios para cuando la pena llegue.

La ingratitud —como la injusticia, la infelicidad y todas las “in”— es parte de este mundo; también la suficiencia, la convicción de que no necesitamos de nada ni de nadie porque, sencillamente, nos creemos más de la cuenta. Hemos estudiado y tenemos títulos, si no, trabajamos hace años en lo mismo y tenemos experiencia, “calle”. ¿El papel?, “eso se compra en cualquier universidad”, decimos, “nosotros valemos porque mamamos la vida desde cuando nuestros padres no tenían ni para comprar zapatos”.

Es fácil descargar culpas en la mediocridad del vecino y en su accionar atentatorio contra el fin último, ahora constitucional, de vivir bien. Muchos, orgullosamente tal vez crean que tienen título o calle y que con eso basta y sobra para estar donde están; allá ellos. Siempre será bueno volver a la zapatería, aunque no deseemos ningún zapato, para ver qué imagen de nosotros nos devuelve la vidriera.

En comunidad, el aporte individual cuenta. La crítica vale pero mejor si llega acompañada de consejo para ayudar al criticado a superarse; en eso consiste la solidaridad. ¿Cuántos pares de medias y zapatos podríamos comprar si todos nos propusiésemos atender la necesidad del otro? La solidaridad con los benianos es un ejemplo de esto, in extremis, la noticia de que un perro intentó reanimar a su compañero muerto en México. Los animales, dándonos ejemplo de humanidad...

En la humildad que muchas veces perdemos, en el descuido del alimento espiritual y, políticamente hablando, en la apatía por la integridad de las personas, quizás, encontremos respuestas a la encogida moral de la sociedad.

No importa si el relato del niño sin zapatos es una parábola o un hecho real. Lo trascendental no está en el país o la ciudad donde se encuentra la tienda cuyos vidrios, este chico ilusionado, humedeció con su nariz.

Lo verdaderamente importante es la esperanza en que Dios tenga esposa. Muchas esposas.

Hasta el momento mucho se ha dicho y poco se ha hecho contra Percy Fernández, desde que lo vi por primera vez en “acción”, siempre me pregunté por qué rayos nadie lo pone en su lugar, al contrario, lo celebran como si se tratará de una héroe al que hay que admirar, cuando en los hechos se tiene que censurar y aclarar que la única parte humana que aquí complota contra Percy, es su propia mano.

Si asumimos que la sociedad es el “estado de las apariencias”, cuando ocurren este tipo de hechos, como el protagonizado por el alcalde cruceño, se genera un momento precioso para ver y entender cómo es realmente por dentro, en el caso de Fernández es de lo más obtusa que puede haber: conservadora, clasista, machista, patriarcal, colonialista y demás consideraciones negativas.

El punto en cuestión es qué se hace para ponerle un alto a las nocivas actuaciones de Percy, en el plano legal se puede presentar una demanda por acoso sexual de parte de los afectados, en el político se lo puede afectar dependiendo de qué lado de la balanza uno se encuentre, si se es opositor u oficialista, el primero podría disparar con toda la artillería, mientras que el segundo medirá los cálculos políticos para ver cuánto se puede hacer y según la tendencia social gatillar a discreción o con disimulo, como para mantener el fondo si afectar demasiado la forma.

Socialmente se pueden hacer muchas cosas más, pero hay que tener mayor conciencia, voluntad, activismo y consecuencia para hacerlo, por ejemplo, asumiendo un rol de defensa de la mujer y el oficio, los periodistas (convocados a todas sus agrupaciones, filiales y demás organizaciones) podrían dejar de cubrir las noticias que genere la alcaldía cruceña 24, 48, sino 72 horas, exigiendo disculpas sinceras o simplemente enviando un mensaje claro sobre el respeto a la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración política y/o profesional. 

Si esto no fuera suficiente también podrían solicitar a los distintos medios de comunicación que asignen periodistas varones para la cobertura noticiosa de la alcaldía, de esa forma se enviaría también una muy buena señal  a las autoridades en cuestión, no sólo a Percy, también a todo su séquito que cree ser parte de una extrañísima conspiración política en su contra, como lo es enviarle mujeres hermosas para tentar al alcalde. Tamaña estupidez. 

Los medios de comunicación también deberían ponerla bien en claro, asumiendo el comportamiento marquetinero en el que ahora transitan, proyectando a sus conductores y periodistas al estatus de estrellas sociales, no sólo tienen el deber, también la obligación de tomar una posición al respecto, obrando en defensa de sus trabajadores (conste que no me refiero como reporteros), asumiendo el carácter empresarial con el que se manejan hoy las teles, periódicos y radios en estos tiempos.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente de la mujer,  podrían también realizar distintos actos de censura, sin ir muy lejos plantones frente a la alcaldía, perseguirlo en todos sus actos públicos y protestar pacíficamente con carteles y arengas en contra de su machismo, no dejar de recordarle un momento que por muy buena autoridad que sea, tiene que saber respetar la dignidad de las personas y especialmente de las mujeres, logrando que además su comportamiento trascienda como un positivo ejemplo en la institución que dirige, en suma muchas cosas sí se pueden hacer, desde toda óptica, plano y consideración, sin embargo la pregunta del millón es por qué no lo hacen, mucho más si contamos que lo ocurrido con la periodista es la quinta vez que Percy hace de las suyas públicamente ¿Por qué esperamos tanto para reaccionar?

El cultivo de la Quinua, basado en sistemas agrarios y alimentarios donde predomina el modo de vida y de producción familiar comunitario, ha demostrado ser una política estratégica eficaz para que los países erradiquen el hambre, la malnutrición y la pobreza de sus territorios. En Bolivia, las lecciones aprendidas durante el Año Internacional de la Quinua (AIQ) y el debate global propuesto en el ámbito de las Naciones Unidas para visibilizar y potenciar la Agricultura Familiar este 2014, deben contribuir para avanzar aún más en la aplicación de los marcos legales así como de los planes de desarrollo del país de forma que se logren territorios en los que prime el paradigma de la soberanía alimentaria para Vivir Bien.

El cultivo de quinua en Bolivia, desde la economía social y comunitaria, es ejemplo de un sistema agrario y alimentario sostenible e incluyente

El Año Internacional de la Quinua 2013 ha logrado dar visibilidad mundial al “grano de oro” como cultivo estratégico para la agricultura y la alimentación de los países que luchan para proteger y promover el derecho humano a la alimentación adecuada. El AIQ 2013 aportó conocimientos científicos, además de estimular la concertación y el diálogo entre servidores públicos (gestores de programas de desarrollo rural, territorial, economía plural), movimientos y organizaciones de los y las agricultoras familiares campesinas comunitarias involucradas en la producción, transformación, comercialización y consumo del tesoro andino desarrollado por los pueblos indígenas de esta región.

Para el Director General de la FAO, Dr. José Graziano da Silva, Bolivia ha contribuido fuertemente en recuperar y revalorizar culturas y modos de vida que permiten avanzar en la superación de la subalimentación de millones de personas en el mundo. Esto ha sido posible con un alimento como la quinua a la cual se la considera un aliado en la lucha contra el hambre, por su aporte nutricional y su capacidad de adaptación a diversos pisos ecológicos. El redescubrimiento de este cultivo fortalece los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el hambre y la malnutrición; por ello el Director General de la FAO, en reconocimiento a la voluntad y compromiso político del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su primer mandatario, Sr. Evo Morales Ayma, ha invitado al presidente a continuar como embajador de la Quinua en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar.

Sin embargo, en este proceso virtuoso donde la quinua jugará un rol clave, continúan los desafíos. La extensa producción técnica científica y cultural durante el 2013 en Bolivia y Perú (entre otros países productores y consumidores de quinua) ha planteado para el debate tareas relevantes como por ejemplo: a) aumentar el consumo de este producto en las familias que viven en las ciudades; b) mejorar la investigación científica en temas como semillas, biodiversidad, conservación y recuperación de la fertilidad natural de los suelos así como el manejo biológico de plagas y sus enfermedades; c) asegurar a los agricultores familiares comunitarios precios justos a su trabajo y, en especial d) concretar el desarrollo territorial respetando los saberes y modos de vida indígenas originarios campesinos en las comunidades respetando las territorialidades campesinas comunitarias de las diversas eco regiones productivas.

Desde el año 2013, Bolivia ha dispuesto una serie de políticas públicas orientadas a potenciar este cultivo en el marco de lo que plantea el Año Internacional de la Agricultura Familiar, por ejemplo: la promulgación por el Presidente Evo Morales de la Ley 395/2013, referida al establecimiento del Centro Internacional de la Quinua-CIQ, contribuye a la soberanía y seguridad alimentaria, lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a través de la investigación científica colaborativa relacionada con la producción e industrialización sustentable de la quinua.

Ha quedado claro y evidente para los participantes de la II Ruta de la Quinua , organizada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras/MDRyT, la presencia del Estado Plurinacional en el terreno, coordinando y fortaleciendo las alianzas institucionales entre los distintos niveles de gobierno, la cooperación internacional, las universidades públicas y privadas y las organizaciones con reconocida e histórica incidencia en el tema. Desde la II Ruta de la Quinua se torna visible la fuerza de la economía social y comunitaria basada en la agricultura familiar comunitaria productora y transformadora de quinua en el Salar Sur de Bolivia.

La FAO en coordinación con el MDRyT, con recursos financieros de la Cooperación Italiana iniciarán a partir del mes de mayo de 2014 la ejecución del proyecto “Sistema Agroalimentario Integrado Quinua/Camélidos: promoción de la Agricultura Familiar Comunitaria Sustentable en el Altiplano Boliviano”. El resultado esperado es que los agricultores familiares y sus organizaciones económicas recuperen saberes ancestrales, conocimientos técnicos, socioeconómicos y buenas prácticas en las dimensiones de producción primaria agroecológica, acopio, transformación, distribución y consumo del binomio tradicional quinua camélidos articulando con órganos públicos en sus tres niveles. La experiencia y lecciones aprendidas serán compartidas en la Feria Mundial de Seguridad Alimentaria en Milán el 2015.

El modo de vida y de producción de la agricultura familiar comunitaria responde a los desafíos centrales de la propuesta de soberanía alimentaria para vivir bien

La FAO ha planteado a sus países miembros en todo el mundo que la agricultura familiar - en décadas pasadas asociada con pobreza, hambre y atraso en el mundo rural – deba ser posicionada como un modo de agricultura estratégica para erradicar la pobreza rural que garantice sistemas alimentarios sanos con dietas diversificadas y en consecuencia respete las relaciones con la naturaleza. Este último en consonancia con el marco legal boliviano de respeto de los derechos de la Madre Tierra.

El modo de vida y de producción de la agricultura familiar comunitaria es predominante en Bolivia. Según datos del INE/MDRyT, el 93% de las unidades productivas agropecuarias del país, se caracterizan como agricultura familiar. Por su parte, datos de la FAO/CEPAL muestran que Bolivia, con un 84%, es el país de América Latina y Caribe con mayor población rural ocupada en la agricultura familiar.

Estudios realizados en el Salar de Uyuni de Bolivia, lugar de mayor producción de quinua real del mundo , muestran que el 81% de los campesinos entrevistados cuentan con la quinua como su principal fuente de ingresos y que sus ingresos han mejorado y ahora tienen mejores condiciones de vida, incluso mejor acceso a alimentos y a una dieta familiar más variada. Según el estudio los agricultores familiares locales dicen que sus condiciones alimentarias han “mejorado, gracias a la quinua”. Hay más disponibilidad de quinua en las ciudades bolivianas y su consumo en zonas urbanas está aumentando (de 0,35 kg/año en 2008 a 1,11 kg/año en 2012).

Parece interesante y apasionante un dialogo entre los principales desafíos que nos plantean la implementación de sistemas agrícolas y alimentarios incluyentes y sostenibles, así como las lecciones aprendidas que surgen del Año Internacional de la Quinua como se menciona anteriormente . En el curso de este proceso de construcción y cambios de paradigmas y conceptos ahora, más que todo, la tarea primordial del AIAF 2013 en Bolivia, es tornar visibles las agriculturas familiares campesinas comunitarias y avanzar en la oferta de bienes y servicios públicos para su consolidación en el marco de la economía plural.