Las eventuales sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, violadores de los derechos humanos, son una bomba de tiempo, aunque los posibles afectados se han puesto a temblar y están hoy acusando al “maldito imperio” de injerencia en sus asuntos internos.

El Senado norteamericano, siguiendo lo ocurrido ya en la Cámara de Representantes, se apresta esta semana a aprobar una iniciativa en ese sentido que ha puesto en marcha el republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio.

Es dudosa la inminencia de las sanciones, porque si se aprobará en el Senado, como se espera, el proyecto deberá ser redactado como texto único del Congreso, junto con el que ya aprobó la cámara baja, a iniciativa de Ileana Ros-Lehtinen, también republicana por Florida.

Tras ello se la enviaría a la Casa Blanca para la aprobación definitiva por el presidente Barack Obama quien, más allá de la retórica, no está muy convencido para firmarla, según Roberta Jacobson, subsecretaria de  Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

La administración demócrata cree que debe darse tiempo al diálogo emprendido por el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición venezolana, iniciado hace más de un mes y que hasta ahora parece más muerto que vivo, mientras el país ya cuenta con 42 muertos y un millar de heridos y un centenar de torturados desde que comenzaron las protestas el 12 de febrero.

Por las sanciones, alrededor de más de un centenar de funcionarios chavistas de todo nivel, civiles y militares, perderían sus visas de Estados Unidos y se les congelarían sus bienes.

Y es que buena parte de estos enemigos recalcitrantes del “imperialismo”,  cuidan de darse la gran vida cuando vacacionan por los parques temáticos juntos con sus familias, son propietarios de mansiones, negocios lucrativos y muchos tienen a sus hijos en colegios y universidades yanquis.

Como las eventuales sanciones han estado barajándose desde hace meses, es posible que la mayoría también haya sacado sus fortunas de los bancos locales y los hayan enviado a esos paraísos fiscales que abundan en islitas-países del Caribe.

De otro lado es público y notorio que muchos de los grandes negocios y empresas de los boliburgueses, como son llamados los nuevos ricos venezolanos, están a nombre de terceros, por lo que será labor de hormiga el rastrearlos.

El gran problema para los abusadores y sus familias es que las consecuencias de las eventuales sanciones se verán a futuro, como ahora lo experimentan militares, viejos violadores de los derechos humanos en Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras, que tras años de haber huido a Estados Unidos, hoy comparecen ante tribunales estadounidenses.

Una buena parte han perdido fortunas en gastos de abogados, se les han embargado los bienes y han sido devueltos a sus países con grilletes. Porque una cosa es que funcionen las sanciones oficiales y otra los juicios que pueden seguirles particulares ante los tribunales que aquí, si, son independientes.

Lo está viendo, y lo cito solo de pasada, el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, contra quien un juez de Florida acaba de dar luz verde a su eventual enjuiciamiento quitándole la tranquilidad de la que gozaba el anciano exgobernante en su refugio de Washington. Si los boliburgueses creen que se salvarán escapándose algún día al “imperio”, están muy equivocados.

(*) Hernán Maldonado, periodista ex UPI, EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años corresponsal de la Agencia de Noticias Fides.