Blog de Andrés Guzmán Escobari

Afortunadamente estas últimas previsiones no se cumplieron, puesto que si bien tuvimos que atravesar esos momentos de alta convulsión social, que dejaron el lamentable saldo de varios muertos y heridos; el gran interés que mostraron algunos medios internacionales junto la estrepitosa caída del gobierno constituido, fueron dos grandes sorpresas que abrieron el camino al establecimiento de un nuevo gobierno transitorio y constitucional, que, a su vez, nos permitió descartar cualquier hipótesis de dictadura.

El interés que demostraron los medios internacionales generó sorpresa porque en el pasado, ninguno de los cruentos enfrentamientos que vivimos los bolivianos durante el gobierno del MAS (la Calancha, caso Rózsa, Porvenir, Caranvi, Chaparina, etc.) tuvieron tanta cobertura y repercusión internacional. Ciertamente, a partir del 20 de octubre y a pesar de que también se estaban desarrollando otros conflictos en la región, la crisis política boliviana ocupó los primeros espacios en la programación de cadenas de televisión tan importantes como CNN en español y Telesur, entre otros.

Tres semanas después, cuando la OEA reconfirmó las irregularidades en el proceso eleccionario y Evo Morales tuvo que renunciar, se sumaron a esa cobertura varios medios argentinos que difundieron una versión distorsionada de la realidad, claramente favorable a la narrativa del golpe de Estado, que le asignaba una desmesurada importancia a las FFAA.

este punto, es importante señalar que para entender cómo se cambió de gobierno en Bolivia, es necesario conocer lo ocurrido en las tres semanas anteriores que transcurrieron entre el día de las elecciones y la renuncia de Evo Morales. Porque si sólo consideramos lo sucedido desde que el Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. Williams Kalimán, decidió sumarse al pedido nacional de renuncia al presidente, podríamos creer que esa desafortunada intervención tuvo incidencia en la renuncia del primer mandatario, lo cual no es cierto.

Al momento de anunciar y de presentar su carta de renuncia, Evo Morales calificó el supuesto golpe de Estado de “cívico policial” y culpabilizó a Mesa, Camacho y a la Policía Nacional, pero no dijo nada de las FFAA ni tampoco de Pumari, el líder indígena que estuvo detrás de las movilizaciones. Solo tres días después, cuando Morales se dio cuenta que incluir a los militares en su discurso podría servir para victimizarse, recién incorporó a Kalimán, otrora amigo suyo, en el grupo de los golpistas.

Pero lo que verdaderamente obligó a Morales a renunciar fue la presión popular, ejercida pacífica y democráticamente en las calles, con miles bloqueos de pititas y banderas que paralizaron el país casi totalmente durante 21 largos días, en los que Morales iba perdiendo apoyo no sólo por la presión cívico-popular que era muy fuerte, sino sobre todo porque en esos días surgieron numerosas denuncias de irregularidades en el proceso electoral, que terminaron por confirmar el fraude perpetrado por el entonces partido en función gobierno.

En efecto, se detectaron anomalías en la cadena de custodia, al descubrirse actas y papeletas de votación macaras en favor del MAS en domicilios particulares, ambulancias y en plena vía pública; se demostró que hubo manipulación informática en el traspaso de los datos de las actas al cómputo final, lo cual fue develado por varios expertos en la materia, como el Ing. Edgar Villegas y su equipo; se registró como válidos los votos de personas fallecidas y de otros ciudadanos con números de carnet de identidad de un solo dígito; y se exhibieron firmas falsificadas y alteraciones en las actas, entre otros.

Todo eso después de que el Tribunal Supremo Electoral interrumpiera la transmisión de los resultados preliminares el mismo día de la elección y lo restableciera 23 horas después, con un sospechoso cambio de tendencia que beneficiaba al MAS y perjudicaba únicamente a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Lo que provocó la sorpresa y preocupación manifiesta de los veedores internacionales de la OEA y la Unión Europea.

Todo esto, junto a la arrogancia del ex presidente, que se burlaba de los protestantes por sus pititas y por supuestamente estar recibiendo una retribución, generaron una radicalización de las demandas callejeras que pasaron de pedir la segunda vuelta, la anulación de las elecciones y finalmente, la renuncia inmediata de Evo Morales.

Por estas razones, para quienes nos movilizamos en defensa de la democracia y de nuestro voto, resultó indignante que algunos medios y comentaristas, principalmente argentinos, nos quieran contar que aquí hubo un golpe de Estado, dándole todo el crédito al Sr. Kalimán, que solo intervino con su desafortunada declaración al final, cuando la suerte de Evo Morales ya estaba echada, puesto que a esas alturas no sólo varios cabildos, organizaciones e instituciones de todo el país pedían su renuncia, sino también varios grupos tradicionalmente afines al MAS.

Finalmente, después de que Morales dejara un vacío de poder por abandonar el país sin esperar a que la Asamblea Legislativa apruebe o rechace su renuncia, se constituyó un gobierno transitorio en aplicación de la sucesión constitucional y de la jurisprudencia del TCP, que lo primero que hizo fue remplazar a Kalimán y a todo el alto mando militar, quienes eran supuestamente los que había ejecutado el golpe de Estado.

El 1 de febrero de 1879, después de que la empresa anglo-chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, se negara a pagar al fisco boliviano un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado; el gobierno de Bolivia decidió expropiar los terrenos que le había concedido a esa empresa unos años antes en el departamento del Litoral; lo que provocó la reacción violenta de Chile, que a los pocos días invadió el puerto boliviano de Antofagasta, bajo el argumento de que Bolivia estaría incumpliendo el Tratado de límites vigente. 

El 25 de julio de 2019, después de que la empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dejara en abandono un terreno de 3,5 hectáreas que Chile le había concedido en el centro de Arica; el Concejo Municipal de esa ciudad decidió expropiar el terreno; lo que increíblemente no provocó más reacción del gobierno boliviano que una escueta declaración del presidente de YPFB, que resta importancia a dicha expropiación, a pesar de que la medida representa igualmente una vulneración al Tratado de límites vigente. 

Salvando las diferencias temporales y los poderes relativos de las partes, estas reacciones, diametralmente opuestas, son una muestra de una realidad lamentable para nuestro país, en la que cada cierto tiempo nos vemos sometidos a los abusos de nuestros vecinos justamente porque nuestras autoridades no hacen nada para impedirlo. La expropiación del terreno de referencia que había sido concedido a YPFB en 1958, es un penoso retroceso para los intereses geopolíticos de Bolivia en su proyección hacia al Pacífico, pues así se ve mermada su presencia y gravitación en Arica, que tanto esfuerzo costó conseguir en su momento. 

Pero antes de rememorar cómo se hicieron esos esfuerzos durante los años 50 del siglo pasado, cabe aclarar que la presencia y gravitación de Bolivia en el norte chileno, que es natural, real y hasta ahora, siempre creciente; no debe ser entendida como algo negativo o amenazante para la integridad territorial de Chile, sino más bien como una expresión de la integración económica, física, cultural y, en este caso, energética de nuestros países que contribuye considerablemente al desarrollo de la zona y que lo seguirá haciendo, aún más, si en algún momento Bolivia logra obtener una salida propia al mar, como resultado de un proyecto de integración entre el norte chileno, el sur peruano y el suroeste boliviano.

Como es sabido, después del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento geográfico boliviano, las facilidades que nuestro país obtuvo en territorio y puertos chilenos para acceder al mar se mantuvieron casi sin variantes y con muy pocos avances, a pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de Santiago que han dicho varias veces que esas facilidades son las más amplias y generosas que un país sin litoral ha podido recibir. Pero nada más alejado de la verdad, las facilidades que Chile otorgó a Bolivia después de 1904, se resumen en: almacenamiento gratuito de hasta un año para las cargas de importación y de 60 días para las cargas de exportación, que no se cumple cabalmente en Antofagasta; reconocimiento de que el libre tránsito comprende todo tipo de carga sin excepción alguna, después de Chile había interrumpido el libre tránsito de material bélico por su territorio durante la Guerra del Chaco; jurisdicción exclusiva de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito por territorio chileno, que no se respeta en ninguno de los puertos; y la concesión de terrenos para la instalación y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, que ahora se redujo en 3,5 hectáreas, por determinación unilateral del Concejo Municipal de Arica. 

Es decir, de lo poco que habíamos conseguido, ahora tenemos menos.  Para recordar cómo se obtuvieron esos terrenos, debemos retroceder hasta 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro llegó al poder en Bolivia y empezó a implementar una política de acercamiento a Chile que fue bien acogida por su par chileno Carlos Ibáñez del Campo. Esa aproximación permitió suscribir varios acuerdos para la reglamentación del libre tránsito y para la facilitación del comercio. Uno de ellos, la Declaración de Arica de 1953, es precisamente el acuerdo con el que Chile se comprometió a respetar la jurisdicción de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito de o a Bolivia… 

En ese contexto de entendimiento y cordialidad, que se reforzó con dos inéditos encuentros al más alto nivel en las ciudades de Arica y La Paz, el 31 de enero de 1955 se firmó el Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena, en cuyo artículo 2, inciso g), se estableció que “de acuerdo a los Tratados vigentes sobre libre tránsito, ambos gobiernos convienen en prestar todas las facilidades necesarias para la construcción y operación, por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto entre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y la salida de ese producto a otros mercados”.

En razón de lo cual, el 14 de octubre de 1955 se suscribió en La Paz, un Protocolo Complementario que aclaró que las facilidades a las que se refiere el Tratado y sus detalles, serán establecidas por ambos gobiernos, “mediante cambio de notas”. 

Así, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo mediante el intercambio de notas que tuvo lugar en Santiago el 24 de abril de 1957, que después de especificar los detalles técnicos del oleoducto y referirse a “8 edificios para la operación y vivienda del personal”, señala: “La obra se construirá, en todo lo posible, en terrenos fiscales chilenos que se otorgarán gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso por el tiempo que dure la explotación del oleoducto”. 

De acuerdo a lo convenido, el 2 de julio de 1958, el gobierno de Chile emitió el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización, mediante el cual, después de más de tres años de negociaciones, concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica Sica – Arica, el lote N°2 de 3,5 hectáreas para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

Por todo esto, la expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica, sin la aprobación ni el conocimiento de Bolivia, que representa nada menos que una flagrante violación a los acuerdos mencionados, relacionados todos al Tratado de 1904; debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile.

A poco tiempo de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso registrado como “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile”, no parece que las condiciones estuviesen dadas como para retomar las negociaciones que se han iniciado e interrumpido muchísimas veces a lo largo de la historia.

El gobierno de La Moneda, después de anunciar que no negociará lo que Bolivia solicita, ha decidido cancelar unilateralmente las reuniones del Comité de Fronteras que era el único canal de diálogo oficial y público entre ambos gobiernos; y por si fuera poco, su Canciller, Roberto Ampuero, lejos de comprometerse a cumplir lo que dictamine la Corte cuando los periodistas se lo preguntaron, respondió con evasivas y nerviosismo.

Por su parte, el gobierno de La Casa Grande del Pueblo, tampoco ha hecho las gestiones necesarias como para generar un ambiente de negociación, conseguir el apoyo de la comunidad internacional y preparar al pueblo boliviano para un posible restablecimiento de las negociaciones con Chile. Muy por el contrario, nuestras autoridades han sido exagerada e innecesariamente agresivas con sus pares de Santiago, reduciendo así la predisposición del pueblo chileno hacia cualquier entendimiento; han defendido abiertamente a regímenes autoritarios en la ONU y la OEA, lo que nos ha valido el repudio de algunos países clave para las tratativas con Santiago; y han omitido por completo la evidente necesidad de definir entre los bolivianos qué queremos – qué entendemos por “acceso soberano” – y más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar en esa posible negociación.

No obstante, a pesar de este sombrío panorama, que nos lleva a pensar que no serán estos gobiernos los que negocien y resuelvan el asunto marítimo, la reciente revelación que hizo el periódico chileno La Tercera, respecto a que los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera habrían negociado este tema secretamente entre agosto y diciembre de 2011, nos devuelve de cierta manera las esperanzas.

En efecto, esa versión, que no ha sido desmentida hasta la fecha por ninguno de los dos gobiernos, se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando ambos tienen voluntad política. De hecho, llama la atención que esas tratativas se hayan podido desarrollar justamente cuando las relaciones político-consulares boliviano-chilenas se hallaban en muy mal momento.

respecto, cabe recordar que: en febrero de ese año, el General René Sanabria de la Policía Boliviana fue detenido por tráfico de drogas en un operativo realizado conjuntamente por la DEA de Estados Unidos y Carabineros de Chile, cosa que molestó mucho a Evo Morales porque no se le informó a pesar de los acuerdos que se habían firmado entre La Paz y Santiago para compartir información sobre narcotráfico; en marzo, el presidente Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile, lo que fue considerado por Piñera como “un serio obstáculo para las relaciones de ambos países” y el Ministro de Defensa, Andrés Allamad, aseguró que las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran en condiciones de hacer respetar los tratados y de cautelar la soberanía chilena; y en junio, 14 soldados bolivianos fueron detenidos cerca de la frontera por Carabineros chilenos que bajo acusaciones de robo y porte ilegal de armas, los enmanillaron, engrillaron y encapucharon como si se tratara de unos delincuentes de alta peligrosidad, y si bien fueron liberados sin culpa al poco tiempo, el trato que recibieron agravó aún más las tensiones.

Con esos antecedentes, los delegados especiales, San Miguel y Bunster, comenzaron a negociar secretamente una solución al tema marítimo y pese a que se aclaró desde el principio por parte del chileno que la soberanía no estaba sobre la mesa, ambos convinieron en que se trataba de una solución “de medio camino”, “con horizonte de soberanía”, tal como informa La Tercera (2/09/2018).

En las tratativas, que se desarrollaron en 5 reuniones celebradas en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz, se avanzó en un arreglo que consistía en dos enclaves sin soberanía para Bolivia: uno de tipo industrial en algún punto cerca de Iquique (Pisagua, Punta Patache o Patillos) o en Mejillones, “en la línea de lo que fuera el entendimiento Lagos-Banzer”, y el otro enclave para fines turísticos y eventualmente comerciales, que sería entregado en comodato por 99 años en la playa Las Manchas, situada al norte de Arica, fuera de la zona portuaria y aeroportuaria del lugar. Por esa razón, también se habló de que Chile transfiera a Bolivia un muelle en el puerto de Arica y una terminal o faja de aterrizaje en el aeropuerto de Chacalluta.

Para que Bolivia pueda acceder a esos dos enclaves no soberanos, el negociador boliviano propuso que la administración de los ferrocarriles Arica - La Paz y Oruro - Antofagasta, así como de la carretera Arica – Tambo Quemado, pasen a manos del Estado boliviano. Lo cual fue rechazado por el chileno.

cambio, Bolivia debía desistir de su demanda, levantar el veto a la venta de gas a Chile y resolver el tema de la Constitución, es decir cambiar o eliminar la disposición que obliga al Ejecutivo a renegociar los tratados que sean contrarios a la Carta Magna, puesto que, según el gobierno chileno de entonces, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sería uno de ellos.

Este interesante arreglo de medio camino, que además comprendía una solución para el tema del Silala, similar a la que se había negociado en 2009, no pudo concretarse, siempre según La Tercera, debido a que San Miguel consideró que lo ofertado por Chile era “muy poco significativo como para aspirar a ser ‘una solución de medio camino’”.

En su último informe, Bunster le dice Piñera: “Parece claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la demanda marítima…”.

Por lo dicho, queda claro que la revelación de La Tercera, que seguramente fue publicada con la intención de descomponer aún más las relaciones entre ambos países y quizás eliminar las expectativas bolivianas por hablar de soberanía; es en realidad un muy buen antecedente que sin duda podría servir para retomar las tratativas boliviano-chilenas sobre el asunto marítimo, más aún si la Corte nos da la razón y obliga a Chile a sentarse a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico.

La actual conflictividad de las relaciones boliviano – chilenas tiene sus orígenes principales en 1879, cuando Chile invadió a Bolivia y le arrebató todo su vasto, rico y único litoral. No obstante, en el corto plazo, esa conflictividad, que se ha manifestado recientemente en el apresamiento de 9 funcionarios del gobierno boliviano en territorio chileno por más de 100 días; tiene sus inicios a finales de 2010, cuando se congeló la Agenda de 13 puntos.  

En efecto, entre los años 2006 y 2010, los gobiernos de Michel Bachelet y Evo Morales protagonizaron un inédito e interesante acercamiento, condensado en lo que se conoció como la Agenda de 13 puntos, que demostró en los hechos que bolivianos y chilenos sí son capaces de negociar el tema marítimo y otros asuntos pendientes entre los dos países, como el tema del Silala, el libre tránsito, el ferrocarril Arica – La Paz y el desminado de la frontera, entre otros. 

En ese periodo de casi un lustro, el Mecanismo de Consultas Políticas Chile – Bolivia, encargado de la Agenda de 13 puntos y dirigido por los vicecancilleres de ambos países, se reunió 2 veces al año con el fin de avanzar y resolver paulatinamente esos 13 puntos, en un ambiente distendido y cordial, que se replicó en otros ámbitos de la relación bilateral. 

Ciertamente, en ese tiempo no sólo los vicecancilleres y sus grupos de trabajo se juntaron, sino que también lo hicieron ministros, viceministros, senadores, diputados, militares, policías, alcaldes, periodistas, artistas e indígenas; bolivianos y chilenos, que celebraron encuentros, homenajes, visitas, talleres, conciertos y acuerdos en el marco de la “diplomacia de los pueblos”, ideada y forjada por el entonces Canciller de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, en base a los saberes de nuestros abuelos y a un espiritualismo cósmico.

En ese ambiente, en agosto de 2009 se alcanzó un preacuerdo sobre las aguas del Silala que se ha convertido en el máximo avance de toda la historia en ese tema. Se acordó que “el 50% [del caudal] corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo” (artículo 6).
No obstante, cuando ese preacuerdo se hizo de conocimiento público, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) manifestó su absoluto rechazo porque no incluía la “deuda histórica”, que abarca los más de 100 años que empresas anglo-chilenas aprovecharon de esos recursos en territorio chileno de manera gratuita y no consentida por parte de Bolivia. 

Así, durante la siguiente reunión de la Agenda de 13 puntos, que se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de julio de 2010 en La Paz, el gobierno boliviano informó al chileno del rechazo de COMCIPO y le solicitó formalmente incluir la deuda histórica en el preacuerdo. La delegación chilena aceptó considerar la solicitud y se introdujo el siguiente compromiso en el Acta que los vicecancilleres de los dos países firmaron en esa ocasión: 

“Ambas delegaciones conversaron respecto al proceso de socialización en Bolivia del Acuerdo Inicial del Silala; planteando Bolivia el tema de la deuda histórica. En virtud a que no existen coincidencias al respecto, ambas delegaciones acordaron que el Grupo de Trabajo sobre la temática del Silala se reúna nuevamente con el objetivo de conocer, analizar y responder, todas las propuestas surgidas a raíz del proceso de socialización del Acuerdo Inicial. Dicho Grupo de Trabajo deberá elevar un informe a la próxima reunión del Mecanismo de Consultas Políticas” (punto 7).   

Sumado a ello, en el punto referido al tema marítimo se incluyó el siguiente compromiso que es sin lugar a dudas el mayor avance alcanzado desde los años ochenta del siglo pasado en términos de negociación: “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas, que beneficien el entendimiento y la armonía de ambos países” (punto 6). 

No obstante, la siguiente reunión, que tenía que celebrarse en noviembre de 2010 en Arica, según lo convenido en esa misma ocasión, nunca se realizó. Chile postergó el encuentro y luego lo canceló definitivamente sin dar explicaciones. 

En esas circunstancias y después de que los Cancilleres de ambos países se reunieron infructuosamente en Santiago y La Paz para retomar las tratativas; se produjo un hecho que vino a ser la gota que derramó el vaso y que seguramente terminó por agotar la paciencia del Mandatario boliviano: el arresto del General René Sanabria en Panamá, como parte de un operativo conjunto, ejecutado por las agencias antinarcóticos de Chile y Estados Unidos, OS7 y DEA, respectivamente.  

Morales calificó el hecho como una “deslealtad” de parte de Piñera, porque ambos países se habían comprometido a intercambiar información sobre narcotráfico en un acuerdo de 2008 y porque el arresto de Sanabria parecía develar una conspiración entre los dos países que más desconfianzas generan en Palacio Quemado.  

A los pocos días, Morales solicitó a Chile una propuesta escrita sobre el tema marítimo para debatir un posible acuerdo. Pero como Santiago respondió con evasivas, aduciendo su Canciller, Alfredo Moreno, que Chile no trabaja por plazos sino por resultados, a pesar de que era evidente que no se había logrado ningún resultado; el Presidente de Bolivia decidió dar un golpe de timón en su estrategia de reintegración marítima.   

Ciertamente, el 23 de marzo de 2011, aprovechando la conmemoración de los 132 años de la heroica batalla de Calama, Evo Morales anunció por primera vez su decisión de acudir a tribunales internacionales “demandado en derecho y justicia una salida libre y soberana hacia el Océano Pacífico”.  

Lo demás es historia conocida, la conflictividad resurgió inmediatamente y con el paso del tiempo muchos olvidaron que entre 2006 y 2010, bolivianos y chilenos estrechamos vínculos en casi todos los niveles de la administración pública y de la sociedad civil sin restablecer relaciones diplomáticas. Un atípico y reciente acercamiento que nos demostró, una vez más, a los ciudadanos de ambos países, a los jueces de la Corte Internacional de Justicia y al mundo entero, que bolivianos y chilenos podemos dar ese gran paso hacia la solución definitiva de nuestras diferencias en una negociación. 

Finalmente, si bien es cierto que por parte de Chile el acercamiento lo inició y protagonizó Bachelet, el compromiso más importante, es decir el de proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, lo suscribió el gobierno de Piñera el 14 de julio de 2010, mediante el Subsecretario de Relaciones Exteriores Fernando Schmidt.