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Un poco de historia.  La primera Ley de Imprenta está fechada el 7 de diciembre de 1826; el 13 de noviembre de 1844 se ratificó su vigencia y fue sucesivamente modificada el año 1861, 1868 y 1899. El 6 de febrero de 1900 se aprueba una nueva Ley de Imprenta y el 29 de marzo de 1900 su Reglamento. Avanzando el siglo XX se aprueba la Ley de 17 de enero de 1918 y  el  Decreto Supremo de 22 de febrero de 1918. Finalmente, el 17 de julio de 1920 se aprueba el Decreto Supremo que es el último Reglamento de Imprenta vigente hasta ahora. La Ley de 19 de enero de 1925 declaró como LEY DE IMPRENTA al REGLAMENTO DE IMPRENTA de 17 de julio de 1920 y derogó la Ley de 17 de enero de 1918 y su Reglamento de 22 de febrero de 1918.  Es importante esta precisión de datos históricos porque en los últimos meses se confunden las disposiciones de inicios de siglo. 

El 19 de septiembre de 1951, el Presidente Gral. Hugo Ballivián emite el Decreto Ley Nº 2720, el cual suprime el Jurado de Imprenta dispuesto por la Ley de 19 de enero de 1925 e incorpora a sus alcances a todas las radiodifusoras y emisoras al ámbito de protección de la Ley de Imprenta. El 17 de julio de 1997, mediante Decreto Supremo 24708, se abrogó el DL 2720, recuerdo el debate que se produjo en ese momento y las razones que utilizamos para promover la abrogación de la norma. En ese momento nos encontrábamos en los inicios de la Reforma Penal y el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal incorporó jurados para la mayor parte de los juicios penales. 

¿Qué derechos protege la Ley de Imprenta?  La Libertad de pensamiento y la libertad de expresión son derechos importantes para lograr el respeto de los demás derechos. Sin embargo, su protección no se encuentra en la Ley de Imprenta, la protección de esos derechos de forma clara, contundente y precisa la encontramos en la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad, especialmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.  La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, van construyendo un sistema de garantías que amplía los derechos y denuncia los excesos de los Gobiernos contra la libertad de prensa.  En definitiva, ni siquiera la reserva de la fuente, que es el único derecho expreso de la Ley de Imprenta, tiene una adecuada redacción, no porque sea una mala ley, la razón de las deficiencias en la identificación de los derechos se encuentra en su tiempo, ya que el lenguaje de los derechos humanos avanzó significativamente después de 1918.

¿La Ley de Imprenta protege solo a los periodistas que imprimen en papel: periódicos y revistas? La Ley de Imprenta, al definir el ámbito de regulación en su artículo 2, sostiene: “Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento…”. De esta forma queda establecido que la Ley de Imprenta de 1925 debe ser aplicada no solo a los medios impresos, sino también a las radios, la televisión, los periódicos digitales, el Facebook y el twitter, todos los medios están protegidos. La afirmación anterior genera una segunda pregunta, solo los periodistas titulados, los licenciados en comunicación social o quienes están colegiados en las Asociaciones de Periodistas están protegidos por la Ley de Imprenta o todos los ciudadanos estamos protegidos. Sobre el tema, la respuesta nos la da la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, que sostuvo: “De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas”.

¿Entonces por qué una ley de imprenta? El valor de la Ley es la forma de enjuiciamiento de los delitos y faltas de imprenta con la participación de Jurados y en eso existe una diferencia que es fundamental porque nos protege a todos los ciudadanos de la arbitrariedad, del abuso del poder cuando se manifiesta en su contra o lo critica. La diferencia está en el Jurado de Enjuiciamiento, que solo puede juzgar delitos de calumnia e injuria cuando la víctima es un funcionario público; en el caso de que la difamación sea contra un ciudadano común la acción penal debe ser presentada ante los jueces ordinarios y está sujeta al Código Penal ordinario. 

El tiempo de prescripción, la naturaleza jurídica de la calumnia, la injuria y especialmente la responsabilidad que se asume cuando se critica a un Funcionario Público son el ámbito de regulación y definición de esta Ley.  El Jurado de Enjuiciamiento debe ser designado por el Concejo Municipal; en las capitales de Departamento se debe contar con 40 ciudadanos y en los Municipios de las provincias 20 ciudadanos. Cada vez que se presente la necesidad de iniciar un Juicio de Imprenta, se constituye el Tribunal con 12 de los 40 ciudadanos y se procede a llevar un juicio oral, público, contradictorio que debería durar unas horas. 

En ese sentido, la Jurisprudencia Constitucional de nuestro país es consistente, las Sentencias Constitucionales 389/2002-R y 036/2003-R confirman la vigencia de estos Tribunales. Para el futuro, la buena noticia es que la totalidad de los Municipios del país, en sus Cartas Orgánicas, ratifican esta facultad -de sus Concejos Municipales-  de designar a los Tribunales de Imprenta. 

¿Por qué no funcionan los Tribunales de Imprenta?  En la ciudad de La Paz, el Consejo Municipal ha cumplido sus funciones y tenemos a los 40 Jurados designados y listos para ser convocados por el Juez de Sentencia que reciba un caso de delito de imprenta. Es el Juez de Sentencia en lo Penal quien debe convocar a los 40 Jurados y junto a las partes seleccionar a los 12 que dictarán sentencia en el caso concreto.  Siendo que solo los FUNCIONARIOS PÚBLICOS pueden activar este procedimiento, su falta de funcionamiento se da porque ellos no presentan casos contra los ciudadanos y periodistas que ejercitan la libertad de expresión. En esto, llama la atención los casos seguidos por Sedición o los reclamos contra algunos periodistas denominándolos “Cartel de la mentira”, el camino legal para confrontar sus afirmaciones y juzgarlos es el definido por la Ley de Imprenta. No es admisible utilizar otros tipos penales o delitos que no les aplican por el principio de especialidad.  La norma es precisa, cuando un FUNCIONARIO PÚBLICO considera que se afectó su honra, cuando considera que el ataque de los ciudadanos en los medios de comunicación crea consecuencias contra la seguridad, la economía, el honor o valores superiores debe acudir al procedimiento legal, debe dar ejemplo de respeto a la Ley y presentar su caso ante los Tribunales de Imprenta. Este mismo razonamiento aplica al procesamiento por opiniones difamatorios en las redes sociales. Por ello el escaso funcionamiento de los Tribunales de Imprenta presenta un alto grado de democracia e incluso de tolerancia de los funcionarios públicos que asumen el debate de ideas como un valor importante de la democracia. Desde una perspectiva negativa, da la impresión de que los políticos no aceptan acudir a tribunales imparciales y por eso prefieren hablarnos de cambiar la Ley de Imprenta. 

Considero importante descartar las dos ideas que los políticos sostienen para cambiar la ley de imprenta. La primera se refiere a que la ley está desactualizada, ese argumento representa una falacia, las leyes se actualizan no solo por su reforma legislativa, su aplicación e interpretación se modifica también por las reformas Constitucionales, por la adhesión a los Instrumentos Internacionales de protección a los Derechos Humanos y especialmente por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional Plurinacional; definitivamente la Ley de Imprenta está actualizada porque su aplicación debe tomar en cuentas todos esos tratados y jurisprudencia vinculante. El segundo argumento es que los políticos no necesitan protección, que se busca cambiar la ley de imprenta para proteger a los jóvenes afectados por el ciberbulling, a los ciudadanos atacados por periodistas mal intencionados, a la prensa amarilla, a la crónica roja e irresponsable; la respuesta es que todas esas conductas, si afectan al ciudadano común a la persona que no es funcionario público, no están protegidas de ninguna forma por la Ley de Imprenta.  La Ley de Imprenta de 1925 nos protege a todos los ciudadanos de la limitación a la libertad de expresión en todos los medios de expresión y difusión del pensamiento, por eso su defensa es también la defensa de la libertad de expresión en las redes sociales.

¡Ya era hora! De verdad era necesario que esto pasara y -gracias a Dios- pasó. Más de 100 Premios Nobel fustigaron a Greenpeace por su terco rechazo a los alimentos genéticamente modificados -los denigrados transgénicos- impidiendo que mucha gente pobre pueda producir y comer, más y mejor. No fue una carta de cortesía, tampoco fue a hurtadillas, mas bien, con la entereza de quien dice la verdad, los más de cien Premios Nobel en Física, Química, Medicina y Economía, fueron de frente contra la organización ecologista denunciando su obstinada oposición a los alimentos genéticamente mejorados.

Y si bien el pasado 16 y el 17 de mayo, los que se oponen a la producción agrícola con biotecnología recibieron duros reveses por los Informes de la OMS, FAO y la Academia Nacional de Ciencias de EEUU dando cuenta de la inocuidad de los cultivos genéticamente modificados así como del herbicida glifosato, el 30 de junio del 2016 marcará un antes y un después para Greenpeace -y para otras ONG y sus financiadores- cuya intransigente oposición solo se podría explicar por una ignorancia supina, un desvarío fetichista o el oprobioso interés por seguir lucrando de ingentes fondos particulares a costa del sufrimiento de la gente.

Algo que en verdad indignó a los más de 100 Premios Nobel fue la tenaz oposición de Greenpeace al arroz dorado, un cereal modificado genéticamente para producir la vitamina A en el mismo arroz, para combatir la ceguera endémica en África y Asia, siendo que la OMS estima que 500.000 niños quedan ciegos cada año por tal carencia, claro…¡qué les importa a Greenpeace y a todas esas entidades si sus hijos comen bien, tienen excelentes médicos y nunca sufrirán dicho mal!

“¿Cuántos pobres más deberán morir para considerar esto un crimen de lesa humanidad?” preguntaron los Premios Nobel a tiempo de indicar que por la evidencia científica los alimentos transgénicos son tan o más seguros que cualquier otro.

Con el aplomo de quienes han destacado entre los 7.000 millones de habitantes del planeta, los más de 100 Premios Nobel instaron a través de una carta pública a que acabe la campaña de desprestigio contra los transgénicos que pese a las arengas, insultos y agresiones de Greenpeace y otras como Oxfam, Genok, Third World Network, Friends of Earth y ETC Group, que la pasan bien satanizándolos, en 20 años de consumo no causaron un solo caso de afectación a la salud sino todo lo contrario.

Amigo, amiga ¡súmese a esta cruzada! Firme en www.supportprecisionagriculture.org

La empresa AMETEX (AMÉRICA TEXTIL S.A.)[1]  de propiedad del señor Markos Iberkleid nunca fue comprada por el gobierno del Presidente Evo Morales ni tampoco el gobierno asumió sus deudas. Ya desde el año 2006 AMETEX estuvo en manos de una “Junta de Acreedores” conformada por entidades y personas a las que esta empresa adeudaba distintos montos de dinero; la Junta de Acreedores inició la liquidación de la Empresa  y por tanto esa empresa se encuentra actualmente “en liquidación” y presenta regularmente sus balances a las autoridades.

Ya desde el año 2003,  y mucho antes de cerrarse el ATPDA (preferencias arancelarias) con Estados Unidos en 2009, AMETEX tenía graves problemas económicos. Ese año 2003 AMETEX recibió dos préstamos de NAFIBO (Nacional Financiera Boliviana).

Sin lograr superar sus problemas financieros, el 2005, durante el gobierno de Rodriguez Veltzé, AMETEX tuvo que iniciar su internación en el denominado ‘HOSPITAL DE EMPRESAS’  acogiéndose a la Ley de Reestructuración y liquidación de Empresas (No. 2494) que tenía el propósito de SALVAR EMPRESAS EN PROBLEMAS.

Los años 2008 y 2011,  durante el gobierno del Presidente Evo Morales, estando ya la empresa en el ‘hospital’, se le dieron dos préstamos adicionales especialmente orientados a las empresas que usaban mercados del ATPDA (DS 29153 y afines).    

A 2012 las deudas financieras que tenía AMETEX llegaban a 31 millones de Dólares, pero seguía funcionando con algo más de 1600 trabajadores; hasta que el 21 marzo del 2012 la Junta de Acreedores de AMETEX envía una desesperada carta al Gobierno anunciando la posible paralización de actividades y su inminente cierre[2]; solicitaban un nuevo apoyo.

Ese mismo 2012, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Autoridad de Empresas AEMP, evalúa la situación económica de AMETEX y detecta serios indicios de lo que el Código de Comercio define como “quiebra fraudulenta” (art. 1657 num 4 y 7); es decir que la reiterada amenaza de quiebra mostrada por AMETEX no era real; AMETEX estaba en quiebra “artificial”.

Se detectó que se crearon empresas offshore utilizadas para camuflar las ganancias de AMETEX desviando esas ganancias a empresas de la misma familia Iberkleid en paraísos fiscales. Para esto se manejó fraudulentamente los precios de comercio: por ejemplo,  una prenda cuyo costo de producción para AMETEX era 5 $us., se vendía a 3 $us. a una empresa offshore de la familia Iberkleid en el exterior, la cual a su vez vendía en 15 $us. la misma prenda a otra empresa offshore o a los clientes.  De esta manera AMETEX registraba pérdidas todo el tiempo, mientras la otra empresa de Iberkleid se enriquecía sin mayor esfuerzo.  Esta quiebra artificial provocada por los accionistas principales de la empresa fue muy efectiva para, además de evadir impuestos y mantener su dinero fuera del país, presionar y chantajear al Estado Boliviano y a los sucesivos gobiernos y seguir sacándole créditos; logrando además movilizar constantemente a los más de mil trabajadores que, sin conocer esta situación, apoyaron a Markos Iberkleid en su permanente pedido de créditos que casi nunca se pagaron/honraron.

Frente a este delito y luego de recopilar las pruebas necesarias, la Autoridad de Empresas AEMP, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo, inició en 2013 un juicio penal a los señores Iberkleid cuyos detalles están actualmente en la fiscalía.

Esta fue la gran estafa de los Iberkleid a Bolivia.

El 2012, frente al inminente cierre de AMETEX, el Ministerio de Desarrollo Productivo tuvo ante sí un dilema: cómo evitar que se cierre la última gran empresa textil boliviana y evitar también que 1600 trabajadores queden en la calle sin haber recibido ni siquiera sus beneficios sociales[3]; pero a la vez, sin cargar al Estado una millonaria y fraudulenta deuda acumulada por Iberkleid.

La respuesta fue dejar que la empresa AMETEX continúe su proceso de liquidación y crear una nueva empresa que no pierda la infraestructura montada de AMETEX y que rescate la mano de obra (calificada) que AMETEX dejaba cesante.

Dejar que muera la última gran empresa textil boliviana hubiera sido un acto de cobardía; hubiera sido darle la espalda a los obreros, a la industrialización de nuevo tipo; renunciar a construir procesos productivos con nueva lógica y nuevos principios.  Hubiera sido dejar de creer que otra economía es posible.  ¡No!, no se podía dejar a Bolivia sin una industria que además podría convertirse en centro y corazón de toda la industria textil nacional porque -como en ningún otro país de la región- encadenaba la producción desde el algodón hasta la prenda final[4].

¡Sí!, hubiera sido un acto de cobardía no luchar por todo eso.

La opción del Ministerio de Desarrollo Productivo fue, por tanto, no seguir el camino seguido en los oscuros años 80 y 90 por las ex empresas textiles Said, Soligno, Hilbo, Forno, Texturbol, [5] etc.; fue luchar por la industria.  Y esa opción se hizo decisión del gobierno del Presidente Evo Morales el 11 de Junio de 2012 aprueba el Decreto Supremo 1253 de creación de la empresa pública nacional estratégica, ENATEX.

Más tarde, durante los más duros momentos de crisis de ENATEX a finales del año 2014 y principios del 2015, cuando los bolivianos abarrotaron las tiendas de ENATEX decididos a evitar que nuestra empresa muera, tuve la certeza de que nuestra decisión fue correcta.

Con esta decisión, al crearse ENATEX se solicitó a la Junta de Acreedores de AMETEX el alquiler de las plantas de producción que ya no estaban funcionando, se logró el voto mayoritario de esa junta para aprobar el alquiler,  y se contrató a los 1600 ex trabajadores de AMETEX que habían quedado sin trabajo.

Ya en el año 2014 se invirtieron 15 millones de dólares en comprar a AMETEX las instalaciones y maquinaria que inicialmente estaban alquiladas y en octubre de ese año se exigió a la Junta de Acreedores de AMETEX y garantizó que ese monto se destine en su totalidad al pago de los beneficios sociales que AMETEX debía a sus obreros. Cada obrero recibió en promedio $us 8.000 por ese concepto; Iberkleid no recibió ni un centavo.

Con esta inversión, la empresa pública ENATEX se hizo propietaria de la maquinaria e infraestructura montada (las plantas de producción) evitando así su desmantelamiento y pérdida; y a la vez viabilizó el pago de beneficios sociales a todos los ex trabajadores de AMETEX, que de otra forma probablemente nunca hubieran podido recibir.

Se habían cumplido así los objetivos de rescatar las fuentes de trabajo de obreros, mantener el enorme capital humano de la mano de obra altamente especializada y finalmente mantener con vida el posible “buque insignia” de la industria textil boliviana; sin fraudes ni quiebras fingidas para enriquecer a privados y sin cargarle al Estado esas deudas fraudulentas y delincuenciales; potenciarla como empresa estratégica del Proceso de Cambio.

Hasta aquí el relato y explicación del porqué del nacimiento de ENATEX.  Queda hacia adelante el relato y explicación necesaria de las batallas que dimos después.  En esas batallas tuvimos grandes éxitos y también duros fracasos, enfrentando los límites reales y siempre riesgosos de una experiencia audaz y creativa de nuevo tipo.  Una vivencia cuya mayor utilidad será servirnos a todos para dibujar mejor y con mayor seguridad nuestro futuro; una vivencia de la que estoy orgullosa y sobre la que asumo total responsabilidad.  De esos éxitos y fracasos hablaremos más adelante.

TEXTO ORIGINALMENTE PUBLICADO EN LA RAZÓN EL DOMINGO 3 DE JULIO, PUBLICADO CON AUTORIZACIÓN DE LA LIC. TERESA MORALES OLIVERA. 

[1] AMETEX: conformada por las plantas HILASA, UNIVERSLATEX, MEX, MATEX Y BATT.

[2] Se suma a esta carta el informe de marzo de 2012 de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que alertaba al mercado por la evidente incapacidad de AMETEX de pagar deudas “con su propia generación”.

[3] Valiosa mano de obra  de obreros, altamente especializada y entrenada en más de una década de producción.

[4] Hilo-tela-teñido-corte-confección y embellecimiento de prendas de algodón de la más alta calidad en el mundo.

[5] Las instalaciones de la ex fábrica Soligno, donde viven decenas de familias de ex trabajadores que se repartieron pedazos de galpones y rincones de terrenos en los que construyeron como mejor pudieron sus viviendas para compensar en algo la pérdida de sus beneficios sociales, son un ejemplo viviente de esa debacle.

La Plataforma por la Vida y la Familia convocó a una Gran Marcha para el 22 de junio de 2016, en Santa Cruz de la Sierra, a fin de rechazar la Ley de Identidad de Género promulgada en Bolivia, por afrentar a la familia natural -esto es, a partir de un varón y una mujer- con la consigna de que defender la familia natural es defender la Humanidad.

Su preocupación es que -a la posibilidad del cambio de sexo en la identificación de un hombre y una mujer- el siguiente paso sea pretender consagrar el matrimonio entre personas de igual género y adoptar a niños induciéndolos a igual comportamiento a temprana edad, resultando aquello un subterfugio, siendo que la CPE solo avala el matrimonio hombre-mujer y no entre personas del mismo género.

Muchas expresiones a favor y en contra se han dado desde la sociedad civil a partir de este rechazo, lo que en democracia no está mal por el derecho a la libre expresión, sin embargo, un concepto altamente peligroso -“el odio”- se ha puesto en escena usándoselo para denostar al contrario, en lugar de debatir ideas.

Pero, no han sido quienes rechazan aquella ley sino más bien los activistas que la promovieron -de una forma inusitada hasta hacerla aprobar, pasando por alto decenas de miles de firmas presentadas contra la misma- quienes ahora, ante cualquier crítica contraria a dicha norma o de la práctica de la homosexualidad, lesbianismo, etc., se quejan de que “se les odia”.

En relación a esto último, se dice que ya hay en el Legislativo una propuesta de Ley de Crímenes de Odio que podría determinar la cárcel para quien cause daño sicológico con impedimento por cuestión de homofobia, transfobia, intolerancia, etc.

La Plataforma por la Vida y la Familia ve además en aquella ley una intromisión extranjera -la “ideología de género y abortista”- y su temor es que el día de mañana “hombres y mujeres usen los mismos baños en colegios, centros comerciales, instituciones públicas y privadas”, con el consecuente riesgo para nuestros hijos, y advierte además que “no se podrá oponer a que se eduque y manipule a nuestros hijos, enseñándoles desde el Kinder a decidir si es hombre o mujer pasando por alto su sexo biológico”, so pena de ser tildado de homofóbico o discriminador e ir preso por ello.

Quienes creemos en Dios -más allá de lo que diga el hombre- sabemos por su Palabra que Él mismo instituyó y bendijo el matrimonio entre un varón y una mujer, y creó el sexo diferenciado para que el ser humano se reproduzca. Obedecer, es cuestión de fe.

Cuando se da un cambio radical de la correlación de las fuerzas sociales, cuando fracciones dominadas pasan a ser dominantes en lo político, los cambios que se dan en la realidad, pasan luego a expresarse como cambios en la normativa, en las leyes y las normas que rigen formalmente las relaciones sociales y las relaciones institucionales.  

Esto pasó en Bolivia aquellos años.  Primero se dio el cambio en la correlación de fuerzas en un largo proceso de acumulación, batalla tras batalla desde el año 2002, en el que las fuerzas entonces políticamente dominadas logran pasar a ser dominantes con la llegada de Evo a la Presidencia el año 2006.  Después, en mayo de ese año, se emite el Decreto de Nacionalización de los hidrocarburos que fue la expresión directa del cambio en esa correlación de fuerzas sociales producido en Bolivia

Este Decreto, fue la primera norma emitida desde el Estado, que expresaba en el sector de hidrocarburos, las nuevas condiciones emergentes de la transformación que había vivido la realidad social y política.

La normativa neoliberal vigente hasta ese momento expresaba una específica correlación de fuerzas en la que las empresas petroleras, como fuerzas activas dentro de la realidad política del país, ocupaban su lugar dominante.

Con excepción de una parte de la normativa del sector, que había sido impuesta por los movimientos sociales en su proceso de acumulación de fuerzas (Artículos específicos en la Ley de Hidrocarburos No. 3058 del año 2005), el resto había sido diseñada como “traje a la medida” de las empresas petroleras, a medida de la fuerza dominante.

Con el Decreto de Nacionalización se impone una ruptura de esa normativa y se cambian las reglas de juego; las nuevas fuerzas que emergen como dominantes en ese período empiezan a escribir sus nuevas reglas, empiezan a rayar la cancha de forma distinta.

Cuando el cambio es radical, suele pasar que los actores sociales toman su tiempo para digerir la nueva realidad; se da un desfase entre lo nuevo que se despliega y la forma en la que algunos actores sociales perciben estos cambios.  Este desfase se presenta porque lo nuevo es visto desde la perspectiva de lo viejo.

En este sentido, después que se emite el Decreto de Nacionalización, una reacción de las empresas petroleras hasta ingenua, pero comprensible, fue asumir que era simplemente un Decreto, pero que en el país existía toda una estructura jurídica que había establecido las reglas del juego neoliberal y que un Decreto no podía echar por la borda su intrincada red de contratos, normas, reglamentos y decretos.

Bajo esta perspectiva de las cosas, los primeros días de las negociaciones, algunas empresas petroleras intentaron explicar sus posiciones argumentando artículos de la Ley de Hidrocarburos vigente y sus reglamentos.  

La primera aclaración necesaria fue que las Leyes, los Decretos y reglamentos eran, en lo fundamental, simple y sencillamente la expresión de la voluntad del dominante, y que en Bolivia se había dado un cambio en la correlación de fuerzas; que esta vez el gobierno no expresaba la voluntad de las clases dominantes, esta vez expresaba el mandato del pueblo soberano.  En tal sentido, en ese momento teníamos la fuerza histórica, social y política suficiente para cambiar las Leyes, los Decretos y los reglamentos, para hacer que se adecúen a las nuevas condiciones.  El equipo negociador boliviano, dejó claramente establecido que “las leyes y los decretos, los hacemos nosotros los bolivianos y los cambiamos también, nosotros los bolivianos”.

En estas circunstancias, de poco o nada podía servir a las empresas esgrimir en su defensa tal o cual Artículo de tal o cual Ley o reglamento.  Cuando alguna empresa intentaba hacerlo, nuestra reacción era pedirle el dato preciso para que “nos encarguemos de derogar ese artículo”.  

Bromas aparte, se les explicaba también a las empresas que el Decreto de Nacionalización abrogaba y derogaba todo Decreto, Reglamento o resolución contraria a sus disposiciones, como se estila; pero que adicionalmente daba al Ministerio de Hidrocarburos plena potestad para definir todos los asuntos necesarios hasta la emisión de nuevos Decretos reglamentarios.  Con lo que toda la muralla jurídica neoliberal creada años atrás caía cual castillo de naipes.

No tardaron mucho las delegaciones en comprender esta parte del asunto, en comprender que el pasado no les servía en absoluto como escudo.  Sin embargo, quedaba otro tema pendiente, las normas a futuro.

Cuando nuestro equipo empezó a poner sobre la mesa las nuevas condiciones, evidentemente  duras y distintas a las anteriores, las empresas empezaron a argumentar que nuestras propuestas no estaban en el marco de “lo comúnmente aceptado”.

Fue en esta etapa que por varios medios intentamos que comprendieran una vez más, que en Bolivia mandábamos los bolivianos y que en tal sentido, podíamos y estábamos en condiciones de establecer las reglas a futuro de acuerdo a nuestro mejor criterio. 

Pongamos un ejemplo.  En el mundo, “lo comúnmente aceptado” es que las empresas petroleras tengan una tasa de ganancia extraordinaria por “el riesgo que corren” en la exploración y búsqueda de reservorios de hidrocarburos.  A nosotros nos tenía sin cuidado que este criterio fuera “lo comúnmente aceptado”.  Para nosotros, ese “riesgo” expresado por cierto en la posibilidad de que “perdieran” cientos de millones de dólares, no era otra cosa que parte del costo; si “perdían” 10 o 100 millones debían ser considerados en sus costos; en realidad no “perdían” 10 o 100 millones, invertían.  Por lo tanto, ese “riesgo” no justificaba en absoluto su pretensión “comúnmente aceptada” de tener tasas extraordinarias de ganancia, implicaba solamente la consideración de costos mayores o menores.

Sin duda, no era ni el momento ni el lugar para debates conceptuales, pero insistimos en que el criterio nuestro sería el que se aplicaría.  Si ellos seguían considerando el “riesgo” para evaluar los resultados y tomar sus decisiones, era un asunto de ellos, porque nuestros análisis y nuestras propuestas se harían sin considerar “su riesgo”, se harían considerando por el contrario, mayores o menores costos.  Se dejó claro que nuestras decisiones se tomarían bajo ese criterio.

Era de esperar que esta diferencia conceptual y otras similares, fueran puestas reiteradamente en la mesa de negociación por parte de las empresas, hasta que para cerrar estos debates tan distraídos como insulsos, resultamos acuñando una frase que en tono de broma dejaba sentada nuestra posición inequívoca: 

 “Si los bolivianos queremos, sacamos un Decreto Supremo en el que se establezca, que en el sector de hidrocarburos en Bolivia, 2 + 2 es igual a 5.  Y ustedes, las empresas, estarían obligadas a calcular de esa manera”.  

Manuel Morales Olivera

El Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos señalaba que sólo podían seguir operando en el país las empresas que acataran inmediatamente sus disposiciones.  Adicionalmente establecía un plazo de 180 días para que las empresas petroleras firmen nuevos contratos de acuerdo a las nuevas condiciones establecidas.

No faltó la empresa que en su primera reunión de negociación de los nuevos contratos y en su primera intervención señaló que se reservaba el derecho de recurrir a un arbitraje internacional en caso de no llegar a un acuerdo sobre los nuevos contratos.  El equipo boliviano pidió que la posición expresada por la empresa fuera entregada oficialmente por escrito de inmediato; le recordó que en cuanto hiciera eso, en aplicación del Decreto de Nacionalización sus campos y plantas serían inmediatamente tomadas por YPFB y el Ejército.  Dicho esto, el equipo boliviano dejó la sala de reunión.   Nunca llegó la carta y a ninguna otra empresa petrolera se le ocurrió volver a cometer el mismo error.  ¿No le teníamos miedo a un arbitraje internacional?  En absoluto, el tema había sido rigurosamente trabajado para la redacción del Decreto de Nacionalización.

Antes del Decreto, las empresas tenían firmados Contratos de Riesgo Compartido con YPFB, en los que se les entregaba en propiedad toda la producción que obtenían.   Por disposición del Decreto, esos contratos se dejaron de ejecutar el 1ro. de mayo del año 2006.  ¿Cuál era el blindaje jurídico que utilizamos para lograr botar al basurero en un día más de 80 contratos petroleros y no dar opción a ninguna demanda internacional? 

Se había ya amenazado al país con que cualquier medida que se tomara implicaría demandas internacionales por más de 10 mil millones de dólares, que se produciría en la práctica un bloqueo de la cooperación internacional y que “el mundo nos caería encima”.  Razones no les faltaban para tener tanto miedo, el poder político de las empresas petroleras es de los más grandes del mundo, manejan gobiernos, generan guerras, hunden países y sus intereses son prácticamente omnipotentes.  En Bolivia operaban desde empresas relativamente pequeñas hasta empresas que estaban entre las 5 más grandes del mundo.  No iban a iniciar una guerra en el país pero era claro que estaban dispuestas a “hacerse respetar”.

Por eso era necesario primero, conocerlas bien y no tenerles miedo, y segundo, lograr que el Decreto de Nacionalización estuviera blindado de tal manera que se convirtiera en invulnerable jurídicamente y que no diera pie a reclamo alguno.  Teníamos la posibilidad de un solo disparo y dimos en el blanco.

Revisemos brevemente los análisis realizados sobre este tema antes de la emisión del Decreto de Nacionalización.

La primera opción analizada era declarar nulos contratos con las empresas petroleras entonces vigentes, pero la declaratoria de nulidad de contratos tenía procedimientos legales establecidos en el  país y un Decreto Supremo emanado del Poder Ejecutivo no podía establecer esta nulidad; debía establecerse en el ámbito de acción del Poder Judicial.  De hacerlo, abríamos paso a la posibilidad de demandas internacionales basadas en que en la legislación boliviana existían procedimientos que no se habían cumplido. La opción fue desechada.

Otra alternativa de acción se basaba en el concepto jurídico de que estos contratos con las empresas petroleras, eran nulos de pleno derecho ya que no contaban con el requisito de haber sido aprobados por el Parlamento, conforme lo establecía la Constitución Política del Estado.  Sin embargo, si se optaba por este camino se tenía el problema de que en la práctica sería el Decreto de Nacionalización el que establecería esta “nulidad de pleno derecho”. Una vez más se abría un resquicio a demandas de las empresas petroleras ya que la “nulidad de pleno derecho” no requiere que autoridad alguna la establezca y de hacerse vía Decreto Supremo reclamarían que el Poder Ejecutivo no tenía potestad alguna para establecer esta nulidad, correspondiente una vez más al ámbito y jurisdicción judicial.

¿Qué hacer entonces?  Se recurrió a la fuente primigenia, se recurrió al concepto jurídico, social y político de soberanía.  Analicemos paso a paso qué se hizo.

El Decreto establece que YPFB, la empresa estatal, deje de ejecutar contratos que no hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Parlamento.  De esta manera, es el Poder Ejecutivo el que instruye a su “brazo operativo”, a la empresa estatal, dejar de ejecutar contratos que no tengan aprobación parlamentaria.  Si la Constitución establece la necesidad de que los contratos tengan autorización y aprobación parlamentaria y estos contratos no cuentan con ese requisito, ¿qué hace el Poder Ejecutivo?  Dejar de ejecutarlos.  No los declara nulos, simplemente los deja de ejecutar; no les quita ni otorga validez jurídica, toma una decisión que cabe plenamente en sus atribuciones como Poder Ejecutivo.

Ahora bien, los contratos de las petroleras estaban firmados con YPFB, con la empresa estatal.  Si una empresa quería reclamar por la vigencia de su contrato, ¿debía demandar a YPFB?  Recordemos que el Decreto no puso en cuestión la vigencia de los contratos, suspendió su ejecución.  Ante una demanda contra YPFB, la empresa estatal tenía que responder simplemente eso, que no tenía nada que ver con la vigencia o no del contrato, que lo que hacía como empresa era dejar de ejecutar los contratos cumpliendo una orden del Poder Ejecutivo, propietario legal de la empresa; y que por lo tanto a quien se debía demandar era al Poder Ejecutivo por esa orden expresa contenida en el Decreto de Nacionalización.

Si una demanda legal contra YPFB no tenía sentido, ¿podían las empresas demandar al Poder Ejecutivo?  Una vez más, las empresas no podían demandar al Ejecutivo por la vigencia o no de sus contratos, porque el Poder Ejecutivo no había tomado decisión alguna sobre el tema.  ¿Podían demandarlo entonces por decidir dejar de ejecutarlos de forma unilateral?  En estricto sentido jurídico podían hacerlo, pero la decisión del gobierno no era arbitraria ni unilateral.

Años antes, en medio de los conflictos sociales y cuando Evo todavía no era Presidente, el Tribunal Constitucional había establecido que los contratos de explotación de recursos naturales, necesitaban autorización y aprobación expresa del Parlamento. 

Entonces, lo que hizo el Poder Ejecutivo mediante el Decreto de Nacionalización se sustentaba en lo señalado por el Tribunal Constitucional.  Si los contratos de explotación de recursos naturales debían contar con aprobación parlamentaria, cabe plenamente que el Poder Ejecutivo ordene a YPFB dejar de ejecutar contratos que no tengan esta aprobación.

Una posible demanda internacional de las empresas petroleras, ya no era tan viable.  Pero todavía cabía la posibilidad de que se argumente que la Ley de Hidrocarburos (de Sánchez de Lozada), vigente a momento de firmarse esos contratos implicaba una autorización implícita, tácita, etc.  Este tema había sido ya debatido públicamente aquellos años.

Esta opción se cerró de la siguiente forma.  No sólo había que dejar de ejecutar los contratos, había que dispararles “al corazón”.  Los contratos de las petroleras les daban la propiedad de la producción obtenida, ese era el corazón de esos contratos.  El Decreto disparó en seco y estableció que a partir del 1ro. de mayo, las empresas petroleras entreguen en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos que obtengan.

Una vez más, cabe la pregunta ¿al tomar esta determinación el Decreto establece la nulidad de los contratos?  No.   Estén vigentes o no, el Poder Ejecutivo ordena  que las petroleras entreguen en propiedad la producción a YPFB.  ¿Decisión arbitraria que podría ser objeto de demanda?  No era decisión arbitraria, se basaba y sustentaba en el Referéndum Vinculante del año 2004.  En ese Referéndum, la pregunta 2 impuesta por el MAS al entonces Presidente Carlos Mesa, obtuvo más del 94% de votos afirmativos, constituyéndose en el mandato del pueblo de recuperar “la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano”.  

En este caso el Poder Ejecutivo daba una orden a las petroleras obedeciendo el mandato, la orden expresa, taxativa y vinculante, emanada directamente del soberano, del pueblo.  El pueblo había ordenado, casi por unanimidad, voto a voto, recuperar la propiedad de la producción de hidrocarburos.  ¿Qué debía hacer el Poder Ejecutivo?

¿Cabía una demanda internacional contra el Poder Ejecutivo por emitir un Decreto Supremo en el que cumple taxativa y directamente el mandato expreso del soberano?

Hasta aquí, se había establecido que los contratos dejaban de ejecutarse sin declararse su nulidad en base a un pronunciamiento  del Tribunal Constitucional, y se había disparado al corazón de estos contratos obedeciendo un mandato directo del soberano, recuperando la propiedad de la producción desde aquel 1ro de mayo.  Pero sabíamos que los equipos jurídicos de las empresas podían buscarle “5 pies al gato”, así que blindamos aún más el Decreto.

El Decreto de Nacionalización establece que sólo podrán seguir operando en el país las empresas que “acaten inmediatamente” sus disposiciones.  Esta simple redacción, desde la perspectiva jurídica implicaba el señalamiento de una opción, de una alternativa a las empresas petroleras.  Las empresas tenían aquel día dos opciones:  La primera, acatar el Decreto y seguir operando; y la segunda, no acatar el decreto, por lo tanto dejar de operar.

Las empresas debían pues tomar una decisión, tenían alternativas.  El asunto es que si seguían operando, resultaba un acatamiento al Decreto.  Y acatar implicaba aceptar dos cosas fundamentales:  La primera, aceptar entregar en propiedad a YPFB toda la producción, que era aceptar vulnerar en lo esencial sus contratos; y la segunda, aceptar y acatar la orden dada a YPFB de que deje de ejecutar sus contratos.  En definitiva seguir operando era … ”rendirse”.

¿Y si las empresas dejaban de operar como manifestación directa y expresa de su decisión de no acatar el Decreto?  Tomada esta decisión las empresas sabían que por determinación expresa del Decreto, YPFB tomaría a su cargo las operaciones de los campos y las instalaciones para garantizar la producción y el abastecimiento.  

¿Esta determinación de “tomar a su cargo las operaciones” era jurídicamente demandable?  De hecho no implicaba en absoluto una expropiación.  Esta acción de YPFB de “tomar a su cargo las operaciones” no sólo que no era jurídicamente demandable, por el contrario estaba jurídicamente protegida.  Esta acción se realizaría únicamente con el objetivo de garantizar la producción y el abastecimiento de bienes de “utilidad y necesidad social” jurídicamente protegidos, jurídicamente protegidos no sólo por la legislación boliviana, sino también por la legislación internacional.   En caso de que las empresas no acatasen el Decreto, la medida adoptada por el Estado era plena y totalmente “legal”.

Si no acataban el Decreto y dejaban de operar, ¿qué les quedaba por hacer a las empresas?  Debían agarrar sus maletas y desde su casa matriz preparar su demanda internacional.  ¿En base a qué?

Días después del Decreto, en el equipo reíamos imaginando una charla entre el Presidente de una de las empresas petroleras que operaban en Bolivia, y el encargado de darle la noticia de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia aquel 1ro de mayo.  Creo que sirve para dibujar y explicar la situación.

El Presidente mundial de una de estas empresas, que está en algún lugar del mundo, recibe la llamada en la que se le informa que Bolivia ha nacionalizado los hidrocarburos.  Su primera pregunta sería quizá: “¿Han expropiado nuestras instalaciones?”.  Y su interlocutor responde: “No, no nos han expropiado nada”.  “¿Han anulado entonces nuestros contratos?”.  Y le responden, “no, no han anulado los contratos”.  “¿Entonces siguen vigentes?”, y la respuesta: “En estricto sentido legal siguen vigentes, pero ya no se van a ejecutar”.  “¿Siguen vigentes y ya no se van a ejecutar?”.  “Ya no se van a ejecutar, debemos negociar nuevos contratos en 180 días”.  “¿Y entonces de que sirve que los contratos sigan vigentes?”.  “No sirve de nada” le responden.  “¿Y entonces qué ganan con esto?”, pregunta el Presidente de la empresa.  “Han nacionalizado toda la producción, debemos a partir de hoy entregarla en propiedad a su empresa estatal.  Ya no somos dueños de la producción.”  “No entiendo bien lo que está pasando”.  “Yo tampoco lo entiendo bien, pero hay un problema adicional, debe tomar una decisión”.  “¿Cuál?”.  “Debe decidir si acata o no el decreto.  Si seguimos operando significa que acatamos el Decreto, entregamos toda la producción y aceptamos que nuestros contratos ya no se ejecuten.  Si no acatamos el Decreto, debemos dejar de operar”.  “Entonces dejen de operar”, dice el Presidente de la empresa.  “Si dejamos de operar, su empresa estatal tomará a su cargo las operaciones, nos sacan de los campos e instalaciones.  Tienen al ejército rodeando los campos”.  “¿Quiere decir que si dejamos de operar nos expropian las instalaciones?”.  “No, simplemente que nos sacan y ellos operan aunque legalmente sigan siendo nuestras instalaciones.   Además si acatamos el decreto y seguimos operando, difícilmente podremos hacer algún arbitraje o demanda internacional”. … “¿Qué hacemos?” … “No sé, usted decide”.  “¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?”, pregunta finalmente el Presidente de la empresa petrolera.  Y recibe la última respuesta …“Cada minuto que pasa es en nuestra contra, implica que estamos acatando el decreto de nacionalización”.

Esta situación hipotética que surgió como broma interna, refleja en algo la complejidad de la situación generada para las empresas con el Decreto de Nacionalización.  Nuestra nacionalización logró sus objetivos políticos y económicos, pero se blindó contra demandas internacionales.

Para terminar el tema de la posibilidad de demandas internacionales, en el equipo de análisis asumimos la hipótesis de que pese a todo podía ser que no faltara la empresa que se lanzara a esta opción.

Se estudiaron con detalle otras demandas internacionales similares, su proceso y condiciones.  Y finalmente, asumiendo que tribunales internacionales dictaminaran a favor de las empresas, bajo las razones que sólo la presión del poder puede inventar, se analizó la última hipótesis posible.

Establecimos una lista de demandas ganadas por empresas contra Estados, con datos precisos, fechas, etc, en las que los Estados, en ejercicio pleno de su soberanía, se habían simple y sencillamente, negado a acatar los fallos o dictámenes.  Sin duda tuvieron costos políticos y económicos, pero la opción era válida.  Imponer el Decreto de Nacionalización a las poderosas empresas petroleras, tenía riesgos ciertamente, y estábamos dispuestos a correrlos.

Así, con la última variable posible asegurada, cerramos el análisis.  

Esta solvencia permitió, entre otras cosas, que tuviéramos bajo control este tema de potenciales demandas internacionales, de tal manera que bastó sólo una intervención del equipo negociador para dejar cerrado el tema con las empresas petroleras.

En esa ocasión, hicimos una brevísima exposición de lo explicado en este artículo.  Recuerdo que cuando se les nombró algunos de los casos extremos en los que finalmente los Estados se habían negado a acatar los fallos y dictámenes internacionales, sus abogados intentaron tomar nota rápidamente.  La exposición terminó con una pregunta:  “¿Alguna duda sobre nuestra posición en este tema de los posibles arbitrajes o demandas internacionales?”.  El silencio fue la respuesta de los delegados de las empresas, y nunca más se trató sobre el tema.  Habían comprendido el significado que tenía “acatar” y “someterse”.

Manuel Morales Olivera

Teníamos un joven equipo nacional entrando a la cancha y  teníamos un sólido apoyo de expertos internacionales, pero debíamos enfrentar en las negociaciones a “viejos lobos de mar”, para tratar temas de alta especialización técnica y gran sofisticación.

Sabíamos que las empresas estaban acostumbradas a negociar teniendo ellas el poder, siendo ellas las dominantes.   No resulta exagerado decir que “el mundo entero” suele rendir pleitesía a las empresas petroleras.  Acostumbradas a eso, a negociar teniendo siempre fuertes cartas y contando siempre con una actitud en general sumisa, suave o condescendiente de sus contrapartes, las empresas petroleras tenían un juego definido, con reglas y formalidades hechas a su medida.

Para que una negociación sea seria, debía ser según ellas, una negociación técnica.  Y adicionalmente sus equipos de negociación tenían márgenes muy reducidos de decisión, cercados por las definiciones de su “casa matriz”.  Señalar por ejemplo, que la delegación que negociaba tenía una instrucción directa de la “casa matriz” sobre algún tema, para ellas era casi como señalar que Dios se había pronunciado sobre ese tema y que ya no cabía debate o negociación alguna.

Para negociar los nuevos contratos, decidimos pues dar la vuelta la tortilla, no jugar su juego, jugar en nuestra cancha y con nuestras propias reglas.

Un aspecto importante era dejar claro que la palabra de la “casa matriz” para nosotros no era la palabra de Dios. Una empresa trajo allende los mares una delegación para su primera reunión.  Después de los saludos, su jefe de delegación expresó que traía el mensaje expreso de su “casa matriz” de que no aceptarían más del 50% para el Estado.  Tardó algo así como dos minutos para exponer la decisión de su “casa matriz”.   La delegación boliviana respondió en menos de 10 segundos:  “Siendo esa la posición oficial de su empresa, nada tenemos que charlar.  Es inaceptable para nosotros”.   Nos levantamos, salimos de la sala y ahí terminó la reunión. 

Semanas después y ante nuestro silencio, esa empresa mandó una propuesta económica desde su “casa matriz”, en la que el Estado recibía el 51%.  Al día siguiente contestamos con una contrapropuesta, en la que el Estado se quedaba con el 99% y … seguimos esperando tranquilamente.  A las dos semanas más o menos llegó a Bolivia una nueva delegación pidiendo reunión y señalando que la contrapropuesta nuestra les había causado “preocupación”.  Al iniciarse la segunda reunión, la delegación boliviana señaló lo siguiente: “Indignación hemos sentido nosotros al recibir su propuesta de 51% para el Estado, ….  Dejémonos de tonterías y negociemos seriamente las condiciones económicas para los campos.  Ya no son los viejos tiempos, la nacionalización ha dado la vuelta las cosas”.   Por cierto, al finalizar las negociaciones, esta empresa firmó, como socia, contratos en los que el Estado se queda con el 96%.

Otro aspecto importante era que las empresas entiendan y sientan que las condiciones habían cambiado, que nuestro gobierno no estaba dispuesto a mantener, ni en los detalles, las condiciones de la antigua relación Estado-empresas. 

 Recordemos con un ejemplo cómo eran las cosas antes de la nacionalización.  Si el Presidente de YPFB y el Ministro querían conversar algo con las empresas, no las convocaban, no señor, primero pedían cita a los gerentes de las petroleras y luego recién viajaban a Santa Cruz, para visitarlos en sus oficinas.  Por cierto, aunque usted no lo crea, el grado de sometimiento al que se había llegado era tal, que los pasajes y viáticos de nuestro Ministro, eran pagados por las empresas; ¡Hasta el café que tomaba el Ministro boliviano en su hotel de Santa Cruz antes de la reunión, era pagado por las petroleras!!!!.

Para la negociación de los nuevos contratos, obviamente las reuniones se hicieron en La Paz, aunque todas las empresas tenían sus oficinas en Santa Cruz.  Pero como dijimos, el asunto era ser contundentes en mostrar que las cosas habían cambiado.  En oficinas de YPFB prohibimos incluso que se les invite café a las delegaciones de las empresas; las salas de reunión disponibles no eran asignadas a las empresas, cada mañana debían entrar “corriendo” a ganarse una sala, las que llegaban tarde se quedaban en los pasillos esperando, … ¿esperando qué?  Esperando como todas, ser atendidas por el equipo boliviano.  Expresamente les avisamos que no fijaríamos agenda de reuniones, que ellas debían estar disponibles para conversar el momento, la hora y el día que nuestro equipo dispusiera reunirse.

Parados en los pasillos esperando por horas, convertidos casi en “parte del decorado”, así resultaron muchos gerentes de empresas petroleras … que meses antes ejercían su posición dominante frente a las autoridades bolivianas.  Eso de que estaban horas esperando y que eran casi “parte del decorado”, no es una exageración mía, fueron palabras textuales del delegado de una empresa petrolera, una de las cinco empresas más grandes del mundo en ese momento.

Nuestra actitud respondía a una decisión, como parte de nuestra estrategia de negociación.  Todo aquel que ha estado en negociaciones fuertes y complicadas, sabe que el juego implica hasta estas cosas que parecen detalles, pero que sumadas configuran determinadas condiciones y dan mensajes claros de quién tiene el control de la situación.  No fue una actitud de falta de respeto a las personas representantes de las empresas, fue una expresa falta de respeto a las empresas, era parte de la decisión de “poner en su lugar” a las empresas.

Ya en aquel tiempo, expresamos nuestro respeto personal a muchos gerentes y representantes de las empresas petroleras durante las negociaciones, incluso en algún caso aclaramos que nuestra actitud respondía a la posición de su empresa y no debía considerarse una actitud hacia ellos como personas.  Una cosa era posicionarnos y “poner en su lugar” a las empresas, y otra cosa era, el respeto que nuestro equipo mostraba y recibía en lo personal.   Pero bueno, en ese momento había que hacer lo necesario.

Pero dejar sentado que sus “casas matrices” no eran “tierra santa” y que la cancha había cambiado, no era suficiente.  Nuestro juego no era sólo psicológico.

Nuestro juego era político, era de correlación de fuerzas, de ejercicio de poder.  Era saber de sus puntos débiles, de sus puntos de quiebre, conocer al detalle las fortalezas y debilidades de sus alianzas, conocer de los intereses antagónicos entre empresas; conocer sus necesidades inmediatas, sus perspectivas a mediano y largo plazo, conocer el juego geopolítico que estaban desplegando en la región. 

Se realizó pues un análisis político detallado de las cinco empresas más importantes que operaban en Bolivia, de su peso específico en el país, de su lugar e intereses en la región y de su situación a nivel mundial.  De aquel análisis todavía no se puede decir casi nada, pero definió nuestra actitud con cada una de esas cinco empresas.  En todo caso, para orientar al lector, sólo a título de referencia, digamos algo.

Una de las empresas, quizá la más soberbia, estaba atada de manos.  Aquel año, no tenía otra alternativa que rendirse y sabíamos que firmaría contratos “hasta perdiendo plata”.  Por su posición regional no tenía otra alternativa.  Por eso adoptó posiciones soberbias al principio y nuestra respuesta fue tan dura como necesaria.  Seis meses nos dedicamos a “ponerla en su lugar”, para sellar los acuerdos el último día.

Otra empresa tenía problemas a nivel mundial y llegamos a tener los datos de los potenciales compradores que estaban al acecho en las bolsas internacionales para tragársela si es que no llegaban a dar señales ciertas de solvencia, firmando los nuevos contratos en Bolivia.  También estaban en nuestras manos, pero obviamente batallaron lo más que pudieron y cerraron acuerdos un día antes del plazo final.

Otra empresa, cuyos antecedentes oscuros a nivel mundial conocíamos a detalle, fue tratada como se merecía.  Con ellos no se negoció, en tres o cuatro ocasiones se realizaron breves reuniones que terminaron abruptamente con palabras durísimas de la delegación boliviana.  La última reunión con ellos terminó cuando les dijimos:  “¿No les da vergüenza estar aquí pidiendo unos centavos?”.

Otra empresa, sin duda mucho más sólida, decidió negociar seriamente.  Mereció nuestro respeto, sabiendo que esperaban reposicionarse en Bolivia de la mejor manera posible para mejorar su lugar y participación a nivel regional.

Y la última empresa de las cinco importantes que operaban en Bolivia, jugó sus cartas sin aspavientos guiados por la calidad personal y claridad de su gerente.  Conocíamos de sus objetivos regionales que no afectaban en absoluto los nuestros, por lo que la relación con ellos fue fluida y resultaron jugando un rol positivo.

Así, con un claro mapa político, desplegamos las negociaciones.  Con el poder en nuestras manos, ese poder que emergía del pueblo y se concretaba bajo las firmes decisiones de Evo, llevamos a las empresas petroleras a una cancha, a un juego, a una negociación que no conocían.

Ya no eran las que tenían el poder, ya no se les rendía pleitesía en lo más mínimo y conocíamos a detalle sus necesidades, fortalezas, debilidades.  Sólo les quedaba un punto en el que se creían fuertes e imbatibles.

En sus negociaciones normales, las empresas petroleras imponían por lo general, una negociación “técnica”.   Todo un discurso de sofisticado tecnicismo donde cada cosa se calculaba con sofisticados modelos matemáticos para terminar oficialmente en el cálculo de sus ganancias, de su VAN o TIR u otros indicadores; para que ellas, poderosas, tomaran la decisión de firmar o no los contratos que les ofrecían.  Esta capacidad de cálculo poderoso, de precisión, de saber a detalle lo que estaban negociando, era la fortaleza que aparentemente les quedaba.  Teníamos que tomar cartas en el asunto, y lo hicimos.

En una ocasión encabezaba la delegación de una empresa, una persona con un evidente y mal disimulado desprecio por los bolivianos.  Acompañado por abogados y economistas, señaló que no se “oponía” a nuestra propuesta de tabla de distribución de ingresos de la cual dependía el pago futuro a la empresa petrolera;  pero dijo que le gustaría poder hacer él mismo las tablas para “sus campos”.

Esta vez, con tranquilidad proyectamos la tabla que habíamos propuesto y le pedimos que nos diga “qué cambios quería hacer”, le pedimos nos dijera “cómo quería las tablas para sus campos”.    Primero propuso un cambio, apagamos el proyector, realizamos el cambio en nuestras computadoras y volvimos a proyectar.  Le preguntamos si ya le gustaba la tabla.  Dijo que todavía no, propuso un nuevo cambio.  Volvimos a apagar el proyector, realizamos el cambio pedido y volvimos a proyectar.  Dos cambios más pidió este jefe de delegación de la empresa petrolera.  Cuando quedó satisfecho, dijo en tono hasta burlón: “¡¡¡¡Esta tabla quisiera yo para mis campos!!!”.

En ese momento, me puse de pie, le extendí la mano y le dije: “Trato cerrado”.  Quedó estupefacto, miró a sus economistas que tampoco salían de su asombro, sus abogados de inmediato lo miraron con cara de “ni se te ocurra”.

Insistí volviendo a extender la mano y subí el tono de voz: “Tu dijiste que querías hacer las tablas para tus campos, las has hecho a tu gusto, entonces … ¡¡cerramos acuerdo!!!!”.  Mientras seguía el dsesconcierto en su delegación continué:   “¿Te vas a echar atrás?,  ¿Qué pasa?,  ¿No te atreves a cerrar acuerdo?”.  El hombre no atinaba a dar respuesta, ni sus abogados ni sus economistas.  Una carcajada terminó el momento tenso y les dijimos:  “Vuelvan cuando estén en condiciones de negociar seriamente”.

¿Fue una parada de gallo viejo o fuimos irresponsables?  No.  Lo que pasa es que cada vez que apagábamos el proyector y realizábamos los cambios que pedía este caballero, en cuestión de segundos nuestro modelo hacía los cálculos inmediatamente y sabíamos los resultados del campo con proyección de 30 años en escenarios alto, medio y bajo.  Al terminar sus pedidos, mientras se solazaba diciendo que esa tabla le gustaba, nuestro modelo calculó una vez más los resultados y estaban en los márgenes que Evo había definido.  Entonces tomamos esa actitud, hasta soberbia, pero necesaria sin duda alguna para que las empresas petroleras supieran que las cosas habían cambiado.  Por supuesto que ese jefe de delegación de la empresa petrolera no volvió.

Objetivamente, no eran ellos los que tenían superioridad “técnica” al momento de negociar las condiciones económicas de los contratos.  Entramos a ese juego de la “negociación técnica” cuando teníamos condiciones para vencer  y así consolidar el hecho de que al fin de cuentas, el juego era político y con nuestras reglas.

Una empresa petrolera, que negoció seriamente sus contratos, tuvo que cambiar 4 veces a su equipo de negociación.  La negociación finalmente se cerró cuando su equipo estaba dirigido por uno de sus Vice Presidentes a nivel mundial.  

Pero no era suficiente conocer su situación, sus debilidades y puntos de quiebre; no era suficiente dejar claro que también en lo técnico éramos plenamente solventes; no era suficiente establecer que mandábamos nosotros ejerciendo poder hasta alevoso; era necesario además jugar cartas para evitar que conformaran un bloque para intentar acorralarnos.  Era necesario “dividir para reinar”.

Debíamos hacer que las alianzas y acuerdos entre empresas saltaran en pedazos.  Sabíamos de sus reuniones en bloque, de sus acuerdos bilaterales y frente a ellos desplegamos nuestro poder; aislábamos a la empresa que quería liderar el bloque empresarial de rechazo a nuestras condiciones, la golpeábamos hasta que pierda su condición de liderazgo; apuntalábamos y avanzábamos en la negociación con la empresa que rompía su bloque, negociábamos con absoluta fluidez con la empresa que mantenía la posición de someterse a las nuevas condiciones bolivianas. 

Jugamos a cerrar los acuerdos en el punto justo en que la desesperación comenzó a cundir entre ellas.  Estoy convencido que los últimos días ninguna de las empresas tenía una mapa claro de la situación, sentían y sabían que ya no podían confiar entre ellas, sus acuerdos bilaterales ya no eran sólidos.

A modo de ejemplo señalemos el siguiente caso:  “Si la empresa operadora no quiere firmar el contrato, ¿ustedes se atreven a firmar solos?” se le consultó a una empresa que era socia en ese campo.  “Es un tema muy complicado”, fue la respuesta.  Ya en la noche los llamé y les pedí que me dieran respuesta oficial de su casa matriz sobre el tema antes de las nueve de la mañana.  A las 8 y 30, recibí su respuesta positiva.  En otras palabras, si la empresa operadora se resistía a aceptar nuestras duras condiciones, teníamos ya nuestra carta bajo la manga, teníamos otra empresa dispuesta a firmar y operar.  El último día, algunos gerentes de empresas, en las oficinas de YPFB casi llegaron a los insultos increpándose unos a otros, incapacidades y deslealtades.

Los dos últimos días las empresas resultaron entrando a un oscuro túnel, sin poder de decisión, todos los equipos de las empresas entre salas y pasillos, con reuniones casi simultáneas de unos con otros reafirmando pactos o haciendo nuevos acuerdos, sin información cierta … mientras se acercaba el plazo final minuto a minuto y … nuestro equipo cerraba acuerdos bilaterales uno tras otro, acuerdos que no conocían.  Los únicos que teníamos toda la película clara, la información precisa y verdadera del conjunto, éramos nosotros.

Se podría decir que muchas empresas cerraron sus contratos casi a ciegas, firmaron prácticamente hojas en blanco.  Una empresa tuvo el cuidado de señalarnos, con mucho respeto, que firmarían un determinado contrato, pero que luego lo analizarían con calma y si era necesario, devolverían el área y se retirarían, sin pedir nada por supuesto.

Ellos sabían negociar cuando tenían el poder en sus manos, entonces lo desplegaban bajo el manto de una “negociación técnica”.  Nosotros los derrotamos en una negociación política, habiéndoles demostrado que también en lo “técnico”, éramos plenamente solventes.

Manuel Morales Olivera

Los mártires y los héroes de la Guerra del Gas (2003) abrieron con sangre el camino a la dignidad.  Junto a ellos, la inmensa mayoría de nuestro pueblo estuvo presente en esas gloriosas jornadas y en otras tantas batallas que se libraron.

Cuando se escribe la historia, se suele olvidar a esas personas, que en silencio dieron de su grandeza, a esos héroes que estuvieron dispuestos a dar todo, incluso la vida.  ¿Cuántos de nosotros estaríamos hoy mismo, dispuestos a jugarnos la vida por alcanzar nuevos horizontes sociales y políticos?

Así como hoy escribo estos artículos recordando lo que nos tocó vivir en ese lugar de la trinchera, de la misma forma, miles de hombres y mujeres podrían escribir su parte de la historia.  Podrían escribir sobre los debates en esos ampliados y asambleas el año 2003 en El Alto; los ampliados en todo el país preparando los bloqueos; las reuniones clandestinas, las convocatorias a concentraciones; esos miles y miles de bolivianos que antes de que salga el sol salían de sus cuartos y casas, dejando el almuerzo preparado para las wawas, salían para sumarse a los bloqueos, para ir a enfrentar a la policía y al ejército, para enfrentarse al opresor.

¿Cómo se podría escribir una parte de la historia sin recordar esos rostros, llenos de indignación, de angustia, de esperanza?   Es imposible entender la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia si no se tiene presente en el alma, esa fuerza colosal del oprimido que se rebela.  Pero ese oprimido, esa fuerza colosal, se hace sumando uno a uno a personas de carne y hueso, a personas con nombre y apellido.

Aquellos días de octubre del 2003, cuando oí la noticia de que un distrito de El Alto estaba movilizado y se estaba enfrentando en esos momentos con la policía y el ejército, recordaba los talleres que se habían realizado, ahí en El Alto, meses atrás; recordaba sus rostros de indignación al recibir la información y comprender lo que realmente nos estaban haciendo, y me tembló el alma al saber, que ellos, esos asistentes a los talleres junto a ese valeroso pueblo, ahora estaban jugándose la vida … por sus hijos, por mis hijos, por ti y por todos.

Cuando llegó la noticia del inicio de los bloqueos en la fecha definida en Santa Cruz, salió de nuestros labios un “lo lograron ¡Carajo!!”.  Contra viento y marea, esos héroes hicieron esa gran epopeya.  Cada uno hizo su parte. 

Sus rostros duros, su rabia mezclada con angustia, su necesidad de sublevarse, su necesidad de gritar su indignación, su necesidad de cambiar sus vidas; los mayores decididos a cambiar la vida de sus hijos y sus nietos, los jóvenes decididos a no aceptar más lo que sus padres vivieron; todos ellos son los héroes de esta historia, los héroes cuyos nombres “el mármol y el bronce” no recordará, pero que merecen su lugar de honor en la historia.

Y son los rostros de estos héroes los que tuvimos presentes, en cada momento de la parte de la historia que nos tocó vivir.   Los conocimos en los cientos y cientos de talleres, reuniones y ampliados que se realizaron, en el ampliado en el norte de Potosí, no muy grande, con unos 200 o 300 dirigentes; en el ampliado en Montero, con más de mil delegados; en la pequeña reunión en Oruro, con 20 personas y otro taller de 200 personas en el auditorio de su Facultad de Derecho; los conocimos de norte a sur, de este a oeste, en los cientos de reuniones, talleres y ampliados, hasta el último al que asistí, en Cochabamba, un encuentro de las juventudes del Instrumento Político, en septiembre del 2003.

La nacionalización y sus resultados no se miden sólo en cuántos millones o miles de millones de dólares recibimos de más o de menos.  Esos cálculos hay que hacerlos, pero no son el fondo del asunto.  La nacionalización fue más que la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, fue la recuperación de la dignidad.

Y en esa tarea histórica, cuando trabajábamos el año 2006 con el joven equipo boliviano que participó en la negociación de los nuevos contratos petroleros,  estuvieron también en la trinchera otros héroes que la historia no ha reconocido pero que el pueblo tiene derecho a conocer.  Fueron compañeros del “más alto nivel humano, del más alto nivel político y del más alto nivel técnico”, que en silencio hicieron posible la hazaña.

Estos compañeros llegaron como parte del apoyo internacional que tuvimos.  Dignos hijos de su pueblo, dignos hijos de Nuestra América; pusieron al servicio de nuestro pueblo toda su capacidad técnica, política y personal; se la jugaron codo a codo en la trinchera y de “apoyo” pasaron a ser hermanos, hermanos nuestros y de nuestro pueblo; y después de esos días, sabemos que llevan a nuestra patria en el alma.

No se puede ni siquiera 10 años después entrar en mayores detalles, pero en los momentos decisivos dieron la talla.  Su franqueza era absoluta, “tengan la certeza de que se van a equivocar  …”, nos dijeron, “pero equivóquense a favor del Estado”.  No faltó la vez en que me dijeron: “¿Tu sabes que lo que quieres hacer es imposible?”.

Estaban con nosotros prácticamente todo el día, apoyando ya sea temas técnicos o consultas más complicadas, o incluso apoyando emocionalmente a nuestro joven equipo, era enorme el peso que tenían nuestros muchachos sobre sus espaldas.  Pero con ese peso en los hombros, no dejaban de ser jóvenes, no dejaban de reír, de bromear, de “gualaychear” como diría mi madre.  Fue un día de esos, en los que la juventud llenaba de risas y bromas y carcajadas nuestras oficinas, que uno de estos hermanos, cual padre que ve a sus hijos, con una sonrisa en el rostro, dijo algo así:   “Estos muchachos, no tienen la más mínima idea de la gigantesca tarea que están cumpliendo”.

Estos hermanos, que habiendo nacido lejos dieron todo en nuestras tierras, merecen su lugar en esta parte de la historia no contada de la nacionalización de los hidrocarburos.

Manuel Morales Olivera

La primera vez que nuestro equipo de negociación de los nuevos contratos petroleros se sentó frente al equipo de una empresa petrolera, saltaba a la vista, una primera diferencia:  los nuestros eran economistas, ingenieros petroleros, informáticos y abogados; su edad estaba entre los 24 y 32 años.  El equipo de la empresa petrolera que se sentó frente a ellos para negociar, tenía también entre 25 y 30 años, pero no de edad, sino de experiencia de trabajo en el sector.

Los jóvenes por lo general son decididos, corajudos,  irreverentes, quieren cambiar el mundo … y la nacionalización de los hidrocarburos era también así, era un acto de coraje, de decisión firme; era irreverente y quería también cambiar las cosas.

Por eso, para conformar el equipo de negociación buscamos combinar el mandato del pueblo, la visión estratégica que venía de las batallas de años atrás, expresada en los “viejos”, con sangre nueva capaz de resolver los nuevos desafíos.   Y esos nuevos desafíos exigían conocimientos, capacidades técnicas y profesionales específicas, que los “viejos” no teníamos y que las encontramos en los jóvenes.  

Eran jóvenes con un altísimo nivel profesional en sus áreas.  Al margen de los títulos académicos que ostentaban, alguno de ellos formado en los mejores institutos a nivel mundial del sector petrolero, tenían la capacidad personal y profesional suficiente y necesaria para enfrentar la tarea.

Los equipos técnicos de las empresas petroleras venían a negociar teniendo cada uno un determinado modelo de cálculo y análisis, aprobado y utilizado por su empresa.  Su experiencia de años y hasta décadas se volcaba en su capacidad de manejar con precisión esos modelos “oficiales”, para dar resultados en la nueva situación.

Nuestro equipo, por el contrario estaba creando su modelo de cálculo y análisis.  Nuestro equipo debatía, buscaba respuestas, rompía esquemas.  Ellos tenían modelos para analizar la nueva situación, nuestro equipo era el encargado de diseñar, de definir la nueva situación.

De esto resultó que los modelos de las empresas no lograban calcular con precisión las nuevas condiciones impuestas en Bolivia, la realidad superaba su modelo teórico pre definido.  En cambio, el modelo de cálculo construido por nuestros jóvenes, que era un modelo hecho a “nuestra imagen y semejanza”, sí calculaba y daba resultados ciertos.  Ellos trataban de encajar la nueva realidad a su modelo, nosotros creamos un modelo que diseñaba la nueva realidad.

Por esto es que después de algunas reuniones de “fogueo”, nuestro joven equipo técnico pasó a ser el dominante.  Ellos entraban a las reuniones con las empresas petroleras a explicar las nuevas condiciones, a explicar a los expertos internacionales la forma en la que se calcularía, después de firmados los nuevos contratos, la retribución o el pago a las empresas; cómo se considerarían las nuevas inversiones, su forma de depreciación, etc.

Nuestro equipo no debatía con los equipos de las empresas, nuestro equipo explicaba, absolvía dudas.  En una reunión con una de las grandes empresas, uno de sus economistas preocupado porque su modelo de cálculo no daba correctamente los resultados, empezó a hacer consultas específicas sobre el error que presentaba su modelo.  Un miembro de nuestro joven equipo, de la forma más natural, se paró y fue al lado del economista de la empresa para resolver juntos el error.  De inmediato el jefe de delegación de la empresa petrolera increpó duramente a su economista, se acercó rápidamente y cerró bruscamente el monitor de la computadora.  Sus décadas de experiencia le decían que eso era algo inadmisible.  Esta fortaleza técnica, la había adquirido nuestro equipo, después de meses de trabajo duro.

Tres fueron los primeros jóvenes en conformar el equipo, dos economistas y un ingeniero petrolero.  Luego se fue ampliando el equipo, pidiéndoles a ellos mismos que traigan más jóvenes.  “Honesto es amigo de honesto, inteligente es amigo de inteligente”, les decía.  “Traigan compañeros que ciertamente puedan aportar técnicamente y estén dispuestos a jugarse por esto”, se les pidió.  Y así lo hicieron. El equipo llegó a estar conformado por 14 jóvenes, entre economistas, ingenieros petroleros, informáticos y abogados.  Sin duda, dentro de ellos, en la práctica existía un grupo más duro, conformado por 7 u 8 personas.  Hay que hacer justicia y remarcar que en ese “equipo duro” cinco eran mujeres.

Yo entrevistaba a los postulantes y la verdad, sobre su capacidad y experiencia profesional veía poco, ese filtro lo hacían los tres primeros miembros del equipo;  yo trataba de concentrarme en sus cualidades personales.   Un día entrevisté a una compañera y le pregunté qué opinaba de la nacionalización.  Ella me dijo que le parecía una locura, que creía que se había lanzado sin haber tomado en cuenta todo lo necesario, sin suficiente preparación y me dio algunos ejemplos que sustentaban su opinión.  Me sonreí y le dije: “estás contratada”.  Además de honesta, inteligente y decidida, era capaz de decir su opinión con absoluta franqueza; ¡Me dijo en mi cara que la nacionalización le parecía una irresponsabilidad y una locura!!!!   Era claro que no queríamos aduladores sino profesionales con criterio.

Esa era otra gran diferencia con los equipos de las empresas petroleras.  No necesitábamos ser psicólogos para identificar entre ellos a los aduladores, a los que estaban esperando el momento de saltar al lugar del otro, a los que no les importaba en lo más mínimo el resultado de la negociación y sólo querían salir bien parados, etc.  La mayoría de ellos venía a lograr unos millones más para su empresa, un resultado que les ayude a seguir ascendiendo.

Nuestro equipo por el contrario, entró a la batalla a jugarse por completo, eran jóvenes a los que se daba la oportunidad de hacer realidad sus sueños.  Tenían reglas claras, honestidad absoluta, trabajo en equipo, etc., pero sobre todo ellos tenían en lo personal principios éticos más allá de la honestidad.  Nuestro joven equipo tenía claro que lo que estaba en juego no eran millones de dólares ni su futuro profesional, lo que estaba en juego era la vida y el futuro, por ejemplo, de ese niño que aquel entonces, en la puerta de las oficinas de YPFB, pedía limosna a las 10 de la noche.

No se sentían los “elegidos” ni los “ungidos”, ellos eran los que tenían sobre sus espaldas la misión de lograr que esa epopeya histórica de nacionalizar los hidrocarburos y recuperar la dignidad, se volcara en hechos concretos.  ¡Qué diferencia con los equipos técnicos de negociación de las empresas petroleras!!  Cuándo estaban frente a frente, se notaba la diferencia.

Uno de los primeros informes que se pidió fue sobre nuestros dos grandes mercados, Brasil y Argentina.  El informe fue completo incluyendo análisis de su matriz energética, mercados, uso de nuestro gas, precios, energías alternativas, etc., y por supuesto conclusiones de orden político sobre su grado de dependencia y condiciones de substitución de nuestro gas.  No estaba nada mal para ser el primer resultado del naciente equipo, en  tres o cuatro días.  Ellos sabían que cualquier error en el informe podía llevarnos a una decisión equivocada.

Mientras se recolectaban datos e información necesaria, el joven equipo recibió apoyo internacional.  Fueron surgiendo los primeros modelos de cálculo y proyección, que eran verificados técnicamente por el equipo internacional; necesitábamos la certeza de que los resultados que daban eran correctos.  

Sin embargo, cada cambio tenía control interno de calidad.  Un compañero programaba y su trabajo era inmediatamente verificado por otra compañera.  Un petrolero daba una opinión y dos se ponían a verificarla.  Cada tema era discutido y analizado en el equipo, todos aportaban su perspectiva de las cosas, su perspectiva técnica, pero también humana, social y política.  Definíamos las alternativas que debíamos explorar en lo concreto y entonces el modelo de cálculo era ampliado para poder calcular y dar resultados válidos para el análisis.  Acaloradas discusiones eran el pan de cada día, pero en estos debates no se buscaba “ganar” al otro, se buscaba el mejor y más sólido resultado posible.  Y todos los resultados eran finalmente verificados técnicamente por el apoyo internacional.

¿El tema del precio de los hidrocarburos a futuro?  De inmediato estos jóvenes, incorporaban al modelo la capacidad de considerar esa variable con proyecciones internacionales, a la baja, a la alta, con variaciones aleatorias, etc.  ¿Y las variaciones de inversión?  ¿Y las probabilidades de pozos secos?  ¿Las probabilidades de hallazgos, de reservas probadas, probables y posibles?  Bastaba tocar un tema y a los pocos días, el modelo “como por arte de magia” adquiría la capacidad de asumirlos y proyectar resultados a 20 o 30 años.

El trabajo fue subiendo en intensidad.  Los equipos técnicos de las empresas llegaban frescos y descansados, el nuestro daba ya síntomas de cansancio, pero, como crecía su cansancio crecía también su convicción.  Un día de esos me doy cuenta que uno a uno se iban sumando los pedidos de permiso para ir al dentista.  Cuando lanzo en una reunión un comentario sobre el tema, los muchachos me explican con un poco de sentimiento de culpa, que habían descubierto que era un excelente lugar para descansar, resulta que en cuanto se sentaban en la silla del dentista … se dormían.  Así descansaban y se curaban sus dientes, y no les remordía tanto la conciencia de pedirme permiso y dejar de trabajar por unas horas.

A un compañero le pedí que descansara por un día, estaba ya realmente hecho “pomada”.  Se molestó y siguió trabajando; dos horas después lo encontré echado en el suelo, durmiendo, al lado de su escritorio.

En medio de este colosal sacrificio, dentro de las anécdotas, no podía faltar la nunca bien ponderada burocracia. A estos muchachos se les hicieron descuentos, muchos descuentos en sus sueldos, porque no marcaban su ingreso a las oficinas de YPFB en las mañanas.  ¿Por qué no marcaban su ingreso?  Por una sencilla razón, no salían de las oficinas, trabajaban dos y hasta tres días seguidos.  ¿Alguien pudo hacer entender el tema al burócrata en cuestión?  Seamos justos, dos o tres meses después salió una autorización para que los muchachos estuvieran exentos de marcar ingreso y salida; sirvió para evitar descuentos las últimas semanas de trabajo.

Pero, eran jóvenes y como tales, eran traviesos.  Un día se verificó que en una parte de nuestras oficinas había micrófonos, que éramos escuchados.  Las petroleras no son angelitos de la caridad.  Después de ser informados, muy educadamente, cada mañana los muchachos además de saludar a los compañeros de trabajo, irónicamente saludaban a los que estaban detrás de los micrófonos, que por cierto habían sido ya neutralizados.

Desde ese día, se empeñaron en la seguridad y además de todos los cálculos que hacían probaban sistemas para que nuestras computadoras fueran prácticamente invulnerables.  Y sirvió, … no faltó la reunión con una de las empresas en la que nuestras tres computadoras dieron alerta de que algún intruso, que estaba sentado frente a nosotros,  estaba intentando extraer nuestros archivos.  No pudo hacerlo y al terminar la reunión, en el piso 8 de YPFB casi casi se hace una fiesta.

Entre risas, trabajo durísimo y alboroto, fueron pasando los días y nuestro modelo de cálculo era cada vez más preciso y sofisticado.  

En una reunión, se analizó, casi por desesperación una alternativa de cálculo extremadamente compleja.  Parecía no haber otra alternativa, así que aprobé que se intente.  Al término de la reunión, los compañeros del equipo internacional de apoyo me dijeron algo así: “Manuel, es prácticamente imposible realizar ese cálculo, los muchachos no van a poder hacerlo, y menos para mañana”.  Mi respuesta fue algo sufrida: “Son jóvenes y ellos creen que pueden hacerlo.  Veamos qué pasa”.  En la tarde del día siguiente, entró el equipo a la sala de reuniones con cara de cansancio y tristeza para dar informe: “El resultado no es el que esperábamos.  Ese tipo de cálculo tampoco sirve”.  ¡Habían logrado en un día hacer un cálculo casi imposible!!!,  y ni se habían dado cuenta de la hazaña que habían hecho.  “Estos muchachos, no tienen la más mínima idea de la gigantesca tarea que están cumpliendo”, dijo con razón un hermano nuestro.

Cerca de la recta final, habíamos llegado a la conclusión de que se establecería un índice para medir el flujo entre ingresos, egresos e inversión y que ese índice sería la base para la aplicación de una tabla para determinar el pago a las empresas petroleras por sus servicios.  Se dice fácil, pero calcularlo con precisión era una hazaña, y verificarlo con todas las cientos de variables ya cargadas en el modelo, era otra historia.

Verificamos, hicimos correr el modelo decenas de veces en varios escenarios y … era cierto, daba el comportamiento esperado.  Con variación de precios, de inversión, de reservas, de impuestos, de regalías … el índice definido y la tabla, estabilizaban la parte que agarraba el Estado, estabilizaba el indicador que se llama “Government Take”.  ¡Habíamos logrado estabilizar a favor del Estado cientos de variables!!!  …  Con el índice y la tabla variaban la TIR y el VAN de las empresas, pero el Estado tomaría siempre “la tajada del León”.

Informamos a palacio nuestro hallazgo y se aprobaron el índice “b” y el tipo de tabla.  También se definieron los márgenes de negociación que teníamos para campos pequeños, campos en desarrollo y campos mayores ya desarrollados.  Para cada caso se estableció un mínimo porcentaje que el Estado se aseguraba durante la vigencia de todo el contrato.

Después de estas definiciones, llegaron las últimas semanas de negociación con las empresas petroleras, negociaciones de las condiciones económicas.  Las reuniones eran cada día más seguidas, hasta que era evidente que el cansancio del equipo sería un serio problema.  Decidimos entonces hacer turnos dentro del equipo, para abastecer las casi 20 horas diarias de reuniones, cálculos, propuestas y contrapropuestas para los más de 80 contratos con 10 empresas.

Nuestro potente modelo de cálculo y la fortaleza en el trabajo, nos dieron sin duda una gran capacidad para enfrentar el desafío, para lograr salir victoriosos en el plazo fijado de 180 días.

Cansados, irreverentes, decididos, leales con sus convicciones, con el equipo, con el gobierno y con el pueblo  … reunión tras reunión, se fueron imponiendo, se fueron haciendo respetar con las empresas petroleras y sus equipos técnicos.  

Pero había otra cosa fundamental que se notaba cuando los equipos estaban frente a frente.  Los unos cumplían su trabajo, nuestro equipo … estaba haciendo historia.  

En una reunión los últimos días, una economista de una empresa petrolera europea, hasta con cierto grado de desesperación pero con evidente arrogancia, resultó diciendo algo así:  “¡¡Ustedes nos están quitando todo lo que es nuestro!!!!!”.  Una joven profesional de nuestro equipo, se levantó y con carajazo de por medio, le aclaró: “¡Los hidrocarburos son nuestros!!!!” y luego dijo con voz clara y fuerte: “...  Y a mí me vas a respetar porque no estoy aquí como persona, estoy representando al gobierno y al pueblo de Bolivia, que nos han dado toda la fuerza para hacer lo que estamos haciendo”.

Manuel Morales Olivera