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Dos importantes instituciones -la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)- emitieron en mayo un Informe conjunto que resulta lapidario para quienes se oponen a la producción masiva de alimentos con la ayuda de la biotecnología, bajo el gran propósito de que la gente no muera de hambre y los agricultores mejoren su calidad de vida.

El Informe OMS/FAO -en facilito- dice que el uso del satanizado herbicida “glifosato” en cultivos genéticamente modificados es inocuo y, por tanto, el consumir tales alimentos no entraña riesgo para la salud humana ni animal.

Pero no solo la OMS y la FAO esclarecieron aquello, sino que -a Dios gracias, en mayo también- la Academia Nacional de Ciencias de EEUU entregó el sesudo estudio “Cultivos Genéticamente Modificados: Experiencias y Perspectivas” -elaborado por un Comité de 20 expertos que revisó centenares de estudios- concluyendo que los alimentos genéticamente modificados son seguros para la salud y el medioambiente y que la biotecnología ayuda a que el agricultor mejore sus ingresos al bajar los costos de producción y subir la productividad real del cultivo.

Por su parte, la especialista boliviana educada en México, Alemania y EEUU, Cecilia González Paredes, Ingeniera Biotecnóloga Ambiental con Maestría en Biología y Sociedad, explicó que aquellos estudios determinaron que los cultivos genéticamente modificados no tienen una correlación directa con el cáncer, la obesidad, el autismo, la insuficiencia renal, las alergias y otros males que -por ignorancia o intereses concretos- les endilgan algunas personas y ONG; por el contrario, el uso de biotecnología ayuda a bajar el envenenamiento por insecticidas/herbicidas y disminuye la contaminación del medioambiente.

Si los estudios de la OMS/FAO, Academia Nacional de Ciencias de EEUU y cerca de otras 250 instituciones han concluido que los alimentos genéticamente modificados no dañan la salud ni el medio ambiente…¿cabe seguir oponiéndose a tal tecnología?

Quiera Dios que tan categóricos dictámenes ayuden a superar la desinformación en contra de los organismos genéticamente modificados (OGM), ya que la biotecnología -bien normada y administrada- ayudará al acople de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 del Gobierno con la Agenda Agroproductiva privada, para producir más y mejores alimentos, consagrar la soberanía alimentaria y dar de comer al mundo, incluso a quienes viven de los mitos anti-OGM…

Santa Cruz, 8 de junio de 2016

Acababa de posesionarse Evo y debíamos cumplir con el mandato del pueblo, debíamos nacionalizar los hidrocarburos.  Ya no era el tiempo de organizar movilizaciones para protestar o rechazar alguna medida, tampoco era el tiempo de hacer propuestas que sabíamos que no se iban a tomar en cuenta.  Con Evo de Presidente, era el tiempo de hacer realidad los sueños.

El Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos se debía preparar cuanto antes.  Sabíamos que era un tema vital, desde todos los puntos de vista, desde lo político hasta lo económico, era una cuestión de dignidad, era la posibilidad de reconquistar el futuro.  La oposición apostaba en aquel momento a que el gobierno de Evo no iba a durar “ni tres meses” y a las pocas semanas se puso a “exigir” que cumpla su promesa de nacionalizar los hidrocarburos.  Desde su punto de vista, estábamos acorralados.

Sin embargo, se equivocaban.  A inicios del año 2006, no teníamos que empezar de cero, nuestra tarea estaba ya muy avanzada.  La nacionalización no era una simple propuesta electoral sacada debajo de la manga para lograr votos.  La nacionalización era un mandato y tenía historia.

¿Cuándo comenzó a redactarse en realidad, el Decreto de Nacionalización? 

El primer semestre del año 2002. Si, el año 2002, no es un error de imprenta.  Ese año, se había ya redactado el siguiente texto:   “Se dispone la recuperación para el Estado Boliviano de la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos …”.

El texto corresponde al   Proyecto de “Ley de Recuperación de los Recursos Naturales Hidrocarburíferos y de las Empresas Petroleras Capitalizadas” que presentó la Bancada del MAS en el Parlamento el año 2002.

¿Qué se dispuso cuatro años después, en el Decreto de Nacionalización del año 2006?  “El Estado recupera, la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los recursos naturales hidrocarburíferos.

Efectivamente, el año 2002 teníamos ya avanzado el tema y aquel año se realizaron cientos de talleres en todo el país y se vendieron cientos de miles de folletos explicando la situación del sector de hidrocarburos al pueblo boliviano. 

Después, mucha agua pasó bajo el puente:

• A inicios del año 2003 se llevó adelante un bloqueo nacional de caminos exigiendo la recuperación de los hidrocarburos.
• En octubre del año 2003, el pueblo conquistó en la Guerra del Gas, a costa de su sangre, el derecho de que la riqueza hidrocarburífera vuelva a manos del pueblo,
• El año 2004, se realizó el Referéndum sobre el Gas en el que la pregunta 2 (impuesta a Carlos Mesa por el MAS), que consultaba sobre la recuperación de la propiedad de la producción de hidrocarburos, se convirtió en mandato vinculante del pueblo boliviano al obtener más del  94% de votos afirmativos, y
• El año 2005 se promulgó la Ley de Hidrocarburos 3058 en la que el MAS incorporó, movilización social y bloqueos de por medio, además del 32% del IDH, los Artículos 5, 66, 78 y 79, entre otros, referidos a la propiedad de los hidrocarburos, las condiciones de los nuevos contratos y sobre los entonces vigentes Contratos de Riesgo Compartido.

Así, desde el año 2002, en todas esas batallas, se fue complementando, corrigiendo y delineando el futuro Decreto de Nacionalización.

Si se revisan esos textos se podrá notar con claridad que todos ellos han sido redactados por la misma mano; … ¡no fue un equipo el que redactó el Decreto de Nacionalización!!!,  fue la mano del pueblo la que escribió la historia y el Decreto, a sangre y fuego. 

Lo que tocaba el año 2006 era dar forma a la última parte de esa epopeya popular.  Y esa tarea recayó en manos del equipo que bajo la dirección de Evo, trabajó en silencio casi tres meses.

¿Eran cuatro o cinco o siete los miembros de este equipo?  Estaba conformado inicialmente por cinco personas.  En el proceso fueron depuradas dos personas.

Este equipo de trabajo definido por el Presidente, informaba de sus avances a un equipo más amplio, cuyas reuniones las presidía y convocaba el propio Presidente.  El equipo más amplio varió en su composición y número durante los casi tres meses que duró el trabajo de redacción.  Algunas personas participaron en tres o cuatro reuniones, otras en una sola.  

El Presidente manejó con gran capacidad el tema, de tal manera que en la práctica casi nadie más que él, conocía, sabía o tenía acceso a todo lo que se estaba trabajando.

Reunión tras reunión se fueron definiendo los temas, corrigiendo o complementando la redacción, blindando jurídicamente cada parte del Decreto para evitar arbitrajes internacionales, revisando cada detalle para lograr los objetivos.

Tres tendencias internas dieron la batalla.  Una planteaba una nacionalización “clásica” como las anteriormente realizadas en Bolivia.  Otra tendencia, de concepción neoliberal, planteaba que lo único que había que hacer era subir los ingresos estatales, que había que evitar “que el mundo se nos venga encima”.  Y finalmente estaba la tercera fracción hegemónica, que planteaba la nacionalización tal y como finalmente se aprobó.  

La lucha interna no fue agresiva ni mucho menos.  Las dos primeras fracciones nunca llegaron a plantear abiertamente sus posiciones, sólo lograban poner en debate algún tema, pero Evo resultaba siempre apoyando las posiciones que ya habían sido trabajadas internamente desde hacía años atrás.

Un ejemplo de estas diferentes posiciones internas es la forma en la que se definió el famoso “82 – 18”.

Cuando se había ya definido que el Decreto establecería la firma de nuevos contratos con las petroleras en un plazo de 180 días, se analizó el tema de cuánta sería la participación del Estado durante ese período.  Se pidió criterio técnico a un miembro del equipo de trabajo reducido y la respuesta fue algo así: “Yo creo que las empresas no van a aceptar más del 60% para el Estado”.   Evidentemente molesto por la respuesta recibida pero con un ánimo hasta travieso, Evo dijo: “¿Por qué no 82 para el Estado y 18 para las petroleras?”.

Era sin duda alguna un golpe simbólico de gran coraje.  Recordemos que en la época neoliberal las empresas pagaban 18% de regalías y se apropiaban del 82% para ellas.  Era textualmente, dar la vuelta la tortilla.

El Presidente pidió informe si los grandes campos podían seguir operando con 82% para el Estado.  A los pocos días se recibió el informe y para asombro y molestia de casi todos, resultó ser lo mismo: “Creemos que las empresas no van a aceptar más del 60% para el Estado”.  Evo se indignó y la persona que dio el informe aquel día y su recién conformado equipo técnico, dejaron de participar en el proceso. 

¿Por qué esta decisión tan drástica? ¿Era porque el informe no decía lo que el Presidente quería escuchar?  Nada de eso.  Era simple y sencillamente porque la respuesta estaba mal en esencia.  No se había preguntado “cuánto podían aceptar las empresas”, se había preguntado “cuánto podían resistir económicamente los campos”.  Es que resulta que en sus cabezas, en su forma de pensar dominaban las empresas.  Lo importante para ellos era cuánto aceptarían o no las empresas; para ellos no cabía pensar en cuanto quería o decidía tomar para sí, el Estado.

Evo pidió entonces informe a los dos grupos de apoyo internacional con los que estábamos en contacto, se pidió pues criterio al “Apoyo A” y al “Apoyo B”, como en aquel momento se los designaba.  Prácticamente, al día siguiente se convocó a la que resultó ser la última reunión.

Aquel día se le informó al Presidente: “Sábalo y San Alberto ¡Aguantan!!”.  Evo preguntó entonces: “¿Qué opinan?”.   Mi posición era conocida por todos y ya que nadie más se manifestaba, dije: “Estoy de acuerdo”.   “¿Alguien se opone?” insistió Evo.  El silencio fue la respuesta de los asistentes a la reducida reunión. “¡Aprobado!!”, dijo Evo y cerró el tema.  Algunos miembros del equipo tuvieron miedo a tomar la decisión, de ahí que ni la apoyaran ni se opusieran a ella.  Cosas de la vida, ni los radicales que querían expropiaciones ni los “neoliberales” que sólo querían subir impuestos, se pronunciaron.   Coraje, firmeza y claridad estratégica, eso necesita un líder y Evo dio la talla.  De esta manera quedó definido el famoso “82 – 18”.

Así, paso a paso se definieron los textos finales de todos los artículos del Decreto.   Con palabras sencillas y directas, pero al mismo tiempo, con un sólido blindaje jurídico, la versión número 21 del Decreto fue finalmente aprobada.

En lo concreto, 7 objetivos se definieron y lograron a través del Decreto de Nacionalización.

1. “Nacionalizar los recursos naturales hidrocarburíferos” y recuperar “el control total y absoluto” del sector.  (Artículo 1 del Decreto).
2. Recuperar la propiedad de toda la producción de hidrocarburos.   (Artículo 2 del Decreto).
3. Someter a las empresas petroleras a las nuevas condiciones de “control total y absoluto” por parte del Estado.  (Artículos 3, parágrafos I y II del Decreto).
4. Dejar sin efecto los anteriores Contratos de Riesgo Compartido. (Artículos 3, parágrafo III del Decreto).
5. Imponer de hecho, nuevas condiciones económicas. (Artículos 4 del Decreto).
6. Dejar sin efecto toda la estructura jurídica neoliberal en el sector. (Artículo 5 del Decreto).
7. Recuperar YPFB y dar condiciones para que se convierta en una corporación. (Artículos 6, 7 y 8 del Decreto). 

Lograr todo esto en el Decreto no fue poca cosa, pero con estas medidas se hacía algo más, se realizaba un cambio profundo, un cambio esencial en el sector de hidrocarburos. 

En general los países utilizan dos formas de explotar los recursos naturales, una es el Régimen de Concesión y la otra es el Régimen de Prestación de Servicios.

En el Régimen de Concesión el Estado otorga una “concesión” a una empresa para que explote los recursos naturales y a cambio la empresa paga “regalías” al Estado.  En este Régimen, la empresa que recibe la “concesión” es propietaria de los recursos naturales que explota,  es propietaria de la producción que obtiene.  Este era el Régimen vigente en el sector de hidrocarburos antes de la nacionalización debido a la Ley de Sánchez de Lozada y los Contratos de Riesgo Compartido.  En otras palabras las empresas petroleras eran propietarias de la riqueza del país, del patrimonio de todo el pueblo. 

En el otro régimen, en el de Prestación de Servicios, se da todo lo contrario.  En lugar de otorgar una “concesión” a una empresa, se firman Contratos de Prestación de Servicios con esa empresa en  los que se establece que toda la producción que esa empresa obtenga será entregada en propiedad al Estado y la empresa recibe simplemente un pago por sus servicios.

En el primer caso las empresas que reciben la “concesión” tienen el sartén por el mango, como sucede hoy en día en el sector minero, por ejemplo.  La empresa define su inversión, su nivel de producción, la comercializa y se enriquece.

En el otro régimen es el Estado el que tiene el sartén por el mango ya que la empresa sólo cumple el rol de prestar servicios.  Es el caso de un albañil o empresa contratada para construir una casa; el que define cuántos cuartos y cuántos pisos tendrá la casa, y quién vivirá en ella, es el dueño y no así el contratista.  En el Régimen de Prestación de Servicios, el Estado es el dueño y la empresa es el albañil.

Y esto es lo que estableció el Decreto de Nacionalización, estableció en el sector de hidrocarburos el Régimen de Prestación de Servicios bajo “control total y absoluto” del Estado y dejó atrás el Régimen de Concesión vigente hasta ese momento.  Este es el cambio esencial que efectivizó el Decreto.

Poder decidir cuánto se produce, cómo se produce, a quién se vende, a qué precio se vende y qué se hace con la riqueza obtenida, todo eso se logró con el Decreto de Nacionalización.  Antes, todo ese poder de decisión estaba en manos de las empresas petroleras; eran ellas las que definían y se enriquecían con nuestros hidrocarburos.

Diez años después, analistas y expertos diversos, no asumen o no quieren comprender “la pequeña” y vital diferencia entre uno u otro régimen, entre tener el sartén por el mango o ser el pescado en el sartén.

Antes de la nacionalización se dio incluso la situación de que las empresas petroleras se dieron el lujo de amenazar al país con dejarnos sin gasolina y diésel; éramos el pescado en el sartén.  Con el Decreto de Nacionalización, nosotros las amenazamos con “sacarlas a patadas” si no se sometían a nuestro “control total y absoluto”.

El pueblo no había luchado por cobrar más impuestos a las petroleras, el pueblo luchó por tomar el control total y absoluto, por recuperar lo que era nuestro, por recuperar la dignidad y el futuro.  Y cumplir ese mandato, era el desafió fundamental a la hora de definir el Decreto de Nacionalización. 

¡Misión cumplida!!!

“La historia la escriben los vencedores”.

Winston Churchill

Manuel Morales Olivera

Documentos:

• Anteproyecto de Ley: Recuperación de los Hidrocarburos y de las Empresas Petroleras Capitalizadas (PDF 4.3MB)
• D.S. No. 28701: Nacionalización de los Hidrocarburos "Héroes del Chaco" (PDF 1.1MB)

La primera versión de los nuevos contratos a ser firmados por las empresas petroleras 180 días después de la Nacionalización, estaba lista y fue entregada en Palacio días antes del 1ro. de mayo del 2006.

Era claro que negociar más de 80 contratos con 10 empresas en 180 días no era fácil, por lo que “habíamos adelantado la tarea”.  La primera versión tenía ya definida toda la estructura y el contenido de las Cláusulas.  Faltaba, eso sí, el mecanismo específico mediante el cual, se iba a calcular y pagar la retribución a las empresas petroleras por los servicios prestados al Estado.

Esta primera versión nuestra fue redactada en base a los borradores que había trabajado previamente, el año 2005, el personal de YPFB de acuerdo a su visión de la Ley 3058.  Sin duda alguna no era nuestra perspectiva de las cosas, pero haciendo justicia, la base de los nuevos contratos fue redactada por ellos.

Mientras se redactaba el Decreto de Nacionalización, desde febrero hasta marzo del 2006, se dio forma al mismo tiempo a los nuevos contratos petroleros, en oficinas de YPFB.   Tuvimos ese tiempo el honor de contar con un maestro que, en incontables y largas charlas, respondía con paciencia todas nuestras preguntas.  Preguntamos sobre los contratos a nivel mundial, sobre los diferentes modelos y estructuras, sobre cuáles eran sus resultados prácticos, sus ventajas e inconvenientes, etc.

Después de las primeras semanas, cuando empezamos a entrar en mayores detalles, el compañero  ya conocía a cabalidad la legislación boliviana del sector.   Entonces cuando se trabajaba una idea, él se encargaba de darle la redacción y la forma técnica adecuada.

Recuerdo la charla en la que se dibujó en la pizarra el que después sería “el clásico” diagrama de distribución de los ingresos de acuerdo a los nuevos contratos.  Se dibujó una columna de ingresos totales y se la dividió con su franja 1 de IDH y Regalías, su franja 2 de Costos Recuperables y su franja 3, dividida entre YPFB y las empresas operadoras.

“Si hacemos esto … ¿Se puede?”, pregunté.  Una sonrisa se dibujó en su rostro y me dijo algo así: “Se puede, pero debes estar consiente que eso es … una alevosía”.

El apoyo de este compañero nos permitía tener seguridad absoluta de que ninguna de nuestras ideas, por descabellada que pareciera, estuviera fuera del marco de lo real, de lo posible.  Pero además, este compañero tuvo otra virtud extraordinaria, no dio en ningún caso criterio sobre lo que debíamos o no hacer; comprometido con el proceso pero respetuoso absoluto de nuestra perspectiva de las cosas, de nuestras decisiones.

Al finalizar cada jornada de trabajo, me reunía con el compañero Jorge Alvarado, prácticamente todos los días.  Esta sana costumbre que se extendió hasta que dejó lamentablemente la Presidencia de YPFB,  permitió que el trabajo se realizara de la forma más fluida y coordinada.  Jorge recibía el informe diario, daba sus criterios y observaciones, se definían con él todos los temas, incluidos los operativos y … recuerdo siempre, la alegría en su rostro saboreando anticipadamente el momento de “poner en su lugar” a las empresas petroleras.  Tenía también en su rostro una sana envidia de que yo podía dedicarme a tiempo completo a estos temas, mientras él debía controlar y manejar YPFB para que estuviera lista para la nacionalización; ¡y así lo hizo!!!!.

Con Jorge Alvarado, día a día se fue puliendo el borrador de contrato.  El trabajo era obviamente detallado, al extremo que surgió una singular broma interna del equipo sobre la forma detallada y minuciosa en la que Jorge Alvarado leía los borradores de contrato.   Lamentablemente, no pudo estar hasta la revisión de las últimas versiones de los contratos por los furibundos ataques que recibió injustamente.

Al igual que el Decreto de Nacionalización, los contratos a ser firmados con las petroleras fueron perfeccionándose a detalle en diferentes versiones.  Se tuvo extremo cuidado con estas versiones.  Queda para la anécdota, que conociendo que un miembro del equipo ampliado, necesitado de figuración había realizado contactos chútos con algunas empresas; se le hizo llegar una versión, no recuerdo si la versión 3 o la 5, con errores expresamente incorporados.   En definitiva, esa versión salió publicada en la prensa y sirvió para distraer la atención.

La versión 5 de los contratos fue entregada oficialmente a todas las empresas petroleras advirtiéndoles que sufriría modificaciones.  Cuando semanas después recibieron la versión 7, palidecieron, porque era más dura que la anterior.   Les aconsejamos cerrar trato lo antes posible, antes de que llegue la versión 9.

Y llegó la versión 9, sólo que esta vez ya no fue entregada a las empresas.  En esta versión, los contratos quedaron definidos y se establecieron tres modelos finales, el duro, el medio y el blando.  Dependiendo de la estrategia de negociación se fue definiendo cuál contrato debía firmar cada empresa.  Vencido el plazo todas las empresas tenían sus respectivos contratos.

Después de que fueron firmados los contratos y se conocieron públicamente, algunos analistas dijeron que eran muy buenos contratos y que habían sido redactados en Nueva York por un bufete internacional.  Cuando escuchaba estas declaraciones recordaba la siguiente anécdota.

Entre Julio y Agosto del año 2006, un poco antes de que entregáramos oficialmente un borrador del modelo de contrato a las empresas petroleras, se mandó una versión al bufete de Nueva York que, efectivamente, estaba en coordinación con nuestro equipo.  Se le pidió que nos diera opiniones y sugerencias.

A los pocos días nos llegó un nuevo modelo de contrato, redactado por ellos, totalmente diferente a nuestro modelo.  Educadamente enviamos un nuevo mensaje en el que reiterábamos nuestro pedido de recibir opinión sobre nuestra versión del modelo de contrato.   A los pocos días nos llegó un nuevo documento redactado sobre la base de su modelo, incorporando algunas cláusulas de nuestro modelo de contrato.

Agradecimos su buena intención pero les dijimos que los contratos a ser firmados por las petroleras serían los contratos definidos y redactados “a la boliviana”.  Les costó asumir esta realidad, pero obviamente la aceptaron y desde ese momento quedó claro para ellos que su rol era de asesoramiento, de responder consultas y … nada más.

El rol del bufete de Nueva York, el rol vital que jugó, no fue el de redactar los contratos a ser firmados.  Se trabajó con ellos fuerte y profundamente sobre el tema de los arbitrajes internacionales.  Ese fue el tema en el que jugaron un rol decisivo.

El año 2007, bajo fuego cruzado por parte de la oposición, aparecieron como denuncias que el equipo boliviano había recibido apoyo internacional, que había recibido apoyo cubano y venezolano, y que “un bufete de Nueva York” definió la nacionalización.

Estábamos tomando decisiones sobre la riqueza natural más importante del país, de la cual dependía el futuro.  ¿No era lo más lógico y sensato buscar asesoramiento internacional?

Lo fundamental era que este asesoramiento fuera sólo eso, asesoramiento.  A diferencia de los tiempos neoliberales en los que Sánchez de Lozada llegó a firmar un contrato que estaba en inglés, tiempos en los que los “asesores” definían y los bolivianos “acataban”; a diferencia de esos tiempos, los equipos que nos asesoraron tenían o llegaron a tener absolutamente claro su rol.

Se desarrollaron también charlas sobre el tema con otros expertos internacionales que no se “denunciaron” aquel  tiempo, pero que fueron vitales a la hora de tomar decisiones.  Charlas que se desarrollaron, varias de ellas, incluso antes de ganar las elecciones y alguna otra, que fue vital, antes de la posesión de Evo.  Por ejemplo, el día y la hora en que Evo asume la presidencia, el equipo de hidrocarburos estaba en una de esas charlas con un experto reconocido internacionalmente.  Vimos a la pasada los actos por televisión y leímos al día siguiente, en la prensa, el contenido del discurso del Evo.

El trabajo fue serio, como correspondía a las circunstancias.  El equipo boliviano tenía claridad estratégica, tenía el mandato del pueblo boliviano, pero … necesitaba lograr la misma claridad y contundencia a la hora de volcar todo eso en la operación efectiva de toda la cadena de producción, almacenaje, transporte y comercialización de hidrocarburos; necesitaba esa claridad en los nuevos Contratos de Operación. 

Para lograrlo necesitábamos el asesoramiento de diversos expertos, en distintas áreas; pero los expertos que nos asesoraron, no fueron los “expertos” de escritorio, fueron expertos que habían dirigido negociaciones, que habían forjado su experiencia en décadas, que dirigían empresas en duras condiciones operativas, que dirigían operaciones internacionales de gran envergadura, expertos que día a día daban la batalla.

¿Tuvimos apoyo internacional?  Claro que sí, eso no era un pecado, el pecado hubiera sido no tener ese asesoramiento internacional y decidir irresponsablemente sobre semejante tema histórico.

Lo que no deja de doler es que exista esa mentalidad de que sólo lo extranjero es bueno y lo nacional es malo.  Si los contratos son buenos, es que tuvieron que ser redactados en Nueva York, no pudieron ser creados en Bolivia y por bolivianos.  Si los contratos son malos, entonces obviamente fueron redactados en Bolivia y por bolivianos, porque si hubieran sido redactados en Nueva York hubieran sido buenos.

En los siguientes artículos de esta serie, contando otras partes de esta historia, quedará claro y resultará inequívoco que los Contratos que firmaron las empresas eran “a la boliviana” y respondieron a cabalidad con los objetivos señalados.

En definitiva, los Contratos de Operación que firmaron las empresas petroleras en octubre del 2006, fueron contratos “made in Bolivia”.  Si son buenos, es nuestro logro; si son malos, es nuestra “total y absoluta” responsabilidad.

Manuel Morales Olivera

“En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas ...”.

José Martí

El avión estaba ya en el aire volando hacia el sur, tenía retraso por problemas climáticos. Se calculó que por lo tanto, todo el operativo debía retrasarse algo más de una hora.  Bajamos del aeropuerto, se dan las instrucciones al centro de operaciones y se fija la nueva hora. Se verifica que todo siga en orden. Estamos todos tensos, en una sala en Palacio, pero todo sigue de acuerdo a lo definido.  El avión sigue en vuelo, el operativo sigue su curso … no hay novedad. Pasan los minutos.

De pronto recibo un llamado a mi celular, identifico el número y se trata del gerente de una de las empresas. Contesto y después de un breve y cortés saludo me pregunta si sé algo de “un decreto” porque uno de los campos que opera su empresa está rodeado por el ejército y les dicen que ha salido un decreto y su gente no entiende lo que está pasando. Tomo aire y después de unos segundos de silencio le digo: “Te doy un consejo, obedezcan, es lo mejor que pueden hacer.  Nada más te puedo decir”. Mi interlocutor guarda silencio por varios segundos hasta que me responde: “Gracias, voy a dar esa instrucción”.

Cuelgo el teléfono  y pido informe.  Es el único caso, es la única falla del operativo por el retraso de la hora, el resto de grupos operativos conjuntos de efectivos militares y personal de YPFB están informados y a la espera de la hora indicada. Me tranquilizo, espero que el incidente quede para la anécdota, y vuelvo a la sala de reunión.  Falta algo más de una hora para que se haga historia.  Recibimos informes de que ningún medio de comunicación sabe nada, que no se oyen ni rumores, que todo transcurre “con absoluta normalidad”.

Eso nos preocupa de inmediato.  En poco más de una hora se empezará con la transmisión en vivo y “nadie sabe nada”, y nadie va a estar frente a sus televisores.    Habíamos movilizado cientos de efectivos militares y decenas de profesionales de YPFB, estaban organizados en grupos conjuntos en las cercanías de todos los campos hidrocarburíferos del país, estaban equipos listos para transmitir en vivo al país y el mundo el momento en que el primer presidente “indio” de Bolivia nacionalizaba los hidrocarburos ….., todo esto en absoluta reserva. 

El Gabinete había aprobado ya el Decreto Supremo antes de que saliera el sol y quedan en mi memoria los rostros de los ministros que no salían de su asombro y cómo la emoción empezaba a apoderarse de ellos.  Al terminar la lectura del Decreto, el Gabinete se pone de pie y canta el Himno Nacional y los abrazos y la alegría se contagian a todos.  El Presidente les pide la más absoluta reserva para que el operativo militar se lleve adelante sin contratiempos.   Se les invita a viajar con el Presidente para anunciar al país y al mundo el Decreto desde el campo San Alberto, uno de los “mega campos” emblemáticos.   En el aeropuerto están convocados además decenas de dirigentes de los movimientos sociales para acompañar al Presidente a un acto “muy importante”.  Recién en el avión se les informa que se ha emitido el Decreto de Nacionalización de los hidrocarburos. 

La imprenta de la Gaceta Oficial de Bolivia, encargada de publicar el Decreto para que tenga vigencia ya había realizado las pruebas de imprenta, estaban listos los spots y ringles publicitarios para información del pueblo y hasta estaban listos los telones a ser colgados en las instalaciones, ….  y todo esto se había hecho en absoluta reserva.   Para el país todo transcurría “con absoluta normalidad”.

Por eso decidimos “filtrar” la noticia.  Se instruyó que los ringles y spots publicitarios se distribuyan antes de lo planificado y además se pidió a un periodista amigo de una radioemisora que los viera “para dar” su opinión.  El amigo recibió el mensaje con claridad y a los pocos minutos empezaron a hablar del tema, de la “posibilidad de una noticia trascendental”, “histórica”, de “un día histórico”. 

Se confirma el aterrizaje del avión, el presidente se dirige hacia San Alberto.   Es el detonante para dar la instrucción de que todos los campos empiecen a ser rodeados por los grupos conjuntos de efectivos militares y personal de YPFB.   Al mismo tiempo, se da alerta máxima a los alrededor de doscientos técnicos y profesionales de las brigadas de apoyo internacional.

Mientras vamos recibiendo minuto a minuto los partes del Comando de Operaciones, se van sumando uno a uno los campos que son rodeados y se les informa a los operadores de los pozos, plantas e instalaciones que ha sido emitido el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos y que deben acatar inmediatamente sus disposiciones. 

Se inicia la transmisión en vivo desde el campo San Alberto a todo el país y el mundo, y al mismo tiempo prácticamente se completa el operativo de toma de control de todos los campos.

Días atrás el Presidente había recibido el informe final de situación y había tomado la decisión histórica, con firmeza, con coraje.  En aquella reunión en la que a muchos les ganó el miedo, el Presidente, una vez más dio la talla de líder, definió los dos últimos temas que quedaban por definirse, entre ellos la fecha:  1ro. de mayo.

Ya en el campo San Alberto, cuando el Presidente lee el primer Artículo del Decreto de Nacionalización,  la tensión deja paso a la emoción, se nos llenan de lágrimas los ojos y sentimos también la emoción de Evo al momento de leer.  Ya es un hecho, ya es realidad, … estamos recuperando la dignidad, estamos recuperando el futuro.   

En el Comando de Operaciones, los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, cuando termina la lectura del Decreto en San Alberto, se ponen de pie y espontáneamente comienzan a cantar el Himno Nacional, al terminar se oye el grito de “¡Viva Bolivia Digna !!!!”, todos responden “!Viva!!!!!”.  De inmediato se retoman los lugares de trabajo.

Mientras el país empieza a vibrar con la noticia, para nosotros empieza la segunda fase.  Los técnicos de YPFB deben verificar si algún campo o planta ha iniciado sus procedimientos de cierre de operaciones.   El Decreto dice que las empresas deben acatar inmediatamente las decisiones soberanas del gobierno y del Estado. Cerrar operaciones significaba no acatar el Decreto, y continuar con las operaciones significaba someterse al Decreto.

A los 10 minutos, recibimos el reporte de que ningún campo ni planta ha iniciado procedimiento de cierre de operaciones.  A los 20 minutos el reporte es el mismo “sin novedad”.   

Si alguna empresa iniciara el cierre de operaciones, debía recibir de manos de nuestras Fuerzas Armadas un ultimátum de 30 minutos para revertir el proceso de cierre de operaciones.  Transcurrido ese plazo el ejército tomaría físicamente las instalaciones y los técnicos de YPFB tomarían a su cargo las operaciones.  Al darse el ultimátum, partirían de sus bases, las brigadas internacionales de apoyo necesarias para garantizar la continuidad de operaciones.

Si se lanza una amenaza a las empresas más poderosas del mundo, esa amenaza debía ser en serio.  Para que tu amenaza sea creíble debes estar dispuesto a cumplirla, pero además debes tener las condiciones reales para cumplirla, y si corresponde, debes encargarte que los que reciben la amenaza sepan que puedes cumplirla.   Así se hizo.

Amenazar a las petroleras con que si no acataban tomaríamos los campos y empezaríamos a operar nosotros, no era poca cosa.   En ese momento nuestro YPFB no tenía condiciones para garantizar la continuidad de las operaciones, no tenía la cantidad suficiente y necesaria de profesionales con esa capacidad operativa.  Las empresas petroleras lo sabían, nosotros lo sabíamos ... entonces, se organizaron las brigadas internacionales de apoyo en reserva, sin publicidad, pero …. tampoco estaban clandestinas. 

Las brigadas internacionales llevaban más de dos semanas concentradas, en varios centros dispuestos adecuadamente para que de ser necesario actúen y garanticen la continuidad de las actividades petroleras.   Estaban organizados en grupos de entre cinco y diez expertos, con carros en la puerta, tanque lleno y medio de comunicación.

Nos encargamos de que las principales empresas tuvieran la certeza  de la llegada de “muchos” profesionales y expertos petroleros internacionales al país.  Alojados en hoteles de una u otra ciudad, por decenas y cambiando hasta de alojamiento cada cierta cantidad de días …. Algunos grupos hicieron visitas de pozos, plantas e instalaciones con el pretexto oficial de “verificar en el terreno, los mecanismos de fiscalización de la producción”.    En esas visitas en realidad se verificaban los datos del tipo de instalaciones y la cantidad aproximada de expertos necesarios para tomar el mando de las operaciones en caso de necesidad.  La Petrobras impidió el ingreso de uno de estos equipos a una de las Refinerías.  Al recibir el informe, una sonrisa se dibujó en nuestro rostro al saber que esta sería la última vez que una petrolera iba a poder hacer semejante desplante, alevoso y prepotente. 

Así, se logró que en el medio petrolero se supiera de la presencia de muchos expertos internacionales en el país, pero las petroleras no podían saber cuántos eran en realidad ni qué experticia tenían.  Todo esto se hizo para que el día de la Nacionalización, el 1ro. de mayo, cuando las petroleras conocieran el Decreto y leyeran la amenaza de que si suspendían operaciones entraríamos nosotros a operar sus campos e instalaciones, pudieran saber que nuestra amenaza era total y absolutamente creíble, porque gracias a los profesionales de YPFB y a las brigadas internacionales teníamos efectivamente la capacidad de operar sus campos e instalaciones. 

Después se dijo que la presencia del ejército fue innecesaria.  Es fácil hablar sin conocer la realidad.  El ejército era la evidencia física y efectiva de que el Decreto no eran palabras vacías y negociables, los fusiles rodeando los campos eran la evidencia de que la amenaza de tomar los campos y operaciones si  las empresas no acataban el Decreto, era una amenaza en serio. 

Que finalmente el ejército no necesitó tomar ningún pozo o instalación y que ningún grupo internacional tuvo necesidad de operar porque todas las empresas se sometieron, no demuestra que la presencia del ejército fuera innecesaria.  Por el contrario, su sometimiento al Decreto aquel 1ro de mayo, demuestra que la presencia del ejército y las brigadas internacionales eran lo suficiente y necesario para que acaten las decisiones soberanas de Bolivia.

Porque cabe recordar que el Decreto de Nacionalización dejaba ese mismo día sin efecto los más de 80 Contratos de Riesgo Compartido firmados por las empresas petroleras con los gobiernos anteriores.  Ese día botamos al basurero más de 80 contratos petroleros, ¿querían que lo hagamos con una bandera blanca en la mano?

No botas más de 80 contratos petroleros al basurero en un solo día si no es poniendo las cosas absolutamente claras:  O te sometes, o nuestro ejército te saca a patadas.

Los equipos internacionales se mantuvieron en alerta y en sus bases de operaciones hasta varias semanas después incluso de que se retirara el ejército de los pozos e instalaciones.

Pero volviendo al relato de ese 1ro. de mayo del 2006, recordamos que hasta la primera hora el parte del Comando de Operaciones siguió siendo el mismo: “sin novedad”.  Ningún campo ni planta había comenzado el cierre de operaciones, todas las empresas estaban acatando el Decreto.

Se informó al Presidente que todos los campos y las plantas seguían operando.  Parecía increíble, habíamos dado el zarpaso y las empresas petroleras no habían podido reaccionar.  Cuando el Presidente emprendió el viaje de regreso a la sede de gobierno se le informó que teníamos “todo bajo control”.  ¡No había ni colas en los surtidores de gasolina!!!!.

La tensión dejó paso a algunas risas, chistes y carcajadas.  Pedimos al Comando suspender los reportes permanentes e informar “sólo en caso de novedad”.  De rato en rato verificaba mis teléfonos, seguían en silencio.

Ya al finalizar la tarde, la gente empezó a reunirse en la Plaza Murillo, llegó el Presidente al Palacio.  ¡Evo había cumplido con la historia!!!!!

Al finalizar el día, todas las empresas petroleras seguían operando, acatando el Decreto de Nacionalización.  Ni el ejército, ni los técnicos de YPFB, ni las brigadas internacionales de apoyo tuvieron que actuar.  En la noche, el Presidente, ya en Palacio, volvió a preguntar: “¿Ni una sola?”.  La respuesta fue, “Ni una sola. Todas las empresas han acatado el Decreto”.  Nos quedamos con las ganas. Habíamos ganado la primera batalla “sin disparar ni un tiro”. 

Y como si no fuera realidad, como si fuera una de esas imágenes históricas, esos momentos que uno sólo puede ver en los documentales, salí al balcón y al ver los rostros de la gente llenos de dignidad, de fuerza y de alegría, revisé una vez más mis celulares y … en silencio recordando a los caídos en la Guerra del Gas, me dije a mi mismo: “Su sangre no ha sido en vano”.

Manuel Morales Olivera

El manejo del Estado en pleno Siglo XXI es una tarea mucho más compleja que en el pasado, lo que conlleva una exigencia de adecuar las instituciones a las necesidades crecientes que se plantea en la actualidad.

Las recetas tradicionales del manejo de los estados  pierden terreno ante la realidad variable, activa y diversa, pese a los esfuerzos de ciertos sectores, grupos o partidos políticos que no asumen la vitalidad de los profundos cambios que se viven en el mundo entero.

El Estado de hoy como nunca debería ser administrado con la asistencia de la tecnología y de burócratas cada vez más eficaces y eficientes en el manejo de los recursos públicos en relación directa con las necesidades crecientes de la sociedad.

Suponer que un grupo privilegiado de personas del entorno de los personajes fuertes de un gobierno es suficiente se equivocan o que concentrando el poder en manos de un elegido por los dioses del Olimpo sobra y basta, peor. La asignación y ejecución de políticas públicas requiere de un manejo multidisciplinario inexcusable.

En una opción diferente y de contra ruta  parecen estar algunos países de América Latina, tal es el caso de Venezuela,  con su inocultable crisis social, económica y política, la que quieren justificarla, en particular,  su presidente,  con apariciones mediáticas y de masas en las que pronuncia interminables como incomprensibles discursos de los que solo se puede concluir que la culpa de la situación  es del otro y no de su ineptitud.

Se ha llegado a extremos insostenibles con la toma de  medidas que expresan   una   monumental estupidez  antes que una voluntad para resolver los acuciantes problemas cotidianos que atraviesas los venezolanos. Por ejemplo se ha determinado que los funcionarios públicos solo tendrán una semana laboral de dos días pues no trabajarán  los miércoles, jueves y viernes con el propósito de ahorrar energía eléctrica mientras se recupera el embalse de Guri que genera el 70 % de la electricidad, porque, según el oficialismo, ha sido afectada por la intensa sequía  y el sabotaje de algunos sectores de la oposición.

Es inimaginable pensar en una alianza política entre el fenómeno de El Niño y la oposición venezolana, pues si esta última fuese tan poderosa como para controlar este fenómeno o someterlo a sus designios, Nicolás Maduro no hubiese sido nunca presidente.

Entonces surge la  pregunta  ¿la crisis actual es producto de una oposición organizada, seria, con proyecto de estado y poder o de la ineptitud, la corrupción y sobre todo la ausencia de un manejo responsable  de  su riqueza hidrocarburífera?

Todo apunta a la ineptitud y al manejo  irresponsable  del gobierno del Presidente Maduro pues el buen momento económico de su pasado inmediato se lo farrearon   sin escrúpulo alguno,  utilizaron hábilmente la   idea del cambio y de una crítica sin cuartel   al neoliberalismo y consolidarse en el poder  por décadas para   finalmente mostrarse muy parecidos a sus enemigos ideológicos en su insensibilidad de luchar contra la pobreza, la corrupción, el abuso de poder y el autoritarismo.

La herencia que  dejan pringa irremediablemente a la izquierda y a lo popular al grado de que los  proscribirá injustamente de la memoria popular y  del seno de ese pueblo por mucho tiempo, su reconstrucción será lenta, difícil y llena de vicisitudes

Hoy 3 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa declarado por las Naciones Unidas. Me parece oportuno dar a conocer un punto de vista de cómo ésta se desarrolla y se ejerce en el país.

En estos últimos días, conforme se desarrollaron las protestas de las personas con discapacidad, he visto dos actos por demás llamativos y condenables para el ejercicio periodístico, por un lado las detenciones arbitrarias y por el otro los golpes, ambos protagonizados por servidores públicos.

La detención policial de un periodista de El Deber, Jesús Alanoca, y la golpiza de un funcionario público del INRA contra el fotógrafo de Página Siete, Álvaro Valero, demuestran todavía las restricciones e intolerancia al trabajo que viene realizando la prensa en nuestro país.

Ambos casos se suscitaron en el mismo lugar, pero en diferentes días. Ambos casos tienen que ver con la cobertura a la protesta de las personas con discapacidad. Ambos casos, hasta hoy, parecen no tener reprimendas o sanciones para quienes atentaron a la libertad de prensa.

Es oportuno recordar a la población en general que en el país existe libertad de prensa, pero existen también este tipo de casos, aislados por su puesto, que muestran que todavía queda mucho por trabajar para garantizar el ejercicio periodístico.

El acceso a la información es otro de los óbices que enfrenta nuestro periodismo y seguramente hay otras necesidades que deben ser motivo de debate y atención por las autoridades. Queda pendiente abordar estos otros temas que conciernen al periodismo, por lo pronto es necesario hacer una reflexión sobre los últimos sucesos que han impedido el trabajo periodístico en nuestro país y mostrar la indiferencia que generan estas acciones en el pueblo.

"Tal vez -pensando en voz alta- ha llegado el momento de plantear un gran pacto productivo", fue la inesperada expresión que rescaté como la más importante del discurso pronunciado por el Ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, en el Acto de Posesión del Directorio 2016/2017 de la prestigiosa Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) presidida por el vanguardista productor agropecuario, Lic. Reinaldo Díaz Salek. La idea de “un gran pacto productivo” con el sector fue…¡música para mis oídos!

Y es que -a diferencia de quienes me tildan de inocente y hasta de iluso- cuando oigo a alguien decir algo bueno, lo hago con el debido respeto y le tomo la palabra sobre lo dicho, especialmente si es coherente, si no tiene solo una buena intención sino el ánimo de avanzar en soluciones y, mucho más si sus antecedentes lo avalan. Éste es el caso del Ministro de Gobierno cuya propuesta, pese a no representar a la entidad cabeza del sector agropecuario, la he tomado muy en serio, mucho más cuando hace un tiempo atrás fui testigo de una contundente y positiva actuación suya en favor del sector agroproductivo.

En relación al tema -el año pasado- en vísperas de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” que tendría lugar en el mes de abril, en Santa Cruz, escribí una columna que titulé “Una oportunidad de oro…” (EL DEBER, 11.2.15) donde dije que “…en función del preocupante escenario económico que el señor Presidente del Estado Plurinacional intuye de aquí en más, se abre la posibilidad de hacer las cosas bien para desarrollar una parte importante de la economía, por lo que confío que -rompiendo mitos, dejando atrás prejuicios y sobre todo, escuchando al sector agroproductivo- se trace una senda pragmática de progreso para que todos los bolivianos vivamos bien”.

La oportunidad de oro tenía que ver con adoptar inteligentes políticas públicas para consolidar la soberanía alimentaria plena en Bolivia y convertir en graneros al Oriente y Occidente, cada región con su propia vocación y sus opciones de progreso y desarrollo.

A un año vista de aquel entonces, con un dantesco escenario de bajos precios -muy lejano al del auge vivido durante años- no hay lugar para más equivocaciones: o hacemos un pacto productivo para utilizar todos los recursos disponibles -la agrobiotecnología entre ellos- para producir más y mejores alimentos con una mayor productividad y competitividad, o retrocedemos y volvemos a ser la Bolivia importadora de alimentos que beneficiaba a terceros…

Santa Cruz, 4 de mayo de 2016

El Decreto Supremo 2754 fue promulgado por el Presidente del Estado el día primero de mayo generando una serie de repercusiones a nivel nacional, este decreto tiene un artículo único que abroga el Decreto Supremo 1359 de 26 de septiembre de 2012.

El Decreto abrogado tenía por objeto prohibir la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones y movilizaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.

La conclusión lógica emergente de la lectura de ambas normas es la que los medios de prensa, expertos y público en general tiene: que el uso de explosivos en manifestaciones se encuentra permitido.

Esto no es correcto, pues el 18 de septiembre de 2013 (un año después del Decreto Abrogado) el Presidente Morales promulgó la Ley 400, “LEY DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,  EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS”.

En materia legislativa la jerarquía de las normas se encuentra establecida por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado que establece que una Ley Nacional se encuentra por encima de un Decreto Supremo, esto significa que el decreto recientemente promulgado no puede afectar la vigencia de la Ley 400 de control de armas y explosivos.

La Ley 400 sobre los explosivos y las manifestaciones públicas establece en su artículo 51:

“Está prohibida la tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, en los siguientes casos:

e. Manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.”

Esta norma no ha sido modificada por ninguna Ley, por lo que la prohibición se mantiene vigente.

La misma Ley contempla el caso específico de atentados ocasionados con explosivos en contra de bienes públicos en manifestaciones o mítines, en el artículo 141 Quinceter que se añadió al Código Penal:

“Artículo 141 Quinceter. (ATENTADO CONTRA BIENES PÚBLICOS). El que atentare contra bienes públicos utilizando armas de fuego, explosivos, en manifestaciones, mítines, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años.”

Además debe considerarse que al estar prohibido el porte de explosivos en marchas y movilizaciones, cualquier persona que porte un explosivo (aún sin emplearlo) en una de estas actividades cometería el delito de porte ilegal y podría ser sancionado con una pena de hasta cinco años de cárcel.

El Decreto Presidencial 2754 ha dejado sin efecto una norma que ya había sido tácitamente abrogada, la desinformación de algunas personas sobre la inexistencia de prohibiciones para el uso de explosivos en manifestaciones no considera la vigencia de la Ley 400 desde el año 2013.

La búsqueda y toma del poder por la vía democrática conlleva el ejercicio de funciones por parte de los elegidos con el fin de cumplir ciertos fines, que  se supone deben ir en beneficio de la sociedad.

A partir de ese momento se establece una relación de orden ético legal  entre el elector y elegido,  que  obliga a la autoridad a cumplir con lo prometido o cuando menos a desplegar su actividad  pública en función al interés general, sobre todo a partir de la utilización de recursos estatales que deben ser manejados con reglas de juego preestablecidas y no de manera discrecional.

La política debe estar siempre sometida a la legislación y no al revés, con esto se expresa que hay reglas de juego que cumplir en el ejercicio del mandato democrático para evitar que en el futuro se establezcan responsabilidades a la autoridad que vulnero o incumplió con la legislación vigente.

También existen ciertos códigos de comportamiento  en la función pública que si bien no están escritos pero  deben ser cumplidos por las autoridades electas, por ejemplo un gobernador, un alcalde, un ministro debe desarrollar sus funciones en sus oficinas o debe procurar ejecutar su presupuesto institucional en porcentajes lo más elevados posibles.

No existe ley alguna que fije un porcentaje de ejecución de un presupuesto pero en la medida que esta sea elevada se entiende que se han cumplido con los objetivos fijados y la ciudadanía ha sido atendida en sus requerimientos así sean mínimos.

Lo que si legalmente debe hacer una autoridad es transparentar sus actos e informar a la ciudadanía de cómo están siendo gastados ésos recursos públicos de tal manera que la ciudadanía ejerza un adecuado control y seguimiento sobre el gasto público y los grados de eficiencia y eficacia de una determinada administración.

En Sucre, la Capital del Estado, se ha conocido públicamente,  que la ejecución presupuestaria del primer trimestre del  2016 en inversión pública de la Alcaldía ha llegado al 1 %, quedando para los próximos nueve meses el desafío casi imposible de  ejecutar el 99 %.

La situación es gravísima y por lo tanto preocupante. Pero ¿cómo se ha llegado a tal extremo? da la impresión que en Sucre no hay Alcalde, que existen  cerca de tres mil burócratas que reciben un sueldo como servidores públicos municipales por no hacer nada, que el Concejo Municipal no cumple con el mandato constitucional de fiscalizar,  que el control social y la Federación de Juntas Vecinales socapan al Alcalde y al Concejo, en suma nadie cumple con la ley en el Gobierno Municipal de Sucre con daños irreparables a la ciudad.

Seguramente hay argumentos para ello, desde el manido que funcionarios de la anterior gestión complotan contra la actual administración, que el equipo del Alcalde es el culpable, que el Alcalde y el Concejo están tomando decisiones que serán comunicadas oportunamente y cosas por el estilo, lo cierto es que el nivel de irresponsabilidad de estas autoridades ha llegado a un límite en el cual la ciudadanía debe de tomar decisiones e impedir que los ineptos dañen de la manera como lo están haciendo a la ciudad de Sucre.

De seguir así la gestión municipal el camino más decoroso para el Alcalde será la renuncia digna antes que quienes lo eligieron revoquen su mandato lo que implicaría una nueva y grave derrota política para el MAS en Sucre, ciudad en la que el ganó  por primera vez en las elecciones municipales anteriores pero que puede ser la última.

Sucre, 4 de abril de 2016

Es oportuno en este 12 de abril hacer una breve evaluación de la situación actual de la niña y el niño boliviano, pero no de la generalidad, sino de los casos particulares que vemos día a día y cuya realidad nos desgarra el alma.

Niñas y niños trabajadores en la calle, niñas y niños en situación de calle, niñas y niños que sufren vejaciones, niñas y niños abandonados, niñas y niños a los que se les impide nacer, en fin, hay todavía mucho por trabajar en el país en pos de cambiar esta realidad.

A estas alturas puedo corroborar que si bien se ha trabajado en normas y políticas destinadas a erradicar esta situación, todavía existen niños y niñas desamparados a su suerte. No se trata de una responsabilidad del gobierno, sino de una responsabilidad de todos para que esto cambie.

Por la niña y el niño, quisiera cumplir las 8 horas de trabajo y después destinar más tiempo al cuidado y crianza de los niños, tal vez así evitemos que de grandes integren pandillas; quisiera que en vez de alzar la mano para educarlos, entendamos que el ejemplo es la mejor forma para que aprendan.

Quisiera que les enseñemos a amar, quizá así de grandes eviten la violencia y respeten a hombres y mujeres; quisiera que sepan que la vocación de trabajo es una virtud para lograr un desarrollo personal y social y no la ociosidad ni las bebidas alcohólicas.

Quisiera en este día que por ellos valoremos y reflexionemos que nuestras acciones son las que definen el futuro de nuestros niños, que un mal ejemplo o un mal accionar tendrá efecto en ellos, que si ahora no asumimos nuestro rol como padres, hermanos o amigos, la vida nos abofeteará en el futuro por haber descuidado la planta que habíamos sembrado.