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El crédito chino duplica la deuda externa boliviana pero el gobierno la considera “manejable”. En nueve años al mando del Estado, la actual administración ha elevado el monto de la deuda de 1.831 millones a 9.434 millones de dólares. Como consecuencia de esos movimientos financieros, cada boliviano debe 900 dólares a diferentes acreedores. Como cualquier ama de casa sabe, aumentar una deuda es hacerse más dependiente y una persona que es dependiente no puede considerarse soberana. Deuda externa y soberanía… ¿no es un buen tema de debate?

La demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia ha congelado los otros 12 temas que Bolivia y Chile incorporaron, de mutuo acuerdo, en su agenda bilateral. Uno de los 13 puntos pendientes es el uso de las aguas del Silala. Cada día, 50 millones de litros de agua se van a Chile donde son vendidos por una empresa privada a la población civil y las mineras del norte de ese país. Según un último cálculo del gobierno, Chile le debería a Bolivia entre 8.000 a 10.000 millones de dólares por el uso de esas aguas… ¿no es un buen tema de debate?

En un lapso de cinco años, Potosí le hizo dos huelgas al gobierno de Evo Morales, una de 19 y otra, la última, de 27 días. La movilización potosina es por un pliego petitorio que incluye la construcción de un nuevo aeropuerto. El gobierno ha rechazado de plano el pedido argumentando que no se justifica. Hace solo unos días, ese mismo gobierno inauguró un moderno aeropuerto en Chimoré, en pleno territorio cocalero, cuyo costo asciende a 36 millones de dólares. ¿Se justifica ese gasto?... ¿no es un buen tema de debate?

El Tribunal Supremo Electoral ha suspendido de sus funciones a cinco vocales del tribunal departamental de Chuquisaca por su responsabilidad en la anulación de los votos de un frente opositor que posibilitó la elección del gobernador Esteban Urquizu, actualmente en funciones. Dado el alto nivel del cargo que estaba en juego, la sanción confirma que en ese Departamento se cometió el más escandaloso fraude electoral de los últimos tiempos. ¿No es un buen tema de debate?

El 21 de febrero de 2016 los bolivianos volveremos a las urnas, esta vez para responder si queremos que se modifique o no la Constitución con el fin de posibilitar una nueva postulación del presidente Evo Morales. La redacción de la pregunta es, por decir menos, poco clara y actualmente está en manos del Tribunal Constitucional. Evo Morales ya lleva nueve años continuos en el poder y todavía le quedan cuatro por delante. ¿Realmente debemos votar por otros cinco adicionales?.. ¿No es este otro buen tema de debate?

Como se ve, en el país hay muchos temas sobre los cuales discutir y varios son decisivos para nuestro destino común, aquel que tenemos como un conglomerado de personas, como una sociedad política y jurídicamente organizada. ¿Les dedicaremos a esos asuntos el mismo tiempo y pasión empleados para debatir sobre el destino del reinado del carnaval cruceño?

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Impotencia, es la palabra que mejor puede describir el ánimo que veo en ellos; me animaría a sumar a esto, rabia; y, lo tercero que percibo es, desesperación.

“Impotencia”, porque no está en ellos la solución: ellos hacen lo que tienen que hacer pero sienten que los que deben hacer “su tarea” para que aquellos puedan seguir trabajando -arriesgando, invirtiendo y produciendo- no lo hacen.

“Rabia” -porque como Ud. y yo- tienen familias, esposas e hijos que mantener y, muy lejos del confort de un despacho, viven casi a la intemperie, madrugan y trabajan bajo sol y lluvia sin descanso para que vivamos bien, y el pago es malo.

“Desesperación”, porque siendo gente de carne y hueso -como todos nosotros- en su gran mayoría de piel cobriza, con arrugas y cuerpos desgastados, se dan cuenta que luego de haberlo dado todo por el país no se los está respaldando.

Es gente sencilla, la mayor parte de ellos no oriunda de la región sino más bien del interior -del altiplano y valles- que llegaron a Santa Cruz hace décadas para trabajar la tierra y -a costa de sangre, sudor y lágrimas- dar de comer a Bolivia. ¿Cuál es su tragedia? El haber hecho lo que les dijeron que hicieran: ¡producir más! Estos agricultores -casi todos pequeños- enfrentan una situación que no pueden solucionar por sí mismos, pues de haber podido ya lo hubieran hecho.

La estrepitosa baja del precio de los alimentos en Bolivia obedece a la mayor competencia extranjera legal y de contrabando que -favorecida por la depreciación de sus monedas- hace imposible comercializar “ganando alguito”. Vender por debajo del costo es la alternativa y muchos lo tendrán que hacer para pagar sus deudas aunque ello derive luego en una quiebra o en menos siembra.

Es triste -casi indignante- escuchar a nuestros compatriotas productores contar sus historias con la mirada perdida unos, cabizbajos otros y los más, con sus ojos extremadamente abiertos -mordiéndose los labios- con los puños cerrados, sin saber qué hacer porque la respuesta no viene desde donde tendría que venir.

Se les pide ser más productivos y competitivos -decirlo es fácil- pero, póngase la mano al pecho: ¿Ofrece Bolivia las condiciones objetivas para serlo? ¿Se le está pidiendo al productor nacional competir contra gobiernos extranjeros que devalúan sus monedas para vender más barato afuera?

Salvaguardar la producción nacional de la competencia ruinosa es vital aunque chillen los bagalleros y contrabandistas ¡ellos no son más valiosos que nuestros productores! ¿O sí?

(*) Economista y Magíster en Comercio Internacional

Fuente: “El Deber”

Santa Cruz, 21 de octubre de 2015

Terminó hace poco la II Cumbre por la Madre Tierra en Tiquipaya, Cochabamba. Organizada por el Gobierno nacional, el evento nuevamente se convirtió –como el anterior- en un show donde desfilaron Presidentes y líderes sociales que en el discurso señalaron su compromiso con la Madre Tierra.

Desde la instalación de su Gobierno en 2006 y a lo largo de sus mas de 10 años de Gobierno, el discurso central del indigenismo plurinacional que enarboló el Gobierno nacional, se asentó en la idea del respeto a la Madre Tierra, respeto que hallaba distintas expresiones ya sea en una espiritualidad cósmica o en la reiterada insistencia en responsabilizar a los países desarrollados por  la destrucción de la naturaleza y sus efectos consiguientes como el cambio climático.

Fue una característica central del discurso del presidente Evo Morales y los ministros, cancilleres, diputados y senadores del MAS. Incluso, en su momento de mayor énfasis discursivo, se aprobó una Ley de la Madre Tierra, ley marco fuertemente comprometida en apariencia con la defensa de la naturaleza.

Pero eso solo fue retórica y discurso.

En la práctica, la gestión del Gobierno del MAS en sus 3 periodos, a lo largo de toda sus gestión, es exactamente lo contrario de lo que dice sus discurso.

Dos hechos taxativos lo confirman.

Uno, el que los derechos de los pueblos indígenas, cuyas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) se encuentran en áreas protegidas y reservas naturales, terminaron siendo flagrantemente violados por la “razón de Estado” que busca construir una carretera por el corazón de la última reserva natural de bosque tropical húmedo de envergadura que tiene Bolivia, es decir el TIPNIS. Aquí, de nada valieron ni el reconocimiento constitucional, ni los derechos reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La consulta “previa, libre, informada y de buena fe” que establecen dichos instrumentos simplemente fue pasada por alto y ya.

Dos, la recientemente aprobada ley que amplía las posibilidades de exploración y explotación hidrocarburífera (en su búsqueda fanática de gas o petróleo para exportar) en Áreas Protegidas que asimismo están resguardadas por la Ley Nacional. Con eso, el gobierno termino de dotarse de facultades -a nombre de su razón de Estado o de los supuestos derechos del pueblo boliviano-para violar los verdaderos otros derechos de los bolivianos también establecidos en la Constitución como son el derecho al agua y a un ambiente sano para vivir.

La práctica real de la gestión de gobierno se contradice, entonces, completamente con el discurso de protección de la Madre Tierra.

Por ello, queda claro que hoy, a 2015, ese discurso es solo una pose internacional para engatusar extranjeros incautos y atacar a los países desarrollados y culpabilizarlos de todo lo referido al cambio climático, sin asumir como Estado boliviano (y Gobierno boliviano) la responsabilidad que le corresponde no en los efectos de un industrialismo contaminador a ultranza,  pero si en la deforestación irresponsable de bosque y en la contaminación minera e hidrocarburífera. Pero eso sí, el discurso de Tiquipaya II fue útil para atacar al capitalismo, al imperialismo, etc., y lavarse las manos en las responsabilidades internas.

Y en realidad, además de lavarse las manos, la mentalidad extractivista y pragmática del Gobierno ha vencido todo lo que podía contener su discurso. Al propio Gobierno le interesa encontrar por todo lado petróleo, gas, oro, minerales, y esto se ha convertido en razón central, en esencia del Gobierno de Evo Morales, pues con ello recibe, por su venta, rápidamente dinero que luego convierte en los caprichos presidenciales como las canchitas de césped sintético por centenares, los aeropuertos caros en lugares donde no habrá ni siquiera vuelos regulares los siguientes 10 años, o en estadios en lugares donde no hay asistentes, o en empresas públicas que han empezado a cerrarse gradualmente por ineficiencia.

Este es el discurso falso de protección de la Madre Tierra, falso porque sostiene el despilfarro y la campaña electoral eterna del Gobierno actual.

Los medios, mayormente controlados por el oficialismo, se regodearon en los últimos días celebrando los 33 años de democracia en Bolivia, desde que aquél 10 de octubre del 1982 el voto reemplazó a la bota en el manejo de los destinos del país.

Algunos de esos medios, de memoria corta, destacaron que son 33 años ininterrumpidos de democracia, pasando por alto el golpe de Estado que el 17 de octubre del 2003 acabó con el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

En algún lugar de las montañas de Massachussetts vive el ex presidente, que hace rato ha doblado la esquina de los 80 años, y no concede entrevistas. Parece estar ya más allá del bien y del mal, aunque en el fondo de su alma debe sentir el peso de la gran traición de la que fue víctima.

Apenas instalado para su segundo periodo presidencial, la conspiración interna y externa no se dejó esperar. Lo que Fidel Castro no logró con la guerrilla del Che Guevara, lo consiguió a través de Hugo Chávez, el pontífice del socialismo del Siglo XXI.

Su objetivo era convertirse en líder mundial y necesitaba aliados y conspiró soterradamente para derrocar a Goni proporcionando los medios económicos para movilizar multitudes. En un país donde la pobreza tiene raíces profundas, las masas son manipulables.

El G2 cubano, considerado hasta por la CIA norteamericana como uno de los servicios de inteligencia más solvente en el mundo, halló campo propicio para tenderle alfombra roja a Chávez para poner bajo su tutela a Bolivia.

Tentó a varios hombres durante un largo tiempo. Cuando Evo Morales fue expulsado de la Cámara de Diputados por los asesinatos de policías en Sacaba, paradójicamente se convirtió en víctima y su figura política se acrecentó enormemente cuando el embajador de Estados Unidos provocó bronca al pedir no votar por Morales, en abierta injerencia en los asuntos internos de Bolivia.

Envalentonado con el caudal electoral que obtuvo en los comicios del 2002, Morales abiertamente amenazó con derrocar a Goni. Tenía en las espaldas al castro-chavismo. La excusa de que el gobierno se aprestaba a vender gas a Chile, fue el detonante.

Una sedición en marcha y un gobierno que defendía el Estado de Derecho chocaron inevitablemente con el trágico saldo de decenas de muertos y heridos. Goni envió su renuncia al Congreso, pero él mismo pidió que no se la aceptara “ya que no se puede retirar a un presidente, elegido democráticamente, por mecanismos de presión y de violencia”.

Goni, además, se sintió traicionado por su vicepresidente Carlos D. Mesa, quien anunció que daba “un paso al costado” para no refrendar las acciones del gobierno del que formaba parte y con cuyas acciones no solo estaba de acuerdo, sino –según afirma el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín--  “era el que pedía --en privado--  acciones y decisiones que denominaba más enérgicas”.

Estos días en los medios apareció la nota de un abogado que estima que Mesa asumió ilegalmente la presidencia en reemplazo de Goni porque al dar el paso al costado tácitamente renunció al cargo de vicepresidente y se alió a la sedición la cual, al triunfar, produjo la “Agenda de Octubre” estableciendo amnistía para los golpistas y juicio a Goni y miembros de su gabinete. O sea que el culpable fue el gobierno y no los alborotadores que bloqueron caminos, calles, asaltaron la propiedad privada y se enfrentaron a las fuerzas del orden en abierta sedición.

Por los decretos 27234 y 27237, Mesa como Presidente “se perdona a sí mismo y perdona a sus operadores y socios de los delitos que cometieron para llevarlo a la presidencia”, según Sánchez Berzaín.

Mesa, antes que político, es historiador y será interesante conocer su opinión, ahora que todavía viven testigos de cómo y con qué recursos llegó al máximo sitial político del país. El único testigo importante que ha muerto es Cayetano Llobet. Amanecerá y veremos.

(*) Hernán Maldonado es periodista. Ex UPI; EFE, dpa, CNN, El Nuevo Herald. Por 43 años fue corresponsal de ANF de Bolivia.

La democracia no es buena en sí misma. Tampoco mala. Como enseña el filósofo iraní Ramin Jahanbegloo, nunca será algo hecho sino una tarea. En ese sentido, yo creo que el mundo está dividido entre los que buscan hacerla y los que la van deshaciendo. ¿Se ha preguntado usted si es buena o mala su democracia, hoy?, ¿si habrá más interesados en hacerla que en deshacerla? Por otro lado, ¿notó usted la ausencia de liderazgos nacionales? ¿Y el detalle de que los principales portavoces de la contra al oficialismo en el último año han sido el padre Mateo, el cívico Llally y la periodista Amalia Pando?

Hasta ahora, la solitaria figura política de Evo Morales, aparte de no dejar margen a la comparación —la forma básica que tenemos los seres humanos para separar la paja del trigo—, fue clave en doble sentido: para la supervivencia del MAS y para la sepultura de todo lo demás. Cuando de elegir se trata y hay una opción versus nada, el ejercicio gimnástico de una democracia fundada casi exclusivamente en el voto promueve el desarrollo de un músculo útil para el único elegible (o visible). A no ser que por una distracción de la democracia utilitaria, el atleta-elector aprendiera a votar por algo inexistente.

Este sería el caso del No del referéndum autonómico, cuyos resultados no han podido ser capitalizados por la oposición y por eso el MAS, si no gana, tampoco pierde. Eso sí, luego de diez años de una democracia (des)hecha a la medida de mayorías finalmente descartadas, la experiencia de la consulta por los estatutos costó pero valió para sacar de su zona de confort al aburguesado oficialismo. A cualquiera desmotiva competir solo, no tener la posibilidad de enrostrar una derrota al contrario perdedor, pero nada incomoda tanto al gobierno del “empate catastrófico”, primero, y de las “tensiones creativas”, después, como quedarse sin rivales y verse obligado a lidiar con sus propios fantasmas.

Los fantasmas no existen, pero que asustan, asustan. Excepto la “Primavera boliviana” en las redes sociales, nadie hizo campaña por el No a los estatutos y esto, precisamente, fructificó en un éxito sin precedentes para el “candidato” invisible; otro fantasma. Tan curioso es este momento que, al final, reditúa más a la oposición no existir.

En realidad, la oposición existe. Que no tenga barba o moflete; que no sea identificable con un signo político-partidario, de ningún modo significa que no exista. Habiéndose consumado el desmantelamiento del sistema de partidos, no es una locura pensar en una palestra virtual con una oposición “irreal”; si bien caótica, pujante, mimetizada entre la fauna ciberespacial y, a la luz de los resultados, efectiva gracias a la creatividad inagotable de una nueva ciudadanía política, sí, en Facebook.

Todo indica que mientras más saque la cabeza la oposición tradicional para apoyar cualquier causa contraria a este oficialismo de afanes imperecederos y por tanto antidemocráticos, menos favor ciudadano obtendrá. Esa oposición —caduca— deberá entender que está inmersa —también— en un proceso de cambio.

En el otro lado de la balanza, tras el último guantazo autonómico y sabiendo que ahora sí que no hay margen de error, el Gobierno ha puesto las barbas en remojo varios meses antes del 21F. Y está dispuesto a todo, incluso a forzar los números del crecimiento económico con tal de que haya doble aguinaldo —para obtener el agradecido voto de la clase formalmente empleada—, no importándole si con esto mata la industria nacional. ¿Para el MAS, esto es lo de menos?

Por último, la democracia —buena o mala— no solo tiene que ser. También parecer.

La entrevista al abogado constitucionalista e internacionalista Ramiro Orías (Pagina Siete, Ivonne Juarez,14 octubre,2015) pone en su verdadera dimensión el tema del mar. El experto boliviano, que hoy vive en EEUU, planteó el año 2000 la hipótesis de una nueva negociación jurídica internacional con Chile  para acordar una salida libre y soberana al Pacífico en base a los ofrecimientos que ése país hizo formalmente en 1895, 1920, 1923, 1926, 1950, 1953, 1961, 1975 y 1987. Esa hipótesis es la base de la actual demanda boliviana ante La Haya: “El trabajo, dice humildemente el doctor Orías, estaba destinado para el uso de la Cancillería. Es de mi autoría y me place que finalmente la hipótesis planteada, entre todos los escenarios revisados, haya sido la seguida por el equipo de abogados internacionales que asesoran hoy al Gobierno boliviano”

Y es que el tema del mar no le pertenece a nadie. Es como la bandera, el himno, la selección: son de todos y nadie puede arrogarse propiedad o éxito sobre ellos. Si algún externo mansilla estos símbolos patrios, todos y todas estaremos allí para defenderlos y reponer el daño hecho. De eso no cabe duda. Por ello desde el mismo momento que Chile nos arrebató el mar, todos los gobiernos hicieron de su recuperación y retorno una causa de Estado. Ahora bien, una de las características de la política y, en particular, de los políticos bolivianos es su mezquindad y ceguera. Nuestros políticos son egoístas e incapaces de reconocer los avances de los otros y de sus antecesores en el poder. Por eso casi nunca tenemos políticas de Estado, sino solo políticas de Gobierno; por lo tanto el largo plazo es algo que ignoramos, viviendo obsesionados en el presente.

Por eso nos encantan las refundaciones y el eterno volver a empezar. Mientras los países que prosperan se mueven en una espiral de avance-error-reforma-avance; los bolivianos nos movemos en un círculo vicioso de estancamiento expresado en avance- revolución-retroceso-avance-revolución-retroceso. De esa manera, como dijo un viejo amigo consultor, experto en elaborar informes: Bolivia es un eterno país en borrador, nunca termina de estar en limpio, como un documento, consensuado, aprobado por todos y listo para imprimir.

El éxito obtenido, hasta ahora, en la CIJ con la demanda marítima ha demostrado que cuando se combinan tres factores de una pirámide, las posibilidades del triunfo se agrandan.1) La voluntad política, tan necesaria en la toma de decisiones en la gestión pública, la puso el presidente Evo Morales. La apuesta fue muy alta y eso no se debe desmerecer ni desconocer jamás. “Era demasiado riesgo, era un riesgo personal, pero era un gran logro para Bolivia si nos iba bien, ganaba Bolivia, si nos iba mal, perdía Evo, y Bolivia se quedaba estancada”, dijo en su momento el Vicepresidente. 2) La voluntad política no basta, por ello ésta debe estar acompañada de otro factor: la capacidad técnica. Evo Morales reconoció que estaba equivocado referente a la demanda marítima contra Chile porque pretendía pedir el cambio del Tratado de 1904, pero los juristas, le convencieron de que había que exigir el cumplimiento de los compromisos unilaterales adquiridos por  Chile con Bolivia. “Era nuestra pelea, yo defendía mi propuesta, pero me ganaron, tenían razón, yo me estaba equivocando, la demanda era por los compromisos (…), no era por el Tratado de 1904, así aprendo, quiero ser sincero” mencionó el Presidente. De esa manera la conformación del equipo técnico, nacional e internacional,  a la cabeza del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue y es la garantía de solvencia y competencia nomotética, demostrada en esta primera fase.3) Cabildeo- Comunicación: una decisión política y técnica sin que la sociedad y los destinatarios se enteren es como si no existiera. Por ello, la sumatoria de los expresidentes y excancilleres,  a reforzar la tarea de la Cancillería, es otro acierto que nos permitió “vender” nuestra demanda al mundo. La cúspide de esta labor se puso a prueba cuando al expresidente Carlos Mesa lo entrevistaron en Chile,  dejando bien parado al país. Los propios chilenos quedaron sorprendidos de la contundencia de nuestros argumentos.

Esta pirámide no debe ni puede ser afectada por intereses mezquinos y particulares, porque la causa del mar está por encima de todo. La política interna tiene su propia lógica y se debe evitar a toda costa que ella afecte al bien mayor. Esto no quiere decir que, en lo interno, todos debamos decir sí a cualquier decisión que tome el actual gobierno. El mar nos une en lo externo, pero no nos castra en lo interno. Cuando lo entrevistaron en Chile, Mesa declinó comentar sobre los intentos de una nueva reelección del presidente Evo Morales. Dijo que no hablaría de temas de política interna de Bolivia estando en Chile. Cuando volvió al país, en una acto de democrático, declaró que no estaba de acuerdo con la rerereleccion. A Rodríguez le preguntaron lo mismo y él prefirió guardar silencio y añadió que el procedimiento estaba bien. Jaime Paz y Tuto Quiroga que también han puesto lo mejor de ellos para la causa común, han expresado con claridad meridiana su negativa a la rerereleccion.

Que la mezquindad no sea comida para los rivales a los que nos enfrentamos. El  periódico El Mercurio del 11 de octubre en el artículo “Autoristarismo y reelección” señala puntualmente que la actitud de Carlos Mesa lo “arriesga al ostracismo tal como ocurrió a Armando Loayza”.  A esto debe añadirse la andana de declaraciones descomedidas de la Ministra de Comunicación, del Presidente del Senado y otros funcionarios del gobierno que dan fe que el éxito de la vocería de Mesa sería un inconveniente para el gobierno, por lo que hay que bajarle el perfil y enfriarlo: el cuarto de guerra  del MAS quiere su cabeza, sin darse cuenta que le quitaran la cabeza a la patria y  destruirán esa pirámide que nos está dando buenos resultados. Y como dijo el doctor Ramiro Orias: “Sólo la acumulación de energías, saberes y esfuerzos en torno a un objetivo común permitirán a Bolivia avanzar en nuestra reintegración marítima al océano Pacífico”.

Ivan Arias Duran

Ciudadano de la Republica Plurinacional de Bolivia

El éxito obtenido, hasta ahora, en la Corte Internacional de Justicia con la demanda marítima ha puesto de moda a dos expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.

Además de expresidentes, ambos son reconocidos profesionales en sus respectivas áreas y eso es lo que destaca la gente pensante. Tan bien cayeron que hasta se hicieron gráficas con sus fotografías proponiéndolos para presidente y vicepresidente.

Déjeme explicarle las razones que tengo para no estar de acuerdo:

Rodríguez Veltzé tiene un excelente perfil, especialmente en su natal Cochabamba, pero muchos parecen haber olvidado cómo fue que llegó a la presidencia de la República. Era ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando renunció su presidente, Armando Villafuerte, y se desató una pugna por la sucesión. En virtud a la última parte del artículo 53 de la Ley de Organización Judicial de entonces, quien debía sucederlo en el cargo era el decano, Kenny Prieto. Pese a ello, Rodríguez fue elegido presidente interino de la CSJ violando por lo menos tres normas como se denunció, en su momento, en el Consejo de la Judicatura.

Cuando se produjo la ilegal elección, el diario El Potosí alertó que lo que en realidad se jugaba no era la presidencia de la corte sino de la República. La advertencia se hizo realidad cuando Carlos Mesa renunció a la primera magistratura del país y, tras los desistimientos del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Mario Cossío, Eduardo Rodríguez asumió el mando de la nación. Aunque se intentó legalizar la elección en la CSJ, el mandato de Rodríguez nació nulo y eso pone en entredicho sus actos como presidente de la República.

Mesa sucedió a Sánchez de Lozada tras la guerra del gas. Aunque fue un excelente gobernante, no logró completar su mandato porque no tenía —ni tiene— un aparato político que lo sustente en el poder.

A mi juicio, Carlos Mesa fue quien inició la actual pugna por el acceso soberano al mar ya que rompió relaciones con Chile y declaró públicamente sus intenciones de pelear por nuestra más que centenaria reivindicación. La prueba está en aquella fotografía en la que se lo ve con una chalina del tinku colgando de su cuello y con el mar a sus espaldas. Fueron los tiempos en los que dijo que “ni una molécula de gas” sería vendida a Chile.

La diferencia entre ambos se hizo evidente en los últimos días. Cuando lo entrevistaron en Chile, Mesa no solo dejó bien parado al país sino que declinó comentar sobre los intentos de una nueva reelección del presidente Evo Morales. Dijo que no hablaría de temas de política interna de Bolivia estando en Chile. Cuando volvió al país, declaró que no estaba de acuerdo con la “repostulación”. A Rodríguez le preguntaron lo mismo y él prefirió guardar silencio.

Mesa fue un buen presidente y lo más probable es que volvería a serlo. Lamentablemente, no solo no tiene el suficiente respaldo partidario sino que no es un hombre para estos tiempos.

Paciencia. Parece que cada pueblo tiene, no más, los gobernantes que se merece.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

En los cinco departamentos donde se votó si la gente estaba, o no, de acuerdo con el Estatuto Autonómico Departamental correspondiente, en ninguno se impuso el  sí, que habría sido de esperar, dado que en lo esencial está de acuerdo con la Constitución Política del Estado que por referéndum fue aprobada con el 61 por ciento de votos. En cambio, ahora la situación fue opuesta. Del total de votos validos el resultado fue el siguiente: En Oruro se impuso el no con el 74 %, en La Paz y en Potosí con el 68 %, en Cochabamba con el  62 % y en Chuquisaca con el 57 %.

En los estatutos, por ejemplo el correspondiente a La Paz, se repite integramente el articulo 300 de la Constitución Política del Estado donde se estipulan 36 competencias exclusivas. ¿Dónde podría estar el problema? Pueden haber muchas respuestas, entre ellas porque lo desconocido siempre genera temor.

Pero el problema también podría estar en la Constitución Política del Estado, que es un documento ampuloso y muy declarativo que determina que el desarrollo económico del país ha pasado a ser la tarea fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. El instrumento para ello es la planificación económica por parte del Estado central en coordinación con todas las regiones autonómicas que se den en el país.

En la parte referida a las “Bases fundamentales del Estado” de la Constitución, en su artículo segundo, sostiene algo muy complicado: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado”, ¿Cuáles territorios?, cuando en esos tiempos, lo que había eran espacios vacíos con mínima población, tierras abundantes sin dueño, donde no existía el concepto de derecho a la propiedad de la tierra.

La Constitución Política del Estado avala el retorno a lo que se denomina capitalismo de Estado. Es, por tanto, una constitución estatista e intervencionista,  porque el Estado vuelve a jugar el principal rol en la vida económica del país, en la búsqueda del desarrollo económico como del bienestar de la gente, en contra del principio de la modernidad, que sostiene que el motor es el individuo, con sus actividades, su trabajo, con sus iniciativas, sus esfuerzos, su creatividad, su sacrificio y sus valores. El Estado debe ser solamente supletorio y subsidiario.

Hasta ahora no ha sido posible concebir un sistema económico alternativo – y menos concretarlo- a lo que se denomina “economía de mercado o capitalismo”. Por tanto, Bolivia está regida, por un lado, por una fuerte presencia del Estado en las actividades económicas y, por otra, por un vertiginoso e imparable desarrollo de la economía de mercado, pero mayoritariamente informal, que se mueve no en cumplimiento de las leyes que supuestamente rigen para todos.

Pero al asumir el Estado boliviano el rol dirigente de toda la actividad económica del país, genera en todos el ideal de que el gobierno puede hacer de todo, que no tiene restricción de ingresos económicos para distribuirlos entre todas las regiones, para que éstas puedan asegurar el pleno bienestar a sus pobladores. En otros términos, la gente cree  que se puede construir un “Estado del bienestar” con independencia a nuestro bajo desarrollo económico.

Pero no sólo que la Constitución es estatista, en lo económico, sino que también es irreal, porque está completamente alejada de la verdadera capacidad que puede tener un Estado cualquiera y, en particular, el Estado boliviano. Le atribuye funciones, atribuciones y competencias para las cuales ni de lejos está preparado ni cuenta con los recursos suficientes, situación que no se modificará en el futuro. La  Constitución no corresponde a la realidad, Bolivia es una economía de mercado, con actores productivos que se organizan de manera diferente (empresarial, unipersonal, comunitaria, cooperativa, estatal).

Lo que queda claro de la actual Constitución, como intencionalidad, es que “El Estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación” (Art. 311.II.1.). Para vivir bien se establece que: “la producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos” debe darse.  ¿Quién determina lo que es justo? Cabe también la pregunta ¿No será que buena parte de la votación negativa a los estatutos autonómicos esté reflejando un rechazo a estas determinaciones constitucionales? Lo esencial de una economía de mercado es que todo tipo de retribuciones se determinan por los precios prevalecientes de manera libre y competitiva en los mercados. Y esto es lo justo porque los intercambios se dan de manera voluntaria y no impuesta.

La Paz, octubre de 2015

*Profesor emérito de la UMSA y Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas

Quiero empezar este post recordando una vieja parábola hindú que nos cuenta la historia de seis hombres ciegos que deseaban saber cómo era un elefante, para lo cual decidieron utilizar su sentido del tacto. El primero al acercarse al animal, chocó contra su lado más ancho y fornido, por lo que empezó a decir que el elefante era similar a una pared. El segundo pudo palpar el colmillo, lo que le permitió afirmar que el animal era muy parecido a una lanza. El tercero se acercó al paquidermo y palpó su trompa que se retorció en sus manos, llevándolo a decir que se parecía a una serpiente. El cuarto posó su mano sobre la rodilla de la bestia, de manera que lo imaginó similar a un árbol. El quinto pudo tocarle una oreja que le recordó a un abanico. Finalmente, el sexto llegó a colgarse de la cola oscilante del animal confundiéndola con algo parecido a una soga. Por varias horas, estos hombres debatieron animadamente sobre la naturaleza del imponente mamífero, no pudiendo llegar a un acuerdo pues cada uno estaba en parte en lo cierto, aunque todos estaban errados sobre la cuestión principal.

Me acordé de esta narración intentando encontrar algo que motive la reflexión de los lectores sobre las trampas en las que, a veces, caemos cuando intentamos entender los comportamientos humanos a partir de indicadores parciales sobre su evolución. Frecuentemente buscamos datos totalizadores y simplificadores de algún fenómeno social que además pretendemos que sean verdades absolutas, sin reparar en la imposibilidad de resumir la complejidad humana en una sola información, por muy perfecta que esta sea, y en la necesidad de dialogar y escuchar otras perspectivas para acercarse a la “verdad” de la cuestión.

Muchos debates sobre la actualidad económica y política de la (pluri)nación se ahogan justamente en un pozo oscuro de interpretaciones, intolerancias dogmáticas y usos interesados de datos e informaciones parciales. Tendemos, con gran frecuencia, a sostener nuestros prejuicios a partir de datos que obviamente los ratifican y negando entusiastamente otras informaciones o indicios que nos ilustran sobre otras maneras de ver esos problemas, nos transformamos en unos ciegos gritones e intolerantes en torno a un elefante que no terminamos de comprender.

Casi llegando al décimo año del mandato del Presidente Evo Morales, qué datos nos resumen mejor la experiencia de una década que ha sido a la vez estimulante, feroz, prospera y frustrante. ¿Es el crecimiento anual sostenido de más de 4%? ¿Los más de cien feminicidios por año que se producen en el país? ¿El 20% que se redujo la pobreza? ¿Los millones de toneladas de cemento que han transformado, para bien y para mal, la faz de nuestras ciudades? ¿La expansión de 400% del negocio de los supermercados y de los restaurantes? ¿Las 200.000 hectáreas de desforestación anuales? ¿El 70% que dijeron “No” a los estatutos? ¿Los cerca de 60% que votan por el Presidente y lo aprueban sistemáticamente? ¿Los cientos de miles que recibieron a los marchistas del TIPNIS?, y un largo etcétera.

Todas son una parte de la verdad de este decenio y son, al mismo tiempo, incapaces de expresar solos la complejidad de los cambios que ha experimentado el país en este periodo. Algunos son datos agregados que ratifican la satisfacción gubernamental y nos hablan de un país que va bien, pero otros son indicios, también evidentes, de malestares que las macro-estadísticas son incapaces de captar. Convive pues el país del 5% de crecimiento, que se podría merecer un doble aguinaldo, con otro en el que hay sectores que tienen una economía de supervivencia o que ya están sintiendo las intemperies de la crisis global. De igual manera, detrás de la cifra de 6 ó 7 de cada 10 bolivianos chochos con el Presidente, que es objetivamente cierta, se camufla una diversidad de razones para tal sentimiento: desde los que no lo cambiarían por nada en el mundo hasta los que le aguantan sus cosas mientras sigan consumiendo y disfrutando de la estabilidad.

Así pues, detrás de las macro-tendencias positivas se agazapan micro-satisfacciones pero también, cada vez más, micro-malestares. De ahí la paradoja, de un momento histórico en que la “pax evista” parecería haber alcanzado su punto más alto pero en la que se expresan de tiempo en tiempo molestias y frustraciones fragmentadas, aisladas e incluso contradictorias, pero reales: los que no quieren el Batán porque les parece un exceso, los asustados por la central nuclear que dice que quieren construir detrás de su patio, los federalistas que exigen una cementera con plata del estado central o los citadinos preocupados por el futuro de los bosques míticos del Oriente.

La mayoría de los ciudadanos parecería justamente debatirse entre estas dos lógicas: se reconoce y valora la estabilidad y la bonanza de estos años pero también hay desconfianza frente a las maneras de actuar de algunos funcionarios y políticos: su incapacidad para dialogar con serenidad con la sociedad, su insistencia en una cultura política polarizadora que pocos añoran, su ineficacia frecuentemente impune, en suma su visión reducida, conformista y parcial de las propias transformaciones que el proceso de cambio ha promovido en el país.

Mientras se espera aún la llegada de los vientos de incertidumbre que provienen de las economías del norte y de China, los fundamentales macroeconómicos y de la gobernabilidad siguen sólidos, pero las formas de ejercer el poder a veces fallan y hasta irritan a grandes segmentos de la ciudadanía. En buena medida, el dilema de los electores en febrero del próximo año tendrá que ver con el balance que hagan de esas dos partes de la misma realidad. Cuidado pues en confundirse y empalagarse con las macro-satisfacciones y obviar la multitud de malestares que aunque no sean capaces de sustituir al coloso azul, al menos le pueden provocar un dolor de cabeza o incluso un accidente imprevisto.

Cierro pues este primer post con una invitación a que me acompañen en los siguientes meses en el entretenido ejercicio de explorar todas las partes de ese elefante desconocido que denominamos realidad socio-económica y política mediante la discusión de informaciones y de datos. Aprovecho también este espacio para agradecer la invitación de Grover Yapura para mantener esta columna permanente, al final me convenció. Hasta muy pronto.

El pasado 10 de octubre, se han cumplido 33 años de la vigencia de democracia en Bolivia, situación que nos obliga a repasar cuáles son los elementos indispensables para poder hablar de la vigencia de un Estado Democrático en nuestro país.

Según la doctrina constitucional, el Estado democrático entraña distintas características del régimen político, porque significa que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal (artículo 26.II CPE).

Cabe agregar que el sufragio, en sus diferentes funciones y objetivos, se constituye en la base esencial del régimen democrático contemporáneo, porque es través de él, que el titular de la soberanía (el cuerpo electoral), expresa su voluntad política en los procesos de conformación de los órganos del poder público y en la adopción de las decisiones políticas trascendentales. Este derecho se ejerce mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente (a partir de los 18 años cumplidos), según lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, el Estado Democrático implica que la relación de los ciudadanos con el poder político no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también se expresa en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones, a través de mecanismos adecuados como el referéndum popular, la planificación participativa, así como el control social (artículos 241y 242 CPE) y la iniciativa legislativa (artículos 11.II, núm. 1, y 162 CPE); y, finalmente, que la democracia sea expresada como la capacidad de respeto a los demás, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, de manera tal que la voluntad de las mayorías no pueda llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de las personas (Cfr. RIVERA S., José Antonio; JOST, Stefan y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. 2005. Pág. 21).

En lo que respecta al referéndum como mecanismo de participación del pueblo en la toma de decisiones políticas trascendentales, la antes citada Sentencia Constitucional Nº0064/2004, ha precisado que el referéndum es un mecanismo de la democracia participativa, a través del cual el pueblo, como titular de la soberanía, expresa su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno.

“Cabe advertir que según la doctrina clásica del Derecho Constitucional, el referéndum es el mecanismo mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades estatales, expresadas en un texto ya elaborado de proyecto, o ya previsto en un texto legal vigente, en cuyo caso la decisión está orientada a derogar o abrogar el texto normativo sometido a su consideración. En esa línea de pensamiento se ha establecido una diferenciación entre el referéndum y el plebiscito que se constituye en otro mecanismo de la democracia participativa; así la doctrina considera que en el referéndum se somete a consideración del pueblo un texto normativo que puede ser un proyecto de norma jurídica o una norma jurídica ya en vigor, en cambio en el plebiscito se somete a consideración del pueblo una decisión política, es decir, se le formula una consulta acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la sociedad, lo que significa que no se propone un texto normativo sino una decisión como tal. Sin embargo –según la citada Sentencia Constitucional–, en la doctrina contemporánea se concibe el referéndum popular de una manera amplia, como un mecanismo de la democracia participativa, a través del cual los gobernantes pueden consultar al pueblo su parecer no sólo sobre un texto normativo en proyecto o en vigor, sino sobre decisiones políticas de especial trascendencia para el Estado y la Sociedad; de ahí que frente a la clasificación bicéfala de referéndum aprobatorio y referéndum derogatorio, la doctrina constitucional añade una tercera clase o forma, como es el referéndum potestativo o consultivo”. Actualmente, nos encontramos próximos a ingresar en una nueva consulta ciudadana vía referéndum, a efecto de expresar nuestra aprobación y/o rechazo frente a la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aquí resulta importante precisar, que el Estado Democrático tiene como elementos cualificadores los siguientes: a) el principio de la soberanía popular, como el modo específico y peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo; b) la concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que se interaccionan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad; c) la participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la Constitución; d) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0075/2005, de 13 de octubre); y –agrego– e) la alternabilidad en el ejercicio del poder político (o simplemente “alternancia”, que significa cambio de gobierno), vale decir, la posibilidad de renovar o cambiar a las autoridades gubernamentales (o a quienes detentan temporalmente el poder político), precisamente en resguardo de los derechos políticos de la ciudadanía (a través del derecho político a elegir y ser elegido libremente), brindando una oportunidad a las nuevas generaciones de líderes políticos y sociales, para llevar adelante los destinos de un país, con una mejor visión de futuro, y con nuevas alternativas de desarrollo a nivel político, social, económico, etc. Por tanto, la idea de implementar un sistema de reelección presidencial indefinida (o inclusive la posibilidad de ampliar o prorrogar frecuentemente el mandato de un solo Presidente), resulta absolutamente incompatible con un régimen democrático representativo y participativo como el nuestro.

En consecuencia, si se abre la posibilidad de que podamos expresar nuestra opinión sobre la reelección presidencial, desechemos el autoritarismo y reivindiquemos nuestra voluntad de vivir libres en democracia, con alternancia y sin prorroguismo. ///