Blog de Carlos Hugo Laruta

Terminó hace poco la II Cumbre por la Madre Tierra en Tiquipaya, Cochabamba. Organizada por el Gobierno nacional, el evento nuevamente se convirtió –como el anterior- en un show donde desfilaron Presidentes y líderes sociales que en el discurso señalaron su compromiso con la Madre Tierra.

Desde la instalación de su Gobierno en 2006 y a lo largo de sus mas de 10 años de Gobierno, el discurso central del indigenismo plurinacional que enarboló el Gobierno nacional, se asentó en la idea del respeto a la Madre Tierra, respeto que hallaba distintas expresiones ya sea en una espiritualidad cósmica o en la reiterada insistencia en responsabilizar a los países desarrollados por  la destrucción de la naturaleza y sus efectos consiguientes como el cambio climático.

Fue una característica central del discurso del presidente Evo Morales y los ministros, cancilleres, diputados y senadores del MAS. Incluso, en su momento de mayor énfasis discursivo, se aprobó una Ley de la Madre Tierra, ley marco fuertemente comprometida en apariencia con la defensa de la naturaleza.

Pero eso solo fue retórica y discurso.

En la práctica, la gestión del Gobierno del MAS en sus 3 periodos, a lo largo de toda sus gestión, es exactamente lo contrario de lo que dice sus discurso.

Dos hechos taxativos lo confirman.

Uno, el que los derechos de los pueblos indígenas, cuyas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) se encuentran en áreas protegidas y reservas naturales, terminaron siendo flagrantemente violados por la “razón de Estado” que busca construir una carretera por el corazón de la última reserva natural de bosque tropical húmedo de envergadura que tiene Bolivia, es decir el TIPNIS. Aquí, de nada valieron ni el reconocimiento constitucional, ni los derechos reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. La consulta “previa, libre, informada y de buena fe” que establecen dichos instrumentos simplemente fue pasada por alto y ya.

Dos, la recientemente aprobada ley que amplía las posibilidades de exploración y explotación hidrocarburífera (en su búsqueda fanática de gas o petróleo para exportar) en Áreas Protegidas que asimismo están resguardadas por la Ley Nacional. Con eso, el gobierno termino de dotarse de facultades -a nombre de su razón de Estado o de los supuestos derechos del pueblo boliviano-para violar los verdaderos otros derechos de los bolivianos también establecidos en la Constitución como son el derecho al agua y a un ambiente sano para vivir.

La práctica real de la gestión de gobierno se contradice, entonces, completamente con el discurso de protección de la Madre Tierra.

Por ello, queda claro que hoy, a 2015, ese discurso es solo una pose internacional para engatusar extranjeros incautos y atacar a los países desarrollados y culpabilizarlos de todo lo referido al cambio climático, sin asumir como Estado boliviano (y Gobierno boliviano) la responsabilidad que le corresponde no en los efectos de un industrialismo contaminador a ultranza,  pero si en la deforestación irresponsable de bosque y en la contaminación minera e hidrocarburífera. Pero eso sí, el discurso de Tiquipaya II fue útil para atacar al capitalismo, al imperialismo, etc., y lavarse las manos en las responsabilidades internas.

Y en realidad, además de lavarse las manos, la mentalidad extractivista y pragmática del Gobierno ha vencido todo lo que podía contener su discurso. Al propio Gobierno le interesa encontrar por todo lado petróleo, gas, oro, minerales, y esto se ha convertido en razón central, en esencia del Gobierno de Evo Morales, pues con ello recibe, por su venta, rápidamente dinero que luego convierte en los caprichos presidenciales como las canchitas de césped sintético por centenares, los aeropuertos caros en lugares donde no habrá ni siquiera vuelos regulares los siguientes 10 años, o en estadios en lugares donde no hay asistentes, o en empresas públicas que han empezado a cerrarse gradualmente por ineficiencia.

Este es el discurso falso de protección de la Madre Tierra, falso porque sostiene el despilfarro y la campaña electoral eterna del Gobierno actual.

Los resultados preliminares muestran un alto ausentismo, pero una enorme mayoría del pueblo paceño, tanto de las 18 provincias del área rural, como el área metropolitana de las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha (provincias Murillo e Ingavi), votó por el NO que es al parecer el victorioso en el referéndum del domingo pasado.  Veamos.

Hay varias explicaciones para esa clarísima votación, pero destacan dos facetas que analizamos a continuación. Una la referida al propio Estatuto al proceso autonómico de La Paz, y otra la referida a “gobernanza” o gestión de la democracia realizada por el Gobierno.

En la primera faceta, parece claro que la falta de información sobre el contenido del Estatuto y sobre su función en el nuevo marco del Estado con Autonomías que es Bolivia, llevó a muchos ciudadanos a ausentarse de las urnas, diferente de la histórica gran participación y poco ausentismo de otros procesos electorales anteriores y recientes como los de 2014 (presidencial) y 2015 (subnacional). Diríamos que muchos no saben exactamente que es la Autonomía departamental y como se vincula a la mejora de su vida cotidiana, lo que exige una gran tarea de las fuerzas autonomistas, ya que el Gobierno ha hecho gala de un centralismo secante.

En la segunda faceta, en el departamento de La Paz, varias instituciones públicas del poder ejecutivo hicieron campaña por el SI, incluso el TSE, el propio Presidente y el Vicepresidente incluso amenazaron con que se paralizaría la gestio departamental si ganaba el NO, y diríamos que el Gobierno se las jugó al 100 % por la victoria del SI.

Entonces el referéndum, asumió un carácter político-electoral o “plebiscitario”, es decir que en realidad se convirtió en una consulta sobre si el pueblo estaba o no de acuerdo con el Gobierno. La victoria del NO en La Paz, entonces, muestra un rechazo a la gestión de la democracia que realiza el Gobierno, es decir muestra un rechazo al abuso, a la prepotencia, al autoritarismo que el pueblo ha visto claramente en el último tiempo y en relación a varios temas, pero específicamente en relación a uno: la relección vitalicia de Evo Morales.

Por ello, el resultado aplastante del NO está conectado con el rechazo al intento de re-re-re-relección indefinida de Evo Morales en la Presidencia, y el masivo apoyo ciudadano al NO debe ser entendido como una primera demostración de que el pueblo no está de acuerdo con las pretensiones de relección vitalicia de Evo Morales y sus apoyos políticos y sociales (CONALCAM). Fue un verdadero autogol convertir, como el Gobierno lo hizo, el referéndum sobre el Estatuto de La Paz en un referéndum plebiscitario.

Se debe hacer una mención final al nuevo actor del área metropolitana de La Paz-El Alto-Viacha que ya apareció nítidamente en 2011 en ocasión de la 8va. Y 9na. Marcha del TIPNIS,y nos referimos al “ciudadano cibernético”, es decir a los ciudadanos que en las redes sociales, el Facebook, el wats app y el twiter, en herramientas de deliberación ciudadana y de pronunciamiento colectivo que concluyen en las urnas, produciendo resultados como el NO, victorioso en el referéndum del domingo pasado.

El Estatuto por el que se nos convoca a votar en el referéndum de este domingo 20 de septiembre, debería ser como una pequeña Constitución Política que guíe los pasos del Gobierno Autónomo y de los ciudadanos del Departamento de La Paz.

El Estatuto mencionado fue elaborado con mucho sectarismo por los Asambleístas Departamentales del MAS.  Al principio de su elaboración, la Asamblea realizó algunas consultas en las provincias de La Paz e incluso en las ciudades de La Paz y El Alto, y se redactó un Estatuto diríamos “aceptable y verazmente autonómico”, que la misma Asamblea lo envió para revisión de estilo y concordancia al Ministerio de Autonomías del Gobierno central.

Pero en este Ministerio, se le quitó el ajayu, el alma, el ánimo, a ese Estatuto paceño, convirtiéndolo en un documento que se limita a repetir lo que dice el texto constitucional, eliminando las partes que le daban substancia y volviéndolo un Estatuto ”light” y sin alma.

Y el ajayu que le falta al actual Estatuto es el siguiente:  

1. El Estatuto no corrigió el desequilibrio odioso y discriminador en la representación ciudadana en la Asamblea Departamental, pues de las 20 provincias que tiene La Paz, 19 provincias rurales donde esta solo 1/3 de la población tienen 19 Asambleístas, y la Provincia Murillo con sus 2 grandes ciudades –La Paz y El Alto- donde viven 2/3 de la población de nuestro departamento solo tiene 1 Asambleísta. Es una sub-representación urbana impresionante.
2. El Estatuto no reconoce, por lo tanto, la gran importancia del capital humano de los paceños y alteños, de sus profesionales, expertos, técnicos y de sus emprendedores, y por ello no les asigna un papel importante en el desarrollo del Departamento de La Paz. Se menciona las distintas eco-regiones que tenemos, pero se olvida el esfuerzo, la inversión y la acción de los paceños en esos territorios.
3. El Estatuto, no favorece el desarrollo productivo de nuestro departamento con su eje en las 2 grandes ciudades que son La Paz y El Alto, que tienen gran concentración de actividades financieras (bancos), de industrias, de servicios y de comercio, y por lo tanto ese Estatuto no ayudará al desarrollo de La Paz y no brinda oportunidades para que nuestros hijos y nietos se queden para encontrar trabajo y bienestar en nuestro propio departamento.
4. El Estatuto no reconoce a varios pueblos indígenas como los Lecos, Tacanas, Uchupiamonas, Esse Ejjas y Mosetenes que tienen Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) en Áreas Protegidas de nuestro departamento. Y tampoco reconoce a los más de 30 mil Afrobolivianos que viven en los Yungas y son parte de la riqueza histórica de La Paz.

Hoy, el Estatuto por el que nos llaman a votar es un documento que muy pocos ciudadanos conocen. Y todo el aparato del Estado, de un modo muy sugerente, se ha dedicado prácticamente a hacer campaña queriendo vincular el resultado del referéndum a una ratificación del llamado “proceso de cambio” y más aún queriéndolo vincular al objetivo político de re-re-re-relección de Evo Morales el 2019 y –de yapa- dejar a La Paz sin argumento en su reclamo del Pacto Fiscal que le permita contar con platita para su desarrollo.

La Ley del Régimen Electoral en su artículo 21 señala que si los votos blancos y nulos son más que los votos válidos (los votos por el SI y por el NO), entonces, los resultados del referéndum no serán válidos.

El Estatuto por el que se nos llama a votar no tiene ajayu. Por eso en el referéndum del próximo domingo iré a votar porque es mi derecho como ciudadano boliviano, pero mi voto será en BLANCO. Nuestro pueblo no conoce el Estatuto ni su función, no participó activamente en su elaboración, y ya se ha dado cuenta que si queremos un Estatuto que sea cimiento del desarrollo de La Paz, necesita que le devolvamos pronto su ajayu. 

El Fondo Indígena que acaba de fallecer después de ser saqueado por una cúpula dirigencial de las organizaciones campesinas y originarias afines al Gobierno, con complicidad de éste, funcionó con una estructura organizativa que se asemeja a una pesada máquina difícil de mover y cuyas partes no sincronizaban su movimiento.

El primer nivel decisorio de aceptación de proyectos y de definición de las líneas maestras del Fondo era la Asamblea que reunía entre 40 y 60 dirigentes de todos los pueblos indígenas que según normas internas debían reunirse bimensualmente. La penúltima reunión de esta Asamblea fue en julio de 20011 y solo 8 meses después en marzo de 2012 se volvió a reunir, sobre todo con los representantes de las organizaciones indígena-campesinas afines al Gobierno (CSUTCB, Colonizadores, y Bartolinas), pues desde 2010 la CIDOB y el CONAMAQ se  separaron del Pacto de Unidad y el 2011 terminaron de romper su elación con el Gobiernista MAS.

El segundo nivel decisorio estaba compuesto por la Dirección Ejecutiva y su pequeño equipo técnico especializado, que respondía a criterios político partidistas y a criterios de lealtad con alguna de las organizaciones sociales.

El tercer nivel decisorio fueron las Direcciones Generales de Área, que en un modelo de gestión convencional basado en Resultados, es decir en la eficiencia, deberían responder a la Dirección Ejecutiva y su staff. Pero, los Directores de Area eran nombrados por las organizaciones campesinas-originarias-indígenas MASistas. Es decir, había un Director por la CSUTCB, otro por los Colonizadores, otro por las Bartolinas, y etc.. Y cada uno de esos Directores de Area a su vez, en sujeción al origen político de su nombramiento, armaba su respectivo equipo técnico de revisión y seguimiento de proyectos con técnicos sugeridos por su organización social, técnicos muchas veces ineficientes que atendían sólo a los proyectos de su organización y no de otra.

En resumen, esa estructura de gestión “corporativizada” del Fondo Indígena fallecido tuvo como características 1) que en un afán participacionista extremo, las decisiones de aprobación de proyectos anuales se remitían a una reunión muy numerosa y disímil –la Asamblea- que su lento movimiento afectaba completamente al ciclo regular de funcionamiento del Fondo. Y 2) la parcelación administrativa asentada en lealtades y clientelismo político de las organizaciones campesino-indígenas-originarias de las Direcciones de Área, creaba compartimentos estancos y falta de fluidez en la gestión vertical y horizontal y manejo de la decisión e información. Entonces, no sorprende que el Fondo hubiera tenido una Gestión pesada, clientelar y de tortuga. Por ello, la ejecución de proyectos se fue paralizando gradualmente por el experimentalismo MASista que creyó –equivocadamente- que el participacionismo extremo era la alternativa “indígena” de gestión, favoreciendo la corrupción y el desfalco de dineros públicos, como lo que ocurrió en la realidad. Y todo esto le costó millones al Estado boliviano y gran desprestigio al MAS y su forma corrupta de relacionarse con las dirigencias progubernamentales de campesinos, indígenas, originarios y colonizadores.

Recién, por el Decreto Supremo 2493 del 26 de agosto de 2015, se creó el “nuevo” Fondo de Desarrollo Indígena, con una estructura orgánica diferente del anterior Fondo Indígena. La principal novedad es que los representantes de las organizaciones campesinas indígenas originarias no toman decisiones pues se elimina su presencia de la Asamblea y el Directorio, y se habilita un Consejo Consultivo. Los proyectos serán aprobados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  y el Director Ejecutivo ahota tiene potestad de decisión en el “nuevo” Fondo.  

El Consejo Consultivo, ahora podrá formular propuestas, realizar evaluaciones y recomendaciones cada año, sobre los proyectos financiados por el Fondo. En el Consejo Consultivo están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias  de Bolivia- Bartolina Sisa (CNMIOCB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Indígenas Originarios de Bolivia-Colonizadores (CSIOB). Se excluyó a 2 importantes organizaciones de tierras bajas que anteriormente tenían representación en el Fondo Indígena, la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Cuatro iniciales observaciones al “nuevo” Fondo Indígena: 1) Se ha excluido a los Moxeños e indígenas benianos y a los guaranís y el “nuevo Fondo” solo funcionará con organizaciones MASistas en el Consejo Consultivo (CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ oficialista y CIDOB oficialista y Colonizadores). 2) A falta de ideas para crear una nueva institucionalidad democrática (organización y normas) el “participacionismo extremo” promovido por el MAS al inicio de su gestión se convierte ahora sólo en funciones consultivas, de seguimiento y evaluación que realizaran las organizaciones indicadas. 3) El Director Ejecutivo tendrá verdaderas funciones gerenciales, lo que podría ayudar a que este Fondo funcione con eficiencia, pero los proyectos se definirán en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde están los principales responsables estatales de la corrupción del anterior Fondo.

A pesar de que el nuevo modelo de funcionamiento del Fondo actual busca ser “eficientista”, las observaciones mencionadas podrían impedir un buen destino a eso que pomposamente se quiere llamar “nuevo” Fondo indígena, más aún en momentos en que con seguridad sus ingresos disminuirán por la baja de los precios internacionales del gas, dado que sus recursos vienen del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) ///

“No vamos a estar sometidos a pequeños grupos, porque es nuestra obligación seguir garantizando la gran inversión y eso garantiza el crecimiento económico” dijo el Presidente Evo Morales hace poco en una conferencia de prensa en Tarija en referencia a la represión policial  de indígenas guaranís en Tako Mora. Y entonces uno se pregunta…Si los indígenas de tierras bajas son minoritarios, y siempre se lo ha sabido, para qué diablos el propio Evo Morales y el MAS en la Asamblea Constituyente el año 2006 introdujeron todo un Capitulo en la nueva Constitución reconociendo los derechos de los pueblos indígenas (esos pueblos minoritarios o “pequeños grupos” como prefiere llamarlos el Presidente) donde se contempla el derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe cuando el Estado va a realizar actividades ?

A mediados del 2009, cuando el gobierno nacional comenzó a incumplir la nueva Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas, se gestó lo que el 2011 la ciudadanía boliviana conoció como la 8va. Marcha de los indígenas Mojeños, Yuracarés y Chimanes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que solicitaban centralmente la realización de una Consulta previa, libre, informada y de buena fe a los habitantes del TIPNIS, antes de construir el 2do. Tramo de una carretera que desde el Chapare (Cochabamba) iría en dirección a San Ignacio de Mojos (Beni) partiendo en 2 la parte central del TIPNIS, que es Tierra Comunitaria de Origen (TCO) indígena reconocida en la Constitución, y a la vez Parque Nacional de Bolivia protegido por la prpia Constitución y la ley del Medio Ambiente.

Los Indígenas el 2011 marcharon en defensa de la vigencia plena del derecho a la Consulta “previa, libre, informada y de buena fe” que establece la Constitución de Bolivia, y la ciudadanía urbana de La Paz Cochabamba y Santa Cruz apoyó masivamente esas Marchas tanto por que percibía un inaceptable e indignante abuso de poder del Gobierno contra los indígenas como por la defensa de un “Parque Nacional”, cuyo nombre genérico es Área Protegida, pudiendo tomar la forma de un Parque Nacional, una Reserva Natural u otro, que la Ley del Medio Ambiente de Bolivia considera muy valioso para su conservación y manejo adecuado. 

La tal “Consulta previa, libre e informada y de buena fe”, presenta ya en el Convenio 169 de la OIT es un instrumento para lograr el acuerdo de un pueblo indígena en su territorio cuando un Estado pretende realizar alguna construcción o realizar algún tipo de actividad económica que afecte a sus pobladores.

La TCO Takovo Mora es una de las varias TCOs del pueblo indígena Guaraní. Está ubicada en el municipio de Cabezas del Departamento de Santa Cruz, y sus pobladores que estuvieron en diálogo con el Gobierno durante varios meses antes de la represión policial de la semana pasada, consideran que corresponde la consulta previa antes de que el Gobierno prosiga con actividades hidrocarburíferas.

Pero, qué es lo que está en juego para que se haya generado una reacción tan desmedida del Gobierno en el uso de la fuerza contra los indígenas de Takovo Mora ? Ya no están en juego, como en el caso del TIPNIS, razones geopolíticas para arrinconar a Santa Cruz, ni contratos poco claros con empresas brasileñas ni intenciones de ampliar tierras para los cocaleros del Chapare. Ahora están en juego millones de dólares provenientes de la exportación de GLP o gas licuado de petróleo.

La Planta de Separación de Líquidos Río Grande, está ubicada en el mismo Municipio de Cabezas. Esta planta pretende la industrialización del gas y está próxima a la Planta de Absorción de YPFB Andina que está a 55 Km. de la ciudad de Santa Cruz. La planta de Rio Grande será abastecida con gas natural desde el gasoducto de Transierra (Gasyrg).

Esta planta ya inició actividades y busca procesar 200 millones de pies cúbicos por día de gas natural,  y a través de la recuperación de propano quiere obtener 361 toneladas por día de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 490 barriles por día (BPD) de gasolina natural, para abastecer el mercado interno y para la exportación de los excedentes de GLP. Esto ñe posibilitaría al Gobierno mucho dinero para compensar la caída en los precios internacionales de los hidrocarburos y de los minerales, y –desde luego- para continuar con su “campaña electoral” eterna en vistas de la relección vitalicia de Evo Morales.

Entonces, el fin justifica los medios? Si la Consulta está en la Constitución, ¿por qué no la cumple el Gobierno, respecto de los indígenas de Takovo Mora? En este caso, parece que las palabras el propio presidente Evo Morales nos dan la respuesta: “No vamos a estar sometidos a pequeños grupos, porque es nuestra obligación seguir garantizando la gran inversión y eso garantiza el crecimiento económico”. Pero, si los indígenas de tierras bajas son minoritarios, para qué diablos el propio Evo Morales y el MAS en la Asamblea Constituyente el año 2006 introdujeron todo un Capitulo en la nueva Constitución reconociendo los derechos de los pueblos indígenas (esos pueblos minoritarios o “pequeños grupos” como prefiere llamarlos el Presidente) donde se contempla el derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe cuando el Estado va a realizar actividades? La pregunta sigue en pie.

Diferenciemos inicialmente la gestión política del MAS-IPSP que es el ejercicio del poder político derivado de mayoría electoral apoyada por organizaciones sociales que movilizadas respaldan al Gobierno para decidir sobre la sociedad y sobre la oposición, de la gestión administrativa, que es el conjunto de planes y proyectos derivados de la gestión burocrática del estado, acciones que pueden o no influir sobre la sociedad.

Dicho esto, señalemos que entre 2008 y 2009, a decir de García Linera “el nuevo bloque hegemónico”, es decir la alianza de clases que el MAS-IPSP había forjado desde antes de 2005 y que se fortaleció con  el proceso Constituyente (2006-2007) después del 54 % de Evo en la elección de diciembre de 2005, debía terminar de sepultar al “bloque derrotado” es decir a la oposición regional y partidaria de ese momento, e imponerle sus nuevas condiciones de visión de país y de Estado. Esto, finalmente, no se logró del todo, aunque diríamos que para 2009 casi se logró.

Entre 2009 y 2010, aprobada la nueva Constitución, el MAS creyó consolidada su victoria política y también creyó haber subordinado totalmente a la oposición regional de los departamentos de tierras bajas de Bolivia y las expresiones políticas nacionales que estaban en la oposición.

Pero el propio bloque hegemónico MASista se empezó a fracturar el año 2010, cuando varias organizaciones indígenas como la CIDOB y CONAMAQ, se distanciaron del Gobierno, propinándole una derrota política en la 8va. Marcha de 2011. Se sumaron a estas separaciones y fracturas,  porciones de los gremiales, los microempresarios, y ciertos segmentos del campesinado indígena de Municipios rurales del occidente de Bolivia, como Caranavi, por ejemplo.

Es decir entre 2010 y 1014, el bloque sociopolítico de respaldo al MAS-IPSP se resquebrajó seriamente y el tamaño de poder del MAS disminuyó. Con esto, la hegemonía entendida como convencimiento de masas, se convirtió gradualmente en solo acuerdos instrumentales con ciertos actores económicos y sociales antes rechazados y catalogados como de derecha, que el MAS buscó entre 2012 y 2014 para mantener su poder hegemónico, y la hegemonía “positiva” se fue convirtiendo en hegemonía “negativa”, es decir en acciones de poder cada vez más alejados de la legitimidad social necesaria y de la mínima legalidad requerida. El Gobierno transitaba paso a paso hacia la dictadura.

Hace pocos días, el Vicepresidente, después de la movilización de COMCIPO de Potosí, cuando evaluó las varias derrotas políticas desde 2011 y electorales sobre todo de 2015 (la derrota del MAS en El Alto fue tremendamente dolorosa para el partido de Gobierno), acentuó sus rasgos dictatoriales pues veía que su bloque sociopolítico de sustento ya no era suficiente para dar amplia legitimidad a sus acciones. Y después de sufrir derrotas parciales en las organizaciones sociales mas influyentes (CIDOB, CONAMAQ, Deferacion  de Campesinos de La Paz y otras) a las cuales dividió e instrumentalizó, el Gobierno comenzó a dañar sistemáticamente a influyentes periodistas de medios independientes (Peñaranda, Gómez, Amalia Pando, Jhon Arandia entre varios). Casi inmediatamente después (agosto de 2015), el Vicepresidente se estrelló y aun lo hace contra varias ONGS antiguas de más de 3 décadas de existencia, vinculadas al seguimiento de políticas públicas en temáticas específicas de su especialidad profesional (laboral, agraria, presupuestaria, etc.). Y aunque el Defensor del Pueblo ha solicitado al Tribunal Constitucional que rechace la Ley de ONGs y su reglamento, y aunque la ONU ha también enviado una recomendación en el mismo sentido al Tribunal, el Vicepresidente sigue amenazando a las ONGs bolivianas pues sabe que ya no tiene capacidad para convencerlas y solo le queda la amenaza, la fuerza.

Más allá de la puntual pero indudable de la personalidad intolerante y autoritaria del Vicepresidente García Linera que externaliza de modo sistemático lo que Evo piensa y dice, lo que está realmente ocurriendo es que la hegemonía negativa (el mero “decisionismo personalista e ilegal” de Evo Morales y García Linera, ha avanzado hacia extremos de ilegalidad y no aceptación social que muestran la cada vez mayor debilidad de bloque sociopolítico de apoyo al gobierno de Evo Morales.

Hoy hay ya un coro sinfónico de varias voces de periodistas, políticos nacionales y regionales, líderes sociales, ONGs y otros actores que simplemente no aceptan ya el autoritarismo Presidencial. Y habrá que ver en que queda toda esta historia, pues podría ser el principio del fin del régimen. ////

Comenzaremos desde hoy y en varios artículos, a tratar el tema del PACTO FISCAL, pues aunque su nombre es muy técnico y ya que se empieza a hablar de él en el país, como ciudadanos necesitamos saber qué es eso y cómo ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones respecto del tal Pacto Fiscal.

Primero, QUE es lo que se esconde bajo el nombre de PACTO FISCAL? El Pacto Fiscal es un ACUERDO. Y si estamos en Democracia, ese ACUERDO deberá estar basado en el diálogo y la concertación. Es decir que el Pacto Fiscal en nuestro país no puede basarse en la lógica de guerra, donde unos son amigos y otros son enemigos; no puede ser imposición de algunos y tampoco manipulación política, o imposiciones de mayorías sobre minorías, o abusos de los que más fuerza o poder tienen. Es decir que el Pacto Fiscal debe ser un Acuerdo asentado en  valores democráticos; Escuchar  las ideas diferentes (Tolerancia), Apreciar las ideas diferentes (Pluralismo) e Incluir los aportes de las diferentes posiciones que dialogan (Participación). Si hay imposiciones y mala fe, no habrá Pacto Fiscal.

Y segundo, SOBRE QUE TEMA debe establecerse ese ACUERDO? Pues, sobre la distribución y generación de los recursos económicos (platita) para el desarrollo del país globalmente entendido, de sus departamentos autónomos, de sus municipios autónomos y de sus autonomías indígenas. Cuando hablamos de DISTRIBUCION y GENERACION DE RECURSOS ECONOMICOS A CARGO DEL ESTADO hablamos de eso que los técnicos llaman “Política Fiscal” (referido al Fisco, al Estado), y por ello el nombre de Pacto FISCAL. Es decir que el Pacto Fiscal es un acuerdo sobre cómo generar y distribuir la platita que el Estado gasta o invierte en el bienestar de los ciudadanos. Ese tema debe tratar el Pacto Fiscal.

Finalmente, en esta ocasión, terminemos respondiendo a la pregunta ¿PARA QUE ES EL PACTO FISCAL? Pues para que ningún ciudadano se sienta excluido o discriminado a la hora de recibir el apoyo de su Estado, que para eso es el Estado, para apoyar al ciudadano en su desarrollo pleno. En Bolivia, y en cualquier país, puede estar ocurriendo que la platita que el Estado gasta o invierte de repente este dirigida a unas pocas élites, o a la gente de un solo partido político, o solo a los intereses de unos grupos económicos, sindicales o gremiales. Es decir, el Pacto Fiscal es para que el Bien Común este por encima de los interés parciales.

En resumen, el Pacto Fiscal, ese acuerdo de buena fe y democrático, es sobre cómo se genera y distribuye la platita de todos (la plata pública, la que maneja el Estado), para garantizar que el Estado y los niveles de descentralización que tiene (en Bolivia hay 9 Autonomías Departamentales, 339 Autonomías Municipales, 0 Autonomías Indígenas, con distintas competencias y distintas coberturas) dirijan lo que gastan y lo que invierten  en el “bien común”, es decir en obras y acciones que beneficien a todos los bolivianos según ciertas prioridades acordadas.

Hasta aquí, fácil decir lo que es un Pacto Fiscal. Difícil hacer un Pacto Fiscal sobre todo en momentos como los actuales, cuando desde el Gobierno se ha dividido a los bolivianos y siempre se trata de mostrar a unos como los “buenos” y a otros como los “malos”. Pero es una oportunidad, pues los ciudadanos podremos ver la madera de nuestros Gobernantes en esta difícil tarea. Veremos si quieren beneficiar solo a unos pocos o a todos los bolivianos en general, pero sobre todo, veremos si creen que la plata es suya o es plata de todos, pues los recursos que el Estado maneja, en cualquiera de sus niveles, es plata de los bolivianos y no es propiedad de un líder, o de partido o de una clase social. Veremos poco a poco si el Pacto Fiscal llega a ser un acuerdo democrático en bien de los bolivianos de los 9 departamentos autónomos, y los 339 municipios autónomos, o si es solo una farsa para hacer campaña electoral y preparar la elección vitalicia de algún personaje conocido.

Un debate sobre el Pacto Fiscal a puertas cerradas, sin participación ciudadana, es un debate limitado, en el que las preocupaciones del ciudadano común se encuentran pobremente representadas: la inseguridad en los barrios y en las calles; alimentos caros y nutrición inadecuada; mala calidad de los servicios de transporte; escuelas inseguras y muy limitadas en recursos; servicios de salud insuficientes; y dificultad para asegurar la propiedad de los pocos bienes que se tiene.

Las organizaciones campesinas del Pacto de Unidad (CSUTCB, CONAMAQ, Bartolinas, Colonizadores) han expresado hace poco (inicios de agosto de 2015) que promoverán un referéndum de consulta sobre si la ciudadanía está de acuerdo con la re-re postulación de Evo Morales como Presidente para el periodo 2020-2025, según ellos “porque el proceso de cambio debe consolidarse”.

Llegar a ese punto, a un Referéndum, en realidad inicia con 2 caminos posibles –no excluyentes- previstos en la actual Constitución, que señala en su Artículo 411, parágrafo II, que “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.”

Es decir que el Referéndum que el Pacto de Unidad oficialista ha indicado que buscará, es el Referéndum aprobatorio de la reforma parcial que es la re-relección de Evo Morales, que como proceso de reforma puede iniciar el propio Pacto de Unidad a través de una “iniciativa legislativa ciudadana” apoyada por el 20 % del padrón electoral, o –como es el caso más posible- a través de la presentación del proyecto de reforma parcial aprovechando los 2/3 que el MAS tiene en la Asamblea Legislativa Nacional.

Puede usar cualquiera de esos 2 caminos, o puede combinarlos, aunque la acción de la “iniciativa ciudadana” tiene el gran riesgo de que la gente del MAS pueda tener dificultades para llegar al 20 % del padrón electoral. Este será el primer síntoma. Si el MAS opta por utilizar solo los 2/3 que tiene en la Asamblea Nacional, será un inicial signo de temor frente al electorado que en la última elección subnacionales le fue muy esquivo.

Por ello, es más posible que solo recurra a los 2/3 de sus asambleístas de la Asamblea Nacional, teniendo seguro que esa proporción malamente lograda en la elección presidencial de diciembre de 2014, le permita la “Ley de Reforma Constitucional” que facilite a Evo Morales la re-reelección, que lo tendría prácticamente por casi 20 años en el poder.

Como esto es casi seguro, después de esa aprobación en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a un Referéndum aprobatorio o reprobatorio de esa Ley.

Parece ser que este será, el del Referéndum, el momento crucial de este intento de Evo Morales y el MAS de eternizarse en el poder político del estado boliviano. Y parece ser, también, que será el momento en que la oposición que ha logrado interesantes avances en las elecciones subnacionales de 2015, logre una cohesión temática en la oposición común al intento oficialista.

En términos de tiempos, si el MAS-IPSP recurre a la “iniciativa legislativa ciudadana”, deberá contabilizarse más tiempo para el proceso de aprobación de la reforma. Quizá unos seis meses para el recojo de las miles de firmas que cumplan con ese 20 % del padrón electoral que exige la Constitución. Si, por el contrario, el oficialismo recurre a sus 2/3 en la Asamblea Nacional, el proceso puede ser más breve y en menos de 2 meses puede aprobarse la Ley de Reforma Constitucional” que instruya al TSE organizar el Referéndum establecido.

Ese Referéndum podría ser “la madre de las batallas” políticas de los últimos años ya que dividiría de un modo drástico a los bolivianos en 2 bloques retornando al país la bi-polarización interna, que entre 2006 y 2008 y empujada desde el radicalismo indigenista del MAS promovió una tremenda desconfianza, la división interna y la muerte de varios bolivianos por enfrentamientos de partes.

Grandes riesgos parecen aproximarse para la vigencia de los derechos humanos y la convivencia pacífica entre ciudadanos, que es la base de la Democracia boliviana. Habrá que estar atentos a este trajín de permanencia casi eterna de Evo Morales en el Gobierno de Bolivia.

En septiembre de 2008, cuando el MAS intentaba imponer por la fuerza una Constitución Política (CPE) no consensuada y cuando en varias regiones la lucha por la Autonomía Departamental estaba en un momento definitorio, Bolivia estuvo al borde de una guerra civil. Hoy, a julio de 2015, y en el mismo tema, nuevamente el Gobierno insiste en su método de prepotencia y amenaza generando nuevamente condiciones de confrontación entre bolivianos.

El 2008, entre el 7 y el 11 de septiembre, el Gobierno nacional movilizó a los campesinos e indígenas de Pando que desde distintos lugares debían confluir en Cobija para “presionar” a la institucionalidad departamental de Pando. En incidentes graves donde el primer muerto fue un funcionario de la Prefectura, se produjeron 12 muertos más, la mayoría campesinos e indígenas. Este fue el primer paso de la estrategia de “sepultamiento y aplastamiento” de la oposición (palabras de Quintana y García Linera) que hizo el MAS y su Gobierno utilizando a los campesinos.

El mismo 2008, y unos días después de las muertes en Pando, la CSUTCB nacional, la Federación Departamental de Campesinos de Santa Cruz y los Colonizadores, manejadas por el Gobierno a través del colonizador Fidel Surco, realizaron durante 3 semanas un cerco armado a Santa Cruz, intentado obligar a que los departamentos entonces llamados de la “media luna” firmen un acuerdo con el Gobierno en el tema central de la autonomía departamental. En ese momento, Evo Morales dijo que ese cerco era “en defensa de la democracia y en protesta a las agresiones que sufrieron los sectores sociales en Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija”, y Rubén Costas, Gobernador electo de Santa Cruz, señaló que "no debe haber un boliviano más que muera producto de la violencia" y aseguró que los campesinos "serán bienvenidos" en la capital de ese departamento. La marcha y el cerco finalizaron el 24 de septiembre de 2008 en Montero, antes de llegar a la ciudad de Santa Cruz.

Después de atravesar esos graves hechos, el tema Autonómico se resolvió grandemente con el Referéndum nacional vinculante sobre Autonomía Departamental, cuando el SI gano con más de 60 % de apoyo, y el Gobierno de Evo Morales –de muy mal talante- tuvo que aceptarlo.

Hoy, en julio de 2015, 7 años después de los tristes sucesos del 2008, las organizaciones campesinas e indígenas –sobre todo de indígenas- están divididas en su apoyo al gobierno, aunque los campesinos siguen unificados, tanto en Pando como en Santa Cruz. Pero el tema Autonómico vuelve a cobrar relevancia, esta vez, porque los campesinos que permanecen manejados por el partido de gobierno, vuelven a amenazar a Santa Cruz con otro cerco.

La Federación de Campesinos de Santa Cruz, advirtió con cercar Santa Cruz si es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no devuelve con observaciones y en 30 días el proyecto de Estatuto Autonómico presentado ante esa instancia por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALDSC). Los campesinos rechazan 14 artículos que ellos consideran inconstitucionales.

Hace pocos días, la ALDSC aprobó finalmente después de más de 5 años de demora, el Estatuto y lo remitió al TCP para que éste señale su aprobación en caso de no contradecir la Constitución. Sin embargo, los campesinos se adelantaron al fallo del TCP y no solo amenazan a Santa Cruz sino también amenazan al propio TCP. Y nuevamente, se observa el diente de la bestia, la violencia.

En el procedimiento esperado, luego de que el TCP lo apruebe –si lo aprueba- el Estatuto debe ir a Referéndum ratificatorio, instancia en la cual los campesinos podrían hacer campaña en contra del Estatuto. Entonces, la amenaza de cerco es una muestra de debilidad ? No están seguros de tener el apoyo que tuvieron el año 2008 cuando cercaron Santa Cruz ? Por qué amenazan al TCP para que sea éste el que rechace el Estatuto ya aprobado en la ALDSC después de un largo proceso de discusión?

Inicialmente, parece clara la intención del Gobierno y el MAS, pues el Estatuto ya se adecuó a la actual Constitución (como manda la Lay Marco de Autonomías). Pero buscan bajar mucho más aun el perfil autonomista del Estatuto. Y se observa también temor del Gobierno ante la concreción gradual de la Autonomía –aún mínima-, pues a sus ojos sigue siendo un supuesto riesgo para la unidad del país. 

Al final, los grandes responsables del nacimiento de la Autonomía departamental -con los riesgos -reales o ficticios que pudiera tener-, y hasta dónde puede llegar (sobre todo viendo procesos internacionales semejantes como el de España o el de Escocia), son el Gobierno y el MAS. Estos no supieron en su momento moderar internamente -menos el propio Presidente- las exageraciones e imposiciones etnicistas e indigenistas del proceso Constituyente, la nueva Constitución y la subsiguiente gestión que su gobierno hizo. Ahora, es muy tarde ya para detener ese proceso. La Autonomía nació y tiene vida. Quizá es una Autonomía “minimalista” como señalan algunos especialistas, pero la Autonomía Departamental ha nacido y esta vivita y coleando, y -por lo visto- atemoriza a los grandes responsables de su nacimiento. Y con ese temor, retorna la amenaza de cerco, la amenaza de violencia, retorna el diente de la bestia.

Mientras la prensa señala que el 25 % de los conflictos del país se concentraba en La Paz, sede del Gobierno central, pensaba que el actual carácter del Estado boliviano según su Constitución debería evitar esta concentración de conflictos en esta ciudad. Lo explico. Bolivia –según su Constitución- no es solo Plurinacional (tiene varias naciones), sino que es, además, Autonómica (que tiene gran descentralización del poder y las decisiones). Y estos son los dos carriles (Plurinacional y Autonómica), por donde a modo de una locomotora anda el Estado, sobre una riel que es lo Plurinacional y sobre  otra riel que es la de las Autonomías (departamental, municipal e Indígena).

Teóricamente, los conflictos que regularmente tenía nuestro Estado (por las características de su sociedad) debieran haberse ido distribuyendo de un modo sino parejo, más equilibrado entre el nivel central del Estado (en La Paz) y los niveles subnacionales de ese mismo Estado (9 Departamentos y 338 Municipios). Pero esto es solo teoría y pasamos ya de los 5 años del Estado Plurinacional con Autonomías. En la realidad los conflictos siguen concentrándose en La Paz. ¿Por qué?

Y la primera respuesta parece muy clara. Porque los niveles subnacionales del Estado (Departamentos y Municipios) no están cumpliendo bien su rol de entidades descentralizadas en la toma de decisiones y, por lo tanto, en la atención de las demandas y las protestas que la gente tenga.  Pero, ya hay una Ley Marco de Autonomías y una Ley de Municipalidades, ya hay asignación automática de recursos económicos a las cuentas de los Gobiernos Departamentales y Municipales….entonces…¿qué pasa?. Los conflictos siguen concentrándose en La Paz ¡ El tema no parece ser, entonces, del diseño institucional del Estado con Autonomías que es claro, más allá de que pueda haber discusión sobre las competencias que a cada nivel corresponda.

Entonces, ¿donde está el problema?. Pues parece que en la gestión de Gobierno, es decir en el modo en que el Gobierno central entiende y practica la descentralización autonómica.  Si el Presidente tiene su Programa “Evo Cumple” que se entromete en la inversión municipal para figuración del Presidente; si el Presidente asiste a casi todas las entregas de los Programas centrales Mi Agua, Seguro Agrícola, etc. etc.; si el Presidente además autoriza la asignación de fondos especiales para los departamentos que le son afines y aparece en la entrega de cheques, de inicio y final de obras, etc, etc,; si el Presidente viaja de aca para allá o en su avión o en su helicóptero disminuyendo la relevancia de Gobernadores y Alcaldes electos, entonces, resulta que la descentralización autonómica está siendo boicoteada por el propio Presidente.

Y una consecuencia de ello para el Presidente, es que cuando hay incumplimiento de ofertas y promesas de inversión para el desarrollo de los niveles departamental y municipal, es el propio Presidente el que recibe la carga de los conflictos por protestas o demandas sociales. Es un boomerang. El propio Presidente impide que haya una real descentralización autonómica por su figuracionismo electoral en la inversión pública y la entrega de micro-obras, obras medianas y obras grandes, y los conflictos en vez de dispersarse hacia los 9 departamentos y los 338 municipios, se reconcentran en el propio Evo Morales y –obviamente- en La Paz.

Es decir que la centralización propagandística de la inversión pública que hace Evo Morales daña a la ciudad de La Paz, cuando en realidad siendo ya Bolivia un Estado con Autonomías esto debió disminuir significativamente desde hace cinco años. Y esto es, también y aparte del claro incumplimiento de ofertas de inversión, lo que está ocurriendo estos días en La Paz. COMCIPO de Potosí, demanda el cumplimiento de 26 puntos, referidos algunos al nivel departamental y otros al nivel nacional, e incluso algunos pocos al nivel municipal. Pero como todo esta re-centralizado por el Presidente a pesar de que en la Constitución somos un Estado con autonomías, entonces todos los problemas se vuelven contra él.

Siembra vientos y cosecharás tempestades, dice el refrán. Eso es lo que está ocurriendo estos días en La Paz, y ya sabemos quién es el sembrador.