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La experiencia como  base del conocimiento científico

El siku es un instrumento andino que traduce los secretos de la cordillera real en cinco notas. Susurro del viento guiado por el palpitar del bombo que emula al corazón de la tierra en rito, trabajo y catarsis. El siku emana de sus cavidades de madera una proclama de resistencia para la trascendencia a través de la experiencia de la música en comunidad.

La experiencia es parte fundamental del proceso científico. En base a la experiencia se desarrolla el lenguaje y los consensos en comunidad. La experiencia despierta conciencia y de la conciencia nace la capacidad crítica para enfrentar el complejo entramado que nos toca vivir en el sistema de turno[1].

En diez años Bolivia ha generado mucha de la teoría que hoy se tiene sobre descolonización de la política a través del estudio de sus luchas sociales (Gas, agua y coca)

Uno de los espacios de demanda visibilizado en 2013 que ha llamado mucho mi atención (y fue duramente cuestionado por la comunidad internacional) es el de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NAT) que impulsaron la aprobación de la Ley de trabajo Infantil en 2014[2]. La mirada euro centrista ha cuestionado duramente esta regulación; sin embargo, detrás de ese cuestionamiento se esconde una realidad inminente en nuestro lado sur y no sólo por las disparidades económicas generadas tras la invasión europea, sino porque culturalmente hablando, el pensamiento andino parte aún de un pensamiento filosófico  productivo, que implica el niño tiene una crianza a partir de un rol activo en el trabajo comunitario. Así la Escuela del Ayllu en su práctica pedagógica, genera dinámicas de trabajo que hoy en día migran del campo a la ciudad con potencial de convertirse en esclavitud para el niño migrante como efecto de la modernidad.

El sistema de justicia internacional es un escenario cuya epistemología no reconoce ciertas bases y ciertas demandas; así el caso de los niños (as) trabajadores es un espacio que merece ser mencionado pues en materia de movimientos populares, hablar de una población infantil oprimida que logró poner en agenda una demanda y reivindicar sus derechos en un sistema mundo patriarcal, eurocentrista, capitalista y adulto céntrico, es un verdadero hito que ha llevado a generar una política pública descolonizadora. Sin embargo todavía queda un largo camino por recorrer, mucha de la ciencia detrás del corazón causal de nuestras políticas públicas aún esta tejida por comunidades epistémicas que comparten  valores políticos y experiencias que no necesariamente responden a las necesidades de muchos de los sectores oprimidos

Si hablamos de hitos, en materia de drogas la Ley de coca a pesar de sus luces y sombras, es considerada un éxito a nivel mundial. Sorprende entonces que después de iniciado el proceso de nacionalización en nuestra política de drogas, las comunidades científicas detrás, no tengan esa capacidad crítica para abordar temas relacionados a salud pública o justicia penal en relación a consumos, o quizás esas comunidades simplemente carecen de la experiencia de vida que sólo los afectados directos por la aplicación de la justicia penal como herramienta de estas políticas públicas poseen. Sin embargo con experiencia o no; es comprensible que las construcciones sociales que se han tejido sobre muchas sustancias (de las cuales hablaremos más adelante) sean más fuertes a la hora de abordar el problema público de las drogas.

Aún más tela para cortar en la segunda parte de este breve acercamiento a la problemática de las drogas en Bolivia desde el pensamiento crítico.   

[1] Dussel afirma que la experiencia, el leguaje el consenso y la comunidad son la base del pensamiento critico

[2] “Ley regula el trabajo infantil y penaliza la erotización de niños” (2014). Página 7. Versión digital disponible en: http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/7/18/regula-trabajo-infantil-penaliza-erotizacion-ninos-27060.html

La señorial Sucre, Charcas,  la Ilustre Ciudad. Su Historia está plenamente vinculada a Bolivia, a su nacimiento, a su pasado y a su presente, a su gloria y a sus infortunios:  la Real Audiencia , la Universidad , el Grito del 25 de Mayo de 1809, los Doctores de Charcas cuyo paradigma fue Casimiro Olañeta, Juana Azurduy de Padilla la amazona de la libertad americana, los Patriarcas de la Plata, la hecatombe de Ayo Ayo,  el infortunado Presidente José Gutiérrez Guerra, el Dr. Hernando Siles y sus sueños truncados,  la fiereza de Don Mamerto Urriolagoitia. En el ámbito literario basta mencionar a Don  Adolfo Costa Du Rels y su elegante pluma, a Tristan Marof y su monumental retrato irónico de la Capital y desde luego a Jaime Mendoza y su fe inquebrantable en el futuro de su país. 

No podemos olvidar a Don Simeón Roncal y sus hermosas cuecas, como tampoco  a Don Fidel Torricos su más eximio interprete en el piano, como también la melancólica Matilde Casazola, quienes con su música nos enseñaron la  belleza sonora  de este terruño que se encuentra en un escarpado valle en los contrafuertes de la Cordillera de Los Andes, donde en sus buenos tiempos se llegaba por tren en un arribo que se saludaba con caballerosidad olímpica.

Sus calles y casas revocadas de blanco, la Plaza 25 de Mayo y el Parque Bolívar, están allí, como el querido, omnipresente y eterno recuerdo personal, donde se pasaban  tardes íntegras en animada plática,  desempolvando recuerdos, tratando de resolver entuertos o avizorando un porvenir que siempre se  esperaba con optimismo.  

La Florida, Ñujchu, Yotala  y quizás uno de sus referentes más emblemáticos, La Glorieta, se encuentran allí. Reflejan el deseo de crear un mundo idílico , no en la mente, ni fuera de la tierra natal, sino allí cerca de aquellos de los que no  queremos separarnos porque al final de cuentas ese cordón umbilical siempre nos reclama y mantiene vivos.

Allí  los badulaques se reúnen para complotar o vivir hazañas  que son hitos mentales persistentes en el tiempo.Obviamente pueden cuestionar jocosamente su cordura. Sin embargo, si la cosa es realmente seria,  el “Pacheco” está a mano para paliar cualquier mal. Hasta la muerte tiene un vergel hermoso en su  cementerio, que invita  a la reflexión y el silencio,  para salir con más fuerza al mundo de los vivos.

Sucre,  siempre será ese mito  y esa realidad, donde se vuelve con alegría, serenidad y nostalgia, aunque sea mentalmente, porque  en este viejo solar vivieron personas y familias, se forjaron amistades y antagonismos, porque en ese lugar se generaron  momentos inolvidables y trágicos, porque en este sitio,  nació para bien o mal , nuestro país, Bolivia. 

La brillantez de Adam Smith estuvo en observar lo que la gente hacía para satisfacer sus necesidades, en tiempos donde dominaba el privilegio para los vinculados al poder político. Cuando se dice gente nos referimos a la población en general que habitaba el mundo de su tiempo. Su interés no estuvo en observar cómo la nobleza obtenía ingresos o se enriquecía, sino el común de la gente.

Adam Smith escribió su obra celebre “La Riqueza de las Naciones” en los tiempos en que en la actividad económica urbana predominaba “el cuenta propia”, el trabajo artesanal, el pequeño taller, el pequeño comercio, la venta al menudeo de alimentos. ¿Qué es lo que descubrió? Que la gente corriente para obtener ingresos con los cuales adquirir bienes y servicios que necesitaba o deseaba, tenía que desarrollar alguna actividad económica, para lo cual era hábil, y que otra la valoraba, porque la necesitaba. De esta manera se producía todo tipo de bienes y de servicios, y las “naciones creaban la riqueza” que satisfacía las necesidades siempre crecientes del mundo urbano. La actividad económica de la gente es la que crea la riqueza, no los gobiernos.

Adam Smith nos enseñó que todo intercambio voluntario genera beneficios tanto a oferentes como a demandantes constituyéndose, este intercambio, en el potencial para que los pueblos sean prósperos. El rol de los gobiernos debería pasar a ser el de árbitro y no de jugador, como, sin embargo, dominante se observaba en las naciones en los tiempos que le tocó vivir a Smith.

Las acertadas ideas de Smith recién se comenzaron a aplicar a partir de mediados del siglo XIX hasta el estallido de la primera guerra mundial, en los países que hoy se denominan países económicamente desarrollados. Muy poco tiempo, si pensamos en tiempo histórico. Pasó a considerarse como una condición necesaria pero no suficiente la actividad del libre comercio junto a la reducida actividad gubernamental como el adecuado camino para el desarrollo económico de los pueblos  y para asegurar la paz mundial. Se alejaba el mercantilismo.

¿Por qué el postulado del libre comercio? Porque su ausencia crea un ámbito propicio a la presencia de los monopolios, que a su vez impiden que los precios cumplan sus funciones adecuadamente, como la de informar lo que está aconteciendo en la economía en términos de escasez.

Cuando se habla de libre comercio no nos referimos al ámbito nacional, al interior de un país, comportamiento que ya existe, sino a nivel mundial, entre países. Tampoco nos referimos a Tratados de Libre Comercio, sino a la completa eliminación de aranceles y barreras para arancelarias.

El libre comercio mundial permitirá que cada país, cada región, se especialice en aquello que es más eficiente, por lo que su producción se vendería a precios bajos, en comparación a obtener esos mismos productos de países que no tienen la ventaja competitiva.

A su vez, lo destacable de Milton Friedman está en reconocer la validez de los planteamientos de Adam Smith en una época en que la economía libre de mercado había perdido aceptación social, a raíz de la grave depresión económica mundial que asoló al mundo en los años 30 del siglo recién pasado, originada en los EEUU.

De una dominante concepción de que el Estado debe mantener un rol reducido en la actividad económica -y subsidiario en otros campos- se pasó a una concepción que justificaba cada vez una mayor intervención gubernamental. Se pasó a considerar el papel del Estado como si este fuese el padre de familia, en nombre de la seguridad ciudadana y de la igualdad.

Pero parece que el mundo volverá a darle mayor atención a la libertad de los mercados, a la competencia, a un rol más activo del empresariado, dado que el gasto y el endeudamiento público están en niveles muy altos en los países desarrollados.

La Paz, mayo de 2017

¿Qué haría Ud. si alguien le ofendiera? ¿Ofendería igual a esa persona? Si le amenaza o hace daño…¿la afectaría igual? Si mintiera sobre Ud. o sugiriera que lo deben secuestrar, ¿qué haría? Gandy dijo que de aplicarse el ojo por ojo, el mundo quedaría ciego.

De verdad, deja mucho que desear el proceder de algunos colectivos y activistas que en su desesperado afán de imponer “su” verdad, optan por la agresión y el engaño.

Creen tener el derecho de mentir, atacar, difamar, urdir mitos e historietas como si el fin justificara los medios. Tienen el corazón duro, lanzan la piedra y esconden la mano, como si no hubiera un Dios que lo mira todo. ¡Cuántos urden sus planes desde el anonimato, arruinan paredes con su infame grafiti y usan las redes sociales y la retórica para hacer prosélitos! Cuántos atemorizan porque en su inopia, ellos mismos están atemorizados…

Este tipo de activismo, vestido de verde, con cara de pobrecitos, intelectuales y niños-bien, atañe a quienes vociferando y dándose cuerda entre sí parecen querer que la gente siga muriendo de hambre y pobreza, mientras ellos…¡vaya que viven bien!

Se oponen a los alimentos genéticamente mejorados y dicen defender la naturaleza -como el actor Mark Ruffalo- pero fuman públicamente y envenenan el aire afectando con su vicio la salud de inocentes fumadores pasivos, niños incluidos. Los hay también como Julie Delpy, otra actriz que va contra los alimentos genéticamente modificados diciendo que consume lo natural pero -como Ruffalo- fuma también, aunque aclara que solo fuma ¡tabaco orgánico! Está documentado y es motivo de burla pública…

Hablan las cosas a medias, tuercen la verdad, dicen manejar información científica pero no estudian y amedrentan en base al miedo. Estos “capos” de la crítica violenta -a quienes les sobra el tiempo para hacer memes, decir tonterías y traslucir la frustración que existe en sus corazones- osan hablar por los agricultores como si los representaran, cuando varios de ellos parecen más activistas comerciales, queriendo defender su negocio.

¿Cuántos pobres más deberán morir para considerar esto un crimen de lesa humanidad?, cuestionan 123 Premios Nobel a Greenpeace -el “papá” de tales activistas- argumentando que la evidencia científica ha demostrado que los alimentos transgénicos son tan o más seguros que cualquier otro.

Si la vida de su hijo dependiera de la opinión de esos activistas versus la de los mejores 123 profesionales del mundo en Física, Química y Medicina…¿a quién creería Ud.?

Santa Cruz, 24 de mayo de 2017

Como ocurre con la mayoría de los países mal llamados tercermundistas, Ecuador, casi no existía para el mundo también mal llamado, desarrollado. Máximo servía para que se lo relacione como un país; la famosa línea del Ecuador que divide la superficie del planeta entre los hemisferios norte y sur con una raya imaginaria.

Ese escenario, cambió sustancialmente hace diez años, cuándo no sólo la línea ecuatorial, o las islas Galápagos, aquellas que dieron la pauta para el desarrollo de la teoría del Origen de las Especies de Charles Darwin, servirían para hablar del Ecuador, sino que esta vez un hecho político, económico y social llamado “Revolución Ciudadana”, pondría a este pequeño gran país de Sudamérica, con más de 16 millones de pobladores, en la lupa del interés mundial.

Tanto por una campaña mediática de constante desprestigio, o por sus inocultables logros en diversos ámbitos, Ecuador y su reciente revolución, fue y es parte constante de una polémica superficial, que coloca a su conductor, el presidente Rafael Correa, que este 24 de mayo deja el poder luego de 10 años de gobierno, lo que se conoce como la Década Ganada, en el medio de una tormenta de versiones, que como la línea ecuatorial, dividen al planeta en opiniones sobre este proceso, las que como un péndulo, se trasladan entre el bien y el mal.

Sin embargo, no se puede analizar el presente del Ecuador sin mirar detenidamente su pasado inmediato y el contexto en el que se da esta época de transformaciones fundamentales, que es lo que justamente no hacen, las corporaciones de medios de comunicación tanto dentro como fuera de este país, y que con ello, evitan recordar el estado de la nación a finales del 2006, cuando este país, padecía una profunda crisis institucional, provocada por la llamada partidocracia empresarial, que al ritmo de los dictados de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), habían provocado la peor debacle financiera de su historia.

Todo empezó, más o menos, en la década de los 90 con la instauración de fuertes políticas neoliberales, las que ocurrieron en medio de una escalada bélica conocida como la Guerra de Cenepa (1995), entre Perú y Ecuador provocada a causa del conflicto limítrofe secular entre ambas naciones. Es así que el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), adopta una serie de medidas económicas de ajuste, conceptualizadas en el Consenso de Washington; reformas a las estructuras del Estado, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio y la banca, ampliación de las garantías jurídicas para la inversión extranjera y flexibilización laboral.

Durán sería el último presidente antes de Correa, que terminaría el tiempo de mandato para el cual fue elegido. Luego de su presidencia, vendrían los 10 años más críticos de la historia ecuatoriana reciente, en los que este país tuvo nada menos que ocho presidentes, incluyendo a Rosalía Arteaga que gobernó tan sólo tres días.

Este período de la historia que puso al Ecuador en una profunda crisis, que incluyó la dolarización de su economía, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en más de tres puntos, (de 7.9 a 3.5%, según la Cepal), el quiebre de 17 bancos, lo que era el 70 % de las instituciones financieras, provocó que miles de ciudadanos perdieran los ahorros de toda la vida, lo que significó que el Estado desembolse casi 6 mil millones de dólares, muchos de los cuáles fueron a parar a cuentas privadas de miembros de la clase política dirigente lo que fomentó, para finales del 2005, la ruptura definitiva entre la clase política de esa época y la sociedad.

Esta crisis financiera, una de las mayores que se han visto en esta parte del hemisferio, causó una inflación que llegó al 60 % y un desempleo de 14.7 % lo que abrió tantas heridas en la sociedad, que cerca de 2 millones de ecuatorianos emigraron a otros países, separándose familias enteras y signándose su destino para siempre, provocando un drama humano, cuando cientos de miles de padres y madres dejaron a sus hijos, incluso pequeños, para no verlos 10 ó 12 años después, perdiéndose así la infancia y adolescencia de sus hijos los que terminaron criándose con abuelos, tíos o vecinos.

Es así que en el país, aparecieron fenómenos antes nunca vistos, como el suicidio infantil (niños de 11 ó 13 años quitándose la vida) u otros, como fue el caso del cantón Chuchi, en la provincia del Chimborazo, que tras una encuesta, revelaba que el 60 por ciento de sus niños, se criaban sin sus padres, consolidándose así una destrucción es la estructura de la sociedad.

Todo este escenario de catástrofe especialmente para los más humildes, dio paso a análisis surgidos desde el centro mismo de la nación, y que calificaban al Ecuador como un país espiritualmente triste y socialmente castigado por una élite política empresarial, “indolente, acomodaticia, prejuiciosa e incluso parasitaria”, que colocó a la nación en la categoría de los “sueños imposibles o del escepticismo irremediable”.

Es justamente todo este marco histórico, lo que permite comprender la velocidad y la intensidad del ascenso al poder de un prácticamente desconocido Rafael Correa, economista, catedrático y líder de Alianza País, cuando el 26 de noviembre de 2006 ganó la presidencia, en segunda ronda, con el 56.6 % de los votos, al derechista Álvaro Noboa inaugurando con ello, lo que hoy se conoce como el “correismo”.

En su campaña electoral, el político socialista ofreció un rol más decisivo del Estado, rechazó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ofreció la generación de empleo a través de obras públicas, propuso el incremento del monto de subsidios a los más necesitados, la emisión de créditos para la producción y vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo, todo ello acompañado de la ejecución de una Asamblea Constituyente, la misma que el 28 de febrero del 2008, tras un referendo, aprobó la nueva Carta Magna, lo que dio paso a la política del “Buen Vivir”, traduciéndose ello, en la salida de la pobreza de más de un millón de ecuatorianos, reduciendo además la brecha entre campo y ciudad, al achicar la pobreza en el área rural, en 30 puntos porcentuales.

En temas educativos, la Década Ganada, aumentó para Ecuador en casi un millón, el número de estudiantes matriculados en el sistema público, mientras que entre 2007 y 2015, la matrícula de la población más pobre se incrementó seis puntos porcentuales, pasando del 89.0 a 95.4 %. La educación superior, mereció atención especial ya que es el país que más invierte en la región, con el 2% de su PIB. Es así, que en el período de 2007 - 2015, se otorgaron becas  a 14.276 estudiantes, a diferencia de los 237 estudiantes que lograron una beca desde el año 1995 al 2006.

Durante la Revolución Ciudadana, el PIB ecuatoriano, creció en promedio de 3,9 por ciento entre 2007 y 2015, comparado con el 2,9 por ciento de Latinoamérica de acuerdo a la Cepal. Eso ha permitido que el Gobierno haya destinado el 9.0 % de su PIB para inversión pública. 

Otro logro, son las cifras de desempleo. El gobierno del Correa ostenta la tasa más baja de Sudamérica con 4.3 % al 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mientras que el salario básico, que antes de la Revolución Ciudadana era de 160 dólares, ahora es de 366, lo que desde Quito, aseguran que cubre al cien por ciento las necesidades de canasta básica.

En salud, el Estado invirtió en los últimos años más 13 mil 500 millones, según indican las cifras del ministerio del área. El país cuenta con 21 hospitales nuevos y 20 mil nuevos profesionales médicos se han sumado al sistema público. Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la reducción de la desnutrición, que bajó del 1,1 por ciento en el 2007, al 0,4 por ciento en el 2014.

Pero más allá de la frialdad de las cifras, que no dejan de reflejar una realidad existente, el crecimiento del Ecuador también se lo puede comprobar “in situ”, por ejemplo con el crecimiento del turismo que tiene más de un millón y medio de visitantes extranjeros al año, lo que es sinónimo de estabilidad política y económica, lo que también se apoya en el éxito del programa de la reforma policial, considerada un modelo en Latinoamérica como también lo es, la nueva estructura caminera y la inversión récord  ejecutada entre 2007 y 2014, de 8.137 millones de dólares, en proyectos de transporte de diferentes modalidades, cifra 5,4 veces mayor a la ejecutada entre el 2000 a 2006.

Sin duda, al igual que otras economías de Sudamérica como podría ser también la boliviana, el caso ecuatoriano ha alcanzado niveles históricos para sectores determinantes del progreso, lo que coloca a esta nación, en un país que ya tiene las condiciones para salir del subdesarrollo. Talvez por eso es que hoy el presidente Rafael Correa deja el cargo, con más del 60 % de apoyo ciudadano, según el último sondeo de Opinión Pública Ecuador (OPE), lo que no significa que la Revolución Ciudadana haya estado exenta de cometer errores, aunque ellos difícilmente podrán siquiera ser comparables a la construcción de alternativas al neoliberalismo que ha dado a toda la región, en la Década Ganada.

Bajo los cinco principios de la coexistencia pacífica de respeto mutuo, la no agresión, la no intervención en asuntos internos, la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica entre los pueblos, señalados como valores fundamentales de la iniciativa más ambiciosa de integración mundial del siglo XXI, el gobierno del presidente de China, Xi Jinping, hace realidad el Foro Franja y Ruta, realizado el pasado 14 y 15 de mayo.

Dentro de su discurso central, el Presidente Xi, hace referencia a la historia de las Rutas de la Seda y Rutas Marítimas de la Seda que permitieron la integración de Asia con Europa y África durante los últimos siglos, destacando la importancia de los conocimientos ancestrales de China y cómo a partir de ello, se entablaron importantes lazos de amistad e intercambios culturales y comerciales entre continentes.

Es importante resaltar que China hace una invitación a todos los países del mundo que deseen formar parte de esta gran iniciativa Ruta y Franja, que permitirá mejorar tanto las conectividades aéreas, marítimas y terrestres para establecer intercambios comerciales y también culturales.

Xu Shicheng, experto en estudios latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, hace referencia en una entrevista para el periódico digital chino,  Pueblo en Línea,  en el cual opina que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China debe abarcar también a América Latina y en el cual menciona que "los intercambios entre China y América Latina, no sólo son intercambios comerciales y de mercancías, sino también culturales".

Considerando esas palabras, es inevitable pensar en la importancia de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos y su riqueza cultural, lo que nos obliga a pensar en rutas similares que se habrían construido también en la región americana, como es el caso del Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino que, de acuerdo al expediente presentado a la UNESCO para su inscripción en 2014 en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, integra 6 países de esta región.

En algún reporte sobre la Ruta y la Franja, se decía que no era casualidad que Argentina y Chile hayan sido parte de este importante Foro al más alto nivel, en ese sentido tampoco es casualidad que el Océano Pacifico sea la ruta marítima más próxima al Qhapaq Ñan, ni que Las Rutas de la Seda y el señalado patrimonio andino, hayan sido inscritos en la misma lista el mismo año, bajo criterios muy similares.

Latinoamérica puede ver esta oportunidad desde el punto de vista de sus tradiciones ancestrales y aproximarse al continente asiático, tal vez en un inicio hermanando estos caminos de integración que son tan similares, yendo más allá de fronteras y coyunturas políticas temporales.

La tendencia del mundo globalizado es el fácil acceso al comercio, la cultura y toda creación humana de manera fácil y rápida, la iniciativa china de Franja y Ruta permite este acercamiento, abriéndose a propuestas para disminuir las distancias y facilitar los intercambios en todo ámbito.

La tendencia del Qhapaq Ñan como patrimonio Cultural y sistema vial de integración regional, también está permitiendo espacios de diálogo entre los países que lo integran, no podría desestimarse que a partir de esa herencia ancestral se pueda establecer una ruta hacia el continente asiático en beneficio de la región y el intercambio con otros pueblos ricos también en tradiciones milenarias.

La causalidad de que dos de los países integrantes del Qhapaq Ñan se hayan aproximado a la iniciativa de la Ruta y Franja propuesta por China, podría ser una señal para que América del Sur encuentre un puente inicial de acercamiento hacia este intercambio cultural y económico con China.

Durante los últimos meses en que se ha desarrollado la crisis política en Venezuela y en los que se han confirmado, otra vez, las relaciones carnales entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ideología injerencista de la derecha más radical de Estados Unidos, ha vuelto a la mesa de debate, la tesis planteada ya hace varios años que señala que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la llamada por la historia para reemplazar a la decadente organización que hoy lidera el uruguayo Luis Almagro de la que se ha dicho, no en pocas ocasiones, que “su tiempo ya pasó”.

Siendo un espacio multilateral conformado por las 33 naciones que se encuentran al sur del Río Bravo (frontera impuesta por una guerra de invasión perpetrada por Estados Unidos a México) hasta la Patagonia (en Argentina, al sur mismo del continente), la CELAC considerada como el suceso institucional más importante de la región en un siglo, fue constituida en 2011, y tiene como una de sus características la exclusión expresa de Estados Unidos.

Uno de los conceptos fundamentales para su creación, es que sean las naciones latinoamericanas y caribeñas las que resuelvan sus problemas y definan las pautas de su desarrollo, sin la injerencia estadounidense, que en muchos casos pretende seguir asumiendo un rol de tutelaje sobre decisiones internas de estos estados, en los que en varias décadas, se ha involucrado en innumerables acciones políticas (golpes de estado), militares (ocupación armada) y económicas (saqueo de recursos naturales), violando así los principios básicos de las relaciones internacionales que hablan de la autodeterminación de los Estados, de la soberanía, e igualdad soberana entre los países.

Por ello, la CELAC en sus cinco cumbres presidenciables, ha sido calificada por diversos mandatarios de Estado como la concreción del anhelo independentista de Simón Bolívar y ha sido bautizada como “la instancia propia, renovada y creíble” que debe ser el auténtico garante de los intereses de los países de la región latinoamericana y caribeña, para convertirse en actor de “referencia en la resolución de los conflictos”.

Es así que ante la existencia de la CELAC, por estos días, en los que se ha evidenciado una intromisión indisimulada en los asuntos internos de Venezuela, muchos se preguntan: ¿para qué sirve la OEA?, ¿los intereses de qué o quienes representa?, ¿es realmente la OEA, un organismo independiente?, ¿vela de manera igualitaria por los derechos de todos los países?, ¿busca una intervención militar estadounidense en Venezuela como ya ocurrió en Panamá?.

Estas y otras interrogantes parecen tener una respuesta obvia, más aún si se toma en cuenta  el reciente rol  de Luis Almagro, descalificado incluso por el ex presidente de su país José “Pepe” Mujica, y quien parece trabajar en pro de los intereses de Estados Unidos, al atizar constantemente el conflicto y tomar partido por quienes buscan subvertir el orden democrático venezolano, con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, hecho, que ha sido plasmado en el reciente comunicado conjunto entre la oposición de ese país y la Casa Blanca y que habla de acabar la crisis, o lo que en su lenguaje equivale, al gobierno chavista, “con rapidez”. (Aquí, la sensatez obligaría a preguntarse, ¿la oposición de un país confabulando con el gobierno de otro?).

El rol político de Almagro, ha puesto a la OEA en una evidente crisis de legitimidad de la que le será muy difícil salir, sin sufrir las graves consecuencias de no haber llamado a la paz y al diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela y en cambio haber convertido a la OEA, con sede nada menos que en Washington, en uno más de los argumentos utilizados por la ultraderecha estadounidense para justificar lo que ocurrió el 03 de mayo pasado cuando un proyecto de ley ingreso al Senado norteamericano, el mismo, que busca endurecer las sanciones contra Venezuela y que además pretende financiar las protestas de la oposición, otro claro ejemplo de intromisión, con nada menos que 10 millones de dólares, sacados directamente de los bolsillos del pueblo norteamericano.

Entre los impulsores del proyecto están los senadores republicanos Marco Rubio y el ex candidato presidencial John McCain, quien en su campaña electoral estuvo de acuerdo en sostener otra intervención militar, esta vez en Irak, otro país petrolero. El proyecto no disimula cuando expresa: “apoyo a las gestiones de Luis Almagro al frente de la OEA”, en la crisis política venezolana.

La existencia del documento se justifica con el argumento de que la situación venezolana ha derivado en una “crisis humanitaria”, discurso que inevitablemente nos retrotrae a otros similares utilizados para la intervención estadunidense en otros países: el peligro del comunismo en Vietnam, del islamismo extremista en Afganistán o la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, las que por cierto hasta hoy no han sido encontradas, por nombrar algunos ejemplos, que camuflaron las verdaderas intenciones del “águila imperial”, que no son otras que ir tras recursos naturales a bajo costo, o reforzar su influencia militar en áreas geopolíticas claves.

Por lo anteriormente mencionado, no hay que perder de vista que unidos en la CELAC, las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe, son el mayor productor y exportador de alimentos del mundo, juntos poseen casi el 30% de la superficie forestal del planeta, además que tienen el 33% de los recursos hídricos, lo que significa, que es el continente con la disponibilidad de agua más alta del globo.

Pero no sólo ello, el bloque de países que conforman la CELAC, se constituyen como los principales exportadores de materias primas del mundo, a lo que se suma que en América Latina están las naciones (Venezuela, Bolivia y Brasil) que cuentan con las mayores reservas de gas y petróleo del orbe, por lo que aquí cabe hacerse dos preguntas: ¿es Venezuela el primer eslabón de un plan escalonado de dominación?, ¿no será la OEA, de Almagro el Caballo de Troya utilizado por el corporativismo estadounidense para controlar toda esa riqueza?. 

Es por ello que la próxima reunión de la CELAC programada para el 20 de mayo en República Dominicana resulta clave, no sólo porque debe defender la democracia venezolana, sino que con ello, también estará haciendo respetar el patrimonio natural de los 600 millones de habitantes que viven en esta parte del continente, con lo que además dirigirá un mensaje claro a quienes desde Estados Unidos, no se resignan a recuperar la influencia perdida en la región, sino que pretenden seguir reivindicando una nueva versión de Doctrina del Destino Manifiesto o de la Doctrina Monroe, sobre nuestros pueblos.

Es por ello, que hoy la CELAC no sólo se encuentra ante talvez la primera prueba de fuego desde su creación, porque debe cumplir con el desafío histórico de demostrarle al mundo que el camino de unidad iniciado ya hace seis años en Caracas no tiene regreso, sino que además no se resigna a continuar siendo una especie de colonia, del llamado “país más poderoso del mundo”.

Conforme al reglamento de funcionamiento de las reuniones de la CELAC, las decisiones son adoptadas por consenso, siempre y cuando esté la representación de los 33 países miembros, por lo que es imprescindible, la asistencia de los representantes de toda Latinoamérica y el Caribe que juntos debieran honrar la memoria de Salvador Allende Gossens, ex presidente de Chile, derrocado por un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos (1973), y que una vez dijo: “Algún día América Latina tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”.

Expertos de varios países se reunieron en un reciente Foro organizado por la CNC en La Paz para ver las posibilidades de uso de puertos marítimos alternativos a los chilenos para el comercio exterior boliviano, participando representantes gubernamentales, empresariales y autoridades portuarias.

Analizar técnicamente las opciones de superar la dependencia para nuestra gran carga de importación/exportación que usa puertos chilenos frente a los problemas de paros, huelgas, bloqueos, maltrato, costos, etc. que se vienen dando, y el caldeado ánimo que pone nerviosos a muchos por causa de  nuestra reivindicación marítima, habría motivado dicho Foro.

La clave para las posibles alternativas tendrá que ver con que el servicio sea bueno, previsible y económico -en otras palabras- competitivo. Las opciones realistas, descartando los saturados puertos brasileros, son: Perú (Pacífico), Argentina y Uruguay (Atlántico). En el primer caso, Matarani se usa cada vez más, y con el Puerto de Ilo ya se han hecho ensayos. En el segundo caso, implicaría un mayor uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Ahora, frente a las colosales inversiones para mejorar las condiciones que ofrece el Puerto de Ilo -construcción de una ferrovía de por medio- la opción alternativa de menor costo, a menor tiempo, más segura de realizarse y -sobre todo- en territorio nacional, sería el pleno uso del “corredor de integración” que Bolivia debería estar interesada en catapultar tanto para su comercio exterior cuanto para la integración geoestratégica de los países que concurren sobre esta vía fluvial natural: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Tal concepto lo acuñaron CAINCO e IBCE en 1989 al promover un histórico viaje con representantes de los cinco países para abrir esta vía fluvial que hoy por hoy moviliza ya más de 1,5 millones de ton/año de carga de exportación e importación boliviana.

El contar con puertos propios sobre la cabecera de la Hidrovía -Gravetal, Central Aguirre y Puerto Jennefer, este último con notables características- podría ayudar a desahogar rápidamente el paso por puertos chilenos, empezando por la carga de importación del gobierno boliviano, promoviendo un mayor uso de dicha vía fluvial.

Y, no se trata de no avanzar con Ilo -como tampoco de dilatar más la construcción del ansiado Puerto Busch- ambas cosas se deben hacer, pero, siendo tan evidente el asunto ¿para qué tanto análisis, si la evidencia fáctica dice a gritos que la Hidrovía Paraguay-Paraná es la mejor respuesta?

Santa Cruz, 10 de mayo de 2017

Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior, Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

Pero este mecanismo, que fue concebido inicialmente como un avance en términos democráticos, ha mostrado con el tiempo, algunas debilidades. La lección aprendida luego de la primera elección en 2011, es que la clave de este mecanismo no está en el voto, sino en la etapa de preselección de candidatos que conduce la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de una convocatoria pública. Es allí donde deben plasmarse las salvaguardas de la transparencia, la publicidad, la meritocracia y la participación ciudadana que se derivan de los estándares internacionales. Es también allí donde deben colocarse las salvaguardas que eviten influencias indebidas. El 29 de abril, la Asamblea aprobó un nuevo Reglamento de Preselección para regular precisamente, esta etapa y lanzó la convocatoria pública para recibir postulaciones.

Una plataforma, amplia y diversa, de aproximadamente 40 organizaciones y redes de la sociedad civil boliviana -días antes de su aprobación – presentó una propuesta, con siete puntos mínimos para garantizar la independencia judicial que el Legislativo boliviano debería incluir en su próximo Reglamento de Preselección. En ese marco, consideramos importante efectuar un balance para determinar en qué medida el texto aprobado incorporó las mínimos propuestos y necesarios para garantizar un proceso transparente que contribuya a una mayor independencia judicial en Bolivia.

1. Los requisitos mínimos para acceder al cargo deben ser claros y objetivos, y no ser susceptibles de interpretación, a fin de evitar una habilitación arbitraria o discriminatoria de los postulantes.

El Reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa establece de manera previa el procedimiento y los plazos para la convocatoria, los requisitos comunes y específicos para los cargos, así como la forma en que los postulantes deben acreditarlos, lo que constituye un aspecto positivo que contribuye a que el proceso sea previsible. Sin embargo, algunos de requisitos confunden experiencia específica con conocimientos especializados, además de emplear un vocabulario impreciso que deja espacio para la ambigüedad y la interpretación diferenciada. Tal es el caso del requisito común de “no tener en contra procesos de violencia intrafamiliar, ni procesos penales de acción pública con imputación formal que comprometan la ética y la probidad de la o del postulante” (Artículo 9.I.8), que no permite determinar de antemano cuáles serían tales imputaciones.

En el mismo sentido, los requisitos específicos de “no haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales” (Artículo 10.1.9); el de “no haber patrocinado de manera sistemática casos de narcotráfico” (Artículo 10.1.11); y el de “haber desempeñado con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria (…)”(Artículo 10.2.4), son demasiado amplios, y se dan por cumplidos apenas con la presentación de una declaración jurada ante notario, lo que resulta preocupante desde el punto de vista de su utilidad para verificar su cumplimiento.

Por otro lado, si bien se establece un formato común de postulación, lo que ayuda a una mejor comparabilidad de los antecedentes, también se anuncia que “cada proceso de preselección es independiente, por lo que el desarrollo de cada uno no tiene efecto con relación a los demás”. Ello genera el riesgo de que se produzca una aplicación diferenciada de criterios para integrar cada órgano, pese a tratarse de requisitos que describen situaciones comunes o similares.

2. Debe regularse un perfil del futuro magistrado, basado en idoneidad, debiendo considerar: a) Independencia política, b) Reconocida honorabilidad, c) Conocimiento legal especializado, d) Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el fortalecimiento Judicial y e) Capacidad de interpretar derechos con enfoque de género.

El Reglamento avanza positiva y considerablemente respecto del texto utilizado para la preselección que se llevó a cabo en el 2011, ya que define un sistema de calificación de méritos, plasmado en tres fases: evaluación curricular, evaluación escrita y entrevista. Sin embargo, no establece propiamente un perfil –ni tampoco, perfiles diferenciados por cada órgano- que agrupe los rasgos, capacidades y cualidades que se esperaría en el magistrado ideal, tales como la honorabilidad o integridad, la independencia, y el compromiso con los DDHH y los valores democráticos; como sí lo hacen otros países de la región[1]. Pese a esta importante falencia, consideramos que las entrevistas a los postulantes, más que ser un examen oral de conocimientos, podrían ser el espacio público para conocer y evaluar esos valores y virtudes, con participación de la sociedad civil.

Un punto muy positivo a resaltar, es el reconocimiento de la no militancia, dirigencia o candidatura política en los últimos 5 años, como un requisito común a todos los postulantes a estos altos cargos. Esto debe reforzarse y complementarse aplicando una política frente a conflictos de intereses, que permita identificar otro tipo de lealtades y eventuales situaciones que pongan en contradicción los vínculos previos del/la postulante con su nueva misión.

Es preciso subrayar, que 56% de calificación fijado como mínimo para ingresar en la lista final de seleccionados, no asegura la opción por los más meritorios. Es más, una de las previsiones manda que “los postulantes cuyo puntaje acumulado entre las fases de evaluación curricular y evaluación escrita no les permita habilitarse para la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional ni obteniendo el puntaje máximo en la entrevista, serán inhabilitados y excluidos de la entrevista”. Lo que en términos prácticos significa que podrían pasar a la entrevista, postulantes que han reprobado su evaluación de méritos y de conocimientos, ya que logrando solo 26 de 70 puntos, tendrían derecho a seguir en carrera dentro el proceso. Así, las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia podrían estar entrevistando postulantes reprobados en las fases previas, lo que no guarda congruencia con los principios de meritocracia y competencia que inspiran el Reglamento aprobado.

3. La instancia técnica de calificación de méritos debe ser autónoma, distinta de las entidades políticas encargadas de la pre-selección.

Valoramos positivamente que se haya decidido que el Sistema de la Universidad Boliviana participe en las fases de evaluación curricular y escrita a través de profesionales académicos y especialistas. Sin embargo, en el contenido del procedimiento no queda claro y diferenciado si -además del rol de formular las preguntas para el examen escrito- la labor técnica de calificar méritos será tarea exclusiva de los representantes académicos o si será más bien una tarea concurrente con los representantes políticos, miembros de las Comisiones Mixtas del Legislativo, lo que afecta a la certidumbre e imparcialidad del proceso.

4. El proceso de preselección debe ser transparente y público en todas sus etapas.

El Reglamento asume entre sus principios rectores los de publicidad y transparencia. En esa línea, se dispone que las actividades de la etapa de preselección serán publicitadas a través de medios de comunicación, páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Asimismo, se dispone que las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia podrán invitar formalmente a organismos internacionales como veedores del proceso de preselección. También se aprueba el uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación a fin de optimizar los recursos y acercar a la ciudadanía al proceso.

El Reglamento señala que, finalizada la recepción de postulaciones, las Comisiones Mixtas se declararán en sesión pública permanente para abrir sobres y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Se determina que las nóminas de postulantes registrados, habilitados y seleccionados, así como sus puntajes obtenidos y las impugnaciones resueltas, se publicitará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así como en medios de comunicación social.

Las evaluaciones se llevarán adelante en sesiones de carácter público, serán ampliamente difundidas y tendrán registro audiovisual. Sin embargo, no queda expreso que la entrevista, al igual que los expedientes que contiene los antecedentes presentados por los postulantes, será de libre acceso al público. Igualmente, se hace necesario establecer que se hará público los informes de habilitación/inhabilitación, así como el informe final de todo el proceso presentado por las Comisiones Mixtas al pleno de las cámaras.

5. Se deben realizar audiencias públicas con los postulantes para evaluar sus capacidades.

El Reglamento dispone que la fase de entrevistas se realizará en la ciudad de La Paz. La fecha, hora y lugar se publicarán en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados un día antes de su realización por cada postulante. El Reglamento no deja claro si estas serán públicas y trasmitidas en vivo.

 Como parte de la evaluación, las Comisiones Mixtas entrevistarán a cada postulante habilitado con el fin de evaluar de forma presencial su conocimiento, desenvolvimiento, capacidad de argumentación, de análisis y de comunicación, según el cargo al que postula. Para ello, elaborarán baterías de preguntas de criterio por institución sobre: Conocimiento del área, Gestión y Propuestas.

 Consideramos que esta metodología no brinda los instrumentos suficientes para medir las capacidades y habilidades de los postulantes en esta materia. Los miembros de las Comisiones deberían tener elaboradas las preguntas que se aplicarán en estas entrevistas, en función al perfil de cada cargo, que permitan conocer la visión jurídica del postulante en relación a la interpretación basada en derechos humanos o con enfoque de género e interculturalidad, así como sus propuestas para la reforma judicial.

6. La participación de la sociedad civil debe ser un principio rector del proceso.

El Reglamento no recoge a la participación de la sociedad civil dentro de los principios rectores. Pese a ello, abre algunos espacios de participación social, ya que -por ejemplo- los postulantes podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígena originario campesinos, por universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales e instituciones civiles debidamente reconocidas. También se dispone, que “cualquier persona individual o colectiva podrá impugnar a cualquiera de las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea, dentro un plazo máximo de ocho (8) días calendario desde la publicación de postulaciones habilitadas”. No hay otra vía para poner en conocimiento de las Comisiones los antecedentes del postulante, ni se toman otros recaudos, como la publicación o el acceso a la información pública presentada por los postulantes, así como la posibilidad que las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer preguntas ante las Comisiones encargadas de las entrevistas; no obstante, creemos que estas preguntas podrían ser efectuadas por intermedio del grupo de profesionales que representa a la universidad boliviana.

7. Se debe incorporar mecanismos para que la composición de las altas cortes refleje la diversidad de la sociedad, tanto en lo referido a género como a interculturalidad.

Finalmente, el Reglamento dispone que “la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el 50% de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino”. Al efecto, se determina que la preselección se hará en votación por separado para cada órgano, en papeletas con listados en orden alfabético, con distinción de género, auto-identificación indígena, según corresponda, de todas las personas habilitadas, fijando que, para los distintos puestos en competencia, “el cincuenta por ciento (50%) de las preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena”. También, se prevé para el caso que faltara un representante indígena o no se llegase al cupo de igualdad de género, se habilitará la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación, que sea indígena o mujer, según corresponda.

A partir de las lecciones aprendidas en el pasado, es necesario construir las condiciones políticas, legales e institucionales que aseguren que la reforma del sistema de justicia sea un proceso genuino de reforma democrática, que garantice a los ciudadanos el acceso a una justicia independiente e imparcial. Por ello resulta clave mejorar el sistema de preselección de candidatos, mediante mecanismos trasparentes y abiertos al escrutinio público, participativos e incluyentes orientados a identificar el mérito profesional de los postulantes, que aseguren condiciones de igualdad y no discriminación, a fin de garantizar la selección y elección de los profesionales más idóneos para ocupar tan importantes cargos

[1] Por ejemplo, la Disposición General II y el Art. 7 del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, aprobado por Resolución 228-2016-CNM. Disponible en:www.cnm.gob.pe

Conocí a Iván Canelas Lizárraga cuando era un joven y rebelde periodista de LA RAZÓN cubriendo la crisis de febrero y octubre de 2003. No solo su pluma sino su talento para plasmar la noticia en imágenes me generaron un interés en seguirlo. Por eso cuando logró el Premio Nacional de Periodismo le dio al fotoperiodismo un nivel institucional y fresco con la agencia de noticias AFKA.

De pronto se dedicó más a la imagen y menos a la escritura, de hecho con su autorización hemos usado en oxigeno algunas de sus fotos para darle fuerza a nuestras notas. Sus textos en redes sociales siguen siendo rebeldes o al menos irreverentes, hace un par de semanas esas notas de redes sociales tomaron cuerpo en el artículo "Aislacionismo y coloniaje” que interpela intereses afectados relacionados con el rol de nuestro país en el contexto internacional, aborda los fundamentos con los que Bolivia defendió la vida, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente la de los civiles y los niños sirios, que cada día mueren por culpa de la geopolítica mundial y el injerecismo de los países poderosos.

Concuerdo con su artículo en condenar en todo momento la actitud abusiva y destructiva que toma EEUU y la Otan. Pero no concuerdo en que eso nos obligue a defender a gobiernos agotados que no tienen legitimidad ciudadana.

Sin embargo, el artículo, que se presta a generar un debate nacional sobre nuestra posición internacional, provocó otro debate días después, cuando la misma nota firmada por el señor Israel (katu) Arconada aparece publicada en el periódico cambio, este hecho generó un reclamo ampliado de lectores de periódicos dejando una sombre de duda sobre los firmantes.

Rápidamente el periódico Cambio reconoce la autoría de Iván Canelas y libra de responsabilidad a Israel Arconada. Sin embargo, ni el periódico Cambio ni el firmante Arconada han tenido el decoroso acto de hacer un acto de desagravio con Canelas. En materia de prensa tenemos la obligación no solo de aclarar y reconcoer nuestros errores. Sino de pedir disculpas por el daño moral que sufren las personas.

Es por eso justo reconocer la labor de su autor, el periodista Iván Canelas Lizárraga que no sólo es Premio Nacional de Periodismo, que no sólo fue uno de los periodistas jóvenes más influyentes durante la crisis política del 2003, y que no sólo le ha dado una mirada fresca y novedosa al fotoperiodismo nacional desde AFKA, su agencia, sino que hoy, con sus ideas, ingresa con éxito en el ámbito de los intelectuales progresistas.