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Todo cambió de improviso. De un momento a otro el mundo se detuvo, paró su incesante trajinar: se hizo el silencio y se prolongó tanto, y por tanto tiempo, que parecía retumbar más que el trueno.
La muerte golpeó primero a un país lejano, pero luego se hizo cada vez menos distante, hasta afectar a todos, al orbe entero. Solo entonces la Humanidad, ésa que envuelta en sus devaneos se jactaba de su poderío, se dio cuenta de su gran debilidad y vulnerabilidad extrema.

Desasosiego, preocupación y desesperanza; desgarradoras escenas de dolor en familias, sin poder enterrar a sus muertos; llanto por doquier al perder a sus seres queridos. Cada quien en lo suyo con su propia congoja a cuestas, sin tiempo ni ganas para consolar al desvalido: al contrario, los más primitivos instintos de conservación afloraron, mostrando lo inhumano del ser humano.

Lo inimaginable había ocurrido: la bulliciosa vida del planeta calló en un instante, siendo expectantes todos por las noticias que una tras otra, no hacían sino enmudecer más las almas de los atribulados ante la cantidad de muertos y el número de los contagiados que subía. El desenfreno se tornó en contención, la algarabía en quietud inducida y hasta la delincuencia decayó.

Eventos sociales y deportivos, fiestas, actividades religiosas y educativas, el frenesí de la diversión, de pronto todo fue acallado, detenido. Los viajes de placer y de negocios, quedaron afectados. Los sueños y proyectos venideros, fueron truncados. El mundo se había detenido, casi en seco.

Sin poder haberlo imaginado siquiera, gran parte de la gente se vio en una cuarentena obligatoria en sus casas, un confinamiento para evitar el contagio del mal desatado contra el rico y el pobre; el ignorante y el letrado; la realeza y el plebeyo; los gobernantes y los gobernados; el famoso y el desconocido; el maligno suceso afectó sus vidas, sin que muchos pudieran evitar el fatal desenlace.

No fue un asteroide el causante; tampoco un terremoto global; no fueron ciclones de magnitud, maremotos o tsunamis simultáneos; ni un diluvio que lo inundara y destrozara todo -no- nada de eso fue lo que puso de cabeza al mundo. Fue una diminuta molécula, un virus infinitesimal, el Covid-19, que vino a demostrar lo frágil de la vida y lo vano de la altivez humana.

Sin embargo, de lo malo salió algo bueno: en medio del dolor y la desesperación…cuántos alzaron sus ojos a Dios por primera vez y cuántos se acordaron de Él, algo que sin el Covid-19, probablemente nunca hubiera pasado…

En la relación gobernantes-gobernados existe un asunto de dominación consentida, es decir, expresada en términos morales y no tangenciales. La legitimidad de esta relación puede erosionarse cuando se producen afrentas morales. Los agravios morales son detonadores porque afectan, directamente, a vínculos tradicionales de nuestros respectivos grupos sociales. Las agresiones morales calan rompiendo marcos de tolerancia que pensábamos tener, llámese por ejemplo racismo y discriminación, hasta que finalmente el ataque es dirigido contra quien piensa distinto.

En el abordaje sociopolítico de los acontecimientos que llevamos arrastrando desde fines del año pasado hasta hoy –cuyo escenario no estuvo marcado por un problema económico, sino político– el agravio moral funge como un momento definitorio para que las movilizaciones se articulen y desencadenen.

El resultado de tener ese momento repetitivo de agravios morales irresueltos es que se generen movilizaciones que cuestionen lo político, entre otras cosas porque se cuestiona la legitimidad del gobernante, ya que sencillamente cada vez se cree menos en él. Entiéndase, por ejemplo, cuando los gobernantes se saltan las normas o –algo que es mucho peor– incumplen sus propias promesas.

Por ejemplo, una lectura para que la clase media y tradicional se movilizara los últimos años en contra del anterior Gobierno fue que de manera repetida sostenía niveles de tensión con esta, el ejemplo en este caso es recordando el escándalo del Fondioc y una de las conferencias de prensa de Evo Morales al respecto, diciendo que los dirigentes denunciados por corrupción no eran responsables de aquellas irregularidades, sino que los culpables eran los técnicos quienes habrían tendido trampas a los dirigentes; se sabe bien que los llamados técnicos son abogados, economistas, etc.: profesionales pertenecientes a ese sector de clase.

Con la crisis política en curso y la crisis sanitaria presente, más la crisis económica que se avecina, la incertidumbre es la que hoy domina el clima político. Desafortunadamente, esta no moviliza sentimientos de esperanza, sino de desazón y miedo.

Los agravios morales que se impulsan desde quien hoy gobierna son los signos de los tiempos que nos invaden, se habla mucho de polarización político-partidaria. Yo creo que lo que vivimos es una polarización social, porque no existe una confrontación de proyectos de Estado ni en la derecha, ni en la izquierda. En cambio, lo que tenemos es la defensa irrestricta de posiciones, muchas prejuiciosas, y de condición de clase que lo que hacen es reforzar nuestra vida “normal” en nuestras burbujas sociales en Internet.

Ahí, últimamente, se ha cruzado el tema de la corrupción, quizá como uno de los mayores agravios morales, que traspasa a toda la clase política y pone en el foco de atención más próximo al MAS y a Áñez.

No ha transcurrido ni una semana del criminal asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos y de la consecuente indignación y denuncia de buena parte de analistas, activistas y políticos del mundo al respecto. Por supuesto, otros personajes de la política se mantuvieron explícita o implícitamente de lado del FBI, con silencios o con justificaciones en nombre del orden. Esta correlación de fuerzas se sitúa en medio de la concreción de una agenda política dictada desde Washington para el continente, la cual tiene como pilar constitutivo al racismo.

Reinstalar sin pudor la idea de que unos valen más que otros y que este valor se otorga en función del color de la piel es parte de la estrategia que busca desposeer a las sociedades de su soberanía, a cambio de la recomposición del modelo neoliberal y con esto, del fortalecimiento del Modo de Producción Capitalista. La agenda opera en Minneapolis o en Senkata, no importa la latitud, es la misma; hoy en Bolivia ejemplo estelar de esto es el torpe discurso de un ministro de Estado, hasta hoy desconocido y hoy hecho tendencia por su desfachatez.

La concreción de un diseño geopolítico regional requiere indispensablemente de elementos discursivos enunciados desde el poder y desde el denominado monopolio legítimo del uso de la fuerza. A esto, entre otras cosas, deben sumarse acciones decisivas y claras por parte de los Estados.

Dentro de este esquema, caben perfectamente los tuits de Donald Trump o el adjetivo “salvajes” que usó Jeanine Áñez para referirse a los sectores campesinos y populares en Bolivia. De la misma manera, calza perfecto la impunidad de la que gozan los agentes del FBI, como Dereck Chauvin -asesino de George Floyd- quien tiene en su historial 18 denuncias previas de las cuales sólo dos fueron resueltas pero sólo con amonestaciones. A día de hoy en Bolivia no se ha iniciado una sola acción contra los responsables de la treintena de muertes durante el Golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año pasado. Así, el motor de la disposición de encapsulamiento del Chapare -a costa de la vida de sus habitantes-, del decreto que coarta la libertad de expresión y el encarcelamiento injusto de cientos de ciudadanos por pensar diferente se explican dentro de este proyecto regional. Esto es acción estatal funcional racista, funcional a una agenda política internacional de saqueo inhumana y racista.

La sinfonía se completa con el enunciado de Fernando Vazquez, titular de Minería del Gobierno de Jeanine Áñez y completamente desconocido hasta ahora. Su consideración -pública- respecto a que por el color de sus ojos y otros rasgos fenotípicos es incompatible con el MAS resulta ser otra más de las formas en la que se presenta el verdadero paradigma del Gobierno autoritario actual. Su problema no es sólo contra el MAS, es contra el deseo incontrolable que poseen de no volver a ver nunca más a una piel cobriza dirigiendo algo, mucho menos a la sociedad. Visto desde afuera, parece ser el discurso de un orate que vive por fuera de su realidad.

Bolivia es uno de los países con mayor presencia indígena del continente y que tiene una historia marcada por su identidad amerindia: levantamientos y ejércitos indígenas durante la colonia, potentes insurrecciones y revueltas campesinas durante la república temprana y revoluciones obrero campesinas determinantes en el largo siglo XX. Desconocer el pasado siendo autoridad pública no es poca cosa, sin embargo no es inusual ejercitar el “vaya y pase” en estas circunstancias; pero negarse a uno mismo para agradarle más a la que manda es vergonzoso. Un ministro de Estado casi nunca se para frente a un micrófono en contrasentido del análisis político que hace el Gabinete del que es parte, excepto que se encuentre en un proceso de ruptura política; este no es el caso.

El silencio de Áñez ante las declaraciones de su ministro, así como el de sus colegas de gabinete, comunican mucho más que cualquier palabra. En efecto, concuerdan, aceptan y secundan las palabras de Vázquez. La impunidad que otorga Áñez a su Ministro es de complicidad y objeto de placer para ella, quien bajo la misma filosofía se esfuerza por esconder el color de sus cabellos, de su piel y de su sangre. No se trata, pues, sólo de un grupo de amigos que comparte afinidades, se trata de la agenda política internacional de control de territorio y recursos, misma que es incompatible con la vida y con las identidades no funcionales a este proyecto.

La agenda opera en Minneapolis, en Senkata, en Sacaba, en el discurso contra El Alto y en toda acción de Gobierno tendiente a desmembrar a las sociedades, en favor de más poder para los que más tienen. El racismo hoy ocupa abiertamente un importante sitial en el discurso conservador y, tristemente, la afrenta antiracista no logra ganar la batalla. La realidad es que son casi nulas las diferencias entre la mentalidad de Dereck Chauvin y la de Fernando Vázquez; uno lleva su razonamiento al asesinato, el otro podría hacerlo en cualquier momento pues ya lo tiene aceptado y perdonado en su entorno. Salvo el color de sus ojos y otras diferencias físicas, por dentro son lo mismo.

Luego de haberse -auto expuesto- a una tormenta de críticas por sus DDSS Nos. 4231,4200 y 4199 que se le convirtieron en otra pandemia desde todos los flancos (Periodistas, Abogados, CIDH, NNUU, la ciudadanía y hasta, vaya cinismo, de los adictos al tirano fugado), al gobierno no le quedó otra que emitir el DS No. 4236 por el que deroga las partes respectivas de esas disposiciones por las que pretendió remitir a la vía penal, las informaciones escritas, impresas y/o artísticas que generen incertidumbre a la población.

Y es que meterse con uno de los derechos más sagrados del ser humano como es la libertad de pensamiento y expresión y, encima por decreto, constituye una muy preocupante muestra de un pésimo asesoramiento jurídico (constitucional – convencional); muy débil olfato político y lo que es peor, una peligrosa vena autoritaria que afortunadamente, atiza las alertas ciudadanas, más aun cuando el gobierno surgió precisamente por las vías constitucionales ante el derrocamiento ciudadano de la tiranía del cocalero huido y sus huestes: a todos nos vino de pronto, un poderoso  dejá vu.

Resulta asombroso que los miembros del gabinete liderados por la Presidenta Añez que es Abogada con amplia experiencia parlamentaria y constituyente, ignoren la elemental plasmación de la garantía constitucional y convencional de la reserva legal que es la otra cara de la legalidad, por la que según el art. 109. II de la CPE: los derechos y sus garantías, sólo podrán ser regulados por la ley. Como cualquier abogado medianamente leído lo sabe, a propósito ya el año 1986 la CORTE IDH emitió su Opinión Consultiva No. 06/86 de 9 de mayo –vinculante también para Bolivia- por la que absolviendo los alcances de la palabra Ley en el art. 30 de la CADH (alcance de las restricciones), dejó claramente establecido entre otras, que se trata no de cualquier disposición –un DS- sino de la emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos; pues de lo contrario: a) equivaldría admitir que nuestros derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público; y, b) reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados.

Tengo muchas dudas respecto del comportamiento genuinamente democrático de la mayoría ilegitima que hoy tiene de rehén a la Asamblea Legislativa, pero aún con esas reservas compartidas por gran parte de la ciudadanía, parece aún muy poco prudente ignorar por ejemplo la vasta jurisprudencia del Sistema Interamericano que, para resumir, se traduce en la conocidísima doctrina del estándar democrático de las dimensiones de la libertad de pensamiento y expresión (OC -5/85). Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier naturaleza, por lo que cuando se restringe ese derecho humano, no sólo es el derecho del individuo afectado el violado, sino el de todas las restantes personas a recibir informaciones e ideas, reitero, de toda índole: las que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al estado o a una fracción cualquiera de la población. “Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática”, resolvió la CORTE IDH.             

Qué manera de entregar carnada a quienes, legítimamente por supuesto en términos de ejercicio democrático, están a la pesca de esos tremendos dislates, incluyendo aquellos que durante 14 años le han metido no más por encima de las leyes, su CPE y hasta el sentido común. Es que como dijo a propósito de los DDSS el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, el uruguayo Edison LANZA en cita modificada: “La desinformación se combate con acceso a la información pública, no con cárcel”.
 

Debe ser raro vivir en un país donde no hay militares armados en las calles, pregunté hace unos días a un “tico” y este me respondió que lo raro era vivir con militares en las calles, fuertemente armados. No sé cómo reaccionaría la gente allá si nos sucediera lo que a ustedes, me dijo. En mi país son los estudiantes los que desfilan en las fiestas cívicas y los que también cumplen labores de acción cívica, como voluntarios, cuando se producen situaciones inesperadas como desastres naturales. Qué otra cosa más hacen los militares en Bolivia me preguntó, dando por cerrado el tema y dejándome sin respuesta.

No fue la primera vez que me cuestioné cuál es la finalidad, en un país de escasos recursos económicos y con muchas necesidades prioritarias en distintos rubros, de mantener una institución como la militar, cuyo aporte a lo largo de la historia ha sido prácticamente nulo.

Las Fuerzas Armas en Bolivia, en lo militar, han tenido un papel decepcionante. No existen, salvo sucesos muy aislados como la batalla de Piedras Blancas, acontecimientos relevantes en la historia militar del país. Sus acciones bélicas más importantes han sido las masacres en contra del propio pueblo que las mantiene y los golpes de Estado. Catavi, San Juan, Tolata, Epizana, Todos Santos, Warisata, El Alto, Sacaba y Senkata forman parte de una lista incompleta de esas masacres protagonizadas por las gloriosas Fuerzas Armadas.

Se llevan una significativa parte del presupuesto del Estado. Un 80% de aquel está destinado al pago de salarios de los casi 10 mil oficiales, suboficiales y sargentos de las tres armas. El saldo se utiliza en la alimentación, vestido y socorros de unos 40 mil soldados y marineros. Una serie de privilegios rodean la vida militar desde el inicio de su carrera. Reciben formación gratuita en los institutos militares, al culminar sus estudios tienen asegurada su remuneración, disponen de vivienda, alimentación y muchas otras ventajas con relación al resto de los ciudadanos.

Pero no solo eso. Al concluir su carrera militar, son los únicos que reciben una jubilación equivalente al 100% de su último salario, cuando la inmensa mayoría de los bolivianos reciben rentas de jubilación miserables que no llegan a la cuarta parte de la jubilación militar. Y por si fuera poco, quienes no logran ascender al grado de general o almirante, porque no hicieron los méritos para subir de grado, se van a sus casas, o pueden irse de vacaciones o hacer lo que les dé la gana durante cinco años, con todo pagado; es decir, siguen recibiendo sus salarios completos, aguinaldos, bonos, víveres y otros beneficios de manera por demás inexplicable. Son unos privilegiados. Son una casta especial. ¿Hasta dónde es correcto que eso suceda así?

¿Es posible imaginar un Estado sin militares? ¿Un Estado en el que el presupuesto destinado a la milicia vaya a fortalecer la educación y la salud? ¿Es posible imaginar un país que con sus aciertos y errores viva en el marco de las reglas de juego establecidas por la Constitución, sometiéndonos únicamente a la voluntad de la mayoría y no estar ante el riesgo permanente de que cualquier día nos encontremos con nuestras calles invadidas por tanques, camiones y soldados que comen, se visten y portan armas y municiones gracias a nuestros impuestos, pero además usan esas armas y municiones en contra de su propio pueblo?

Costa Rica no es el único, existen varios otros Estados más que también han prescindido de la milicia y mal no les va. ¿Podríamos hacer lo mismo?

Atender a la prensa siempre entraña un riesgo, porque pueden surgir preguntas inesperadas. Quien ha sido entrevistado por el periodista Carlos Valverde Bravo sabe de lo que hablo (¡adrenalina pura!). Aunque algunas veces suele ocurrir que, frente a algo impensado y peliagudo, la ayuda llegue del Cielo.

Esto me ocurrió cuando al ser entrevistado por Valverde, en relación al criticado D.S. 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para evaluar nuevos eventos biotecnológicos en soya, maíz, algodón, trigo y caña de azúcar, me preguntó si correspondía a un gobierno de transición ocuparse del tema, siendo que su mandato es el de organizar nuevas elecciones generales (“Tiempo de Cuarentena de Salud” - Carlos Valverde en la red/2 - 14.05.202). Entonces, vino la inspiración divina...

Con el gran respeto y cariño que tengo por Carlos desde hace muchos años -que él lo sabe y por eso nos llevamos tan bien- le pregunté si el gobierno de transición se estaba ocupando de la salud de los bolivianos por la pandemia del Covid-19, si estaba tomando medidas urgentes y dedicando mucho de su tiempo, al efecto. Me respondió que sí. Entonces puse sobre la mesa el hecho que el gobierno -en un abrir y cerrar de ojos- autorizó usar Ivermectina -un antiparasitario usado normalmente en animales- esperando que con ello los enfermos por coronavirus sanen.

¿Por qué nadie se opuso o reclamó análisis previos que demoran años para aprobar un medicamento, cuando se escucha que la Ivermectina tiene cotraindicaciones? Simplemente, porque la salud de nuestros abuelos, padres, hijos, hermanos y nuestra propia vida están en riesgo. Nadie objetó la Ivermectina, “a pesar de que de momento no tiene una validación científica en el tratamiento de coronavirus”, como informó el Ministro de Salud, Marcelo Navajas (Infobae.com, 13.05.2020). Ante una emergencia de salud se optó por una medida de emergencia también, pero no a tontas y locas, sino considerando la información disponible y la experiencia recogida de otros países.

¿Sabía Ud. que aparte de este problema de salud humana hay otro grave problema de salud? Se trata de la economía boliviana. Vienen días muy difíciles para el país. Nuestra economía venía en declive desde hace varios años ya, y el COVID-19 vino a empeorar las cosas: la economía está enferma y empeorará, y así como los hombres mueren, habrá empresas que morirán, se perderán empleos y muchos quedarán sin ingresos. Viene una recesión económica

Con igual lógica, para salvar la economía de una inminente debacle, urge tomar medidas valientes y aprobar nuevos eventos de semillas transgénicas que permitan al agricultor generar más y mejores alimentos, siendo que solo éste es capaz de reaccionar a corto plazo, como demanda la gravedad del caso. Tal posibilidad la ofrece el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, al reconocer -para la evaluación de riesgo- el historial de uso seguro en otros países, así como se hizo para aprobar la Ivermectina. ¿Se opondría Ud. a salvar la economía con una medida de emergencia, cuando los empleos a perder podrían ser el suyo, el de su padre o el de su hijo?

155 científicos galardonados con el Premio Nobel -los mejores médicos, químicos y físicos de todo el mundo- firmaron una Carta Pública respaldando los alimentos genéticamente mejorados: por ser saludables; porque su producción es amigable con el medioambiente, y por beneficiar principalmente a los pequeños agricultores.

Que nuestra economía no se vaya a pique el día de mañana, dependerá de las buenas decisiones que se tomen hoy. De darse la espalda a nuestros productores del agro, no dude que los activistas y políticos que se oponen a la agrobiotecnología seguirán pasándola tan bien como siempre; sin embargo, Ud. y los suyos cargarán con las graves consecuencias de quienes no miran más allá de sus narices y de sus mezquinos intereses. ¿Lo va Ud. a permitir?
 

Jeanine Añez entró a palacio enarbolando la bandera de la pacificación del país. Sin embargo hay una contradicción entre lo que dice haber venido a realizar, y sus métodos para lograrlo. Se trata de una pacificación que eximió de responsabilidad a las FF.AA. por usar armamento de guerra y disparar contra un pueblo desarmado -D.S. 4078-,  así como la conculcación de las libertades de prensa, y la sistemática violación de los DD.HH. vulneraciones que ha sido reflejadas en el informe de la CIDH. Pero claro era imprescindible cuidar las apariencias, y que mejor que un rostro femenino y amable para maquillar la represión, la muerte, el terror y la violencia ejercida para asaltar el poder. Todo esto, sumado a una campaña mediática exitosa que instaló en la opinión pública la gran victoria de la oligarquía cruceña, una ansiada “pacificación del país” que, paradójicamente, tuvo un saldo de 35 muertos, 833 heridos y 1504 detenidos. Este es el hito que marcará el destino del mandato de este gobierno.

Añez se autoproclama Presidenta incumpliendo el procedimiento legislativo para su investidura, y rápidamente se autonombra como “gobierno de transición”, esto para intentar aplacar a las voces que no reconocían su legitimidad, conforme iría mostrando sus verdaderas intenciones otros líderes como Mesa, Camacho y Quiroga manifestaban que una posible candidatura de Añez validaba las múltiples protestas internacionales, que abiertamente señalaban al gobierno de Añez por su origen “no democrático”. Pero la idea de una “transición” le ofreció a Bolivia la esperanza de una salida ágil y democrática a la profunda crisis que aún atraviesa el país. El bloque popular concedió una tregua social permitiendo la real pacificación del país, al apostar por la vía electoral. También cabe destacar el rol jugado por la Asamblea Legislativa, de responsabilidad histórica con la democracia, viabilizando la reconfiguración de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y una nueva convocatoria a elecciones. 

Pero la apariencia de transitoriedad del gobierno se agotó de manera prematura ante dos hitos claros: el primero, incumplir el acuerdo verbal ético al interior del bloque de derecha, burlándose de Camacho y Mesa, y traicionando así al proyecto “pitita” inicial. A través del aparato y recursos del Estado conformó un equipo político propio y consolidó la actual logística que impulsa su candidatura a la presidencia. El segundo, tiene que ver con un afán prorroguista desvergonzado, ya que de manera sistemática  desarrollan estrategias y argumentos para prorrogarse de manera inconstitucional, como lo es, su pretensión de anular la ley de ampliación de plazos del calendario electoral. Queda claro que su objetivo final es dejar la elección en suspenso de manera indefinida, para convocarla según sus criterios, conveniencias y condiciones, mostrando así nuevamente la vena autoritaria con la que entraron al poder, y que niega reiteradamente la reconducción democrática y la normalización del país. 

En este diagnóstico no podía faltar uno de los ejes centrales del gobierno Añez, marcado por un simbolismo religioso desvergonzado que buscó interpelar a grandes segmentos de la población boliviana. “Dios vuelve a Palacio” se constituyó en la narrativa que inicialmente despertó gran simpatía y conexión principalmente con sectores urbanos de clase media, pero pedir oración y ayuno ya no es suficiente Sra. Añez. El periodo del beneficio de la duda ha terminado para su gobierno, así como el maquillaje discursivo-simbólico que le ha permitido mentirnos y mantener al pueblo adormecido, esa población urbana creyente ahora le exige resultados concretos contra el #Covid19.

Sra. Añez, las decisiones estructurales son responsabilidad y competencia de un gobierno legítimamente electo en las urnas, sus funciones –lejos de generar grandes cambios en las políticas públicas de largo plazo- tienen que ver con dar respuesta a la contingencia actual y parar la mega-corrupción de su gobierno; por tanto, se le exhorta a respetar la  actual convocatoria a elecciones y cumplir el Art.170 de la Constitución Política del Estado Boliviano.

6 meses de opacidad y corrupción del Gobierno “Transitorio”

Preocupa la poca transparencia con la que en estos 6 meses se manejaron los recursos del Estado, Añez incrementó la Deuda Interna en más de $US 1.400 millones, la Deuda Externa en más de $US 500 millones, y de concretarse el resto de endeudamiento que se está gestionando, la Deuda Neta de Bolivia subiría en más de $US 3.000 millones (20.880.000 Bolivianos) entre la deuda ya adquirida, la que está en proceso de desembolso, más la suma de las donaciones de diferentes países.

Nuestro país, sus recursos y las personas que habitamos en él no somos un botín de la política, que además, en el caso particular busca acumular beneficios sólo para los sectores privilegiados del país, desbaratando una economía redistributiva del cual todos los segmentos sociales nos hemos beneficiado en 14 años de exitosa gestión económica, un modelo económico-productivo que estimuló inversiones gigantescas, industrialización y diversificación con el mejor desempeño del último siglo, al que varios estudiosos del mundo bautizaron como “milagro económico”. 

Cronología de la Corrupción:

El último escándalo de corrupción que hecho mano a estos fondos, es la compra de respiradores con un préstamo del BID por un monto de $us 5 millones, cada respirador a un precio de $us 29.000 cuando su precio de mercado es $us 8.000.

Finalmente, en su dimensión más amplia, la política demanda construcción de consensos, y para lograrlos, se requieren incentivos para generar escenarios de diálogo entre quienes piensan diferente. La política debiera ser es un espacio de reencuentro social, donde todos en igualdad de condiciones podamos exponer nuestras diferencias y llegar a acuerdos. El uso de la violencia, la represión y la imposición son expresiones del fracaso de la política, la subversión de la democracia y la consolidación de la tiranía.

No se trata del conocido pregón previo a un asalto callejero, sino de las alternativas que todos enfrentamos en estos tiempos recios de la pandemia y cuarentena; luego de varias semanas de apagón de la mayor parte de nuestras actividades productivas que van desde las cuentapropistas de supervivencia (comidera por ejemplo) pasando por los profesionales libres (Abogados, Dentistas, etc), pequeñas empresas unipersonales o familiares y, por supuesto, las de mayor calado, que generan cientos o miles puestos de trabajo directo e indirectos. Todas producen riqueza o por lo menos excedentes que permiten solventar las necesidades cotidianas.

No es que solamente el ciudadano enfrente ese dilema, sino también lo hacen y con aún mayor presión, quienes administran los estados cuando les está tocando decidir en qué medida, luego del enorme esfuerzo conjunto realizado por sus ciudadanos y precisamente por la presión que se incrementa cotidianamente, pese a que en el caso de Bolivia, los infectados se incrementan y los recursos disponibles no son suficientes; deben decidir empezar a soltar las restricciones a nuestros derechos o mantenerlos. ¿Cuál será la decisión adecuada y la posible?

El Derecho nos ofrece interesantes abordajes e intenta brindar por lo menos algunas soluciones posibles. Que sean convincentes o no, depende de muchos factores. Convengamos resumiendo y simplificando, que el dilema brevemente descrito encarna por lo menos dos derechos humanos o fundamentales: por un lado el derecho a la vida y por otro el derecho al trabajo. Si nos atenemos al art. 13 de nuestra CPE, resulta que todos los derechos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos; el estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos e incluso, los proclamados no deben ser entendidos limitadamente, sino progresivamente. 

La Convención Americana de DDHH ordena también que sus estados parte –Bolivia lo es- se obligan a respetar esos derechos y libertades y a garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna e incluso, si no estuvieran ya desarrollados, adoptar disposiciones de toda índole para lograrlo.

¿Cómo conciliar entonces en la realidad esos derechos y sus vinculados en estos tiempos? Para empezar, aunque no nos guste a los libertarios, a la vista de la pandemia y sus evidentes peligros para la vida y salud de todos, los estados han empezado restringiendo nuestras libertades (libre circulación, trabajo y otros), muchísimas discusiones han surgido entonces sobre sus mecanismos (simple Decreto Vs Ley formal, por ejemplo); sus alcances: ¿hasta dónde puede entrometerse el estado? ¿O es suficiente la justificación del bien común? ¿Puede afectar las relaciones y contratos privados? y el más actual por su duración: ¿Hasta cuándo y cómo pueden mantenerse o empezar a reducirse esas limitaciones?

Eso es tan evidente y actual que incluso coletazos de esas controversias se han llevado ante su Juez natural: el Tribunal Constitucional, que en próximas semanas debe resolver las varias acciones de inconstitucionalidad y recursos directos de nulidad planteados contra la Ley que obliga fijar las próximas elecciones en los próximos 90 días Versus los evidentes riesgos de esa actividad que implica múltiples contactos, acarrea para la vida y salud, en función al estado y reales posibilidades de nuestro sistema sanitario.   

A la vista de los vericuetos de esa controversia y, aunque existen varias herramientas para intentar resolverlas, la de moda es la ponderación (antes se hablaba de subsunción) por la que los decisores deben sopesar en función a los principios y valores en liza intentando encontrar una suerte de término medio que huya sacrificarlos en la menor medida disponible. Estamos viviendo esos momentos y espero estemos, todos, a la altura de tan enorme desafío. HUME escribe: “Equilibrar un estado o sociedad, sea monárquico o republicano, mediante leyes generales es obra de tan gran dificultad que ningún ingenio humano, por muy capaz que sea, puede llevarla a cabo con sólo la razón y la reflexión”.
 

Se ha estado hablando de la idea una persona un voto, a propósito de la sensación de desequilibrio que tendría el sistema electoral boliviano respecto a que ese principio aritmético de la democracia no sería bien atendido porque, y es el argumento más repetido, las áreas rurales masistas serían las que tienen más peso que las áreas urbanas no masistas.

Sin embargo, antes de entrar en las argumentaciones, que van desde la denuncia de una senadora hasta la opinión pública general, conviene explicar un par de puntos de contexto normativo que dieron como resultado la actual distribución de escaños legislativos, en el sistema electoral vigente.

Hasta antes de la elección de 1997, teníamos una circunscripción nacional en la que se votaba para Presidente, y una departamental desde las que se distribuían los escaños de senadores y diputados. Luego vino una modificación, por Ley 1704 de 1996 (presidencia de Sánchez de Lozada), que incluyó a los puestos de presidente, senadores, y diputados plurinominales, la figura de los diputados uninominales; estos últimos eran electos mediante un diseño de mapas de circunscripciones uninominales que tenían que cumplir dos requisitos: no pasar el límite departamental y tomar en cuenta el criterio poblacional.

Como es usual, cada vez que se toca el asunto del sistema electoral, el diseño de las circunscripciones y cantidades de escaños, resurge el debate regional respecto a que se les debería dar más a algunos departamentos que crecieron en población respecto de otros que la perdieron, principalmente por los flujos migratorios, o que había que tener cuidado de no dejar sin representación a algunos departamentos que tienen una cantidad de gente más pequeña que algunas ciudades capitales de otros departamentos. Para eso se incluyó dos criterios: el de que cada vez que se haga un censo de población se toque el tema de la redistribución de escaños y cuidando de tomar en cuenta siempre el criterio de equidad para aquellos departamentos con poblaciones pequeñas y que tengan menor desarrollo económico (artículo 2, Decreto Supremo de 2005, presidencia de Veltzé).

Esto nos lleva a la última modificación de escaños, Ley 421 de 2013 (presidencia Morales), en la que se modificaron cuestiones centrales como que en la Cámara de Diputados a las diputados plurinominales y uninominales se sumaron los de las circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas; además, y esto nos conduce al debate actual, en la distribución de escaños se toman en cuenta los criterios de población, menor desarrollo económico para departamentos menos poblados, y se introdujo el tema de la fórmula del Índice de Desarrollo Humano.

El resultado de aquello, como efecto inmediato, fue que al interior de los departamentos y en el diseño del mapa de circunscripciones uninominales, el peso del voto de las áreas rurales tiene más significancia que en las áreas urbanas, esto evidenció con mayor claridad cómo un diputado pandino tenía que reunir muchos menos votos que un diputado alteño, por ejemplo. Mucho cuidado aquí, porque el debate se centra en la distribución de escaños en el Legislativo, para quienes piensan que eso de un ciudadano un voto no se cumple y que encubre un supuesto fraude, es necesario recalcar que no se toca la elección de presidente del Estado.

Es decir, nuestro sistema electoral boliviano que –vistas las cosas tiene su complejidad– terminó por inclinarse significativamente más hacia el espacio popular en el Legislativo, y esto es bastante obvio porque quien tiene el poder suele aprovechar su ventaja, como es natural, para poner ciertas modificaciones al sistema proporcional de reparto de escaños que tenemos, pensando en que su núcleo principal de votos se encuentra en los espacios poco poblados y con índices de desarrollo humano bajos. Al igual que en 96 Sánchez de Lozada hizo la apertura de los uninominales con predominancia citadina.

Afortunadamente, hablamos de un sistema, y como tal es perfectible, no existe en el mundo ninguno que garantice el reparto proporcional perfecto en elecciones. Por tanto, el asunto no es solamente hablar del principio “un hombre un voto” que, repito, es igualdad aritmética, sino de que la complejidad se manifiesta cuando nuestra realidad sociopolítica también dice que para que se imparta justicia en términos electorales, se debe introducir la igualdad geométrica referida a las proporciones de lo que efectivamente somos como país con brechas de desigualdad evidentes.

¿A quién le corresponde abrir este debate?, a la clase política sin duda. Lamentablemente, eso solamente se logrará si los actores políticos estarían dispuestos a negociar –en el mejor sentido de la palabra– o si tuviéramos un bloque hegemónico con suficiente legitimidad para encarar este asunto. Vistas las cosas, nuestra clase política por ahora no está cerca de ninguna de las dos condiciones anteriores. Dicen por ahí que la historia la escriben los ganadores, pero si van a ponerse a escribir sin antes hacerse cargo de sus propios dilemas y superarse a sí mismos, me temo que la ganancia que recauden será tan poco rentable como lo que significan hoy las acciones de una aerolínea.

Qué triste situación la nuestra, el tener que depender de políticos con tan poca memoria o tan pocos valores, como la verdad. Triste, porque quien carga con las consecuencias de ello, es el pueblo mismo.

Resulta que el actual gobierno emite un Decreto para abreviar los plazos de una posible autorización de nuevos eventos biotecnológicos -respetando las normas de bioseguridad- para que nuestros productores cuenten en el futuro con semillas genéticamente mejoradas de soya, algodón, maíz, trigo y caña de azúcar, y sus cultivos tengan mejores rendimientos, pero los políticos gritan oponiéndose a tal posibilidad.

El primero en resistir la medida fue el señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Bolivia, recordando que una vez lo fue, aunque renunció el año 2005. Lo llamativo de su drástica negativa a que se aprueben nuevos eventos biotecnológicos para el agro, fue que este señor justamente aprobó en 2005 con una Resolución Multiministerial, la posibilidad de usar el único evento biotecnológico que legalmente existe hoy en el país y que tantos beneficios le ha devengado: la soya RR. ¡Qué poca memoria!

Pero esto no acaba ahí, mas bien, recién empieza. Otro candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas del MAS, se manifiesta igualito que el otro señor y rechaza tal posibilidad, olvidándose que su gobierno se benefició de los varios miles de millones de dólares por la exportación de aceites crudos y refinados, torta, harina y lecitina de soya -no lo van a creer- con la semilla genéticamente modificada aprobada por Mesa y respaldada luego por el ex Presidente Rodríguez Veltzé.

No solo eso. Durante el gobierno del MAS consumimos soya genéticamente modificada en forma de carne de pollo, de res, de cerdo y hasta de peces alimentados con soya, así como huevo, leche, queso, mantequilla, yogurt y otros productos de animales que comieron soya genéticamente mejorada, y a nadie le salió cuernos o cola ni hubo un solo caso de muerte o enfermedad por esa causa, todo lo contrario, por tratarse de alimentos saludables como la ciencia ha ratificado. 

Es bueno recordar, además, que varias veces salió a la luz pública la siembra en el país de maíz y algodón con semillas genéticamente modificas no autorizadas, y el gobierno no hizo nada porque sabía que no dañan a la salud, caso contrario hubieran impedido la importación legal de maíz transgénico por cantidades astronómicas, como se hizo. Cómo me decepcionan los políticos…¡Qué poca memoria tienen!