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A propósito de la última reunión del 24 de mayo en Santa Cruz entre comités cívicos, CONADE, y candidatos a la presidencia de oposición; posteriormente, luego de la marcha del 10 de junio desde El Alto hasta el TSE para exigir la renuncia de los vocales, vimos que la posición oficial desde el gobierno fue que se trataba de un intento de boicot a las elecciones generales de octubre.

Mi tesis es que no hay tal boicot, pero antes que aplaudan los de la tribu movilizada, creo que la situación es peor que eso, en especial para la clase política que contiene la oposición política de hoy, me explico en dos puntos:

La disponibilidad social de un líder: un sociólogo boliviano proponía esta idea hace tiempo, no es mi intención desplegar libros, pero ciertamente los síntomas de la necesidad de liderazgo en la oposición son más que evidentes, que los actores centrales de las últimas movilizaciones hayan sido comités cívicos y CONADE sin duda es una prueba de la ausencia de alguien que se encargue de articular la gama de objetivos e intereses que tienen los actores críticos al gobierno.

En esta ausencia y mientras existe la necesidad de tener un liderazgo político, tenemos un vacío que a parte de reclamarle al gobierno lo que hace, en realidad lo que están mostrando es decirle a la oposición las tareas postergadas que lleva acumulando en sus haberes. 

Es decir, a parte de la protesta legítima en la que se pueda participar, también se debe acompañar con tareas concretas como por ejemplo llevar una tarea de fiscalización constante para garantizar el cumplimiento correcto del calendario electoral en todas sus etapas, presionar para que estén presentes la mayor cantidad de veedores internacionales y finalmente el día mismo de la elección coordinar con la ciudadanía el control electoral de la mayor cantidad de mesas, de cara a tener un proceso electoral lo mejor fiscalizado posible; es decir: trabajen pues.

La traducción de la democracia en números y en la calle: se ha dicho mucho en estos tiempos de que las redes sociales se constituyen en la nueva plaza pública que va reemplazar a las grandes concentraciones tradicionales, véase especialmente declaraciones de voceros de Comunidad Ciudadana; pero paradójicamente el deseo de aparecer en las grandes concentraciones por parte de los candidatos es algo que no se puede obviar.

El problema es que la sola presencia de ellos en las concentraciones de protesta no garantiza que vayan a retomar positivamente posiciones en la intención de voto a su favor, aumenta las selfies sí pero no necesariamente los votos.

La calle sigue siendo el factor de resolución determinante de las disputas políticas, y más aún si se sostiene el mensaje de que este es un momento excepcional electoral, entonces no es lo más adecuado andarse paseando tan tranquilamente por estas y sus mercados compartiendo como lo haría cualquier candidato en una campaña normal, un plato de comida como un gran acontecimiento social en un comedor popular.

En definitiva falta dejar de hacer aquello que se nos acusa a los bolivianos en su acartonada forma de hablar mucho y decir poco, y dado que esta campaña parece que tiene todas las de ser una que se caracterice por una guerra de acusaciones en lugar de un debate de proyectos, entonces se entiende que la agitación de banderas simbólicas como desencadenante de las movilizaciones son cruciales, otra vez a modo de observación general: no están haciendo su trabajo jugando a la política y tampoco se están dedicando a llamar a las protestas por algo que no provenga desde lo extra partidario.

Aunque no suele ser fácil, pedir disculpas es altamente destacable y hasta trae beneficios. Los que saben, enseñan que lo que hace que una disculpa funcione es el intercambio de vergüenza y poder entre ofensor y ofendido y podría, emocionalmente dejar satisfechas a ambas partes. Tiene el poder de lograr que nuestras relaciones, sean personales o profesionales, se cimenten, restauren, recuperen y se hagan más fuertes. Es más, una disculpa sincera aceptada por el otro, constituye prueba de la interacción civilizada y profunda entre los seres humanos.

Aplica todo lo anterior, por supuesto, cuando esa disculpa y perdón son sinceros. Ya que de lo contrario, se convierte en arma de doble filo cuando la disculpa es falsa, no muestra genuino arrepentimiento, se centra sólo en uno mismo o se hace sólo para la platea, para pintear.

Pero: ¿Cuál es el efecto del pedido de disculpas en el Derecho?. Entiendo queda absolutamente claro que una cosa es pedir disculpas en aquellos planos personales o profesionales y otra muy diferente, la que emerge de un hecho que podría ser criminal y, por ello inmerso en el Derecho Penal.

¿Será que ante un hecho descrito por la ley penal como delito, todo se arregla con una disculpa? Depende. Y es que esa ciencia, es sumamente valorativa. Me explico: el Derecho Penal ha sido inventado para proteger los bienes jurídicos de mayor relevancia de una sociedad; la vida, la libertad (incluyendo la sexual, por si acaso), la integridad personal y psicológica; la propiedad y otros más, incluyendo los de nuevo cuño, como el ambiente o los animales, entre otros. Como es de última ratio, esto es que constituye la última reacción estatal ante el fracaso previo de otros medios menos invasivos; tratándose de un estado y sociedad genuinamente democráticos, se protege aquellos bienes mediante el Derecho Penal, sólo cuando no queda más remedio y respecto de las peores ofensas que las personas cometemos, causando daños (lesividad).

Pues bien, así el estado del arte; si el legislador decide al tipificar una acción u omisión convirtiéndola en delito en su Código Penal, debe tener el cuidado de escoger sólo las ofensas más graves y en función a ello –proporcionalidad, decimos l@s Abogad@s- graduará la represión con base a tal criterio. Las ofensas más graves, merecen penas también graves y las leves, lo propio.

De ahí que la posibilidad que un delito quede perdonado –perdón por la tautología- cuando su autor pide disculpas, queda reducida a muy pocos hechos y todos de menor entidad criminal. Como el Código Procesal hace que el Derecho Penal funcione, ahí aparece contemplada esa la posibilidad de cesar la acción penal o por último la pena, cuando media una disculpa, sólo tratándose de los pocos delitos de orden privado, en los que aun siendo declarado culpable el agente, no terminará en la cárcel: “El perdón de la víctima, en los delitos de acción privada, extingue la pena” dice el CPP. En otros casos, cuando la pena no es mayor a 3 años, es el estado –quien ejercita el derecho de castigar- el que perdona al culpable, siempre que sea su primera vez, etc.

Mientras que tratándose de delitos de orden público, en los que ese interés predomina por sobre el privado y por ello actúa la Fiscalía o Ministerio Público representando al estado y la sociedad agraviada, el perdón de la víctima o la disculpa del agresor, no tienen en la práctica ninguna repercusión para el avance o cese de la acción penal por ese delito. Podría eventualmente ser considerado como una buena señal de arrepentimiento por el Juez al momento de fijar la pena, pero nada más.

Pedir perdón entonces, está muy pero muy bien, pero de ahí a que sea borrón y cuenta nueva, es también muy pero muy discutible si se trata de delitos en los que el bien jurídico protegido ya no es patrimonio exclusivo de la víctima, sino de la sociedad toda. “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. San Juan Pablo II

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, pidió a su país estar preparados para “la peor variante” de la economía, ante los graves problemas que enfrenta en su balanza de pagos, según reportó la Agencia EFE (Raúl Castro pide a cubanos prepararse para lo peor en economía, www.theworldnews.net, 10.4.2019). El líder del Partido Comunista, en su discurso durante la promulgación de la nueva Constitución, dijo que la situación podría agravarse en los próximos meses, aunque confía en no llegar a lo vivido a principios de los ´90 cuando el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que sostenía a Cuba comercial y financieramente, provocó una grave crisis económica, energética y alimentaria, por la ausencia de subsidios a la isla.

“Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante” -dijo Castro- pidiendo “redoblar esfuerzos para aumentar la producción, en especial de alimentos, adoptar hábitos de ahorro, optimizar el uso de la energía y evitar los robos de combustible”, según EFE.

A la baja de ingresos por exportación, el endeudamiento y las dificultades para atraer inversión extranjera pese a los avances en su nueva Carta Magna -que reconoce la inversión extranjera, la propiedad privada y el trabajo no estatal- se suma la crisis de Venezuela que le da el petróleo que precisa para efectos de transporte y electricidad.

Según el diario digital argentino Infobae “Lo que se avecina en Cuba es una depresión económica…” (www.infobae.com, 12.4.2019), a la luz de lo que varios economistas identifican como principales problemas: la falta de divisas; la caída de la importación de alimentos y medicinas; la menor disponibilidad de petróleo y el incumplimiento de metas de producción nacional -incluso de azúcar- que ahondarán su álgida carencia de divisas para importar; si falta el combustible, la producción y la exportación bajarán, y el país se enfilará a una depresión.

"Para que la economía cubana respire, para que la ciudadanía cubana tenga lo mínimo esencial, requiere de un PIB -es decir, producir bienes y servicios- con un crecimiento entre un 4% y un 6% durante 10 años consecutivos" (…) "Están dilatando medidas que son absolutamente necesarias (…) liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada generalizada (…), que el Estado tiene que reducir sus funciones a las básicas (…), y que la economía cubana necesita un impulso nuevo para salir adelante", opinan.

A partir de la decisión Fiscal de rechazo asumida con motivo de una denuncia en contra del Gobernador trucho del Departamento de Chuquisaca por el delito de acoso sexual, los ciudadanos estamos preguntándonos: ¿Será que ahora, meter mano es legal? ¿Ese será el talante de la justicia plurinacional? ¿Es la nueva forma estatal de proteger los derechos y dignidad de las féminas?

Más allá de la inocultable vigencia de la poderosa cláusula depende que en estos tiempos de la justicia plurinacional caracteriza su desempeño: depende si eres del partido o no; depende si no eres de su oligarquía y entonces siendo fusible y, pillado en flagrancia te quemarás no más para la platea de los medios y otras de sus variantes siempre sujetas a ese adverbio, sostengo a la vista de la evidencia disponible –el video- y según la denuncia formulada por diputados de la oposición, cabría analizar algunas de estas consideraciones legales.

El tipo penal en cuestión, describe aquella conducta así: “1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. 2. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio”.

Así el estado del arte del Derecho Penal, queda claro por lo que el video prueba, que en abstracto se trata de un hecho flagrante: cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo (art. 230 del CPP); cabe ejercerlo mediante una acción penal pública –así que las supuestas “disculpas” del agente, no sirven para evitar el avance del proceso, peor su cierre-, aunque hasta el momento la inexistente declaración de la víctima o un eventual estudio psicológico que podría practicársele, no ayudan para establecer algunos de los otros elementos constitutivos de ese tipo penal. Es verdad, que el rol activo de la víctima, contribuye notablemente para esclarecer los hechos.

Su autor, es un servidor público, entiendo imputable, aunque por el momento supongo tampoco se dispone de algún elemento probatorio sobre la relación jerárquica: ¿Será la víctima también servidora pública de la Gobernación?, etc. Así las cosas, convengo que podrían haber dudas preliminares sobre algunos de los elementos constitutivos del tipo penal, algo relativamente frecuente en los primeros momentos de la investigación, lo que usualmente complica esas decisiones de rechazo inmediato. Por supuesto que tan opa no soy para pensar que si se trataría de otra persona, que por muy trucho que sea no tenga el poder que todavía tiene el denunciado, el resultado aun con los matices que les formulo, sería muy pero muy diferente, así sea en términos preliminares.

Presumiendo que la Fiscal analista no tuvo más remedio que preliminarmente rechazar por falta de tipicidad esa denuncia –está pendiente una impugnación ante el superior jerárquico que es el Fiscal Departamental que daría la última palabra- llama la atención que aunque no existirían suficientes elementos fácticos para darle curso, no se haya dicho nada respecto de otros tipos similares que protegen el bien jurídico de libertad sexual, que podrían –en otras circunstancias bien conocidas- dar lugar por lo menos a la apertura del proceso penal así sea en términos preliminares, en espera de lo que la investigación produzca.

Por lo que el video muestra –una metida de mano no consentida por la víctima, pues además, estaba de espaldas al agresor- podríamos estar ante un presunto abuso deshonesto o sexual (art. 312 del CP) cuyo verbo rector radica precisamente en realizar actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, restando esclarecer si mediaron las circunstancias y medios que aparecen al inicio de ese tipo penal. Es que LINCOLN decía: “Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son”.

El 26 de mayo de 2019 se conmemoró el 50 Aniversario de la firma del Acuerdo de Cartagena que dio lugar al Pacto Subregional Andino, más conocido como Pacto Andino o Grupo Andino, aunque su denominación desde 1997 es Comunidad Andina (CAN).

¿Cómo es la vida, no? Hace poco recibí la visita de la Lic. Clemencia Siles, una bella persona con quien tengo amistad por varios años, sin embargo, no fue sino en este encuentro -conversando sobre la importancia del mercado andino para Bolivia- que me enteré que había sido hija del Dr. Luis Adolfo Siles Salinas (+), en cuyo mandato como Presidente de la República de Bolivia se firmó el Tratado Constitutivo del Pacto Andino (26.5.1969).

Con Clemencia recordamos que aquel proceso subregional de integración fue una respuesta de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú -al que se sumaría Venezuela en 1973- dada su insatisfacción con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), proponiéndose crear un mercado ampliado subregional e intentar una industrialización sustitutiva de importaciones inspirada en la CEPAL, a fin de lograr un desarrollo equilibrado y armónico (Chile se retiró en 1976 y Venezuela en 2006).

Si hay algo que distinguió a este proceso fue su institucionalidad con supranacionalidad a reflejo de la Comunidad Económica Europea: Consejos de Presidentes y de Cancilleres; Comisión del Acuerdo de Cartagena; Tribunal de Justicia; Parlamento Andino; Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General); CAF (convertida luego en Banco de Desarrollo de América Latina); FLAR; Convenios en Salud, Educación y Temas Sociolaborales; Consejos Consultivos, etc.

Y si bien varios de sus ambiciosos objetivos integracionistas no se pudieron dar -Unión Aduanera, Mercado Común, Programas Sectoriales, v.gr.- por la falta de voluntad política, el avance de la globalización y el “regionalismo abierto”, la Comunidad Andina ha sido y aún es el bloque de mayores dividendos comerciales para el país, con un superávit comercial de casi 4.000 millones de dólares entre el 2000 y 2018, gracias a nuestras ventas acumuladas por cerca de 16.000 millones durante dicho lapso, principalmente agroexportaciones como oleaginosas, azúcar, alcohol, lácteos, carnes -entre muchas otras- al amparo de la zona de libre comercio.

Bolivia asumió recientemente la Presidencia Pro Tempore en la XIX Cumbre Presidencial que celebró las Bodas de Oro de la CAN (Lima, 26.5.2019) una gran responsabilidad, considerando su alta relevancia para nuestra economía.

Durante la semana recién pasada, quien usurpa el cargo de Gobernador de Chuquisaca, ha hecho de las suyas probando más allá de toda duda razonable aquella sentencia del Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid José Ignacio HERNÁNDEZ: “La legitimidad es el reconocimiento público de una autoridad según la Constitución lo establece, que puede ser de origen (cómo accedo al poder) y de ejercicio (cómo lo ejerzo)”.

Arrastrando precisamente aquella su naturaleza trucha, al retorno de su peregrinación al reino del desastre del dictador Maduro a quien fue a rendirle pleitesía, haciendo gala de su soberbia, bien machito no tuvo el mayor empacho en negarse a ser fiscalizado por un asambleísta electo –no trucho- espetando que no le da la gana hacerlo. Sobre mojado llovido, circula un video en las temibles RRSS en el que continuando con su grosero proceder, en algún acontecimiento mete mano a una mujer, al parecer servidora pública, por lo que tiene ya una investigación penal en curso. WEBER afirmaba que cualquier acción será legítima, sólo en la medida que el sujeto actúe de acuerdo a valores. ¿Cuáles serán los suyos?

Y es que como nos lo ha dejado muy bien probado nuevamente, cuando sin el menor empacho te metes no más por la chimenea a un cargo electivo sin merecerlo, no sólo ese tu vulgar ingreso queda por siempre irreversiblemente manchado, sino todos tus actos posteriores, hagas lo que hagas. Peor será el desastre si además das sistemáticas muestras públicas de un comportamiento grosero, nada propio de una autoridad que fuera representativa y, como ser humano, no exhibes algún respeto de sí mismo o de terceros. Como el mismo lo admitió en abril del año pasado: “Prefiero ser llunk’u del Presidente (Evo Morales) que ser llunk’u del imperio”, daría a entender que su único mérito, si eso podría llamarse, consiste en el burdo ejercicio del llunkherio y nada más: a confesión de parte, relevo de prueba.

Usualmente, la legitimidad se asocia con la legalidad y, ha sido el pensador Max WEBER quien se adentró en ese análisis, distinguiendo tres tipos fundamentales de legitimidad: la carismática, fundada en el prestigio personal del sujeto; la tradicional que depende del referendo constante del tiempo y la racional o legal, basada en el origen y ejercicio democrático. No hace falta ser un politólogo, para advertir que en el caso concreto, ninguna de esas características adorna al personaje. Es que: “No desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo”. Giulio ANDREOTTI

¿Qué haría si le dijeran que tiene solo 24 horas de vida? ¿Perdonaría a quien le hizo daño? ¿Qué de sus familiares? ¿Les diría que los ama? ¿Los abrazaría? ¿Qué haría con sólo 24 horas de vida? Hago estas preguntas en momentos en que la muerte golpeó una vez más…

No era familiar mío, ni siquiera puedo decir que era un íntimo amigo, pero él y yo sabíamos que podíamos contar el uno con el otro incondicionalmente. La edad no fue problema ni nuestras nacionalidades, primó el sincero afecto sin cálculo alguno. Fue un gran profesional, una gran persona.

Como alumno suyo en la Cátedra de Metodología de la Investigación, en la Maestría en Comercio Internacional de la UAGRMBS, valoré su rigurosidad al compartir sus conocimientos y la severidad de un hombre comprometido con la ciencia. Ingeniero Económico -formado en Cuba- hizo su Doctorado en Economía en la URSS; vino a compartir su saber a Bolivia; se enamoró y se casó con una dama boliviana; se quedó a vivir acá y amó a este país como un agradecido hijo adoptivo.

Son varias las anécdotas que siempre guardaré de él en mi memoria, como el terror que infundía al no poder ir muchos postgraduantes al ritmo de su exigencia; o, el que en primera instancia no quiso ser mi Tutor de Tesis, pero como era tan temido yo insistí pues pensé “mejor es tenerlo de Guía que de Tribunal” y así fue; cuando aceptó y me dijo que avanzara, al presentarle mi primer borrador, abrió los ojos y me dijo “Chico…¿qué es esto? ¡Esto es una Tesis de Doctorado! Aquí hay tres temas, escoge uno y enfócate además en un solo aspecto”. Tuve que reducir de 600 a 100 páginas…

La otra anécdota se dio en la defensa de Tesis: viendo que mi Jurado se entusiasmó preguntándome, él salió en mi defensa diciendo “es suficiente” (¡palabra santa!).

Finalmente, defendida la Tesis con honores, se me autorizó publicarla. Agradecido yo con él, le ofrecí poner en el libro, su nombre y el mío. “No -chico- el trabajo es tuyo, son tus ideas, es tu mérito”, me dijo, lo que me recordó ¡cuántas veces nos inculcó a evitar el plagio, el copiar y hurtar ideas ajenas!

Era un verdadero señor, de esos que casi ya no se pilla. Un hombre íntegro del que aprendí mucho -como se lo dije varias veces- quien me animó a ser Columnista en 2007, a él le debo la técnica de poder decir mucho, en pocas palabras.

Hay personas que marcan la vida de otras, y éste es el caso de mi gran mentor -Andrés José Granado Falcón, PhD- de verdad, extrañaré a mi querido Doctor y amigo. ¡Dios lo tenga en su gloria!

Los juristas del horror que tramitan el caso 24 de mayo, están tratando de urdir con fórceps una impresentable cosa juzgada, pasándose por el forro SSCCPP -ya van 3 por el momento- que al conceder la tutela en acciones de amparo constitucional, declararon la vulneración de derechos y garantías constitucionales y convencionales. Solo una mera cuestión accesoria, para alguno de sus serviles operadores.

Como cualquier abogado o estudiante no muy iluminado conoce perfectamente, no puede existir cosa juzgada en ningún proceso penal, sí durante su trámite se violaron esos derechos y garantías. En el caso, existen por lo menos dos SSCCPP de 2017 y 2019 que así lo declaran, incluyendo otra de queja precisamente por el incumplimiento de la primera.

Todo ese proceder, por si es que a algún ingenuo le quedaría alguna duda, es la mejor prueba del absoluto servilismo de esos operadores en ese tipo de casos, al régimen, sólo superado por la vomitiva SCP 084 sobre el “derecho humano” de su jefazo.

Pero, supongamos, sólo supongamos (conste) que la sentencia del caso 24 de mayo fuera una pieza jurídica intachable producto de la sapiencia y probidad de jueces independientes e imparciales, por lo que similares Vocales la hubieran confirmado al igual que los Supremos y, realmente, pese al ejercicio impugnaticio de los procesados hubiera –legal, constitucional y convencionalmente- logrado validez de cosa juzgada; pregunto: ¿Se habría hecho justicia en el caso concreto?

Si bien admite matices doctrinales, existe relativo acuerdo en que el objeto del proceso penal consiste en lograr la verdad histórica, real o material de los hechos juzgados (arts. 180 de la CPE y 171 del CPP), aunque modernas corrientes añaden también otros fines tales como el respeto de la madre de las garantías como es el Debido Proceso (para los imputados); la tutela judicial o acceso a la justicia (para las víctimas) e incluso su derecho humano –de a de veras, no trucho- a saber la verdad de lo acaecido. Incluso, más políticamente, se dice que a través del proceso penal se evita se recurra a la mano propia, encausando la violencia a través del vías menos violentas, mas “civilizadas”.

¿Tratándose del caso 24 de mayo, se lograron, hasta el momento, esos fines?. NO. Veamos: lo que la sentencia de Padilla “establece” como verdad real, constituye un insulto a la inteligencia, pues ninguno de esos “jueces” pudieron dar una explicación siquiera racional de cómo es que condenan a quienes no aparecen –en el video filmado en vivo y directo de los hechos- vejando a los campesinos, menos –ya que osaron usar la teoría del autor mediato- el control de los miembros del Comité Interinstitucional a esos vejadores y no dijeron ni miau respecto de la declaración del testigo arrepentido Boris Villegas que les explicó que el caso 24 de mayo fue armado por el gabinete jurídico del ejecutivo. Entonces, su “verdad real”, es la que el régimen les ordenó fraguar.

Por lo mismo, a las víctimas vejadas del caso, les tomaron el pelo y lo que es peor, les revictimizaron hasta la saciedad. Primero por sus vejadores –que habiendo sido filmados- jamás fueron investigados, peor juzgados y nunca condenados (pues el hecho delictivo existió) y hoy, dicen los que los conocen, se les ríen desde sus cargos en entidades cooptadas por el oficialismo, disfrutando de su impunidad (por el momento); además, fueron usadas como carne de cañón por el régimen durante los hechos –todos sabemos que la vejación fue armada por el régimen, menos los “jueces y fiscales”-, luego durante el caso y a la vista del resultado, muy contentos no deben quedar porque sus vejadores están bien, gracias, riéndoseles, sin haberse esclarecido lo realmente ocurrido. Tampoco se garantizó el Debido Proceso a los imputados. Más bien el caso, está plagado de vulneraciones al juez natural; al plazo razonable y otros de sus componentes procesales y ni qué decir del substantivo. Prueba de ello es que el caso ya está en la mira de la CIDH.

Consecuentemente, aunque el régimen pretende seguir metiéndole no más, prostituyendo aún más a sus juristas del horror en versión plurinashonal, el caso 24 es un monumento emblemático de la “justicia” del régimen. Es que: “Para los jueces del sistema totalitario, los recursos de la dialéctica, de la racionalidad y del pensamiento lógico deben ser puestos de lado en favor del triunfo de la ideología oficial. Alfredo MORLES

El comercio exterior boliviano no levanta cabeza. A marzo del 2019 registra un déficit de 423 millones de dólares por la baja del valor exportado en 7%, mientras que la importación subió 4%, una mala combinación ya que lo que debería estar subiendo, baja, y lo que debería estar bajando, sube. La consecuencia es un nuevo saldo comercial negativo -más del doble registrado en igual lapso del 2018- por lo que, de seguir así, habrá un quinto déficit comercial consecutivo que mermará aún más nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN).

Pero…¿qué hay detrás de este mal resultado? Respecto a las exportaciones preocupa no solo la baja del valor (-7%) sino también del volumen (-21%), lo que podría implicar que estamos produciendo menos; que producimos igual, pero el precio internacional nos afecta; que la demanda externa esté declinando o, que estamos teniendo problemas de competitividad para seguir exportando.

Del lado de las “ventas tradicionales” vemos no solo una baja del valor de los hidrocarburos (-10%) sino también un bajón del 26% de su volumen (¿menos compras de Brasil y Argentina?), mientras que los minerales han caído un 10% tanto en valor como en volumen. Las “exportaciones no tradicionales” son las que dan la cara en las ventas externas subiendo 16% en volumen y 5% en valor, gracias a un loable esfuerzo productivo (oleaginosas, castaña, joyería, maderas, frejol, etc.).

Del lado de las importaciones, cerca del 70% son bienes de capital, insumos y equipos de transporte -necesarios para producir más bienes y servicios en el país- sin embargo, la compra de combustibles y lubricantes aumentó un 63% en volumen y 80% en valor (su mayor consumo obliga a una mayor importación).

Esta situación comercial deficitaria viene a confirmar algo no deseable: que la extrema dependencia en un 81% de la exportación de recursos extractivos no renovables (hidrocarburos y minerales) nos hace tan vulnerables que, cualquiera sea el motivo, al caer sus ventas y generarse el déficit comercial, presiona hacia la baja el crecimiento del PIB y de las RIN, además que impacta negativamente en la generación de empleo.

Implementar una política de promoción selectiva de exportaciones con capacidad de reacción a corto plazo y sin restricciones (alimentos, manufacturas de madera, textiles, turismo, v.gr.) y una política de sustitución de importaciones allí donde podemos ser competitivos (sector forestal, p.ej.), es la urgente tarea a llevar adelante para que el déficit no se torne estructural…

En el desenlace por la competencia electoral de la última semana, y quizá sea la marca central de la política hasta la elección de octubre, se evidencia una suerte de poner a prueba la voluntad política de la oposición desde el lado del oficialismo.

Una argumentación gráfica de lo que ocurre con la oposición boliviana puede acercarse a lo que se conoce como el dilema del prisionero. Para resumirlo, se trata de un juego en el que se observa cómo reaccionan unos sospechosos entre ellos, si se acusan, se callan, o ambos confiesan. En ese juego, según el tipo de reacción de las tres mencionadas antes, puede generarse una pena determinada.

Lo pongo en el contexto del juego preelectoral actual de la oposición, para comenzar el tema que los mueve principalmente es el miedo -expresado en distintas formas- a ganar, a ver amenazado su prestigio, a perder, etc. Entonces uno puede imaginarse que su denominador común no es la cooperación mutua en la línea de construir una sola candidatura, pensando como parece ser el clamor popular de que eso podría inclinar hacia el voto útil y la correspondiente victoria electoral.

Pensemos en las dos candidaturas que hasta ahora las encuestas de intención de voto arrojan como las principales, Carlos De Mesa y Oscar Ortiz. Ahora como parte del dilema del prisionero, el mejor escenario sería la cooperación mutua, pero como el eje central de una posible cooperación no es un planteamiento de nuevo sentido común en Bolivia, y lo que más parece es una serie de miradas personales, sean de acusación verbal o de contención principista, es que ambos parten de la premisa de la desconfianza mutua.

El segundo escenario es que uno acuse al otro de algo tan terrible que lo termine por hundir políticamente, de esta manera solamente uno de los dos prevalecerá en el juego electoral. Ya vimos cómo Ortiz se adelantó en esto al decirle a De Mesa que era un turista de la política, uno que hacía política desde su “sofacito”, que colaboró con el MAS, que no fue verdadero opositor desde el principio, etc. El rendimiento de esta acción solamente la veremos traducida en votos en el último tramo electoral, mi sospecha es que no basta para ganar.

El tercer escenario es que ambos se acusen mutuamente o acusen a uno tercero, pero al mismo tiempo, aquí las ganancias pudieran ser repartidas proporcionalmente según el peso electoral que vayan acumulando hasta el final del tramo electoral.

Como verán, excepto en el primer escenario del juego del dilema del prisionero electoral, estos podrían ganar sin tener necesidad de depender demasiado del último minuto electoral, pero más parecen estar entregados a los rezos de un electorado volátil que los podría hacer crecer unos puntos repartiéndoles ganancias expresadas en votos de manera proporcional o hundiendo a uno de ellos mandándolo a la jubilación político partidaria.