Política

El resarcimiento procede en cumplimiento a la Ley 1446, del 25 de julio de 2022, que establece el pago en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular.

“Cuando nuestro hermano presidente Luis Arce inicia la 2da mitad de su mandato, ratificamos que acompañaremos la conclusión de su gestión con transparencia en el manejo del Estado y solidaridad con el pueblo trabajador en la aplicación de medidas económicas” (sic), señaló Morales a través de un extenso mensaje en su cuenta de Twitter.

La excusa de los cívicos cruceños para impulsar el revocatorio contra el presidente Arce nace de una pregunta lanzada en uno de los cabildos liderados por el Comité y ante la negativa del Gobierno de aprobar una Ley de Amnistía a favor de presuntos "perseguidos políticos", entre ellos Fernando Camacho.

La Gestora Pública empezó el 2 de mayo la administración plena de los aportes para la jubilación y se encargará de pagar las rentas desde el 1 de junio.

Promulgada el 5 de mayo, la Ley 1503 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados internacionales.

El Presidente del TSE señaló que si la ALP lanza nueva convocatoria hasta el 17 de mayo, las elecciones judiciales podrían desarrollarse el 5 de noviembre. Si no, se aprobaría una Ley - como se hizo el 2017- para que el proceso se realice el 26 del mismo mes.

“Hoy en la tarde, la Sala Plena decidió proceder  a la designación de la nueva directiva para la gestión 2023- 2025. Producto de la decisión de Sala Plena, el que les habla ha sido reelegido como Presidente (…) También se ha procedido a la designación del vocal Francisco Vargas como vicepresidente”, anunció el propio Óscar Hassenteufe.

La semana pasada, por espacio de tres días consecutivos, del 3 a 5 de mayo, trabajadores ediles afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales impidieron el trabajo normal de los servidores públicos en al menos tres edificios: Palacio Consistorial, Edificio 10 y Tobía. Además, como medida de presión bloquearon la calle Mercado e impidieron a los paceños hacer sus trámites.

“Somos el gobierno del pueblo, somos el gobierno de la industrialización, somos el gobierno que genera más oportunidades para todas y todos”, afirmó el Presidente del Estado.

Carlos Romero y Teresa Morales denunciaron un presunto sobreprecio por $us 723,4 millones en la compra de diesel por parte de YPFB a una empresa chilena mediada. El Gobierno, a través de la Viceministra de Comunicación, instó a no “mediatizar” el caso y formalizar una denuncia.