El fiscal José Rodríguez informó este miércoles que alrededor de 25 exfuncionarios de Gobierno, de las gestiones entre el 2004 y el 2006,  están siendo  investigados por el caso de presunta corrupción en la adjudicación de carreteras a empresas brasileñas, en el caso conocido como “Lava Jato”.

Los funcionarios investigados corresponden, principalmente, a los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Desde Comunidad Ciudadana, alianza liderada por Carlos Mesa, se denunció que el caso había sido reactivado luego de cinco años, como una represalia de autoridades judiciales por la arremetida contra los magistrados prorrogados.

No obstante, el fiscal Rodríguez, en contacto con Erbol, aseveró que el caso no se había reactivado, sino se debe entender que es un caso complejo con 25 implicados y hasta 60 cuadernos de investigación.

El caso Lava Jato inició en Bolivia después de que el país fuera involucrado en el informe que presentó la Policía de Federal de Brasil sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Camargo Correa a autoridades del país para adjudicarse la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Durante el Gobierno de Carlos Mesa se aprobó el decreto supremo para  viabilizar los proyectos carreteros. En el periodo de Rodríguez Veltzé se aprobó el financiamiento y las obras se entregaron en la presidencia de Evo Morales.

En su momento, el 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe en el que recomendaba al Ministerio Público iniciar investigaciones en contra de Carlos Mesa y otras ocho personas. Entre ellas su abogado, exministro y actual diputado, Carlos Alarcón.

Además, también se identificaba como implicados en el caso al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y los exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC), Jorge Peredo Flores y Luis Humberto Landivar – todos de la gestión de Mesa-; y del también ex ministro - durante la gestión de Edurado Rodríguez Veltzé- Mario Avelino Moreno.

El informe de la ALP señalaba que hay “suficientes indicios” para asegurar que la empresa Camargo Correa sobornó al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y al exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Además, señala que también hay indicios para suponer que Odebrecht pagó sobornos al exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landivar.

El documento que fue aprobado por la ALP también detallaba una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.

El fiscal del caso indicó que se analizará incluir como investigado a Carlos Mesa, además se sopesará si se convoca a declarar a Rodríguez Veltzé.

Mesa: “Es la decisión de la injusticia”

Al respecto, Carlos Mesa, líder de CC, afirmó que la reactivación del caso es una “represalia” contra CC por su rechazo a la autoprórroga de los magistrados y  recordó que es la segunda vez que se abre el caso y que en la primera investigación no se mostró ninguna prueba.

“Es la decisión de la injusticia (…) Muestra una actitud de venganza por nuestras denuncias permanentes de irregularidades y sobre todo del proceso dictatorial en el sistema judicial que llevan adelante los autoprorrogados a nombre del gobierno de Luis Arce”, manifestó entrevistado por Correo del Sur Radio.

Mesa señaló que para investigarlo a él tendría que actuar la Fiscalía General, en un juicio de responsabilidades, pero consideró que activan el caso como una “vendetta”, incluyendo a figuras claves de CC como Alarcón.