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El pasado 7 de marzo, fecha de las elecciones subnacionales, debía marcar en el MAS una suerte de momento definitorio de sus fichas políticas internas. En gran medida porque el resultado que obtuviesen podía resolver esa disputa que ya estábamos viendo entre la dirigencia del partido (el evismo) y las bases sociales que componen el partido, un evento muy intenso y que iba de ida y vuelta.

Sin embargo, al bajo desempeño del MAS, que más allá de hablar del resultado viendo el mapa de municipios del país y cuán azul es este, la evidencia electoral del MAS en cantidad de votos nos muestra que respecto de la misma elección subnacional de 2015 obtuvieron seis puntos menos a nivel nacional, es decir, pasaron del 39% al 33%. En este escenario, cuando el partido mismo se disponía a querer hablar de los errores estratégicos y políticos del evismo, este grupo sacó una carta más, probablemente su última, para tener vigencia dentro del partido, a esta carta la llamó: golpe de Estado.

Dos efectos ocasionaron que se hablara de golpe de Estado justo después de las elecciones subnacionales, uno externo al MAS, que tiene que ver con que la opinión pública ya hablaba de un Evo en debilidad o al menos cuestionado por sus partidarios, pero luego de la detención de la señora Áñez, automáticamente o mejor dicho mecánicamente, la opinión pública empezó a hablar de que Evo y el evismo estaban siendo fuertes y casi gobernando el país. Esto revela hasta hoy día un antimasismo de mass media con un ataque de ansiedad constante.

El efecto interno, que es el que me parece más importante es que al hablar de golpe, el evismo logró que de nuevo el MAS cierre filas en torno a una única causa y que los cohesionó en la pasada elección general de 18 de octubre del 2020, al cerrar filas en torno a esto lograron imponer disciplina interna porque quien se pusiera a observar la estrategia desplegada podría ser fácilmente tratado de traidor y por tanto luego incluso ser expulsado del partido. Entonces se impuso un relato que más que resolver los dilemas internos del partido, los ocultó debajo la alfombra.

El otro relato que chocó dentro de este efecto interno fue el que encabezó el Presidente Arce, alguien que hasta ahora demuestra tener el mínimo perfil político, de repente busca erigirse como quien ejerce poder imponiendo un tipo de orden específico. Lógicamente que esta reacción tiene mucho que ver con las presiones al interior del partido de las organizaciones sociales que le reclaman acción contra los opositores del 2019. Pero lo que no termina por entender nuestro Presidente es que las acciones de los políticos no se miden por la premura con la que se activan, sino por la negociación y la planificación de las decisiones con un norte estratégico claro.

Pueden existir más relatos enfrentados al interior del MAS hoy día, estoy casi seguro, porque la heterogeneidad de ese movimiento político sumado al cálculo de intereses que todos los actores involucrados tienen es algo que forma parte de la vida misma de cualquier organización política que busque disputar el poder. Mientras tanto, no nos damos cuenta como opinión pública por fuera del masismo que cuando están hablando de golpe de Estado lo hacen para ellos mismos, porque no buscan convencer a sus opuestos de lo contrario; y esto es muy peligroso porque por ahora el MAS ha decidido poner en riesgo la estabilidad social y política del país a condición de ordenarse por dentro.
 

Aunque sé que aún duerme el sueño de los injustos un amparo en alguna de las Salas de Garantías del Tribunal de Justicia de Chuquisaca, todo indica que los resultados de las elecciones para Alcalde de la Capital quedarían así consolidados: MAS 33,26%; R-2025 33;09%; CC-A 10,89%; CST 10,26%; UNIDOS 7,29%; PAN-BOL 1,59%; MNR 1,46%; UN 1,32%; FVP 0,74% y MTS 0,18%: el oficialismo habría ganado la Alcaldía a su inmediato competidor, por una diferencia de algo más de 300 votos. Esa mínima diferencia hubiera cambiado, con sólo los 306 votos del peor ubicado (0,18%) y, ese tercio del ganador, queda ampliamente derrotado frente a los dos tercios logrados por los frentes contrarios, todos –dicen ellos- opositores al MAS.

Así el estado del arte del resultado de la Alcaldía de la Capital muestra esta gran paradoja: el ganador –MAS- es una minoría de 1/3 frente a los 2/3 de los opositores, revelando la talla de estos, que irrazonablemente han preferido ser cola de ratón a cabeza de león: pretextos hay muchos, varios posibles hasta donde conozco, pero resulta incontrastable que nuevamente, los opositores entregaron en bandeja la Alcaldía de la CAPITAL al MAS, que dicen, abominar.

Entonces: ¿Sucre, Capital es una ciudad opositora u oficialista? Opositora si vemos el bosque y oficialista si nos centramos en el árbol, pero al final del día, el MAS puede exhibir como casi su única joya a diferencia de las restantes 8 capitales incluyendo El Alto donde fue derrotado, a Sucre, nada más ni nada menos, la ciudad donde se respiran aires de libertad.

¿Cómo se intenta explicar esa situación? En concreto, como puede ganar la alcaldía una minoría (1/3) que es superada –doblada- por 2/3 de los frentes contrarios, que indican no comulgar con aquella postura. 

No cabe juzgar al tercio que votó a favor del oficialismo, pues para bien o para mal, su decisión es legítima y forma parte del ejercicio del derecho político a elegir libremente a sus representantes (arts. 26 de la CPE y 23 de la CADH) y, no cabe hacer juicios de valor y menos –como algún fosforito lo hizo- intentar adjetivarlos o algo parecido. 

Dejando sentado entonces lo anterior y asumiendo el riesgo de circular por una senda altamente arriesgada, es interesante razonar sobre los motivos que indujeron u omitieron  a ese tercio apoyar al oficialismo en la Capital, a las vista de acontecimientos de conocimiento público y que, para mi gusto, pudieron generar resultados muy diferentes.

Sin exagerar y menos caer en uno de los vicios favoritos del boliviano promedio como es la victimización, la Capital es de lejos, la ciudad más maltratada por el MAS, precisamente –sostengo- por esos aires de libertad que todo Sucrense queda imbuido por ser la cuna de la libertad americana, etc. A raíz de ello, el jefazo profirió hace años una amenaza que sistemáticamente fue ejecutada por sus acólìtos, incluyendo algunos nacidos en esta tierra que han preferido ser primero de su partido y luego de su partido. Ejemplos abundan, incluso bajo la figura de las más viles traiciones que una persona puede perpetrar contra su cuna y madre: el retorno de la sede de los poderes, incluyendo la masacre de La Calancha –aún impune- el armado del caso 24 de mayo y el intento de asociarnos con aquello de la “cuna del racismo” para algunos tontos útiles; luego la de Incahuasi y últimamente, fresquita está, la condonación de la deuda de ELAPAS, junto con Potosí (sólo para señalar algunas traiciones, de muchas otras). 

Para ese tercio de fieles votantes, parecería que nada de eso existió y más bien, habría que premiar al oficialismo por el “buen trato” brindado a la CAPITAL. ¿O será que los de la otra vereda fueron peores? Los resultados, que saltan a la vista y muestran a Sucre como una ciudad postergada en casi todos los órdenes, parecen mostrar ese fracaso de unos y otros, pero aun así, resalta ese trato vengativo y despectivo del oficialismo hacia la Capital, por  lo que tratándose del tercio que finalmente logró la victoria, los expertos psiquiatras y psicólogos tendrán que cambiar el Síndrome de Estocolmo por el de Sucre - Capital, pues significaría que esos votantes, aun bajo ese legítimo ejercicio que lo resalto, estarían completamente enamorados de su captor o por extensión, de su verdugo que les ha maltratado sistemática y demostrablemente. En todo caso, a la vista de esos números (1/3 Vs 2/3) me quedo con aquello de POPPER: “Para gobernar es necesario no sólo tener una mayoría a favor o que te acepte, sino también no tener una minoría muy amplia que te rechace”.  
 

Hace 35 años, un 20 de marzo de 1986, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional Forestal, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz como testigo de actuación, y el apoyo de Cordecruz, fundaron el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sumándose luego como Miembros Institucionales la Cámara Regional de Despachantes de Aduana y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz; y, como Miembros Temporales, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba. Ahora, una hermosa historia…

El IBCE fue creado en medio del duro ajuste estructural que supuso el D.S. 21060, concebido para sacar a Bolivia de la hiperinflación y arreglar lo que los malos gobernantes de la UDP habían arruinado.

Concebido como una entidad eminentemente técnica de promoción del comercio exterior, en sus 35 años de vida el IBCE ha tendido puentes con todos los Gobiernos para abrir mercados, participando en negociaciones de Acuerdos comerciales, a fin de mejorar nuestra inserción internacional; impulsar las exportaciones no tradicionales; defender el mercado interno frente al contrabando, y promover el progreso del país con un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para forjar una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.

Al IBCE se le reconoce como referente del comercio exterior por la información que maneja: su revista impresa “Comercio Exterior” tiene 30 años de circulación, con un promedio de 100.000 descargas desde su página www.ibce.org.bo, con más de 2 millones de visitas y 2,5 millones de descargas/año, diseñada por sus propios ingenieros expertos en TIC.

El IBCE y CAINCO impulsaron el “Viaje de Integración por la Hidrovía Paraguay-Paraná” en 1989, navegándola por tres semanas: la Hidrovía moviliza hoy millones de toneladas de carga boliviana de exportación e importación por puertos privados sobre el Canal Tamengo; precisamente, el IBCE acaba de distinguir a Puerto Jennefer, por su gran aporte al país.

Con sede en Santa Cruz y Oficinas en La Paz, el IBCE ha recibido muchos galardones, como la Medalla al Mérito del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y la Medalla Prócer Pedro Domingo Murillo del Concejo Municipal de La Paz, por haber institucionalizado allá el Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, habiendo realizado 65 foros en La Paz desde 2007.

Entre las curiosidades cuentan: Un estudio de ALADI sobre agencias de promoción del comercio que catalogó al IBCE como único en su género: es un Instituto, pero no imparte enseñanza; es un ente técnico, pero aglutina a entidades gremiales; no es una entidad gubernamental, pero su accionar es de utilidad pública y, prácticamente, se autosostiene con los servicios que presta.

En sus 35 años de vida ha tenido 20 Presidentes y el actual -Demetrio Soruco Henicke- es hijo de Don Demetrio Soruco Antelo, quien fue Presidente del IBCE hace 25 años. Hasta la fecha el IBCE tuvo 3 Gerentes Generales (Francisco Javier Terceros Suárez, Carlos Fernando Roca Leigue y Gary Antonio Rodríguez Álvarez); la meritocracia y estabilidad son la regla: la gran mayoría empezó desde abajo y llegó a ocupar cargos ejecutivos; su primera funcionaria jubilada en 2018 ingresó como Secretaria y llegó a Gerente Administrativa y Financiera. Un 77% del personal es femenino: las Gerencias Técnica, de Promoción, de Responsabilidad Social Empresarial, la Representación en La Paz y casi todas las Unidades las ocupan mujeres, a tono con el “Triple Sello” concebido por el IBCE: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación.

Al valorar los medios de prensa “la voz” del IBCE, su referencialidad supera las 20.000 apariciones/año: Informar sobre economía, exportación, importación; contrabando; biocombustibles; biotecnología; agroproducción; el mirar más al Atlántico; productividad y competitividad; el exitoso modelo productivo cruceño; la necesidad de un Hub aéreo en Viru Viru; la producción socialmente responsable; la economía de servicios y del conocimiento; la defensa de la libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, son parte de su predicamento, muy valorado también.

35 años de labor ha demandado mucha capacidad y pasión para reinventarse una y otra vez, con la agradecida ayuda de la gente que lo apoya.

Para quien escribe esto, trabajar en el IBCE ha significado una misión de vida: la oportunidad de servir a Bolivia con la mirada siempre puesta en Dios.

Hace 35 años, un 20 de marzo de 1986, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Nacional Forestal, con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz como testigo de actuación, y el apoyo de Cordecruz, fundaron el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), sumándose luego como Miembros Institucionales la Cámara Regional de Despachantes de Aduana y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz; y, como Miembros Temporales, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba. Ahora, una hermosa historia…

El IBCE fue creado en medio del duro ajuste estructural que supuso el D.S. 21060, concebido para sacar a Bolivia de la hiperinflación y arreglar lo que los malos gobernantes de la UDP habían arruinado.

Concebido como una entidad eminentemente técnica de promoción del comercio exterior, en sus 35 años de vida el IBCE ha tendido puentes con todos los Gobiernos para abrir mercados, participando en negociaciones de Acuerdos comerciales, a fin de mejorar nuestra inserción internacional; impulsar las exportaciones no tradicionales; defender el mercado interno frente al contrabando, y promover el progreso del país con un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para forjar una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.

Al IBCE se le reconoce como referente del comercio exterior por la información que maneja: su revista impresa “Comercio Exterior” tiene 30 años de circulación, con un promedio de 100.000 descargas desde su página www.ibce.org.bo, con más de 2 millones de visitas y 2,5 millones de descargas/año, diseñada por sus propios ingenieros expertos en TIC.

El IBCE y CAINCO impulsaron el “Viaje de Integración por la Hidrovía Paraguay-Paraná” en 1989, navegándola por tres semanas: la Hidrovía moviliza hoy millones de toneladas de carga boliviana de exportación e importación por puertos privados sobre el Canal Tamengo; precisamente, el IBCE acaba de distinguir a Puerto Jennefer, por su gran aporte al país.

Con sede en Santa Cruz y Oficinas en La Paz, el IBCE ha recibido muchos galardones, como la Medalla al Mérito del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y la Medalla Prócer Pedro Domingo Murillo del Concejo Municipal de La Paz, por haber institucionalizado allá el Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, habiendo realizado 65 foros en La Paz desde 2007.

Entre las curiosidades cuentan: Un estudio de ALADI sobre agencias de promoción del comercio que catalogó al IBCE como único en su género: es un Instituto, pero no imparte enseñanza; es un ente técnico, pero aglutina a entidades gremiales; no es una entidad gubernamental, pero su accionar es de utilidad pública y, prácticamente, se autosostiene con los servicios que presta.

En sus 35 años de vida ha tenido 20 Presidentes y el actual -Demetrio Soruco Henicke- es hijo de Don Demetrio Soruco Antelo, quien fue Presidente del IBCE hace 25 años. Hasta la fecha el IBCE tuvo 3 Gerentes Generales (Francisco Javier Terceros Suárez, Carlos Fernando Roca Leigue y Gary Antonio Rodríguez Álvarez); la meritocracia y estabilidad son la regla: la gran mayoría empezó desde abajo y llegó a ocupar cargos ejecutivos; su primera funcionaria jubilada en 2018 ingresó como Secretaria y llegó a Gerente Administrativa y Financiera. Un 77% del personal es femenino: las Gerencias Técnica, de Promoción, de Responsabilidad Social Empresarial, la Representación en La Paz y casi todas las Unidades las ocupan mujeres, a tono con el “Triple Sello” concebido por el IBCE: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación.

Al valorar los medios de prensa “la voz” del IBCE, su referencialidad supera las 20.000 apariciones/año: Informar sobre economía, exportación, importación; contrabando; biocombustibles; biotecnología; agroproducción; el mirar más al Atlántico; productividad y competitividad; el exitoso modelo productivo cruceño; la necesidad de un Hub aéreo en Viru Viru; la producción socialmente responsable; la economía de servicios y del conocimiento; la defensa de la libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, son parte de su predicamento, muy valorado también.

35 años de labor ha demandado mucha capacidad y pasión para reinventarse una y otra vez, con la agradecida ayuda de la gente que lo apoya.

Para quien escribe esto, trabajar en el IBCE ha significado una misión de vida: la oportunidad de servir a Bolivia con la mirada siempre puesta en Dios.

El Derecho es una ciencia y está lo suficiente desarrollado que incluso, además de varias materias, tiene sub especialidades: dentro del Penal es el litigio estratégico. La primera lección de cualquier manual incluso elemental, enseña que el error más garrafal que un abogado puede cometer, es armar un proceso, cuya teoría del caso (base fáctica + jurídica, soportada por elementos probatorios) no se sostiene racionalmente siquiera mínimamente o peor aún, no corresponde a la realidad, cayendo en burda temeridad. Es lo que se conoce en la práctica forense, como lanzar (se) a una piscina, sin agua e incluso, lo que es aún peor chambonada, cuando había tenido púas y quedas o dejas a tu representado, completamente despellejado. Tratándose del caso “golpe de estado”, es lo que a la vista de la cruda realidad, está ocurriendo. 

Si bien la parte denunciante dispara contra todo lo que le dicen y manipulan que se mueve, presentando denuncias por todo y contra todos, es el sistema de justicia (fiscales + jueces) que debiera filtrar sus denuncias, evitando avanzar en las que son manifiestamente irrazonables y, lo que es vomitivo, permitiendo y generando a su vez, una serie de violaciones al Debido Proceso como aprehensiones, allanamientos y detenciones manifiestamente ilegales, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras.

Precisamente por ello es que el tiro está saliendo por la culata y le ha causado al gobierno graves daños en su línea de flotación, a la vista de las reacciones provenientes desde el ámbito interno e internacional. La más que pésima estrategia jurídica de apoyar su caso golpe de estado en hechos que muestran más allá de toda duda razonable que no se le acercan ni siquiera por aproximación, ha quedado sistemáticamente corroborada por diversas fuentes que se multiplicaron inmediatamente: empezando por recordar el comunicadito de SU Tribunal Constitucional, pasando por su Declaración Constitucional que validó la transición aplicada según el art. 169 de la CPE y la Ley emergente sancionada por la bancada de “los golpeados”, hasta el video de una entrevista de TV al actual Presidente Arce admitiendo que la Presidente Añez era de transición, pero constitucional al fin y, por supuesto, las imágenes de la renuncia y posterior fuga de su jefazo, pillado flagrantemente en fraude, por los observadores que su propio régimen había expresamente invitado –OEA, UE, etc- además de la incontratable evidencia que la Asamblea Legislativa siguió funcionando con la mayoría de los “golpeados” sancionando y bloqueando leyes, etc. 

Ni que decir de las múltiples comunicaciones oficiales desde la OEA, la UE, la ONU, el Parlamento Europeo, CONALAB, ICACH, ABEC y muchas otras que además de confirmar que lo producido en noviembre 2019 fue una transición constitucional y pedir el esclarecimiento de lo ocurrido respetando el Debido Proceso, censuran el torpe proceder de los policías y juristas del horror que en este caso –sin caer en el vicio de la generalización- están metiéndole no más, no solo contra la CPE, los IIII y la ley, sino el sentido común. El comunicado de la Conferencia episcopal: “La falsedad genera injusticia: Iglesia Viva” es sencillamente, demoledor.     

Demasiada evidencia contra la teoría del caso golpe de estado (si es que la hubo, en términos de litigio estratégico) que descarta más allá de toda duda razonable que este nuevo grito de la moda de la justicia plurinacional pueda prosperar si es que el proceso fuera tramitado por jueces independientes y fiscales objetivos que, debieran ser dique de contención de pulsiones totalitarias que recurren al tremendo poder de destrucción que un proceso penal así tramitado, propina contra derechos y garantías pero también al pedigrí democrático del gobierno que los impulsa y/o permite. Nadie sale indemne de ese desolador panorama de injusticia, ilegitimidad y desinstitucionalización, peor cuando existen urgencias que atender: pandemia y economía, por ejemplo. Es que: “El derecho penal se legítima, cuando la violencia que genera es menor, a la que existiría sin su presencia”. Luigi FERRAJOLI         
 

El mundo vive tiempos difíciles, extremadamente difíciles diría yo, luego que en 2020 la pandemia del coronavirus provocó una recesión económica en casi la totalidad de países en el planeta, y Bolivia no fue la excepción.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de informar que la tasa de desocupación en el país a enero de 2021 fue del 9,67%; una cifra menor a la registrada en el pico más alto de la crisis sanitaria, el pasado año, pero que hoy muestra una suba preocupante (“El desempleo en Bolivia comienza a descender, pero no a los niveles anteriores a la pandemia”, EL DEBER, 16.03.2021).

No deja de llamar la atención que, pese a los esfuerzos del gobierno para reanimar la economía con medidas de inyección de recursos por el lado de la demanda, y otras para reactivar el aparato productivo por el lado de la oferta, a fin de enfrentar la peor crisis en 67 años, la cifra de compatriotas sin trabajo que sufren la falta de ingresos, ha empeorado respecto al cierre de la gestión 2020.

Es cierto que al tercer trimestre del pasado año la tasa de desempleo era del 10,76%; sin embargo, no menos cierto es que luego de descender al 8,39% en el cuarto trimestre, el número de desocupados ha vuelto a aumentar en enero del 2021. Este dato debe preocupar, además, porque atañe sólo a la desocupación urbana, no así a la del campo donde hay tanta o más pobreza que en las ciudades.

Duelen estos números, porque más allá del frío porcentaje, que es muy relativo, detrás de él hay personas, jefes de hogar que han perdido sus fuentes laborales y no están generando recursos para sus familias por el desbarajuste económico.

Es menester recordar que, de haber sido cierto el pronóstico del MEFP/BCB, que la economía decaería un 8,4% en 2020, éste sería el mayor retroceso desde la Revolución Nacional de 1952 que, un año después, provocó una retracción del PIB en un 9,5%. Como la década de los ´50 está lejana, para tener una idea de la magnitud del bajón económico del pasado año, comparémonos entonces con lo que pasó durante el nefasto gobierno de la UDP: en su peor momento, el PIB cayó “apenas” un 4%, mientras que hoy estamos hablando de más del doble.'

Pero…¿qué significa cualitativa y cuantitativamente, una desocupación del 9,67% como ha reportado el INE en enero del 2021? En el primer caso implica que, si las personas encuestadas dijeron que durante la última semana, al momento de ser consultadas, habían trabajado por lo menos una hora, se consideraba que tenían empleo; sin embargo, ese indicador, aparte de no considerar el subempleo ni tampoco el “desempleo disfrazado”, por ejemplo, el caso de un profesional universitario que por razones de subsistencia se dedica ahora al comercio, a manejar un taxi o a la gastronomía (vender comida en su casa), el agravante es que, todas esas actividades son informales. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo…¿qué de la cuantía de los desocupados?

En 2015 la tasa de desempleo era 4,56% lo que implicaba que 149.636 personas estaban desocupadas: unos “cesantes”, porque perdieron su trabajo, otros en condición de “aspirantes”, al no poder encontrar trabajo, como ocurre cada vez más con los jovencitos que, año a año, pasan a engrosar la fuerza laboral.

Esa tasa iba bajando, sin embargo volvió a subir al 4,83% en 2019 con 191.176 desocupados, para trepar luego al 5,84% en el primer trimestre de 2020, representando 234.206 personas sin empleo por causa de factores internos -políticos y sociales- que impactaron negativamente en la economía, así como de factores externos que, como el “lockdown” en la generalidad de países, que impactaron severamente sobre el comercio exterior boliviano desde inicios del 2020.

Lo cierto es que, más allá del porcentaje, a enero del 2021 el número de gente sin trabajo en el país era de 404.039 personas, muy cerca del pico alcanzado durante la pandemia en el tercer trimestre del pasado año, según datos oficiales.

Viendo estas cifras escalofriantes -más de un cuarto de millón de desempleados adicionales a los que había en 2015, por causa de la pandemia que aún sigue vigente- uno no puede dejar de cuestionar: Con tanta gente desempleada por el cierre de miles y miles de empresas; considerando que la productividad de la mano de obra en Bolivia es una de las más bajas y que la inflación el año pasado fue de sólo el 0,67%...¿cómo osan la COB reclamar un incremento salarial del 10% al haber básico y un 15% al salario mínimo nacional? ¿O es que acaso quieren que más empresas quiebren para que mañana haya gente protestando en las calles por la falta de empleo? ¡Hay más de 400.000 desocupados!
 

Pasadas las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, los resultados nos dejan mucho que analizar, en algunos casos se repite el voto anti masista. Si bien estamos llegando a la etapa final del conteo oficial hecho por el TSE y los TED correspondientes, el MAS no ha logrado imponerse en las alcaldías de las ciudades principales del eje central del país, por otra parte, de ese mismo eje solo ha ganado con contundencia una gobernación perdiendo otra y yendo a segunda vuelta en otra, en otras ciudades principales del resto del país ocurre el mismo hecho ya que en las alcaldías solo ha logrado ganar la de Oruro y Sucre, perdiendo el resto de las principales ciudades del país.

El resultado de estas elecciones en ciertas alcaldías contrasta mucho con las elecciones nacionales de octubre de 2020 en las cuales el MAS había ganado con un resultado contundente (caso de El Alto, por ejemplo) los cuales han dado su voto sub nacional a otras alternativas que no son ni el MAS ni la “derecha” como ellos llaman.

Y es que al revisar el perfil de algunos de los ganadores a cargos tanto como la gobernación o la alcaldía se da un fenómeno curioso de ser personas sin partido que han postulado con una sigla prestada y han ganado (caso MTS en Beni y Pando) o a nuevos y viejos actores que han dado un salto en la política regional creando o militando para otro partido (caso Reyes Villa, Arias y Copa) logrando una victoria aplastante con nuevos partidos.

El caso de Eva Copa se ha replicado por todo el país, siendo que, disidentes del MAS han ganado varios cargos, son estos disidentes los que han tomado por “sorpresa” al MAS ya que algunos ya fueron alcaldes (casos como el de la ganadora en Cobija) que han logrado conquistar el voto del pueblo.

Entonces ¿porque el MAS no ha logrado consolidar su hegemonía nacional en estas elecciones sub nacionales? Podemos suponer por ejemplo el hecho del “dedazo” o las roscas de poder dentro del MAS, pero, por qué realmente el MAS no se consolida a nivel sub nacional es debido a que es un partido muy grande a nivel nacional al cual solo lo une la causa de las elecciones nacionales.

En cambio, las elecciones subnacionales genera fricciones en el MAS debido a quienes son los candidatos por cada alcaldía y gobernación, estas fricciones generan disidentes en el MAS, esos disidentes son los que ahora están peleando por la segunda vuelta o en el mejor de los casos han ganado las elecciones.

El MAS es un partido que se articula por intereses nacionales, pero no lo hace por intereses regionales, en cambio, se distancia de sí mismo por estos intereses regionales en los cuales no logran crear liderazgos fuertes regionales que terminan por alejar nuevamente al MAS de las gobernaciones y de las alcaldías de ciudades principales.

Estos candidatos propuestos por el MAS no logran empatizar con el electorado de las ciudades principales, estos al perder terminan por generar un rechazo mayor al MAS con declaraciones como las del candidato Cesar Dockweiler generan aún más rechazo al MAS que hacen sentir a la población paceña insultada.

Por último, la percepción que se tiene ahora dentro del mismo MAS por el resultado de estas nuevas elecciones que al parecer ha sido un trago amargo o un balde de agua fría tras la victoria en las elecciones de 2020, el hecho de que se hable de que “rueden cabezas” dentro de este partido debe ser un hecho que se debe observar detenidamente ya que darse el caso realmente rueden cabezas o no estaríamos viendo la consolidación o el principio de la decadencia del MAS.

No voy a comparar rendimientos electorales entre una elección presidencial y otra subnacional, no es el objetivo aquí porque metodológicamente no es correcto y luego en términos del análisis no es apropiado, salvo que se quiera simplemente opinar que es legítimo, pero no analizar.

El efecto político entre esas dos elecciones es el que me llama la atención. Por un lado, en el bloque antimasista, la derrota electoral que sufrieron en la elección general se tradujo también en una derrota moral del electorado. En ese contexto quien se suponía debía re-encauzar las aguas opositoras y tomar la iniciativa política proactiva, no reactiva, era CC y Carlos Mesa, pero está visto a día de hoy que el señor Mesa es vehemente y emotivo solamente cuando se tocan sus intereses y no los de la nación; recuérdese por ejemplo sus discursos por el caso Quiborax y cuando dejaron una citación judicial en su domicilio mientras estaba de viaje.

Este vacío del centro político (de centro derecha) provocó que el electorado antimasista encontrara refugio en la derecha, de ahí tenemos como resultado esquemáticamente hablando a los siguientes líderes locales y regionales más relevantes: Poppe de Sucre en la extrema derecha, Camacho con un pie en una derecha regionalista y un populismo de derecha, y Manfred junto con Iván Árias en el cuadrante del populismo de derechas.

Al frente, lo que tenemos es la siguiente conformación, un MAS que llegó cohesionado a la elección de octubre del año pasado y que después de esa victoria electoral decide abrir la competencia interna por la posición de los actores entre la dirigencia partidaria (el evismo) y las bases sociales que componen ese partido. Ojo que esta dinámica es de ida y vuelta. Esa competencia interna se vió reflejada en las posiciones que ocuparon las candidaturas del MAS en las elecciones subnacionales, en las que salieron al frente algunas disidencias locales en municipios que terminaron encontrando un canal de salida en otras siglas partidarias que se encuentran muy cerca del masismo y nunca cruzando la línea a la derecha.

Tenemos entonces los dos bloques de masismo y antimasismo claramente diferenciado y que están devolviéndonos lentamente a la polarización social y posiblemente política en los siguientes años. No es aún polarización política en el caso de las subnacionales porque no existen líderes regionales fuertes como lo eran aquellos que congregaban lo que se conocía en su momento como la media luna, ahí solamente el señor Camacho es la figura más descollante frente al resto de gobernaciones en las que están presentes perfectos desconocidos; este no es un dato menor porque da cuenta de la limitación práctica del antimasismo partidario para fungir como dique de contención al gobierno nacional o como oposición efectiva. Más parece que la oposición efectiva al actual gobierno volverá a instalarse en las calles como lo fue desde el 2016.

En esta suerte de recomposición del campo político masista y antimasista entramos ahora sí de lleno a la transición política que al parecer estará fuertemente determinada por la variable económica, porque tanto las gobernaciones como los municipios saben que sin ser fuertes políticamente como bloque, necesitan del gobierno nacional, y ahí la negociación por separado de estas regiones y municipios es lo más importante con el nivel central del Estado, aquello le permitirá a este último mantenerlos a raya para seguir determinando el curso de la política en lo venidero, sin dejar de echarle un vistazo a la calle porque lo más previsible es que hacia el 2025 algo emerja efectivamente desde ahí con una fuerza extrema; ya no desde el centro político, que posiblemente seguirá vacío.

Ha causado profundo pesar la tragedia producida en la UPEA con la trágica muerte de 7 jóvenes universitarios, incluyendo el morbo con el que se han reproducido los hechos en varios medios y las RRSS, aunque eso permite hacerse una idea cercana de lo ocurrido y, por tanto, aproximarse a analizar si estamos ante un delito o un hecho fortuito.

Si bien es natural que la reacción usual de las personas y peor de los allegados de las víctimas sea la de buscar culpables, mejor si son inmediatamente detenidos y sometidos al escarnio público; un estado sujeto al imperio del derecho y su administración de justicia, no deberían sucumbir ante ese clamor popular, pues como recomienda ZAFFARONI -en sus buenos tiempos- tratándose del Derecho Penal:”…ante todo prudencia, cautela en el uso del poder represivo, mucha cautela”. 

No se trata entonces ante ese luctuoso hecho de meterle no más y hacer aparecer como sea delitos, detenidos y posibles futuros culpables, sólo para contentar al soberano: ¿La muerte de esos jóvenes será un delito o un hecho fortuito?

Centrándome sólo en la muerte de las 7 víctimas, encuentro sumamente discutible que los dirigentes universitarios que convocaron a esa asamblea –incluso, bajo amenazas, lo que llevaría a delitos diferentes- terminen imputados y hasta detenidos por homicidio culposo y lesiones graves. Tratándose del primero de esos delitos, ocurre que el Código Penal describe esa conducta cuando una persona causa la muerte de otra por culpa -no por dolo-, lo que ocurre cuando no se observa el cuidado al que está el agente obligado según sus circunstancias y condiciones personales y, por ello no toma conciencia que realiza el tipo penal o toma como posible su realización y no obstante tal previsión, lo realiza con la confianza que evitará el resultado. Un ejemplo de manual de esos delitos, son el homicidio en accidente de tránsito; la muerte de un paciente en la sala de operaciones, por un error cometido por el cirujano o la muerte producida por un disparo accidental.

En el caso y aprovechando que pudimos ver el mismo momento de los hechos y enterarnos de sus circunstancias –incluyendo las presiones para que vayan a la asamblea en plena pandemia- no parece que los dirigentes, sean directos responsables de lo ocurrido puesto que el tumulto que antecedió al resultado no fue directamente causado por ellos y, menos estaban en condiciones de evitarlo, en ese mismo momento. 

Por supuesto además que cabría considerar si cualquier baranda –metálica o de otro material- hubiera estado en condiciones de soportar la tremenda presión causada por la concentración de esos jóvenes en esos momentos y sus forcejeos instantes previos a los hechos, pero de ahí, endilgarles así sea en términos provisionales responsabilidad en un homicidio culposo, parece una arbitrariedad dirigida a contentar el clamor popular que pulveriza el Debido Proceso en términos de razonabilidad, prohibición de arbitrariedad y exigencia de proporcionalidad.

No obstante, podría la acusación pública y con el filtro que los jueces debieran necesariamente aplicar, explorar otro tipo de delitos que surgen de haber convocado, por lo que se sabe con amenazas y presiones de por medio a esa asamblea obligatoria en plena pandemia y distancia social; si es verdad lo denunciado por una estudiante, respecto de la venta delictiva de becas y beneficios por parte de esa dirigencia y otras cuestiones que sí parecen delictivas, aunque distan mucho de la actual calificación realizada por los Fiscales y aceptada por el Juez, al extremo que decidió su detención preventiva, lo que implica que la teoría del caso desplegada por la acusación tuvo que necesariamente superar el juicio así sea provisional de mérito de la imputación: ¿Habrían indicios suficientes para considerarles como posibles autores de esos delitos? 

Existe un grave riesgo para todos, cuando los fiscales y los jueces sucumben ante el clamor popular sólo para contentar al soberano e intentar calmar o distraer la indignación pública surgida por tan tristes hechos, puesto que la seguridad jurídica de los ciudadanos no estaría asegurada por sus principales garantes y obligados. Recurrir para todo al Derecho Penal sin que sus diques de contención funcionen siquiera en términos regulares, suele terminar en re victimización pero no produce justicia, que es lo que todos en definitiva anhelamos, lo que no necesariamente se logra a través de la punibilidad desbocada. Por eso, el Maestro ROXIN había sentenciado: “Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también, del Derecho Penal.”
 

No es extraño escuchar la alegre expresión -“hasta que por fin parió la burra”- cuando algo que parecía muy difícil de conseguir o que entrañaba mucho tiempo de espera, finalmente se logra. Éste parece ser el caso, en lo que hace a la producción de combustibles renovables, en Bolivia. En efecto, el esperado anuncio del gobierno, de que el país ingresará a la producción de biodiésel renovable, fue bien recibido por quienes proponían desde hace muchísimo tiempo tal posibilidad (“Bolivia, pionera en la producción de diésel renovable en América Latina”, Boletín No. 20, YPFB, 3.03.2021).

Y es que, de un tiempo a esta parte, el continuo crecimiento de la economía, la ampliación de la clase media, el incesante aumento del parque automotor y el alza del consumo de diésel, sumado a la declinación de su producción en el país, hizo que Bolivia se torne altamente dependiente del diésel extranjero.

Según datos del INE, entre 2005 y el 2019 (se descarta comparar con el 2020 por ser un año anormal) la importación de diésel subió casi 5 veces en valor y más de 4 veces en volumen. En 2005 gastábamos 190 millones de dólares para importar unos 350 millones de litros de diésel, pero su compra fue marcando sucesivos récords hasta un pico de 913 millones de dólares por poco más de 1.400 millones de litros en 2019. De hecho, el diésel es hoy el primer producto de importación en el país, seguido de otro combustible negro -la gasolina- motivando ello en 2018 un Programa para producir bioetanol a partir de caña de azúcar y sorgo, algo que se está haciendo desde entonces.

¿Cuál es la razón para que después de tanto tiempo Bolivia entre en la “Era de los Biocombustibles” pasando por alto a los agoreros que se oponían? La razón es económica. Entre 2006 y 2020, el país quemó más de 12.000 millones de dólares importando diésel (9.338 millones) y gasolina (2.836 millones). Por tanto, buena la decisión de apostar por los biocombustibles para impedir que las RIN del BCB sigan cayendo, y que haya una mayor presión sobre el tipo de cambio.

En todo caso, más allá de esta urgencia existen muchísimas razones valederas para respaldar, como positiva, la producción de bioetanol y biodiésel en el país.

CAINCO e IBCE publicaron en 2008 un estudio de 400 páginas titulado “Biocombustibles Sostenibles en Bolivia”, elaborado por una docena de reconocidos profesionales en el campo energético, socioeconómico, ambiental y legal; respaldado, además, por 15 Foros con la sociedad civil en todo el país, para desnudar la falacia dicotómica de aquella leyenda urbana que planteaba alimentos o biocombustibles, cuando la conclusión demostrada fue al revés: mientras más biocombustibles produzca Bolivia, dispondrá de más alimentos.
 
Entre las ventajas de producir biocombustibles -ecológicos o combustibles verdes- están: prevenir una crisis energética; crear centenares de miles de empleos a lo largo de la vasta cadena de valor; ser más amigables con el medio ambiente por la menor emisión de gases de efecto invernadero, pero además, por la captura de dióxido de carbono y la emisión de oxígeno en los cultivos a ser utilizados; su mejor calidad; y, algo impensable para el caso del biodiésel, el recuperar tierras degradadas, ya que la jatropha (piñón), como materia prima, se puede cultivar en tierras áridas, semidesérticas o impactadas (a lo que se sumará la reutilización de aceites usados y grasas animales).
 
La inversión de 250 millones de dólares en una planta a instalarse en Santa Cruz, con capacidad de generar 1,4 millones de litros/día de biodiésel, podría significar unos 500 millones de litros/año y conllevar un ahorro de varios cientos de millones de dólares por la sustitución de diésel fósil importado; ojalá haya incentivos para producir más desde el sector privado, dado que el consumo de diésel en Bolivia supera los 2.000 millones de litros anuales, siendo de muy lejos el principal consumidor y beneficiario de la subvención, el transporte público, y no la agropecuaria como muchos erróneamente afirman.

Producir biocombustibles económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables es posible. Si Bolivia igualmente entrara de lleno en la “Era de la Biotecnología” para aumentar la productividad y bajar los costos de producción en ciertos cultivos agrícolas, dadas las enormes inversiones que ello implicaría, la economía podría crecer a tasas del 7% o más. Quien diga que eso es imposible, debería saber que entre los años ´50 y ´70 el PIB boliviano creció cinco veces por encima del 7%, y en dos ocasiones, llegó casi al 8%. ¡Si entonces se pudo, ahora, mucho más!