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Foto: CorteIDH junto al Secretario General de la OEA Luis Almagro en ocasión del juramento de un Juez

En primer término, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)  es una instancia diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede y funciones muy distintas, mientras que la CorteIDH es un órgano autónomo que ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, fundamentalmente resuelve casos contenciosos y tiene sede en San José (Costa Rica), la segunda NO es un órgano jurisdiccional, ejerce funciones de promoción y defensa de los derecho humanos (es decir, NO JUZGA) y tiene su sede en Washington DC (EEUU).  La mayor parte de los países de la Región (más de 25) han reconocido la competencia de la CIDH pero sólo un poco más de una veintena reconocen la competencia de la Corte. Por ejemplo, ni Canadá ni Estados Unidos reconocen la competencia de ninguna de estas dos instancias

La CorteIDH tiene además de su función jurisdiccional contenciosa, otra de carácter consultivo que consiste en interpretar la Convención Americana sobre Derechos del Hombre o Pacto de San José,   bajo el denominativo de Opinión Consultiva (OC). 

En ese marco, el 21 de octubre de 2019 la República de Colombia presentó a la Corte-IDH una solicitud de Opinión Consultiva acerca de “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Consecuentemente, el 13 de agosto de 2021  el Estado boliviano fue notificado con la Opinión Consultiva OC-28/21 de la CorteIDH que decidió por 5 votos a favor y 2 en contra que, de acuerdo a la interpretación de la Corte, la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencialista NO es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con un reconocimiento normativo en la Convención ni de otros tratados de derechos humanos; que los principios de la democracia representativa incluyen la periodicidad de elecciones, el pluralismo político y la prohibición de que una persona se perpetúe en el poder. Asimismo, estableció que, se debe garantizar la alternancia y la separación de poderes, que estaría en riesgo si se permite esta situación y, por tanto, prohibir la reelección indefinida no es contraria a la Convención, pero debe ser establecida en una Ley. 

A partir de ello, debe aclararse que, la OC no resuelve un caso contencioso contra Bolivia ni contra ningún país, ni contra una o varias personas, es una decisión general, abstracta, una interpretación de la Convención que busca ante todo promover un diálogo no litigioso, que sirve de referencia a los países de la Región en el marco de los derechos humanos.

Por esto, la OC no establece plazos ni sanciones contra nadie ni contra ningún país. No corresponde. Si se solicitó la opinión o una interpretación de la Convención, es que se tienen dudas sobre su interpretación, por tanto, resulta absurdo, entender que sea la base para un proceso o para establecer responsabilidades. Bajo estas mismas consideraciones, la OC tampoco es retroactiva, sus efectos son a posteriori, por eso no puede considerar un proceso contra alguien que interpretó antes de manera diferente.

En el caso de Bolivia, esta armonización ya habría sido resuelta con la Ley 1266 de convocatoria a las elecciones de 2020 donde se establece que no habrá reelección indefinida. 

Es pertinente señalar también que la OC deja muchas dudas en varios temas, por ejemplo, al ser una decisión muy específica que sólo analiza la figura de la “reelección presidencial indefinida” en un Sistema Presidencial, no queda claro si la “reelección presidencial” no indefinida es un derecho humano, ni tampoco si la “relección presidencial indefinida” se aplica a otros sistemas políticos como el Sistema Parlamentario. Consecuentemente, se desconoce en qué quedaría la Sentencia  Constitucional 084/2017 , pues al referirse la OC sólo a la figura presidencial, sería parcialmente correcta la interpretación del TCP para los cargos de Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes y otras autoridades reelegibles no presidenciales.

Por otra parte, es muy importante aclarar que si bien la OC manifestó que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas por un régimen autoritario”, en ningún caso esta afirmación significa la justificación de un golpe de estado o de una ruptura constitucional sólo fue la interpretación actual de la Corte de algunas democracias en la Región.

En tal sentido, dado que la OC no es una mera opinión, es acertada la decisión de remitir la OC al Tribunal Constitucional Plurinacional que establezca el alcance de la misma, su vinculatoriedad, que permita luego la adecuación, armonización y adaptación de la normativa jurídica boliviana acorde a los fundamentos que se establecen y en el marco de nuestra Constitución Política del Estado. .

Por último, merecen destacarse los dos votos disidentes que entre otras consideraciones manifiestan que: el país que presentó la Opinión (Colombia) no tenía un interés propio sólo un afán político, este tema precisamente originó el conflicto institucional en Bolivia, por lo cual la Corte debió rechazarlo (Zaffaroni), el derecho a la reelección también debió ser analizado como el derecho de los pueblos a elegir, sin que la Corte pudiera restringirlo. En el voto de Pazmiño, se fundamenta que la Corte debió rechazar el análisis de esta Opinión porque existen casos contenciosos pendientes, como lo hizo en otros casos similares. Intervenir en un caso puede significar afectar el el principio de soberanía y de no injerencia en asuntos internos de los Estados.

Cabe esperar el profundo y detallado análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional sobe esta decisión que nos permita tener claridad del alcance de la OC y evite el manejo político y mediático de un tema tan delicado que afecta al pueblo boliviano. 

La crisis económica y sanitaria generada por el surgimiento y expansión del COVID – 19 afecto tanto el comercio interno de hoja de coca en Bolivia, como el abastecimiento normal de esta planta en el Norte de Argentina (NOA), especialmente el tiempo que duró la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Uno de los efectos que trajo consigo la pandemia fue el incremento del precio de la coca, llegando a costar el cuarto kilo de hoja común (ni siquiera hoja de primera calidad) hasta 4000 Pesos argentinos (45 Sus). Esto propició a que las provincias del norte argentino debatieran formas de importar legalmente este recurso natural mediante algunas propuestas de ley. La Primera que implicó la posibilidad de producción local de coca en Argentina y una segunda propuesta que habló sobre la ampliación del Artículo 15 de la LEY 23.737 ¹.

Ricardo Abduca, Ph.D en antropología, menciona que en la Republica de Argentina (a excepción de algunos años) el coqueo siempre fue legal. A pesar de que el gobierno argentino firmo la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas como los demás países andinos, en 1976 se cristalizaron leyes de importación de coca mediante convenios firmados con Bolivia entre Gobierno Argentino y la Sociedad Propietaria de Yungas para abastecer al NOA con coca de hacienda boliviana de primera calidad². “Nuevos intentos tibios de acuerdos bilaterales se darían muchos años después, poco antes del gobierno de Evo Morales y durante el mismo, pero hasta la fecha sin resultado”.  La coca. Tradición y modernidad del acullico en Argentina. Abduca y Metaal (2019).

A partir de la Ley General de La Coca 906  y el Decreto Supremo 3318 que la reglamenta,  nace en 2017 la modalidad de la comercialización controlada desde los centros de producción, mercados hasta los centros de consumo al detalle. 

LA RUTA DE LA COCA DE BOLIVIA AL NORTE ARGENTINO

El mercado argentino demanda hoja grande, es un mercado muy exigente con la calidad, nos cuenta el productor cocalero Aurelio. D, quien resalta la existencia de hasta cuatro calidades de hoja de coca para el uso natural; la coca elegida es de primera calidad y se va directamente al NOA, esta es tratada por kilo y no por libra, luego están la coca de segunda, de tercera y hasta de cuarta seleccionadas por su tamaño, originalidad y color.

Abduca recalca que: aunque casi todo el mundo cree que la coca del chapare es de mala calidad al contrario de la de los yungas, hay muchas excepciones al respecto, yo he mostrado a gente experta que también hay coca elegida cochabambina, y es una hoja grande. Así que los dos sectores tienen el potencial de no quedarse afuera.

Fuentes productoras indican que aproximadamente el 25% del volumen de producción de coca expresado en toneladas se produce en los yungas de La Paz y está destinado al mercado argentino.

COMERCIALIZACIÓN DE LA COCA EN PANDEMIA

Durante la pandemia, la coca ha sido parte de la medicina alternativa que los hermanos hemos ido usando. Menciona Aurelio.D, y agrega: más allá de los protocolos que nos marcan las autoridades en la gestión de la salud pública, nosotros los productores y los propios consumidores hemos logrado mitigar los resultados nefastos del COVID – 19 mediante este consumo.  

Aurelio menciona que uno de los problemas más fuertes para la circulación local de hoja de coca en Bolivia durante la pandemia, fueron las políticas de interdicción hacia el cocalero que repercutieron directamente en la interdicción hacia la coca en su estado natural, en un contexto en el que Bolivia vivía bajo el mando de gobierno (de facto) transitorio. 

Si bien la comercialización de hoja de coca fue difícil en las fronteras, la necesidad por alimento y medicina apetecían en el norte argentino. Aurelio relata que en esa época en la ciudad de Santa Cruz la libra de coca llegó a costar hasta 150 bs. Había mucha desesperación durante la pandemia, nosotros como productores no queremos que la coca se constituya en un privilegio sólo para los que tienen un ingreso alto. Concluye.

La frontera boliviana con la Quiaca argentina, presenta una de las principales rutas de comercialización de hoja de coca, la mayor parte de su población son comerciantes de hoja de coca quienes se denominan “Cocanis”. 

En esta ciudad frotenriza localizada en Bolivia, se encuentran fácilmente las tres variedades de coca; el costo por kilogramo de hoja de coca común, oscila entre los 115 bs. Y 120 bs., la hojeada esta entre 140 y 160 bs. y la elegida cuesta 200 bs. 

También se vende coca machucada en bolsas pequeñas que cuestan 10 bolivianos, quienes mayormente la consumen son transportistas bolivianos y argentinos, el ingreso de la coca machucada es reciente ya que antes no se vendía mucho, comenta Marta, otra cocani de la zona, que vende coca yungueña. 

Desde la crisis sanitaria por la pandemia en marzo del 2020, Bolivia se tropezó con grandes dificultades para exportar productos a la Argentina, si bien es legal llevar coca a la Argentina hasta 1 kilogramo, llevar más de lo permitido puede significar una detención por parte de los gendarmes; en palabras de un cocani de la zona: la primera vez te quitan tu mercadería, la segunda vez te quitan la mercadería y puedes ir a la cárcel hasta 6 meses dependiendo cuantos kilos estas llevando y la tercera vez te quitan la mercadería y ya te vetan del país, es decir, si vuelven a encontrare la sanción es con más años en la cárcel. 

El precio de la hoja de coca en Jujuy por kilogramo, cuenta Lucy; cuesta a 2300 pesos argentinos (180,11bs; 26 Sus) la coca común, la hojeada 2800 pesos argentinos (219,26bs;31,72 SUs) y la elegida cuesta arriba de 3800 pesos argentinos (297,57bs.;43,06 Sus). Sin embargo, en Buenos Aires un kilogramo de hoja de coca puede llegar a costar 5800 pesos argentinos (454,22bs; 65,72 Sus). 

HOJA DE COCA Y PERSPECTVAS DE MERCADO LEGAL CON ARGENTINA 

Durante la pandemia, uno de los principales problemas del desabastecimiento de la planta en Argentina se dio por las incautaciones en el NOA, cosa que ha generado sobre precios para la coca. Es preciso recalcar que no se han encontrado denuncias de fabricación ilícita de drogas por esos sectores y tampoco se conocen datos estadísticos oficiales que demuestren que la hoja de coca internada en Argentina tenga fines ilícitos, es claro que las dinámicas comerciales de la coca en la frontera entre Bolivia y Argentina brindan oportunidades de trabajo que hoy por falta de normativas claras sobre exportación en Bolivia, o falta de diálogo entre ambos países llegan a materializarse.  

Los caminos, oportunidades y desafíos que tiene ahora Bolivia ante esta realidad es solicitar una revisión crítica a la OMS para pedir la reclasificación de la hoja de coca; o facilitar acuerdos y tratados Inter Se para generar canales de comercio internacional de coca mediante un acuerdo bilateral entre Bolivia y Argentina. Argentina ya está explorando esas posibilidades, no olvidemos que a nivel regional Perú es quien lidera el mercado de exportación de coca y Colombia que a pesar de su precaria legislación, ha generado grandes avances en su industria a pesar de estar hoy en pleno debate sobre la aplicabilidad del programa de aspersión aérea; que a pesar de haber sido suspendido en 2015 hoy amenaza con retornar sin tomar en cuenta los numerosos antecedentes generados en la salud de su población, el medio ambiente y las formas de vida.

Es una buena oportunidad para Bolivia de iniciar esta nueva gestión democrática con visión a futuro y con objetivos en común que generen unidad en sus comunidades.   

^{1 “ La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”. Artículo 15 de la LEY 23.737 (promulgada en 1989), sobre TENENCIA Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES}

^{2 Los dos países habían firmado en 1947 un tratado bilateral destinado expresamente a regular el comercio de hoja de coca. Sus contrapartes fueron un ente estatal de comercio exterior argentino, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y una corporación de productores bolivianos de la Sociedad de Productores de Yungas. Se acordó 1) que se iban a comprar quinientas toneladas anuales de modo regular: mínimo 40.000 kg. por mes; 2) que fuera de primera calidad: coca “de hacienda”; 3) que la parte boliviana iba a hacer envases especiales para dicha exportación. La coca. Tradición y modernidad del acullico en Argentina. ABDUCA Y METAAL. 2019.}

ANEXOS 

Imagen1.- Takes o bultos de coca recién llegados al mercado de ADEPCOCA  en la Ciudad de La Paz- Autor: Nicolás Azcarrunz

Imagen 2.- Camiones que entran de Argentina a Bolivia con mercadería legal. Avenida República de Argentina. 
Autor: Alvaro Aguilar
 

Imagen 3.- Quebrada “1ro de Mayo” en la localidad de Villazón. Flujo comercial de abarrotes y material de construcción. 
Autor: Alvaro Aguilar

Fotografía 4. Puesto de venta de hoja de coca cerca de la quebrada “1ro de Mayo” en la localidad de Villazón. 

Fotografia 5. Takes de hoja de coca para la venta en el mercado central de la localidad de Villazón. 

Fotografía 6. Otras maneras de comprar hoja de coca, más industrializada, en los puestos de venta de hoja de coca en el mercado central de Villazón.

Cada 6 de Agosto se recuerda el Día de la Independencia proclamada en 1825, dando lugar a la República Bolívar, nombre ideado en homenaje al Libertador Simón Bolívar, artífice de su emancipación con otro gran militar, Antonio José de Sucre. ¿De dónde sale, entonces, el nombre de Bolivia? Ocurre que a los pocos meses de su creación, la propuesta del Presbítero Manuel Martín Cruz -"Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, Bolivia"- fue aceptada por la Asamblea Deliberante y pasó a llamarse así el 3 de octubre de 1825 (“La República de Bolivia”, Jorge Mier Hoffman). Con toda seguridad, el Libertador se sintió muy feliz por ello.

Pero…¿qué diría Bolívar si pudiera ver cómo está su Bolivia amada, el día de hoy? ¿Se sentiría satisfecho de nuestros logros y grandezas, como también, nuestros fracasos y miserias? ¿Qué diría -parafraseándolo- de “su pequeña pero valiente Bolivia, su hija predilecta, la más aparente débil de sus creaciones, pero grande en sus orígenes de lucha”?

Bolívar recordaría que el país nació con 2.363.769 km2 y lamentaría ver que hoy tiene apenas 1.098.581 km2 siendo que perdió más de la mitad de su territorio.

Respecto a la población que por aquel entonces bordeaba el millón de personas, le alegraría saber que según proyecciones del INE somos cerca de 12 millones pero seguramente preguntaría por qué tantos bolivianos viven en el exterior, muchos trabajando en condiciones infrahumanas, aunque gracias a ello el país recibe cada año más de 1.000 millones de dólares en remesas que llegan en apoyo a sus familiares.

En cuanto a nuestra magnitud económica, se informaría que el PIB, en términos nominales, registró a un máximo histórico de 41.193 millones de dólares en 2019, con una caída cercana al 9% del PIB real en 2020, por la pandemia; entonces consultaría si Bolivia brilla aún con luz propia, como en sus tiempos, cuando el mundo se fijaba en nosotros y hasta se había acuñado la frase “vale un Potosí”.

Con seguridad le gustaría saber de qué vive hoy el país, siendo que en su tiempo prácticamente dependía solo de la minería; le llamaría la atención que el mayor aporte sea Servicios de la Administración Pública con casi 17% del PIB, seguido del Sector Agropecuario, con 12%; el Sector Financiero con 11% y la Industria Manufacturera con cerca del 11%, configurando un 50% del PIB el año 2019.

Recordaría que por aquel entonces Bolivia destacaba en el planeta como el principal exportador de oro y plata, y seguro estoy que le maravillaría saber que su querida Bolivia no solo exporta hoy unos pocos minerales e hidrocarburos, sino que el 26% de las ventas totales se debe a cientos de productos y que no solo se autoabastece por el esfuerzo de sus productores agrícolas, pecuarios y agroindustriales, sino que genera excedentes por cerca de 3 millones de toneladas para alimentar a millones de personas en todo el orbe.

Naturalmente, se entristecería a la hora de enterarse de la pobreza que aún existe en el país, así como de la disparidad del ingreso; las deficiencias en salud y educación; la altísima informalidad y la desocupación, y cuestionaría: ¿Por qué un país con más de un millón de kilómetros cuadrados; con todos los pisos ecológicos, climas y microclimas; con un gran acervo de recursos naturales (minerales, hidrocarburos, tierras, bosques, agua dulce, aire sin contaminar); siendo una de las naciones con mayor biodiversidad del mundo; con infinitas posibilidades de desarrollo para el turismo por su ubicación envidiable como el Corazón del Sur, aprovechable también para efectos del comercio de servicios; con trabajadores laboriosos y con capacidad de adaptación, como son los bolivianos…por qué no ha crecido y desarrollado mucho más, tal como los tigres asiáticos?

Viendo la Bolivia de hoy -confrontada, sin paz ni armonía, sin unidad ni hermandad- el Libertador lloraría…

“¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado de libertad”, dijo Bolívar. Bolivia solo será libre cuando se reconcilie, cuando deje atrás el odio y tenga a Dios por delante...
 

Como parte de los fastos por el 196 aniversario de Bolivia, me refiero a los realizados en su sede natural y constitucional (a diferencia de los que, para variar, nuevamente se pasaron por el forro la CPE), con bombos y sonajas incluyendo el discurso de circunstancia del Alcalde de Sucre se ha procedido a la muy eufemísticamente denominada “entrega” o “reposición” del escudo del Cuartel de San Francisco. Recordemos que hace unos meses, a algún uniformado y vaya uno a saber porque (muchos lo sospechamos) se le ocurrió demoler ese escudo y cuando fue pillado in fraganti y se armó la grande, se pretendió justificar que estaba deteriorado, etc. 

Que yo sepa, de estar ocurriendo tal deterioro y dada la naturaleza patrimonial del escudo, era ineludible realizar previamente un trámite de autorización ante el PRAHS u otra repartición competente, cuyos técnicos hubieran autorizado previo análisis técnico y seguramente histórico, el arreglo y no, meterle no más. Para rematar, semanas después, a otro se le ocurrió pintar de dorado la escultura a la heroína Juana Azurduy.

Dada la naturaleza de esos bienes patrimoniales, esos hechos tendrían entidad penal, pues el 223 del CP castiga a quienes deterioren un bien perteneciente al dominio público, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional; pero por lo visto, no sólo no se habría iniciado alguna investigación penal siquiera, sino en el primer caso, hasta se ha entregado el arreglo del daño, con show oficial de por medio, incluyendo discursos de servidores públicos encargados de cuidar ese patrimonio, etc. 

Resulta imposible a la vista de esos hechos evidentes, pensar en cómo se sentirán dos personas detenidas preventivamente en la cárcel de San Roque de Sucre, en parte por hechos alguito similares (otra está con detención domiciliaria), imputados por –entre otros- haber pintarrajeado el edificio de la Fiscalía General que si bien no alcanza la categoría de patrimonio histórico, es un bien público. A diferencia de aquellos hechos, en este, el Ministerio Público y la Policía han desatado una serie de operativos en el interior del país para traer aprehendidos a los supuestos autores –uno de ellos golpeado y luego sometido a una audiencia cautelar que por su estado de salud constituye trato cruel, inhumano y degradante- ante un juez cautelar, cuya competencia apareció extrañamente, cambiando la de la Juez que ya la había prevenido y otras linduras…                    

Esos ejemplos y muchos otros harto evidentes que podrían seguir citándose, recuerdan aquella tristemente célebre del dictador Banzer: “Al amigo, todo; al indiferente, nada; y al enemigo, palo.”. Resumen de manera evidente aquella lógica que algo más elaborada vino de Carl Schmitt el ideólogo del nacismo, que propugno discriminar al amigo del enemigo del estado y con las que paulatinamente se formuló el NO derecho, apodado como el derecho penal del enemigo, cuya idea central se funda en tratar –sin el menor éxito- de justificar un rato diferente, discriminatorio, al “enemigo” del estado (léase gobierno), en contraposición al “amigo”; palo en palabras del difunto tirano.

Y es que a la luz de los interesantes conocimientos que brinda la ciencia del Derecho que no siempre suelen ser profundizados por sus ejecutores, algunos bastante rústicos por cierto, ocurre que la aplicación mecánica de las leyes sin los necesarios ingredientes de justicia, equidad, proporcionalidad, objetividad o siquiera sentido común que permiten huir de actos arbitrarios e irrazonables, parecen estar convirtiéndose no en la excepción sino en la regla, tratándose de aquellos casos que interesan al poder partidario que tiene cautivo al sistema de justicia, cuando se trata de sus intereses, sus amigos o sus enemigos. Injusto fuera de mi parte generalizar, pero en éste tipo de procesos, la receta y la sentencia, está ya emitida por adelantado y no depende del Derecho, sino del NO derecho del enemigo que trata de manera diferente a las personas, en función a la perversa lógica del amigo/enemigo. El Maestro español MUÑOZ CONDE ya lo había alertado: “El derecho penal del enemigo corre el riesgo de generalizarse y de convertirse en la regla que inspire la actuación de los órganos encargados de la aplicación del Derecho Penal”.       
 

“El hábito no hace al monje” -dice el adagio- dando a entender que no es lo externo, sino lo interior, lo que cuenta en una persona. Así las cosas, no es el vestir “fashion” lo que da valor a la gente ya que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda... Lo que dice bien de alguien, no es su apariencia, sino, su carácter, su forma de ser y la coherencia entre lo que predica y practica…

Un reciente acto de corte académico-productivo llevado a cabo en La Paz, Bolivia, causó un revuelo periodístico. En medio de tantas malas noticias que se repiten a diario por la pandemia del COVID-19 y la difícil situación económica, los principales medios de comunicación del país ofrecieron inusuales titulares como: “Los Ponchos Rojos y empresarios del oriente se abrazan y fijan pasantías” (PÁGINA SIETE); “Ponchos Rojos y empresarios de la CAO en Achacachi sellan pacto por el desarrollo productivo nacional” (INNOVAPRESS); “CAO y productores 'ponchos rojos' estrechan lazos y acuerdan transferencia tecnológica para fortalecer la agricultura en Achacachi” (EL DEBER); “Ponchos Rojos de Achacachi compartieron un apthapi con sus visitantes del agro cruceño” (UNITEL); “Empresarios del oriente y Ponchos Rojos se abrazan y firman acuerdo en Achacachi” (ATB), entre otros. Hasta aquí, la dicha de ver a dos realidades distintas hablando el mismo idioma; a los diversos, aceptándose como tales; a los que quieren un mejor futuro para sus hijos, comprometiéndose a ayudarse.

Pero -de pronto- la bronca ante la inexplicable reacción de ciertos dirigentes del lugar, arrogándose el derecho de decidir lo que está bien o mal, en este caso, que los Ponchos Rojos no están para prestarse a “juegos políticos” ni “aventuras personales”, cuando de forma pública, impúdica, aviesa y ofensiva, eso es exactamente lo que hacen, abusivamente.

¿Cómo entender que el “uso del poncho” tenga mayor valor que el acuerdo de cooperación firmado entre el Rector del Instituto Tecnológico Jach’a Omasuyos, Guillermo Villavicencio, y el Presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, para que los estudiantes de dicha repartición se beneficien con pasantías en Santa Cruz, en el Departamento productor de alimentos por excelencia en el país? ¿Vestir un poncho vale más que la complementación de experiencias y saberes, para que el resultado el día de mañana sea la mejora de la calidad de vida de los productores del Altiplano, gracias a la transferencia tecnológica prometida desde el Oriente? (“Ponchos Rojos piden la renuncia del Rector que firmó acuerdo con empresarios del oriente”, ERBOL, 30.06.2021).

Una verdadera lástima que haya dirigentes de tal nivel, con una mirada tan miope y una actitud tan torpe, reclamando que se hubiera regalado ponchos rojos a los dirigentes de la CAO pasando por alto que éstos les dieron en reciprocidad el emblemático “sombrero de saó” y ¡nadie se rasgó las vestiduras por dicha causa!

¿O es que, el poncho de Occidente vale más que el sombrero del Oriente?

¡Cuánta mezquindad y cuán poca visión la de ciertas personas para quienes los argumentos no valen, pero sí el chicote que siempre llevan consigo, con el que amenazan y cuántas veces agreden a quienes piensan diferente a ellos!

Lo acontecido en Achacachi debería entenderse como una señal de buena voluntad del agro cruceño hacia sus pares de Occidente, en el afán de complementar esfuerzos como “una señal muy potente que se lanza en una sociedad, que, hay que decirlo así, lamentablemente se encuentra fracturada y muchas veces partida en dos, por cuestiones ideológico-políticas”; y, como en toda relación de conflicto o de quiebre “alguien debe dar el primer paso”, en este caso “ha sido el oriente, tendiendo su mano amiga, su mano de hermano hacia occidente” (“Agro da «señal potente» para unir lazos en vez de confrontar”, Página Siete, 28.06.2021).

Éste es mi pensamiento, y espero que el suyo también, para que un día tengamos una mejor Bolivia, unida en su diversidad sin importar el poncho, pero sí la rojo, amarillo o verde...

Vengo sosteniendo invariablemente que, definitivamente, somos una generación privilegiada. Pese al desastre global que el virus chino ha causado, paralelamente el fabuloso avance de la ciencia ha logrado desarrollar no una sino varias confiables vacunas en muy lapso breve, que están deteniendo sus luctuosos resultados. Además de las medidas de bioseguridad, las vacunas lograrán a mediano plazo la anhelada inmunidad de rebaño y la humanidad podrá avanzar hacia su nueva normalidad.

No soy entonces covidiota y más bien estoy en el otro lado de la vereda: soy pro vacuna y agradezco a Dios que haya obrado en su creación para tamaño éxito traducido en los científicos que desarrollaron las vacunas. No obstante, aunque comprendo la desesperación de quienes administran los estados para ante la magnitud del desastre sanitario, sanitario, educativo y otros, recurran a pretender obligar sea por medios directos o indirectos a que el ciudadano tenga que vacunarse por la fuerza, si nos atenemos al imperio del estado de derecho y no le metemos no más, resulta que el estado no puede obligar a sus ciudadanos inocularse.

En Bolivia, la CPE por su art. 44 ordena que ninguna persona puede ser sometida a experimentos científicos sin su consentimiento, además de intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida (que no es el caso, pese a todo). La CADH (art. 11.2) que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida, al igual que el 12 de la DUDDHH. El Código de Salud de 1978 ya ordenó que el derecho a la salud comprende no ser sometido a experimentación clínica y científica sin previo consentimiento de la persona, con la debida información en cuanto al riesgo.

Aunque son normas de soft law, por ejemplo el Código de ética médica de Núremberg resultante de los mismísimos procesos de Núremberg, introduce los principios que rigen la experimentación con seres humanos, incluyendo el consentimiento informado y la ausencia de coerción. La Declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM), es el documento más importante en la ética de la investigación con seres humanos, declara como principio básico el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones informadas (consentimiento informado). No cabe olvidar además la Declaración de Ginebra (1948) que actualizó el juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial que obliga no emplear los conocimientos médicos para violar DDHH y libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza.

Más allá de la bizantina discusión si las flamantes vacunas puedan ser aun tomadas como experimentos científicos o no, sus fabulosos, benignos y efectivos resultados nos están probando más allá de toda duda razonable por muchas nuevas cepas y naturales incertidumbres y temores que surjan, que definitivamente son el elemento imprescindible para lograr la inmunidad de rebaño, hacia la nueva normalidad. 

Así el estado del arte y, reitero, comprendiendo la desesperación de los altos cargos obligados a incidir en el problema, es muy fácil recurrir a las pulsiones autoritarias que todos los seres tenemos – muy creciditas en algunos afines al meterle no más- pero a la vista de toda la normativa legal antes brevemente explicada, ni siquiera por medios indirectos –exigir carnet o impedir ingresos- el estado puede obligar a los ciudadanos vacunarse, lo que obliga a recurrir en vez del garrote a la zanahoria, es decir, a los incentivos tales como las rebajas en servicios, yapitas, etc que forman parte del difícil arte de convencer y no imponer. Acaba en Sucre de inaugurarse una plausible campaña en ese sentido, fruto de la feliz interacción entre lo público y lo privado, cuando “el imperio” acaba de regalarnos un millón de monodosis de vacunas (los aliados del gobierno nos las están vendiendo, a cuenta gotas y ni siquiera sabemos a cuantito) dejando con los dos ñahuis morados esos demagógicos discursitos antiimperialismo y otros clichés. Bienvenidas sean las vacunas y bravo por los vacunados pues no sólo estamos protegiéndonos nosotros, a nuestros seres queridos, sino al prójimo, confiando en la ciencia que muy afortunados somos de disfrutar sus vertiginosos logros: “La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo” Lao Tzu

De un tiempo a esta parte, todos los medios de comunicación en el mundo reportan malas noticias, ya sea por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica generalizada derivada de ella, así como también por los dramas derivados de la pérdida de empleos que desestabilizan a los hogares, llegando a ser parte de la explicación del aumento de muertes por esta última razón; ocurre en diferentes partes del planeta y Bolivia no es la excepción.

Sin embargo, como en medio de las nubes -o cuando pasa la lluvia- siempre aparece radiante el sol, igual -en medio de las arideces- una buena noticia…

Este es el caso de lo que acontece hoy en nuestro país, cuando, luego de un año para el olvido (o para recordar cuán frágil es el ser humano) en medio de la crisis que afecta a la generalidad de sectores productivos, comerciales y de servicios, aparece una luz de esperanza: el buen desempeño del comercio exterior, dando la pauta de lo que podría llegar a ser una lección aprendida y consagrar a futuro un crecimiento económico sin precedentes en el país.

“Auge agroexportador en Bolivia muestra vía de salida de crisis”, tituló la nota de la Agencia de Noticias Rusa Sputnik (11.06.2021), mostrando los sorprendentes resultados reportados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en relación al excelente desempeño del sector agroalimentario nacional, con base en datos oficiales del INE, destacando que:

“El comercio internacional agroalimentario boliviano en el cuatrimestre enero-abril de este año dejó un superávit de 430 millones de dólares, determinante en gran medida del superávit global de 453 millones registrado en ese período (…) los exportadores de alimentos lograron estos resultados, que consolidan el crecimiento advertido ya en 2020, pese a la pandemia de COVID-19, dificultades logísticas y altos costos del transporte internacional”

Efectivamente, contra viento y marea, pero con la firme determinación que caracteriza a los agroproductores, este sector no para de apostar por el país y qué bueno que así sea, pues de otra forma los alimentos escasearían y subiría su precio afectando a los más pobres; aunque para que nuestra mesa esté bien servida y millones consuman alimentos bolivianos en el exterior, deba mediar no solo el sacrificio de las madrugadas diarias, el ataques de plagas, la inclemencia del tiempo, sino, además, la pérdida de vidas, de lo cual doy fe al haber visto partir a varios amigos del agro debido al Covid, desde el 2020.

Gracias a ellos y sin que falte en absoluto alimento para los bolivianos, el sector agropecuario/agroindustrial generó hasta abril pasado casi 600 millones de dólares por la exportación de cerca de 924.000 toneladas, subiendo 49% en valor y 11% en volumen respecto a igual lapso de la pasada gestión. No faltará quien diga que tal comparación se da frente a un mal año, por lo que cabe aclarar que las agroexportaciones hasta abril son las más altas en cinco años, tanto en términos de valor cuanto en volumen, de ahí que no se trata de un “efecto rebote” como pasa con los hidrocarburos, minería, comercio, etc., que hoy crecen mucho respecto al 2020, cuando cayeron estrepitosamente.

Al paso que van las exportaciones de alimentos se encaminan a un nuevo récord, algo bueno para Bolivia porque con un previsible superávit comercial en el rubro por más de 1.000 millones de dólares, ello implicará un gran aporte para robustecer las Reservas Internacionales Netas del BCB, en momentos en que el gobierno se apresta a comprar oro nacional seguramente para exportarlo y conseguir dólares, para igual efecto.

De ahí que el destacable enfoque de Sputnik, es correcto: la forma de salir de la crisis económica y generar empleos de calidad en el país, dada la alta capacidad de reacción a corto plazo del sector, tiene nombre y apellido -AGROEXPORTACIÓN- sin desatender el mercado interno boliviano. Todo un mérito, como para apoyarlo en todo, en vez de ponerle cortapisas con la biotecnología o restricciones a la exportación, ¿verdad?
 

Literalmente, el ex Presidente Carlos D. Meza ha dejado con los rulos hechos a la Comisión de Fiscales que le citó como testigo en el caso “Golpe de estado” que le meten no más: se acogió a su derecho al silencio y no autoincriminación. Uno de los Fiscales, señaló que analizarán si corresponde considerar su postura como obstaculización de la investigación pues no fue citado como sindicado, sino como testigo, debiendo colaborar con la investigación.

Más allá de los divertidísimos memes publicados con la cara del Fiscal y la magistral versión de Confidencias de la declaración; resulta que en principio, la regla procesal (Obligación de testificar) indica que toda persona citada como testigo tendrá la obligación de comparecer para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por ley; precisando en tal sentido que incluso el testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad. Más adelante, desarrolla otras posibilidades catalogadas incluso bajo deber de abstención: secreto profesional u otros, por ejemplo un sacerdote no podría revelar lo que se enteró en el confesionario, un psicólogo en su consulta o un abogado en su defensa, salvo sea expresamente relevado por el interesado.

Si nos atenemos a la Constitución, que por supuesto aplica por encima del Código Procesal, resulta que precisamente el art. 121 alegado por el convocado, ordena que en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma. Adviértase que usa la fórmula “ninguna persona” con lo que queda claro que no distingue entre testigos e imputados u otros. 

La Convención Americana de DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, franquean también en favor de toda persona, el derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Incluso, la misma CPE boliviana (art. 256) obliga además que esos instrumentos de DDHH que declaren derechos más favorables que hasta la propia CPE, deben ser interpretados y aplicados por encima de ella. 

Entonces, no hay donde perderse. El ex Presidente acudió a declarar cumpliendo la citación practicada como testigo y, como tal, se amparó principalmente en su garantía franqueada por la CPE + IIII y desarrollada a título de excepción a la regla, por el CPP; dejando también evidentemente, con los churkos hechos para el festín a quienes pretendían obtener alguito siquiera en su contra, para continuar y mejor incluirle en el caso “golpe de estado”. 

Uno de los gravísimos vicios del sistema procesal actual que arrastra desde el anterior inquisitivo, es su crónica ineficiencia para construir eficientes sistemas de investigación que no dependan de la “colaboración” de los investigados, incluso tratándose de casos como el que nos ocupa, en el que es también inocultable que la Fiscalía convertida a esos efectos en una oficina más al servicio del ejecutivo, ha puesto toda la carne en el asador, pese a lo cual el proceso no tiene ningún futuro procesal en términos serios y objetivos e incluso, más bien le salen sistemáticamente valiosos datos que dejan en ridículo su “teoría de caso” si es que la tienen. Por ejemplo la reciente memoria de los hechos del proceso de pacificación de lo ocurrido en aquellos momentos, de la Conferencia Episcopal Boliviana. Off side para la acusación (Sin necesidad de VAR, siquiera)

A propósito, el temible Cardenal Richelieu tristemente célebre por sus formas autoritarias para conservar el poder, crear redes de espionaje y, la persecución y ejecución de sus rivales políticos, había advertido siglos atrás: “Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar”.  
 

Una de las palabras que probablemente define bien los tiempos que vivimos es la “incertidumbre”, en todo aspecto de nuestras vidas hoy manifestamos estar menos seguros que antes, si ya veníamos cargados de escepticismo por la política y los políticos, la pandemia hizo detonar en nosotros una sociedad tipo distópica que ve en el presente y en el mañana los miedos más profundos que tenemos.

Por eso, el futuro no se nos antoja como algo prometedor y sobre lo cual vale la pena arriesgar. Al contrario, se nos presenta como algo que queremos en lo posible evitar, y esto nos lleva entonces a la idea de que quizá nuestro refugio se encuentra en el pasado, en aquel momento en que nos sentíamos de alguna forma cómodos y donde podíamos enfrentar el presente con mejor instrumental que ahora.

Por eso las figuras en nuestra política que regresaron de ese momento previo en el que sentíamos que estábamos bien, en parte pudieron triunfar en elecciones. Lo pongo con dos ejemplos: Uno, Manfred Reyes Villa en Cochabamba apelando constantemente al momento en el que era alcalde de esa ciudad y que casi su denominativo fue la ciudad jardín, prometiendo a los citadinos de esa urbe retornarlos a ese momento de seguridad y comodidad. Dos, Luis Arce Catacora traduciendo en su discurso electoral el mensaje principal de que es la garantía de la estabilidad económica que el país necesitaba luego de una desastrosa gestión de Áñez.

Ese discurso de retorno a lo seguro en el caso del Presidente Arce le valió la posibilidad de que el centro político se volcara a su favor y obtuviera ese cincuenta y cinco por ciento de apoyo electoral, o lo que es lo mismo, así hizo épica en la política. Sin embargo, a seis meses de gestión de gobierno era importante contar con un balance de la sensación de la gente sobre la administración de esa épica, aquí es cuando nos encontramos con la encuesta de CELAG que tiene una pregunta central para debatir esto.

Ante la pregunta de: ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor su sensación respecto a la situación actual del país?, las respuestas que suman una valoración positiva entre esperanza y confianza tienen el 35,4%; mientras que las que reúnen sensaciones negativas que van del enojo a la angustia son el 27,3%. Pero también están para sorpresa nuestra las sensaciones de indiferencia e incertidumbre, que suman el 35,8%, este último dato es el que llama la atención porque se ubica justamente al centro de las sensaciones y la hipótesis que me atrevo a lanzar es que son personas más cerca de traducir su incertidumbre e indiferencia en aspectos negativos más que positivos por las razones expuestas al inicio respecto del futuro.

Es decir, la épica político electoral con la que llegó al poder el Presidente Arce a seis meses de gestión lleva un desgaste de veinte puntos cuantificables, que en términos cualitativos corre el riesgo de transformarse en problemas efectivos de gobernabilidad en la calle con los sectores sociales, y de descrédito cada vez más evidente con la opinión pública por los evidentes problemas de política comunicacional que tienen y por los retrocesos en las medidas que quieren tomar, de las que dicho sea de paso son más que notorias al interior de su organización política últimamente porque no pueden aprobar iniciativas de ley ni mucho menos lograr hacer nombrar embajadores.

Recuerdo una experiencia -un mal momento que pasé hace mucho tiempo ya, en la época republicana- cuando, habiendo sido convocado a una gran reunión en un Ministerio del Estado en la ciudad de La Paz, un funcionario público, en respuesta a un planteamiento mío, me espetó delante de los platinados de Harvard, Cambridge, etc.: “¡Eso sería una cacería de brujas!”. Por supuesto que rechacé aquello y expliqué, por qué no era así, sabiendo además que una cacería de brujas o caza de brujas, es la expresión que se usa “metafóricamente para referirse a la persecución de un enemigo percibido (habitualmente un grupo social no conformista) de forma extremadamente sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real” (Wikipedia.org).

Para que se entienda el motivo de lo dicho anteriormente, traigo a colación un suceso reciente en la ciudad de El Alto, Departamento de La Paz, donde la Aduana Nacional realizó un megaoperativo anti contrabando por el cual “100 militares, 100 efectivos aduaneros, 90 policías y 8 fiscales decomisaron 1.500 fardos de ropa usada que era comercializada en la feria 16 de Julio de El Alto, asestando un golpe económico de 1,5 millones de bolivianos a los dueños de esa mercadería”, operación que, sin embargo, fue resistida por los comerciantes afectados quienes reaccionaron violentamente, hasta intentar el secuestro de dos fiscales (“Aduana incauta Bs 1,5 millones en ropa usada; Mypes destacan acción”, EL DEBER, 26.05.2021).

No es la primera vez que nuestra Aduana Nacional -tan criticada por todo y nada, y tan pocas veces valorada en sus aciertos, como el caso referido- es agredida por quienes operan al margen de la ley, lo que resulta lamentable, tratándose de una entidad operativa del Estado que solo hace su trabajo. La Aduana no es algo abstracto, sino, una realidad concreta de seres humanos que tienen familia y que deben sufrir las consecuencias de ir contra la delincuencia; viendo tanto reclamo al respecto ¿no se entiende que el contrabando es una actividad al margen de la ley, por tanto, un delito, y que quien incurre en él, un delincuente?

El problema es que los contrabandistas utilizan a la gente necesitada que, sin opciones de trabajo, comercializa su mercadería mal habida y -a sus ojos- los contrabandistas pasan a ser los “buenos”; la Aduana y las fuerzas del orden, “los malos” y, entonces, no reparan en agredir a la autoridad.

Siempre se ha criticado la falta de voluntad política para enfrentar el contrabando; sin embargo, los reiterados golpes que viene dando la Aduana contra dicha actividad y particularmente el reciente operativo con 17 allanamientos, podrían empezar a hacer cambiar tal percepción, al mostrar su determinación y valentía para afectar al mismísimo centro neurálgico del contrabando en el país.

Hay que destacar también el muy pertinente respaldo del Ejército y de la Policía en los operativos, en función de las reacciones violentas de los contrabandistas y comerciantes, como ocurrió en dicho operativo con el comiso de nueve camiones y buses que debieron “salir en quinta” al ser agredidos con armas, petardos y piedras. No hay que dejar sola a la Aduana en la difícil pero urgente tarea de combatir el contrabando que tanto daño causa, como la ropa usada que no puede importarse legalmente al país, ni tampoco comercializarse, por existir Decretos que lo prohíben.

Lo triste del caso es que, sabiendo que esa ropa es contrabandeada y sin certificación sanitaria, ignorando que podría haber sido rescatada de muertos y enfermos de los hospitales, en el país de origen, la compran no solo los pobres sino también “gente bien”, solo para andar fashion…

Volviendo ahora al primer párrafo, la reunión que mencioné era para ver cómo combatir el contrabando, ante lo cual propuse realizar una campaña de concienciación ciudadana para denunciar al contrabandista a cambio de una recompensa. Fue ahí que el funcionario dijo que eso ¡acabaría en una cacería de brujas! Entonces le corregí: “De brujas, no, de contrabandistas”