Blog de Boris Santos Gómez Uzqueda

Con premisa de mejorar la producción y volver a atraer capitales externos para reposicionar/mejorar su papel de jugador (todavía marginal) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Ecuador enfrentará un año 2015 bastante complicado. Debe optimizar su capacidad de seducción de inversionistas y a la vez modernizar infraestructura y tecnología de exploración/producción/refinación para volver a mover su industria petrolera que, sin lugar a dudas, es la principal generadora de ingresos del país.

Ecuador anhela volver a ritmos de producción de los setenta cuando descubrió que el petróleo sería/es llave de generación de ingresos para reemplazar la agricultura. Tal fue la alegría que el primer barril extraído del Amazonas fue, literalmente, paseado por calles de Quito en marzo 1972, meses antes de que yo naciera, según me cuentan algunos amigos ecuatorianos que conocen muy bien la industria energética ecuatoriana, y tal fue la buena producción y peso geopolítico específico de Ecuador que ingresó a la OPEP en 1973, y en 1979 el ministro ecuatoriano de Energía René Ortiz Durán fue elegido secretario general de ese cártel energético.

La nueva política hidrocarburífera ecuatoriana es “promover la exploración de hidrocarburos para incrementar sus reservas y su explotación racional” y en esa dinámica a lago plazo tienen metas de mejorar producción petrolera fundamentalmente en suroriente.

Vale subrayar que Ecuador estuvo ausente de OPEP por más de 10 años. Se retiró en 1992 (en ese momento producía 300.000 barriles diarios de petróleo, hoy está cerca de 550.000; vean que no hubo mucho incremento desde ese momento hasta hoy). Se retiraron de ese organismo como se puede retirar cualquier persona de un exclusivo club de golf: por impago de cuotas de membresía.

En 2007 el izquierdista jefe del Estado ecuatoriano suscribe el retorno del país a la más capitalista de las organizaciones corporativas del mundo: la OPEP, cuya influencia en el mercado de petróleo incide en reducir/incrementar volúmenes controlando aproximadamente 43% de la producción mundial de petróleo y 75% de las reservas de crudo, siendo esa organización el cartel económico más importante del mercado. Seguramente zanjaron favorablemente el pago de sus deudas de cuotas de membresía. 

En el escenario energético interno Ecuador tiene empresas públicas, operadoras privadas y empresas de servicios petroleros que interactúan bajo influencia de mercados internacionales. Los últimos años se han empeñado en “incrementar la renta petrolera” para financiar un cambio radical de matriz energética utilizando para ello mecanismos tales como asignación de recursos a las empresas públicas que poseen capital estatal con el fin de que incrementen la producción petrolera. Obvio y básico: invertir en infraestructura energética el dinero que representa la venta de petróleo.

Datos de la OPEP reflejan que el valor de exportaciones petroleras ecuatorianas es de aproximadamente 14,103 millones de dólares. Tiene reservas probadas de petróleo de 8,832 millones de barriles y poco gas, comparativamente con Bolivia, está en 6 billones de pies cúbicos pero sus niveles de producción no han mejorado ni en petróleo ni en gas.

El Ecuador es un país de vocación petrolera, genera 75% de su energía por el petróleo.

Por razones de ideología política Ecuador, como Bolivia y Venezuela, redujo la participación de capitales privados en el sector hidrocarburos; además de que en el contexto económico-político que es algo volátil hubo algunas expropiaciones y cambio de contratos con multinacionales exactamente como en Bolivia, lo que genera obvios daños a la imagen país.

La controversia nacional más álgida es la apertura del parque Yasuní para exploración petrolera, que genera líos con grupos indígenas; y en lo internacional/mediático el caso judicial Chevron versus Ecuador, un largo y ampliamente conocido litigio ambiental que deja por los suelos la imagen de la justicia y la integridad de algunas cortes de ese país. Pero eso es otro tema, y muy complicado.

La industria ecuatoriana del petróleo está en plena actividad desde hace más de 25 años habiendo ya declinado varios campos (campos en franco proceso de reducción de volúmenes de producción por su intensiva explotación), de manera que están urgidos de generar nuevos procesos exploratorios/productivos para elevar el ratio de producción/consumo de petróleo; pero irrecusablemente para ello necesitan capitales externos que ayuden a financiar esos proyectos.

Análisis independientes revelan, en la perspectiva económica, para contextualizar, que América Latina, entre 2003-2012, experimentó crecimiento promedio/año de 4%; siendo así las exportaciones de bienes fueron negativas para los países exportadores de hidrocarburos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela: con -4,4%); en ese orden Ecuador y su crecimiento moderado es resultado de la inversión originada desde el sector público, que empujó el sector de la construcción. El PIB petrolero ecuatoriano, motor de la economía nacional, al igual que ocurre en Venezuela y en Bolivia, significa 10% en el PIB total.

La producción de crudo (2007-2012) registra tendencia a la baja; aunque se esperaría que en el quinquenio 2015-2020 mejoren condiciones legales, regulatorias y políticas de apertura a nuevos actores privados principalmente para introducirlos a la industria.

Hay mucho por hacer en Ecuador que debe reconstruir los tejidos público-privados y público-internacionales para volver a vigorizar la industria ecuatoriana que tiene, entre otros objetivos, ser un jugador de importancia en OPEP.

Han sido 200 años de relaciones con alti-bajos entre países latinoamericanos y España. Desde la independencia hasta los bicentenarios.

Más allá de las consideraciones históricas, el siglo XXI se plantea globalizado. Desde las migraciones “en masa” de latinoamericanos a la Madre Patria hasta algunas nacionalizaciones de inversiones españolas en América Latina.

La ¿superada? crisis económica española y su reciente abandono de ideologías de izquierda podrían ser nuevos motivadores para ejercer un nuevo papel de “puerta de ingreso a Europa” para una América Latina que es briosa y que, en la perspectiva energética guarda posibilidades de negocios en gas y petróleo tan importantes que América Latina va a ser un proveedor de materia prima pero también de productos energéticos de valor agregado que van a ser demandados por grande parte del mundo. Allí está la clave del nuevo enfoque: redefinir nuestras relaciones basados en comercio, en intercambio, en tecnología y en profundo respeto a diferencias y coincidencias. No vamos a negar, por lo menos quien escribe, de nuestras raíces lingüístico-culturales tan ricas que vienen de toda la geografía española: desde el país vasco, pasando por el mundo catalán hasta Extremadura. La riqueza cultural/lengua de España es el vehículo fundamental de ésta alianza de más de 300 millones de habitantes.

Infortunadamente, y de momento, el populismo hizo carne en algunos países de América Latina impidiendo, quizá, un mejor desarrollo de relaciones con España por el re-surgimiento de algunas corrientes anti-hispanas pero que, con paciencia y globalidad, se van a superar bajo el influjo positivo de la tecnología.

La tecnología, las redes sociales concretamente han aproximado al mundo y lo han reducido a una pantalla de smart phone y eso debe alegrarnos. Las nuevas generaciones hoy están preocupados en ser emprendedores y ganar dinero al margen de cualquier rencilla y rencor.          

Me suscribo a la máxima que indica que “España y América Latina tienen un futuro compartido” producto del análisis que recientemente un grupo de intelectuales de España y éste lado del mundo concluyeron sobre la  realidad política, económica y social Iberoamericana (en el marco de un evento de la Casa de América en Madrid en un Diálogo Abierto organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España con CAF -banco de desarrollo de América Latina, mayo 2014).

La reflexión hoy en día está centrada en: obligatoriedad de promoción y profundización de la democracia en países de América Latina, búsqueda de nuevos focos de inversión en áreas concretas (energía, telecomunicaciones, construcciones), basados en una coincidencia mínima: el futuro de los hispanohablantes debe mejorar en comparación a los anglo-parlantes o sociedades del Asia que han alcanzado mejores niveles de crecimiento y desarrollo económico.

España será para América Latina siempre nuestro mejor aliado, nuestra antesala a Europa y nuestras raíces, hoy convertidas en anhelos de futuro, deben estar aferradas de la mano de visión de construcción de sociedades modernas, globales, integradas y competitivas. Debemos, por poner algún ejemplo, alcanzar el nivel de desarrollo de países del golfo: mucho petróleo y mucho gas con importantes inversiones y alianzas estratégicas, naturalmente preservando nuestros valores cristianos y culturales.

Sinergias compartidas serán útiles para la emergente economía de la energía de América Latina. Entre el PP español y el nuevo Rey Felipe VI tienen la misión de continuar alentando, promocionando, patrocinando y avalando democracias en América Latina, repudiando a autoritarismos y populismos.

Quizá un escenario que haya que revalorizarlo y re-jerarquizarlo son las Cumbres Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, creando mecanismos más palpables de integración por ejemplo: una carta energética España-Latinoamérica, fortalecer el rol de una Secretaría permanente para Asuntos tecnológico y comerciales; escribir una especie de “carta democrática” en donde España sea parte de una veeduría permanente para vigilar que la continuidad y línea democrática de países latinoamericanos no sea quebrada y otros mecanismos de integración efectiva entre sectores académicos, empresariales y sociales.

Así vamos por el futuro!

Aunque no se tiene una cifra exacta/oficial de cuántos millones de dólares han ingresado a las arcas de Venezuela en éstos últimos 15 años por venta de crudo (petróleo), es posible tener una idea (cerca de 700 mil millones) y ello no nos permite explicarnos los niveles de pobreza, exclusión y falta de alimentos en Venezuela.

Lo repetimos: podría ser la Dubai de América Latina con tanto ingreso. Circula ya la noticia que el régimen venezolano estaría buscando vender la que muchos venezolanos –y latinoamericanos denominamos- la “gallina de los huevos de oro”: la compañía Citgo. Para los que no conocen qué significa esa compañía para la economía venezolana aquí unos apuntes: es una multinacional venezolana que tiene a su cargo la comercialización de combustibles con 6.000 estaciones, tres refinerías (de refino de petróleo “pesado”) con capacidad de proceso de 750 mil barriles/día, 48 instalaciones de almacenamiento de derivados, 3 oleoductos propios y accionista en 6 otros ductos en el suelo norteamericano.

Desde hace varios años la crisis económica –y política- de Venezuela y de Bolivia no tienen explicación racional. En un caso tienen tanto petróleo que pudieron ser los nuevos ricos del vecindario. En el segundo caso tanto gas que podemos ser la Qatar de América Latina; pero ambos países siguen en medio de pobreza y hambre. Malas políticas!

Volviendo al caso venezolano: ¿quién entiende esto?¿cómo es posible tanto despilfarro de ingresos petroleros y aún no han derrotado la inflación, desabastecimiento y devaluación? Ahora quieren sumar algo mucho peor a esa cesta de desventuras: vender Citgo!

Varios parlamentarios opositores al régimen, analistas, entendidos y preocupados latinoamericanos estamos a la expectativa del gran salto de recuperación de Venezuela, con un nuevo escenario democrático, en donde con nuevas políticas públicas, coherentes, serias y de avanzada se utilice al petróleo para reconstruir y enriquecer Venezuela.

Quizá los responsables del área hidrocarburos y energía en Venezuela estén anquilosados por tanto tiempo estar en el poder. Se necesitan ideas nuevas y alejadas del fundamentalismo y perversidad ideológica. Aún no se tiene claros los argumentos que sustentarían la venta de esa compañía. Algunos creen que patrimonio y bienes de esa compañía podría ser objeto de confiscación en Estados Unidos, por deudas impagas por ejemplo.

Otros ven en esa venta una “oportunidad” de generar dinero para arcas estatales, que por cierto deben a todo mundo especialmente China cerca a 50 mil millones de dólares y con compromisos de entrega de 1 millón de barriles de crudo anuales para 2016 frente a los algo más de 500 mil barriles actuales que significaron en 2013 ingreso de 19.376 millones de dólares (diecinueve mil millones) ¿qué hicieron con tanto ingreso?

De todas formas no existe argumento técnico, político o estratégico válido para vender esa compañía que es sinónimo de (la otrora) vanguardia industria energética venezolana y latinoamericana en Estados Unidos. Con una producción diaria de 2.8 millones de barriles de petróleo, de los cuales se venden 1.4 millones Venezuela debería ser una potencia financiera mundial, sin pobreza.

Al margen de las pasiones político-partidarias sería importante que el ministro del petróleo de Venezuela, cabeza fría de por medio, no apresure operaciones de éste tipo que ponen en riesgo el futuro de nuevas generaciones. Un par de años de estudio y análisis –y si es que retorna la democracia- podrían ser adecuados para tomar decisiones de ese volumen. El parlamento venezolano, latinoamericano y la comunidad internacional deberían ver de cerca éste tema de interés continental

Además que no se tiene una cifra exacta/oficial de cuántos millones de dólares han ingresado a las arcas de Venezuela en éstos últimos 15 años por venta de crudo (petróleo), pero se tiene una idea (cerca a 700 mil millones) y ello no nos permite explicarnos los niveles de pobreza, exclusión y falta de alimentos en Venezuela. Lo repetimos: podría ser la Dubai de América Latina con tanto ingreso.

Circula ya la noticia que el régimen venezolano estaría buscando vender la que muchos venezolanos –y latinoamericanos denominamos- la “gallina de los huevos de oro”: la compañía Citgo. Para los que no conocen qué significa esa compañía para la economía venezolana aquí unos apuntes: es una multinacional venezolana a cargo de comercialización de combustibles con 6000 estaciones, tres refinerías (de refino de petróleo “pesado”) con capacidad de proceso de 750 mil barriles/día, 48 instalaciones de almacenamiento de derivados, 3 oleoductos propios y accionista en 6 otros ductos en suelo norteamericano. 

Desde hace varios años la crisis económica –y política- de Venezuela y de Bolivia no tienen explicación racional. En un caso tienen tanto petróleo que pudieron ser los nuevos ricos del vecindario. En el segundo caso tanto gas que podemos ser la Qatar de América Latina; pero ambos países siguen en medio de pobreza y hambre. Malas políticas!

Volviendo al caso venezolano: ¿quién entiende esto?¿cómo es posible tanto despilfarro de ingresos petroleros y aún no han derrotado la inflación, desabastecimiento y devaluación? Ahora quieren sumar algo mucho peor a esa cesta de desventuras: vender Citgo!

Varios parlamentarios opositores al régimen, analistas, entendidos y preocupados latinoamericanos estamos a la expectativa del gran salto de recuperación de Venezuela, con un nuevo escenario democrático, en donde con nuevas políticas públicas, coherentes, serias y de avanzada se utilice al petróleo para reconstruir y enriquecer Venezuela.

Quizá los responsables del área hidrocarburos y energía en Venezuela estén anquilosados por tanto tiempo estar en el poder. Se necesitan ideas nuevas y alejadas del fundamentalismo y perversidad ideológica.

Aún no se tiene claros los argumentos que sustentarían la venta de esa compañía. Algunos creen que patrimonio y bienes de esa compañía podría ser objeto de confiscación en Estados Unidos, por deudas impagas por ejemplo. Otros ven en esa venta una “oportunidad” de generar dinero para arcas estatales, que por cierto deben a todo mundo especialmente China cerca a 50 mil millones de dólares y con compromisos de entrega de 1 millón de barriles de crudo anuales para 2016 frente a los algo más de 500 mil barriles actuales que significaron en 2013 ingreso de 19.376 millones de dólares (diecinueve mil millones) ¿qué hicieron con tanto ingreso?

De todas formas no existe argumento técnico, político o estratégico válido para vender esa compañía que es sinónimo de (la otrora) vanguardia industria energética venezolana y latinoamericana en Estados Unidos.

Con una producción diaria de 2.8 millones de barriles de petróleo, de los cuales se venden 1.4 millones Venezuela debería ser una potencia financiera mundial, sin pobreza.

Al margen de las pasiones político-partidarias sería importante que el ministro del petróleo de Venezuela, cabeza fría de por medio, no apresure operaciones de éste tipo que ponen en riesgo el futuro de nuevas generaciones. Un par de años de estudio y análisis –y si es que retorna la democracia- podrían ser adecuados para tomar decisiones de ese volumen. El parlamento venezolano, latinoamericano y la comunidad internacional deberían ver de cerca éste tema de interés continental. 

El shale gas o gas de esquisto, cuyos reservorios merecen una explotación no convencional van a mover la economía del mundo para los próximos 100 años. El gas es un energético que aún no termina de mostrarnos todas sus bondades!

¿Qué es el shale gas?: es un gas natural “no convencional” depositado en yacimientos geológicos no comunes, a mucha más profundidad de los actuales yacimientos, entre rocas y arena denominadas “esquisto”, los petróleos más pesados y su exploración y posterior explotación requieren de nueva tecnología y fuertes capitales. Forman parte de un grupo de nuevos yacimientos para explotación: el shale gas (Esquisto) –cuyas características hemos mencionado-, el “Tight Gas” (Gas “apretado” atrapado geológicamente en areniscas de porosidad penetrable y en algunos tipos de reservorios carbonatados) y el “Coalbed Gas” (Gas producido del carbón).

Las redes de discusión técnica especializada comentan sobre el análisis costo-beneficio y sobre pro y contra de la floreciente industria de explotación del shale-gas. En estos foros se llega a la conclusión de que los beneficios del desarrollo continuo del gas de esquisto son enormes y que superan considerablemente incluso aquellos costos de contaminación y limpieza de subsuelos. Esta última apreciación surge a propósito de las críticas que hacen algunos ambientalistas que desestiman la producción de shale-gas por cuanto, según alegan, se utiliza una cantidad de agua demasiado grande en la fractura del subsuelo explorado.

Para ejemplificar Estados Unidos, gran productor y consumidor de gas, no solo que pudo haberse abastecido de sus fuentes propias, sino también traer LNG (gas natural licuificado) de Qatar, Australia e, incluso, Rusia; optó por empujar la industria del shale-gas, cabalmente motivado por la baja oferta y precios altos del gas convencional. La producción a escala, reducción de costos y visión de largo plazo influyen positivamente en la industria del gas natural de Estados Unidos, que está en permanente búsqueda de eficiencia y superación.

No deja de ser importante tener en cuenta que Bolivia –pese a pugnas políticas– está en los prolegómenos de establecer una nueva política energética que incluya, entre otros temas, la visión de establecer la industria del shale-gas para generar beneficios económicos de largo plazo y combatir la pobreza.

Los beneficios son más que los costos. Si Bolivia oportunamente se “sube al carro” de países con mayor experiencia en negocios de industria de valor agregado de gas y exploración-producción de shale-gas tendremos buenas perspectivas de crecimiento económico a futuro.

Bolivia dará el salto junto con la industrialización del gas natural convencional en productos derivados de valor agregado, y ahora aparece una nueva fórmula de negocios para el país: exportar shale-gas, en su momento y cuando corresponda de aquí unos años y cuando ya haya arrancado –de manera paralela- los procesos exploratorios de reservorios tanto convencionales cuanto los de shale-gas.

Sólo para graficar: los precios fluctuantes de entre 12-18 USD por millón de BTU (unidad termal británica de poder calórico del gas) proyectados para la década 2015-2025 nos abren éste nuevo escenario. Europa y Asia van a requerir nuevos envíos de gas (entre otros del no-convencional).

Bolivia tiene reservas de gas de éstas características, obviamente en reservorios cuya extracción es técnicamente diferente a los procesos de ingeniería tradicional y por tanto más costosos –de momento- aunque en un futuro cercano cuando hayan mejores herramientas en el país el shale gas será tan rentable de explotar/explotar como el convencional.

Como su explotación es de momento costosa en el país no se tienen proyectos concretos de exploración ni cuantificación de Reservas, por la relación coste-tecnología. Reiteramos que ésta relación será favorable en los próximos años, de haber hasta ese momento un nuevo escenario planteado desde el Estado con una nueva Ley que facilite asociaciones con capitales multinacionales para éste nuevo tipo de iniciativas. 

La nueva revolución energética del shale-gas II

Boris Santos Gómez Úzqueda

La ventaja que Bolivia es parte de un territorio aún no completamente explorado nos deja entrever positiva y favorablemente que podríamos contar con reservas de shale-gas, al margen de las reservas convencionales.

De perfeccionarse ecuaciones que combinen tecnología y reducción de costos, con la obvia estabilidad política y jurídica, surgirá una nueva fórmula de negocios para el país: exploración y explotación de shale-gas.

Tengamos presente que la frenética búsqueda de energía a menor coste de producción, comprometida con el medio ambiente y que sea de mayor acceso para todos dispuso que el paradigma económico del shale-gas y del gas convencional sean fórmulas económicas que van a paliar el déficit de oferta energética global.

El gas es el energético más limpio de la historia contemporánea.

Con esa consideración no es vago insistir en que Bolivia tiene la posibilidad de ser parte de naciones que generen oportunidades de exploración y posterior explotación paralela de shale-gas para exportación y/o industrialización.

No faltarán los pesimistas que darán negativas a cualquier iniciativa, generalmente los pesimistas tienen facilidad de persuasión, pero la fuerza del optimismo nos empuja a especular sólidamente en la posibilidad de ser –como siempre debimos haber sido- un centro de distribución energética del Continente.

Vamos a repetir un clisé: el gas es llave de desarrollo y lucha contra la pobreza. Y ahora más aún con la buena noticia: adicionalmente a nuestros modelos de exploración-producción-comercialización-industrialización de gas tipo convencional surge la posibilidad de tener modelos de producción alternativa-paralela de derivados de valor agregado del shale-gas.

El caso norteamericano es paradigmático: desde el auge de la producción de gas esquisto, pasó de ser importador a planificar sus exportaciones.

Ahora los desafíos no tienen que ver con ausencia de volúmenes sino con storage (almacenamiento) y transporte (gas y petróleo).

El medio ambiente es también parte de esa nueva agenda.

Estados Unidos, el mercado energético más grande del mundo, fue principal objetivo de exportación de gas y petróleo de Canadá y México. Ahora Estados Unidos tiene gas y petróleo para volver a ser vendedor. Los productores de petróleo y gas ahora se ven obligados a buscar nuevos mercados.

El éxito del shale-gas tanto en Estados Unidos como en Canadá está planteando otro desafío: reconfigurar, modernizar y reconstruir el sistema de pipelines (gasoductos/oleoductos).

Prueba de ello es el gasoducto Keystone XL (que corre desde las arenas petrolíferas de Alberta en Canadá hasta Nebraska) que aún tiene cuestionadores ambientales que sin mucho sustento retrasaron el proyecto.

Varias compañías privadas están volviendo a invertir en Estado Unidos en shale gas.

Estados Unidos hoy tiene un nuevo auge de producción de crudo dulce liviano (bajo contenido de azufre) desde el esquisto que han obligado a mejorar sus condiciones y capacidades de refino que aún están adaptados a refinar  crudos pesados agrios (con alto contenido de azufre).

También el caso mexicano es importante con su reforma energética: en los últimos 10 años la producción de petróleo ha declinado, de 3.4 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles (2014), ello motivó a la clase política dirigencial mexicana a abrir ofertas para invertir en recursos no convencionales (en aguas profundas y en cuencas shale gas).

México informa que tiene –de momento- la sexta reserva más grande del mundo de gas de lutitas (shale gas), infortunadamente con poca tecnología y dinero para explotar esos yacimientos. Por ello es que se han apurado en reformar su esquema constitucional, legislativo y regulatorio para generar las condiciones políticas técnicas y jurídicas para que inversiones desarrollen esos reservorios no-convencionales.

Aquí en el sur del Continente Brasil y Argentina están apurando desarrollo de proyectos tanto en gas convencional como en no-convencional, de manera que Bolivia no puede quedar rezagada a estudiar, planificar y ejecutar proyectos de gas-no convencional.

En Bolivia urge que el Estado atienda al sector eléctrico dotándole de nuevos marcos legislativos y regulatorios y fortaleciendo los roles de las entidades involucradas, un poco reproduciendo el modelo CRE Comisión Regulatoria de Energía de México que tiene por misión “regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad, generando certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios…”.

La generación de electricidad puede ser hidroeléctrica (por agua) o termoeléctrica (a partir del gas), como las más sostenibles y rentables. Aún falta la cobertura plena del territorio nacional. Beni y Pando aún están fuera del denominado Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En lo técnico: mientras más agua se destine para generar electricidad se usará menos gas que será “liberado” para proyectos de industrialización (agregación de valor) y mientras más agua y gas se utilice menos diésel será utilizado para electricidad, ahorrando costos al país porque somos deficitarios en producción de diésel.

Internamente hay una demanda de +/- 1.200 megawatios MW, aunque es mucha más porque el crecimiento del sector industrial se detuvo, cabalmente, por falta de oferta de gas industrial y fundamentalmente de electricidad. Prueba de ello es que aún no despegan los sectores industriales en Beni, Pando, Potosí y Tarija. El Alto podría ser un verdadero polo-industrial de Bolivia pero le hace falta más electricidad para sus industrias.

Según fuentes estatales en 2014 habrá inversiones en termoeléctricas (Sur, Bulo Bulo,Warnes) y prevén incorporar 410 MW al SIN, adicionalmente existen proyectos de desarrollo de plantas hidroeléctricas (Misicuni con posibilidad de generar 80 MW desde 2015). Recientemente anunciaron el proyecto hidroeléctrico Miguillas (que generaría 200 MW para el SIN)

Aunque –según fuentes oficiales- el país estaría en capacidad de “soportar” la demanda eléctrica lo cierto es que una visión clara y nueva en energía tendría que poner al país en desarrollar proyectos de generación eléctrica (termo/hidro) de manera de tener proyectos de exportar 10 000 MW de electricidad (a Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú), dando un verdadero salto cualitativo en materia eléctrica y poniendo al país a exportar valor agregado en vez de sólo materia prima.

Exportar electricidad resultará en mayor rédito financiero para el país en proyectos Project-finance de desarrollo de infraestructura energética (termoeléctricas, gasoductos, hidroeléctricas, represas, etc), siempre bajo la premisa de que se debe explorar más territorio y descubrir más reservorios de gas, para el caso de termoeléctricas.

Pero todo estos proyectos deben ser parte de una estrategia, de una NPE Nueva Política Energética que se sea sustentada por una nueva Ley de Hidrocarburos y de una Ley de Electricidad, para modernizar el andamiaje legal y regulatorio boliviano. Ambas leyes no se renuevan aún.

Con ambos instrumentos se podrá promover el ingreso de capitales externos para la exploración de gas, mayores certificaciones de reservas, producción y consecuente construcción e instalación de termoeléctricas.

Reiteramos que en un escenario ideal, se va a generar electricidad suficiente para el país y habrá un gran remanente para exportación de valor agregado de gas (como electricidad) a mercados circundantes, generando mayores divisas que comparativamente por venta de materia prima. O por otro lado construir hidroeléctricas y "liberar" así el gas natural para generación de valor agregado (gas a diésel o gas-química, por citar dos ejemplos).

Una verdadera política pública en energía contemplaría un agresivo plan de infraestructura eléctrica: fabricación, instalación, montaje y puesta en servicio de las unidades de generación eléctrica en base a gas natural, para mercado interno y exportación.

Insisto en que es importante considerar a proyectos hidroeléctricos con la única finalidad de contar con mayor gas disponible para industrialización. Y los ríos del Beni desempeñan un rol importante en cualquier proyecto de generación hidroeléctrica. Estudios de éstos hay muchos. Un apunte con relación a hidroeléctricas: hay aspectos ambientales que deben tener en cuenta y el tiempo de retorno financiero más largo, lo que hace que éstas sean menos atractivas para capitales externos.

Una nueva Ley de Electricidad es tan importante como una nueva Ley de Hidrocarburos. 

Teniendo electricidad a bajo costo al igual que acceso al gas natural en principales ciudades del país, en ciudades intermedias y en crecientes centros urbanos vamos a generar nuevos modelos de desarrollo inmobiliario que, dado el avance de la exigencia de los ciudadanos (clientes) que buscan nuevos espacios urbanos, verdaderas ciudades “inteligentes, verdes, amables y positivas”, van a exigir nueva regulación y legislación que permita que el Estado (central, departamental, municipal) facilite la “construcción” “adecuación” de las ciudades al modelo smart city.

El mundo tiene ya “ciudades inteligentes” (smart cities) ciudades de alto uso de nuevas tecnologías para mejorar eficiencia de la gestión y operación de la ciudad, reducir costes y hacer de la ciudad “más amable y habitable”.

Por supuesto que crear (o transformar) ciudades en smart cities requiere inversión para infraestructura y fundamentalmente una vocación/decisión política de permitir innovaciones.

Por ello es que la transparencia y el apoyo estatal es importante. Una Ley de Desarrollo Urbano debe estar orientada a forjar smart cities en Bolivia, con coste eléctricos y de gas muy bajos, promoviendo así instalación de empresas y emprendimientos en parques industriales inteligentes, que permitan –desde plataformas tecnológicas adecuadas y aplicaciones- recolección de datos, almacenamiento de los mismos para su análisis y procesamiento.

Ciudades –y principalmente parques industriales y condominios o desarrollos inmobiliarios- inteligentes van a utilizar e integrar: pantallas LED, cámaras de alta definición, GPS, smart phones y otros.

GPS en transporte público, aplicaciones y pantallas que informen tiempos de recorrido/arribo a estaciones/paradas, condición de vías (expeditas/congestionadas) y otras aplicaciones…

Las ciudades inteligentes con sus redes y plataformas, integran a todas las personas que viven en ellas con información, precisa y adecuada, disponible en tiempo real.

Por ejemplo México está en camino a tener ciudades digitales, como Guadalajara, Jalisco con amplios espacios de acceso a red Wi-fi pública, aplicaciones de control de ingresos/salidas, atracciones, museos, disponibilidad y oferta gastronómica, todo al alcance de un clic, y además ofertas de servicios, logística, facilidades, construcciones y renta de espacios privados o parques industriales altamente competitivos para nuevas industrias y empresas.

Desde chips en contenedores de basura que indiquen cuál está lleno, a fin de optimizar el uso del equipo público y generar ahorros hasta aplicaciones que oferten servicios de arquitectura, remodelación, ingeniería básica y renta de oficinas...

Estos conceptos exigen retomar la propuesta de una Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda que además de incentivar la construcción y el desarrollo inmobiliario a escala en ciudades intermedias propicie los pasos para establecer Smart cities.

Aquí algunos tips para aquellas compañías, inversores o financistas que deseen ingresar el nuevo boom del desarrollo inmobiliario boliviano, en ciudades del eje boliviano. La Paz-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra. No se debe desmerecer Tarija y Trinidad como potenciales plazas de inversión.

Es importante: analizar la situación del mercado y evolución, el Impacto del proyecto en el mercado Inmobiliario,  establecer previamente la segmentación del mercado, analizar la viabilidad las Estructuras de negocios inmobiliarios con alianzas entre proveedores y capitalistas, evaluar terrenos: Zonificación, con evaluación y valoración del metro cuadrado adquirido y desarrollado. Pero fundamentalmente: los nuevos desarrollos inmobiliarios (condominios cerrados) deben ofrecer a los clientes soluciones tecnológicas integrales: hacer de los condominios pequeñas ciudades inteligentes: con los criterios esbozados anteriormente, para darle un valor agregado a la oferta inmobiliaria.

Con esas herramientas, se podrá realizar: la Formulación de Proyectos de Inversión en Desarrollo inmobiliario y su potencial de rentabilidad, el análisis de ingresos y costos de ingeniería civil, el análisis de deuda con banca financiera, el análisis de tasa de retorno de inversión, la evaluación y contratación de Arquitecto Desarrollista y de un gerente de proyecto, la evaluación y contratación de Compañía constructora, la evaluación y contratación de financiamiento de Banco y una posible alianza con brokers.

Con las herramientas descritas se puede seguir una “ruta crítica” para un desarrollo inmobiliario:  Identificación de la zona a desarrollar, gestión de adquisición de la zona, alianzas estratégicas o project finance con constructoras, gestión de diseño de planos, gestión de aprobación de planos, alternativas de Financiación, gestión de alianzas con proveedores de materiales, gerenciamiento y supervisión de la ejecución de la obra y no menos importante el denominado  Marketing Inmobiliario: Promoción de venta y alianza con expertas compañías de servicio de tecnologías.

Condominios como edificios de departamentos y condominios privados son la tendencia del mercado de inversiones de capital en desarrollo inmobiliario.

Éste nuevo boom del desarrollo inmobiliario dio paso a que hayan nuevas camadas de arquitectos, ingenieros, abogados en contratos, relacionistas públicos de venta y promoción y desarrollistas inmobiliarios que han adquirido experticia conforme creció la ciudad.

Obviamente a mayor incremento de construcciones el Estado debe responder. El Estado central otorgando nuevos criterios y facilidades a la inversión como una Ley del sector.

El Municipio debe responder con regulación clara para aprobación de construcciones y proyectos con los más altos estándares de calidad técnica, seguridad y respetando el medio ambiente.

Y también las construcciones disparan ofertas en servicios básicos públicos: luz, agua, alcantarillado, gas domiciliario, parques recreacionales y acceso a recojo y tratamiento de basura.

Más que nunca se requieren regulaciones bancarias que continúen ofreciendo créditos sobre créditos hipotecarios pero al mismo tiempo con nuevos criterios por ejemplo relanzar las UFV para créditos hipotecarios que permitan acceso a nuevos departamentos con mayor calidad de construcción y mejores servicios.

Argentina es un “modelo” junto con Venezuela y Bolivia (en realidad anti-modelos) para estudiar lo que verdaderamente no debe hacerse en relación a negocios en energía (entiéndase: petróleo, gas, electricidad, etc).

En diciembre 2013 se desnudó el problema argentino: una impericia y un descuido de las políticas públicas energéticas que no tienen parangón en la historia económica latinoamericana: cortes del servicio eléctrico a principales ciudades de Argentina.

Esos cortes de suministro afectaron a millones de ciudadanos. La preocupación fue tal que motivó a que ex ministros de Energía de Argentina (Emilio Apud; Julio César Aráoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat y Raúl Olocco), elaboraran un muy preciso documento  en el que identificaron claramente la responsabilidad de la actual administración gubernamental argentina en la crisis eléctrica por la que Argentina atraviesa, aunque el Gobierno justificó como “exceso de demanda eléctrica”, un pobre justificativo que no oculta su impericia en el tema hidrocarburos.

Conforme establece el ordenamiento legal argentino la “responsabilidad indelegable y directa” corresponde al Estado cuando se trata de un servicio público como el eléctrico, no importando si el mismo está concedido a manos privadas, en razón a que el Estado argentino –a través de sus mecanismos correspondientes- tiene la obligación de fiscalizar, regular y anticipar cualquier crisis en el sector.

En Argentina, pese a la importancia del sector, no existe un Ministerio de Hidrocarburos o de Petróleo y Gas como hay en Venezuela y Bolivia. El sector depende del Ministerio de Planificación Federal a través de una Secretaría de Energía que dada la importancia del sector debería tener rango de Ministerio.

Desde 2009 los ex ministros (secretarios, en realidad) argentinos vienen alertando de la crisis energética que hoy parece no tener salida.

Argentina está en problemas energéticos, como analizamos en diciembre pasado, por su ausencia de políticas públicas concretas y de largo plazo para el sector.

A fines de 2013, la potencia instalada alcanza los 31.399 MW con claro aumento en la demanda pero no en la oferta (generación eléctrica: 22,3% y demanda: 45%).

Hay un claro manejo “desprolijo” como indican los ex ministros de todo el sector eléctrico, particularmente.

Aunque en su propia defensa el gobierno argentino responsabiliza a las compañías privadas de pocas inversiones realizadas en el sector, omiten indicar que la inestabilidad política argentina no es un escenario atractivo para nuevas inversiones en exploración de gas, pare generación eléctrica por ejemplo. Similar escenario inestable se observa en Bolivia o Venezuela.

Un arcaico sistema de subsidios, junto a una legislación anacrónica han completado ese cuadro siniestro en el que se desenvuelve el sector –particularmente- eléctrico argentino habiendo mantenido tarifas totalmente irreales comparativamente con otros países haciendo perforaciones de la economía argentina para mantener ese aparente nivel de precios.

Para graficar: el consumo de electricidad con tarifa subsidiada (mayormente residencial), representa actualmente el 80% del total y paga menos del 30% del costo real. El déficit generado en el Mercado Mayorista por este motivo, pasó de US$ 165 Millones en 2003 a US$ 5.255 Millones en 2013, acumulando en el período 2003-2013 cerca de US$ 26.600 millones.

Registre esa cifra porque es una barbaridad: 26 mil millones de dólares!

Y ojo que en el análisis no se toma en cuenta los subsidios destinados a la importación de gas natural (desde Bolivia, entre otros), que están en el orden de los US$ 6.000 millones anuales adicionales.

Me suscribo a lo que los ex ministros de Energía de Argentina concluyen: “…los cortes son, entonces, la consecuencia de una política oficial irracional que aplicó el gobierno nacional en estos 10 años…”

La crisis energética que atraviesa Argentina es parte de una escenario político candente e inestable y en materia de hidrocarburos subrayo lo que los ex ministros dijeron con toda claridad: “…el tema de la energía en nuestro país, no se puede resolver con medidas aisladas y mucho menos de carácter populista y demagógico…”

Y por si acaso el camino de una re-estatización de las compañías privadas generadoras/distribuidoras de electricidad -si es que así estuviera pensando algún bravucón chauvinista- no es recomendable porque sólo aportaría mayor caos y mala imagen al país, emulando la “nacionalización” de hidrocarburos en Bolivia que hasta la fecha continúa pagando por daños y perjuicios en procesos internacionales (arbitrajes). 

Bolivia es una potencia en reservas de gas natural (convencionales como shale-gas) con posición económica-energética envidiable en el Cono Sur.

En tanto no se cambie el paradigma: de ser simple exportador de gas (materia prima) a ser un país con industrias de agregación de gas en valor agregado (industrialización, por ejemplo conversión de gas a diésel combustible que se procesa a partir del petróleo o desde el gas natural), Bolivia seguirá perdiendo dinero en subvenciones. 

Técnicamente, Bolivia produce poco diésel a partir del petróleo, cuando de cambiar la matriz de pensamiento y con adecuadas inversiones podría producir mucho diésel a partir del gas. Ahora, hay importaciones y se paga precios internacionales por barril, para venderlo a menor precio en el mercado interno, lo que genera pérdidas fiscales. 

La subvención crea desequilibrios fiscales en el país: se hacen boquetes al Tesoro y es dinero poco menos que “quemado”. En 2012, Bolivia importó diésel a un costo impresionante de 880 millones de dólares, habiendo una subvención (para el mercado interno) de casi 508,2 millones de dólares. 

Esas cifras, para Bolivia, adquieren otras magnitudes dado el tamaño del país (10 millones de habitantes y un mercado industrial y de negocios no muy desarrollado). 

La demanda interna de diésel va siempre en crecimiento, pero no los proyectos para cubrir demanda. Por supuesto que las grandes industrias de gas o petróleo, que funcionan perfectamente en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia, Japón, China o Estados Unidos, aún no han logrado afianzarse en América Latina, menos en Bolivia, cuya imagen en el mundo de los negocios no es muy alentadora dada nacionalizaciones/confiscaciones que han sido sometidas inversiones internacionales en éstos últimos años. 

La solución para Bolivia, recomendada por analistas y expertos, es ingresar a la era de tecnología de conversión GTL (gas to liquids tech o gas a líquidos) como por ejemplo en Qatar. La ausencia de exploración de territorio, baja producción y cero industrialización obedece además a la falta de una nueva LH Ley de Hidrocarburos que esté sustentada en una NPE Nueva Política Económica de largo plazo y que el Estado tenga socios internacionales: faltan proyectos específicos para energía (público-privados). 

Mientras no haya una LH que incentive a compañías internacionales, nacionales y a inversionistas a destinar capitales en exploración no despegará el negocio de la energía en Bolivia. 

Una nueva mentalidad en negocios de hidrocarburos pondría a Bolivia a generar ingresos importantes para el estado: impuestos y regalías, ingresos vía rentabilidad: el estado será un socio más del proyecto GTL junto a capitales externos que recibirían dividendos vía exportación de diésel a mercados altamente industriales como Brasil y Chile. 

En 2013, las subvenciones llegaron a 1.060 millones de dólares, cifra espectacular considerando niveles de pobreza, baja educación y pobre infraestructura en el país. Una barbaridad porque Bolivia es país gasífero: parte del gas hay que convertirlo a diesel! La economía energética no puede estar sometida a caprichos neopopulistas, sino ser ágil y atenta al mercado.